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Documento regulatorio
Recurso de apelación interpuesto por el GRUPO CONSULTOR & CONSTRUCTOR JOLUCE S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD-RPS-1, para la contratación de servicios en genera...
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Sumilla: “(…) en atención de lo dispuesto en el literal
Reglamento, y considerando que este Tribunal procede a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación”. Lima, 23 de marzo de 2026 VISTO en sesión del 23 de marzo de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas1, el expediente N° 1079/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el GRUPO CONSULTOR & CONSTRUCTOR JOLUCE S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD-RPS-1, para la contratación de servicios en general: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, Centro de Rehabilitación Profesional y Social del Callao, Centro de Atención de Medicina Complementaria y CAP III Metropolitano del Callao de la Red Prestacional Sabogal (12)meses”; y, atendiendo a los siguientes:
convocó el Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD-RPS-1, para la contratación de servicios en general: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, Centro de Rehabilitación Profesional y Social del Callao, Centro de Atención de Medicina Complementaria y CAP III Metropolitano del Callao de la Red Prestacional Sabogal (12)meses”, con una cuantía de S/ 1,527,071.54 (un millón quinientos veintisiete mil setenta y uno con 54/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. 1 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”.
El 3 de febrero de 2026, se llevó a cabo la presentación de propuestas y, el día 10 de febrero de 2026, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a la empresa CONSULT ENGINEERING & CONSTRUCCION E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 1,512,000.00 (un millón quinientos doce mil con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Evaluación Evaluación Orden De Postor Puntaje Total Condición Técnica Económica Prelación
100.00
99.21 99.68 Adjudicado
& CONSTRUCTOR 88.00 Calificado
escrito N° 02 presentado el 24 de febrero de 2026, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas2, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa GRUPO CONSULTOR & CONSTRUCTOR JOLUCE S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se declare descalificada la oferta presentada por el Adjudicatario por haber presentado documentación falsa y/o inexacta, y ii) se le otorgue la buena pro. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la oferta del Adjudicatario: 2.1 Refiere que el Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo N° 03, en el cual declaró que los documentos presentados son veraces. 2.2 Indica que el Adjudicatario adjuntó a su oferta el Certificado de Habilidad Profesional N° A 0934752, emitido supuestamente el 16 de diciembre de 2025, por el Colegio de Ingenieros del Perú a favor del Ingeniero César Alcides Cervantes Aguilar, firmado supuestamente por Ing. Carlos Fernado Herrera Descalzi como Decano Nacional. Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas” 2.3 Indica que el Certificado de Habilidad profesional es un documento falso por cuanto el Ing. Carlos Herrera Descalzi se desempeñó como decano por última vez en el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, por lo que no podría haber suscrito el Certificado de habilidad profesional presentado. 2.4 Agrega que, en el Certificado de habilidad presentado, la fecha de incorporación al Colegio de Ingenieros del profesional César Alcides Cervantes Aguilar es el 25 de mayo de 2004, pese a que la fecha correcta de incorporación al colegio profesional es el 23 de junio de 2024. 2.5 Indicó que las bases integradas requerían acreditar que el personal clave propuesto en calidad de coordinador de servicio sea ingeniero civil titulado y colegiado, por lo que al haber el Adjudicatario presentado una constancia de habilidad falsa, no cumpliría con lo requerido en las bases integradas del procedimiento de selección, razón por la cual debe descalificarse la oferta del Adjudicatario.
apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 3 de marzo del mismo año a las 11:00 horas.
traslado del recurso de apelación, señalando lo siguiente:
4.1 Señaló que, de la revisión de las bases integradas, se verifica que la habilitación profesional del personal clave – Coordinador del Servicio – no constituye requisito de admisión, no es requisito de evaluación, no otorga puntaje y no figura como documento obligatorio para la presentación de la oferta. En consecuencia, resulta claro que la habilitación correspondiente al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) no era exigible al momento de la presentación de la oferta, sino que constituye una condición vinculada a la ejecución contractual o, en su caso, al inicio efectivo de la prestación. 4.2 Precisó que, la Entidad y el Tribunal no pueden incorporar exigencias distintas a las previstas expresamente en las bases integradas, pues ello vulneraría el principio de legalidad y el principio de vinculación a las Bases, pilares del sistema de contratación pública. 4.3 Indicó que el documento cuestionado no otorgó puntaje, no fue objeto de evaluación y no influyó en el orden de prelación. Por tanto, no generó ventaja competitiva ni alteró el resultado. 4.4 Precisó que su representada, en su calidad de postor y a través de su representante legal, no se exime de la responsabilidad que implica la presentación integral de la oferta, siendo plenamente consciente del deber de diligencia que le asiste respecto de la documentación presentada. 4.5 Señala que no existió intención de inducir a error a la Entidad además de no haber obtenido beneficio indebido con la presentación de dicho documento. 4.6 Agregó que en la actualidad el personal propuesto se encuentra habilitado, cumpliendo con lo exigido para la ejecución del servicio conforme a las bases integradas.
a sus representantes para efectuar el uso de la palabra en la audiencia programada por esta Sala.
de fecha 25 de febrero de 2026, mediante el cual se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal.
Sala del Tribunal el presente expediente; asimismo, se reprogramó la audiencia pública para el día 9 de marzo de 2026 a horas 09:00 a.m.
de marzo de 2026 en la mesa de partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 000015-UA-OAYCP-OA-GRPS-ESSALUD-2026, a través del cual señaló lo siguiente: 8.1 En relación a lo manifestado por el Impugnante, precisó que los documentos, declaraciones e información presentada por el Adjudicatario, son considerados veraces por el Comité del presente procedimiento de selección, salvo que la DEC concluya lo contrario. Por ello, considera que los documentos, declaraciones e información presentada ha sido debidamente evaluada por el Comité al cumplir con las especificaciones técnicas de las bases del procedimiento, por lo que cualquier presunción de falsedad, inexactitud o irregularidad en dicha información debe ser evaluada en la fiscalización realizada por la DEC, de manera posterior al consentimiento de la buena pro.
información adicional referida al cuestionamiento efectuado al Certificado de Habilidad Profesional N° A 0934752 presentado por el Adjudicatario.
del Impugnante y del Adjudicatario.
de contar con mayores elementos de juicio.
Energy Perú SAC, atendió el requerimiento de información efectuado mediante decreto de fecha 9 de marzo de 2026.
resolver.
sala la información remitida por el Impugnante.
Adjudicatario, dejándose a consideración de la Sala la absolución del traslado del recurso de apelación.
Sala la información remitida por la Entidad.
absolvió el escrito presentado por el Impugnante, en los mismos términos de su absolución de recurso de apelación.
Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.
entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.
para resolverlo.
recurso de apelación, precisamente en el literal a) se establece que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT3, así como de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público de Servicios, cuya cuantía es de S/ 1,527,071.54 (un millón quinientos veintisiete mil setenta y uno con 54/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.
impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el Conforme al valor de la UIT (S/ 5,350.00) para el año 2025 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.
factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario por haber presentado documentación falsa y/o inexacta, se le adjudique la buena pro a su favor; razón por la cual, los cuestionamientos realizados no se encuentran dentro de la relación de actos inimpugnables.
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop se aprecia que el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario fue notificado el 10 de febrero de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con el plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 20 de febrero de 2026.
fue interpuesto mediante el escrito N° 01, que el Impugnante presentó el 20 de febrero de 2026 subsanado a través del escrito N° 02 el 24 de febrero de 2026, en la Mesa de Partes del Tribunal, esto es, en el plazo legal.
suscrito por el gerente general del Impugnante; esto es, por el señor César Leonardo Romero Hernández, conforme a la información del certificado de vigencia de poder, cuya copia obra en el expediente.
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.
Ficha Única de Proveedor - FUP, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.
advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse o determinarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, dado que su oferta ha sido admitida, calificada y evaluada; por lo que no se advierten indicios que den cuenta de la verificación de este requisito de improcedencia.
mismo.
oferta del Adjudicatario por haber presentado documentación falsa y/o inexacta, y se le adjudique la buena pro a su favor; petitorio que guarda conexión lógica con los hechos expuestos en el recurso.
impugnar el acto objeto de cuestionamiento.
el otorgamiento de la buena pro, pues, conforme al acta publicada en el SEACE el 10 de febrero de 2026, el comité admitió, calificó y evaluó su oferta y ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.
causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.
documentación falsa y/o inexacta.
El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”.
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.
contratante y a los demás postores el 25 de febrero de 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 2 de marzo de 2026 para absolverlo.
que mediante Escrito S/N presentado el 2 de marzo de 2026, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el recurso impugnatorio, es decir, dentro del plazo establecido. Por lo tanto, deben ser materia de pronunciamiento por parte de este Tribunal, los puntos controvertidos planteados por el Impugnante y el Adjudicatario.
presentado información falsa y/o inexacta y como consecuencia de ello revocar la buena pro. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.
Consideraciones previas:
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por haber presentado información falsa y/o inexacta y, como consecuencia de ello, revocar la buena pro.
del Adjudicatario, argumentos obrantes en los sub numerales 2.1 al 2.5. del numeral 2 de los antecedentes del presente pronunciamiento.
Impugnante, argumentos obrantes en los sub numerales 4.1 al 4.5 del numeral 4 de los antecedentes del presente pronunciamiento.
expuestos en los sub numerales 8.1 del numeral 8 de los antecedentes del presente pronunciamiento.
remitirnos a las bases integradas del presente procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.
Residente del Servicio, del literal B “Capacidad Técnica y profesional”, del Anexo 01 de los Términos de Referencia de las bases integradas, se advierte que se requirió un (1) ingeniero civil o arquitecto titulado y colegiado, conforme se muestra a continuación:
falso y/o inexacto como parte de su oferta, a efectos de acreditar la experiencia del residente de servicio.
otros documentos, el Certificado de Habilidad N° - A – 0934752, de fecha 16 de diciembre de 2025, emitido a favor del señor César Alcides Cervantes Aguilar por el Colegio de Ingenieros del Perú, documento que se muestra a continuación:
de su oferta no resultaba necesario para acreditar la experiencia del profesional propuesto, pese a ello, fue presentado como parte integrante de la oferta.
Señor Carlos Fernando Herrera Descalzi, como Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, y por el señor José Roberto Correa Guarniz, como Director Secretario.
Tribunal, a efectos de contar con mayores elementos de juicio, mediante Decreto de fecha 9 de marzo de 2026, requirió al Colegio de Ingenieros del Perú, información relativa a la emisión del documento antes mencionado. Sin embargo, dicho requerimiento de información, a la fecha, no ha sido atendido.
https://www.cip.org.pe/directivos/, se aprecia que el Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, para el periodo 2025 al 2027, es el Ingeniero Jaime Antonio Ruiz Béjar, mientras que, la Directora Secretaria Nacional, es la Ingeniera Azucena Liliana Santa María. Asimismo, de la citada página se advierte que, conforme al Comunicado N° 018 de fecha 17 de octubre de 2025 https://www.cip.org.pe/publicaciones/2025/elecciones-complementarias-cen- 2025/comunicado-n-18-cip-cen-2025.pdf, dichas autoridades iniciaron sus funciones el 1 de enero de 2025 y culminaran el 31 de diciembre de 2027, conforme se muestra a continuación:
Ruiz Béjar y la Directora Secretaria Nacional es la Ingeniera Azucena Liliana Santa María, quienes iniciaron funciones el 01 de enero del año 2025 culminando dicho periodo el 31 de diciembre de 2027. Por ello, se aprecia que la información que obra en el Certificado de Habilidad N°
que, en el documento, aparecen como suscribientes personas que, a la fecha en que fue emitido el documento, ya no ostentaban dichos cargos y funciones.
Ello se complementa con la Carta N° 2512-2025-2027/DS/CIPLIMA, de fecha 05 de febrero de 2026, emitida por el Colegio de Ingenieros del Perú en merito a la consulta efectuada por el impugnante, a través de la cual que el Decano Nacional y Director Secretario del CIP Lima que obran en el Certificado de Habilidad fueron autoridades en el periodo 2019-2021 y no en el periodo 2025-2027 como se indica en el documento, para mayor detalle se muestra a continuación:
cuestionado es falso, pues no fue emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, dada la respuesta brindada por el CIP, lo cual se ve corroborado por el hecho que el señor Carlos Herrera Descalzi y el señor José Roberto Correa Guarniz, en la supuesta fecha de expedición del documento (16 de diciembre de 2025) no ocupaban dichas funciones, por lo cual no pudieron suscribir el documento.
manifestó que dicho documento no fue parte del requerimiento exigido en las bases integradas, además de no haber sido evaluado y calificado, por lo que no le reporto ninguna ventaja dentro del procedimiento de selección, además de señalar que no tuvo ninguna intención de sorprender a la Entidad.
cuestionado, pues se limita a argumentar que dicho documento no fue parte del requerimiento y no le ha reportado ningún beneficio en el procedimiento de selección.
Constancia de Habilidad de fecha 16 de diciembre de 2025, vulneró el principio de presunción de veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como el principio de integridad previsto en el literal d) del artículo 5 de la Ley. Asimismo, es importante señalar que el Adjudicatario, no solo transgredió los principios señalados en el párrafo anterior, sino también transgredió el pacto de integridad al que se someten los postores dentro de los procedimientos de selección al presentar un documento falso como parte de su oferta.
del comité de calificar la oferta del Adjudicatario debe ser revocada, debiendo descalificarse la oferta del Adjudicatario debido a la violación de los principios de presunción de veracidad y de integridad, además del incumplimiento del pacto de integridad que el Adjudicatario suscribió, según consta en el anexo N° 2 de su oferta.
abra expediente administrativo sancionador contra el Adjudicatario, con la finalidad de que se determine su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente.
carece de objeto pronunciarse respecto a los demás cuestionamientos efectuados por el Impugnante.
corresponde declarar fundado el recurso en este punto. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al impugnante
procedimiento de selección.
controvertido, se determinó que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada, por lo que el Impugnante, al ocupar el segundo lugar en el orden de prelación y ser la única oferta válida, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.
otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.
artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procede a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel Villanueva Sandoval, y con la intervención de las vocales Marisabel Jáuregui Iriarte y Lupe Mariella Merino de la Torre, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000054-2026-OECE-PRE del 2 de marzo de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
CONSULTOR & CONSTRUCTOR JOLUCE S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD-RPS-1, para la contratación de servicios en general: “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Hospital I Octavio Mongrut Muñoz, Centro de Rehabilitación Profesional y Social del Callao, Centro de Atención de Medicina Complementaria y CAP III Metropolitano del Callao de la Red Prestacional Sabogal (12)meses”, por los fundamentos expuestos. 1.1 Revocar la decisión del Comité de tener por la calificada la oferta de la empresa CONSULT ENGINEERING & CONSTRUCCION E.I.R.L. en el marco del Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD-RPS-1, debiendo tenerla por descalificada. 1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada a la empresa CONSULT ENGINEERING & CONSTRUCCION E.I.R.L. en el marco del Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD-RPS-1. 1.3 Otorgar la buena pro del Concurso Público de Servicios-16-2025-ESSALUD- RPS-1, a la empresa GRUPO CONSULTOR & CONSTRUCTOR JOLUCE S.A.C. 1.4 Devolver la garantía otorgada por la empresa GRUPO CONSULTOR &
Adjudicatario, con la finalidad de que se determine su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente, conforme al fundamento 40 del presente pronunciamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss. Villanueva Sandoval. Jáuregui Iriarte. Merino de la Torre.