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Documento regulatorio
Procedimientos administrativos sancionadores generados contra las proveedoras KATTY ESTELA TRUJILLO QUISPE (con R.U.C. N° 10468519491); SILVIA DEL PILAR SIPION RIOJAS (con R.U.C. N° 10413999923); B...
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Sumilla: “Por tanto, en virtud de lo antes expuesto, y en aplicación irrestricta de lo establecido en la Constitución Política del Perú y el TUO de la LPAG, a fin de salvaguardar los principios de celeridad y predictibilidad de las decisiones administrativas, corresponde a este Tribunal expedir el presente pronunciamiento con motivación en serie”. Lima, 24 de marzo de 2026 VISTO en sesión del 24 de marzo de 2026 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas1, los Expedientes Nos. 1179/2025.TCP; 3768/2025.TCP; 2464/2025.TCP 13601/2024.TCP, sobre los procedimientos administrativos sancionadores generados contra las proveedoras KATTY ESTELA TRUJILLO QUISPE (con R.U.C. N° 10468519491); SILVIA DEL PILAR SIPION RIOJAS (con R.U.C. N° 10413999923); BERUSKA CLOTILDE MORI TENAZOA (con R.U.C. N° 10470923089); NATALI TANTALEAN CIEZA (con R.U.C. N° 10723703935), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de Contrataciones menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias – UIT; y atendiendo a lo siguiente:
Contrataciones Públicas (SITCP), a la fecha, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones viene conociendo los siguientes procedimientos administrativos sancionadores: Cuadro N° 1 Vocal N° Exp. Entidad Administrado Procedimiento Decreto de Inicio Ponente Universidad Katty Estela #673915 Víctor
Nacional José Trujillo Quispe (27.10.2025) Manuel Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”.
Villanuev Faustino a Sánchez Carrión Sandoval Marisab Gobierno Silvia del Pilar #682251 el 2 3768/2025.TCP Regional de O.S N° 7554 Sipion Riojas (17.11.2025) Jáuregui Tumbes Iriarte Gobierno Marisab Regional de Beruska Clotilde #682658 el 3 2464/2025.TCP Loreto - Red de O.S N° 815 Mori Tenazoa (18.11.2025) Jáuregui Salud Loreto - Iriarte Nauta Universidad Lupe Nacional Mariella Natali Tantalean #683342 4 13601/2024.TCP Intercultural O.S N° 216-2023 Merino Cieza (19.11.2025) Fabiola Salazar de la Leguia de Bagua Torre
vinculados a los referidos expedientes fueron iniciados considerando la siguiente base legal: Cuadro N° 2 Infracciones N° Exp. Ley Reglamento imputadas TUO de la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 1 1179/2025.TCP Literal k) aprobado por Decreto 344-2018-EF. Supremo N° 082-2019-EF TUO de la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 2 3768/2025.TCP Literal c) aprobado por Decreto 344-2018-EF. Supremo N° 082-2019-EF TUO de la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 3 2464/2025.TCP Literales c) e i) aprobado por Decreto 344-2018-EF. Supremo N° 082-2019-EF TUO de la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 4 13601/2024.TCP Literal k) aprobado por Decreto 344-2018-EF. Supremo N° 082-2019-EF
administrativos sancionadores, la Secretaría del Tribunal requirió a las siguientes entidades: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN;
SALAZAR LEGUIA DE BAGUA, que cumplan con remitir, entre otros documentos, la copia legible de las órdenes de servicio y la documentación que acredite su recepción y/o acredite la ejecución contractual con la Entidad (comprobantes de pago, actas de conformidad, facturas, etc.)
respectivos procedimientos administrativos sancionadores. De igual modo, se notificó a los siguientes administrados: KATTY ESTELA TRUJILLO QUISPE; SILVIA
TANTALEAN CIEZA, en adelante las Proveedoras, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. No obstante, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, las proveedoras no se apersonaron a la instancia y tampoco presentaron sus descargos. Por tal razón, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. Cabe precisar que, respecto al expediente N° 1179/2025.TCP la proveedora se apersono al procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, dentro del plazo establecido. En ese sentido, se le tuvo por apersonada.
Los procedimientos administrativos sancionadores han sido iniciados a fin de esclarecer si los contratistas indicados en el Cuadro N° 1 cometieron la infracción de contratar con el Estado estando impedidos para ello, infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Asimismo, cabe precisar que, en el caso del expediente N° 2464/2025.TCP, el procedimiento administrativo sancionador, además, fue iniciado por el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la normativa precisada en el Cuadro N° 2. Asimismo, cabe precisar que, en el caso de los expedientes N° 1179/2025.TCP y N° 13601/2024.TCP, el procedimiento administrativo sancionador, fue iniciado por el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.
Sobre el uso de medios de producción en serie en caso de motivación idéntica de varias resoluciones, en aplicación del principio de celeridad en los procedimientos administrativos
materia del presente análisis, ha advertido que contienen idénticas materias, tanto respecto a la infracción imputada como a los hechos denunciados, toda vez que están referidos a la posible infracción de contratar con el Estado estando impedidos para ello, infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del
Agregado a ello, respecto al expediente N° 2464/2025.TCP, el procedimiento administrativo sancionador fue iniciado, adicionalmente, por la infracción referida a presentar información inexacta a la Entidad, siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la normativa prevista en el cuadro N° 2. Agregado a ello, respecto de los expedientes N° 1179/2025.TCP, y N° 13601/2024.TCP el procedimiento administrativo sancionador fue iniciado, por la infracción referida a suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.
159 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por las Leyes N° 31465 y N° 31603, en adelante el TUO de la LPAG, que establece las reglas para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad (en el marco de un procedimiento administrativo): “Artículo 159.- Reglas para la celeridad Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas: (…)
usar medios de producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los administrados; sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente. (…)”. (El resaltado y subrayado es agregado).
para ser rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución, como en la ejecución de lo decidido; por lo tanto, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando las actuaciones que dificulten o entorpezcan su desenvolvimiento, o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin contravenir el debido procedimiento. En ese sentido, debemos considerar que el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, establece como principio de la administración de justicia y la función jurisdiccional, el principio de debido proceso y tutela jurisdiccional, los cuales no se agotan en prever mecanismos de tutela en abstracto, sino que supone posibilitar la obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal.
judiciales, pues resulta aplicable en el ámbito administrativo, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional a través del fundamento 4 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 05085-2006-PA/TC, el cual señala lo siguiente: “…el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada– de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución”. (El resaltado y subrayado es agregado).
Adicionalmente, el numeral 5 del artículo 139 del mismo cuerpo normativo establece el derecho a la motivación de las resoluciones, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustentan. Asimismo, corresponde recordar que la motivación es uno de los requisitos de validez de los actos administrativos, recogido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el cual señala que: “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”. Finalmente, la administración debe actuar en respeto y aplicación de la Constitución Política del Perú, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer atribuciones que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con el principio del ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, así como el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada (en el marco de los principios del procedimiento administrativo), el cual establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.
que permite resolver varios expedientes similares con una sola resolución, utilizando la misma motivación para todos los casos.
pronunciamiento, la infracción imputada consiste en determinar si las proveedoras denunciadas contrataron con diversas entidades públicas encontrándose impedidas para ello, al encontrarse inmersas en uno o varios de los supuestos establecidos en el numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley. También en el caso del expediente N° 2464/2025.TCP, se imputó la infracción de presentar información inexacta a la Entidad y respecto a los expedientes N° 1179/2025.TCP, y N° 13601/2024.TCP, se imputo la infracción de suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Cuadro N° 1 produciría una actuación automática y repetitiva, que atenta contra la economía procesal y celeridad que debe existir en el procedimiento administrativo sancionador.
establecido en la Constitución Política del Perú y el TUO de la LPAG, a fin de salvaguardar los principios de celeridad y predictibilidad de las decisiones administrativas, corresponde a este Tribunal expedir el presente pronunciamiento con motivación en serie. Respecto a la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley Naturaleza de la infracción
pasibles de sanción quienes contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del mencionado cuerpo normativo. A partir de lo anterior, se aprecia que el TUO de la Ley contempla dos requisitos que deben concurrir de forma necesaria e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de servicio; y, ii) que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la norma citada.
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de contratación en el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley ha establecido distintos alcances de los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.
contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, por la restricción de derechos que implica su aplicación a las personas, deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en el TUO de la Ley o norma con rango de ley; razón por la cual, debe verificarse, en cada caso, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el numeral 11.1 del artículo 11 de la referida norma, le sea de alcance a aquél proveedor que contrata con el Estado. Configuración de la infracción
las proveedoras denunciadas, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:
ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, las proveedoras estén incursas en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley.
Cabe precisar que, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la realización de la contratación y, además, que permita identificar si, al momento de dicho perfeccionamiento, las proveedoras denunciadas se encontraban incursas en alguna de las causales de impedimento. Respecto al Expediente N° 3768/2025.TCP
requisito, la Entidad a través del Oficio N° 34-2026/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR, del 22 de enero de 2026, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 15 del mismo mes y año, remitió al Tribunal copia de la Orden de Servicio N° 7554 del 21 de noviembre de 2023, emitida por la Entidad a favor de la Proveedora, conforme se reproduce a continuación:
del contenido de la misma se desprende lo siguiente:
Aunado a ello, a través del referido oficio, la Entidad remitió copia del Comprobante de Pago vinculado a la Orden de Servicio en mención:
Es decir, se advierte que la Orden de Servicio se emitió estrictamente con la finalidad de regularizar la ejecución de un servicio que se realizó con anterioridad, toda vez que, según se consigna en la propia Orden de Servicio, habría sido ejecutado en octubre de 2023, con anterioridad a su emisión.
En consecuencia, dicha Orden no generó la ejecución del servicio, sino que se limitó a regularizar una prestación previamente realizada.
momento en que se perfeccionó la relación contractual que dio origen a la prestación, la cual se habría materializado con anterioridad, en una oportunidad que no se encuentra determinada en el expediente administrativo. Esta indeterminación impide identificar con precisión el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada, así como establecer la oportunidad en que dicho contrato se habría perfeccionado, lo que resulta relevante para el análisis del presente procedimiento administrativo sancionador. Respecto al Expediente N° 2464/2025.TCP
467-2025/GRL.GGR.GRSL-UE407/1714RSLN-D, del 4 de noviembre de 2025, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 6 del mismo mes y año, remitió al Tribunal copia de la Orden de Servicio N° 815 del 26 de agosto de 2024, emitida por la Entidad a favor de la Proveedora, conforme se reproduce a continuación:
contenido de la misma se desprende lo siguiente:
Aunado a ello, a través del referido oficio, la Entidad remitió copia del Acta de Conformidad vinculado a la Orden de Servicio en mención:
Es decir, se advierte que la Orden de Servicio se emitió estrictamente con la finalidad de regularizar la ejecución de un servicio que se realizó con anterioridad, toda vez que, según se consigna en la propia Orden de Servicio, habría sido ejecutada desde junio de 2024, con anterioridad a su emisión. En consecuencia, dicha Orden no generó la ejecución del servicio, sino que se limitó a regularizar una prestación previamente realizada. Por consiguiente, la Orden de Servicio no permite identificar ni acreditar el momento en que se perfeccionó la relación contractual que dio origen a la prestación, la cual se habría materializado con anterioridad, en una oportunidad que no se encuentra determinada en el expediente administrativo. Esta indeterminación impide identificar con precisión el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada, así como establecer la oportunidad en que dicho contrato se habría perfeccionado, lo que resulta relevante para el análisis del presente procedimiento administrativo sancionador.
responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Asimismo, en el numeral 9 del artículo248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, se reconoce la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
análisis corresponden a regularizaciones efectuadas por las Entidades por prestaciones de servicios realizadas con anterioridad, y al no obrar en los expedientes administrativos, documentos verificables a través de los cuales se generaron las obligaciones con la Entidad, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las Proveedoras.
ponerse en conocimiento de los Órganos de Control Institucional de las Entidades, para que en el marco de sus competencias efectúen el deslinde de responsabilidades según corresponda, debido a las irregularidades advertidas en las contrataciones objeto de análisis. Respecto a la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la normativa prevista en el Cuadro N° 2, imputada en el Expediente N° 2464/2025.TCP
2 establece que incurren en responsabilidad administrativa quienes presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), y siempre que – en el caso de las Entidades– dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.
el documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente presentado ante una entidad convocante y/o contratante, ante el RNP, ante el Tribunal, ante el OSCE o ante Perú Compras. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE2, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras.
infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello encuentra sustento, además, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento con información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento contiene información inexacta.
supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquél referido a la presentación de información El SEACE, ahora forma parte de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas – PLADICOP.
inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario.
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción:
parte de su cotización– supuesta información inexacta, contenida en:
DECLARACIÓN JURADA, suscrita por BERUSKA CLOTILDE MORI TENAZOA (con R.U.C. N° 10470923089), en donde declara bajo juramento, entre otros: <<(...)
información que presento a efectos del presente contrato. (…)>>
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud de la información presentada, en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que les represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.
requisito, la Entidad a través del Oficio N° 467-2025/GRL.GGR.GRSL- UE407/1714RSLN-D, del 4 de noviembre de 2025, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 6 del mismo mes y año, remitió al Tribunal copia de la Declaración Jurada, emitida a favor de la Proveedora, conforme se reproduce a continuación:
Orden de Servicio fue emitida con posterioridad a la ejecución del servicio y tuvo por finalidad regularizar una contratación ya efectuada, no constituyendo el acto generador de la obligación contractual ni el instrumento mediante el cual se perfeccionó la contratación. En ese sentido, al haberse verificado que la Orden de Servicio materia de análisis no constituye la relación contractual perfeccionada entre la Entidad y la Proveedora del cual se hayan derivados las obligaciones de este último, no es posible determinar que la Proveedora se encontraba impedida de contratar con el Estado y que por tanto la información contenida en la Declaración Jurada materia de análisis contenga información inexacta.
presupuestos para determina la inexactitud del documento bajo análisis. En consecuencia, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la Proveedora respecto de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la normativa prevista en el Cuadro N° 2. Respecto a la infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, imputada en los Expedientes N° 1179/2025.TCP y N° 13601/2024.TCP Naturaleza de la infracción
impondrá sanción administrativa a las proveedoras, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que suscriban contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), o suscriban contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
supuestos de hecho: i) suscribir contratos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); ii) suscribir Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores; iii) suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación; iv) suscribir contratos en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
presupuestos: i) el perfeccionamiento del contrato con la Entidad, y ii) la verificación de la condición de algunas de los supuestos de hecho antes mencionados.
Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Conforme a ello, en la referida disposición normativa se estableció la obligación de los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la vigencia de la Ley, de encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las Entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos. Es así que, a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos que compiten en un procedimiento de selección y/o contratan con el Estado, se encuentren en condiciones reales de competir y contratar; pues cautela y minimiza el riesgo que implica para el Estado el contratar con un proveedor que no tiene la capacidad técnico – financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos. Cabe precisar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 del Reglamento, no requieren inscribirse como Proveedor en el RNP aquellos proveedores cuyas contrataciones que sean por montos iguales o menores a una (1) UIT.
En relación con lo anterior, cabe destacar que las normas precitadas son de conocimiento público y por tanto los agentes económicos que deseen contratar con el Estado deben cumplirlas a cabalidad.
perfeccionamiento del contrato, las proveedoras contaban o no con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Configuración de la infracción
debe verificarse el perfeccionamiento de una relación contractual entre las Entidades y las Proveedoras, y si al momento en que se suscribió el contrato, las Proveedoras contaban con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el registro correspondiente al objeto de la contratación; es decir, en el presente caso, como proveedoras de servicios. Respecto al Expediente N° 1179/2025.TCP
requisito, a través del Oficio N° 01551-2025-R-UNJFSC3 del 30 de octubre de 2025, la Entidad remitió copia de la Orden de Servicio N° 214 del 15 de febrero de 2023 a favor de la Proveedora por el importe de S/ 7,200.00 (siete mil doscientos con 00/100 soles), la misma que se muestra a continuación: Documento obrante en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. Documento obrante en el Toma Razón Electrónico del Tribunal.
contenido de la misma se desprende lo siguiente:
Aunado a ello, a través del referido oficio, la Entidad remitió copia del Acta de Conformidad de Servicios del 1 de febrero de 2022, donde el Vicerrector de Investigación de la Entidad, señala que el servició se habría prestado en el mes de enero de 2023.
Es decir, se advierte que la Orden de Servicio se emitió estrictamente con la finalidad de regularizar la ejecución de un servicio que se realizó con anterioridad, toda vez que, según se consigna en la propia Orden de Servicio, habría sido ejecutado en enero de 2023, con anterioridad a su emisión. En consecuencia, dicha Orden no generó la ejecución del servicio, sino que se limitó a regularizar una prestación previamente realizada.
momento en que se perfeccionó la relación contractual que dio origen a la prestación, la cual se habría materializado con anterioridad, en una oportunidad que no se encuentra determinada en el expediente administrativo. Esta indeterminación impide identificar con precisión el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada, así como establecer la oportunidad en que dicho contrato se habría perfeccionado, lo que resulta relevante para el análisis del presente procedimiento administrativo sancionador. Respecto al Expediente N° 13601/2024.TCP
requisito, a través del Oficio N° 2073-2025-UNIFSLB/PCO-DGA5 del 20 de noviembre de 2025, la Entidad remitió copia de la Orden de Servicio N° 2016- 20236 del 13 de marzo de 2023 a favor de la Proveedora por el importe de S/ 8,000.00 (ocho mil con 00/100 soles), la misma que se muestra a continuación: Documento obrante en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. Documento obrante en el Toma Razón Electrónico del Tribunal.
contenido de la misma se desprende lo siguiente:
Aunado a ello, a través del referido oficio, la Entidad remitió copia del Recibo por Honorarios Electrónico del 27 de marzo de 2023, donde se señala que el servició se habría prestado desde el 1 de marzo de 2023.
Es decir, se advierte que la Orden de Servicio se emitió estrictamente con la finalidad de regularizar la ejecución de un servicio que se realizó con anterioridad, toda vez que según se consigna en la propia Orden de Servicio, habría sido ejecutado desde el 1 de marzo de 2023, con anterioridad a su emisión. En consecuencia, dicha Orden no generó la ejecución del servicio, sino que se limitó a regularizar una prestación previamente realizada.
momento en que se perfeccionó la relación contractual que dio origen a la prestación, la cual se habría materializado con anterioridad, en una oportunidad que no se encuentra determinada en el expediente administrativo. Esta indeterminación impide identificar con precisión el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada, así como establecer la oportunidad en que dicho contrato se habría perfeccionado, lo que resulta relevante para el análisis del presente procedimiento administrativo sancionador.
responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Asimismo, en el numeral 9 del artículo248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS, se reconoce la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
análisis corresponden a regularizaciones efectuadas por las Entidades por servicios realizadas con anterioridad, y al no obrar en los expedientes administrativos, documentos verificables a través de los cuales se generaron las obligaciones con las Entidades, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las Proveedoras.
ponerse en conocimiento de los Órganos de Control Institucional de las Entidades, para que en el marco de sus competencias efectúen el deslinde de responsabilidades según corresponda, debido a las irregularidades advertidas en las contrataciones objeto de análisis. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de las Vocales ponentes Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, Marisabel Jáuregui Iriarte y Lupe Mariella Merino de la Torre, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000054-2026-OECE-PRE del 2 de marzo de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002- 2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
los expedientes N° 3768/2025.TCP y N° 2464-2025.TCP, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedidos para ello, infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos. Además, respecto del expediente N° 2464/2025.TCP, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción por la presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta a la Entidad, infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la normativa prevista en el Cuadro N° 2; por los fundamentos expuestos. Asimismo, respecto de los expedientes N° 1179/2025.TCP y N° 13601/2024.TCP, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción por la presunta responsabilidad al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.
presente pronunciamiento, de conformidad con lo señalado en los fundamentos 20 y 48, de las siguientes entidades públicas: N° Entidad Exp. 1 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 1179/2025.TCP 2 Gobierno Regional de Tumbes 3768/2025.TCP 3 Gobierno Regional de Loreto - Red de Salud Loreto - Nauta 2464/2025.TCP 4 Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguia de Bagua 13601/2024.TCP
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ss. Villanueva Sandoval. Jáuregui Iriarte. Merino de la Torre.