Resolución N.° 9640-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) es oportuno recordar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin de que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable (…)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 1871/2024.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas SSOMA HUALLAGA S.A.C. y COMSERVICE ALARCON S.A.C., integrantes del CONSORCIO COMSERVICE ALARCON SAC

• SISONA HUALLAGA SAC, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta

documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta a la Entidad, como parte de su oferta en el marco de la contratación directa; infracciones tipificadas en los literales

• y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; y, atendiendo a lo

siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

(SEACE), el 5 de julio de 2023, el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, convocó la Contratación Directa N° 008-2023MINAM/OGA, para el “Servicio de Alquiler de Maquinaria Pesada en el Distrito de Piura en el Departamento de Piura y el Distrito de Tumbes en el Departamento de Tumbes”, en adelante la Contratación Directa. Asimismo, el 6 de julio de 2023 la Entidad otorgó la buena pro de la Contratación Directa al CONSORCIO COMSERVICE ALARCON SAC - SISONA HUALLAGA SAC, integrado por SSOMA HUALLAGA S.A.C. y COMSERVICE ALARCON S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto ascendente a S/ 282,640.00 (doscientos ochenta y dos mil Seiscientos Cuarenta con 00/100 Soles). En ese contexto, la Entidad y el Consorcio, el 7 de julio de 2023, suscribieron el Contrato N° 013-2023-MINAM-OGA.

Asimismo, dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

• A través del Oficio N° 00035-2024-MINAM/SG/OGA del 16 de febrero de 2024,

presentado en la misma fecha ante la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (actualmente Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que las empresas integrantes del Consorcio habrían presentado, como parte de su oferta, presunto documento falso o adulterado y/o con información inexacta, en el marco de la contratación derivada de la Contratación Directa. Asimismo, adjuntó el Informe N° 00086-2024-MINAM/SG/OGAJ, mediante el cual sustentó su denuncia y remitió los resultados de la fiscalización posterior efectuada, señalando, principalmente, que la autenticidad del documento cuestionado fue desvirtuada en mérito a la información proporcionada por el señor Lavado Machado Florencio, representante de la empresa Transportes Lavado, quien expresó que nunca han tenido vinculo comercial ni contractual con la empresa Comservice Alarcon S.A.C. integrante del Consorcio.

• Por Decreto del 24 de marzo de 2026, de manera previa al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, la Secretaría Técnica del Tribunal requirió a la Entidad que remita en el plazo de diez (10) días hábiles un Informe Técnico Legal, en el que se pronuncie sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, así como información adicional relacionada con la denuncia presentada. De igual manera, se dispuso comunicar el citado Decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información solicitada.

• A través del Oficio N° D000061-MINAM-SG-OA del 10 de abril de 2026, presentado

en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad brindó respuesta al requerimiento de información realizado.

• Con Decreto del 8 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento administrativo

sancionador contra las empresas Ssoma Huallaga S.A.C. (R.U.C. N° 20573325908) y Comservice Alarcon S.A.C. (R.U.C. N° 20605165495), integrantes del Consorcio Comservice Alarcon SAC - Ssoma Huallaga SAC, por su presunta responsabilidad al haber presentado documento falso o adulterado y/o con información inexacta al Ministerio del Ambiente, como parte de su oferta en el marco de la Contratación Directa N° 008-2023-MINAM/OGA; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. Los documentos cuya veracidad se cuestiona, son los siguientes: Supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ➢ Carta de compromiso de alquiler, presuntamente emitida el 9 de junio de 2023, por el señor Lavado Machado Florencio representante de la empresa Transportes Lavado en favor del Consorcio Comservice Alarcon S.A.C. En ese sentido, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante escrito N° 01, presentada el 19 de mayo de 2026, la empresa Comservice

Alarcon S.A.C. se apersonó y presentó sus descargos, a través del cual señaló principalmente, lo siguiente:

• Sostiene que no presentó documentación falsa en el marco de la

Contratación Directa N° 008-2023-MINAM/OGA, toda vez que la carta de compromiso de alquiler cuestionada habría sido emitida válidamente por la empresa Transportes Lavado. Asimismo, señala que la imputación se sustenta en una declaración inicial del representante de dicha empresa, quien posteriormente se habría retractado mediante una declaración jurada con firma legalizada, en la que reconoció la autenticidad de los documentos y la existencia del vínculo contractual.

• De igual manera, manifiesta que los hechos materia de imputación son

objeto de un proceso penal que aún se encuentra en trámite. En ese sentido, invoca el principio de presunción de inocencia y solicita la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta que se emita un pronunciamiento judicial firme. De manera subsidiaria, solicita que se valoren los medios probatorios ofrecidos, se declaren fundados sus descargos y, en consecuencia, se disponga el archivo del procedimiento, al considerar que no existen elementos probatorios suficientes que acrediten la comisión de la infracción.

• Mediante escrito s/n presentado el 25 de mayo de 2026, la empresa Ssoma Huallaga

S.A.C., integrante del Consorcio, se apersonó y presentó sus descargos, a través del cual señaló principalmente, lo siguiente:

• Sostuvo que no le corresponde asumir responsabilidad por los hechos

materia del presente procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, señaló que, el 5 de julio de 2023, su entonces representante legal, conjuntamente con el representante legal de CONSERVICE ALARCÓN S.A.C., suscribieron el contrato de consorcio para participar en la Contratación Directa N° 008-2023-MINAM/OGA. Asimismo, indicó que en dicho contrato se establecieron las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los consorciados, precisándose que SSOMA HUALLAGA S.A.C. tendría a su cargo la operación del servicio y la ejecución del contrato.

• Asimismo, manifestó que, a la fecha de suscripción del contrato de consorcio

y de presentación de la documentación ante la Entidad, el señor César Hildebrando Pingus Lozano aún no ejercía el cargo de gerente general de SSOMA HUALLAGA S.A.C., sino que dicha representación recaía en el señor Aldo Anthony Cárdenas Matta, conforme se desprendería de la documentación y de la vigencia de poder que adjuntó a sus descargos.

• De otro lado, señaló que la carta de compromiso de alquiler de vehículos, de

fecha 9 de junio de 2023, suscrita por la empresa Transportes Lavado, constituye un aspecto relevante para determinar la responsabilidad en el presente caso, toda vez que dicho documento fue emitido con anterioridad a la suscripción del contrato de consorcio y habría sido celebrado exclusivamente por CONSERVICE ALARCÓN S.A.C., sin intervención de SSOMA HUALLAGA S.A.C. En tal sentido, sostuvo que cualquier responsabilidad derivada de dicho documento debería recaer únicamente en CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. y no en su representada.

• En esa misma línea, alegó que la responsabilidad de los integrantes de un

consorcio no puede extenderse automáticamente a las actuaciones realizadas de manera individual por alguno de sus miembros. Para sustentar dicha posición, invocó lo señalado en la Casación N° 2670-2013-Lima, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, respecto de la autonomía de los consorciados y de la responsabilidad individual que estos asumen frente a terceros por las actividades que les corresponden conforme al contrato de consorcio. Sobre la base de dicho criterio, sostuvo que no habría participado en la presentación de la documentación que contenía el documento cuestionado.

• Asimismo, refirió que el señor Florencio Lavado Machado, representante de

Transportes Lavado, habría reconocido haber mantenido relaciones comerciales con el representante legal de CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. en relación con el alquiler de maquinaria. A criterio de la empresa, dicha circunstancia permitiría establecer que la relación comercial vinculada con el documento cuestionado correspondió exclusivamente a CONSERVICE ALARCÓN S.A.C., por lo que no existirían elementos que vinculen a SSOMA HUALLAGA S.A.C. con los hechos materia de imputación.

• Adicionalmente, señaló que contra el representante legal de CONSERVICE

ALARCÓN S.A.C. se viene tramitando un proceso penal ante el Décimo Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente N° 9207-2024-3-1826-JR-PE-17. Precisó que dicho proceso comprendería únicamente al referido representante y no a los representantes legales, anteriores o actuales, de SSOMA HUALLAGA S.A.C. En atención a ello, sostuvo que esta circunstancia constituiría un elemento adicional que permitiría descartar la responsabilidad de su representada.

• Por otro lado, solicitó la suspensión del procedimiento administrativo

sancionador, invocando el artículo 362.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo el argumento de que, para determinar la responsabilidad administrativa, resultaría necesario contar previamente con un pronunciamiento judicial respecto de los hechos que son materia del proceso penal seguido contra el representante de CONSERVICE ALARCÓN S.A.C.

• Finalmente, invocó el principio de tipicidad y señaló que, para determinar la

configuración de las infracciones imputadas, debe acreditarse, en primer lugar, que el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado ante la Entidad por el administrado al que se pretende atribuir responsabilidad. En ese sentido, sostuvo que, al no haber participado en la elaboración, suscripción ni presentación del documento cuestionado, no se habría acreditado que su representada incurriera en la conducta tipificada como infracción administrativa. Por consiguiente, solicitó que se desestimen los cargos formulados en su contra y se disponga el archivo del procedimiento administrativo sancionador.

• Mediante escrito s/n presentado el 10 de junio de 2026, la empresa Ssoma Huallaga

S.A.C. amplió sus descargos, a través del cual señaló principalmente, lo siguiente:

• Sostiene que, conforme a lo establecido en el contrato de consorcio, las

obligaciones de sus integrantes fueron expresamente delimitadas, correspondiendo a CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. asumir las labores de administración y facturación, mientras que SSOMA HUALLAGA S.A.C. tendría a su cargo la logística y ejecución del servicio. En ese sentido, precisa que el alquiler de maquinaria relacionado con el documento cuestionado fue gestionado previamente por CONSERVICE ALARCÓN S.A.C., días antes de la suscripción del contrato de consorcio, sin que su representada interviniera o participara en dicha operación.

• Asimismo, señala que en el contrato de consorcio se estableció que cada

consorciado asumiría, en nombre propio, las obligaciones y relaciones económicas que contrajera con terceros durante la ejecución del servicio. Sobre esa base, sostiene que CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. contrató directamente y a título propio con Transportes Lavado, por lo que dicha relación comercial no se habría celebrado en nombre ni por cuenta del consorcio. Agrega que, al momento de celebrarse el referido contrato de alquiler, el consorcio aún no se encontraba constituido, motivo por el cual considera que cualquier responsabilidad derivada de dicha relación comercial correspondería exclusivamente a CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. y, de ser el caso, a su representante legal.

• En esa misma línea, invoca las disposiciones de la Ley General de Sociedades

relativas a la responsabilidad de quienes actúan frente a terceros, así como las normas de contratación pública que regulan la responsabilidad de los integrantes de un consorcio. Al respecto, reconoce que existe una regla de responsabilidad solidaria de los consorciados por las infracciones cometidas durante el procedimiento de selección o la ejecución contractual; sin embargo, sostiene que, en el presente caso, resulta posible individualizar la responsabilidad, atendiendo a las obligaciones asumidas por cada integrante en el contrato de consorcio y al hecho de que SSOMA HUALLAGA S.A.C. no intervino en la relación comercial ni en la obtención del documento cuestionado. Añade que dicha posición también encuentra sustento en los principios de confianza, buena fe y presunción de veracidad.

• Por otro lado, sostiene que CONSERVICE ALARCÓN S.A.C., mediante escrito

de fecha 7 de noviembre de 2023, se ratificó en la autenticidad de la documentación presentada y señaló que esta había sido entregada por el propio representante de Transportes Lavado. Asimismo, destaca que el señor Florencio Lavado Machado, mediante declaración jurada de fecha 26 de febrero de 2026, habría rectificado su manifestación anterior y reconocido haber mantenido relaciones comerciales con CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. En dicha declaración, habría precisado que alquiló maquinaria a esta última para la prestación del servicio contratado con el Ministerio del Ambiente, así como que le remitió la carta de compromiso de alquiler de fecha 9 de junio de 2023 y las respectivas guías de remisión. En virtud de ello, SSOMA HUALLAGA S.A.C. considera que existirían elementos que respaldarían la autenticidad de los documentos cuestionados, por lo que solicita que estos sean sometidos a las pericias correspondientes.

• Finalmente, sostiene que no le corresponde responsabilidad alguna por los

hechos materia del presente procedimiento, toda vez que no intervino en la contratación con Transportes Lavado ni en la documentación cuestionada. En consecuencia, solicita que se tenga en consideración la individualización de responsabilidades derivada del contrato de consorcio, que se suspenda el procedimiento hasta que se determine, en la vía correspondiente, la autenticidad de los documentos y las firmas cuestionadas y que, posteriormente, se disponga el archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionador respecto de SSOMA HUALLAGA S.A.C.

• Mediante Decreto del 11 de agosto de 2026, se tuvo por apersonados a los

integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos.

• Con Decreto del 11 de agosto de 2026, se registró en el Sistema Informático del

Tribunal el Informe de Instrucción N° 167-2026/CCV-ST1 del 11 de agosto de 2026, emitido por la Secretaría Técnica 1 del Tribunal, con los principales fundamentos:

• La Secretaría Técnica determinó que el Consorcio COMSERVICE ALARCÓN

S.A.C. – SSOMA HUALLAGA S.A.C. presentó, como parte de su oferta, una “Carta de Compromiso de Alquiler” de fecha 9 de junio de 2023, atribuida a Transportes Lavado. Al respecto, de la revisión del SEACE verificó que dicho documento fue efectivamente presentado por el Consorcio el 6 de julio de 2023, por lo que consideró acreditado el presupuesto referido a su presentación efectiva ante la Entidad.

• En cuanto a la autenticidad del documento, la Secretaría Técnica señaló que,

en el marco de la fiscalización posterior, Transportes Lavado manifestó inicialmente no haber mantenido relación comercial con COMSERVICE ALARCÓN S.A.C., precisando que su membrete, logotipo, sello y firma habían sido utilizados sin su autorización y que nunca había celebrado un contrato de alquiler de maquinaria con el Consorcio. Sobre la base de dichas manifestaciones, valoradas conjuntamente con los informes emitidos por la Entidad, concluyó que la Carta de Compromiso no había sido emitida ni suscrita por quien figuraba como su otorgante, por lo que determinó que se trataba de un documento falso.

• Asimismo, la Secretaría Técnica consideró que la información contenida en

la referida carta no se correspondía con la realidad y que dicho documento fue presentado con la finalidad de acreditar el cumplimiento del requisito relativo al equipamiento estratégico. En ese sentido, determinó que su presentación permitió la admisión de la oferta y el otorgamiento de la buena pro, generando un beneficio concreto para el Consorcio; por tanto, concluyó que también se había configurado la infracción consistente en presentar información inexacta.

• Respecto de los descargos presentados, la Secretaría Técnica consideró que

la declaración posterior de Transportes Lavado, mediante la cual habría reconocido la autenticidad del documento y la existencia de una relación comercial, no resultaba suficiente para desvirtuar las manifestaciones formuladas inicialmente durante la fiscalización posterior. Ello, debido a que dicha declaración no explicaba suficientemente las contradicciones relacionadas con el supuesto uso no autorizado de su membrete, sello y firma. En consecuencia, luego de valorar de manera conjunta los elementos probatorios obrantes en el expediente, concluyó que los argumentos expuestos por las empresas no lograban desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra.

• En relación con la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo

sancionador, sustentada en la existencia de un proceso penal en trámite, la Secretaría Técnica determinó que no correspondía ampararla, toda vez que dicho proceso se seguía contra una persona natural y no contra las empresas integrantes del Consorcio. Asimismo, precisó que la resolución judicial presentada únicamente daba cuenta de la tramitación del proceso penal, sin contener un pronunciamiento firme respecto de la autenticidad del documento cuestionado ni sobre la responsabilidad administrativa de las empresas. Por tales razones, concluyó que no existían motivos que justificaran la suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

• En aplicación del principio de retroactividad benigna, la Secretaría Técnica

efectuó una comparación entre el régimen sancionador previsto en el TUO de la Ley N° 30225 y el establecido en la Ley N° 32069 y su Reglamento. Como resultado de dicho análisis, determinó que la normativa vigente resultaba más favorable respecto de la infracción referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, al establecer una sanción mínima inferior. Asimismo, consideró que la nueva regulación contemplaba un estándar más favorable para la configuración de la infracción por presentación de información inexacta, al exigir que esta incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto.

• En cuanto a la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, la Secretaría

Técnica aplicó las reglas de individualización previstas en la normativa vigente y efectuó la revisión de la Promesa de Consorcio, concluyendo que en dicho documento no se había establecido expresamente que alguno de sus integrantes asumiera de manera exclusiva la responsabilidad por la presentación de los documentos cuestionados. Asimismo, al no advertir otros elementos que permitieran individualizar dicha responsabilidad, determinó que correspondía atribuir las consecuencias de las infracciones a ambos integrantes del Consorcio.

• Finalmente, para efectos de la graduación de la sanción, la Secretaría

Técnica evaluó, entre otros criterios, la gravedad de las conductas, la afectación a los principios de presunción de veracidad e integridad, la ausencia de antecedentes de sanción, la participación de las empresas en el procedimiento y la inexistencia de reconocimiento de responsabilidad. Sobre la base de dicha evaluación, concluyó que correspondía imponer a SSOMA HUALLAGA S.A.C. y COMSERVICE ALARCÓN S.A.C., respectivamente, una sanción de veinticuatro (24) meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado. Asimismo, recomendó poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, en atención a su posible relevancia penal.

• Mediante Decreto del 12 de agosto de 2026, se dejó constancia que el Informe de

Instrucción N° 167-2026/CCV-ST1 del 11 de agosto de 2026 fue registrado en el Sistema Informático del Tribunal y notificado al Contratista mediante la casilla electrónica del OECE el 9 de junio de 2026. En consecuencia, se dispuso la remisión del expediente a la Quinta Sala del Tribunal, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente, siendo recibido el 12 de agosto de 2026.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento determinar si corresponde atribuir

responsabilidad administrativa a los integrantes del Consorcio, por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta a la Entidad, como parte de su oferta en el marco de la contratación directa; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Cuestión previa: Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

• Como parte de sus descargos, los integrantes del Consorcio solicitaron la suspensión

del presente procedimiento administrativo sancionador hasta que se emita un pronunciamiento firme en la vía judicial correspondiente respecto de los hechos materia de controversia, particularmente, en lo referido a la determinación de la autenticidad de los documentos y firmas cuestionados. Para sustentar dicha solicitud, invocaron el principio de presunción de inocencia y lo dispuesto en el

artículo 362.1 de la Ley N° 32069. Asimismo, señalaron que los hechos objeto de

imputación serían materia de un proceso penal seguido contra el representante legal de CONSERVICE ALARCÓN S.A.C. ante el Décimo Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente N° 9207-2024- 3-1826-JR-PE-17. En virtud de ello, sostuvieron que resultaría necesario contar previamente con un pronunciamiento judicial firme que determine la autenticidad de los documentos y firmas cuestionados, antes de establecer la eventual responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio.

• Al respecto, corresponde precisar que la existencia de una investigación fiscal, una

denuncia o un proceso penal relacionado con los mismos hechos que son objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador no determina, por sí sola, la suspensión de este último. Ello obedece a que la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa responden a regímenes jurídicos autónomos, tienen naturaleza y finalidades distintas, y se encuentran sujetas a presupuestos de configuración y criterios de evaluación propios. En consecuencia, la tramitación de un proceso penal no constituye, por sí misma, un impedimento para que la autoridad administrativa ejerza sus competencias y determine la eventual responsabilidad del administrado en el ámbito de su competencia.

• En efecto, mientras que en la vía penal corresponde determinar si los hechos

investigados configuran un ilícito penal y si concurren los presupuestos para atribuir responsabilidad penal a las personas involucradas, en el presente procedimiento corresponde al Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, determinar si la conducta atribuida a los integrantes del Consorcio se subsume en alguno de los supuestos infractores previstos en la normativa de contratación pública. Para tal efecto, corresponde efectuar una valoración integral y autónoma de los medios probatorios incorporados al expediente administrativo, a fin de establecer si se encuentran acreditados los elementos constitutivos de las infracciones imputadas, sin que dicha determinación deba quedar necesariamente supeditada al resultado del proceso penal. En ese contexto, el principio de presunción de inocencia invocado por los administrados no conlleva que la autoridad administrativa deba abstenerse de ejercer su potestad sancionadora hasta que exista un pronunciamiento judicial firme, sino que exige que la eventual imposición de una sanción se sustente en elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la comisión de la infracción y la responsabilidad del administrado, respetando las garantías del debido procedimiento y el derecho de defensa.

• En consecuencia, considerando que los integrantes del Consorcio no han acreditado

la existencia de un mandato judicial que disponga la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, ni han demostrado que la emisión de un pronunciamiento judicial firme constituya un presupuesto indispensable para que este Tribunal pueda determinar la eventual responsabilidad administrativa materia de análisis, no se advierte una razón jurídica que justifique supeditar la tramitación del presente procedimiento al resultado del proceso penal invocado. Por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de que los medios probatorios y argumentos presentados por los administrados sean valorados en el análisis de fondo de las imputaciones formuladas. Naturaleza de las infracciones. Presentación de información inexacta:

• Según el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, el Tribunal

impone sanción, por presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas-Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. Aunado a lo anterior, y conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre, es decir, no se requiere un resultado efectivo favorable, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE1; entre otros supuestos expuestos en dicho acuerdo. Al respecto, el numeral 59.3 del artículo 59 del TUO de la Ley establece que los acuerdos adoptados en Sala Plena interpretan de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en el TUO de la Ley y su Reglamento y que, además, constituyen precedentes de observancia obligatoria. En consecuencia, para la configuración de la infracción referida a la presentación de información inexacta, deberán verificarse los siguientes aspectos:

• En primer lugar, corresponde verificar que los documentos cuestionados fueron

efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), o al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), en el marco del procedimiento que se siga en dichas instancias.

• En segundo lugar, a efectos de determinar la configuración de la infracción,

corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello, en atención a la responsabilidad objetiva de la presente infracción.

• En tercer lugar, en el caso de la documentación presentada ante Entidades,

deberá verificarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre; mientras que en los 1 Acuerdo de Sala Plena publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 2 de junio de 2018.

demás casos (OSCE, Tribunal y RNP), deberá estar vinculado al cumplimiento del procedimiento correspondiente. Presentación de documentos falsos o adulterados:

• Por otra parte, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley,

establece que el Tribunal impone sanción, por presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o la Central de Compras Públicas – Perú Compras. Así, conforme a la jurisprudencia del Tribunal, un documento falso es aquél cuya emisión o firma no corresponde a la persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor, suscriptor o emisor; por su parte, un documento adulterado es aquel que, siendo válidamente expedido o suscrito, posteriormente es modificado en su contenido. En consecuencia, para la configuración de la infracción referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, deberán verificarse los siguientes aspectos:

• En primer lugar, corresponde verificar que los documentos cuestionados como

falsos o adulterados fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), o al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), en el marco del procedimiento que se siga en dichas instancias.

• En segundo lugar, a efectos de determinar la configuración de la infracción,

corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad (respecto de la emisión del documento) o adulteración (modificación del documento válidamente expedido), independientemente de las circunstancias o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la responsabilidad objetiva de la presente infracción.

• Al respecto, cabe tener en cuenta que uno de los principios que rige la potestad

sancionadora del Tribunal es el de culpabilidad, previsto en el numeral 10 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual “la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva”.

• En tal contexto, debe tenerse presente que, conforme al numeral 50.1 del artículo

50 de la Ley, la responsabilidad derivada de las infracciones referidas a la presentación de información inexacta y documentación falsa o adulterada es objetiva.

• Sobre este punto, corresponde precisar que, la responsabilidad objetiva prescinde

de cualquier evaluación o análisis del factor subjetivo del infractor, es decir, le resulta irrelevante analizar la intencionalidad, imprudencia, negligencia o falta de diligencia, pues basta verificar la conducta calificada como infractora2, que, en el presente caso, en principio, es presentar información inexacta y documentación falsa o adulterada.

• Ahora bien, respecto al principio de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo

230 del TUO de la LPAG, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

• Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad

sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• En relación con lo indicado, y al amparo del principio de verdad material consagrado

en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 2 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2021,

• 474.

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados, así como de la inexactitud y/o falsificación o adulteración imputada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otros. Configuración de las infracciones

• En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio haber

presentado a la Entidad, presunto documento falso o adulterado o con información inexacta como parte de su oferta, consistente y/o contenida en: ➢ Carta de compromiso de alquiler, presuntamente emitida el 9 de junio de 2023, por el señor Lavado Machado Florencio representante de la empresa Transportes Lavado en favor del Consorcio Comservice Alarcon S.A.C.

• Respecto de la acreditación de la presentación efectiva del documento cuestionado

ante la Entidad, mediante Informe N.° 00173-2024-MINAM/SG/OGA/OA del 5 de febrero de 2024, informó que el 6 de julio de 2023, el Consorcio remitió su oferta a través del correo electrónico comservicesac@gmail.com, adjuntando, entre otros documentos, el documento cuestionado. Para una mejor apreciación, se reproduce a continuación el extremo pertinente:

Aunado a ello, de la ficha de selección del SEACE del citado procedimiento de selección se advierte que el 06 de julio de 2023 el Consorcio presentó a la Entidad su oferta de forma electrónica, conforme se aprecia a continuación: Por lo tanto, habiéndose advertido la presentación del documento cuestionado a la Entidad por parte del Consorcio, corresponde abocarse al análisis para determinar si existen elementos que permitan concluir de manera inequívoca que la documentación es falsa o adulterada y/o contiene información inexacta. Respecto de la supuesta falsedad, adulteración y/o con información inexacta.

• En principio, corresponde reproducir el documento que es materia de

cuestionamiento en este apartado, presuntamente suscrito por el señor Lavado Machado Florencio, quien figura representante de la empresa Transportes Lavado, según se aprecia a continuación:

• Al respecto, en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores y en el

marco del procedimiento de fiscalización posterior, mediante Carta N ° 00723 - 2023- MINAM/SG/OGA del 05 de octubre de 20233, la Entidad solicitó al señor Florencio Lavado Machado, supuesto emisor y suscriptor de la “Carta de Compromiso de Alquiler de un Equipo Cama Baja”, de fecha 09 de junio de 2023, que corrobore la veracidad y autenticidad del documento antes señalado.

• En atención a dicho requerimiento, mediante escrito s/n presentado el 20 octubre

de 20234, el presunto emisor del documento cuestionado informó expresamente que nunca le ha brindado confianza y mucho menos ha mantenido un vínculo laboral con la empresa Comservice Alarcon S.A.C. 3 Obrante a folios 37 al 38 del expediente administrativo en formato PDF. 4 Obrante a folios 44 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Para mejor verificación se muestra a continuación:

• Sobre el particular, es pertinente precisar que, conforme a reiterados

pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un documento, constituye un elemento de especial relevancia la manifestación expresa del supuesto órgano o agente emisor, en la que se declare no haberlo expedido o suscrito, o haberlo hecho en condiciones distintas a las consignadas en el documento materia de análisis. En esa línea, se entiende por documento falso aquel que no ha sido emitido por quien figura como su emisor o no ha sido suscrito por quien aparece como su firmante; mientras que el documento adulterado es aquel que, habiendo sido válidamente emitido, ha sido posteriormente modificado o alterado en su contenido.

• Ahora bien, con motivo de sus descargos los integrantes del Consorcio han remitido

declaración jurada del 7 de febrero de 2026, presuntamente emitida por el señor Florencio Lavado Machado, supuesto emisor y suscriptor de la “Carta de Compromiso de Alquiler de un Equipo Cama Baja”, de fecha 09 de junio de 2023, a través del cual manifestó que sí ha tenido relaciones comerciales con la empresa Comservice Alarcon S.A.C. Tal como se ilustra a continuación:

• En el caso concreto, se advierte la existencia de dos manifestaciones contradictorias

atribuidas al señor Florencio Lavado Machado, supuesto emisor y suscriptor de la “Carta de Compromiso de Alquiler de un Equipo Cama Baja”, de fecha 9 de junio de 2023; pues, por un lado, mediante escrito s/n presentado el 20 de octubre de 2023, manifestó que nunca ha brindado confianza ni ha mantenido vínculo laboral con la empresa Comservice Alarcon S.A.C.; mientras que, por otro lado, mediante declaración jurada de fecha 7 de febrero de 2026, señaló que sí habría mantenido relaciones comerciales con dicha empresa. En ese sentido, al existir versiones contrapuestas provenientes de la misma persona respecto de un aspecto sustancial para determinar la autenticidad del documento cuestionado, y no contarse con otros elementos probatorios objetivos y suficientes que permitan dilucidar dicha contradicción, no resulta posible establecer, con el grado de certeza exigible en un procedimiento administrativo sancionador, que el documento cuestionado sea falso ni, por tanto, tener por desvirtuada la presunción de licitud que ampara a los administrados.

• En tal escenario, es oportuno recordar que, para establecer la responsabilidad de

un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin de que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.

• Asimismo, cabe señalar que, a fin de verificar la configuración de una infracción

corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG.

• Dicho principio establece el deber de las entidades de presumir que los

administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, en caso contrario, de no desvirtuarse la presunción de inocencia y la duda razonable, corresponde declarar no ha lugar a la determinación de responsabilidad.

• En atención a lo expuesto, y sobre la base de los documentos obrantes en el

expediente, este Colegiado considera que existen elementos que generan duda razonable y, por ende, no se puede concluir que el documento cuestionado sea falso o adulterado.

• En consecuencia, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa a los

integrantes del Consorcio, por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción. Respecto de la supuesta a la inexactitud del documento cuestionado

• Ahora bien, se imputó que el documento cuestionado contiene información

inexacta. Cabe recordar que el supuesto de información inexacta comprende aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, no se ajusten a la verdad.

• En el presente caso, la imputación de información inexacta respecto de la “Carta de

Compromiso de Alquiler de un Equipo Cama Baja” de fecha 9 de junio de 2023, se sustenta en que el señor Florencio Lavado Machado, quien figura como emisor y suscriptor de dicho documento, habría negado inicialmente haber mantenido algún vínculo con la empresa Comservice Alarcon S.A.C.; circunstancia que, a criterio de la imputación, evidenciaría que el compromiso consignado en aquel documento no se ajustaría a la realidad.

• Al respecto, conforme se ha desarrollado en el análisis precedente, en el expediente

obran dos manifestaciones atribuidas al señor Florencio Lavado Machado que resultan contradictorias entre sí. En efecto, mientras que mediante escrito s/n presentado el 20 de octubre de 2023 manifestó que nunca había mantenido vínculo laboral ni relación de confianza con la empresa Comservice Alarcon S.A.C., mediante declaración jurada del 7 de febrero de 2026 señaló que sí había mantenido relaciones comerciales con dicha empresa.

• En ese contexto, si bien la existencia de tales manifestaciones constituye un

elemento que debe ser valorado, no permite, por sí sola, establecer cuál de las dos versiones refleja lo realmente acontecido ni, por consiguiente, determinar que la información contenida en la carta de compromiso cuestionada sea discordante con la realidad. En efecto, al no contarse con otros elementos probatorios objetivos que permitan corroborar la primera manifestación y desvirtuar la segunda, o viceversa, subsiste una incertidumbre respecto de la veracidad de los hechos vinculados con la emisión del documento.

• En tal escenario, es oportuno recordar que, para establecer la responsabilidad de

un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, a fin de que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.

• En ese sentido, si bien corresponde a la autoridad administrativa acreditar los

hechos constitutivos de la infracción, en observancia del principio de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en el presente caso no se cuenta con elementos probatorios suficientes que permitan desvirtuar dicha presunción respecto de la información contenida en el documento materia de análisis.

• En atención a lo expuesto, y sobre la base de los documentos obrantes en el

expediente, este Colegiado considera que existen elementos que generan duda razonable y, por ende, no se puede concluir que el documento cuestionado contenga información inexacta.

• Atendiendo a los argumentos expuestos, este Colegiado no se ha formado

convicción respecto de que, en el presente caso, se haya configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, en relación con el documento materia de análisis. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra las empresas SSOMA

HUALLAGA S.A.C. (R.U.C. N° 20573325908) y COMSERVICE ALARCON S.A.C. (R.U.C. N° 20605165495), integrantes del CONSORCIO COMSERVICE ALARCON S.A.C. - SSOMA HUALLAGA S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Contratación Directa N° 008-2023- MINAM/OGA, convocada por el Ministerio del Ambiente, infracciones tipificadas en literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivo definitivo del expediente administrativo sancionador.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO

REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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