Resolución N.° 9644-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) considerando que el recurso de apelación será declarado fundado, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del

artículo 132 del Reglamento, corresponde

disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso”. Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7712/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor José Luis Diaz Lazo, en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 011-2026-GRC-C-1, para la “Consultoría de obra para la supervisión de obra PIP: Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del AA.HH. Micaela Bastidas del distrito de Ventanilla – provincia constitucional del Callao – departamento de Callao – CUI N° 2555951”, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 5 de agosto de 2026, el Gobierno Regional de Callao Sede Central, en adelante

la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 011-2026-GRC-C-1, para la “Consultoría de obra para la supervisión de obra PIP: Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del AA.HH. Micaela Bastidas del distrito de Ventanilla – provincia constitucional del Callao – departamento de Callao – CUI N° 2555951”, con una cuantía de S/ 353,374.60 (trescientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y cuatro con 60/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 2 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 12 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Supervisor Ben Hur, integrado por la empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L. y el señor Pedro Jiménez Moscol, en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 318,037.14 (trescientos dieciocho mil treinta y siete con 14/100 soles), de acuerdo a lo siguiente:

Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado Consorcio Supervisor Ben Hur S/ 318,037.14 101.85 1 Adjudicado Jose Luis Diaz Lazo S/ 318,037.14 99.75 (Sorteo electrónico) Calificado. Raul Wilfredo Valdivieso Grado S/ 318,037.14 99.75 (Sorteo electrónico) Calificado. Consorcio Ventanilla FC - - - Descalificado. Megarcon Contratistas Generales S.A.C. - - - No admitido. Construcciones y Servicios Generales Heyal & Junior S.R.L.

• - - No admitido.

José Virgilio Sosa De La Cruz - - - No admitido. Carlos Alberto García Mercado - - - No admitido.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 19 de octubre de 2026, y subsanado

mediante Escrito N° 02 presentado el 21 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor José Luis Diaz Lazo, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y como consecuencia de ello, se revoque la buena pro, y ii) se otorgue la buena pro a su favor; para lo cual expuso los siguientes argumentos: 2.1. Respecto del especialista en calidad, cuestiona la experiencia N° 1, sustentada en una constancia de trabajo del 10 de enero de 2014, presuntamente emitida por la empresa NR Construcciones S.A.C., en la que se señala que el profesional se desempeñó como especialista en calidad en la obra “Pavimentación de calle principal A.H. Santa Rosa – La Matanza – I Etapa”, del 17 de julio al 14 de octubre de 2013. Al respecto, sostiene que, de la revisión de las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 004-2013-MDLM-CEP, convocada por la Municipalidad Distrital de La Matanza para la ejecución de dicha obra, no se advierte que se haya previsto el referido cargo. 2.2. En virtud de ello, cuestiona la veracidad de la constancia presentada, al considerar que el cargo consignado no guarda correspondencia con las Bases del procedimiento de selección al que se vincula la experiencia acreditada.

2.3. Agrega que, de no considerarse válida la experiencia N° 1, el Consorcio Adjudicatario únicamente acreditaría 324 días de experiencia mediante la experiencia N° 2, cantidad insuficiente para cumplir con el mínimo de doce (12) meses exigidos en las Bases para el cargo de especialista en calidad. 2.4. Respecto del especialista ambiental, cuestiona la experiencia N° 1, sustentada en un certificado de trabajo del 10 de agosto de 2024, presuntamente emitido por el representante común del Consorcio Vial, según el cual el profesional se desempeñó como especialista ambiental en la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la zona urbana del centro poblado de Copa Grande del distrito de Marcará – provincia de Carhuaz – departamento de Áncash – I Etapa”, del 26 de setiembre de 2023 al 8 de agosto de 2024. 2.5. Sin embargo, refiere que, conforme a la información registrada en INFOBRAS, específicamente en el acta de recepción de obra y las actas de suspensión de plazo, la ejecución se inició el 10 de octubre de 2023 y estuvo sujeta a cinco (5) suspensiones: del 23 de octubre al 14 de noviembre de 2023; del 9 de febrero al 28 de mayo de 2024; del 5 al 27 de junio de 2024; del 28 de junio al 19 de julio de 2024; y del 20 de julio al 6 de agosto de 2024. 2.6. En ese sentido, sostiene que el certificado contiene información discordante con los registros oficiales, tanto respecto de la fecha de inicio de la obra como del periodo efectivo de prestación, pues las suspensiones señaladas incidirían en el cómputo de los 316 días declarados en el Anexo N° 15. 2.7. Respecto del supervisor de obra, cuestiona el certificado de trabajo del 24 de febrero de 2018, en el que se indica que el profesional se desempeñó como residente de obra en la ejecución de la obra “Habilitación urbana en la ejecución de pistas, veredas y asfaltado en Las Colinas de Piura, Valles del Medio Piura, Predio Miraflores, Sector G, U.C. N° 019889, distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura”, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 23 de febrero de 2018. 2.8. Al respecto, señala que, según el acta de recepción de obra consultada en INFOBRAS, el referido profesional se desempeñó como supervisor de obra del 17 de noviembre de 2017 al 15 de febrero de 2018, en la obra “Rehabilitación de avenida R entre av. Andrés Avelino Cáceres y av. Los Incas, distrito de Piura, provincia de Piura, región Piura, con CUI N° 2367793”.

2.9. Asimismo, indica que, mediante Resolución de la Dirección General de Construcción N° 552-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC, del 3 de diciembre de 2015, se designó al ingeniero Luis Alberto Valdez Girón como supervisor de la actividad “Descolmatación del dren Pedregal I – Sector Valle de Los Incas”, a partir del 20 de noviembre de 2015. 2.10. Añade que, mediante Resolución de la Dirección General de Construcción N° 006-2016/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC, del 7 de enero de 2016, se designó al comité de recepción de la actividad “Descolmatación del dren Pedregal, sector Valle de Los Incas”, ejecutada en el marco del contrato celebrado entre el Gobierno Regional de Piura y la empresa Compact Maquinarias S.A.C., del cual el citado ingeniero formó parte. 2.11. Por tanto, considera que el certificado de trabajo presenta inconsistencias, toda vez que existen documentos oficiales que vinculan al profesional con otras obras y actividades durante el periodo en que supuestamente se habría desempeñado como residente de obra. 2.12. En atención a lo expuesto, sostiene que la experiencia del personal clave del Consorcio Adjudicatario se habría acreditado con documentación que no guarda correspondencia con la información obrante en el SEACE e INFOBRAS, lo que comprometería el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases. 2.13. Finalmente, señala que, a folio 21 de la oferta, obra la constancia del Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L., integrante del Consorcio Adjudicatario. No obstante, de la consulta efectuada en la plataforma del RNP, advierte que dicha empresa no registra experiencia validada en la especialidad de consultoría en obras viales, puertos y afines, circunstancia que cuestiona respecto de su habilitación para acreditar dicha especialidad.

• A través del decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre del mismo año.

• Mediante Escrito N° 02, presentado el 26 de octubre de 2026 al Tribunal, el señor

Raúl Wilfredo Valdivieso Grados, postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación, se apersonó al recurso de apelación, señalando lo siguiente: 4.1. Señala que solicitó a la Entidad acceso al expediente de contratación, al amparo del numeral 79.2 del artículo 79 del Reglamento; sin embargo, afirma que sus requerimientos no fueron atendidos. 4.2. Sostiene que dicha omisión le impidió revisar oportunamente el expediente dentro del plazo previsto en el artículo 304 del Reglamento para interponer recurso de apelación, limitando así el ejercicio de su derecho de impugnación. 4.3. En ese sentido, considera que la conducta de la Entidad vulneró los principios de publicidad y transparencia, previstos en los literales g) e i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como el derecho de defensa y el debido procedimiento de los postores, al privarlos de información necesaria para decidir oportunamente si correspondía ejercer su derecho de impugnación.

• El 27 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico N°

001-2026-GRC/CE, en el cual expuso su posición sobre los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: 5.1. Respecto del especialista en calidad, señala que la ausencia del cargo de especialista en calidad en las Bases de la obra antecedente no acredita que el profesional no haya desempeñado dicha función. Sin embargo, precisa que corresponde verificar si la documentación presentada resulta suficiente para acreditar la experiencia exigida en las Bases Integradas. 5.2. Agrega que, si bien la documentación presentada en los procedimientos de selección se encuentra amparada por el principio de presunción de veracidad, este no impide su fiscalización ante la existencia de elementos objetivos que justifiquen su verificación.

5.3. Respecto del especialista ambiental, indica que, según la información de INFOBRAS y las actas de recepción y suspensión del plazo de ejecución, la obra inició el 10 de octubre de 2023, mientras que el certificado consigna como fecha de inicio de la experiencia el 26 de setiembre de 2023. Al respecto, sostiene que esta diferencia debe sustentarse documentalmente, a fin de acreditar que el profesional efectivamente desarrolló funciones desde la fecha declarada. 5.4. Precisa que la incorporación del especialista pudo producirse antes del inicio material de la obra; no obstante, ello debe acreditarse mediante documentación que demuestre la prestación efectiva de servicios. En consecuencia, considera que el periodo comprendido entre el 26 de setiembre y el 9 de octubre de 2023 no puede reconocerse únicamente sobre la base del certificado de trabajo. 5.5. Asimismo, señala que las suspensiones del plazo de ejecución inciden en la determinación de la experiencia computable, pues debe acreditarse la efectiva prestación de servicios y no únicamente la existencia de un periodo cronológico entre dos fechas. 5.6. No obstante, aclara que la suspensión contractual tampoco demuestra que el especialista haya dejado de prestar servicios durante dichos periodos. Por ello, correspondía verificar, mediante informes, registros u otros documentos idóneos, si continuó desarrollando funciones propias del cargo. En ausencia de dicha acreditación, no resultaría procedente computar automáticamente tales periodos como experiencia efectiva. 5.7. En ese contexto, advierte que el certificado comprende del 26 de setiembre de 2023 al 8 de agosto de 2024 y que en el Anexo N° 15 se declararon 316 días efectivos laborados; sin embargo, dicho cómputo requiere sustento documental que permita conciliarlo con las suspensiones registradas. 5.8. Al respecto, precisa que el periodo certificado comprende 318 días calendario, mientras que las cinco suspensiones suman 196 días calendario. Por tanto, si se descontaran íntegramente estas últimas, resultarían 122 días calendario no comprendidos en los periodos de suspensión, cantidad que difiere de los días declarados. 5.9. Respecto del supervisor de obra, sostiene que la existencia de documentos que consignan distintas actividades o cargos no invalida la experiencia acreditada, por lo que corresponde evaluar su contenido y alcance de manera conjunta. 5.10. En ese sentido, señala que los cargos de residente y supervisor de obra deben analizarse conforme a las exigencias de las Bases, verificando si ambos resultan admisibles o si las funciones efectivamente desempeñadas son compatibles con la experiencia requerida. 5.11. Asimismo, precisa que las resoluciones de designación deben valorarse según su contenido y alcance, pues no constituyen prueba suficiente de la totalidad del periodo de experiencia declarado. 5.12. En cuanto a la coincidencia temporal entre el certificado de trabajo y los periodos consignados en el acta de recepción de otra obra, considera que esta circunstancia debe evaluarse atendiendo a las fechas, las obras involucradas y las reglas de cómputo aplicables. Añade que dicha coincidencia no acredita la falsedad o invalidez del certificado, aunque tampoco autoriza el cómputo duplicado de un mismo periodo cuando ello no resulte admisible. 5.13. Finalmente, sostiene que corresponde determinar el periodo de experiencia efectivamente computable y verificar si, excluyendo cualquier eventual duplicidad, el profesional cumple con el requisito de calificación establecido en las Bases Integradas.

• Con Escrito N° 03, presentado el 27 de octubre de 2026 al Tribunal, el Impugnante

comunicó su desistimiento del recurso de apelación, documento que cuenta con firma legalizada notarialmente.

• A través del decreto del 28 de octubre de 2026, se dejó a consideración de la Sala

el Escrito N° 03 presentado por el Impugnante.

• Mediante decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró no ha lugar la solicitud de

apersonamiento del señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados, postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación.

• El 29 de octubre de 2026, se declaró frustrada la audiencia pública ante la

inasistencia de las partes.

• Con decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. Cuestión Previa: Sobre la solicitud de desistimiento del recurso impugnativo presentada por el Impugnante.

• De la revisión de los actuados, se advierte que, con posterioridad a la interposición

del recurso de apelación y a su admisión mediante decreto del 22 de octubre de 2026, el Impugnante manifestó su voluntad de desistirse del medio impugnativo a través del Escrito N° 03, cuya firma fue legalizada el 27 de octubre de 2026 por el señor Jarol Leveau Acosta, Notario Público de Junín.

• Al respecto, cabe señalar que el artículo 314 del Reglamento establece que el

Impugnante puede desistirse del recurso de apelación mediante escrito con firma legalizada notarialmente o certificada ante el Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP), presentado ante la Entidad contratante o ante el propio Tribunal, según corresponda. No obstante, para que dicho desistimiento resulte procedente, deben concurrir dos condiciones adicionales: i) que la solicitud se formule antes de que se declare que el expediente está listo para resolver; y ii) que el desistimiento no comprometa el interés público.

• Asimismo, el citado artículo dispone que el desistimiento del recurso de apelación

es aceptado mediante resolución por el TCP o por la autoridad de la gestión administrativa de la Entidad contratante, según corresponda, poniendo fin al procedimiento administrativo. De este modo, la procedencia del desistimiento se encuentra supeditada a la verificación concurrente de los siguientes requisitos:

• Escrito con firma legalizada notarialmente o certificada ante el TCP.
• Haberse formulado antes de que el expediente sea declarado listo para

resolver.

• No comprometer el interés público.
• En ese sentido, la sola manifestación de voluntad del Impugnante de desistirse de

su recurso de apelación no determina la conclusión del procedimiento impugnativo, toda vez que corresponde a la autoridad competente verificar previamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 314 del Reglamento, en particular, que la aceptación del desistimiento no comprometa el interés público.

• Sobre el particular, de la revisión del recurso de apelación se aprecia que el

Impugnante solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, alegando que habría presentado documentación con información inexacta como parte de su oferta, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2 de los antecedentes del presente pronunciamiento. Al respecto, cabe precisar que los cuestionamientos formulados por el Impugnante no se circunscriben a la presunta inobservancia de alguna exigencia prevista en las bases del procedimiento de selección, cuyo eventual incumplimiento podría incidir únicamente en la evaluación de las ofertas o en la determinación del postor ganador de la buena pro. Por el contrario, en el presente caso, se ha cuestionado la presunta presentación de información inexacta por parte del Consorcio Adjudicatario, situación que, de ser corroborada, trascendería el ámbito de los intereses particulares de los postores involucrados y comprometería el interés público. En efecto, la eventual presentación de información inexacta en el marco de un procedimiento de selección no solo podría incidir en la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro a favor de un determinado postor, sino que también podría afectar la transparencia y confiabilidad del procedimiento de contratación pública, así como la observancia de los principios de presunción de veracidad y de integridad que rigen las actuaciones de los administrados ante las entidades públicas. En tal sentido, la posibilidad de que la Entidad contrate con un proveedor cuya oferta contendría documentación con información inexacta constituye una circunstancia que reviste especial gravedad y cuya evaluación no puede quedar supeditada exclusivamente a la voluntad de desistimiento del Impugnante. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza de los cuestionamientos formulados y a sus eventuales implicancias en el desarrollo del procedimiento de selección y en la contratación pública, este Colegiado considera que la controversia sometida a conocimiento involucra aspectos que comprometen el interés público.

• En virtud de lo expuesto, este Colegiado considera que no resulta viable aceptar

el desistimiento formulado por el Impugnante, toda vez que ello supondría sustraer de su conocimiento una controversia que involucra aspectos de interés público y respecto de los cuales corresponde emitir un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, la manifestación de voluntad del Impugnante no resulta suficiente para poner fin al procedimiento impugnativo, al no cumplirse la totalidad de las condiciones exigidas por el artículo 314 del Reglamento.

• Por las consideraciones expuestas, no corresponde aceptar el desistimiento del

recurso de apelación presentado por el Impugnante; por tanto, este Colegiado continuará con el análisis de la procedencia del recurso, así como de los cuestionamientos formulados y emitirá pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos materia del procedimiento impugnativo.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público Abreviado para consultoría de obra, con una cuantía de S/ 353,374.60. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 12.10.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles, el 19.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 19.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el propio postor, el señor José Luis Diaz Lazo. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. La oferta del Impugnante fue admitida y calificada. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro, ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se revoque la buena pro del procedimiento de selección. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 22 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 27 de octubre de 2026 para absolverlo.

• En ese sentido, según se aprecia que, con Escrito N° 02 presentado el 26 de

octubre de 2026 al Tribunal, el señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados, postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación, se apersonó al presente procedimiento impugnativo; esto es, dentro del plazo legal establecido. No obstante, cuestionó únicamente que la Entidad no hubiera atendido su solicitud de acceso al expediente de contratación, situación que le impidió revisar oportunamente su contenido y, con ello, evaluar la posibilidad de interponer un recurso de apelación dentro del plazo previsto en el artículo 304 del Reglamento.

• Al respecto, si bien el citado dispositivo habilita a los participantes y postores a

acceder al expediente de contratación una vez otorgada la buena pro, previa solicitud escrita, dicho acceso debe ser atendido por la Entidad, a más tardar, dentro del día hábil siguiente de formulada la solicitud, conforme lo establece el numeral 79.2 del artículo 79 del Reglamento. No obstante, la Entidad no atendió oportunamente el pedido formulado por el señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados, postor que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación, contraviniendo con ello lo expresamente establecido en el Reglamento.

• En esa medida, corresponde que se ponga en conocimiento del Titular de la

Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional tal hecho, para el deslinde de responsabilidades respectivo, respecto de los servidores que trasgredieron el citado dispositivo legal. Asimismo, deberán adoptarse las medidas pertinentes para que situaciones como la ocurrida no vuelvan a suscitarse en el futuro.

• Teniendo ello en cuenta, para la determinación de los puntos controvertidos

deben tomarse en cuenta únicamente los aspectos propuestos por el Impugnante. En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis en el presente procedimiento impugnativo consisten en:

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario

y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación, de acuerdo a lo siguiente: Primer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro.

• El Impugnante cuestiona la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario,

alegando que habría presentado documentación con información inexacta para acreditar la experiencia del personal clave propuesto, conforme a los argumentos que se desarrollan en el acápite de antecedentes de la presente resolución.

• Por su parte, la Entidad remitió su posición respecto de los cuestionamientos

planteados por el Impugnante, conforme a lo señalado también en los

• Atendiendo a ello, el literal B.2 “Experiencia del personal clave” del capítulo III de

la sección específica de las bases integradas estableció, para el cargo de especialista ambiental, lo siguiente:

• De acuerdo con dicho requisito, los postores debían acreditar que el especialista

ambiental propuesto, cuente con una experiencia mínima de doce (12) meses desempeñándose como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental, entre otros, en obras correspondientes a la especialidad y subespecialidad indicadas en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. Asimismo, establecieron que la experiencia del personal clave podía acreditarse mediante cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv) cualquier otra documentación que demostrara fehacientemente la experiencia del personal propuesto. Del mismo modo, las bases integradas exigieron que dicha documentación contenga, como mínimo, los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación, con indicación del día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien lo suscribe.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que

propuso para el cargo de especialista ambiental al señor Alexis Jair Estela Núñez, en tanto que, a folio 168, presentó documentación destinada a acreditar la experiencia de dicho profesional, entre la cual se encuentra el certificado de trabajo del 10 de agosto de 2024, emitido por el Consorcio Vial, cuyo contenido se reproduce a continuación:

• Del referido certificado se aprecia que el señor Alexis Jair Estela Núñez se

desempeñó en el cargo de ingeniero especialista ambiental, en la obra “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la zona urbana del Centro Poblado de Copa Grande del distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash I etapa”, desde el 26 de setiembre de 2023 hasta el 8 de agosto de 2024.

• Sobre el particular, el cuestionamiento del Impugnante radica en que el periodo

consignado en el referido certificado como experiencia continua comprende lapsos durante los cuales la ejecución de la obra habría estado suspendida.

• En ese sentido, de la verificación efectuada por este Colegiado en la plataforma

INFOBRAS de la Contraloría General de la República, respecto de la obra consignada en el fundamento 27 supra, se advierte que, conforme al acta de recepción de obra del 17 de setiembre de 2024, emitida por la Municipalidad Distrital de Marcará, la ejecución de la obra registró cinco (5) periodos de suspensiones: del 23 de octubre al 14 de noviembre de 2023; del 9 de febrero al 28 de mayo de 2024; del 5 de junio al 27 de junio de 2024; del 28 de junio al 19 de julio de 2024; y del 20 de julio al 6 de agosto de 2024, conforme se aprecia a continuación:

• En ese contexto, se advierte que los periodos de suspensión de la ejecución de la

obra identificados en el fundamento 29 del presente pronunciamiento, se encuentran incluidos dentro del periodo que el certificado de trabajo del 10 de agosto de 2024 consigna como experiencia continua del señor Alexis Jair Estela Núñez.

• Sobre este aspecto, corresponde precisar que la experiencia exigida en las bases

debe estar vinculada al ejercicio efectivo de las funciones propias del cargo durante un determinado periodo, por lo que su acreditación no puede sustentarse únicamente en la consignación de fechas de inicio y culminación en un documento, sino que debe existir correspondencia entre el periodo declarado y la prestación efectivamente desarrollada. De ese modo, cuando se presentan suspensiones en la ejecución de la obra en la que el profesional habría prestado servicios, resulta necesario determinar si el periodo comprendido en dichas suspensiones puede ser considerado como parte de la experiencia que se pretende acreditar, para lo cual debe verificarse que durante esos lapsos se hayan desarrollado efectivamente las funciones inherentes al cargo.

• En el presente caso, se encuentra acreditado, mediante el acta de recepción de

obra, que la ejecución de la obra contó con cinco (5) suspensiones. En consecuencia, al no advertirse en la documentación oficial de la obra elementos que acrediten la ejecución de actividades durante dichos periodos, no corresponde reconocer esos días como experiencia efectiva del profesional propuesto. Por tanto, el periodo de experiencia consignado en el certificado de trabajo debía guardar correspondencia con el tiempo durante el cual se desarrollaron efectivamente las funciones cuya acreditación se pretende, sin incluir aquellos lapsos respecto de los cuales no existe sustento suficiente de la prestación realizada. Asimismo, este Colegiado advierte que en el resumen de experiencia profesional presentado como parte de su oferta, el Consorcio Adjudicatario consignó la experiencia cuestionada como un periodo total efectivo, sin efectuar descuento alguno por los periodos correspondientes a las suspensiones previamente identificadas; tal como se muestra a continuación:

En tal sentido, se evidencia que el Consorcio Adjudicatario pretendió acreditar la totalidad del periodo declarado como experiencia efectiva, pese a que este comprendía lapsos en los que la prestación se encontraba suspendida. Cabe señalar en este punto que el Consorcio Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento recursivo y, por ende, no ha aportado elementos que permitan siquiera evaluar alguna situación que desvirtúe la situación que cuestiona el Impugnante.

• Por lo expuesto, este Colegiado considera que existen elementos suficientes que

evidencian la existencia de información discrepante de la realidad en el certificado de trabajo del 10 de agosto de 2024, presentado por el Consorcio Adjudicatario como parte de su oferta.

• Cabe en este punto, traer a colación que en el Acuerdo de Sala Plena N° 004-

2026/TCP del 16 de octubre de 2026, este Tribunal estableció el siguiente criterio: “Si, durante la tramitación de un recurso de apelación, el Tribunal corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar la decisión en el procedimiento recursivo no resulta necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto; este elemento deberá ser examinado, junto con los demás presupuestos del tipo infractor, en el procedimiento administrativo sancionador”.

• En relación con ello, corresponde señalar que la presentación de información no

concordante con la realidad constituye una vulneración del Pacto de Integridad contenido en el Anexo N° 2 de las bases integradas, mediante el cual los integrantes del Consorcio Adjudicatario asumieron el compromiso de actuar con probidad, honestidad, veracidad y buena fe durante todas las etapas del procedimiento de contratación. Dicho compromiso no se limita a la obligación de abstenerse de presentar documentación falsa, sino que comprende también el deber de presentar información veraz y concordante con la realidad. En consecuencia, la conducta advertida en el presente caso evidencia el incumplimiento de dicho compromiso y, adicionalmente, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley.

• Asimismo, corresponde traer a colación el principio de integridad previsto en el

literal d) del artículo 5 de la Ley, conforme al cual la conducta de los participantes, postores y contratistas en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por criterios de honestidad, veracidad, transparencia y corrección, proscribiéndose cualquier actuación orientada a obtener ventajas indebidas mediante la presentación de información falsa o inexacta.

• En consecuencia, se advierte elementos que podrían constituir indicios de la

presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del

artículo 87 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta a la

Entidad, motivo por el cual corresponde poner los actuados en conocimiento de la Secretaría Técnica del Tribunal, a efectos que, de corresponder, abra el respectivo expediente administrativo sancionador contra los proveedores que integran el Consorcio Adjudicatario por la presentación del certificado de trabajo del 10 de agosto de 2024, emitido por el Consorcio Vial.

• De ese modo, este Colegiado considera que resulta inoficioso emitir

pronunciamiento respecto de los demás cuestionamientos formulados contra la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que la presentación de información inexacta constituye una razón suficiente para disponer la descalificación de su oferta. En tal sentido, el análisis de los restantes cuestionamientos no modificará la decisión adoptada.

• Por lo expuesto, esta Sala considera amparable el cuestionamiento formulado por

el Impugnante. En consecuencia, corresponde declarar fundado dicho extremo del recurso de apelación, debiéndose descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor en el procedimiento de selección. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• Sobre este punto, el Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del

procedimiento de selección.

• En relación con ello, debe tenerse en cuenta que, conforme al análisis efectuado

respecto del primer punto controvertido, la oferta del Consorcio Adjudicatario ha sido declarada descalificada. Asimismo, considerando que la oferta del Impugnante fue admitida, calificada y evaluada, ocupando el segundo lugar en el orden de prelación, resulta procedente otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.

• Por lo tanto, la pretensión del Impugnante en este extremo resulta fundada.
• Es menester precisar que, todos los aspectos que no han sido objeto de

cuestionamiento en el presente procedimiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de validez previsto en el artículo 9 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS.

• Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado fundado, en

atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso.

CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

• Sin perjuicio de la decisión adoptada, cabe señalar que el Impugnante hizo de

conocimiento de este Colegiado hechos vinculados con la presentación de otros documentos con supuesta información inexacta por parte del Consorcio Adjudicatario.

• Al respecto, atendiendo a la relevancia de los hechos puestos en conocimiento del

Tribunal y considerando que la fiscalización posterior constituye una potestad de la Entidad destinada a verificar la autenticidad y veracidad de la documentación presentada por los postores durante los procedimientos de selección, corresponde comunicar dichos hechos a la Entidad para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

• En consecuencia, se dispone que la Entidad continúe con las acciones de

fiscalización posterior respecto de los siguientes documentos presentados por el Consorcio Adjudicatario: ➢ Constancia de trabajo de fecha 10 de enero de 2014, emitido por la empresa NR Construcciones S.A.C. ➢ Certificado de trabajo de fecha 24 de febrero de 2018, emitido por la empresa Constructora Declan S.R.L.

• En ese sentido, la Entidad debe remitir a este Tribunal, dentro del plazo de veinte

(20) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente pronunciamiento, un informe detallado sobre las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos como consecuencia de la fiscalización posterior efectuada respecto de los documentos cuestionados, sin perjuicio de la fiscalización posterior que corresponda realizar a la oferta presentada por el Impugnante. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y la intervención de los Vocales Jorge Alfredo Quispe Crovetto y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Rechazar el desistimiento del recurso de apelación, comunicado por el señor José

Luis Diaz Lazo, al encontrarse comprometido el interés público, conforme a los fundamentos expuestos.

• Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el señor José Luis Diaz

Lazo, en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 011-2026-GRC-C-1, convocado por el Gobierno Regional de Callao Sede Central, para la “Consultoría de obra para la supervisión de obra PIP: Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del AA.HH. Micaela Bastidas del distrito de Ventanilla – provincia constitucional del Callao – departamento de Callao – CUI N° 2555951”, conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 2.1. Disponer la descalificación de la oferta del Consorcio Supervisor Ben Hur, integrado por la empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L. y el señor Pedro Jiménez Moscol. 2.2. Revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Supervisor Ben Hur, integrado por la empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L. y el señor Pedro Jiménez Moscol. 2.3. Otorgar la buena pro al señor José Luis Diaz Lazo.

• Devolver la garantía presentada por el señor José Luis Diaz Lazo, al interponer su

recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior, teniendo en

consideración lo señalado en el fundamento 48 del presente pronunciamiento.

• Remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal, en su calidad de órgano

instructor, a efectos que realice las investigaciones correspondientes y, de corresponder, disponga abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Pabur Contratistas Generales E.I.R.L. y el señor Pedro Jiménez Moscol, integrantes del Consorcio Supervisor Ben Hur, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional

y del Titular de la Entidad, a fin de que realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo señalado en el fundamento 17 de la presente resolución.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.

JIMY ROBERT

URETA QUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO

QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

LUPE MARIELLA

MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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