Resolución N.° 9642-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) la falta de legalización notarial de las firmas consignadas en la promesa de consorcio constituye un defecto formal susceptible de subsanación; toda vez que dicha formalidad cumple únicamente la función de autenticar las firmas de los suscriptores, sin que su posterior cumplimiento implique modificar la voluntad expresada en el documento, las obligaciones asumidas por los consorciados ni el contenido esencial de la oferta. (...)” Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7651/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, integrado por las empresas GLOBALCON CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. y JF CONSTRUCTORES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 05-2026-MDO/CS-1 – Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Olleros - Huaraz; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 9

de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Olleros - Huaraz, en adelante la Entidad contratante, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 05- 2026-MDO/CS-1 – Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: IOARR - reparación de puente; en el(la) vía vecinal ruta an-1190, EMP. PE-3N - Jauna - Yunapampa - Emp. PE-3N, km 8+090 (Puente Jauna), distrito de Olleros, provincia Huaraz, departamento Ancash”, con CUI 2685756, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 1’541,035.73 (un millón quinientos cuarenta y un mil treinta y cinco con 73/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

De acuerdo al respectivo cronograma, el 28 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica); y, el 7 de octubre del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO PUENTE JAUNA, integrado por las empresas CONTRATISTAS GENERALES M & G SOLUCIONES S.A.C. y EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ZEUZ E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: Según el “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, registrada en el SEACE el 7 de octubre de 2026, el comité asignó cero (0) puntos a la oferta del CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, integrado por las empresas GLOBALCON CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. y JF CONSTRUCTORES S.A.C. en el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”, conforme a los argumentos que se exponen:

POSTOR

ETAPAS RESULTADO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

BUENA PRO

TÉCNICA OFERTA ECONÓMICA S/ PUNTAJE

TOTAL OP.

CONSORCIO PUENTE

JAUNA ADMITIDO CALIFICADO 100 1,541,035.73 - 105 1 -

CONSORCIO VIRGEN

DE LA PUERTA ADMITIDO CALIFICADO 95 1,541,035.73 - 100 2 -

CONSORCIO

CONEXIÓN ANDINA ADMITIDO CALIFICADO - - - - - -

CONSULTORES &

EJECUTORES DAED

S.A.C.

• Mediante el Escrito N° 1 presentado el 15 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, integrado por los señores GLOBALCON CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. y JF CONSTRUCTORES S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se revalúe su oferta y se le otorgue el máximo puntaje en el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”, se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a favor de su representada, conforme a los argumentos que se exponen: Respecto del factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”

• Cuestiona que el comité haya asignado cero (0) puntos a su oferta en el

factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental”, pues, según sostiene, ambos integrantes del consorcio presentaron certificados ISO 14001:2015, correspondientes a sistemas de gestión ambiental.

• Al respecto, señala que, si bien el comité reconoció la presentación de dichas

certificaciones, consideró que, aun cuando ambos integrantes hayan asumido obligaciones vinculadas con la ejecución de la obra, debía consignarse en el Anexo N° 4 “Promesa de Consorcio” al integrante que asumiría como parte de su obligación las actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental, tales como gestión ambiental, manejo de residuos, medidas de mitigación o control ambiental.

• Al respecto, señala que el comité sustentó su decisión no otorgarle puntaje

en dicho factor en la Resolución N° 3128-2026-TCP-S4, según la cual, la sola obligación de ejecutar el objeto de la contratación no permite interpretar que los integrantes del consorcio hayan asumido actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental que no se encuentren expresamente consignadas en la promesa de consorcio; no obstante, señaló que dicho pronunciamiento corresponde a un supuesto distinto, toda vez que las bases integradas del procedimiento de selección examinado en aquella resolución establecían expresamente que, tratándose de consorcios, los integrantes que realizaran actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental debían acreditar las prácticas correspondientes según las obligaciones asumidas en el consorcio.

• En cambio, precisa que, las bases integradas del presente procedimiento de

selección establecen que, en caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas con el objeto del contrato deben acreditar alguna de las prácticas vinculadas con la sostenibilidad ambiental, sin exigir expresamente que dichas actividades se encuentren individualizadas como obligaciones específicas en la promesa de consorcio.

• En ese contexto, sostiene que existe una diferencia sustancial entre las reglas

previstas en las bases integradas de ambos procedimientos de selección, por lo que considera que el criterio desarrollado en la Resolución N° 3128-2026- TCP-S4 no resulta aplicable al presente caso.

• En consecuencia, solicita que se reevalúe su oferta y se le otorgue el máximo

puntaje en el factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” y; por consiguiente, se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Finalmente, señaló que el comité decidió admitir la oferta de su

representada, pese a que el Anexo N° 4 – “Promesa de Consorcio” obrante en los folios 23 y 24 de su oferta, no contaría con firmas digitales de los consorciados ni se encontraría legalizada notarialmente, por lo que considera que el comité debió requerir la subsanación de dicho documento, conforme a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento. Cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario Respecto del Certificado de trabajo del mes de febrero de 2026

• Señala que en el folio 219 de su oferta el Consorcio Adjudicatario presentó el

Certificado de trabajo del mes de febrero de 2026, mediante el cual se acredita que el ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco se desempeñó como residente de obra en la ejecución del proyecto “Renovación de puente; en el (la) camino vecinal Huaripampa – Kakayoc (Puente Tuctucc y Puente Wacanca), distrito de Olleros, provincia de Huaraz, departamento de Áncash”, desde el 25 de setiembre de 2025 hasta el 21 de enero de 2026; sin embargo, sostiene que de la revisión de los términos de referencia que dio lugar a dicha contratación, se verifica que los puentes comprendidos en dicha contratación presentan luces inferiores a diez (10) metros; por lo que considera que la obra corresponde a la tipología de obras rurales y no a la de obras viales exigida en las bases integradas. Respecto del Certificado de trabajo del 8 de agosto de 2025

• Asimismo, precisa que en el folio 218 de la oferta del Consorcio Adjudicatario

obra el Certificado de trabajo del 8 de agosto de 2025, mediante el cual se acredita que el ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco se desempeñó como residente de obra en el proyecto de “Renovación de un puente ubicado en el sector Gaganani, centro poblado de Pomallucay, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Áncash”, desde el 8 de mayo de 2025 hasta el 30 de julio de 2025; no obstante, precisa que conforme a los términos de referencia que dio lugar a dicha contratación, se advierte que el referido proyecto contempla la construcción de un puente de seis (6) metros de luz, por lo que considera que dicha contratación corresponde a la tipología de obras rurales y no a la de obras viales. Respecto de la Constancia de conformidad de servicio del 1 de diciembre de 2024

• Del mismo modo, indica que en el folio 217 de la oferta del Consorcio

Adjudicatario obra la Constancia de conformidad de servicio del 1 de diciembre de 2024, mediante la cual se acredita que el ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco prestó servicios como jefe de supervisión de obra en el proyecto denominado “Renovación del puente, en el (la) puente Gueshual, del camino vecinal AN 593, EMP. PE-14C (Pomabamba) – Jancapampa, distrito de Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Áncash”; no obstante, precisa que dicha experiencia presente una presunta incongruencia, toda vez que, si bien la constancia lo identifica como jefe de supervisión de obra, en el Acta de Recepción de Obra emitida por la Municipalidad Provincial de Pomabamba, correspondiente al mismo proyecto, el referido profesional figura como segundo miembro del comité de recepción de obra, en representación de la Entidad contratante.

• Sobre el particular, precisa que el Acta de Recepción de Obra,

correspondiente a la actuación efectuada el 19 de agosto de 2025, identifica al ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco como integrante del comité de recepción de obra, circunstancia que, a su criterio, genera dudas respecto de la experiencia acreditada mediante la constancia presentada.

• Asimismo, señala que, de la búsqueda efectuada en el portal público de

proveedores del Estado, la empresa Constructora & Consultora Aurora E.I.R.L. no figuraría como adjudicataria del servicio de supervisión correspondiente.

• Por lo tanto, sostiene que la conformidad de la prestación debió ser emitida

por la Entidad contratante, esto es, la Municipalidad Provincial de Pomabamba, y no por la empresa antes mencionada, por lo que cuestiona la validez del documento presentado para acreditar la experiencia del profesional propuesto. Respecto de la Constancia de conformidad de servicio del 10 de marzo de 2020

• También, indica que en el folio 214 de la oferta del Consorcio Adjudicatario

obra la Constancia de conformidad de servicio del 10 de marzo de 2020, mediante el cual se acredita que el señor Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco laboró como ingeniero residente en el proyecto “Renovación de puente de carretera; en el (la) tramo 1-1734 – puente parco en la localidad de Parco, distrito de Fidel Olivas Escudero, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento de Ancash”, desde el 12 de diciembre del 2019 hasta el 19 de diciembre del 2019 y del 15 de enero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2,020 (periodo de trabajo 52 días calendarios); sin embargo, precisa que dicha experiencia no corresponde a la tipología de obras viales, sino a obras rurales, toda vez que, la recepción de obra emitida por la Municipalidad Distrital de Fidel Olivas Escudero, señala que el puente comprendido en el proyecto presentaba una luz inferior a diez (10) metros.

• Asimismo, sostiene que existiría una inconsistencia respecto del primer

periodo de prestación consignado en la constancia, debido a que el Acta de Recepción de Obra refleja que el 19 de diciembre de 2019 la ejecución de la obra se encontraba suspendida, circunstancia que, a su criterio, debía ser considerada al verificar la experiencia acreditada. Respecto de la Constancia de conformidad de servicio del 13 de diciembre de

• Del mismo modo, precisa que en el folio 209 de la oferta del Consorcio

Adjudicatario obra la Constancia de conformidad de servicio del 13 de diciembre de 2019, mediante la cual se acredita que el ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco prestó servicios como ingeniero residente en el proyecto denominado “Reconstrucción de tramo 1-1761 – Puente Quinuabamba Oconal La Zanja, desde zona urbana hasta barrio Taracucho, distrito de Quinabamba, provincia de Pomabamba, Áncash”, desde el 9 de octubre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019; no obstante, indica que conforme al Acta de Recepción de Obra emitida por la Municipalidad Distrital de Quinabamba el 9 de diciembre de 2019, el puente comprendido en dicha contratación presenta una luz inferior a diez (10) metros, por lo que considera que dicha obra corresponde a la tipología de obras rurales y no a la de obras viales.

• En atención a los argumentos expuestos, concluye que la documentación

presentada por el Consorcio Adjudicatario no permite acreditar la experiencia mínima de veinticuatro (24) meses exigida en las bases integradas para el profesional propuesto como residente de obra.

• Solicitó el uso de la palabra.
• Por medio del Decreto del 16 de octubre de 2026, notificado a través del Toma

Razón Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 22 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el 16 de octubre de 2026.

• Mediante el Escrito N° 2 presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Oficio N° 409-2026-MDO/A presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes Digital del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Por medio del Escrito N° 1-2026 presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo, conforme al siguiente detalle: En cuanto a la evaluación técnica de la oferta del Consorcio Impugnante Respecto del factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”

• Refiere que la asignación de cero (0) puntos en el factor de evaluación

“Sostenibilidad Ambiental”, se encuentra conforme con las bases integradas, toda vez que, si bien los integrantes del Consorcio Impugnante presentaron certificaciones ISO 14001, en el Anexo N° 4 – “Promesa de Consorcio” ninguno de ellos asumió expresamente obligaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental, habiéndose consignado únicamente aquellas vinculadas con la ejecución de la obra, el aporte de experiencia y los trámites ante el Registro Nacional de Proveedores.

• Por tanto, solicita que se aplique al presente caso el criterio desarrollado en

las Resoluciones N° 3128-2026-TCP-S4 y N° 05398-2026-TCP-S6, al considerar que los supuestos analizados en dichos pronunciamientos guardan similitud con los hechos materia de controversia

• En consecuencia, concluye que corresponde confirmar la decisión del comité

de asignar cero (0) puntos a la oferta del Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental”, al considerar que no cumple con las condiciones establecidas en las bases para la obtención del puntaje correspondiente.

• Por otro lado, señala que para corregir la deficiencia contenida en el Anexo

N° 4 “Promesa de consorcio”, referida a la falta de firmas legalizadas notarialmente, el Consorcio Impugnante cuestionó la admisión de su propia oferta; sin embargo, precisa que dicho argumento debe ser rechazado de plano al desnaturalizar el régimen de recursos impugnativos. En cuanto a los cuestionamientos efectuados a su oferta

• Señala que el Consorcio Impugnante cuestiona la experiencia del profesional

propuesto como residente de obra, bajo el argumento de que los certificados de trabajo presentados corresponden a puentes con luces inferiores a diez (10) metros, específicamente de seis (6) y ocho (8) metros y que, por lo tanto, dichas prestaciones correspondería a obras rurales y no obras viales.

• No obstante, sostiene que dicho cuestionamiento carece de sustento; toda

vez que el clasificador de especialidades, subespecialidades y tipologías de obras, aprobado por la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Resolución Directoral N° 0016-2025- EF/54.01, contempla expresamente la tipología “Puentes” dentro de la subespecialidad “Obras viales”, correspondiente a la especialidad “Viales, puertos y afines”, sin establecer una longitud mínima de luz para su clasificación.

• En ese sentido, precisa que la referida clasificación no establece distinciones

entre puentes en función de la longitud de su luz, por lo que considera que las estructuras destinadas al tránsito vehicular, conformadas por estribos de concreto y vigas o losas armadas, se encuentran comprendidas en dicha tipología, independientemente de que presenten luces de seis (6), ocho (8) o más metros.

• Asimismo, señala que el numeral 3.6.1 de las bases integradas, obrante en la

página 40, establece la especialidad “Obras viales, puertos y afines” y contempla las subespecialidades “Obras rurales” y “Obras viales”, precisando que los postores podían acreditar experiencia en cualquiera de las tipologías comprendidas en las subespecialidades consignadas en dichas bases.

• Por tanto, sostiene que la distinción planteada por el Consorcio Impugnante

respecto de si los puentes con luces inferiores a diez (10) metros corresponden a obras rurales o viales carece de relevancia para determinar el cumplimiento del requisito de experiencia, toda vez que ambas subespecialidades fueron admitidas en las bases integradas. Asimismo, considera que exigir una luz superior a diez (10) metros implicaría incorporar una condición no prevista en dichas bases, contraviniendo los principios de transparencia y libertad de concurrencia. Respecto del Certificado de trabajo del mes de febrero de 2026

• Señala que dicho certificado corresponde a la renovación de dos puentes

ubicados en un camino vecinal, cuyas luces son de seis (6) y ocho (8) metros, respectivamente, y que el Consorcio Impugnante cuestiona dicha experiencia por considerar que tales estructuras no corresponden a obras viales. Al respecto, sostiene que la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01 contempla la tipología «Puentes» sin establecer distinciones en función de la longitud de su luz, por lo que considera que dicha experiencia cumple con la especialidad requerida. Respecto del Certificado de trabajo del 8 de agosto de 2025

• Precisa que la experiencia acreditada mediante dicho certificado

corresponde a la ejecución de un puente carrozable de concreto armado, desarrollado en el marco de un procedimiento de adjudicación simplificada, por lo que sostiene que dicha prestación se encuentra comprendida en la tipología de obras viales, conforme a lo requerido en las bases integradas. Respecto de la Constancia de conformidad de servicio del 1 de diciembre de 2024

• Refiere que el Consorcio Impugnante cuestiona la referida constancia debido

a que fue emitida por la empresa privada Constructora & Consultora Aurora E.I.R.L. y a que el ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco figura como segundo miembro del comité de recepción de obra; no obstante, precisa que la empresa emisora fue la encargada de la supervisión de la obra y que, en dicha condición, contrató al referido profesional como jefe de supervisión, dado que el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento permite acreditar experiencia mediante certificados emitidos por personas jurídicas privadas.

• Asimismo, refiere que, en el acápite 14 del Acta de Recepción de Obra,

obrante en el folio 75 del recurso de apelación, se identifica expresamente al ingeniero Wilder Ricardo Aguilar Ciriaco como supervisor de obra, con CIP N° 105425. En ese sentido, sostiene que su participación como segundo miembro del comité de recepción, en calidad de asesor técnico, se encuentra amparada en el artículo 208 del Reglamento, por lo que dicha circunstancia no constituiría una contradicción, sino que confirmaría su participación efectiva en la ejecución de la obra. Respecto de la Constancia de conformidad de servicio del 10 de marzo de 2020

• Señala que el Consorcio Impugnante cuestiona la experiencia acreditada

mediante dicha constancia, al considerar que existiría una incongruencia debido a que la ejecución de la obra fue suspendida el 19 de diciembre de 2019. Al respecto, precisa que tanto la constancia obrante en el folio 214 como el Anexo N° 19 de su oferta consignan dos periodos de prestación: (i) del 12 hasta el 19 de diciembre de 2019, equivalente, según refiere, a siete (7) días; y (ii) del 15 de enero hasta el 29 de febrero de 2020, equivalente, según su cálculo, a cuarenta y cinco (45) días, acumulando un total de cincuenta y dos (52) días de experiencia.

• A partir de ello, sostiene que el periodo comprendido entre el 20 de

diciembre de 2019 y el 14 de enero de 2020 no fue computado ni cobrado, debido a que la obra se encontraba suspendida, lo que considera concordante con la información contenida en el Acta de Recepción de Obra, obrante en el folio 213 del recurso de apelación. Por tanto, concluye que no existe la incongruencia alegada por el Consorcio Impugnante, toda vez que el periodo de suspensión fue excluido del cómputo de experiencia. Respecto de la Constancia de conformidad de servicio del 13 de diciembre de

• Precisa que dicha constancia corresponde a la ejecución de un puente

vehicular de seis (6) metros de luz, conformado por estribos y losa de concreto, destinado al tránsito vehicular en una vía vecinal. En ese sentido, sostiene que dicha prestación se encuentra comprendida en la tipología “Puentes”.

• El 21 de octubre de 2026, la Entidad contratante registró en el SEACE el Informe

Técnico N° 004-2026-MDO/CS-1 y el Informe Legal N° 204-2026-MDO/DMRL/ALE; a través de los cuales absolvió el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo, conforme al siguiente detalle:

• Ratifica la decisión del comité de asignar cero (0) puntos a la oferta del

Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”, debido a que ninguno de sus integrantes asumió obligaciones vinculadas con la gestión ambiental en la promesa de consorcio.

• Asimismo, ratifica la decisión del comité de calificar la oferta del Consorcio

Adjudicatario, al considerar que la Resolución Directoral N° 0016-2025- EF/54.01 clasifica la tipología “puentes” dentro de “Obras viales”, sin establecer restricciones respecto de la luz estructural, y que las bases integradas contemplaron como subespecialidades válidas tanto “obras rurales” como “obras viales”.

• Mediante el Decreto del 22 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

presente procedimiento al Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo.

• El 22 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes designados por el Consorcio Impugnante, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad contratante1.

• A través del Decreto del 22 de octubre de 2026, se solicitó al Consorcio

Impugnante, Consorcio Adjudicatario y a la Entidad contratante pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, en los siguientes términos: “(…)

• Según el “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de ofertas y

otorgamiento de la buena pro”, registrada en el SEACE el 7 de octubre de 2026, el comité tuvo por admitida, calificada y evaluada la oferta del CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA, integrado por las empresas GLOBALCON CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. y JF CONSTRUCTORES S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, ubicándolo en el segundo lugar del orden de prelación del procedimiento de selección.

• Sin embargo, de la revisión del recurso de apelación se advierte que el comité habría

admitido la oferta del Consorcio Impugnante, pese a que el Anexo N° 4 – “Promesa de Consorcio” no contaría con firmas digitales ni legalizadas notarialmente. Cabe precisar que, mediante el Informe Legal N° 204-2026-MDO/DMRL/ALE, la Entidad contratante advirtió una presunta irregularidad en la admisión de dicha oferta, al considerar que el referido documento no cumplía con las formalidades exigidas en las bases integradas. Al respecto, el artículo 71 del Reglamento establece que la admisión de ofertas consiste en verificar la presentación de los documentos mínimos previstos en el numeral 69.1 del 1 En representación del Consorcio Impugnante hizo el uso de la palabra el señor José Armando Rivadeneyra Carranza; en representación del Consorcio Adjudicatario el abogado Benito Agreda Pérez y; en representación de la Entidad contratante el señor Didmar Jhonatan Solís Domínguez.

artículo 69 de esta norma, entre ellos, la promesa de consorcio con firmas digitales o, en su defecto, firmas legalizadas notarialmente. A su vez, el numeral 72.2 del artículo 72 del mismo cuerpo normativa dispone que los evaluadores revisan los requisitos de calificación de las ofertas que hayan sido admitidas.

• A partir de lo expuesto, se advierte que el comité habría efectuado la admisión, calificación

y evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, pese a que su promesa de consorcio no contaría con las firmas exigidas para su admisión; situación que habría vulnerado el procedimiento regular previsto, así como lo dispuesto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, según el cual, durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal, siempre que ello no altere el contenido esencial de su oferta, precisando que dicha subsanación es preclusiva en cada etapa y se efectúa a través de la Pladicop.

• Bajo dicho contexto, se observa que tal actuación evidenciaría una posible alteración al

procedimiento regular previsto para el desarrollo del procedimiento de selección, toda vez que el comité habría continuado con la calificación y evaluación de una oferta que no cumpliría con las exigencias establecidas en las bases integradas para otorgarle la condición de admitida, ubicándola finalmente en segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección.

• En consecuencia, lo advertido anteriormente, contravendría el numeral 5 del artículo 3 del

Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, así como el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Además, el artículo 71, el numeral 72.2 del artículo 72 y el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento de la Ley 32069 (…)”.

• Mediante el Informe Técnico N° 003-2026-MDO/CS-1 presentado el 29 de octubre

de 2026 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad contratante absolvió el traslado de presuntos vicios de nulidad, solicitando que se declare la nulidad del procedimiento de selección, al considerar que el comité admitió la oferta del Consorcio Impugnante pese a que el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio” no contaba con firmas legalizadas y que, en consecuencia, se retrotraiga el procedimiento a la etapa de admisión de ofertas, a fin de que el comité disponga el inicio del procedimiento de subsanación de ofertas.

• Por medio del Decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo

para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento de selección convocado estando en vigencia la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

1 Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT).2 Licitación Pública Abreviada de Obras con una cuantía de S/ 1’541,035.73 (un millón quinientos cuarenta y un mil treinta y cinco con 73/100 soles). Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.3 El recurso de apelación se dirige contra la evaluación técnica de la oferta del Consorcio Impugnante y la calificación del Consorcio Adjudicatario, así como el otorgamiento de la buena pro a favor de este último. Por lo tanto, corresponde continuar con la evaluación de los demás criterios de procedencia. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.4 La notificación del acto impugnado fue el 07.10.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles el 15.10.20265. El recurso de apelación fue interpuesto el 15.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso fue suscrito por el señor José Armando Rivadeneyra Carranza en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio adjunto al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e) y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí 2 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 3 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 4 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

5 Considerando que el 8 de octubre de 2026, fue declarado feriado por “Combate de Angamos”.

Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante cuestiona la evaluación técnica de su oferta y la calificación del Consorcio Adjudicatario; por consiguiente, el otorgamiento de la buena pro. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. El Consorcio Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Al respeto, el literal j) del artículo 308 del Reglamento, establece que, constituye una causal de improcedencia del recurso de apelación, la falta de interés para obrar o legitimidad procesal, entendida como la condición que habilita al administrado a formular cuestionamientos respecto de un acto del que ha sido parte y que, considera, le causa agravio. En concordancia con lo anterior, el numeral 206.1 del artículo 2026 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso Sí correspondiente que en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Bajo dicho contexto, debe precisarse que quien efectúa la impugnación debe alegar un interés legítimo o afectación directa a un derecho subjetivo, es decir, debe alegarse un agravio directo, específico y personalizado. En el presente caso, de la revisión del escrito de apelación, se advierte que una de las pretensiones del Consorcio Impugnante se encuentra orientada a cuestionar la admisión de su propia oferta, al sostener que el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio” carecía de firmas legalizadas notarialmente, solicitando que se revoque dicha decisión y se disponga la subsanación del referido documento. Sin embargo, este Colegiado advierte que la decisión de admitir su oferta no le ocasionó agravio alguno, pues, por el contrario, le permitió continuar en el procedimiento de selección, superar las etapas correspondientes y ubicarse finalmente en el segundo lugar del orden de prelación. Por consiguiente, no se configura un agravio que justifique el ejercicio de la facultad de contradicción, ni se advierte una necesidad de tutela que habilite al referido postor a solicitar la revocación de su propia admisión.

Por lo tanto, este Colegiado considera que, conforme a lo dispuesto en el literal j) del

artículo 308 del Reglamento, el

Consorcio Impugnante carece de interés para obrar respecto de la pretensión dirigida a cuestionar la admisión de su propia oferta; sin perjuicio que, en el desarrollo del presente procedimiento, este Tribunal pueda abordar de oficio este hecho, en el marco de su facultad prevista en el literal a) del numeral 70 del artículo 70 de la Ley. Por otro lado, se aprecia que el Consorcio Impugnante ha cuestionado la evaluación técnica de su oferta. Por lo tanto, este Tribunal aprecia que, de determinarse irregular, la decisión del comité de no asignarle puntaje en el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”, le causaría agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por ende, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar, en dicho extremo.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES
• El Consorcio Impugnante ha solicitado a este Tribunal, lo siguiente:
• Se revalúe su oferta y se le otorgue el máximo puntaje en el factor de

evaluación “Sostenibilidad ambiental”.

• Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.
• Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor de su

representada. Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó lo siguiente

• Se confirme el puntaje otorgado a la oferta del Consorcio Impugnante en el

factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”.

• Se confirme la calificación de su oferta.
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada.
• Se declare infundado el recurso de apelación.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad contratante y a los postores distintos a los impugnantes que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 16 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE6, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 21 del mismo mes y año. Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante el Escrito N° 1-2026 presentado, precisamente el 21 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario presentó su escrito, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Consorcio Impugnante en la determinación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos

a dilucidar, son los siguientes: ➢ Determinar si corresponde otorgar los cinco (5) puntos a la oferta del Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”; y si, como consecuencia de ello, debe establecerse un nuevo orden de prelación y revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma. ➢ Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 6 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.

selección a favor del Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar los cinco (5) puntos a la oferta del Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”; y si, como consecuencia de ello, debe establecerse un nuevo orden de prelación y revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.

• Según el “Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación, calificación de

ofertas y otorgamiento de la buena pro”, registrada en el SEACE el 7 de octubre de 2026, el comité asignó cero (0) puntos a la oferta del Consorcio Impugnante, al considerar que, si bien sus integrantes presentaron Certificados ISO 14001:2015, en el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio” no se estableció expresamente que alguno de ellos asumiría obligaciones vinculadas con la sostenibilidad ambiental, tales como la gestión ambiental, el manejo de residuos, las medidas de mitigación, el control ambiental u otras actividades de naturaleza ambiental relacionadas con la ejecución contractual.

• Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante sostuvo que las bases integradas

del procedimiento de selección no exigían que las actividades vinculadas con la sostenibilidad ambiental fueran individualizadas como obligaciones específicas en la promesa de consorcio. Sin perjuicio de ello, puso en conocimiento que su promesa de consorcio carecía de firmas legalizadas. Cabe precisar que dichos argumentos se encuentran desarrollados en el numeral 2 de los antecedentes.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad contratante presentaros sus

argumentos, conforme a lo señalado en los numerales 6 y 7 de los antecedentes, respectivamente.

• Ahora bien, considerando que, en el presente caso, este Tribunal ha tomado

conocimiento de una presunta deficiencia en el Anexo N° 4 – “Promesa de Consorcio” presentado por el Consorcio Impugnante, corresponde revisar previamente las bases integradas del procedimiento de selección, a efectos de determinar las exigencias que debía cumplir dicho documento para su presentación como parte de la oferta y verificar si se configura la deficiencia advertida. Bajo dicho contexto, el literal e) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, establece como requisito de admisión de ofertas, el Anexo N° 4 – “Promesa de consorcio”, conforme al siguiente detalle:

De la disposición citada, se advierte que, para la admisión de sus ofertas, los postores debían presentar el Anexo N° 4 – “Promesa de consorcio”, con firmas digitales o legalizadas, consignando la identificación de sus integrantes, el representante común, el domicilio común, las obligaciones asumidas por cada consorciado y los porcentajes equivalentes a su obligación.

• En el presente caso, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se

aprecia que en los folios 23 y 24 presentó el Anexo N° 4 – “Promesa de consorcio”, cuyo contenido es el siguiente:

• Como puede advertirse, dicho documento se encuentra suscrito por los

representantes de las empresas Globalcon Constructores y Consultores S.R.L. y JF Constructores S.A.C., integrantes del Consorcio Impugnante; sin embargo, dichas firmas no se encuentran legalizadas notarialmente (ni se aprecia que se hayan empleado firmas digitales), pese a que las bases integradas exigían expresamente el cumplimiento de dicha formalidad para las firmas manuscritas consignadas en la promesa de consorcio. En ese contexto, este Colegiado advierte que el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio” presentado por el Consorcio Impugnante no cumplía con la formalidad exigida en las bases integradas; situación que, debió ser advertida por el comité durante la revisión de los documentos requeridos para la admisión de ofertas, a efectos de determinar la procedencia de su subsanación, conforme a la normativa aplicable. No obstante, conforme se desprende del acta de otorgamiento de la buena pro, se observa que el comité admitió la oferta del Consorcio Impugnante, pese a la deficiencia advertida, y continuó con su calificación y evaluación, ubicándola finalmente en segundo lugar del orden de prelación.

• Llegado a este punto, considerando que la irregularidad advertida se encuentra

relacionada con la falta de legalización notarial de las firmas consignadas en la promesa de consorcio, corresponde determinar si dicho defecto constituye un supuesto susceptible de subsanación, conforme a lo previsto en el artículo 78 del Reglamento, cuyo contenido se reproduce, a continuación: “Artículo 78. Subsanación de las ofertas 78.1. Durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados en la precalificación y/o presentación de ofertas, siempre que no alteren su contenido esencial, respetando el principio de igualdad de trato. Esta subsanación es preclusiva a cada etapa y se realiza a través de la Pladicop. 78.2. Son subsanables los documentos emitidos por entidades públicas o privadas ejerciendo función pública, o la omisión de su presentación, siempre que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 78.3. En las modalidades de pago a precios unitarios, esquema mixto, pago por consumo y tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección a los evaluadores, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados. 78.4. Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo de dos días hábiles contabilizados desde el día siguiente de la notificación al postor, pudiendo la entidad contratante otorgar al postor un plazo adicional de dos días hábiles para la subsanación pertinente a solicitud del postor. La solicitud de ampliación de plazo se otorga en un plazo no mayor de dos días hábiles de recibida, caso contrario se considera autorizada. [El énfasis es agregado]

• De la disposición citada, este Tribunal advierte que la falta de legalización notarial

de las firmas consignadas en la promesa de consorcio constituye un defecto formal susceptible de subsanación; toda vez que dicha formalidad cumple únicamente la función de autenticar las firmas de los suscriptores, sin que su posterior cumplimiento implique modificar la voluntad expresada en el documento, las obligaciones asumidas por los consorciados ni el contenido esencial de la oferta.

• Bajo dicho contexto, este Colegiado considera que la actuación del comité no se

ajustó al procedimiento previsto en la normativa aplicable; toda vez que admitió la oferta del Consorcio Impugnante sin verificar el cumplimiento de la formalidad exigida para el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio” y sin requerir oportunamente la subsanación de la deficiencia advertida, conforme al procedimiento previsto en el artículo 78 del Reglamento. En consecuencia, alteró el desarrollo del procedimiento de selección, pues el comité continuó con la calificación y evaluación, ubicándola finalmente en el segundo lugar del orden de prelación, pese que presentada una deficiencia formal en uno de los documentos exigidos para su admisión de la misma. En este punto, debe precisarse que el vicio advertido no solo se limita al incumplimiento de la formalidad exigida para la promesa de consorcio, sino que incide en la validez de la decisión del comité de admitir la oferta del Consorcio Impugnante, pese a que, conforme se ha expuesto, no correspondía otorgarle dicha condición. Por consiguiente, dicha irregularidad también alcanza a las actuaciones posteriores, pues, el comité continuó con la evaluación de la oferta de dicho postor, confiriéndole finalmente la condición de postor admitido, calificado y en segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG establece, como uno de los requisitos de validez del acto administrativo, el procedimiento regular, en virtud del cual, antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Sin embargo, en el presente caso, resulta evidente que dicho requisito no fue observado, toda vez que el comité tuvo por admitido, calificado y evaluado la oferta del Consorcio Impugnante, pese al incumplimiento del requisito de admisión advertido anteriormente.

• En ese contexto, teniendo en cuenta que este Colegiado ha advertido la existencia

de posibles vicios de nulidad, vinculados al tema en controversia, se corrió traslado al Consorcio Impugnante, Consorcio Adjudicatario y a la Entidad contratante, concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo, emitan pronunciamiento sobre una posible contravención al numeral 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG, así como el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley. Además, el artículo 71, el numeral 72.2 del artículo 72 y el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento.

• Al respecto, la Entidad contratante solicitó se declare la nulidad del procedimiento

de selección, al considerar que el comité admitió la oferta del Consorcio Impugnante pese a que el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio” no contaba con firmas legalizadas, conforme se desprende del numeral 11 de los antecedentes.

• Cabe precisar que el Consorcio Impugnante y el Consorcio Adjudicatario no

remitieron argumentos respecto del traslado de presuntos vicios de nulidad.

• Llegado a este punto, es importante señalar que, conforme al principio de

transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, las Entidades contratantes deben proporcionar reglas y criterios claros y accesibles, de manera que todas las etapas del proceso de contratación sean comprensibles para los proveedores, garantizando, además el acceso público y oportuno a la información. Además, el acceso a plataformas, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable para el usuario y oportuno, de modo que se garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil.

• Bajo dicho principio, corresponde que el órgano evaluador desarrolle las

actuaciones conducentes a cada etapa del procedimiento de selección, conforme al procedimiento previsto en la normativa de contratación pública, de manera que se garantice el cumplimiento de cada exigencia y/o requisito establecido en las bases, y se determine la condición efectiva que corresponde a cada postor en atención de los documentos presentados en su oferta. En ese sentido, la admisión, calificación y evaluación de las ofertas deben desarrollarse con sujeción a las reglas que regulan cada una de dichas etapas, de modo que las decisiones adoptadas por el órgano evaluador respondan al cumplimiento efectivo de las exigencias previstas en la normativa aplicable.

• Sobre el particular, cabe precisar que, conforme al artículo 71 del Reglamento, la

admisión de ofertas consiste en verificar la presentación de los documentos mínimos establecidos en el numeral 69.1 del artículo 69 del mismo cuerpo normativo, cuyo literal d) contempla, entre otros requisitos, la presentación de la promesa de consorcio con firmas digitales o, en su defecto, firmas legalizadas Por su parte, el numeral 72.2 del artículo 72 del Reglamento establece que los evaluadores revisan los requisitos de calificación de las ofertas que hayan sido admitidas. En concordancia con dichas disposiciones, las bases integradas del procedimiento de selección exigían expresamente la presentación del Anexo N° 4 “Promesa de consorcio”, con las formalidades antes señaladas. De las disposiciones citadas, se observa que la admisión de una oferta implica la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para dicha etapa, por lo que, de advertirse una deficiencia susceptible de subsanación, corresponde proceder conforme al mecanismo previsto en el artículo 78 del Reglamento antes de determinar definitivamente su admisión y continuar con las actuaciones posteriores.

• Sin embargo, conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, en el presente

caso, se evidencia que el comité declaró admitida la oferta del Consorcio Impugnante, pese a que la promesa de consorcio no contaba con firmas legalizas (omitiendo incluso requerir la subsanación de dicha deficiencia en la oportunidad correspondiente), disponiendo, por el contrario, continuar con la calificación y evaluación de la oferta del citado postor, ubicándolo finalmente en segundo lugar del orden de prelación.

• En ese contexto, este Colegiado considera que la actuación del comité contravino

el procedimiento regular previsto para la admisión de ofertas, al haber otorgado al Consorcio Impugnante la condición de postor admitido, pese a que, conforme se ha expuesto anteriormente, no le correspondía tal condición, ante la deficiencia advertida en su promesa de consorcio. Por consiguiente, tampoco correspondería determinar su condición de postor calificado y en segundo lugar en el orden de prelación.

• En consecuencia, este Tribunal concluye que, en el presente caso, se ha

contravenido el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, así como el artículo 71, el numeral 72.2 del artículo 72 y el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento.

• Bajo dicho contexto, cabe traer a colación el literal a) del numeral 70.2 del artículo

70 de La Ley, el cual dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos emitidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto.

• En esa línea, en el presente caso, los vicios incurridos resultan trascendentes, toda

vez que se ha vulnerado el numeral 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG, el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, así como el artículo 71, el numeral 72.2 del artículo 72 y el numeral 78.1 del

artículo 78 del Reglamento.

Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables7. En consecuencia, en el presente caso, no se verifica que exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo; razón por la cual corresponde se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido

en el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad parcial del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de “admisión de ofertas”. En este punto, cabe recordar que, de acuerdo con el numeral 13.2 del artículo 13 del TUO de la LPAG, la nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula. En tal sentido, considerando que, en el presente caso, el vicio advertido anteriormente afecta únicamente la esfera jurídica del Consorcio Impugnante, conforme a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, la nulidad parcial recaerá exclusivamente sobre la decisión adoptada por el comité respecto de la situación del citado postor.

• Siendo así, considerando que este Tribunal declarará de oficio la nulidad parcial

del procedimiento de selección y lo retrotraerá hasta la etapa de “admisión de 7 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente (negrita agregada).

ofertas”, conforme a lo señalado de forma precedente, el comité deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Deberá requerir al Consorcio Impugnante la subsanación de su oferta, en el

extremo referido a la falta de legalización notarial de firmas en el Anexo N° 4 “Promesa de consorcio”, otorgándole para tal efecto el plazo correspondiente, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en artículo 78 del Reglamento.

• Asimismo, una vez efectuada la subsanación o vencido el plazo otorgado sin

que esta se haya realizado, el comité deberá continuar con las actuaciones correspondientes, debiendo otorgar la buena pro del procedimiento de selección al postor que corresponde.

• Por lo tanto, y en la medida que el procedimiento de selección será declarado nulo,

carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos formulados en el presente caso.

• En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará de oficio la nulidad parcial del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Consorcio Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la interposición de su recurso de apelación.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan de los vicios advertidos y adopten las medidas del caso conforme a sus facultades.

• Por último, cabe precisar que este Tribunal ha tomado conocimiento que la oferta

del Consorcio Adjudicatario contendría supuesta información inexacta, según se observa de los argumentos desarrollados en el numeral 2 de los antecedentes. Al respecto, atendiendo a que no existen elementos que enervan el principio de presunción de veracidad y en vista de los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver, corresponde que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior a la oferta del Consorcio Adjudicatario, en atención a los cuestionamientos efectuados, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles de publicada la presente resolución, bajo responsabilidad. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y la intervención de los vocales Christian César Chocano Davis y César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el diario oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la NULIDAD PARCIAL de la Licitación Pública Abreviada de Obras

N° 05-2026-MDO/CS-1 – Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Olleros – Huaraz, para la “Contratación para la ejecución de la obra: IOARR - reparación de puente; en el(la) vía vecinal ruta an-1190, EMP. PE-3N - Jauna - Yunapampa - Emp. PE-3N, km 8+090 (Puente Jauna), distrito de Olleros, provincia Huaraz, departamento Ancash”, con CUI 2685756, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de “admisión de ofertas”, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por el postor CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA,

integrado por los señores GLOBALCON CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. y JF CONSTRUCTORES S.A.C. presentada al interponer su recurso de apelación, de conformidad con el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante y de su

Órgano de Control Institucional, a fin que realicen las acciones de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 34 de la presente Resolución.

• Disponer que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior, conforme a

lo indicado en los fundamento 35, e informe los resultados a este Colegiado en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución, bajo responsabilidad del Titular de dicha entidad.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

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CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

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ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.