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Documento regulatorio
Procedimiento administrativo sancionador generado contra los proveedores Henry Sanabria Asto, Sybilla Servicios Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Sybilla Servicios E.I.R.L....
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Sumilla: “(…) este Colegiado considera que, en todos los casos señalados, no ha quedado acreditado el primer elemento del tipo infractor; es decir, no se encuentra acreditado el perfeccionamiento de un contrato, ni se ha evidenciado otros medios de prueba que permitan identificar de manera fehaciente que se trata de una contratación por la que se pueda atribuir responsabilidad a los proveedores denunciados”. Lima, 6 de abril de 2026. VISTO en sesión del 6 de abril de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, los Expedientes Nos 00922-2025-TCE, 00948-2025- TCE, 00534-2025-TCE, 01118-2025-TCE y 01526-2025-TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra los proveedores Henry Sanabria Asto, Sybilla Servicios Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - Sybilla Servicios E.I.R.L., Alexa Bianca Cordero Trejo, Nildo Abdon Muñoz Alvarado y Linda Angulo Farge, por su presunta responsabilidad al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de diversas Contrataciones menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias – UIT, emitidad por las entidades públicas Gobierno Regional Junín, Gobierno Regional de Moquegua, Universidad Nacional de Ingeniería, Gobierno Regional de Huánuco Sede Central y Universidad Nacional de San Martín; y, atendiendo a lo siguiente:
(SITCE), se advierte que, a la fecha, en la Segunda Sala del Tribunal se vienen tramitando diversos procedimientos administrativos sancionadores, entre los cuales, se encuentran los siguientes expedientes administrativos: Cuadro N.º 1 Vocal Expediente Entidad contratante Administrado Procedimiento Decreto de Inicio Ponente Orden de Servicio GOBIERNO HENRY SANABRIA #0681601 Steven Aníbal 00922-2025-TCE N.º 1048 REGIONAL JUNÍN ASTO (14.11.2025) Flores Olivera (19.04.2023)
GOBIERNO Orden de Servicio INDIVIDUAL DE #0683356 Steven Aníbal 00948-2025-TCE REGIONAL DE N.º 2137 RESPONSABILIDAD (19.11.2025) Flores Olivera
UNIVERSIDAD Orden de servicio ALEXA BIANCA #0682773 Steven Aníbal 00534-2025-TCE NACIONAL DE N.º 5332 CORDERO TREJO (18.11.2025) Flores Olivera
NILDO ABDON Orden de Servicio REGIONAL DE #0683187 Steven Aníbal 01118-2025-TCE MUÑOZ N.º 739-2023 HUÁNUCO SEDE (19.11.2025) Flores Olivera
UNIVERSIDAD Orden de Servicio LINDA ANGULO #0680353 Steven Aníbal 01526-2025-TCE NACIONAL DE SAN N.º 1193 FARGE (12.11.2025) Flores Olivera
Dichas contrataciones se realizaron durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley N.º 30225; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
sancionadores, la Secretaría del Tribunal requirió a las entidades para que cumplan con remitir, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, entre otros, lo siguiente:
proveedor, respecto a la infracción consistente en suscribir contratos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores y el perjuicio ocasionado. ii) Indicar si la citada orden de servicio, corresponde a una contratación perfeccionada por tratarse de un supuesto excluido previsto en el literal a) del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019; ii) si deviene de un procedimiento de selección; o, ii) de un único contrato;
de ser el caso, indicar cuáles y cuántas son las órdenes de servicio derivadas de dicho procedimiento de selección o de ese único contrato. iii) Documentos que acrediten que el contratista no contaba con inscripción vigente en el RNP a la fecha de la suscripción del contrato, o que contrató por monto mayor a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP.
se apersonó al respectivo procedimiento administrativo sancionador y formuló descargos a la imputación efectuada en su contra, en los siguientes términos:
exigió el registro en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
en virtud del contrato suscrito con la entidad emisora [Universidad Nacional de San Martín].
particular, sino que corresponde estrictamente al cumplimiento de las reglas establecidas de manera general por la Universidad”.
2025-TCE y 01526-2025-TCE se ha verificado que los proveedores denunciados no se apersonaron ni presentaron sus descargos; por tanto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo con la documentación obrante en autos.
Regional de Moquegua] mediante Oficio N.º 0132-2025-GRM/GGR/ORA del 25 de marzo de 2025 remitió informes de su Oficina Registral de Administración y de su Oficina de Tesorería a través de los cuales, señaló que la Orden de Servicio N.º 2137 del 3 de mayo de 2023 no obra en sus archivos dado que solo se efectuó la fase de compromiso y que su estado actual es “anulado”.
Sala, para que resuelva, según el siguiente detalle:
Cuadro N.º 2 Expediente Fecha de pase a sala Decreto 00922-2025-TCE 05.01.2026 #0695466 (31.12.2025) 00948-2025-TCE 06.01.2026 #0696000(05.01.2026) 00534-2025-TCE 06.01.2026 #0695774 (05.01.2026) 01118-2025-TCE 07.01.2026 #0696283 (06.01.2026) 01526-2025-TCE 12.01.2026 #0697410 (09.01.2026)
para determinar la supuesta responsabilidad de los administrados indicados en el Cuadro N.º 1, por haber incurrido en la siguiente infracción administrativa: “Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiera el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)
Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”. (El resaltado y subrayado es agregado). De lo anterior, todos los procedimientos administrativos sancionadores iniciados y que están siendo materia de análisis en la presente Resolución, se han iniciado por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225. ❖ Sobre el uso de medios de producción en serie en caso de motivación idéntica de varias resoluciones, en aplicación del principio de celeridad en los procedimientos administrativos
materia del presente análisis, ha advertido que contienen idénticas materias, tanto respecto a la infracción imputada como a los hechos denunciados, toda vez que las mismas consisten en determinar si los distintos proveedores habrían suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores; infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. En adición a ello, también se ha advertido que no se cuentan con los medios probatorios suficientes para acreditar los requisitos de configuración de la infracción imputada, toda vez que no es posible determinar la fecha en que se materializó el vínculo contractual que originaron las contrataciones que han sido cuestionadas, al haber sido emitidas para regularizar servicios previos.
159 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por las Leyes N° 31465 y N° 31603, en adelante el TUO de la LPAG, que establece las reglas para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad (en el marco de un procedimiento administrativo), el cual contempla lo siguiente: “Artículo 159.- Reglas para la celeridad Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas: (…) Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente. (…)”. (El resaltado y subrayado es agregado).
para ser rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución, como en la ejecución de lo decidido; por lo tanto, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando las actuaciones que dificulten o entorpezcan su desenvolvimiento, o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin contravenir el debido procedimiento. En ese sentido, debemos considerar que el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, establece como principio de la administración de justicia y la función jurisdiccional, el principio de debido proceso y tutela jurisdiccional, los cuales no se agotan en prever mecanismos de tutela en abstracto, sino que supone posibilitar la obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal, tal como lo recoge el fundamento 1.6.7 de la Sentencia de Casación FONAHPU, emitida el 17 de mayo de 2024 por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, y que incorpora el mecanismo de motivación en serie para resolver múltiples expedientes.
judiciales, sino también resulta aplicable en el ámbito administrativo, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional a través del fundamento 4 de la Sentencia recaída en el Expediente N.º 05085-2006-PA/TC, el cual señala lo siguiente: “…el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución”. (El resaltado y subrayado es agregado). Adicionalmente, el numeral 5 del artículo 139 del mismo cuerpo normativo establece el derecho a la motivación de las resoluciones, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustentan. Asimismo, corresponde recordar que la motivación es uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, recogido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el cual señala que: “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. Finalmente, la administración debe actuar en respeto y aplicación de la Constitución Política del Perú, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer atribuciones que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con el principio del ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, así como el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada (en el marco de los principios del procedimiento administrativo), el cual establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.
que permite resolver varios expedientes similares con una sola resolución, utilizando la misma motivación para todos los casos.
pronunciamiento, la infracción imputada consiste en determinar si los proveedores denunciados suscribieron contratos sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores. Asimismo, todas corresponden a contrataciones por montos menores a las ocho (8) UIT, presuntamente perfeccionadas mediante la emisión/recepción de una orden de compra o de servicio; por lo que, para la configuración de la infracción imputada, resulta necesario determinar cuándo se perfeccionó la relación contractual.
de los expedientes materia de análisis producirían una actuación automática y repetitiva, que terminaría atentando contra la economía procesal y celeridad que debe existir en el procedimiento administrativo sancionador, así como en contra de la predictibilidad que debe regir la actuación del Tribunal.
establecido en la Constitución Política del Perú y el TUO de la LPAG, a fin de salvaguardar los principios de celeridad y predictibilidad de las decisiones administrativas, corresponde a este Tribunal expedir el presente pronunciamiento con motivación en serie. Naturaleza de la infracción
N.º 30225 establecía que serán pasibles de sanción quienes suscriban contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), o, por otro lado, suscriban contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. Como se aprecia, la citada norma ha establecido cuatro supuestos de hecho pasibles de sanción administrativa, siendo necesario precisar que, en el presente caso, nos encontramos ante el supuesto de suscribir contratos sin contar con inscripción vigente en el RNP. Además, a partir de lo anterior, se aprecia que el TUO de la Ley N.º 30225 contempla dos circunstancias que deben concurrir de forma necesaria e indispensable para la configuración de la infracción, las cuales son las siguientes:
que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el Contratista no contara con inscripción vigente en el RNP.
del artículo 46 del TUO de la Ley N.º 30225, el cual establece que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Así, es necesario tener en cuenta que, de conformidad con la referida disposición normativa, para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos.
proveedores son responsables de no estar impedidos al registrarse como participante, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Por su parte, el numeral 9.10 del mismo artículo señala que las Entidades deben verificar la vigencia de dicha inscripción.
para registrarse como participante, presentar propuestas y perfeccionar un contrato, contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), de lo contrario el proveedor incurrirá en el supuesto de infracción establecido en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, aspectos que, de conformidad con los hechos denunciados, se verificarán en los procedimientos en análisis, a efectos de determinar la configuración de la infracción por parte de los presuntos infractores. Configuración de la infracción
infracción imputada a los proveedores denunciados, es necesario que se verifiquen dos requisitos:
ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista no contara con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). En relación al perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista
plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se aprecia el registro de las órdenes de servicio, emitidas por las entidades públicas a favor de los proveedores denunciados, conforme se advierte a continuación: Expediente N.º 00922-2025-TCE Expediente N.º 00948-2025-TCE Expediente N.º 00534-2025-TCE Expediente N.º 01118-2025-TCE Expediente N.º 01526-2025-TCE
TCE, 01118-2025-TCE y 01526-2025-TCE, se advierte que en estos no obran copias de las respectivas Órdenes de Servicio emitidas a favor de los proveedores denunciado, ni de la recepción de la misma, ya sea por medios físicos o electrónicos.
En relación al Expediente N.º 00948-2025-TCE la entidad emisora [Gobierno Regional de Moquegua] informó que la Orden de Servicio N.º 2137 del 3 de mayo de 2023 no obra en sus archivos dado que solo se efectuó la fase de compromiso, y precisó que su estado actual es anulado; tal como se aprecia a continuación:
los proveedores denunciados hubieran recibido las Órdenes de Servicio; y, por ende, se hayan perfeccionado las relaciones contractuales con las entidades emisoras.
se advierten que no obran elementos aportados por las entidades emisoras que permitan concluir la existencia de las relaciones contractuales en virtud a las Órdenes de Servicio, toda vez que, si bien se cuenta con los registros en el SEACE, no es posible determinar si las mismas fueron recibidas por los proveedores denunciados.
En relación a ello, el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual la conducta expresamente descrita como sancionable no puede admitir interpretación extensiva o analógica, asimismo, el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principio del debido procedimiento, en virtud del cual las Entidades aplicarán sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando las garantías inherentes al debido procedimiento.
convicción suficientes para determinar si se hayan perfeccionado las relaciones contractuales entre laos proveedores denunciados y las entidades emisoras; consecuentemente, no puede proseguirse con el análisis correspondiente, a efectos de identificar si aquellos habrían suscrito contratos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de las Órdenes de Servicio, toda vez que las entidades emisoras no han remitido la documentación requerida.
parte de las entidades públicas, al no haber cumplido con remitir la documentación solicitada en numerosas ocasiones, debe ponerse en conocimiento de la entidades emisoras respecto de los Expedientes Nos 00922- 2025-TCE, 00534-2025-TCE, 01118-2025-TCE y 01526-2025-TCE y de sus Órganos de Control Institucional, a efectos de que adopten las medidas que resulten pertinentes.
señalados, no ha quedado acreditado el primer elemento del tipo infractor; es decir, no se encuentra acreditado el perfeccionamiento de un contrato, ni se ha evidenciado otros medios de prueba que permitan identificar de manera fehaciente que se trata de una contratación por la que se pueda atribuir responsabilidad a los proveedores denunciados.
proveedora Linda Angulo Farge, en el marco del Expediente N.º 01526-2025-TCE , toda vez que no es posible determinar la fecha en que se materializó el vínculo contractual que originó la contratación que ha sido cuestionada.
acredite que los proveedores denunciados habrías incurrido en la causal de infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225; por tanto, corresponde declarar, NO HA LUGAR a la imposición de sanción, bajo responsabilidad de las entidades emisoras respecto de los Expedientes Nos 00922-2025-TCE, 00534-2025-TCE, 01118-2025-TCE y 01526- 2025-TCE. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Steven Aníbal Flores Olivera, y la intervención de los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
imposición de sanción, por la presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley; infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos, respecto de los siguientes proveedores: Cuadro N.º 5 Administrado RUC Contratación Entidad emisora Expediente Orden de Servicio
HENRY SANABRIA ASTO 10467713073 N.º 1048 00922-2025-TCE
(19.04.2023)
Orden de Servicio
20532403724 N.º 2137 00948-2025-TCE
(03.05.2023)
Orden de servicio UNIVERSIDAD
10751756394 N.º 5332 NACIONAL DE 00534-2025-TCE
Orden de Servicio GOBIERNO REGIONAL
10096515699 N.º 739-2023 DE HUÁNUCO SEDE 01118-2025-TCE
Orden de Servicio UNIVERSIDAD LINDA ANGULO FARGE 10471491271 N.º 1193 NACIONAL DE SAN 01526-2025-TCE
Control Institucional, para que dispongan las acciones que resulten pertinentes en virtud de lo señalado en el fundamento 20, de las siguientes entidades públicas: Cuadro N.º 6 Expediente Entidad emisora
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss. Flores Olivera Sánchez Caminiti Angulo Reátegui