Resolución N.° 9674-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones e integración de bases, a efectos que, en aplicación de las bases estándar aplicables y la normativa vigente (…). Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7600/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Edificación integrado por el señor Bernardo Alanoca Aragón y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C. en el marco del Concurso Público Para Consultoría De Obra N° 036-2026-GRU-GR-C, convocado por el Gobierno Regional de Ucayali – Sede Central, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: Creación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en las I.E.I. N618-B, N619, N620, N621 , N622, N623-B, N624 en los distritos de Campo Verde, Manantay, Masisea, Nueva Requena e Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

• CUI N°2305590”, atendiendo a los siguientes:
• ANTECEDENTES:
• El 3 de agosto de 2026, el Gobierno Regional de Ucayali – Sede Central, en lo sucesivo

la Entidad, convocó el Concurso público para consultoría de obra N° 036-2026-GRU- GR-C, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: Creación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en las I.E.I. N618-B, N619, N620, N621 , N622, N623-B, N624 en los distritos de Campo Verde, Manantay, Masisea, Nueva Requena e Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali - CUI N°2305590”, por relación de ítems, con una cuantía de S/ 2 154 218.28 (dos millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dieciocho con 28/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Ítem N° 2: “N619 Centro Pablado De Cunchuri” con una cuantía de S/ 417 859.81, en adelante el ítem N° 2. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

El 10 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 30 de del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, se declaró desierto el ítem N° 2 del procedimiento de selección; en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total Orden de prelación

CONSORCIO

EDIFICACIÓN Admitida Descalificada

• Mediante los Escritos N° 1 y 2 presentados el 13 y 15 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Edificación integrado por el señor Bernardo Alanoca Aragón y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando que:

• se revoque la descalificación de su oferta, ii) se disponga continuar con la evaluación

de su oferta, y iii) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta.

• Señala que, según la nota de no calificación, el Comité descartó diversas

experiencias del Jefe Supervisor de Obra por corresponder a infraestructura de salud, al considerar que no pertenecían a la subespecialidad de infraestructura educativa. Como resultado, solo reconoció cuatro (4) meses de experiencia, frente a los treinta y seis (36) meses exigidos.

• Sin embargo, sostiene que el requisito de experiencia del Jefe Supervisor de Obra

exige treinta y seis (36) meses en la especialidad y subespecialidades definidas. La nota aclaratoria de las bases integradas precisa que la especialidad es “Edificaciones y afines” y que se aceptan las subespecialidades “Edificación educativa” y “Establecimientos de Salud”. Por lo que, indica que esta disposición debe interpretarse en su integridad, sin restringir la acreditación únicamente a infraestructura educativa ni excluir una de las subespecialidades expresamente reconocidas.

• Manifiesta que la incorporación de la subespecialidad “Establecimientos de

Salud” fue expresa y deliberada. En la absolución de la consulta/observación N° 19, la Entidad acogió parcialmente la observación formulada con el propósito de fomentar la participación de postores y obtener una oferta más ventajosa, disponiendo ampliar la experiencia admisible del personal clave a dicha subespecialidad, manteniendo la de “Edificación educativa”. Modificación que quedó incorporada en las bases integradas como regla definitiva del procedimiento y debía ser respetada durante la evaluación, sin adoptar un criterio más restrictivo que desconociera lo establecido por la propia Entidad.

• Refiere que la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01, que aprueba el

Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras bajo la Ley, reconoce dentro de la especialidad “Edificaciones y afines” las subespecialidades “Edificación educativa” y “Establecimientos de Salud”. Esta última comprende, entre otras tipologías, establecimientos de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, institutos especializados, laboratorios de salud pública y centros de diagnóstico o recuperación de la salud.

• En consecuencia, alega que las experiencias ejecutadas en hospitales,

establecimientos y postas de salud, así como en otras infraestructuras asistenciales comprendidas en dicha subespecialidad, no podían excluirse por su sola naturaleza, pues corresponden a una de las subespecialidades expresamente admitidas por las bases integradas.

• Con decreto del 16 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 23 de octubre de 2026.

• A través del Informe Técnico N° 001-2026-GRU-GR-C, Informe Legal N° 374-2026-

GRU-GRA/NNRA, registrados en el SEACE el 21 de octubre de 2026, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado el mismo, en los siguientes términos:

• Indica que el comité observó seis (6) de los certificados presentados por el

Consorcio Impugnante para acreditar la experiencia del jefe supervisor de obra (folios 150, 152, 154, 156, 158 y 167), debido a que las prestaciones descritas corresponden a la supervisión de obras de infraestructura de salud, tales como hospitales, establecimientos de salud y unidades de atención sanitaria.

• Sostiene que la interpretación de las bases integradas debe realizarse de manera

sistemática, considerando la relación entre el requisito de experiencia del jefe supervisor de obra, la especialidad requerida y la nota aclaratoria invocada por el Consorcio Impugnante. Esta última no puede interpretarse de manera aislada ni atribuírsele un alcance que no se desprenda de su contenido y del contexto en el que se encuentra dentro de las reglas del procedimiento de selección.

• Por lo tanto, señala que el argumento del Consorcio Impugnante, referido a que

las bases integradas contemplan las subespecialidades "Edificación educativa" y "Establecimiento de salud", no resulta suficiente, por sí solo, para desvirtuar la observación formulada por el comité. Para determinar la validez de los certificados cuestionados, corresponde verificar que estos acrediten la experiencia exigida para el cargo, de conformidad con las condiciones expresamente previstas en las bases integradas.

• En consecuencia, manifiesta que el cuestionamiento formulado por el Consorcio

Impugnante no demuestra, por sí mismo, que la evaluación realizada por el comité contravenga las reglas del procedimiento de selección. La decisión sobre la validez de los certificados observados debe sustentarse en la aplicación de los requisitos específicos establecidos en las bases integradas y en la documentación que obra en el expediente de contratación.

• En ese sentido, concluye que los argumentos formulados por el Consorcio

Impugnante no resultan suficientes, por sí solos, para desvirtuar la observación efectuada respecto de los certificados de experiencia del jefe supervisor de obra, toda vez que la referencia a las subespecialidades "Edificación educativa" y "Establecimiento de salud" debe analizarse conjuntamente con las condiciones específicas de acreditación previstas en las bases integradas.

• Por las consideraciones expuestas, sostiene que corresponde mantener el

criterio de evaluación del comité únicamente en la medida en que la exclusión de los certificados cuestionados se encuentre respaldada por una exigencia expresa y aplicable de las bases integradas, debidamente identificada y motivada en el expediente de contratación. En tal sentido, no corresponde amparar el cuestionamiento del Consorcio Impugnante sobre la sola base de la mención de las referidas subespecialidades, sin perjuicio de la obligación de verificar que la decisión adoptada se ajuste a las reglas definitivas del procedimiento de selección.

• El 23 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación del representante del Consorcio Impugnante.

• Con decreto del 23 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad y Consorcio

Impugnante, considerando la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que se advertiría la transgresión a las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, en tanto que la experiencia exigida para el personal clave “Jefe Supervisor de Obra”, entre otros, comprendería la subespecialidad “Establecimientos de salud”, subespecialidad que no estaría prevista en el requisito de calificación A. Experiencia del postor en la especialidad, lo que configuraría una posible vulneración de lo previsto en las bases estándar. Dicha situación, configuraría una transgresión a los lineamientos de las bases estándar y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.

• Mediante Informe Técnico N° 002-2026-GRU-GR-C presentado el 30 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad, manifestando lo siguiente:

• Indica que, de la revisión del pliego de absolución de consultas y observaciones,

corresponde precisar que la consulta formulada por el participante estuvo referida específicamente a la experiencia adicional del personal clave; es decir, al requisito de calificación denominado “Experiencia del personal clave”, y no estuvo dirigida a modificar la subespecialidad de establecimientos de salud en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”.

• Sostiene que resulta necesario distinguir entre los requisitos de calificación

“Experiencia del personal clave” y “Experiencia del postor en la especialidad”, pues la incorporación de una subespecialidad en el requisito referido a la experiencia del personal clave no implica, por sí misma, su incorporación automática en el requisito de experiencia del postor, toda vez que se trata de exigencias diferenciadas y sujetas a sus propias condiciones de acreditación.

• Señala que la no incorporación de la subespecialidad de establecimientos de

salud en el requisito A. “Experiencia del postor en la especialidad” obedeció a que la consulta formulada estuvo referida a la experiencia adicional del personal clave y no a la experiencia del postor.

• Precisa que la inclusión de la subespecialidad de establecimientos de salud en el

requisito B.2 tuvo como antecedente la consulta referida a la experiencia adicional del personal clave, y no una solicitud de modificación del requisito A. “Experiencia del postor en la especialidad”.

• Por lo tanto, sostiene que la actuación descrita se encuentra sustentada en el

alcance específico de la consulta atendida. Sin perjuicio de ello, señala que corresponde evaluar si la observación formulada por el Tribunal evidencia la necesidad de armonizar ambos requisitos, considerando el objeto de la contratación, las condiciones establecidas en las bases y la normativa de contrataciones públicas aplicable al procedimiento.

• Finaliza alegando que el comité considera que las bases integradas no han

incurrido en un vicio que amerite su nulidad, toda vez que las condiciones establecidas responden a la naturaleza y características del objeto contractual. En tal sentido, la actuación del comité se sustentó en el contenido específico de la consulta formulada y en los términos de su absolución, sin perjuicio de la evaluación integral que corresponda efectuar respecto a la conformidad de las bases integradas con la normativa de contrataciones públicas.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 30 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado de nulidad, en los siguientes términos:

• Refiere que las bases estándar establecen que la experiencia del personal clave

propuesto en un concurso público de consultoría debe corresponder a las mismas especialidades y subespecialidades previstas para la experiencia del postor. Al respecto, entiende que la finalidad de dicho criterio es garantizar que el personal clave, por su alto grado de especialización, acredite haber participado en trabajos sustancialmente similares a aquellos cuya supervisión tendrá a su cargo.

• Sostiene que, en el presente caso, dicho criterio se habría respetado

sustancialmente, pues se mantuvo la misma especialidad (edificaciones y afines) y la misma subespecialidad (edificación educativa), incorporándose únicamente una nueva subespecialidad: establecimientos de salud.

• Precisa que no se ha desnaturalizado el tipo de contratación, toda vez que la

experiencia solicitada en ambos requisitos coincide sustancialmente y, además, se ha ampliado a una sola subespecialidad adicional. Agrega que dicha incorporación no fue arbitraria, sino que respondió a que los establecimientos de salud presentan características sustancialmente similares a las de las edificaciones educativas. Asimismo, señala que se rechazó la incorporación de otros tipos de edificaciones, lo que permitió ampliar las posibilidades de participación de potenciales postores y, por consiguiente, promover una mayor competencia en el procedimiento de selección, favoreciendo su eficiencia.

• Añade que debe tenerse en cuenta que declarar la nulidad del procedimiento

afectaría el interés público, toda vez que la contratación dejaría de efectuarse oportunamente y se produciría un retraso de varias semanas o incluso meses. En ese sentido, considera que mantener el acto cuestionado, pese a la existencia de un vicio que califica como no trascendente y que, además, favorece una mayor competencia, permitiría garantizar la oportunidad de la contratación.

• En consecuencia, sostiene que declarar la nulidad del procedimiento de selección

resultaría contrario al principio de eficiencia, pues impediría que la obra cuente oportunamente con una supervisión especializada y profesional.

• Con decreto del 2 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y la declaratoria del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso público para consultoría de obra, cuya cuantía asciende a S/ 2 154 218.28 (dos millones ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dieciocho con 28/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se disponga continuar con el procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público para consultoría de obra, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 13 de octubre de 20261,

fue publicado en el SEACE el 30 de septiembre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Impugnante presentó los Escritos N° 1 y 2 presentados el 13 y 15 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el titular gerente del Impugnante, la señora Nelly Mamani Mamani,

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. 1 Cabe indicar que el 8 de octubre fue feriado por celebrar el “Combate de Angamos”.

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso el Consorcio Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue descalificada y el procedimiento de selección fue declarado desierto.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación.

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección.

ii. Se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. iii. Se disponga continuar con el procedimiento de selección.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 16 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 21 del mismo mes y año. No obstante, se advierte que no se ha apersonado al presente procedimiento impugnativo, ningún postor además del Consorcio Impugnante. Por lo tanto, los puntos controvertidos se fijarán únicamente en virtud de lo manifestado en el recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio

Impugnante y, como consecuencia de ello, se deje sin efecto la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde disponer continuar con el procedimiento de selección.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Sobre el particular, a efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos

cuestionados en el recurso impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las bases integradas, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal2, con decreto del 23 de

octubre de 2026, se corrió traslado al Impugnante y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación:

A LA ENTIDAD Y AL CONSORCIO EDIFICACIÓN [CONSORCIO IMPUGNANTE].

• Al respecto, mediante el recurso de apelación, el Consorcio Impugnante solicitó

que se revoque la descalificación de su oferta, alegando que el Comité descartó diversas experiencias del personal clave propuesto por su representada para el cargo de Jefe Supervisor de Obra, por considerar que no correspondían a la subespecialidad de infraestructura educativa, pese a que las bases integradas admitían las subespecialidades de “Edificación educativa” y “Establecimientos de Salud”. 2 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

• Sobre el particular, de la revisión del “Acta continuada de admisión, calificación,

evaluación y otorgamiento de la buena pro” registrada en el SEACE, se advierte lo siguiente:

Como se puede apreciar, el Comité observó seis (6) certificados presentados por el Consorcio Impugnante para acreditar la experiencia del Jefe Supervisor de Obra, debido a que estos acreditaban experiencia en infraestructura de salud, la cual no correspondía a la subespecialidad de infraestructura educativa exigida en las bases integradas. En consecuencia, al no considerar dichas experiencias, el Consorcio Impugnante solo acreditó cuatro (4) meses de experiencia, plazo inferior al mínimo de treinta y seis (36) meses requeridos en las bases integradas, motivo por el cual su oferta fue descalificada.

• Al respecto, es preciso señalar que, el literal B.2. del Capítulo III de la Sección

Específica de las bases estándar del Concurso Público para Consultoría de Obra señala lo siguiente:

Nótese que las bases estándar aplicables al procedimiento de selección permiten que la Entidad pueda solicitar la acreditación de la experiencia para el personal clave, precisando que tal requerimiento debe estar orientado a la acreditación de un tiempo determinado de experiencia específica en la especialidad y subespecialidades indicadas en el requisito de calificación A. “Experiencia del postor en la especialidad”, debiendo precisarse los trabajos o prestaciones en la actividad requerida.

• Ahora bien, de la revisión de las bases integradas, se advertiría que, para el

requisito de calificación A. Experiencia del postor en la especialidad, se estableció lo siguiente:

• De otro lado, para el requisito de calificación B.2 Experiencia del personal clave,

estableció lo siguiente:

(…) Conforme se puede apreciar, las bases integradas en los requisitos de la experiencia del personal clave “Jefe Supervisor de Obra” solicitaron que el profesional acredite una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses en la supervisión y/o ejecución de obras en la especialidad de Edificaciones y afines, y en las subespecialidades de “Edificación educativa” y “Establecimientos de salud”. En este punto, cabe traer a colación que, con ocasión de la absolución de la consulta N° 19 del Pliego de Absolución de consultas y observaciones, el comité amplió la experiencia del personal clave a la subespecialidad “Establecimientos de salud”, como se puede apreciar a continuación:

(…) (…)

• De las consideraciones expuestas, se advierte que, respecto del personal clave

propuesto para el cargo de “Jefe Supervisor de Obra”, entre otros, la Entidad habría incluido la posibilidad de acreditar experiencia en la supervisión y/o ejecución de obras correspondientes a las subespecialidades de “Edificación educativa” y “Establecimientos de salud”. Lo anterior tendría su origen en la absolución de la Consulta N° 19, mediante la cual se habría ampliado el alcance de la experiencia exigida para el personal clave, incorporando la subespecialidad “Establecimientos de salud”, adicionalmente a la de “Edificación educativa”. Sin embargo, dicha incorporación da cuenta de una subespecialidad que no se encuentra contemplada en el requisito de calificación A. Experiencia del postor en la especialidad.

• La situación descrita evidenciaría una posible contravención a los lineamientos

establecidos en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, en tanto que la experiencia exigida para el personal clave “Jefe Supervisor de Obra”, entre otros, comprendería la subespecialidad “Establecimientos de salud”; no obstante, ésta no estaría prevista en el requisito de calificación A. Experiencia del postor en la especialidad, lo que configuraría una posible vulneración de lo previsto en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección y, por ende, de lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento que dispone que “[l]as bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores” (el subrayado es agregado).

• En ese sentido, lo expuesto permitiría advertir que la regulación contenida en las

bases integradas podría resultar contraria a los lineamientos de las bases estándar aplicables, así como a los principios de transparencia y facilidad de uso y de legalidad, previstos en el artículo 5 de la Ley N° 32069, según los cuales las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar bajo reglas y criterios claros y accesibles, y con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el

numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, por una posible contravención a las normas legales y las reglas del procedimiento de selección.

• Al respecto, el vicio de nulidad advertido se sustenta en que las bases integradas

han contravenido los lineamientos establecidos en las bases estándar del concurso público para consultoría de obra, en lo referido a la acreditación de la experiencia del personal clave, entre estos, el “Jefe Supervisor de Obra”. En efecto, se exigió que dicho profesional acreditara una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses en la supervisión y/o ejecución de obras en la especialidad de edificaciones y afines, en las subespecialidades de “Edificación educativa” y “Establecimientos de salud”. Cabe señalar que, con ocasión de la absolución de la consulta N° 19 del pliego de absolución de consultas y observaciones, el comité amplió las subespecialidades consideradas para acreditar la experiencia del personal clave, incorporando la correspondiente a “Establecimientos de salud”. Sin embargo, dicha incorporación no guarda correspondencia con el requisito de calificación A. “Experiencia del postor en la especialidad”, en el cual no se contempló la referida subespecialidad, pese a que las bases estándar señalan que la especialidad y subespecialidad requerida para la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad requerida para la experiencia del postor. En ese sentido, tal deficiencia evidenciaría la inobservancia de las bases estándar de uso obligatorio, conforme a lo previsto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, afectando las reglas que debían regir la evaluación de las ofertas. Por tanto, se configuraría un vicio que incide en la validez del procedimiento de selección y que determina la necesidad de declarar su nulidad, a fin de que las bases sean reformuladas conforme a la normativa aplicable.

• Ahora bien, al absolver el traslado del posible vicio de nulidad, conforme a lo señalado

en los antecedentes, el Consorcio Impugnante manifiesta que declarar la nulidad del procedimiento afectaría el interés público, toda vez que la contratación dejaría de efectuarse oportunamente, lo que podría generar un retraso de varias semanas o incluso meses. En ese sentido, considera que mantener el acto cuestionado, pese a la existencia de un vicio que califica como no trascendente, permitiría garantizar la oportunidad de la contratación y evitar las consecuencias negativas que acarrearía su retroacción. Asimismo, sostiene que la incorporación de una subespecialidad adicional no fue arbitraria, sino que respondió a que los establecimientos de salud presentan características sustancialmente similares a las de las edificaciones educativas. Por ello, considera que dicha ampliación favoreció una mayor participación de potenciales postores y, consecuentemente, la competencia en el procedimiento de selección.

• En esa misma línea, conforme a lo expuesto en los antecedentes, la Entidad sostiene

que el comité considera que las bases integradas no han incurrido en un vicio que amerite declarar la nulidad del procedimiento, toda vez que las condiciones establecidas responden a la naturaleza y características del objeto contractual. En tal sentido, señala que la actuación del comité se sustentó en el contenido específico de la consulta formulada y en los términos de su absolución, sin perjuicio de la evaluación integral que corresponda efectuar respecto de la conformidad de las bases integradas con la normativa de contrataciones públicas. Agrega que resulta necesario distinguir entre los requisitos de calificación “Experiencia del personal clave” y “Experiencia del postor en la especialidad”, pues la incorporación de una subespecialidad en el requisito referido a la experiencia del personal clave no implica, por sí misma, su incorporación automática en el requisito de experiencia del postor, toda vez que se trata de exigencias diferenciadas y sujetas a sus propias condiciones de acreditación.

• En dicho contexto, corresponde señalar que este Colegiado advierte que los

argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante y la Entidad no desvirtúan el vicio de nulidad puesto en su conocimiento mediante el traslado correspondiente. En efecto, de la revisión de las bases integradas, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación A. “Experiencia del postor en la especialidad”, la Entidad estableció como subespecialidad “Edificación educativa”; mientras que, para acreditar la experiencia del personal clave, entre estos, del “Jefe Supervisor de Obra”, contemplada en el requisito B.2, incorporó adicionalmente la subespecialidad “Establecimientos de salud”. Al respecto, si bien la Entidad sostiene que dicha incorporación respondió al alcance específico de la consulta N° 19, referida únicamente a la experiencia adicional del personal clave, tal argumento no resulta suficiente para justificar la modificación efectuada, toda vez que la absolución de consultas y observaciones debe realizarse en observancia de las disposiciones normativas y de los lineamientos establecidos en las bases estándar de uso obligatorio. En ese sentido, el hecho de que la consulta no estuviera dirigida a modificar el requisito de experiencia del postor no eximía al Comité de verificar que la modificación efectuada guardara correspondencia con las exigencias previstas para ambos requisitos de calificación.

En efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento y en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, la experiencia del personal clave debe corresponder a la especialidad y subespecialidad o subespecialidades consideradas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. Por consiguiente, si bien ambos requisitos tienen condiciones particulares de acreditación, ello no habilita a la Entidad a establecer subespecialidades distintas para cada uno de ellos.

• En esa línea, tampoco resulta amparable el argumento del Consorcio Impugnante

referido a que la incorporación de la subespecialidad “Establecimientos de salud” no habría desnaturalizado el requisito, debido a que dicha subespecialidad presentaría características sustancialmente similares a las de “Edificación educativa”. Ello, por cuanto la correspondencia exigida por las bases estándar no se satisface únicamente por mantener la misma especialidad, sino que comprende también la subespecialidad o subespecialidades establecidas para acreditar la experiencia del postor. Por tanto, la incorporación de una subespecialidad adicional únicamente en el requisito referido a la experiencia del personal clave constituye un apartamiento de las reglas obligatorias que debían observarse en la formulación de las bases, pues, como es sabido, ello debió conversar con la información contenida en el requisito de calificación “Experiencia del Postor”.

• Asimismo, el argumento referido a que dicha incorporación habría promovido una

mayor participación de proveedores y favorecido la competencia tampoco justifica la actuación del comité, pues la promoción de la concurrencia y competencia debe desarrollarse dentro del marco de legalidad que rige las contrataciones públicas, sin que ello habilite a establecer condiciones de calificación contrarias a las bases estándar o que impliquen la aplicación de reglas que no se encuentran claras.

• Finalmente, respecto de la presunta afectación al interés público que ocasionaría la

declaración de nulidad del procedimiento, este Colegiado considera que la necesidad de efectuar oportunamente la contratación no constituye, por sí sola, una razón que permita conservar un acto que contraviene disposiciones normativas de obligatorio cumplimiento. Por el contrario, corresponde garantizar que las reglas que rijan la evaluación de las ofertas hayan sido establecidas conforme al ordenamiento jurídico, a efectos de preservar la legalidad y transparencia del procedimiento de selección.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el vicio advertido

reviste carácter trascendente, en tanto afecta las condiciones de calificación que deben observar los participantes para acreditar la experiencia del postor y del personal clave, incidiendo directamente en las reglas que rigen la evaluación de las ofertas. En consecuencia, al no tratarse de un defecto susceptible de conservación, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa correspondiente, a fin de que la Entidad reformule las bases conforme a las disposiciones de la Ley, su Reglamento y las bases estándar aplicables.

• En consecuencia, este Colegiado considera que, en el presente caso, la deficiencia

advertida no solo constituye transgresiones a las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, respecto a la regulación del requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, sino, que resultan trascendentes por su incidencia en la controversia (incoada a través del recurso de apelación) y en el resultado del procedimiento de selección.

• Por tanto, no corresponde conservar los actos afectados por dicha deficiencia, sino

declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa correspondiente, a efectos de que la Entidad reformule las bases, estableciendo condiciones coherentes entre los requisitos de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” y “Experiencia del personal clave”, en estricta observancia de las disposiciones de la Ley, su Reglamento y las bases estándar aplicables.

• Por tanto, habiéndose verificado la contravención de las bases estándar de uso

obligatorio, en los términos establecidos en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, y su trascendencia por la incidencia en la controversia (incoada a través del recurso de apelación) y en el resultado del procedimiento de selección, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa que corresponda, a fin que la Entidad reformule las bases conforme a los lineamientos de las bases estándar y a las disposiciones de la normativa de contratación pública, garantizando que las reglas sean claras, objetivas y congruentes con las actividades que serán efectivamente desarrolladas y no restrinjan indebidamente la participación de los potenciales postores.

• En atención a las consideraciones expuestas, y en ejercicio de la potestad conferida a

este Tribunal por el artículo 70 de la Ley, concordante con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones e integración de bases, a efectos que, en aplicación de las bases estándar aplicables y la normativa vigente, la Entidad atienda la consulta 19 y establezca de manera coherente las condiciones para acreditar los requisitos de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” y “Experiencia del personal clave”, garantizando que la especialidad y subespecialidades exigidas para este último guarden correspondencia con aquellas previstas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta la

etapa de etapa de formulación de consultas y observaciones e integración de bases, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y con la intervención de los vocales Erick Joel Mendoza Merino y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del Concurso público para consultoría de obra N° 036-

2026-GRU-GR-C, convocada por el Gobierno Regional de Ucayali – Sede Central, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: Creación del servicio educativo de educación inicial escolarizada en las I.E.I. N618-B, N619, N620, N621 , N622, N623-B, N624 en los distritos de Campo Verde, Manantay, Masisea, Nueva Requena e Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali - CUI N°2305590”, ítem N° 2, a fin de retrotraerlo hasta la etapa de formulación de consultas y observaciones e integración de bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Edificación integrado por el señor

Bernardo Alanoca Aragón y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente de

publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3.

• Comunicar la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su

Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 24.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

3 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.