Resolución N.° 9673-2026-TCP-S2

Sumilla: “(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7778/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO TITANCITO, integrado por las empresas GATT PERÚ S.R.L. y TMI-TYC S.A.C., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 007- 2025-MPCP-CS-LP (LP-SM-7-2025-MPCP-CS-LP-1), para la “Adquisición de camión cisterna de capacidad 5000 gal para la Sub Gerencia de Áreas Verde y Gestión Ambiental”, convocada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 28 de agosto de 2026, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 007-2025-MPCP- CS-LP (LP-SM-7-2025-MPCP-CS-LP-1), para la “Adquisición de camión cisterna de capacidad 5000 gal para la Sub Gerencia de Áreas Verde y Gestión Ambiental”, con una cuantía de S/ 573,580.01 (quinientos setenta y tres mil quinientos ochenta con 01/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobada por la Ley N° 32069 y sus modificaciones, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificaciones, en adelante el Reglamento.

• De acuerdo con el respectivo cronograma, el 30 de setiembre de 2026 se realizó la

presentación electrónica de ofertas; y el 13 de octubre de 2026, el Oficial de Compra culminó la admisión, calificación y evaluación, otorgando la buena pro a J&L METAL GROUP S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por S/ 560,000.00, conforme al siguiente detalle:

POSTOR

ETAPAS

BUENA PRO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA ECONÓMICA PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRELACIÓN

J&L METAL

GROUP S.A.C.

ADMITI

DA CALIFICADA 100 560,000.00 100 1 SÍ

CONSORCIO

FORETAG

NO

ADMITI

DA

CONSORCIO

TITANCITO

NO

ADMITI

DA – – 478,990.00 (*) – – NO

• Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO TITANCITO, integrado por las empresas GATT PERÚ S.R.L. y TMI-TYC S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la decisión de no admitir su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, solicitando la revocación de ambos actos y el otorgamiento de la buena pro a su favor, previa calificación y evaluación de su oferta, con base en los siguientes argumentos: Sobre la no admisión de su oferta

• Señala que el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas estableció

como documentos de admisión los catálogos, folletos o fichas técnicas destinados a acreditar determinadas características del vehículo; y que la información podía ser presentada en copia física o mediante descarga de la página web oficial del fabricante o su representante autorizado en el Perú, indicando la URL exacta. Afirma haber presentado tanto la ficha técnica en los folios 57 y 58 como una carta complementaria con la dirección electrónica en el folio 56 de su oferta. ii) Refiere que la primera observación del Acta del 13 de octubre de 2026 se sustentó en la imposibilidad de acceder a una dirección electrónica que no coincidía con la indicada en su oferta, pues el enlace consignado en el folio 56 contenía seis guiones bajos en el nombre del archivo, caracteres omitidos en la dirección que fue utilizada por el Oficial de Compra y que produjo un mensaje de error. Añade que el subrayado del hipervínculo habría dificultado advertirlos visualmente. iii) Sostiene que la ficha técnica del chasis SINOTRUK HOWO NX 6×4 presentada físicamente acreditaba las ocho características que el literal g) identificó para la admisión: marca, modelo, potencia, cilindrada, torque, norma de emisión de gases, cilindros y capacidad de carga; por lo que el resultado de una consulta web no podía, por sí mismo, determinar que la oferta careciera de acreditación documental.

iv) Respecto de la segunda observación del Acta, cuestiona que se haya considerado contradictoria la fecha de aprobación del formato del reporte de medición de espesores por ultrasonido (3 de marzo de 2025) con la fecha de inspección consignada en ese documento (23 de setiembre de 2026). Precisa que la primera correspondía a la versión del formulario de PROMEGEN y no a la ejecución de la inspección, y que el reporte de los folios 59 y 60 no constituía un documento de admisión previsto en el numeral 2.2.1.1 de las bases. Sobre el otorgamiento de la buena pro

• Alega que, de revocarse la no admisión, su oferta debía ser calificada y

evaluada, pues habría acreditado una experiencia por S/ 2,452,390.00 frente al monto mínimo exigido de S/ 1,720,740.03, y un precio ofertado de S/ 478,990.00, además de los demás factores de evaluación referidos al plazo de entrega, garantía comercial, servicios y repuestos y capacitación. vi) Sostiene que su propuesta alcanzaría 100 puntos y superaría el puntaje del Adjudicatario, cuyo precio fue S/ 560,000.00. Por tal motivo, solicita que, después de revertirse su condición de no admitido y realizarse las actuaciones correspondientes, se revoque la buena pro y se otorgue esta a su representada.

• Con Decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación, se suspendió el procedimiento de selección y se corrió traslado a la Entidad para que registre su informe técnico-legal dentro del plazo de tres (3) días hábiles. Asimismo, se notificó a los postores que pudieran verse afectados para que absuelvan el recurso dentro del mismo plazo; y se programó audiencia pública virtual para el 28 de octubre de 2026 a las 10:00 horas.

• Mediante el Informe N° 000897-2026-MPCP/GAF-SGL del 27 de octubre de 2026,

presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió su posición respecto del recurso de apelación, manifestando, en síntesis, lo siguiente:

• Sostiene que el Oficial de Compra constató que el enlace consignado por el

Impugnante no permitía acceder a la ficha técnica y que las bases integradas habían establecido expresamente la imposibilidad de validar la URL proporcionada como causal de no admisión. A su entender, el postor debía suministrar información clara, íntegra y susceptible de verificación, sin que el evaluador tuviera obligación de reconstruir o corregir direcciones electrónicas.

ii) Agrega que la imposibilidad de acceder a la fuente electrónica impedía corroborar la procedencia, autenticidad y correspondencia de la documentación técnica; y considera que el recurso no desvirtúa, por sí solo, la actuación del evaluador ni justifica revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. iii) En su informe también formula consideraciones sobre una presunta contradicción vinculada con la garantía comercial; sin embargo, dicho extremo no corresponde a las dos observaciones que, según el Acta, determinaron la no admisión de la oferta del Impugnante. Finalmente, solicita mantener el resultado del procedimiento de selección.

• A través de escrito presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación y solicitó que se declare infundado, se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante y se ratifique la buena pro otorgada a su favor, sobre la base de los siguientes argumentos:

• Señala que el literal g) del numeral 2.2.1.1 exigió que el enlace consignado

permitiera verificar la documentación técnica del vehículo; por lo que, al haber obtenido el Oficial de Compra un resultado de página no encontrada, se habría configurado la causal de no admisión expresamente prevista en las bases. ii) Considera que el reconocimiento del Impugnante sobre la dificultad de visualizar los guiones bajos en el enlace no elimina su responsabilidad de presentar una oferta clara y verificable. Invoca criterios jurisprudenciales sobre el deber de diligencia de los postores y sostiene que no corresponde al evaluador interpretar ni subsanar la documentación presentada.

• Con Decreto del 28 de octubre de 2026, la Segunda Sala del Tribunal advirtió la

existencia de posibles vicios de nulidad relacionados con el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, al haberse exigido la validación de una URL como condición para admitir ofertas. En tal sentido, conforme al numeral 313.2 del

artículo 313 del Reglamento, corrió traslado a la Entidad, al Impugnante y al

Adjudicatario para que, dentro de cinco (5) días hábiles, emitieran pronunciamiento sobre la posible contravención a las bases estándar de uso obligatorio y a los principios de la contratación pública. Asimismo, se señaló que las bases estándar permiten exigir excepcionalmente documentación técnica para la admisión de ofertas cuando dicha necesidad esté sustentada en la Estrategia de Contratación y se detallen las características y/o requisitos funcionales específicos a acreditar, mientras que el literal g) incorporó la imposibilidad de validar un enlace web como causal de no admisión, aun cuando hubiera documentación técnica aportada por el postor.

• Mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado del posible vicio de nulidad y solicitó que este fuera declarado trascendente, exponiendo lo siguiente:

• Manifiesta que el literal g) exigió de modo genérico acreditar las

especificaciones técnicas, introdujo la comprobación de páginas web como mecanismo de admisión y convirtió la imposibilidad de validar la URL en causal de exclusión, sin que dicha condición esté prevista en las bases estándar. Sostiene que la no admisión de su oferta se basó, además, en una ruta distinta de la presentada y en un reporte técnico ajeno al numeral de documentos de admisión. ii) Advierte que el numeral 3.4 de las bases contenía otras exigencias documentales vinculadas con una certificación PRODUCE, un reporte de medición de espesores por ultrasonido, un programa de mantenimiento y una licencia de funcionamiento, que a su criterio no debieron operar como documentos para excluir ofertas en la admisión sin estar previstas en el numeral 2.2.1.1. iii) Cuestiona que las bases integradas mantuvieran la bonificación del 5 % por condición MYPE pese a lo absuelto en el pliego, y refiere presuntas discrepancias adicionales del requerimiento técnico. Asimismo, invoca pronunciamientos relativos a convocatorias anteriores del mismo objeto de contratación, solicitando una revisión integral de las bases y la remisión de la decisión al Titular de la Entidad, al Órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República.

• A través de la Carta N° 000531-2026-MPCP/GAF-SGL del 4 de noviembre de 2026,

presentada en la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del posible vicio de nulidad, señalando lo siguiente:

• Sostiene que las bases integradas permitían presentar documentación técnica

en copia física o mediante documentos descargados de la página web oficial del fabricante o su representante autorizado en el Perú, y que la exigencia de consignar la URL exacta tenía como finalidad facilitar la contrastación de la información técnica y prevenir la presentación de fichas alteradas. ii) Refiere que ambas modalidades favorecían la concurrencia de postores; sin embargo, insiste en que el Impugnante presentó simultáneamente una ficha y una URL cuya verificación resultó infructuosa, lo que, a su criterio, generó incertidumbre y justificó que su oferta no fuera admitida. iii) En consecuencia, considera que la regla cuestionada respetó las bases estándar y solicita que se confirme la buena pro otorgada al Adjudicatario. En el extremo referido al eventual vicio de nulidad, no acompaña un análisis específico de la correspondencia entre la causal de no admisión por falla de enlace y las condiciones previstas en las bases estándar.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 4 de noviembre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del posible vicio de nulidad e indicó lo siguiente:

• Sostiene que la posibilidad de presentar documentación física o descargable

de páginas web oficiales amplía las alternativas disponibles para los postores, promueve la competencia y no vulnera el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. ii) Añade que la URL fue exigida para facilitar la verificación de información publicada por el fabricante o su representante autorizado, por lo que solicita que se continúe con el análisis del fondo de la controversia y se ratifique la buena pro a su favor.

• Con Decreto del 5 de noviembre de 2026, al haber vencido el plazo para absolver

el traslado de nulidad dispuesto mediante Decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver, de conformidad con el numeral 313.2 del

artículo 313 del Reglamento.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Titancito contra la decisión de no admitir su oferta y el otorgamiento de la buena pro a favor de J&L Metal Group S.A.C., solicitando que se revoquen ambos actos y, previa calificación y evaluación de su oferta, se le otorgue la buena pro. Asimismo, corresponde examinar el posible vicio de nulidad identificado de oficio durante la tramitación del recurso, en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento.

• VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, mediante el cual se impugnan los actos dictados antes del perfeccionamiento del contrato, salvo aquellos que la normativa excluye expresamente.

• En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso interpuesto,

corresponde examinar las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, considerando que dicho análisis es distinto del control formal de los requisitos de admisibilidad.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver.

El artículo 74 de la Ley atribuye al Tribunal la competencia para resolver recursos interpuestos en procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT, entre otros supuestos. En el presente caso, la cuantía asciende a S/ 573,580.01, importe que excede dicho umbral; por tanto, corresponde al Tribunal conocer el recurso.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento identifica los actos que no son impugnables. En este caso se cuestionan la no admisión de una oferta y el otorgamiento de la buena pro; ninguno de ellos está incluido entre los supuestos excluidos de impugnación.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer apelación contra la buena pro o los actos anteriores a ella en procedimientos de selección competitivos. La buena pro fue publicada el 13 de octubre de 2026 y el recurso se presentó el 21 de octubre de 2026, antes del vencimiento del plazo que se produjo el 23 de octubre de 2026.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso se aprecia que fue presentado en nombre del Consorcio Titancito por su representante común, Jorge Antonio Dueñas Santana, identificado como tal en la documentación del consorcio; por tanto, no se advierte la concurrencia de esta causal.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar o contratar con el Estado.

De los actuados incorporados al expediente que han sido materia de revisión no se advierte información que permita concluir que alguno de los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentre impedido para participar o contratar con el Estado en este procedimiento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

No se advierte elemento alguno que permita concluir que el Impugnante se encuentre legalmente incapacitado para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar su no

admisión o descalificación, o sin revertir dicha condición. El Consorcio Titancito fue declarado no admitido, pero ha cuestionado expresamente esa decisión como primera pretensión, cuya estimación pretende como presupuesto para discutir la buena pro; por tanto, no se configura, en este examen inicial, la causal de improcedencia señalada.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

La buena pro fue otorgada a J&L Metal Group S.A.C., mientras que el recurso fue interpuesto por el Consorcio Titancito, por lo que no se configura la presente causal.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su petitorio.

El Impugnante sostiene que su exclusión se sustentó en una dirección electrónica distinta de la consignada en su oferta y en una lectura incorrecta de las fechas del reporte de ultrasonido; a partir de ello solicita la revocación de la no admisión, su evaluación y, finalmente, la buena pro. Existe, por tanto, conexión lógica entre los hechos alegados y las pretensiones.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

La decisión de no admitir la oferta del Consorcio Titancito afecta directamente su posibilidad de continuar en el procedimiento y disputar la buena pro; ello evidencia un interés legítimo en impugnar dicho acto, sin perjuicio de que la estimación de sus pretensiones de fondo dependa de la evaluación correspondiente.

• En consecuencia, no se advierte la concurrencia de las causales de improcedencia

previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde continuar con la fijación de las pretensiones y puntos controvertidos del recurso.

• PRETENSIONES:
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se advierte que el Impugnante

solicitó al Tribunal lo siguiente:

• Que se revoque la decisión de no admitir su oferta, disponiendo que esta sea

tenida por admitida. ii) Que se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y, previa verificación de los requisitos de calificación y aplicación de los factores de evaluación, se otorgue la buena pro a su representada.

• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso y consideradas las pretensiones

formuladas, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario determinar los puntos controvertidos. Al respecto, el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el recurso de apelación o al absolver su traslado, según corresponda; en ese marco, los puntos controvertidos se fijan sobre la base de dichos escritos, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento.

• Mediante Decreto del 22 de octubre de 2026, el recurso fue admitido a trámite y

se notificó a los postores que pudieran resultar afectados. El Adjudicatario presentó su absolución el 27 de octubre de 2026, dentro del plazo de tres (3) días hábiles previsto para dicho acto. Por tanto, corresponde considerar los argumentos planteados en el recurso y en la absolución oportuna del traslado.

• Por lo tanto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar

son los siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la decisión de no admitir la oferta del

Impugnante, y en consecuencia revocar la buena pro del procedimiento de selección. ii) Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

la finalidad de la normativa de contrataciones públicas consiste en que las Entidades obtengan bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, en un escenario que garantice la concurrencia de proveedores, la objetividad de las evaluaciones y la transparencia en el empleo de recursos públicos.

• En adición, los principios que rigen la contratación pública constituyen parámetros

para orientar la actuación de las Entidades y para controlar el ejercicio de las facultades de sus evaluadores. Entre ellos, resultan relevantes los principios de libertad de concurrencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, previstos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al examen de la cuestión previa advertida durante el trámite del recurso, cuyos efectos podrían incidir sobre la validez de las reglas aplicadas para la admisión de las ofertas.

CUESTIÓN PREVIA: SOBRE EL VICIO DE NULIDAD ADVERTIDO

• Durante el trámite del presente recurso, el Impugnante cuestionó la decisión del

Oficial de Compra de no admitir su oferta, entre otros motivos, por la supuesta imposibilidad de acceder al enlace electrónico contenido en el folio 56 de su propuesta, empleado como respaldo de la ficha técnica del chasis ofertado. La Entidad y el Adjudicatario sostuvieron que dicho resultado justificaba aplicar la causal prevista en las bases integradas para excluir la oferta. En atención a esa controversia, se procedió a revisar las reglas de admisión del procedimiento de selección, advirtiéndose que el literal g) del numeral 2.2.1.1, correspondiente al Capítulo II de la sección específica de las bases integradas, exigió documentación técnica destinada a acreditar especificaciones del vehículo y condicionó su verificación, en determinados supuestos, a la posibilidad de validar una dirección electrónica. Para mayor detalle, se reproduce el extremo pertinente del referido literal:

• De la lectura del literal g) se aprecia que la Entidad estableció, como parte de los

documentos obligatorios para la admisión de las ofertas, la exigencia de consignar la dirección exacta del enlace web (URL) de la página oficial del fabricante o de su representante autorizado en el Perú, a fin de verificar la documentación técnica presentada, precisando, además, que la imposibilidad de validar dicho enlace constituiría causal de no admisión de la oferta.

• En atención a lo expuesto, mediante Decreto del 28 de octubre de 2026, la

Segunda Sala del Tribunal corrió traslado a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario de los posibles vicios de nulidad advertidos, de conformidad con el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento. En particular, se advirtió que la exigencia de consignar un enlace web (URL) para verificar la documentación técnica presentada, cuya imposibilidad de validación constituía causal de no admisión de la oferta, no se encontraría acorde con las disposiciones previstas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección..

• Al absolver dicho traslado, el Impugnante compartió el posible vicio identificado y

sostuvo que el literal g) vulneraba las bases estándar por emplear una remisión genérica a las especificaciones técnicas y por incorporar la verificación web como condición de admisión. Añadió que el defecto tuvo incidencia concreta en la no admisión de su oferta y pidió que se examinaran también otras exigencias documentales incluidas en el requerimiento, así como eventuales deficiencias de integración de las bases. De manera particular, invocó los documentos de los folios 56 a 60 de su propuesta, refirió que el evaluador habría utilizado una dirección electrónica distinta de la presentada y cuestionó la consideración de una fecha de aprobación de formulario como si se tratara de la fecha de inspección. También aludió a decisiones de nulidad anteriores relacionadas con el mismo objeto de contratación y solicitó que, de disponerse una nueva convocatoria, se efectuara una revisión integral de las reglas.

• Por su parte, la Entidad señaló que el literal g) estableció dos modalidades de

presentación documental copia física y descarga desde una página web oficial, por lo que, a su criterio, el requerimiento promovió la concurrencia. Agregó que la URL exacta permitiría verificar la autenticidad, vigencia y correspondencia de la ficha técnica, previniendo posibles alteraciones de los documentos presentados por los postores. El Adjudicatario sostuvo una posición semejante. Manifestó que la posibilidad de presentar fichas físicas o digitales favorecía la competencia y que la solicitud de una dirección web tenía como finalidad corroborar la información técnica en fuentes oficiales. En consecuencia, ambas partes estimaron que no correspondía declarar la nulidad y solicitaron que se continúe con el análisis del recurso para conservar el otorgamiento de la buena pro.

• Sobre el particular, debe señalarse que el numeral 55.3 del artículo 55 del

Reglamento establece que las bases estándar aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento son de uso obligatorio para los evaluadores. En consecuencia, las Entidades deben observar las condiciones que aquellas establecen tanto al determinar los documentos exigibles para la admisión como al definir su finalidad acreditativa.

• En concordancia con ello, las bases estándar aplicables a la Licitación Pública para

Bienes establecen que, de manera excepcional, la Entidad puede requerir documentación técnica para acreditar determinadas especificaciones técnicas del bien durante la admisión de ofertas, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o documentos similares, siempre que dicha exigencia se encuentre sustentada en la Estrategia de Contratación. Sin embargo, dichas disposiciones no contemplan la exigencia de consignar un enlace web (URL) para la verificación de la documentación técnica presentada, ni establecen que la imposibilidad de validar dicho enlace constituya una causal de no admisión de las ofertas; conforme se advierte:

• Ahora bien, en el presente caso, se advierte que, mediante el literal g) del numeral

2.2.1.1 de las bases integradas, la Entidad no solo requirió la presentación de catálogos, folletos o fichas técnicas para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, sino que incorporó la posibilidad de consignar la dirección exacta del enlace web (URL) de la página oficial del fabricante o de su representante autorizado en el Perú, para su verificación por parte del evaluador. Asimismo, estableció expresamente que la imposibilidad de validar dicho enlace constituiría causal de no admisión de la oferta, pese a que tal exigencia no se encuentra contemplada en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección.

• Sobre el particular, corresponde precisar que el cuestionamiento advertido no se

encuentra referido a la facultad de la Entidad de requerir documentación técnica para acreditar determinadas características del bien, sino a la incorporación de permitir la posibilidad de la verificación mediante un enlace web (URL), cuya imposibilidad de validación fue establecida como causal de no admisión de las ofertas, sin que dicha condición se encuentre prevista en las bases estándar.

En ese sentido, aun cuando la Entidad haya considerado conveniente incorporar dicho mecanismo para verificar la documentación presentada por los postores, ello no la habilitaba a establecer condiciones adicionales de admisión distintas de las contempladas en las bases estándar, cuyo uso resulta obligatorio conforme al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Por tanto, se advierte que la exigencia incorporada en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas contraviene las disposiciones de las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, configurándose el vicio de nulidad advertido por este Colegiado.

• En ese sentido, respecto de lo alegado por la Entidad y el Adjudicatario, quienes

sostienen que la exigencia de consignar un enlace web (URL) permite verificar la autenticidad de la documentación técnica y facilita su presentación, corresponde señalar que, independientemente de la finalidad perseguida con dicha disposición, las bases estándar no contemplan la exigencia de consignar un enlace web para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ni que su imposibilidad de validación constituya causal de no admisión de las ofertas.. Por tanto, aun cuando la Entidad considere que dicho mecanismo facilita la verificación de la documentación presentada, tal circunstancia no justifica la incorporación de una exigencia adicional que no se encuentra prevista en las bases estándar de uso obligatorio. En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos expuestos por la Entidad y el Adjudicatario.

• Asimismo, debe señalarse que la trascendencia del vicio advertido se evidencia en

el presente procedimiento de selección, toda vez que el Oficial de Compras declaró no admitida la oferta del Impugnante, entre otros aspectos, debido a la imposibilidad de acceder al enlace web consignado en su documentación técnica, aplicando precisamente la exigencia incorporada en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas. En tal sentido, la exigencia no contemplada en las bases estándar tuvo incidencia directa en la admisión de las ofertas, al haber sido utilizada como sustento para declarar no admitida la oferta del Impugnante. Por consiguiente, no se trata de una irregularidad meramente formal, sino de un vicio que afectó las reglas aplicables al procedimiento de selección, cuya observancia debía encontrarse sujeta a las disposiciones de las bases estándar de uso obligatorio.

• Respecto de la posibilidad de conservar las actuaciones, debe tenerse presente

que el vicio advertido se originó en las propias bases del procedimiento de selección, al haberse incorporado una exigencia para la admisión de las ofertas que no se encuentra contemplada en las bases estándar de uso obligatorio. En consecuencia, dicha irregularidad no resulta susceptible de conservación, toda vez que las reglas cuestionadas fueron aplicadas durante el desarrollo del procedimiento de selección. Asimismo, debe considerarse que la exigencia de validar un enlace web (URL) fue utilizada como uno de los fundamentos para declarar no admitida la oferta del Impugnante, por lo que el vicio advertido tuvo incidencia directa en las actuaciones del procedimiento. En tal sentido, corresponde que la Entidad reformule las bases, adecuándolas a las disposiciones previstas en las bases estándar, a fin de garantizar que la admisión de las ofertas se efectúe conforme a las exigencias establecidas en la normativa de contratación pública.

• De acuerdo con lo expuesto, este Tribunal concluye que la exigencia de consignar

un enlace web (URL) para verificar la documentación técnica presentada, cuya imposibilidad de validación constituía causal de no admisión de la oferta, no se encuentra contemplada en las bases estándar de uso obligatorio, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Por tanto, el vicio advertido contraviene el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las disposiciones aplicables de las bases estándar y el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el artículo 5 de la Ley. Asimismo, al condicionar la admisión de ofertas a la disponibilidad de una fuente externa, compromete el principio de libertad de concurrencia, al introducir un riesgo de exclusión que no guarda relación necesaria con el cumplimiento sustantivo de las características técnicas del bien.

• En este contexto, el numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de

la Ley facultan al Tribunal, en el marco de la resolución de un recurso de apelación, a declarar la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando se verifique la contravención de normas legales o de las reglas esenciales del procedimiento, debiendo precisarse la etapa a la cual corresponde retrotraerlo. En concordancia, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento contempla la declaración de nulidad como una de las formas de resolver la apelación.

• En el presente caso, el vicio advertido se encuentra tanto en bases integradas como

en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección, al haberse incorporado una exigencia para la admisión de las ofertas que no se encuentra contemplada en las bases estándar de uso obligatorio.

• En consecuencia, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de

selección y retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme al numeral 70.1 y literal

• del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con el literal d) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento.

• En atención a que la nulidad comprende las reglas de admisión que sirvieron de

sustento a la evaluación, carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo sobre los puntos controvertidos fijados.

• Finalmente, corresponde poner la decisión en conocimiento del Titular de la

Entidad para que, en el marco de sus atribuciones, adopte las acciones pertinentes respecto de los defectos advertidos y disponga la revisión integral de las bases por las áreas competentes.

• Asimismo, considerando que se propone declarar de oficio la nulidad del

procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante para interponer su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública para Bienes N° 007-2025-

MPCP-CS-LP, convocada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para la “Adquisición de camión cisterna de capacidad 5000 gal para la Sub Gerencia de Áreas Verde y Gestión Ambiental”, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa revisión y reformulación de las bases y, de ser necesario, de la Estrategia de Contratación y demás actuaciones preparatorias, conforme a los fundamentos del presente informe.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO TITANCITO, integrado por las

empresas GATT PERÚ S.R.L. y TMI-TYC S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, a fin de que

proceda conforme a sus atribuciones.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.