Resolución N.° 9675-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) al segundo requisito para la configuración de la infracción, constituye un elemento necesario verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo sancionador que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento, o firme porque aun cuando fue sometida a dichos mecanismos se confirmó la validez de la decisión resolutoria (…)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 10126/2023.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Grupo Esparta Security Sociedad Anónima Cerrada Grupo Yesad Security Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Yesad Security S.A.C., integrantes del Consorcio Grupo Esparta Security S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 8 de junio de 2023, el Hospital de Apoyo Departamental María Auxiliadora, en

adelante la Entidad, registró en el SEACE la Contratación Directa N° 05-2023-HMA, para el “Servicio de vigilancia y seguridad por un periodo de 3 meses para el Hospital María Auxiliadora”, con un valor estimado ascendente a S/ 904,455.96 (novecientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 96/100 soles) en adelante la Contratación Directa. El 13 de junio de 2023, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 14 del mismo mes y año, se publicó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro de la Contratación Directa al Consorcio Grupo Esparta Security S.A.C., integrada por las empresas Grupo Esparta Security Sociedad Anónima Cerrada y Grupo Yesad Security Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Yesad Security S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto del Valor Estimado.

El 26 de junio de 2023, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 034- 2023-HMA1, en lo sucesivo el Contrato. Dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Mediante Oficio N° 060-2023-OEA-HMA2, presentado el 12 de octubre de 2023 ante

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del OSCE, (actualmente Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE), en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en infracción, al haber ocasionado que se resuelva el Contrato, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

• Por Decreto del 25 de marzo 20263 de forma previa al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita entre otros documentos, la siguiente información: i) un informe técnico legal detallando la procedencia de la infracción denunciada, ii) contrato suscrito por la Entidad y el CONSORCIO GRUPO ESPARTA SECURITY S.A.C., con sus adendas en caso corresponda, iii) carta notarial del requerimiento del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de corresponder, donde se aprecie el diligenciamiento notarial al dorso, iv) carta notarial notificando la resolución del contrato, donde se aprecie el diligenciamiento notarial al dorso, v) Informar si la resolución ha sido sometida a medio de solución de controversias. De igual manera, se dispuso comunicar el citado Decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información solicitada

• Con Oficio N° D000703-2026-DG-HMA4 de fecha 16 de abril de 2026, presentado en

la misma fecha ante la mesa de partes del Tribunal, la Entidad en respuesta al 1 Documento obrante a folios 2579 al 2631 del expediente administrativo. 2 Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador. 3 Documento obrante en el toma razón electrónico. 4 Documento obrante en el toma razón electrónico.

requerimiento efectuado mediante Decreto de fecha 25 de marzo de 2026, remitió la información solicitada.

• Con Decreto del 21 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento administrativo

sancionador contra los proveedores Grupo Esparta Security Sociedad Anónima Cerrada (RUC N° 20605044639) y Grupo Yesad Security Sociedad Anónima Cerrada

• Grupo Yesad Security S.A.C. (RUC N° 20550772664), integrantes del Consorcio

Grupo Esparta Security S.A.C, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 034-2023-HMA del 26 de junio de 2023, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, derivado de la Contratación Directa N° 05-2023-HMA, efectuada por el Hospital de apoyo departamental María Auxiliadora, cuyo objeto fue la contratación del servicio de vigilancia y seguridad por un periodo de 3 meses para el Hospital María Auxiliadora; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Dicho decreto dispuso notificar al Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante Oficio N° D000703-2026-DG-HMA presentado el 22 de abril de 2026, la

Entidad remitió el expediente de contratación e informó que se ha solicitado a la Procuraduría de la Entidad se sirva comunicar si la resolución ha sido sometida a medio de solución de controversias.

• Con Decreto del 9 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal solicitó

nuevamente a la Entidad se sirva informar expresamente si la resolución del contrato fue sometida a algún mecanismo de solución de controversias.

• Por Decreto del 17 de julio de 2026, habiéndose verificado que los integrantes del

Consorcio no presentaron descargos en el plazo otorgado, pese a haber sido notificado el 30 de abril de 2026, a través de la casilla electrónica del OECE, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos

• Con Decreto del 17 de julio de 2026, se registró en el Sistema Informático del

Tribunal el Informe de Instrucción N° 091-2026/CSCH/ST3 del 17 de julio de 2026, emitido por la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, con los principales fundamentos:

• Señaló que se encontraba acreditada la relación contractual entre la Entidad y el

Consorcio, derivada del Contrato N.° 034-2023-HMA del 26 de junio de 2023. Asimismo, se verificó que la Entidad habría observado el procedimiento previsto para la resolución contractual, al haber requerido previamente al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones y, ante su incumplimiento, comunicado posteriormente la resolución del contrato mediante conducto notarial.

• No obstante, respecto al consentimiento de la resolución contractual, la

Secretaría Técnica advirtió que, pese a los requerimientos efectuados, la Entidad no informó si dicha resolución había sido sometida a algún mecanismo de solución de controversias ni acreditó que hubiera quedado consentida. En ese sentido, concluyó que no se contaba con elementos objetivos que permitieran acreditar dicho presupuesto, necesario para la configuración de la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.° 30225.

• En consecuencia, la Secretaría Técnica recomendó declarar NO HA LUGAR a la

imposición de sanción contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N.° 034-2023- HMA, y disponer la remisión del expediente a la Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas correspondiente, en su calidad de órgano sancionador.

• Mediante Decreto del 3 de agosto de 2026, se dejó constancia que el Informe de

Instrucción N° 091-2026/CSCH/ST3 del 17 de julio de 2026, fue registrado en el Sistema Informático del Tribunal y notificado a los integrantes del Consorcio mediante la casilla electrónica del OECE el 3 de agosto de 2026. En consecuencia, se dispuso la remisión del expediente a la Quinta Sala del Tribunal, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente, siendo recibido el 3 de agosto de 2026.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, normas vigentes al momento de los hechos materia de imputación. Naturaleza de la infracción

• Sobre el particular, la infracción que se imputa a los integrantes del Consorcio se

encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, el cual establece que: “El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra (...), cuando incurran en las siguientes infracciones: (...)

• Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco,

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral”. (El énfasis es agregado).

• Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa a los

integrantes del Consorcio, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, según el siguiente detalle:

• Debe acreditarse que el contrato, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por

causal atribuible al Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, ya sea por no haberse iniciado la conciliación o el arbitraje de manera oportuna, o, porque aun cuando se hubiesen iniciado dichos mecanismos, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato.

• En relación con el primer requisito, a fin de verificar el procedimiento de resolución

contractual, el artículo 36 del TUO de la Ley dispone que cualquiera de las partes se encuentra facultada para resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se indica que cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.

• Por su parte, el artículo 164 del Reglamento señala que la Entidad puede resolver el

contrato en los casos que el contratista: (a) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (b) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o (c) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. Dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

• Aunado a ello, el artículo 165 del Reglamento establece que, en caso de

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debe requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgaría necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno derecho en la fecha de su recepción. Además, establece que la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad respecto de tal situación.

• En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, constituye un

elemento necesario verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo sancionador que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento, o firme porque aun cuando fue sometida a dichos mecanismos se confirmó la validez de la decisión resolutoria.

• Para ello, el artículo 166 del Reglamento establece que el plazo para iniciar cualquier

mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, precisando que, al vencimiento de dicho plazo se entendía que la resolución del contrato había quedado consentida. Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se iniciaran tales mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya había quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.

• Cabe agregar que, a través del Acuerdo de Sala Plena N° 002-2022 del 22 de abril de

20225, este Tribunal estableció, entre otros, los siguientes criterios a aplicar cuando se analice la responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción imputada en el presente caso:

• La configuración de la infracción consistente en dar lugar a la resolución de contrato

se concreta con la notificación de la decisión de resolver el contrato, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento, según corresponda. 5 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 7 de mayo del año 2022.

• En el procedimiento administrativo sancionador no corresponde evaluar la decisión

de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para determinar responsabilidad administrativa, verificar que esa decisión ha quedado consentida por no haberse iniciado los medios de solución de controversias, o que, habiéndose sometido a estos, haya quedado firme, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.

• Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito procedimental, que es que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Configuración de la infracción Sobre el procedimiento formal de resolución contractual

• Conforme a lo expuesto, en primer orden, corresponde determinar si la Entidad

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato.

• Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la

cláusula vigésima del Contrato, se precisó que los domicilios para efectos de las notificaciones derivadas de la ejecución contractual, son los siguientes:

• Ahora bien, de la revisión de las actuaciones que obran en el expediente, fluye que,

mediante la Carta N° 278-2023-OFIC.LOG.HMA (Carta Notarial N°16934)6, notificada vía conducto notarial el 25 de agosto de 2023, por el señor Carlos Enrique Ayala Alvarado, Notario Público de Lima (conforme se aprecia de la certificación notarial que obra en el documento), la Entidad solicitó al Consorcio, bajo apercibimiento de resolver el contrato, que en el plazo de un (1) día calendario cumpla con su obligación contractual referida a las deficiencias e incumplimientos de las condiciones contractuales contenidas en la Clausula Segunda y Novena. Se adjunta la referida Carta para mayor verificación: 6 Documentación obrante a folios 2361-2364 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

• Posteriormente, mediante Carta N° 013-2023-OEA-HMA (Carta Notarial N° 16935)7,

notificada vía conducto notarial el 29 de agosto de 2023, por el señor Carlos Enrique Ayala Alvarado, Notario Público de Lima (conforme se aprecia de la certificación notarial que obra en el documento), la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del contrato, debido a que este incumplió sus obligaciones contractuales. Para mayor abundamiento, se reproduce el documento a continuación: 7 Documento obrante a folios 2347 al 2350 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

• Sobre el particular, se advierte que la Entidad notificó al Consorcio el requerimiento

de cumplimiento de obligaciones y resolución de contrato vía conducto notarial y al domicilio consignado en el contrato para tal fin.

• Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha cumplido con el procedimiento

establecido para la resolución del Contrato, de conformidad con lo establecido en el TUO la Ley y en su Reglamento, por lo que corresponde determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Sobre el consentimiento de la resolución contractual

• Considerando lo expuesto en la sección de naturaleza de la infracción, en el

presente caso, se aprecia que la decisión de resolver el Contrato fue notificada vía notarial al Consorcio el 29 de agosto de 2023; en ese sentido, aquel contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar el inicio de una conciliación y/o arbitraje, plazo que venció el 12 de octubre de 20238.

• Ahora bien, de la revisión de los actuados que obran en el expediente

administrativo, no se advierte documentación que permita determinar si la resolución del Contrato N.° 034-2023-HMA, de fecha 26 de junio de 2023, fue sometida a algún mecanismo de solución de controversias.

• Con atención a ello, mediante Decretos del 21 de abril y del 9 de julio del 2026, la

Secretaría Técnica del Tribunal requirió a la Entidad se sirva informar expresamente si la resolución del contrato fue sometida a algún mecanismo de solución de controversias. No obstante, a la fecha, la Entidad no ha cumplido con atender dicho requerimiento. Por tanto, la omisión de atender el requerimiento efectuada por este Tribunal deberá hacerse de conocimiento de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional de la Entidad, a efectos que se adopten las medidas en el marco de sus respectivas competencias.

• En este punto, debe reiterar que, en el numeral 6 del Acuerdo de Sala Plena N° 002-

2022 del 22 de abril de 20229, este Tribunal estableció como uno de los criterios a emplear cuando se analice la configuración de la infracción imputada en el presente caso, que “en el procedimiento administrativo sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para determinar responsabilidad administrativa, verificar que esa decisión ha quedado consentida por no haberse iniciado los medios de solución de controversias, o que, habiéndose sometido a estos, haya quedado firme, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento”:

• Bajo dicho contexto, a fin de determinar la configuración de la infracción materia de

análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador, es necesario verificar que la decisión de la Entidad de resolver el contrato haya quedado firme o consentida; sin embargo, considerando que la Entidad no ha cumplido con informar dicha condición, este Tribunal no puede verificar dicho elemento necesario para afirmar que se ha configurado la infracción imputada; razón por la cual, debido al 8 Cabe señalar, que el miércoles 30 de agosto y domingo 8 de octubre fueron feriados a nivel nacional y el lunes 9 de octubre fue declarado día no laborable para el sector público. 9 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 7 de mayo de 2022 incumplimiento de la Entidad, en el caso concreto no se cuenta con elementos suficientes para determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio.

• Con relación a ello, el numeral 4 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o analógica, asimismo, el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principio del debido procedimiento, en virtud del cual las Entidades aplicarán sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando las garantías inherentes al debido procedimiento.

• Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, se reconoce el

principio de presunción de licitud, en virtud del cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por las consideraciones expuestas, y en concordancia con el Informe de Instrucción

N° 091-2026/CSCH/ST3 del 17 de julio de 2026 de la Secretaría Técnica, es importante señalar que, no habiéndose podido verificar si la resolución contractual efectuada por la Entidad ha quedado consentida o firme, no es posible determinar la configuración de la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, razón por la cual, corresponde eximir de responsabilidad administrativa al Contratista, respecto a este extremo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui, y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Juan Carlos Cortez Tataje, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de sanción

contra los proveedores Grupo Esparta Security Sociedad Anónima Cerrada (RUC N° 20605044639) y Grupo Yesad Security Sociedad Anónima Cerrada - Grupo Yesad Security S.A.C. (RUC N° 20550772664), integrantes del Consorcio Grupo Esparta Security S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 034-2023-HMA del 26 de junio de 2023, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, derivado de la Contratación Directa N° 05-2023-HMA, efectuada por el Hospital de Apoyo Departamental María Auxiliadora; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad y de su Órgano de

Control Institucional de la Entidad, en atención a lo expuesto en la fundamentación, para las acciones que correspondan.

• Disponer el archivo definitivo del expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

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SONIA TATIANA ANGULO

REÁTEGUI

VOCAL

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JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

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