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Documento regulatorio
Procedimiento administrativo sancionador contra el señor ÁLVARO JESÚS ARAUJO RAMÍREZ (con R.U.C. N° 10712238076), por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco sin co...
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Sumilla: “(…) a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos que participan en un procedimiento de selección y/o a contratan con el Estado se encuentren en condiciones reales de competir; pues cautela y minimiza el riesgo que implica para el Estado contratar con un proveedor que no tiene la capacidad técnico - financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos”. Lima, 23 de abril de 2026. VISTO en sesión del 23 de abril de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Exp. N° 13775-2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra el señor ÁLVARO JESÚS ARAUJO RAMÍREZ (con R.U.C. N° 10712238076), por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 2263-2023 del 24 de marzo de 2023 emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA; infracción tipificada en el literal
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y atendiendo a lo siguiente:
emitió la Orden de Servicio N° 2263-2023 del 24 de marzo de 2023 para el “Servicio de gestión administrativa”, por el importe de S/ 16,000.00 (dieciséis mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio, a favor del proveedor Álvaro Jesús Araujo Ramírez (con R.U.C. N° 10712238076), en adelante el Contratista.
Considerando la fecha de emisión de la Orden de Servicio, la presunta contrataciónse encontraba excluida del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado al haberse realizado por un monto inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), encontrándose vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
20241 presentado el 19 de diciembre de 2024 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica2 informó una presunta infracción del Contratista al haber contratado con el Estado, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). A fin de sustentar su comunicación, entre otros documentos, remitió el Dictamen SE N° 85-2024/DGR-SIRE del 27 de noviembre de 20243, en el cual señala lo siguiente:
Estado (SEACE) se evidencia que, el 24 de marzo de 2023, el Contratista contrató con el Estado, conforme se detalla a continuación:
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el proveedor Álvaro Jesús Araujo Ramírez (con R.U.C. N° 10712238076) cuenta con inscripción vigente en el RNP - Servicios desde el 4 de abril de 2023; de modo que, en la fecha que se habría perfeccionado el contrato, el Contratista no contaba con RNP. A continuación, se muestra captura de pantalla del registro del RNP del Contratista:
procedimiento administrativo sancionador, se dispuso correr traslado a la Entidad, 1 Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF 2 Antes Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE 3 Obrante a folios 3 a 14 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 4 Obrante de folios 194 a 196 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
a fin de que, entre otros aspectos, cumpla con remitir un informe técnico-legal emitido por su asesoría jurídica, en el que se pronuncie sobre la presunta responsabilidad del Contratista por haber contratado con el Estado sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Asimismo, entre otros, se solicitó la remisión de una copia completa y legible de la Orden de Servicio. Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para que remita la mencionada información, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.
administrativo sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio, emitida por la Entidad; infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Asimismo, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.
diciembre de 2025 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo y señaló lo siguiente:
2024, la Entidad solicitó una ampliación de plazo para dar respuesta a la información solicitada, la misma que no ha sido remitida hasta la emisión del referido dictamen.
Servicio con el contrato suscrito. En la imputación se hace referencia la responsabilidad de haber suscrito el contrato y, sobre el particular, en el expediente administrativo, no se cuenta con documentos en donde se puede advertir la fecha de su perfeccionamiento; por lo que, se solicita se reitere la Entidad remita dicha información.
textualmente la suscripción de contratos, mas no hace mención alguna a órdenes de servicio; por lo que, no es pasible de sanción.
Contratista y por presentados sus descargos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.
elementos de juicio al momento de resolver, solicitó la siguiente información:
recepción por parte del señor Araujo Ramírez Alvaro Jesús (con R.U.C. N° 10712238076), de la Orden de Servicio N° 2263 de fecha 24 de marzo de 2023; o precise qué medio utilizó para notificar la citada orden de servicio acreditando dicha notificación mediante documento donde conste la fecha y hora de recepción, a afectos de determinar el perfeccionamiento de la relación contractual.
Alvaro Jesús (con R.U.C. N° 10712238076), realizó la contratación contenida en la Orden de Servicio N° 2263 de fecha 24 de marzo de 2023, tales como: i) cotizaciones ii) comprobantes de pago, iii) informes de actividades y/o entregables, iv) actas de conformidad, v) registro SIAF, entre otros; teniendo en cuenta que toda contratación transcurre por diversas etapas que comprenden, entre otras: el requerimiento, las indagaciones en el mercado, el proceso de contratación, el perfeccionamiento del contrato, la recepción de la prestación y su conformidad, su trámite de pago, entre otros.
fecha anterior a la emisión de la Orden de Servicio N° 2263 de fecha 24 de marzo de 2023 con el señor Araujo Ramírez Alvaro Jesús (con R.U.C. N° 10712238076). De ser afirmativa su respuesta, sírvase informar si en mérito a dicho contrato se ha emitido la Orden de Servicio N° 2263 de fecha 24 de marzo de 2023 como forma de pago de la contratación, remitir copia del contrato respectivo. En su defecto, indicar en mérito a qué circunstancia se emitió la Orden de Servicio N° 2263 de fecha 24 de marzo de 2023. (...)”. (El subrayado y resaltado es agregado).
presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada mediante el Decreto del 25 de febrero de 2026.
existe responsabilidad del Contratista por suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo legal.
habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley; así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por lo tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se aplicará en atención al principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción
constituye infracción administrativa, entre otros supuestos, suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Al respecto, es pertinente precisar que, el literal a) del artículo 5 del TUO la Ley establece como un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del Organismo Especializado de la Contrataciones Públicas Eficientes (OECE)5, las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, ello no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. Por su parte, el numeral 50.2 del artículo 50 del TUO de la Ley señala que la infracción prevista en el literal k) del citado artículo es aplicable a los casos previstos en el literal a) del artículo 5 del TUO de la Ley, es decir, a “las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción”. En ese sentido, en el presente caso, el supuesto de hecho imputado corresponde a suscribir contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 5 Antes Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Proveedores.
Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Conforme a ello, en la referida disposición normativa se estableció la obligación de los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la vigencia del TUO de la Ley, de encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Proveedores – RNP. Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo y/o sustento en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las Entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos. Es así como, a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos que participan en un procedimiento de selección y/o contratan con el Estado se encuentren en condiciones reales de competir; pues cautela y minimiza el riesgo que implica para el Estado contratar con un proveedor que no tiene la capacidad técnico - financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos. Cabe precisar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 del Reglamento, no requieren inscribirse como Proveedor en el RNP, aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una (1) UIT. Cabe destacar que las normas precitadas son de conocimiento público y por tanto los agentes económicos que deseen contratar con el Estado deben cumplirlas a cabalidad. Configuración de la infracción.
circunstancias: i) el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad y ii) la verificación de la condición de no inscrito o inscripción no vigente ante el Registro Nacional de Proveedores en la fecha del perfeccionamiento del contrato.
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se aprecia el registro de la Orden de Servicio realizado por la Entidad a favor del Contratista, por el importe de S/ 16,000.00 (dieciséis mil con 00/100 soles), conforme se advierte a continuación:
Oficio N° 928-2026-ABAST-UNP del 27 de marzo de 2026, la Entidad remitió la Orden de Servicio emitida a favor del señor Álvaro Jesús Araujo Ramírez. Para un mayor detalle, reproducimos, a continuación, la referida Orden de Servicio:
De la reproducción de la referida orden de servicio, se aprecia que fue emitida el 24 de marzo de 2023 a favor del Contratista, en cuyo concepto se precisó que es para realizar actividades de apoyo administrativo en el periodo comprendido entre marzo a octubre de 2023, por un monto de S/ 16,000.00, a razón de S/2, 000.00 mensuales.
2023 del 4 de abril de 2023, mediante el cual la Entidad otorgó la conformidad del servicio prestado por el Contratista, del mes de marzo del 2023, por un monto de S/ 2,000.00, conforme se aprecia a continuación:
Electrónico N° E001-3 del 10 de abril de 2023, emitido por el Contratista por el concepto de “Servicio para realizar actividades de apoyo administrativo temporal, apoyo en RSU de la facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNP, correspondiente al mes de marzo de 2023”, por un monto de S/2,000.00, conforme se aprecia a continuación:
la responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas que resulten suficientes para determinar, de forma indubitable, la comisión de la infracción administrativa que se imputa; es decir, produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y, con ello, se logre desvirtuar la presunción de veracidad. Por consiguiente, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del administrado, deberá prevalecer la presunción de licitud, aplicable también al derecho administrativo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 9 del
Orden de Servicio se emitió el 24 de marzo de 2023 por un monto de S/ 16,000.00 para prestar los servicios desde el marzo hasta octubre de 2023, es decir, ocho meses a razón de S/2, 000.00 mensuales; en este contexto, la Entidad remitió la conformidad del 4 de abril de 2023 y el recibo por honorarios del 10 de abril de 2023, de los cuales se advierte que la prestación de servicio correspondería a todo el mes de marzo de 2023; sin embargo, la referida orden se emitió el 24 de marzo de 2023, es decir, al finalizar el mes; de modo que, no se tiene certeza si la mencionada orden se emitió para los servicios prestados después de la fecha de emisión o que corresponde a los servicios de todo el mes de marzo.
de que la Sala cuente con mayores elementos de juicio para resolver, se solicitó a la Entidad confirmar si su representada ha suscrito algún tipo de Contrato primigenio, de fecha anterior a la emisión de la Orden de Servicio. Al respecto, mediante el Oficio N° 928-2026-ABAST-UNP del 27 de marzo de 2026, la Entidad informó que no se advierte la existencia de un contrato de fecha anterior la referida orden. .
identificar el documento que originó el vínculo contractual del cual deriva la Orden de Servicio imputada, en el presente procedimiento administrativo sancionador, ni la oportunidad en que se perfeccionó; elementos necesarios para determinar la responsabilidad por la infracción imputada. Por lo tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. Asimismo, al no cumplirse el presupuesto mínimo exigido por el tipo infractor, carece de objeto analizar los demás elementos que configuran la infracción administrativa imputada. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que las contrataciones se perfeccionan antes de su ejecución, salvo casos específicos indicados en la normativa de contratación pública, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del órgano de control institucional de la entidad, para su conocimiento y fines.
elementos de convicción suficientes que acrediten que el Contratista hubiera incurrido en la infracción prevista en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; por lo que, no corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de dicha infracción. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y la intervención de los vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución N° D000006-2025- OECE-PRE del 23 de abril de 2025 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 20225 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;ARAUJO RAMÍREZ (con R.U.C. N° 10712238076), por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 2263-2023 del 24 de marzo de 2023 emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA; infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, por los fundamentos expuestos.
NACIONAL DE PIURA la presente resolución para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss. Cortez Tataje. Pérez Gutiérrez. Mendoza Merino