Resolución N.° 9647-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento”. Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7756/2026.TCP – 7758/2026.TCP (Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por el señor Adriano Sebastián La Rosa Bardales y la empresa Corporación Cruz Textil S.A.C. – Corcrutex S.A.C., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 003-2026- IPD/CS-1, para la contratación de bienes “Adquisición de indumentaria para el fortalecimiento del programa academia IPD 2026”, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• 17 de julio de 2026, el Instituto Peruano del Deporte, en adelante la Entidad,

convocó la Licitación Pública para Bienes N° 003-2026-IPD/CS-1, para la contratación de bienes “Adquisición de indumentaria para el fortalecimiento del programa academia IPD 2026”, con una cuantía de S/ 824,995.00 (ochocientos veinticuatro mil novecientos noventa y cinco con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 28 de agosto de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 7 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Inversiones Kayva Group E.I.R.L. – Inversiones Kayva E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 673,000.00 (seiscientos setenta y tres mil con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

INVERSIONES KAYVA GROUP

E.I.R.L. – INVERSIONES

KAYVA E.I.R.L.

S/ 673,000.00 100.00 1 Adjudicado

LUIS HUMBERTO SÁNCHEZ

FLORES S/ 775,000.00 94.74 2 Calificado.

CORPORACIÓN CRUZ TEXTIL

S.A.C. – CORCRUTEX S.A.C. S/ 778,680.00 94.57 3 Calificado. UNIFORMES KILIAX S.A.C. S/ 819,450.00 92.85 4 Calificado.

ADRIANO SEBASTIÁN LA

ROSA BARDALES - - - Descalificado.

CORPORACIÓN MAUCARI

S.A.C. - - - Descalificado. DACARO E.I.R.L. - - - Descalificado.

NATHALY PATRICIA

ROMERO NARRO - - - Descalificado. PORTEXPORT S.A.C. - - - Descalificado. CAFÉ Y TELAS S.A.C. - - - Descalificado.

ADG INTERNATIONAL

SERVICE S.A.C. - - - Descalificado. VINILO PUBLICIDAD S.A.C. - - - Descalificado.

CORPORACIÓN G&G CHRIST

LIVES E.I.R.L. - - - No admitido.

DROGUERÍA BISA MEDICAL

S.A.C. - - - No admitido. CONSORCIO BKS - - - No admitido. Sobre el Expediente N° 7756/2026.TCP

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 20 de octubre de 2026, y subsanado mediante

Escrito N° 2 presentado el 22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Adriano Sebastián La Rosa Bardales, en adelante el Impugnante N° 1, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) se revoque la descalificación de su oferta, y se tenga por calificada, ii) se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, iii) se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y iv) se otorgue la buena pro a su favor; para lo cual expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Señala que el comité descalificó su oferta al considerar que las dos (2) experiencias del postor en la especialidad presentadas no se encontraban debidamente acreditadas. 2.2. En cuanto a la experiencia N° 1, sostiene que esta fue acreditada mediante la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000050, la Factura Electrónica N° E001-166, el Comprobante de Retención Electrónico N° E001- 10 y el estado de cuenta de Interbank.

2.3. Al respecto, cuestiona la observación formulada por el comité, pues considera que esta desconoce el régimen de retenciones del IGV. En esa línea, afirma que la correspondencia entre los montos consignados en los documentos presentados puede verificarse mediante una operación aritmética. 2.4. Precisa que el importe del comprobante de retención electrónico coincide, hasta el último céntimo, con el resultado de aplicar la tasa de retención del 3% al monto facturado; que el importe neto consignado en la factura presenta una diferencia de dos céntimos atribuible al redondeo; y que el abono registrado en el estado de cuenta difiere del importe neto en S/ 0.48, monto que representa una proporción ínfima respecto del valor total de la factura. Por tanto, sostiene que las diferencias advertidas obedecen a la aplicación de la retención del IGV y a ajustes por redondeo. 2.5. En ese sentido, alega que ni las bases integradas ni algún criterio del Tribunal establecen que una diferencia de S/ 0.48 constituya motivo suficiente para desconocer la totalidad de una experiencia contractual. 2.6. Respecto de la experiencia N° 2, refiere que esta fue acreditada con el Contrato N° 62-2025-DIREDDOC-PNP, el contrato de consorcio con firmas legalizadas y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación N° 100. 2.7. Sobre el particular, sostiene que la observación del comité parte de un cómputo incorrecto del plazo de ejecución contractual. Explica que, si bien el contrato fue suscrito el 17 de octubre de 2025 y estableció un plazo de cincuenta y cinco (55) días calendario, el comité consideró que dicho plazo debía computarse desde el día siguiente de su suscripción. Sin embargo, la Constancia de Cumplimiento de la Prestación N° 100, emitida el 13 de febrero de 2026, consigna como periodo de ejecución del 17 de octubre al 11 de diciembre de 2025 y reconoce una duración de cincuenta y cinco (55) días; periodo que, a criterio del comité, comprendería cincuenta y seis (56) días al contabilizarse ambas fechas. 2.8. Frente a ello, afirma que el periodo comprendido entre el 17 de octubre y el 11 de diciembre de 2025 equivale a cincuenta y cinco (55) días calendario, conforme a las reglas de cómputo de plazos. Asimismo, invoca el numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento, según el cual el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Sobre la oferta del Adjudicatario 2.9. En relación con la experiencia del postor en la especialidad, señala que el objeto del procedimiento de selección comprende la adquisición de camisetas de algodón, camisetas de poliéster, gorros de tela taslan y tomatodos. En ese sentido, sostiene que las mochilas no constituyen bienes iguales ni similares al objeto de contratación, toda vez que las bases integradas delimitaron dicha categoría a la comercialización de textiles e indumentaria en general. 2.10. Por consiguiente, considera que los montos correspondientes a la comercialización de mochilas no deben ser contabilizados para acreditar la experiencia del Adjudicatario, específicamente aquellos vinculados con las 2.11. De otro lado, cuestiona la acreditación de la experiencia N° 8, al considerar que no cumple con los medios probatorios exigidos en las bases integradas. Al respecto, señala que presentó la Factura Electrónica N° FQ01-00000234, por S/ 28,560.00, y una constancia de últimos movimientos del banco de la nación, en la que figura un abono de S/ 27,703.20. Respecto de la diferencia de S/ 856.80, indica que esta no fue sustentada mediante un comprobante de retención electrónico, sino a través de la impresión de una consulta de expediente administrativo del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, fechada el 27 de agosto de 2026. 2.12. En esa línea, sostiene que la consulta de expediente administrativo presentada no constituye un medio de acreditación válido conforme a las bases integradas, pues no se trata de un documento emitido por una entidad del sistema financiero ni de un comprobante de retención electrónico expedido conforme a las disposiciones de la SUNAT. Sobre el Expediente N° 7758/2026.TCP

• Mediante Carta N° 001-2026-CORPORACIÓN CRUZ TEXTIL S.A.C. presentada el 20

de octubre de 2026, y subsanada mediante Carta N° 002-2026-CORPORACIÓN CRUZ TEXTIL S.A.C. presentada el 22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Corporación Cruz Textil S.A.C. – Corcrutex S.A.C., en adelante el Impugnante N° 2, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario, ii) se declare la descalificación de la oferta del señor Luis Humberto Sánchez Flores, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, y iii) se otorgue la buena pro a su favor; para lo cual expuso los siguientes argumentos: Sobre la oferta del Adjudicatario 3.1. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad, cuestiona la acreditación del pago de las facturas N° FQ01-00000234 y N° FQ01- 00000196, pues las constancias de últimos movimientos del banco de la nación únicamente acreditarían abonos parciales, mientras que las diferencias habrían sido sustentadas mediante impresiones de consultas de expedientes administrativos del MEF. 3.2. Sostiene que la bancarización parcial impide tener por acreditada la cancelación íntegra de dichas facturas. Asimismo, señala que las consultas del sistema integrado de administración financiera (SIAF) constituyen registros administrativos de gestión presupuestal que no demuestran el flujo efectivo de fondos hacia las cuentas bancarias del proveedor. 3.3. Por otro lado, cuestiona la evaluación del factor “Plazo de entrega”. Señala que, conforme al literal c) del numeral 3.3 del capítulo III de las bases integradas, el plazo de entrega de los bienes es de veinticinco (25) días calendario, computados desde el día siguiente de aprobada la muestra; por tanto, los postores debían sujetar expresamente su oferta a dicho hito. 3.4. Al respecto, indica que el Adjudicatario consignó en el Anexo N° 12 un plazo de veinte (20) días calendario, sin precisar que su cómputo se iniciaría al día siguiente de aprobada la muestra. A su criterio, dicha omisión genera incertidumbre sobre el inicio y exigibilidad del plazo ofertado, pues no permite determinar si este se computaría desde el perfeccionamiento del contrato, la emisión de la orden de compra o la aprobación de la muestra. 3.5. Agrega que la declaración genérica contenida en el Anexo N° 3, mediante la cual el postor manifiesta su sometimiento a las bases y su compromiso de cumplir el requerimiento, no subsana dicha omisión, pues el Anexo N° 12 debía contener una oferta precisa respecto del plazo de entrega, especialmente al tratarse de un factor de evaluación destinado a otorgar puntaje diferenciado. En consecuencia, considera que no correspondía asignarle puntaje por dicho factor. Sobre la oferta del señor Luis Humberto Sánchez Flores, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación 3.6. Cuestiona que el referido postor haya consignado en el Anexo N° 12 un plazo de veintidós (22) días calendario, sin precisar el hito a partir del cual debía computarse, conforme a lo establecido en el numeral 3.3 de las especificaciones técnicas. 3.7. En sustento de su posición, invoca la Opinión N° 048-2020/DTN y las Resoluciones N° 5426-2026-TCP-S4, N° 7895-2026-TCP-S2 y N° 8674-2026- TCP-S4, señalando que el cómputo del plazo depende de las condiciones previstas para cada contratación y que la omisión del hito correspondiente genera incertidumbre sobre la ejecución contractual, la cual no puede ser subsanada mediante una interpretación del comité. 3.8. Por lo expuesto, solicita que se revoquen los treinta (30) puntos otorgados al referido postor en el factor de evaluación “Plazo de entrega”. Sobre los Expedientes N° 7756/2026.TCP – 7758/2026.TCP (Acumulados)

• A través del decreto del 23 de octubre de 2026, se admitió a trámite los recursos

de apelación interpuestos por los Impugnantes N° 1 y 2, los cuales fueron notificados a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. De igual manera, se dispuso la acumulación del expediente N° 7758/2026.TCP al expediente N° 7756/2026.TCP. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos de los recursos de apelación. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos de los Impugnantes N° 1 y 2 que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre del mismo año.

• Mediante escrito s/n, presentado el 27 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Adjudicatario acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 28 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 002625-

2026-UL-OGA/IPD, en el cual expuso su posición sobre los argumentos de los recursos impugnativos, en los siguientes términos: Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1 6.1. Respecto de la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000050, por S/ 1,319,984.00, señala que la Factura Electrónica N° E001-166, luego de aplicar la retención correspondiente, arroja un saldo neto de S/ 1,280,384.50; sin embargo, el comprobante de retención electrónico consigna S/ 1,280,384.48 como importe neto pagado, mientras que los abonos registrados en el estado de cuenta bancario ascienden a S/ 1,280,384.00. Por tanto, considera que la falta de coincidencia entre dichos importes afecta la trazabilidad y fehaciencia del pago. 6.2. Agrega que no desconoce la aplicación del régimen de retenciones del IGV, sino que cuestiona la falta de correspondencia entre el importe resultante de dicha operación y el monto efectivamente acreditado mediante los movimientos bancarios. En consecuencia, sostiene que no se ha demostrado de manera indubitable la cancelación del importe facturado. 6.3. En cuanto al Contrato N° 62-2025-DIREDDOC-PNP, señala que la experiencia debía acreditarse mediante documentación concordante respecto de las condiciones y el periodo de ejecución contractual. 6.4. Al respecto, precisa que la cláusula quinta del contrato establece un plazo de cincuenta y cinco (55) días calendario, computado desde el día siguiente de su suscripción, esto es, del 18 de octubre al 11 de diciembre de 2025. Sin embargo, la Constancia de Cumplimiento de la Prestación consigna como periodo de ejecución del 17 de octubre al 11 de diciembre de 2025, atribuyéndole igualmente cincuenta y cinco (55) días, pese a que dicho periodo comprende cincuenta y seis (56) días calendario si se contabilizan ambas fechas. 6.5. Por tanto, considera que existe una contradicción entre el contrato y la constancia de cumplimiento respecto del periodo de ejecución, lo que impide tener por acreditada fehacientemente la experiencia presentada.

Sobre los cuestionamientos del Impugnante N° 1 a la oferta del Adjudicatario 6.6. Respecto de la experiencia adquirida con mochilas, sostiene que el Impugnante N° 1 confunde la clasificación arancelaria de dichos bienes con los criterios para determinar su similitud con el objeto de contratación. En ese sentido, precisa que su inclusión en la partida arancelaria 42.02 no excluye su naturaleza textil, pues pueden estar confeccionadas con materiales como el poliéster. 6.7. Asimismo, señala que las bases integradas definieron los bienes similares dentro del rubro de “textiles e indumentaria en general”, sin restringirlos exclusivamente a prendas de vestir. Por ello, considera que la similitud debe evaluarse atendiendo a las características, composición y naturaleza de los bienes, sin incorporar restricciones no previstas en las bases. 6.8. En cuanto a la acreditación del pago de las facturas, invoca la Resolución N° 5228-2025-TCP-S2, cuyo fundamento 18 señala que la trazabilidad debe permitir identificar la correspondencia entre los importes facturados y los pagos efectuados, considerando las diferencias que pudieran responder a conceptos legalmente sustentados y debidamente acreditados. 6.9. Sobre esa base, sostiene que el comité evaluó objetivamente la documentación presentada por el Adjudicatario y que las diferencias advertidas se encuentran respaldadas por los documentos incorporados en su oferta, cuya información puede contrastarse con los registros del MEF. 6.10. Por otro lado, respecto del cuestionamiento a la sumatoria de los importes consignados en el Anexo N° 11, señala que estos efectivamente ascienden a S/ 501,694.20. Asimismo, en cuanto a la discrepancia entre el tratamiento del IGV consignado en la Orden de Compra N° 00000499 y la factura correspondiente, considera que ello no desvirtúa la acreditación de la experiencia, pues la documentación presentada permite verificar la ejecución de la prestación. Sobre los cuestionamientos del Impugnante N° 2 a la oferta del Adjudicatario 6.11. Respecto de las facturas cuestionadas, sostiene que la documentación presentada permite establecer la trazabilidad de los importes facturados y los pagos efectuados, por lo que considera que el comité realizó una evaluación objetiva y conforme a las exigencias de las bases integradas.

6.12. En cuanto al cuestionamiento sobre el factor de evaluación “Plazo de entrega”, señala que el comité actuó correctamente al asignar los treinta (30) puntos al Adjudicatario, quien ofertó un plazo de veinte (20) días calendario conforme al formato previsto en las bases integradas. 6.13. Agrega que el Anexo N° 12 está destinado a consignar el plazo de entrega y no el plazo de aprobación de muestras, por tratarse de una etapa previa a la ejecución de dicha prestación. En consecuencia, considera que no era necesario reiterar en dicho anexo el hito de inicio establecido en las especificaciones técnicas.

• A través de la Carta N° 003-2026-CORPORACIÓN CRUZ TEXTIL S.A.C., presentada

el 28 de octubre de 2026 al Tribunal, el Impugnante N° 2 absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante N° 1, conforme al siguiente detalle: Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 1 7.1. Señala que, conforme a la hoja de control de requisitos emitida por la mesa de partes del Tribunal, se advirtió que el Impugnante N° 1 omitió adjuntar los medios probatorios correspondientes. Sin embargo, al subsanar dicha observación, mediante escrito del 22 de octubre de 2026, no incorporó la documentación de su oferta, sino únicamente la garantía, documentos relativos al REMYPE y otros ajenos a la omisión advertida. 7.2. Asimismo, invoca la Resolución N° 8412-2026-TCP-S3, en la que el Colegiado habría señalado que las pretensiones impugnatorias no pueden sustentarse en alegaciones genéricas carentes de respaldo probatorio. 7.3. En ese sentido, sostiene que, al no haber adjuntado su oferta, el Impugnante N° 1 pretende que se revoque su descalificación y se le otorgue la buena pro sin aportar los elementos necesarios para evaluar sus cuestionamientos; por ello, solicita que el recurso sea declarado improcedente. Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1 7.4. Respecto de la experiencia N° 1, señala que existe una diferencia de S/ 0.48 entre el importe neto de la Factura Electrónica N° E001-166 (S/ 1,319,984.00) y el abono registrado en el estado de cuenta bancario, la cual no cuenta con sustento documental que acredite su cancelación.

7.5. Precisa que, habiéndose acreditado la retención del IGV mediante el comprobante correspondiente, la diferencia restante no puede justificarse en dicha retención y carece de respaldo probatorio en la oferta. 7.6. En cuanto a la experiencia N° 2, manifiesta que no obran en el expediente de apelación los documentos de la oferta del Impugnante N° 1, tales como el Contrato N° 62-2025-DIREDDOC-PNP, el contrato y la promesa formal de consorcio, así como las facturas y conformidades correspondientes; por tanto, considera que el Colegiado carece de elementos para verificar los argumentos formulados. 7.7. En consecuencia, sostiene que, ante la falta de documentación susceptible de valoración y al contarse únicamente con las alegaciones del Impugnante N° 1, no corresponde emitir pronunciamiento sobre dicho extremo.

• Con decreto del 28 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario

• Mediante escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Adjudicatario absolvió el traslado de los recursos de apelación, conforme al siguiente detalle: Respecto de los cuestionamientos a su oferta del Impugnante N° 1 9.1. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad, señala que acreditó una experiencia acumulada superior a la exigida en las bases integradas, mediante contratos, facturas y estados de cuenta bancarios que demostrarían la ejecución y cancelación de prestaciones vinculadas con la comercialización de textiles, indumentaria deportiva, prendas de vestir y accesorios afines. 9.2. Respecto de las experiencias que comprenden la venta de mochilas, sostiene que cuestionar su similitud con el objeto de contratación constituye una interpretación restrictiva, pues las bases integradas delimitaron los bienes similares dentro del rubro de confecciones, textiles e indumentaria para programas masivos, eventos y actividades institucionales. 9.3. Al respecto, precisa que las mochilas están confeccionadas con materiales textiles, como lona, cordura y poliéster, y comparten procesos productivos propios de la industria textil y de confecciones, tales como el corte, patronaje, costura y aplicación de logotipos. Añade que, en programas deportivos y sociales, estos bienes suelen integrar los kits de indumentaria entregados a los beneficiarios, junto con camisetas, shorts y buzos. 9.4. Asimismo, invoca los criterios reiterados del Tribunal, según los cuales la similitud entre bienes debe evaluarse atendiendo a su naturaleza, características y finalidad, en observancia de los principios de libertad de concurrencia y competencia, evitando interpretaciones restrictivas injustificadas. 9.5. En cuanto a la acreditación de la cancelación de las facturas, sostiene que los registros del SIAF, en los que constan las fases de devengado y girado o pagado, constituyen medios idóneos para acreditar el pago de obligaciones asumidas por entidades públicas, al tratarse de información oficial sobre la ejecución del gasto estatal. Agrega que las órdenes de compra cuestionadas cuentan, además, con sus respectivas facturas y extractos bancarios. Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1 9.6. Sobre la experiencia N° 1, señala que las explicaciones referidas al redondeo de importes y a la aplicación de la retención del IGV no subsanan la falta de correspondencia entre los documentos presentados para acreditar la cancelación, por lo que considera que no se cumplió con las exigencias de las bases integradas. 9.7. En cuanto a la experiencia N° 2, sostiene que la descalificación de dicha oferta no obedeció a una decisión arbitraria, sino a la aplicación de los principios de legalidad, igualdad de trato y sujeción a las bases integradas. Respecto de los cuestionamientos a su oferta del Impugnante N° 2 9.8. Sostiene que acreditó la experiencia presentada mediante comprobantes de pago, constancias de movimientos bancarios del Banco de la Nación y documentación complementaria que demostrarían la ejecución efectiva de las prestaciones y la trazabilidad de los pagos recibidos de entidades públicas. 9.9. Agrega que las exigencias formales para acreditar la experiencia no deben interpretarse de manera que desconozcan la ejecución efectiva de las prestaciones ni se conviertan en restricciones injustificadas, conforme a la normativa de contratación pública y los criterios del Tribunal.

9.10. Respecto del Anexo N° 12, señala que, mediante el Anexo N° 3, declaró someterse incondicionalmente a las bases integradas, incluidas las especificaciones técnicas, por lo que asumió todas las condiciones y plazos previstos en el requerimiento. 9.11. Asimismo, precisa que el Anexo N° 12 constituye una declaración facultativa mediante la cual ofertó un plazo mejorado de veinte (20) días calendario, el cual debe interpretarse conforme al hito de inicio establecido en el numeral 3.3 de las especificaciones técnicas, esto es, desde el día siguiente de aprobada la muestra. 9.12. Finalmente, sostiene que los criterios invocados por el Impugnante N° 2 no resultan aplicables, pues su oferta no contiene contradicciones ni ambigüedades respecto del plazo propuesto, sino una mejora que se encuentra sujeta a las condiciones de ejecución previstas en las bases integradas. Por tanto, considera que el plazo ofertado es claro y compatible con el requerimiento de la Entidad.

• Con Oficio N° 000762-2026-UL-OGA/IP, presentado el 29 de octubre de 2026 al

Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación de los representantes de los Impugnantes N° 1 y 2, y del Adjudicatario.

• Mediante Carta N° 004-2026-CORPORACIÓN CRUZ TEXTIL S.A.C., presentada el 30

de octubre de 2026 al Tribunal, el Impugnante N° 2 remitió información adicional.

• Con decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• A través del escrito s/n, presentado el 30 de octubre de 2026 al Tribunal, el

Adjudicatario remitió información adicional.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis los recursos de apelación interpuestos por los

Impugnantes N° 1 y 2 en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si los presentes recursos son procedentes o si, por el contrario, se encuentran inmersos en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación Pública para Bienes, con una cuantía de S/ 824,995.00. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 El Impugnante N° 1 cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

El Impugnante N° 2 cuestiona la calificación de la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y el otorgamiento de la buena pro. Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 07.10.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles, el 20.10.2026. Los recursos de apelación se presentaron el 20.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso del Impugnante N° 1 es suscrito por el propio postor (persona natural), el señor Adriano Sebastían La Rosa Bardales. Sí El recurso del Impugnante N° 2 es suscrito por el señor Edilberto Miller Cruz García, en calidad de gerente general, conforme al certificado de vigencia de poder, anexo al recurso. Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante N° 1 cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. Sí La oferta del Impugnante N° 2 fue admitida y calificada. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro ganador de la buena pro; pues su oferta fue descalificada. Sí 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

ganador de la buena pro, ocupó el tercer lugar en el orden de prelación. Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos en ambos recursos de apelación. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Impugnante N° 1 sí tiene interés y legitimidad para impugnar la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Para impugnar el otorgamiento de la buena pro, debe revertir primero su condición de descalificado. Sí El Impugnante N° 2 sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el cuestionamiento dirigido al otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario se encuentra condicionado a que el Impugnante N° 2 logre desplazar previamente al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• Cabe señalar en este punto que el Impugnante N° 2 solicitó que se declare

improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante N° 1, alegando que no adjuntó copia de su oferta a su escrito de apelación. A su criterio, dicha omisión impediría que se evalúen los cuestionamientos formulados y, por ende, que se revoque su descalificación. Al respecto, este Colegiado advierte que el cuestionamiento formulado parte de una premisa incorrecta, toda vez que, si bien el Impugnante N° 1 no adjuntó copia de su oferta a su escrito de apelación, ello no impide su revisión, considerando que la documentación de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección se encuentra disponible en el SEACE, al cual este Colegiado tiene acceso para el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, la omisión advertida no determina el incumplimiento de un requisito de admisibilidad ni configura una causal de improcedencia del recurso de apelación, máxime si la documentación necesaria para analizar los cuestionamientos formulados puede ser consultada por este Colegiado.

• De ese modo, corresponde desestimar la solicitud de improcedencia del recurso

de apelación formulada por el Impugnante N° 2.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto de los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes N° 1 y 2, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Impugnante N° 1 solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta y como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ✓ Se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Impugnante N° 2 solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare la descalificación de la oferta del Adjudicatario. ✓ Se declare la descalificación del señor Luis Humberto Sánchez Flores, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. ✓ Se ratifique la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se ratifique la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1. ✓ Se ratifique la calificación de su oferta. ✓ Se ratifique la buena pro otorgada a su favor.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que los recursos de apelación fueron notificados a la

Entidad y a los demás postores el 23 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 28 de octubre de 2026 para absolverlo. Sobre ello, a través de la Carta N° 003-2026-CORPORACIÓN CRUZ TEXTIL S.A.C., presentada el 28 de octubre de 2026, el Impugnante N° 2 cuestionó la oferta del Impugnante N° 1, esto es dentro del plazo.

Asimismo, mediante escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026, el Adjudicatario absolvió los recursos de apelación; esto es, dentro del plazo legal establecido.

• Teniendo ello en cuenta, para la determinación de los puntos controvertidos,

deben tomarse en cuenta los aspectos propuestos por los Impugnantes N° 1 y 2, y el Adjudicatario. En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis en el presente procedimiento impugnativo consisten en:

• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la

oferta del Impugnante N° 1 y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, en virtud de los cuestionamientos formulados por el Impugnante N° 1. iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del señor Luis Humberto Sánchez Flores, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, en virtud de los cuestionamientos formulados por el Impugnante N° 2.

• Determinar a qué postor corresponde otorgarle la buena pro.
• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación, de acuerdo a lo siguiente: Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Impugnante N° 1 y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

• Mediante Acta de admisión, calificación y evaluación de ofertas, de fecha 7 de

octubre de 2026, en adelante el Acta, el comité dispuso descalificar la oferta presentada por el Impugnante N° 1, al considerar que no cumplió con acreditar el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad. Para sustentar dicha decisión, formuló observaciones a las siguientes experiencias: ➢ Experiencia N° 1: acreditada mediante la Orden de Compra N° 000002075 y la Factura Electrónica N° E001-166. Al respecto, el comité advirtió que dicho comprobante consignaba un importe de retención que generaba una diferencia respecto del monto neto pagado de S/ 1,280,384.48, señalado en el comprobante de retención electrónico. Asimismo, verificó que el estado de cuenta presentado registraba transferencias por un importe total de S/ 1,280,384.00. En atención a ello, concluyó que los documentos presentados no guardaban correspondencia respecto del monto de la operación, lo que afectaba la trazabilidad y fehaciencia de la experiencia invocada. ➢ Experiencia N° 2: acreditada mediante el Contrato N° 62-2025-DIRED-DOC- PNP y la Constancia de Cumplimiento de la Prestación. Sobre el particular, el comité señaló que el contrato, suscrito el 17 de octubre de 2025, establecía en su cláusula quinta un plazo de ejecución de cincuenta y cinco (55) días calendario, computados desde el día siguiente de su suscripción. Por tanto, dicho plazo debía contabilizarse desde el 18 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2025; sin embargo, la constancia consignaba como periodo de ejecución del 17 de octubre al 11 de diciembre de 2025, atribuyéndole igualmente una duración de cincuenta y cinco (55) días calendario, pese a que dicho periodo comprendía cincuenta y seis (56) días calendario.

• Frente a dicha decisión, el Impugnante N° 1 interpuso recurso de apelación sobre

la base de los argumentos desarrollados en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Por su parte, la Entidad se ratificó en su decisión de descalificar la oferta del

Impugnante N° 1, de acuerdo con lo señalado también en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Asimismo, el Consorcio Adjudicatario formuló argumentos respecto de la

descalificación de la oferta del Impugnante N° 1, conforme se aprecia en los

• En ese contexto, a fin de resolver el cuestionamiento planteado, cabe traer a

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• Al respecto, el literal A “Experiencia del postor en la especialidad” del numeral 3.5

del Requerimiento N° 154-2026-IPD/DNRPD, contenido en las bases integradas, estableció lo siguiente:

• De acuerdo con dicha disposición, los postores debían acreditar un monto

facturado acumulado de S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Para estos efectos, se consideraron como bienes similares la venta de textiles e indumentaria en general. Asimismo, las bases integradas contemplaron dos modalidades de acreditación: i) contratos u órdenes de compra, acompañados de su respectiva conformidad o constancia de prestación; o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acreditara documental y fehacientemente mediante constancia de depósito, nota de abono, estado de cuenta u otro documento emitido por una entidad del sistema financiero que acreditara el abono, la cancelación consignada en el propio comprobante o el comprobante de retención electrónico emitido por la SUNAT por la retención del IGV. Cabe precisar que, tratándose de contrataciones con privados, las bases exigían que la experiencia se acreditara obligatoriamente mediante la segunda modalidad, sin que resultara suficiente la presentación de contratos u órdenes de compra acompañados de su respectiva conformidad o constancia de prestación.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante N° 1, se advierte que, para

acreditar la experiencia N° 2, presentó el Contrato N° 62-2025-DIRED-DOC-PNP, suscrito el 17 de octubre de 2025 entre la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú y el Consorcio integrado por la empresa Corporación Overflod S.A.C. y el señor Adriano Sebastián La Rosa Bardales, quien participa en el presente procedimiento como Impugnante N° 1. Adicionalmente, presentó el contrato de consorcio, en el cual se estableció que al Impugnante N° 1 le correspondía una participación del 40% en la ejecución contractual, así como la Constancia de Cumplimiento de la Prestación N° 100, de fecha 13 de febrero de 2026, que contiene información relativa al monto ejecutado, el periodo de ejecución y la inexistencia de penalidades. Se reproducen los documentos correspondientes: Contrato N° 62-2025-DIREDDOC-PNP (...) (...) Contrato de Consorcio Constancia de Cumplimiento de la Prestación N° 100

• De lo expuesto, se advierte que el Impugnante N° 1 recurrió a la primera

modalidad de acreditación prevista en las bases integradas, esto es, mediante la presentación del contrato y su respectiva constancia de cumplimiento. Asimismo, adjuntó el contrato de consorcio, a efectos de acreditar el porcentaje de participación que le correspondió en la ejecución de la prestación y determinar el monto de experiencia que podía computársele individualmente.

• Sobre el particular, la observación formulada por el comité se circunscribe a una

supuesta inconsistencia entre el periodo de ejecución consignado en el contrato y aquel señalado en la constancia de cumplimiento. En concreto, sostiene que, si bien el contrato establece un plazo de cincuenta y cinco (55) días calendario, computados desde el día siguiente de su suscripción, la constancia consigna como fecha de inicio el 17 de octubre de 2025, cuando correspondía considerar el 18 de octubre de 2025.

• Al respecto, de la revisión de la cláusula quinta del Contrato N° 62-2025-DIRED-

DOC-PNP, se verifica que las partes establecieron expresamente un plazo de ejecución de cincuenta y cinco (55) días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En ese sentido, considerando que este último fue suscrito el 17 de octubre de 2025, el cómputo del plazo contractual se inició el 18 de octubre de 2025 y culminó el 11 de diciembre de 2025. En consecuencia, el periodo comprendido entre dichas fechas corresponde efectivamente a cincuenta y cinco (55) días calendario4, conforme se aprecia del siguiente detalle:

• De ese modo, si bien la constancia de cumplimiento consigna como periodo de

ejecución desde el 17 de octubre de 2025, también señala que la duración de la prestación fue de cincuenta y cinco (55) días calendario y establece como fecha de culminación el 11 de diciembre de 2025. Al respecto, este Colegiado advierte que la fecha consignada en la constancia no modifica el plazo contractual efectivamente establecido ni permite concluir que la prestación se haya ejecutado por un plazo distinto al previsto en el contrato. En efecto, debe distinguirse entre la fecha de suscripción del contrato y el inicio del cómputo del plazo de ejecución contractual, pues, conforme a lo expresamente pactado, este último se inició el día siguiente de su suscripción. Sin embargo, la consignación de la fecha 17 de octubre de 2025 como referencia inicial en la constancia, no resulta suficiente para desconocer la experiencia acreditada, más aún cuando es la fecha que corresponde a la suscripción del 4 https://www.gob.pe/8283-calcular-dias-habiles-o-calendario contrato y el documento también identifica la duración de la prestación y su fecha de culminación, datos que guardan correspondencia con el plazo contractual.

• Adicionalmente, corresponde verificar si la experiencia invocada permite

satisfacer el monto mínimo exigido en las bases integradas. Sobre el particular, de la Constancia de Cumplimiento de la Prestación N° 100 se advierte que el monto total ejecutado ascendió a S/ 1,844,181,00. Considerando que, conforme al contrato de consorcio, al Impugnante N° 1 le correspondió una participación del 40%, el monto que puede computársele por dicha experiencia es de S/ 737,672.40. Por consiguiente, dicho importe supera el monto mínimo de S/ 500,000.00 exigido para acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad.

• En ese sentido, este Colegiado considera que la observación formulada el comité

respecto de la experiencia N° 2 no constituye fundamento suficiente para desconocer su validez. Ello, debido a que la información contenida en el contrato y en la constancia de cumplimiento permite identificar el objeto de la prestación, su monto, el plazo de ejecución y su culminación, sin que la diferencia advertida en la consignación de la fecha inicial desvirtúe la ejecución contractual, ni el monto acreditado, ni el periodo de experiencia. En particular, la Entidad no ha aportado elementos que permitan concluir que la prestación se ejecutó en condiciones distintas a las establecidas en el contrato o que el monto consignado en la constancia no corresponda a la prestación efectivamente ejecutada.

• Por tanto, al no haberse acreditado una contradicción que afecte la

correspondencia entre el contrato y la constancia de cumplimiento, corresponde reconocer la eficacia de dichos documentos para acreditar la experiencia N° 2, en aplicación de las reglas de acreditación previstas en las bases integradas.

• Establecido lo anterior, corresponde determinar si la experiencia N° 2 resulta

suficiente para que el Impugnante N° 1 cumpla el requisito de calificación, prescindiendo de la experiencia N° 1, cuya acreditación también fue cuestionada por el comité. Al respecto, conforme al análisis efectuado, el monto computable de la experiencia N° 2 asciende a S/ 737,672.40, importe que supera el mínimo de S/ 500,000.00 exigido en las bases integradas.

• En consecuencia, aun cuando la experiencia N° 1 no sea considerada para efectos

de la calificación, ello no determina el incumplimiento del requisito referido a la experiencia del postor en la especialidad, toda vez que la experiencia N° 2, cuya validez ha sido verificada, resulta suficiente para alcanzar el monto mínimo requerido.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el Impugnante N°

1 cumplió con acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad, por lo que no correspondía descalificar su oferta por dicho motivo.

• De otro lado, de la revisión del numeral 4.2 “Factores de evaluación facultativos”

del capítulo IV de las bases integradas, se advierte que no se contempló el factor de evaluación referido a la experiencia específica adicional del postor en la especialidad. En consecuencia, la exclusión de la experiencia N° 1 no tendrá incidencia en la asignación de puntaje ni en la evaluación técnica de la oferta del Impugnante N° 1.

• En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde revocar la

descalificación de la oferta del Impugnante N° 1 y como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada al Adjudicatario.

• Siendo así, corresponde declarar fundado el recurso de apelación, en este

extremo. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, en virtud de los cuestionamientos formulados por el Impugnante N° 1.

• El Impugnante N° 1 solicitó que se descalifique la oferta del Adjudicatario, entre

otros, por el supuesto incumplimiento del requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, conforme a los argumentos expuestos en los

• Por su parte, el Adjudicatario presentó argumentos destinados a validar la

calificación de su oferta, conforme a lo señalado en los antecedentes.

• Asimismo, la Entidad ratificó la evaluación efectuada por el comité, de acuerdo

con los argumentos expuestos en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• En primer término, cabe señalar que el objeto de la convocatoria comprende la

adquisición de camisetas de algodón manga corta cuello redondo unisex, camisetas de poliéster manga corta, gorros de tela taslan y tomatodos de plástico, conforme se aprecia a continuación:

• Asimismo, conforme se estableció en el fundamento 22 del presente

pronunciamiento, las bases integradas exigieron acreditar experiencia en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, considerando como bienes similares la venta de textiles e indumentaria en general. En ese sentido, la evaluación de las experiencias presentadas debe efectuarse atendiendo a la naturaleza de los bienes efectivamente comercializados y a la correspondencia que estos guarden con los bienes comprendidos en la definición de similares establecida en las bases integradas.

• De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, para acreditar la

experiencia N° 8, presentó los siguientes documentos: ➢ La Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 2044, emitida el 15 de mayo de 2024 por el Gobierno Regional de Cusco, cuyo objeto fue la adquisición de 510 mochilas, según especificaciones técnicas, a un precio unitario de S/ 56.00, por un importe total de S/ 28,560.00. ➢ La Factura Electrónica N° FQ01-00000234, en la que se consigna la descripción del producto, la cantidad, el precio unitario y el importe de la operación. ➢ La constancia de últimos movimientos del banco de la nación. ➢ La impresión de la consulta del expediente administrativo del MEF. Se reproducen los documentos correspondientes:

Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 2044 Factura Electrónica N° FQ01-00000234 Constancia de últimos movimientos del Banco de la Nación Consulta de expediente administrativo del MEF

• Al respecto, el Impugnante N° 1 cuestiona la validez de la experiencia N° 8, debido

a que considera que la comercialización de mochilas no corresponde a la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

• Sobre el particular, de la revisión del requisito de calificación “Experiencia del

postor en la especialidad”, se advierte que las bases integradas establecieron como bienes similares la venta de textiles e indumentaria en general. En ese sentido, la evaluación no puede sustentarse únicamente en la denominación comercial del producto, sino que debe considerar la naturaleza y las características de los bienes cuya comercialización se pretende acreditar, siempre que estas se encuentren respaldadas por la documentación presentada en la oferta. En el presente caso, se advierte que tanto la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 2044 como la Factura Electrónica N° FQ01-00000234 identifican el producto únicamente como “mochilas según especificaciones técnicas”, sin precisar su material de fabricación u otras características que permitan determinar su naturaleza. Por tanto, la sola denominación “mochilas” no permite establecer que los bienes comercializados correspondan a productos textiles o de indumentaria, ni verificar su vinculación con los bienes similares definidos en las bases integradas. En consecuencia, no resulta posible reconocer el importe de dicha operación como experiencia válida en la especialidad, pues ello supondría atribuir a los bienes características que no se encuentran acreditadas documentalmente dentro de la oferta del Adjudicatario.

• Frente a dicha observación, el Adjudicatario sostiene que las mochilas están

confeccionadas con materiales textiles, tales como lona, cordura y poliéster, y que comparten procesos productivos propios de la industria textil y de confecciones, Asimismo, señala que, en programas deportivos y sociales, estos bienes suelen formar parte de los kits de indumentaria entregados a los beneficiarios, junto con camisetas, shorts y buzos. Al respecto, de la documentación presentada en la oferta para acreditar la experiencia N° 8 no se desprende que las mochilas comercializadas hayan sido confeccionadas con los materiales señalados, ni que sus características permitan calificarlas como bienes textiles o de indumentaria. En efecto, la orden de compra y la factura electrónica únicamente consignan la descripción “mochilas según especificaciones técnicas”, sin incorporar información adicional que permita verificar su composición o características. Por tanto, las afirmaciones del Adjudicatario no encuentran respaldo en los documentos que sustentan la experiencia cuestionada. Asimismo, corresponde precisar que las bases no establecieron como bienes similares los kits de indumentaria, sino los bienes textiles o de indumentaria. En ese sentido, el hecho de que las mochilas puedan integrar dichos kits no determina que constituyan bienes de indumentaria. Tampoco se ha acreditado que, por su composición o características, califiquen como bienes textiles. Cabe precisar que la evaluación de las ofertas debe efectuarse sobre la base de la documentación presentada por los postores, sin que corresponda al comité ni a este Colegiado suplir o completar la información omitida o atribuir a los bienes características que no han sido acreditadas.

• Por su parte, la Entidad sostiene que las bases integradas definieron los bienes

similares dentro del rubro de “textiles e indumentaria en general”, sin restringirlos exclusivamente a prendas de vestir. En tal sentido, considera que la similitud debe determinarse atendiendo a las características, composición y naturaleza de los bienes, sin incorporar restricciones no previstas en las Bases. Sobre el particular, este Colegiado sostiene que el cuestionamiento no radica en que las mochilas se encuentren excluidas, por su sola denominación, de la categoría de bienes similares, ni en que las bases integradas hayan limitado dicha categoría a prendas de vestir. La observación consiste en que, en el presente caso, la documentación aportada no contiene información suficiente para determinar que las mochilas comercializadas tengan naturaleza textil o de indumentaria y, por ende, que puedan vincularse con los bienes similares previstos en las bases integradas. En ese sentido, la conclusión alcanzada no incorpora una exigencia adicional ni restringe la definición de bienes similares, sino que responde a la falta de acreditación de las características que permitirían subsumir los bienes objeto de la experiencia N° 8 en dicha definición.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que la experiencia N°

8 no permite acreditar la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, por lo que corresponde excluir el importe de S/ 28,560.00 del monto facturado acumulado declarado por el Adjudicatario. Efectuada dicha exclusión, el monto computable asciende a S/ 473,133.70, importe que no alcanza el mínimo de S/ 500,000.00 exigido en las bases integradas para acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad.

• En atención a que el Adjudicatario no alcanza el monto mínimo requerido para

acreditar la experiencia del postor en la especialidad, resulta innecesario analizar los demás cuestionamientos formulados contra su oferta, pues estos no modificarán la conclusión alcanzada.

• Por lo expuesto, esta Sala considera amparable el cuestionamiento formulado por

el Impugnante N° 1. En consecuencia, corresponde declarar fundado dicho extremo del recurso de apelación, debiéndose descalificar la oferta del Adjudicatario. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del señor Luis Humberto Sánchez Flores, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• El Impugnante N° 2 solicitó que se revoque el puntaje de treinta (30) puntos

otorgados al señor Luis Humberto Sánchez Flores, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, concretamente en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, por los motivos expuestos en los antecedentes del presente pronunciamiento. Cabe señalar en este punto, que el mencionado postor cuya oferta se cuestiona, no se apersonó al presente procedimiento recursivo.

• Al respecto, el literal C “Plazo de entrega” del Requerimiento N° 154-2026-

IPD/DNRPD, contenido en las bases integradas, estableció que los bienes objeto de la convocatoria debían entregarse en un plazo de veinticinco (25) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de aprobada la muestra.

• Por su parte, el literal B “Plazo de entrega” del capítulo IV de la sección específica

de las bases integradas estableció lo siguiente:

• Conforme a dicha disposición, el factor de evaluación se aplicaría en función del

plazo de entrega ofertado, el cual debía mejorar el plazo establecido en el requerimiento. Para acreditar dicho factor, los postores debían presentar una declaración jurada de plazo de entrega, conforme al Anexo N° 12. Asimismo, se establecieron los siguientes rangos para la asignación del puntaje: ➢ De 20 hasta 22 días calendario: 30 puntos. ➢ De 23 hasta 24 días calendario: 15 puntos. ➢ Plazo máximo previsto en el requerimiento: 0 puntos. En consecuencia, para obtener el puntaje máximo de treinta (30) puntos, los postores debían ofertar un plazo de entrega comprendido entre veinte (20) y veintidós (22) días calendario.

• Ahora bien, el formato del Anexo N° 12 – Declaración jurada de plazo de entrega,

previsto en las bases integradas, estableció lo siguiente:

• De la revisión del referido formato, se advierte que la declaración exigida a los

postores consistía en comprometerse a entregar los bienes objeto del procedimiento de selección en el plazo ofertado, mediante la siguiente fórmula: “me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [consignar el plazo ofertado]”. Al respecto, corresponde señalar que el contenido del Anexo N° 12 guarda correspondencia con el propio factor de evaluación “Plazo de entrega”, el cual estableció que los postores debían ofertar un plazo menor al previsto en el requerimiento, asignándose el puntaje respectivo en función de la cantidad de días calendario ofertados. De este modo, el factor de evaluación vinculó expresamente el plazo ofertado con aquel establecido por la Entidad en el requerimiento, sin establecer que los postores debieran formular un compromiso adicional respecto de las condiciones para su cómputo. En efecto, el requerimiento ya había establecido que el plazo de entrega de los bienes se contabilizaría desde el día siguiente de aprobada la muestra. Por tanto, al disponer que los postores debían mejorar dicho plazo, el factor de evaluación presuponía que la mejora se efectuaría bajo las mismas condiciones de cómputo definidas por la Entidad. En ese contexto, la información que correspondía consignar para efectos de la evaluación era únicamente la cantidad de días calendario ofertados, tal como fue recogido en el formato del Anexo N° 12. En consecuencia, tanto el factor de evaluación como el formato del Anexo N° 12 delimitaron la exigencia a la consignación del plazo ofertado en días calendario, pues el hito que determinaba su inicio ya se encontraba establecido en el requerimiento y resultaba aplicable a todos los postores. Por ello, no correspondía exigir que estos reprodujeran dicha condición en sus declaraciones juradas, ni atribuir a su omisión un incumplimiento de las bases integradas.

• De la revisión del Anexo N° 12 – Declaración jurada de plazo de entrega

presentado por el señor Luis Humberto Sánchez Flores, se advierte lo siguiente:

• Conforme se aprecia, el referido postor declaró que se comprometía a entregar

los bienes objeto del procedimiento de selección en un plazo de veintidós (22) días calendario, consignando dicha información en los términos previstos en el formato del Anexo N° 12 de las Bases Integradas. Por tanto, se verifica que el postor cumplió con consignar el plazo de entrega ofertado, el cual se encuentra dentro del rango establecido para obtener el puntaje máximo de treinta (30) puntos. Asimismo, cabe precisar que la omisión de reiterar el hito de inicio del cómputo del plazo no supone que el postor haya establecido uno distinto ni que haya pretendido modificar las condiciones de ejecución previstas en el requerimiento. En efecto, el postor se limitó a consignar el plazo solicitado en el formato de las bases integradas, sin introducir una condición que contradiga lo establecido por la Entidad.

• Sobre el particular, debe tenerse presente que las bases integradas constituyen

las reglas definitivas del procedimiento de selección y vinculan tanto a los postores como a la Entidad durante la evaluación de las ofertas. En consecuencia, no corresponde incorporar exigencias adicionales que no hayan sido previstas expresamente en dichas reglas. En el presente caso, si bien el requerimiento estableció que el plazo de entrega se computaría desde el día siguiente de aprobada la muestra, ni el factor de evaluación ni el formato del Anexo N° 12 exigieron que los postores consignaran expresamente dicho hito en su declaración jurada. Por consiguiente, exigir que el señor Luis Humberto Sánchez Flores hubiera incorporado dicha precisión en el Anexo N° 12 supondría añadir una formalidad no contemplada en las bases integradas y, por tanto, evaluar su oferta sobre la base de una exigencia distinta de la que fue comunicada a todos los participantes.

• En ese sentido, este Colegiado no advierte que el señor Luis Humberto Sánchez

Flores haya incumplido las condiciones previstas en las bases integradas respecto del factor de evaluación “Plazo de entrega”. Por el contrario, de la revisión de su Anexo N° 12 se verifica que consignó un plazo de veintidós (22) días calendario, conforme a lo requerido para acceder al puntaje máximo.

• Asimismo, corresponde efectuar una revisión integral de la oferta, considerando

que el postor también presentó el Anexo N° 3 “Declaración jurada de cumplimiento del requerimiento”, mediante el cual declaró expresamente cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la Entidad para la contratación de los bienes, conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, mediante el Anexo N° 3, el postor asumió el compromiso de cumplir

con “todas” las condiciones establecidas en el requerimiento, dentro de las cuales se encuentra la entrega de los bienes en el plazo previsto y bajo las condiciones de cómputo expresamente establecidas por la Entidad, esto es, desde el día siguiente de aprobada la muestra. En consecuencia, la revisión conjunta de los Anexos N° 3 y 12 y del factor de evaluación permite advertir que el postor: i) declaró cumplir con las condiciones del requerimiento, conforme al Anexo N° 3; y ii) ofertó un plazo de entrega de veintidós (22) días calendario, conforme al factor de evaluación y al Anexo N° 12. Por tanto, no existe elemento en la oferta que permita concluir que el postor haya pretendido modificar el hito de inicio del plazo establecido en el requerimiento o apartarse de las condiciones previstas en las bases integradas.

En ese sentido, no corresponde atribuirle un incumplimiento por no haber reiterado en el Anexo N° 12 una condición que ya había sido aceptada mediante su declaración de cumplimiento del requerimiento y cuya consignación específica no fue exigida ni en el factor de evaluación ni en el referido anexo.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el señor Luis

Humberto Sánchez Flores cumplió con presentar su oferta conforme a las exigencias previstas en las bases integradas, por lo que no se configura el incumplimiento alegado por el Impugnante N° 2. En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este extremo y confirmar el puntaje de treinta (30) puntos otorgados al referido postor en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, así como su permanencia en el orden de prelación.

• De otro lado, considerando que el Impugnante N° 2 no ha logrado desplazar al

postor en el orden de prelación, carece de interés para obrar respecto de los cuestionamientos formulados contra la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, pues la eventual estimación de tales cuestionamientos no le permitiría obtener un beneficio concreto en el procedimiento de selección, al mantenerse una oferta que lo precede en el orden de prelación.

• En consecuencia, al no verificarse el interés para obrar respecto de dichos

extremos, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación en cuanto cuestiona la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, de conformidad con la causal prevista en el literal j) del artículo 308 del Reglamento.

• Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado infundado

e improcedente, en atención a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante N° 2 como requisito de admisión de su recurso de apelación. Quinto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante N° 1.

• El Impugnante N° 1 solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento de

selección.

• Al respecto, corresponde señalar que, al resolver el primer punto controvertido,

este Colegiado determinó revocar la decisión adoptada por el comité respecto de la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1.

• Por tanto, conforme al análisis efectuado en los fundamentos anteriores,

corresponde disponer que el comité prosiga con la evaluación de la oferta del Impugnante N° 1 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Reglamento, establezca un nuevo orden de prelación y otorgue la buena pro del procedimiento al postor que corresponda.

• Siendo así, no corresponde otorgar la buena pro al Impugnante N° 1 en esta

instancia, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación en este extremo.

• Finalmente, considerando que el recurso de apelación es declarado fundado en

parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante N° 1 presentó como requisito de admisibilidad de su recurso. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y la intervención de los Vocales Jorge Alfredo Quispe Crovetto y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el señor

Adriano Sebastián La Rosa Bardales, fundado en los extremos que solicita se revoque la descalificación de su oferta y se declare la descalificación de la oferta de la empresa Inversiones Kayva Group E.I.R.L. – Inversiones Kayva E.I.R.L., e infundado en el extremo que solicita el otorgamiento de la buena pro en esta instancia, conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la descalificación de la oferta del señor Adriano Sebastián La Rosa Bardales, teniéndola por calificada.

1.2 Declarar la descalificación de la oferta presentada por la empresa Inversiones Kayva Group E.I.R.L. – Inversiones Kayva E.I.R.L. 1.3 Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa Inversiones Kayva Group E.I.R.L. – Inversiones Kayva E.I.R.L. 1.4 Disponer que el comité prosiga con la evaluación de la oferta del señor Adriano Sebastián La Rosa Bardales, establezca el respectivo orden de prelación y otorgue la buena pro al postor que corresponda. 1.5 Devolver la garantía presentada por el señor Adriano Sebastián La Rosa Bardales, al interponer su recurso de apelación.

• Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa

Corporación Cruz Textil S.A.C. – Corcrutex S.A.C., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 003-2026-IPD/CS-1, convocada por el Instituto Peruano del Deporte, para la contratación de bienes “Adquisición de indumentaria para el fortalecimiento del programa academia IPD 2026”, en el extremo que impugna la calificación del señor Luis Humberto Sánchez Flores, e improcedente en el extremo que impugna el otorgamiento de la buena pro, conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 2.1. Confirmar la calificación y evaluación de la oferta presentada por el señor Luis Humberto Sánchez Flores. 2.2. Ejecutar la garantía presentada por la empresa Corporación Cruz Textil S.A.C. – Corcrutex S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

JIMY ROBERT

URETA QUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO

QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.

LUPE MARIELLA

MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE