Resolución N.° 9669-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, al haberse configurado la causal establecida en el literal e) del artículo 308 del Reglamento, por haber sido presentado dicho recurso por una persona jurídica impedida en virtud del tipo 3.G del párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley. Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7623/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Servicios Wayquis Peru S.A.C.S., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 062-2026-MDCC-1 Derivado de Concurso Público de Servicios N° 003-2026-MDCC, convocada por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para la “Contratación de servicio de mantenimiento de la Institución Educativa N° 40035 Víctor Andrés Belaunde, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa”,, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 16 de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en lo

sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 062-2026- MDCC-1 Derivado de Concurso Público de Servicios N° 003-2026-MDCC, para la “Contratación de servicio de mantenimiento de la Institución Educativa N° 40035 Víctor Andrés Belaunde, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa”, con una cuantía de S/ 991 500.00 (novecientos noventa y un mil quinientos con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 28 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 6 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Alfa, conformado por las empresas Delta Sur S.A.C. y Cos E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 988 000.00 (novecientos ochenta y ocho mil con 00/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Etapas Evaluación Postor Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje total Orden de prelación Buena pro CONSORCIO ALFA Admitida Calificada 988 000.00 105.00 1 Sí

CONSORCIO

TERRANOVA Admitida Calificada 991 500.00 99.90 2

SERVICIOS WAYQUIS

PERU S.A.C.S. Admitida Descalificada

• Mediante Escritos N° 1 y 2 presentados el 14 y 16 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Servicios Wayquis Peru S.A.C.S., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, y iii) se disponga continuar con el procedimiento de selección; sobre la base de los siguientes argumentos: Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante.

• Solicita que se revoque nuestra descalificación, se le declare calificado y se

disponga su continuidad a la etapa de evaluación correspondiente, al considerar que cumple con el requisito de calificación C.4, referido a la infraestructura estratégica. Las bases integradas exigieron contar con un almacén de obra, con un área mínima de 20 m², y una oficina técnica, con un área mínima de 12 m², admitiendo como medio de acreditación, entre otros, el compromiso de alquiler u otro documento que demuestre la disponibilidad de la infraestructura.

• Indica que en el folio 90 de su oferta adjuntó un compromiso de alquiler

correspondiente al inmueble ubicado en la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivera, lote 16, manzana B, supermanzana 11, sector IX, distrito de Cerro Colorado, Arequipa. En su cláusula II se consigna que el inmueble cuenta con un área de 200,80 m² y que “reúne las condiciones técnicas necesarias para el funcionamiento de un almacén de obra y una oficina técnica”, declaración que identifica el inmueble, acredita su disponibilidad mediante el compromiso de alquiler y expresa su aptitud técnica para los dos usos exigidos. Asimismo, el área total supera la suma de las superficies mínimas requeridas. Estos elementos deben evaluarse conjuntamente al determinar la suficiencia del documento presentado.

• Refiere que el comité justificó la descalificación señalando que únicamente se

presentó un compromiso de alquiler y que no se acreditó que el espacio fuera cerrado. Sin embargo, corresponde distinguir entre la ausencia de una expresión literal y el incumplimiento material de una condición técnica. Si las bases integradas admiten el compromiso de alquiler y no establecen que deba consignarse expresamente la frase “espacio cerrado”, su omisión no determina, por sí sola, que el requisito sea incumplido.

• Manifiesta que, como referencia interpretativa, el inciso iv) del Anexo 3,

Declaración Jurada de las Bases Estándar, permite declarar de manera global el cumplimiento de las condiciones del requerimiento, sin reproducir individualmente cada característica técnica. Si bien dicho anexo y el compromiso de alquiler cumplen funciones probatorias distintas, este criterio evidencia que una declaración puede expresar el cumplimiento de varias condiciones sin enumerarlas literalmente.

• En ese sentido, manifiesta que el compromiso presentado debe valorarse por su

contenido integral y no únicamente por la ausencia de determinadas palabras. La declaración del propietario vincula expresamente el inmueble con el funcionamiento del almacén de obra y la oficina técnica, por lo que corresponde determinar si dicha manifestación acredita las condiciones exigidas, en lugar de descartarla por su redacción global.

• Por lo tanto, solicita que se reconozca la validez y suficiencia del compromiso de

alquiler para acreditar el requisito C.4, considerando la identificación del inmueble, su área y la declaración expresa de aptitud técnica para ambos usos. De estimarse que alguna condición indispensable no ha sido acreditada, corresponde precisar concretamente qué aspecto resulta insuficiente y por qué, sin convertir una exigencia de redacción literal no prevista en las bases en una causal autónoma de descalificación.

• En consecuencia, requiere que se revoque la decisión impugnada, se le declare

calificado y se permita su continuidad en el procedimiento de selección. Respecto a la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Manifiesta que se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio

Adjudicatario y se descalifique su oferta por no acreditar debidamente el requisito C.4, referido a la infraestructura estratégica, advirtiéndose en su oferta, que presentó un contrato de arrendamiento de fecha 4 de agosto de 2025, suscrito por doña Concepción Luna Godoy, en calidad de arrendadora, y COS E.I.R.L., representada por su gerente general, Charles Frank Delgado Luna, como arrendataria, respecto del inmueble ubicado en la Mz. H4, lote 2, Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado.

• Sin embargo, refiere que la arrendadora declara ser propietaria del inmueble,

pese a que, según las consultas y los certificados de búsqueda registral de la SUNARP —Zona Registral N° XII, sede Arequipa— que se adjuntan, no registra propiedades a su nombre. Esta circunstancia genera dudas sobre la veracidad de dicha declaración y sobre la facultad de la arrendadora para otorgar el inmueble en alquiler.

• En consecuencia, señala que corresponde verificar si el contrato presentado

acredita efectivamente la disponibilidad de la infraestructura exigida por las bases, considerando exclusivamente la documentación que integra la oferta. De no acreditarse la titularidad ni otra facultad jurídica suficiente para arrendar el inmueble, no se cumpliría el requisito de calificación C.4.

• Por ello, solicita que se evalúen estos hechos conforme al principio de presunción

de veracidad y a las disposiciones aplicables, y que, de comprobarse el incumplimiento del requisito o la presentación de información inexacta, se revoque la Buena Pro otorgada al Consorcio Adjudicatario y se disponga su descalificación.

• Con decreto del 19 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 26 de octubre de 2026.

• Mediante Informe Técnica Legal N° 001-2026-CP ABR-62-2026-MDCC-1 registrados en

el SEACE el 22 de octubre de 2026, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso, en los siguientes términos: Respecto a los cuestionamientos de la oferta del Impugnante.

• Señala que el comité evaluó las ofertas conforme a las bases integradas. Sin

embargo, el compromiso de alquiler presentado por el Impugnante para acreditar la infraestructura estratégica únicamente indica que el inmueble tiene un área de 200,80 m² y que reúne las condiciones técnicas para funcionar como almacén de obra y oficina técnica, sin precisar que se trate de un espacio cerrado, conforme a lo exigido en las bases.

• Agrega que el documento no permite determinar si el inmueble corresponde a un

terreno sin construir o a una edificación, ni identificar las áreas destinadas al almacén y a la oficina técnica. Por ello, considera que no existe certeza sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas y los metrajes mínimos requeridos, motivo por el cual el comité se ratifica en la descalificación del Impugnante.

• Sostiene que resulta jurídicamente inviable aplicar por analogía el inciso iv) del

Anexo N° 3, pues la declaración general de cumplimiento no sustituye la obligación de acreditar los requisitos específicos de calificación mediante documentación que demuestre objetiva e individualizada la disponibilidad de los ambientes exigidos.

• Refiere que aceptar una declaración global de aptitud técnica, sin precisar la

distribución física de las áreas, implicaría que el comité infiera características no acreditadas documentalmente, vulnerando los principios de transparencia, igualdad de trato y eficiencia. Asimismo, señala que el Consorcio Adjudicatario sí presentó documentación con información precisa sobre las características y dimensiones de la infraestructura ofrecida.

• Manifiesta que el propio Impugnante reconoce en su recurso de apelación que la

declaración contenida en el compromiso de alquiler tiene una redacción global, sin especificar los metrajes destinados al almacén y a la oficina técnica.

• Finalmente, sostiene que corresponde a cada postor presentar documentación

clara y precisa, evitando ambigüedades que obliguen al comité a efectuar interpretaciones subjetivas, conforme al criterio que atribuye a la Resolución N°

3192-2026-TCP-S4.

Respecto a los cuestionamientos de la oferta Consorcio Adjudicatario.

• Señala que la Entidad tiene la facultad de realizar el control posterior de los

documentos presentados por los postores y que, por tanto, el cuestionamiento del Impugnante sobre el incumplimiento del requisito C.4 por parte del Consorcio Adjudicatario carecería de sustento.

• Respecto a la falta de inscripción registral de la arrendadora, señora Concepción

Luna Godoy, sostiene que el argumento del Impugnante parte de una interpretación errónea del artículo 1666 del Código Civil, pues el arrendamiento implica la cesión temporal del uso de un bien y no la transferencia de su propiedad.

• En ese sentido, afirma que la validez del arrendamiento no exige necesariamente

que el arrendador figure como propietario inscrito en SUNARP, siempre que cuente con facultades para ceder el uso del inmueble y que las bases no establezcan expresamente una exigencia registral. Por ello, considera que el Consorcio Adjudicatario cumplió con los medios de acreditación permitidos para el requisito C.4 al presentar una copia simple del contrato de arrendamiento.

• Añade que exigir la acreditación de la titularidad registral constituiría una

formalidad no prevista en las bases integradas y una barrera adicional para la evaluación de las ofertas.

• Asimismo, señala que el Consorcio Adjudicatario presentó, además del contrato

de arrendamiento del 4 de agosto de 2025, un recibo de energía eléctrica emitido por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL), correspondiente al período de facturación de julio de 2025, a nombre de la arrendadora y referido al inmueble materia del contrato. A su criterio, estos documentos respaldan la vinculación de la arrendadora con el predio y la disponibilidad de la infraestructura para ejecutar el servicio de mantenimiento de la I. E. N° 40035 Víctor Andrés Belaunde.

• Precisa que la evaluación del comité se realizó sobre la base de la documentación

presentada en la oferta, conforme a las bases integradas y al principio de presunción de veracidad, sin perjuicio de las facultades de fiscalización posterior de la Entidad.

• Finalmente, indica que los cuestionamientos sobre la autenticidad, exactitud o

correspondencia de la información documental deben ser objeto de las verificaciones posteriores que correspondan, conforme al artículo 83 del Reglamento, sin que ello implique exigir al comité realizar dichas actuaciones durante la evaluación de las ofertas.

• En consecuencia, solicita que se desestimen los cuestionamientos formulados por

el Impugnante contra la calificación de las ofertas, al considerar que carecen de sustento fáctico y jurídico.

• Mediante Escrito N° 1 presentado 22 de octubre 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare improcedente e infundado, sobre la base de los siguientes argumentos: Respecto a la procedencia del recurso de apelación.

• Señala que existen indicios de que el Impugnante estaría incurso en los

impedimentos Tipo 3.E y Tipo 3.F del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, debido a sus vínculos societarios y empresariales con personas jurídicas sancionadas con inhabilitación para contratar con el Estado.

• Manifiesta que el impedimento Tipo 3.E comprende a las personas jurídicas que

desarrollan las mismas actividades societarias y cuyos integrantes, con una participación individual o conjunta superior al 30 % del capital o patrimonio social, forman o formaron parte de una persona jurídica sancionada, en la fecha de comisión de la infracción. Al respecto, el representante legal del Impugnante, Carlos Eder Pimentel Neyra, estuvo vinculado con Grupo Pimentel S.A.C., con una participación accionaria superior al 30 %, conforme a la Resolución Rectoral N° 1570-R-2022 de la Universidad Nacional de Piura. Asimismo, mediante la Resolución N° 5630-2025-TCP-S5, del 26 de agosto de 2025, el Tribunal sancionó a Grupo Pimentel S.A.C. con 24 meses de inhabilitación temporal por presentar documentación falsa como integrante del Consorcio Wayqui. Esta sanción fue confirmada mediante la Resolución N° 7238-2025-TCP- S5 del 28 de octubre de 2025, y estuvo prevista para el período comprendido entre el 6 de noviembre de 2025 y el 6 de noviembre de 2027. Adicionalmente, la Resolución N° 5630-2025-TCP-S5 recoge la participación de Carlos Eder Pimentel Neyra, en representación de Grupo Pimentel S.A.C., en la promesa formal de consorcio del 1 de agosto de 2020, relacionada con la infracción cometida el 4 de agosto de 2020.

la construcción y el mantenimiento de infraestructura, corresponde verificar si se cumplen los presupuestos legales del impedimento Tipo 3.E.

• Indica que el impedimento Tipo 3.F comprende a las personas naturales o jurídicas

impedidas que constituyan, absorban o se fusionen con otra persona jurídica del mismo rubro. En este caso, existen antecedentes de vinculación entre Constructora Pimentel S.A.C., Grupo Pimentel S.A.C. y Servicios Wayquis Peru S.A.C.S. (Impugnante), empresas relacionadas con la construcción y el mantenimiento de infraestructura. Mediante la Resolución N° 0366-2020-TCE-S2 del 30 de enero de 2020, Constructora Pimentel S.A.C. fue sancionada con 36 meses de inhabilitación temporal por presentar documentación falsa o adulterada, sanción vigente del 7 de febrero de 2020 al 7 de febrero de 2023. Posteriormente, el 3 de abril de 2023, Servicios Wayquis Peru S.A.C.S. (Impugnante) inició actividades, teniendo como representante legal a Carlos Eder Pimentel Neyra, anteriormente vinculado con Grupo Pimentel S.A.C., que recibió una nueva sanción en 2025. Estos antecedentes justifican que se investigue si la constitución de Servicios Wayquis Peru S.A.C.S. (Impugnante) respondió a una operación comprendida en el impedimento Tipo 3.F, destinada a dar continuidad a las actividades empresariales y contrataciones estatales de las empresas vinculadas. Para ello, corresponde verificar si concurren los presupuestos específicos establecidos en la norma.

• Por lo expuesto, solicita que la Sala efectúe las verificaciones y cruces de

información societaria, registral y sancionadora pertinentes, a fin de determinar si Servicios Wayquis Peru S.A.C.S. (Impugnante) se encuentra comprendida en los impedimentos Tipo 3.E o Tipo 3.F del artículo 30 de la Ley. De acreditarse cualquiera de dichos impedimentos, corresponderá declarar improcedente el recurso de apelación, conforme al literal e) del artículo 308 del Reglamento de la citada Ley, y mantener la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario. Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante.

• Señala que las bases integradas exigieron contar con un almacén de obra de al

menos 20 m² y una oficina técnica de al menos 12 m², ambos con las características previstas en el requerimiento. Sin embargo, en el folio 90 de su oferta, el Impugnante presentó un compromiso de alquiler de fecha 25 de septiembre de 2026, referido a un inmueble de 200,80 m² ubicado en la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, lote 16, manzana B, supermanzana 11, sector IX, distrito de Cerro Colorado. Si bien el documento señala que el inmueble reúne las condiciones técnicas para funcionar como almacén de obra y oficina técnica, no identifica las áreas destinadas a cada ambiente ni describe sus características físicas, por lo que no permite verificar objetivamente el cumplimiento de las condiciones específicas exigidas.

• Es decir, el Impugnante sostiene que la declaración general de aptitud técnica es

suficiente y que las bases no exigían reproducir literalmente la expresión “espacio cerrado”. No obstante, la observación no se limita a la ausencia de dicha expresión, sino a la falta de información que permita comprobar las superficies y características requeridas.

• Asimismo, manifiesta que la invocación del Anexo N° 3 —Declaración Jurada, no

subsana esta deficiencia, pues el compromiso general de cumplir con las condiciones del requerimiento no reemplaza la acreditación documental específica de la infraestructura estratégica.

• En consecuencia, refiere que el Impugnante no ha desvirtuado los fundamentos

de su descalificación. Por ello, solicita que se declare infundada su primera pretensión principal y se confirme su descalificación por incumplimiento del requisito C.4. Asimismo, al no haber revertido previamente dicha condición, corresponde declarar improcedente la pretensión dirigida a cuestionar la oferta y el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, conforme al literal g) del artículo 308 del Reglamento. Respecto a los cuestionamientos a su oferta.

• Refiere que el Impugnante solicita revocar la buena pro otorgada a su

representada y descalificar su oferta, alegando que el contrato de arrendamiento presentado para acreditar el requisito C.4 contendría información inexacta, debido a que la señora Concepción Luna Godoy no registraría propiedades a su nombre en SUNARP y no habría acreditado su facultad para arrendar el inmueble.

• Al respecto, señala que las bases integradas exigieron un almacén de obra de al

menos 20 m² y una oficina técnica de al menos 12 m², admitiendo contratos de arrendamiento y otros documentos que acrediten la disponibilidad de la infraestructura, conforme al numeral 72.1 del artículo 72 del Reglamento.

• Sostiene que el contrato de arrendamiento del 4 de agosto de 2025 fue suscrito

entre la señora Concepción Luna Godoy y la empresa COS E.I.R.L., cuando la arrendadora era propietaria del inmueble. Esta condición se acredita mediante las Partidas Registrales N° P06326460, P06326461 y P06326462 de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, correspondientes a los sublotes 2A, 2B y 2C, provenientes de la subdivisión del lote 2 ubicado en Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado. Posteriormente, mediante Escritura Pública N° 5722 del 16 de diciembre de 2025, la arrendadora transfirió los inmuebles a su hijo, Luis Oswaldo Calsina Luna, mediante anticipo de legítima, transferencia inscrita el 19 de enero de 2026. Por lo tanto, la consulta registral invocada por el impugnante no desvirtúa la titularidad que la arrendadora tenía al momento de celebrar el contrato.

• En consecuencia, no se acredita que la declaración de propiedad contenida en el

contrato fuera inexacta, pues la transferencia se produjo con posterioridad a su suscripción.

• Respecto a la vigencia del arrendamiento y disponibilidad del inmueble, conforme

a los artículos 143, 1666 y 1667 del Código Civil, el arrendamiento se rige por la libertad de forma cuando la ley no exige una formalidad específica, y puede ser celebrado por quien tenga facultades para disponer del uso del bien. Por ello, la falta de legalización notarial de las firmas no invalida, por sí sola, el contrato presentado. Asimismo, el numeral 2 del artículo 1708 del Código Civil establece que, si el arrendamiento no está inscrito, el adquirente puede darlo por concluido, salvo que haya asumido la obligación de respetarlo. En este caso, existen elementos que respaldan la continuidad de la relación arrendaticia tras la transferencia del inmueble. Entre ellos, la Licencia de Funcionamiento N° 05603, otorgada en 2009 a COS E.I.R.L. para desarrollar actividades empresariales en el establecimiento, y su Ficha RUC emitida por SUNAT el 21 de octubre de 2026, que registra dicho domicilio fiscal con la condición de inmueble alquilado. Estos documentos acreditan la ocupación y utilización histórica del inmueble.

• Adicionalmente, presenta un Acta de Reconocimiento y Compromiso suscrita por

el actual propietario, con firmas legalizadas notarialmente, mediante la cual reconoce el contrato de arrendamiento del 4 de agosto de 2025, confirma su vigencia hasta el 4 de agosto de 2027 y asume expresamente la obligación de respetarlo, incluyendo la disponibilidad del almacén y la oficina técnica para la empresa COS E.I.R.L.

• Con relación al cumplimiento del requisito C.4 – Infraestructura Estratégica,

manifiesta que el contrato de arrendamiento presentado en el folio 20 de su oferta identifica expresamente: − Almacén de insumos: espacio cerrado de 200 m². − Oficina técnica: ambiente cerrado de concreto de 20 m², con servicios básicos de agua y electricidad. − Plazo contractual: del 4 de agosto de 2025 al 4 de agosto de 2027. Superficies que superan los mínimos exigidos por las bases integradas y el contrato describe las características de ambos ambientes, a diferencia de lo alegado por el Impugnante. La documentación registral acredita la titularidad de la arrendadora al momento de contratar; la licencia de funcionamiento y la Ficha RUC respaldan la ocupación del inmueble; y el acta suscrita por el actual propietario confirma la continuidad del arrendamiento y la disponibilidad de la infraestructura.

• Por lo expuesto, solicita se confirme la buena pro del procedimiento de selección

al Consorcio Adjudicatario, al haberse sustentado la veracidad y validez del contrato de arrendamiento, su continuidad y el cumplimiento del requisito C.4 – Infraestructura Estratégica.

• El 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 26 de octubre de 2026, a fin de contar con mayores elementos para

resolver, la Sala requirió lo siguiente: “A la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (la Entidad):

• Considerando que, en el marco de la absolución del recurso de apelación

interpuesto por el Impugnante, el Tercero Administrado ha formulado cuestionamientos contra la oferta presentada por aquel; en ese sentido, sírvase remitir un informe técnico-legal complementario, en el que se exponga de manera expresa, individualizada y debidamente sustentada la posición de la Entidad respecto de cada uno de los cuestionamientos formulados por el Tercero Administrado, precisando, además, los fundamentos técnicos y jurídicos, así como las razones objetivas que motivaron la validación de los documentos cuestionados, en el marco del procedimiento de selección.

La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, a la cual se accede a través del portal web institucional del OECE, teniendo en cuenta los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver. (…)

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS –

OFICINA REGISTRAL DE LIMA:

• Sírvase remitir copia de la partida registral completa de la empresa GRUPO

PIMENTEL S.A.C., con RUC N° 20606026651, en el que se pueda verificar el periodo de inicio y términos de sus gerentes generales, representantes legales y accionistas, desde su constitución.

• Sírvase remitir copia de la partida registral completa de la empresa

SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.S, con RUC N° 20610812806, en el que se pueda verificar el periodo de inicio y términos de sus gerentes generales, representantes legales y accionistas, desde su constitución. La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, a la cual se accede a través del portal web institucional del OECE, teniendo en cuenta los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver. (…)

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS –

OFICINA REGISTRAL DE CUSCO:

• Sírvase remitir copia de la partida registral completa de la empresa

SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.S, con RUC N° 20610812806, en el que se pueda verificar el periodo de inicio y términos de sus gerentes generales, representantes legales y accionistas, desde su constitución. La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, a la cual se accede a través del portal web institucional del OECE, teniendo en cuenta los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para resolver.”

• Mediante Oficio N° 17959-2026-SUNARP/ZRIX/UREG/SSEP presentado el 29 de

octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Oficina Registral de Lima, en atención al requerimiento de información, remitió el certificado literal del Impugnante (SERVICIOS WAYQUIS PERU

S.A.C.S).

• Mediante Informe Técnico Legal N° 002-2026-CP ABR-62-2026-MDCC-1 presentado el

29 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información, manifestando lo siguiente:

• Indica que el comité realizó la calificación de ofertas, ciñéndose estrictamente a

lo indicado en las bases integradas del procedimiento de selección.

• Refiere que el Impugnante presentó, como parte de su oferta, el Anexo N° 3 –

Declaración jurada en el que indica que no se encontraba impedido para postular en el presente procedimiento de selección.

• Señala que, al tomar conocimiento de lo manifestado por el Consorcio

Adjudicatario solicita que el recurso de apelación se declare improcedente, sin perjuicio de que pueda declararse infundado.

• Manifiesta que los cuestionamientos formulados con posterioridad por el

Consorcio Adjudicatario requieren una evaluación específica de los presupuestos establecidos en el artículo 30 de la Ley, no siendo jurídicamente suficiente presumir la configuración de un impedimento únicamente a partir de la existencia de vinculaciones societarias.

• Con relación al cuestionamiento al requisito de calificación, C.4 – Infraestructura

estratégica, sostiene que las bases establecieron conficiones específicas para la acreditación de los espacios destinados a almacén de obra y oficina técnica, requiriéndose un área de 20m2 para el almacén de obra y 12 m2 para la oficina técnica, además de las características previstas para dichos ambientes.

• En ese sentido, de la revisión de la documentación presentada por el postor,

específicamente del compromiso de alquiler obrante a folio 90 y 91 de su oferta, se advierte que se consigna un área total de 200.80 m2 y se hace referencia, de manera general, a la disponibilidad del inmueble para los fines requeridos. Sin embargo, la consignación del área total del predio no permite establecer, por sí sola, que se encuentren individualizados y acreditados los espacios específicos exigidos para el almacén de obra y la oficina técnica, ni que estos cumplan con las condiciones establecidas en las bases integradas.

• Por lo tanto, sostiene que debe distinguirse entre la disponibilidad de un inmueble

con determinada área total y la acreditación concreta de los ambientes que fueron requeridos como parte de requisitos de calificación. La documentación presentada debía permitir verificar objetivamente el cumplimiento de las condiciones exigidas, sin que corresponda presumir que la totalidad del área del inmueble se encuentra destinada o distribuida conforme a los espacios queridos.

• En conclusión, precisa que desde la evaluación de los documentos que integraron

la oferta, se considera que la documentación presentada no permitió acreditar de manera suficiente el cumplimiento del requisito C.4. – Infraestructura estratégica, conforme a las condiciones establecidas en las bases integradas, razón por la cual se mantiene la posición del comité respecto de la descalificación del postor por dicho extremo.

• Mediante Oficio N° 2920-2026-SUNARP/ZRX/UREG/PUB presentado el 30 de octubre

de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Oficina Registral de Cusco, en atención al requerimiento de información, remitió el certificado literal del Impugnante (SERVICIOS WAYQUIS PERU

S.A.C.S).

• Con decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoque dicho acto y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público abreviado de servicios, cuya cuantía asciende a S/ 991 500.00 (novecientos noventa y un mil quinientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos.

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena, solicitando se revoque dicho acto y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un Concurso Público Abreviado de Servicios, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 14 de octubre de 20261,

fue publicado en el SEACE el 6 de octubre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escritos N° Escritos N° 1 y 2 presentados el 14 y 16 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

1 Cabe indicar que el día 8 de octubre fue feriado por celebrarse el “Combate de Angamos”.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el señor Carlos Eder Pimentel Neyra, en su condición de gerente general

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• Como parte de su escrito de absolución del recurso de apelación, el Consorcio

Adjudicatario manifestó que el Impugnante estaría incurso en los impedimentos Tipo 3.E y Tipo 3.F del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, debido a sus vínculos societarios y empresariales con personas jurídicas sancionadas con inhabilitación para contratar con el Estado.

• En atención a lo expuesto, a fin de proseguir con la revisión de la procedencia del

recurso impugnativo, corresponde a este Colegiado determinar si el Impugnante se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista al momento de participar en el procedimiento de selección.

• Para iniciar el análisis de los hechos antes expuestos, debe mencionarse, de forma

preliminar, que el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública ha previsto, como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de selección, en el marco de los principios de libertad de concurrencia y competencia, regulados en los literales h) y j) del numeral 5.1 del

artículo 5 de la Ley2.

• No obstante, a efectos de garantizar los principios antes enunciados, la normativa de

contratación pública ha establecido ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor y/o contratista en los distintos procesos de contratación pública, debido a que su participación podría afectar la integridad y 2 “Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública 5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios: (…)

• Libertad de concurrencia. Las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación

de proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades innecesarias. (…)

• Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer

condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, de modo que garantice el equilibrio entre la calidad y el precio. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia (…)”.

transparencia que deben prevalecer en los mismos.

• Es así que, el artículo 30 de la Ley establece distintos alcances de los impedimentos

para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista; independientemente del régimen legal de contratación aplicable; entre los que se encuentran aquellos impedimentos de carácter absoluto, que no permiten participar y/o contratar en ningún proceso de contratación pública, como es el caso de pertenecer a un mismo grupo económico.

• En particular, para efectos del presente análisis, corresponde señalar que el tipo 3.E

del párrafo 3 (Impedimentos para personas jurídicas o por representación) del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley establece que están impedidos de ser participantes, postores, contratistas o subcontratistas, “Personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes (representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, siempre que su partición individual o conjunta sea superior al 30% del capital o patrimonio social) formen o hayan formado parte, en la fecha cuando se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva”. Asimismo, se dispone que el alcance del impedimento se extiende, durante la vigencia de la sanción, a todo proceso de contratación a nivel nacional.

• En ese sentido, a fin de determinar si el Impugnante estaba impedido de participar en

el procedimiento de selección por encontrarse inmerso en el tipo 3.E del párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, se procederá con el análisis respectivo. ➢ Respecto de la inhabilitación de la empresa GRUPO PIMENTEL S.A.C. y su vinculación con el señor Carlos Eder Pimentel Neyra:

• De la revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se

advierte que la empresa GRUPO PIMENTEL S.A.C. tiene una sanción impuesta por el Tribunal a través de la Resolución N° 5630-2025-TCP-S5 del 26 de agosto de 2025, y confirmado mediante Resolución N° 7238-2025-TCP-S5 del 28 de octubre de 2025, con la cual se le impuso veinticuatro (24) meses de suspensión temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción consistente en haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa, en el marco del Concurso Público N° 01-2020- MINEDU/VMGP/UE 120 (ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18), el 4 de agosto de 2020, por lo que el periodo de sanción comprendió desde el 6 de noviembre de 2025 al 6 de noviembre de 2027, conforme se advierte del siguiente recuadro:

• Por otra parte, de la revisión de la partida electrónica N° 14475869 del Registro de

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, se aprecia que en el asiento A0001: Constitución del GRUPO PIMENTEL S.A.C. inscrito el 6 de marzo de 2020, se designó al señor Carlos Eder Pimentel Neyra, como gerente general, además de ser socio fundador con 19 700 acciones. (…) Asimismo, en el asiento C00001 de la mencionada partida del GRUPO PIMENTEL S.A.C., extendido en virtud Acta de junta general de acciones de 11 de febrero de 2021, inscrito el 15 del mismo mes y año, se acepta la renuncia del señor Carlos Eder Pimentel Neyra como gerente general, nombrando como gerente general al señor Bryan Jordy Pimentel Neyra, tal como se aprecia a continuación:

• Además, en el asiento A00001 de la citada partida registral, consta el objeto social, en

el que se consigna que la mencionada empresa tiene como objeto dedicarse, entre otros, al “Construcción y mantenimiento de edificaciones”, para mayor evidencia se reproduce la parte pertinente del referido asiento:

• En tal sentido, se concluye que, al 4 de agosto de 2020, fecha en la que la empresa

GRUPO PIMENTEL S.A.C. incurrió en la infracción correspondiente a presentar documentación falsa, aquella tenía como gerente general al señor Carlos Eder Pimentel Neyra. ➢ Respecto a la vinculación del Impugnante con el señor Carlos Eder Pimentel Neyra:

• De la revisión realizada al asiento A00001 de la partida electrónica N° 11296963 del

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Cusco, se aprecia que el 3 de abril de 2023 se inscribió el nombramiento como gerente del señor Carlos Eder Pimentel Neyra, además de ser socio fundador de Servicios Wayquis Peru S.A.C.S., conforme se muestra a continuación:

(…)

• Asimismo, en el asiento A00001 de la citada partida registral, consta el objeto social,

en el que se consigna que la mencionada empresa tiene como objeto dedicarse, entre otros, al “Construcción y mantenimiento de edificaciones”, para mayor evidencia se reproduce la parte pertinente del referido asiento:

• En el Buscador de Proveedores del Estado puede verificarse que, a la fecha, gerente

general, socio y representante del Impugnante es el señor Carlos Eder Pimentel Neyra, conforme se muestra a continuación:

• Por consiguiente, se evidencia que el señor Carlos Eder Pimentel Neyra ostentó el

cargo de gerente general del Impugnante desde el 3 de abril de 2023 hasta la actualidad.

• En este punto, resulta relevante señala que el impedimento tipo 3.E del párrafo 3 del

numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, es aplicable a las personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que estuviesen sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva.

• En consecuencia, en el presente caso, se advierte que, a la fecha en que la empresa

GRUPO PIMENTEL S.A.C. cometió la infracción que dio lugar a que se le impusiera una sanción de veinticuatro (24) meses de suspensión temporal de su derecho a participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, esto es, el 4 de agosto de 2020, el señor Carlos Eder Pimentel Neyra, quien actualmente se desempeña como gerente general del Impugnante, ocupaba dicho cargo en la referida empresa. Asimismo, se verifica que tanto el Impugnante como la empresa GRUPO PIMENTEL S.A.C. desarrollan la misma actividad societaria: “Construcción y mantenimiento de edificaciones”, configurándose el impedimento tipo 3.E del párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley.

• En ese contexto, corresponde señalar que el artículo 308 del Reglamento establece,

entre las causales de improcedencia del recurso de apelación, que el Impugnante se encuentre inmerso en algún impedimento para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De lo antes expuesto, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación

interpuesto por el Impugnante, al haberse configurado la causal establecida en el literal e) del artículo 308 del Reglamento, por haber sido presentado dicho recurso por una persona jurídica impedida en virtud del tipo 3.G del párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley.

• Sin perjuicio de lo señalado, se advierte que el Impugnante, adjuntó en su oferta el

Anexo N° 3, declarando, entre otros aspectos, no encontrarse incurso en impedimento alguno para participar en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme se aprecia en las imágenes que se muestran a continuación:

• En tal sentido, corresponde señalar que el literal e) del numeral 5.1 del artículo 5 de

la Ley establece el principio de presunción de veracidad, conforme al cual se presume que los documentos y declaraciones presentados por los administrados en el marco del proceso de contratación se ajustan a la verdad de los hechos afirmados. Sin embargo, dicha presunción no es absoluta, pues admite prueba en contrario, la cual puede desvirtuar la autenticidad o exactitud de la información proporcionada.

• Dicho lo anterior, se configura la existencia de información inexacta cuando su

contenido no guarda concordancia con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Cabe añadir que, para la configuración del tipo infractor referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud está relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que incidan en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En el caso en particular, se ha verificado que el Anexo N° 3 presentado por el

Impugnante no se ajustan a la realidad, pues se encuentra inmerso en el impedimento previsto en el tipo 3.E del párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley. Asimismo, la presentación de dicho documento se encuentra directamente vinculada a la acreditación de uno de los requisitos de admisión, por lo que la inexactitud detectada incide de manera directa y relevante en los resultados de la evaluación de las ofertas, afectando la veracidad de la información declarada por el postor. Por ende, en virtud de la tutela del interés público corresponde tener a ambos postores en la condición de no admitidos.

• Siendo así, corresponde disponer la apertura del expediente administrativo

sancionador, a fin que se determine la responsabilidad del Impugnante por la comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley, al haber presentado en su oferta presunta información inexacta, contenida en el Anexo N° 3, obrantes en el folio 9 de cada una de dichas ofertas.

• Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 315.2 del artículo 315 del

Reglamento corresponde ejecutar el 50% de la garantía presentada por la interposición del recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• .Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Servicios Wayquis

Peru S.A.C.S., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 062-2026- MDCC-1 Derivado de Concurso Público de Servicios N° 003-2026-MDCC, convocado por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para la “Contratación de servicio de mantenimiento de la Institución Educativa N° 40035 Víctor Andrés Belaunde, distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa”, conforme a los fundamentos expuestos.

• Ejecutar el 50% de la garantía presentada por Servicios Wayquis Peru S.A.C.S. para la

interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos.

• Disponer que la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas proceda a

la apertura del expediente administrativo sancionador contra la empresa Servicios Wayquis Peru S.A.C.S., por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme a lo expuesto en la fundamentación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3.

• Dar por agotada la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

3 “n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección”.