Resolución N.° 9672-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) la oferta del Consorcio Impugnante queda pendiente su evaluación, siendo esta atribución exclusiva del evaluador del procedimiento de selección, esto es, del comité. Por tanto, corresponde que el comité continúe con el desarrollo del procedimiento de selección y efectúe la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, de acuerdo con las reglas establecidas en las bases integradas.” Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7703/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de toma de lectura de medidores y críticas para la oficina de medición y facturación de la gerencia comercial de la EPS EMAPICA S.A.”; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 1 de septiembre de 2026, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ica S.A., en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de toma de lectura de medidores y críticas para la oficina de medición y facturación de la gerencia comercial de la EPS EMAPICA S.A.”, con una cuantía de S/ 548,589.24 (quinientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve con 24/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias.

El 6 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 12 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la EMPRESA Y REPRESENTACIONES SERVICIOS MULTIPLES S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 528,660.00 (quinientos veinte ocho mil seiscientos sesenta con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

EMPRESA Y

REPRESENTACIONES

SERVICIOS

MULTIPLES S.A.C.

528,660.00 105.00 1 Calificado

CONSORCIO AGUA

ICA - - - Descalificado

• Mediante escrito N° 1 del 19 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha,

y subsanado mediante escrito N° 2 del 21 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha ante la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) se revoque la descalificación de su oferta, y se tenga por calificada; ii) se revoque el descuento de las experiencias N° 2 y N° 8, validando el 100% de la facturación declarada en el Anexo 11; iii) se asigne el puntaje de sesenta (60) puntos en el factor de evaluación facultativo A denominado: experiencia adicional del postor en la especialidad, que se declaró en el Anexo 11, iv) se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre el cuestionamiento de su oferta 2.1. Sobre el equipamiento estratégico. Menciona que la acreditación del SOAT vigente, revisiones técnicas o tarjetas de circulación del vehículo no son características técnicas de un vehículo sino condiciones de operatividad exigibles para el inicio de la prestación del servicio o la suscripción del contrato, y no para la calificación de la oferta técnica en el procedimiento de selección. 2.2. En este sentido, advierte que en el supuesto negado que lo invocado por el comité tuviese asidero legal, en el presente caso se habría configurado un error material en el documento que contenía el compromiso de alquiler de la camioneta, que a la luz del numeral 78.1 del artículo 78° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y el criterio de la DTN del OECE recogido en la Opinión N° D000014-2025-OECE-DTN de fecha 30 de junio de 2025, era pasible de ser subsanado. 2.3. Sobre la infraestructura estratégica. Señala que el término “predio” se debió a un error material que fue convalidado en el último párrafo de dicho documento utilizándose el término “local”. En razón a ello, solicita que el comité considere como cumplido el requisito de calificación facultativo. 2.4. Señala que en el supuesto negado que lo alegado por el comité tuviese asidero legal, en el presente caso se habría configurado un error material en el documento que contenía el compromiso de alquiler del local, que a la luz del numeral 78.1 del artículo 78° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N 009-2025-EF, y el criterio de la Dirección Técnico Normativa del OECE recogido en la Opinión N° D000014-2025-OECE-DTN de fecha 30 de junio de 2025, era pasible de ser subsanado. 2.5. Sobre la experiencia N° 2. Señala que la cláusula tercera del Contrato N° 119-2018 de fecha 07 de septiembre de 2018, da cuenta que el objeto contractual fue la ejecución del servicio de catastro comercial georeferenciado. Dicho servicio fue catalogado por las bases integradas del procedimiento de selección como un servicio similar al objeto de la convocatoria. 2.6. Asimismo, refiere que los ítems del Contrato N° 119-2018 de fecha 07 de septiembre de 2018, observados por el comité no constituían prestaciones independientes, sino instrumentos operativos y componentes técnicos necesarios e inseparables para la ejecución y entrega final del servicio de catastro para la ejecución y entrega final del servicio de catastro comercial contratado. Precisa que las bases integradas del procedimiento de selección no establecen en ninguna de sus estipulaciones la obligación de presentar un desglose de costos o porcentajes por actividad cuando se trate de un contrato ejecutado bajo la modalidad de suma alzada o "a todo costo". 2.7. Sobre la experiencia N° 8. Señala que en la Constancia de Servicios N° 132- 2026 de fecha 12 de agosto de 2026, a folio 98, emitida por la EPS Barranca S.A., en su condición de Entidad Contratante, sí especifica de manera expresa el porcentaje de participación correspondiente al integrante del consorcio Oscar lván Perfecto Rodríguez. 2.8. Sobre el factor de evaluación técnica facultativo de experiencia adicional del postor en la especialidad. Recalca que las bases integradas del procedimiento de selección han estipulado que el postor para hacerse acreedor de 60 puntos debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a mayor o igual a S/1'200,000.00 Soles, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. Sin embargo, el comité no asignó los 60 puntos, a pesar que a través del Anexo N° 11 contenido en el folio 132 al 135 de su oferta declaró 20 contrataciones perfeccionadas a través de órdenes de servicio por la contratación de los servicios de reparto de recibos de agua potable y alcantarillado, y toma de lectura de medidores de agua potable, por un monto acumulado total de S/470,590.00 soles. 2.9. Dicha omisión del comité trasgrede flagrantemente el principio de interpretación integral de la oferta técnica, las bases integradas del procedimiento de selección, y los principios de legalidad y eficacia y eficiencia, regulados en los literales a) y b) del numeral 5.1 del artículo 5° de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 2.10. Concluye que en mérito a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos se proceda a declarar fundado en todos sus extremos el recurso de apelación.

• Con decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre de 2026 a las 09:00 horas.

• Mediante escrito N° 3 del 23 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha

ante la mesa de partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Carta N° 666-2026-SGLCP-GAF-EPS EMAPICA S.A. del 27 de octubre de

2026, presentada el 28 del mismo mes y año ante la mesa de partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para que realicen el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 27 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 432-2026-

GAJ/EPS EMAPICA S.A de la misma fecha, en el cual expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: 6.1 Respecto al requisito de calificación de infraestructura estratégica. Sostiene que el Consorcio no acreditó la disponibilidad del local exigido en las bases integradas, pues el compromiso presentado a folio 120 hace referencia al arrendamiento de un “predio” de 60 m², sin que ello permita verificar si reúne las características requeridas. Añade que el testimonio notarial adjunto resultaba ilegible, lo que impidió comprobar las condiciones y ambientes del inmueble. Asimismo, considera que dicha deficiencia no es subsanable conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento de la Ley N° 32069, pues ello supondría completar o modificar la oferta, afectando la igualdad de trato y la evaluación objetiva. 6.2 Respecto al requisito de calificación de equipamiento estratégico. Indica que, si bien el compromiso de alquiler presentado a folio 111 identifica una camioneta pickup de doble cabina, año 2026, con placa N° CJR-901, no se acreditó que contara con SOAT, pese a que este documento constituía una exigencia expresa de las bases integradas. Por ello, considera que el Comité no podía verificar el cumplimiento del requisito y que admitir su acreditación posterior supondría flexibilizar las reglas del procedimiento en beneficio del Consorcio. 6.3 Respecto a la experiencia del postor en la especialidad. En cuanto a la Experiencia N° 2, correspondiente al Contrato N° 119-2018, la Entidad señala que algunas de sus actividades no correspondían a los servicios similares previstos en las bases integradas y que, al no encontrarse desglosados los importes facturados por cada actividad, no fue posible determinar el monto atribuible únicamente a aquellas que sí calificaban como similares. 6.4 Respecto a la Experiencia N° 8, indica que el Consorcio no presentó la promesa o contrato de consorcio correspondiente, documento necesario para verificar el porcentaje de obligaciones asumido y determinar el monto de experiencia computable, conforme al numeral 2.3.7 de las bases integradas y la Resolución N° 6568-2026-TCP-S6. 6.5 Sin perjuicio de ello, precisa que, aun desestimándose ambas experiencias, el monto validado acumulado ascendería a S/ 793 257.14, superando los S/ 650 000.00 exigidos en las bases integradas. 6.6 Respecto a las pretensiones vinculadas con la evaluación de la oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sostiene que, al haber sido descalificado por no acreditar los requisitos de calificación, el Consorcio carece de interés para solicitar que su oferta sea declarada calificada y que se evalúen sus factores facultativos, oferta técnica y económica, o se le otorgue la buena pro. Al respecto, invoca el artículo 45 de la Ley N° 32069 y los artículos 62, 70, 73, 74, 78 y 80 del Reglamento, para señalar que las etapas del procedimiento son secuenciales y preclusivas, por lo que la evaluación técnica y económica, así como el otorgamiento de la buena pro, corresponden únicamente a las ofertas que superan la etapa de calificación. En esa línea, considera que tampoco corresponde emitir pronunciamiento sobre las demás pretensiones accesorias.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación del Consorcio Impugnante y de la Entidad, por medio de sus representantes.

• Con decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público de Servicios, con una cuantía de S/ 548,589.24. Sí Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra su descalificación. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 12.10.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles, el 22.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 19.10.2026 y subsanado el 21.10.2026. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante común del Consorcio Impugnante. El recurso es suscrito por el señor Pedro César Mayuri Benavides en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio, anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante impugna su descalificación. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Consorcio Impugnante no es el ganador de la buena pro. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar la descalificación de su oferta. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta, y se tenga por calificada. ✓ Se revoque el descuento de las experiencias N° 2 y N° 8, validando el 100% de la facturación declarada en el Anexo 11. ✓ Se asigne sesenta (60) puntos en el factor de evaluación facultativo A denominado: experiencia adicional del postor en la especialidad, que se declaró en el Anexo 11. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”.

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 22 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 27 de octubre de 2026 para absolverlo.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, no se

advierte que se haya apersonado otro postor al presente procedimiento. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos deben tomarse en cuenta únicamente los aspectos propuestos por la Impugnante. En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis consisten en:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante.

ii. Determinar si corresponde reconocer las Experiencias N° 2 y N° 8 presentadas en la oferta del Consorcio Impugnante para acreditar el requisito de calificación. iii. Determinar si corresponde otorgar los 60 puntos al Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. iv. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante.

• Análisis de los puntos controvertidos:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.

Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Mediante el Acta de levantamiento de postergación de la etapa de admisión,

calificación y evaluación de ofertas, del 12 de octubre de 2026, en adelante el Acta, el comité dispuso descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, sustentando dicha decisión en los siguientes términos:

• Como se aprecia, el comité consideró que la oferta del Consorcio Impugnante

debía ser descalificada debido a que no habría acreditado los requisitos de calificación referidos al equipamiento estratégico y la infraestructura estratégica. En cuanto al primero, señaló que, si bien el Consorcio Impugnante presentó un compromiso de alquiler de una camioneta (folio 111), de su contenido no se advertía que el vehículo contara con SOAT, conforme a lo exigido en las bases integradas. Respecto al segundo, indicó que el compromiso de alquiler presentado a folio 120 hacía referencia a un “predio” de 60 m², cuando las bases integradas exigían contar con un “local” de dicha área, apropiado para el desarrollo de las actividades del servicio y que reuniera determinadas condiciones. Por ello, consideró que el compromiso presentado era diferente o ambiguo respecto de lo solicitado. Agregó que la documentación complementaria obrante a folios 121 al 129 resultaba ilegible.

• Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación

sobre la base de los argumentos desarrollados en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Por su parte, la Entidad ratificó su decisión de descalificar la oferta del Consorcio

Impugnante, de acuerdo con lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• En ese contexto, a fin de resolver el cuestionamiento planteado, cabe traer a

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el Comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• Respecto del equipamiento estratégico

• Al respecto, el literal C.3 “Equipamiento Estratégico” del capítulo III de la sección

específica de las bases integradas estableció que los postores debían contar, entre otros equipos, con una (1) camioneta de doble cabina 4x2, operativa, con SOAT y cuyo año de fabricación fuera 2020 en adelante, conforme se aprecia a continuación:

• De acuerdo con el requisito citado, los postores debían acreditar que contaban

con una (1) camioneta de doble cabina 4x2, operativa, con SOAT y cuyo año de fabricación fuera 2020 en adelante. Asimismo, la acreditación de dicho requisito debía efectuarse mediante la documentación prevista en las bases integradas para tal efecto.

• Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se

advierte que a folio 111 obra el documento denominado “Compromiso de alquiler – Equipamiento estratégico”, mediante el cual se acredita el compromiso de la señora Luisa Magaly Mayuri Cahua de poner a disposición del Consorcio Impugnante la camioneta requerida en las bases integradas, conforme se reproduce a continuación:

• De la revisión del citado documento, se advierte que la señora Luisa Magaly

Mayuri Cahua, en calidad de propietaria, se comprometió a alquilar al Consorcio Impugnante una camioneta marca PICK UP 4X4, de doble cabina, año de fabricación 2026, con placa N° CJR-901. Cabe precisar que, si bien en dicho documento no se consigna información sobre el SOAT del vehículo, corresponde analizar si tal circunstancia resulta determinante para tener por acreditada su disponibilidad, conforme a las exigencias previstas en las bases integradas. Al respecto, se advierte que las bases integradas incluyeron el SOAT entre las características técnicas mínimas de la camioneta requerida como equipamiento estratégico. No obstante, de la revisión de las bases integradas, se observa que la acreditación del equipamiento estratégico establece específicamente que se debe acreditar copia simple de los documentos que acrediten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido para la ejecución del contrato. Al respecto, debe precisarse que el requisito de calificación «Equipamiento Estratégico» tiene por finalidad verificar que el postor cuenta con la capacidad técnica necesaria para ejecutar el contrato, mediante la acreditación de la disponibilidad del equipamiento requerido, mas no comprobar anticipadamente el cumplimiento de todas las condiciones administrativas u operativas exigibles para su utilización. Es así que las bases no exigen la acreditación de las características técnicas de dicho equipamiento estratégico, lo cual corresponde a la presentación de la póliza o certificado del SOAT. En ese sentido, si bien en el compromiso de alquiler presentado por el Consorcio Impugnante no se hizo referencia a dicho seguro, sí corresponde resaltar que en su último párrafo se indica que el vehículo incluye las características técnicas que requiere el servicio según lo estipulado en las condiciones establecidas para el procedimiento de selección en cuestión. En consecuencia, tal aparente omisión no permite concluir, por sí sola, que el vehículo careciera o carecerá del referido seguro este, ni justificar que se exija la presentación de un documento que no fue previsto expresamente como medio de acreditación, más aún cuando no se exige respecto al equipamiento estratégico, la acreditación de sus características técnicas, y a pesar de ello, el compromiso de alquiler presentado sí hace referencia al cumplimiento de dichas características técnicas.

• Por tanto, este Colegiado considera que la sola ausencia de una referencia al SOAT

en el compromiso de alquiler no constituía, en las circunstancias expuestas, razón suficiente para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por este extremo.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que la observación

formulada por el comité respecto de la falta de acreditación del SOAT no constituye razón suficiente para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, toda vez que las bases integradas no establecieron la presentación de la póliza o certificado correspondiente como medio específico para acreditar dicho requisito. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto el motivo de descalificación de la oferta en este extremo.

• Respecto de la infraestructura estratégica
• Al respecto, el literal C.4 “Infraestructura Estratégica” del capítulo III de la sección

específica de las bases integradas estableció que los postores debían contar con un local propio o alquilado de 60 m², ubicado en el cercado de la ciudad de Ica, apropiado para el desarrollo de las actividades del servicio y que dispusiera de ambientes para labores técnicas, administrativas y almacenamiento de materiales y suministros, conforme se aprecia a continuación:

• De acuerdo con el requisito citado, los postores debían acreditar la disponibilidad

de un local de 60 m², ubicado en el cercado de la ciudad de Ica, que reuniera las condiciones necesarias para la ejecución del servicio. Asimismo, las bases integradas establecieron que dicho requisito debía acreditarse mediante copia simple de los documentos que sustentaran la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acreditara la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

• Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se

advierte que a folio 120 obra el documento denominado “Compromiso de alquiler de local”, presentado para acreditar la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida en las bases integradas, conforme se reproduce a continuación:

• De la revisión del citado documento, se advierte que la señora Liboria Eugenia

Anicama de Gonzales, en calidad de propietaria, se comprometió a alquilar al Consorcio Impugnante un inmueble ubicado en la urb. Botijería Angulo Sur B-15, cercado de Ica, por el plazo de dos años renovables. Asimismo, en dicho documento se hace referencia a un “predio de 60 m²”, destinado a las coordinaciones relacionadas con la ejecución del contrato, y se indica que el local estaría acondicionado para el inicio de la prestación del servicio.

• Al respecto, si bien el comité consideró que el compromiso de alquiler presentado

por el Consorcio Impugnante era diferente o ambiguo respecto de lo exigido en las bases integradas, debido a que hacía referencia a un “predio” de 60 m² y no a un “local”, este Colegiado considera que dicha expresión debe ser interpretada atendiendo al contenido integral del documento y al significado que le atribuye el ordenamiento jurídico.

• En efecto, la Norma G.040 “Definiciones” del Reglamento Nacional de

Edificaciones define el término “predio” como una unidad inmobiliaria independiente, que puede comprender, entre otros, locales, oficinas, tiendas o cualquier otro tipo de unidad inmobiliaria identificable. De ello se desprende que el término “predio” tiene un alcance general que comprende distintas unidades inmobiliarias, entre ellas, los locales; por lo que su utilización no resulta incompatible con la exigencia prevista en las bases integradas:

• En esa línea, de la revisión del compromiso presentado por el Consorcio

Impugnante se advierte que este se denomina “Compromiso de alquiler de local” y que, desde su parte introductoria, identifica el objeto del arrendamiento como un local destinado a centro de operaciones. Asimismo, identifica a la propietaria, la ubicación del inmueble en el cercado de Ica, precisa que cuenta con un área de 60 m² y señala que dicho local estará acondicionado para el inicio de la prestación del servicio.

• Por tanto, de la lectura integral del documento, este Colegiado aprecia que la

referencia a un “predio” de 60 m² no genera una ambigüedad respecto del objeto del compromiso de alquiler, pues los demás términos empleados permiten identificar que se trata de un local cuya disponibilidad se comprometió a otorgar la propietaria al Consorcio Impugnante. En consecuencia, la utilización de dicha expresión no constituye una razón suficiente para considerar que el requisito de infraestructura estratégica no fue acreditado.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el

cuestionamiento formulado por el comité respecto del compromiso de alquiler no cuenta con sustento suficiente para desvirtuar la acreditación del requisito de infraestructura estratégica de conformidad con lo exigido en las bases integradas. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante en este extremo.

• En consecuencia, habiéndose desvirtuado todos los motivos expuestos en el Acta

para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo, teniendo dicha oferta por calificada. Asimismo, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde reconocer las Experiencias N° 2 y N° 8 presentadas en la oferta del Consorcio Impugnante para acreditar el requisito de calificación.

• Cabe precisar que, antes de analizar las dos experiencias, el Consorcio Impugnante

sí acreditó el monto mínimo exigido para la calificación de su oferta. En ese sentido, el análisis de la validez de las Experiencias N° 2 y N° 8 tendrá por única finalidad determinar si corresponde que sean valoradas por el comité al efectuar la evaluación de la oferta, considerando que uno de los factores de evaluación está referido precisamente a la experiencia adicional del postor en la especialidad.

• Mediante el Acta de levantamiento de postergación de la etapa de admisión,

calificación y evaluación de ofertas, del 12 de octubre de 2026, el Comité consideró que las Experiencias N° 2 y N° 8 declaradas por el Consorcio Impugnante en el Anexo N° 11 no resultaban válidas para acreditar el requisito de calificación, sustentando su decisión en lo siguiente: Respecto a la Experiencia N° 2, correspondiente al monto de S/ 407 397.60, señaló que algunas de las actividades comprendidas en el contrato no correspondían a los servicios similares previstos en las bases integradas. Asimismo, indicó que, al no encontrarse desglosados los importes facturados por cada actividad, no era posible determinar el monto atribuible a aquellas que sí calificaban como similares.

En cuanto a la Experiencia N° 8, correspondiente al monto de S/ 204 753.20, advirtió que la contratación había sido ejecutada en consorcio; sin embargo, el Consorcio Impugnante no presentó la promesa o el contrato de consorcio que permitiera verificar el porcentaje de obligaciones asumido por cada integrante. Por tal motivo, consideró que no correspondía reconocer dicha experiencia.

• En atención a dichas observaciones, el comité descontó del monto total de

experiencia presentado por el Consorcio Impugnante, ascendente a S/ 1 404 907.94, los importes correspondientes a las Experiencias N° 2 y N° 8, por un total de S/ 611 650.80, reconociendo como experiencia válida un monto acumulado de S/ 793 257.14.

• En ese contexto, corresponde analizar los cuestionamientos formulados por el

Consorcio Impugnante, así como los argumentos expuestos por la Entidad en torno a las Experiencias N° 2 y N° 8 declaradas en el Anexo N° 11, a fin de determinar si corresponde reconocerlas. A continuación, se reproduce el Anexo N° 11:

• Cabe tener en cuenta que en el requisito de calificación “Experiencia del postor en

la especialidad” del capítulo III de la sección específica de las bases integradas se estableció lo siguiente:

• Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se

advierte que a folios 43 a 47 obra el Contrato N° 119-2018, cuyo contenido se reproduce a continuación (primera hoja):

• A partir de lo expuesto, de la revisión del Contrato N° 119-2018, denominado

“Catastro Comercial Georreferenciado (Detección de Conexiones Clandestinas)”, se advierte que su objeto consistió en la ejecución de los trabajos necesarios para desarrollar la actividad FT-GC-P1-01, referida al catastro comercial georreferenciado y detección de conexiones clandestinas.

• Al respecto, cabe señalar que las bases integradas consideraron como servicios

similares al objeto de la convocatoria, entre otros, el catastro comercial, comprendiendo dentro de este las actividades de levantamiento, verificación y actualización de información en campo; identificación y registro de usuarios o suministros; inspecciones comerciales; elaboración o actualización de rutas de lectura, y verificación de datos comerciales. En ese sentido, considerando que el objeto del contrato presentado por el Consorcio Impugnante se encuentra referido expresamente a la ejecución de un catastro comercial georreferenciado, se advierte que guarda correspondencia con uno de los servicios similares previstos en las bases integradas.

• Asimismo, de la revisión del Contrato N° 119-2018 se advierte de su Cláusula

Tercera: Objeto del Contrato que éste consistió en la ejecución del servicio de “Catastro Comercial Georreferenciado (Detección de Conexiones Clandestinas)”, para lo cual el contratista se comprometió a ejecutar, a todo costo, los trabajos necesarios para desarrollar dicha actividad, detallándose diez actividades que comprendían la prestación contratada.

• Ahora bien, el comité cuestionó determinadas actividades comprendidas en dicho

contrato, al considerar que no correspondían a los servicios similares exigidos. Al respecto, el Consorcio Impugnante sostiene que estas no constituían prestaciones independientes, sino componentes técnicos y operativos necesarios para la ejecución y entrega del servicio de catastro comercial contratado. Asimismo, señala que, al tratarse de una contratación a todo costo, las bases integradas no exigían presentar un desglose de los importes correspondientes a cada actividad.

• Resulta pertinente tener presente que no resulta razonable ni proporcional exigir

que cada una de las actividades comprendidas en un contrato coincida individualmente con alguno de los servicios similares establecidos en las bases, toda vez que estos pueden comprender diversas actividades que, en conjunto, permiten ejecutar la prestación contratada. En ese sentido, corresponde atender a la naturaleza del objeto contractual y a las actividades desarrolladas para su ejecución.

• En ese contexto, este Colegiado considera que las actividades comprendidas en el

Contrato N° 119-2018 deben ser apreciadas en función del objeto integral de la contratación, referido a la ejecución de un servicio de catastro comercial georreferenciado, expresamente contemplado como similar en las bases integradas. Por tanto, no corresponde excluir determinadas actividades por el solo hecho de que sus denominaciones no coincidan individualmente con los servicios similares previstos en aquellas, más aún cuando dichas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, el mismo que sí es determinado como similar al objeto de esta contratación.

• Asimismo, se debe tener en cuenta que las actividades descritas integran una

única prestación contratada a todo costo, por lo que no correspondía exigir un desglose de los importes facturados por cada una de ellas para determinar el monto atribuible al servicio similar, pues ello supondría fraccionar económicamente una contratación cuyo objeto y monto fueron establecidos de manera conjunta.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que corresponde

reconocer la Experiencia N° 2 por el monto de S/ 407 397.60, al encontrarse referida a la prestación de un servicio similar al objeto de la convocatoria.

• Al respecto, el numeral 2.3 “Consideraciones adicionales para los consorcios” del

experiencia del postor debía acreditarse considerando la documentación aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Asimismo, precisó que, cuando un integrante presentara facturación correspondiente a contrataciones ejecutadas en consorcio, únicamente se consideraría el monto proporcional al porcentaje de obligaciones asumido, siempre que este se encontrara expresamente consignado en la promesa o contrato de consorcio; de lo contrario, no se consideraría dicha experiencia. Para tal efecto, se establecieron las reglas de evaluación correspondientes, conforme se aprecia a continuación:

• De la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte que a folios 91 al

97 obra el Contrato N° 008-2025, suscrito entre EPS Barranca S.A. y el Consorcio Gestión Barranca, integrado por GAL Perfecto E.I.R.L. y el señor Óscar Iván Perfecto Rodríguez, cuyo contenido, en su primera página, se reproduce a continuación:

• Del contenido del citado contrato, se advierte que su objeto consistió en la

prestación del servicio de ejecución de las actividades de gestión comercial de la Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación, Oficina de Cobranza y Control Comercial de EPS Barranca S.A., por un monto total de S/ 408 506.40.

• En ese contexto, el Consorcio Impugnante sostiene que la Constancia de Servicios

N° 132-2026, del 12 de agosto de 2026, emitida por EPS Barranca S.A., identifica expresamente el porcentaje de participación correspondiente al señor Óscar Iván Perfecto Rodríguez, por lo que considera que dicho documento permite acreditar la experiencia presentada.

• Sin embargo, cabe precisar que el numeral 2.3.7 de las bases integradas estableció

expresamente que, tratándose de experiencias provenientes de contrataciones ejecutadas en consorcio, el porcentaje de las obligaciones asumidas por cada integrante debía encontrarse consignado en la promesa o en el contrato de consorcio; de lo contrario, no se consideraría la experiencia ofertada bajo dicha modalidad.

• En ese sentido, si bien el Consorcio Impugnante invoca que la constancia emitida

por EPS Barranca S.A. contiene información sobre el porcentaje de participación del señor Óscar Iván Perfecto Rodríguez, dicho documento no constituye la promesa ni el contrato de consorcio en los que, conforme a las bases integradas, debía constar expresamente el porcentaje de las obligaciones asumidas por cada integrante. Por tanto, la información consignada en aquella constancia no sustituye la documentación exigida para verificar dicho aspecto, ni permite tener por cumplida la regla específica de acreditación prevista en las bases.

• Por las consideraciones expuestas, al no haberse presentado la promesa o el

contrato de consorcio que permita verificar tanto el porcentaje de obligaciones asumido por el integrante cuya experiencia se pretende acreditar como la vinculación de dichas obligaciones con el objeto de la convocatoria, no corresponde reconocer la Experiencia N° 8 por el monto de S/ 204 753.20.

• En consecuencia, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación

en este extremo.

Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar los 60 puntos al Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante cuestiona que el Comité no le haya asignado

los 60 puntos previstos para el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”.

• Por su parte, la Entidad sostiene que no correspondía evaluar dicho factor, toda

vez que la oferta del Consorcio Impugnante había sido descalificada por no acreditar los requisitos de calificación.

• Sobre el particular, teniendo en cuenta que, conforme al análisis del primer punto

controvertido, corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, teniéndola por calificada, corresponde al comité efectuar la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, considerando el pronunciamiento emitido por este Colegiado respecto al segundo punto controvertido y determinar el puntaje que corresponda asignar en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, conforme a las condiciones y rangos establecidos en las bases integradas.

• Siendo así, corresponde declarar infundado el recurso de apelación, en este

extremo. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante.

• El Consorcio Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro del procedimiento

de selección.

• Al respecto, en los puntos controvertidos precedentes, este Colegiado determinó

que corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante y disponer que se continúe con su evaluación.

• En ese contexto, la oferta del Consorcio Impugnante queda pendiente su

evaluación, siendo esta atribución exclusiva del evaluador del procedimiento de selección, esto es, del comité. Por tanto, corresponde que el comité continúe con el desarrollo del procedimiento de selección y efectúe la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, de acuerdo con las reglas establecidas en las bases integradas.

• En consecuencia, considerando que aún se encuentra pendiente la evaluación de

la oferta del Consorcio Impugnante, no corresponde otorgarle la buena pro en esta instancia.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundado este extremo

del recurso de apelación, y disponer que el comité continúe con la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante y determine al ganador de la buena pro.

• En razón de lo expuesto, corresponde declarar fundado en parte el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante.

• Asimismo, considerando que el recurso será declarado fundado en parte, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada como requisito de admisibilidad de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre y con la intervención de los vocales Jorge Alfredo Quispe Crovetto y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la conformación dispuesta mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE, del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria, convocado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. para la “Contratación de servicio de toma de lectura de medidores y críticas para la oficina de medición y facturación de la gerencia comercial de la EPS EMAPICA S.A.”, conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar, la descalificación de la oferta del Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria, debiendo tenerla por calificada. 1.2. Revocar, el otorgamiento de la buena pro a favor de la Empresa Y Representaciones Servicios Múltiples S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria. 1.3. Disponer que el comité reconozca la experiencia N° 2 de la oferta técnica del Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, debiendo tenerla por válida. 1.4. Disponer que el comité continúe con la evaluación de la oferta del Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, y otorgue la buena pro al postor que corresponda. 1.5. Devolver la garantía presentada por el Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto.

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JIMY ROBERT URETA AQUINO

El vocal que suscribe el presente voto discrepa respetuosamente del criterio de la mayoría respecto del reconocimiento de la experiencia N° 2 presentada por el Consorcio Impugnante, por las razones que se expone a continuación: Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde reconocer las Experiencias N° 2 y N° 8 presentadas en la oferta del Consorcio Impugnante para acreditar el requisito de calificación.

• El suscrito comparte el análisis y las conclusiones de la mayoría respecto de la

Experiencia N° 8; sin embargo, discrepa del reconocimiento de la totalidad del monto correspondiente a la Experiencia N.° 2, conforme a los siguientes fundamentos:

• Cabe tener en cuenta que en las bases integradas se establecieron como servicios

similares al objeto de la convocatoria, entre otros, el catastro comercial, comprendiendo dentro de este las actividades de levantamiento, verificación y actualización de información en campo; identificación y registro de usuarios o suministros; inspecciones comerciales; elaboración o actualización de rutas de lectura, y verificación de datos comerciales.

• De la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte que a folios 43 a

47 obra el Contrato N° 119-2018, denominado “Catastro Comercial

LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Georreferenciado (Detección de Conexiones Clandestinas)”, cuyo objeto consistió en la ejecución de los trabajos necesarios para desarrollar la actividad FT-GC-P1- 01, referida al catastro comercial georreferenciado y detección de conexiones clandestinas.

• Asimismo, de la Cláusula Tercera: Objeto del Contrato, se advierte que el

contratista se comprometió a ejecutar, a todo costo, los trabajos necesarios para desarrollar dicha actividad, detallándose diez actividades que comprendían la prestación contratada.

• Al respecto, si bien el objeto contractual se encuentra referido expresamente a la

ejecución de un catastro comercial georreferenciado, lo que guarda correspondencia con uno de los servicios similares previstos en las bases integradas, ello no determina, por sí solo, que la totalidad de las actividades comprendidas en el contrato deban ser reconocidas como experiencia en dicho servicio. Para ello, resulta necesario examinar la naturaleza de tales actividades y establecer si guardan una vinculación directa con la ejecución del catastro comercial.

• En esa línea, se advierte que entre las actividades comprendidas en el contrato se

encuentran el transporte de personal, la adquisición de software y el desarrollo de bases de datos GIS. Sobre el particular, el transporte de personal constituye, en principio, una actividad de apoyo logístico; la adquisición de software está referida a la provisión de una herramienta tecnológica; mientras que el desarrollo de bases de datos GIS supone una actividad de naturaleza informática. Por tanto, no cabe asumir que estas actividades constituyan, por sí mismas, prestaciones de catastro comercial, sin verificar su vinculación concreta con las labores de levantamiento, verificación, actualización o registro de información comercial que las bases integradas consideran similares.

• En efecto, si bien algunas de estas actividades podrían servir de apoyo o constituir

herramientas para la ejecución del catastro comercial georreferenciado, esa circunstancia no permite equipararlas automáticamente con el servicio similar exigido en las Bases. Corresponde distinguir entre las actividades que materialmente desarrollan el catastro comercial y aquellas que, aun cuando puedan facilitar su ejecución, tienen una naturaleza distinta.

• En ese sentido, el hecho de que el Contrato N° 119-2018 haya sido celebrado a

todo costo y que sus actividades formen parte de un mismo objeto contractual no resulta suficiente para reconocer íntegramente el monto contratado como experiencia en servicios similares. La modalidad de contratación y la unidad del objeto contractual no sustituyen la necesidad de verificar que las prestaciones cuyo monto se pretende computar correspondan a los servicios similares previstos en las bases integradas.

• Asimismo, de la revisión de la documentación presentada, se advierte que no se

ha identificado el importe correspondiente a cada una de las actividades comprendidas en el contrato. Por consiguiente, al no contarse con información que permita determinar qué parte del monto contractual corresponde específicamente a las actividades vinculadas con el catastro comercial, no resulta posible reconocer la totalidad del importe declarado por el Consorcio Impugnante como experiencia en servicios similares.

• Por las consideraciones expuestas, el suscrito considera que no corresponde

reconocer la Experiencia N° 2 por el monto total de S/ 407 397.60, al no haberse acreditado que la totalidad de las actividades comprendidas en el Contrato N° 119- 2018 correspondan a los servicios similares previstos en las bases integradas ni haberse identificado el monto atribuible a aquellas que sí guardarían dicha correspondencia.

• Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación.
• Finalmente, considerando que el recurso de apelación es declarado fundado en

parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso.

CONCLUSIONES:

En razón de lo expuesto, el vocal que suscribe el presente voto es de la opinión que corresponde:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria, convocado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A. para la “Contratación de servicio de toma de lectura de medidores y críticas para la oficina de medición y facturación de la gerencia comercial de la EPS EMAPICA S.A.”, conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar, la descalificación de la oferta del Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria, debiendo tenerla por calificada. 1.2. Revocar, el otorgamiento de la buena pro a favor de la Empresa Y Representaciones Servicios Múltiples S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-EPS EMAPICA S.A. Primera Convocatoria. 1.3. Ratificar la decisión del comité de no reconocer las experiencias N° 2 y N° 8 de la oferta técnica del Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, de tenerlas por inválidas. 1.4. Disponer que el comité continúe con la evaluación de la oferta del Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, y otorgue la buena pro al postor que corresponda. 1.5. Devolver la garantía presentada por el Consorcio Agua Ica, integrado por los señores Oscar Iván Perfecto Rodríguez y Pedro Cesar Mayuri Benavides, para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss. Ureta Aquino.

JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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