Resolución N.° 9665-2026-TCP-S1

Sumilla: Corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción al Adjudicatario, por la presentación de información inexacta a la Entidad, al no haberse cumplido con el segundo requisito para la configuración de la infracción, esto es, la existencia de un beneficio concreto, pues el procedimiento de selección fue declarado nulo y posteriormente desierto. Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 9262/2023.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido al proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2023-IVMPH – Primera convocatoria; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado – SEACE, el 20 de junio de 2023, el Instituto de Vialidad Municipal de Huancayo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 3- 2023-IVMPH - 1 (Primera convocatoria), para la contratación del “Servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales tramo: Matichacra – Astilleria (Long. 25.00 Km)”, con un valor estimado de S/ 104 737.50 (ciento cuatro mil setecientos treinta y siete con 50/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 28 de junio de 2023, se llevó a cabo la presentación (electrónica) de ofertas, el 4 de julio del mismo año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al postor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el Adjudicatario, por el importe de S/ 93 740.00 (noventa y tres mil setecientos cuarenta con 00/100 soles).

• El 1 de agosto de 2023, la Entidad registró en el SEACE la Resolución de Gerencia

General N° 057-IVMPH/GG de fecha 31 de julio de 2023, a través de la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de evaluación y calificación de ofertas.

• El 28 de agosto de 2023, la Entidad reinició el procedimiento de selección en el

SEACE, declarando desierto el procedimiento de selección.

• Mediante Oficio N° 265-2023-IVMPH/GG del 5 de septiembre de 2023, presentado

el 8 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Adjudicatario habría presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa e información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. A fin de sustentar su comunicación, adjuntó, entre otros, el Informe N° 214-2023- IVMPH/RESP-LOG del 4 de septiembre de 2023, en el cual señaló lo siguiente:

• Indica que, en el marco de la fiscalización posterior realizada a la oferta del

Adjudicatario, se detectaron inexactitudes en la acreditación de la experiencia del postor (folios 63 al 72). Específicamente, estas inconsistencias se observan en los siguientes documentos: ✓ Constancia de prestación de servicios, emitida por el Instituto Vial Provincial Municipal Concepción, correspondiente al Contrato N°

0091-2018-A/MPC.

✓ Constancia de prestación de servicios, emitida por el Instituto Vial Provincial Municipal Concepción, correspondiente al Contrato N°

0092-2018-A/MPC.

• Señala que mediante Carta N° 039-2023-GG/IVPMC, el Instituto Vial

Provincial Municipal de Concepción informó que los Contratos N° 0091- 2018-A/MPC y N° 0092-2018-A/MPC fueron suscritos con la Municipalidad Provincial de Concepción y la empresa Cleper Contratistas Generales S.A.C. [el Adjudicatario]. En consecuencia, corresponde a dicha Municipalidad expedir la constancia de prestación de servicios, lo que evidencia una incongruencia en la procedencia de las referidas constancias de prestación de servicios.

• Precisa que, mediante el Oficio N° 0605-2023-A/MPC del 14 de agosto de

2023, la Municipalidad Provincial de Concepción remitió los documentos concernientes a los Contratos N° 0092-2018-A/MPC y N° 0091-2018- A/MPC, así como las órdenes de servicio e informes que avalan los pagos.

• Sostiene que a través de la carta s/n con Reg. 1396-308 del 14 de agosto

de 2023, el señor Aníbal Villaverde Rafael presentó los descargos respecto a la firma que figura en las constancias de prestación de servicios.

• Precisa que, mediante carta s/n con Reg. 1402-310 del 15 de agosto de

2023, el gerente general de la empresa Constructora Cleper Contratistas Generales S.A.C. presentó sus descargos y adjuntó la Resolución de Alcaldía N° 359-2018-A/MPC del 29 de noviembre de 2018, donde se otorgaban competencias al Instituto Vial Provincial de Concepción para realizar la inspección y seguimiento de los trabajos de mantenimiento rutinario de caminos vecinales en coordinación con la Gerencia de Obras Desarrollo Urbano y Rural.

• Manifiesta que el 18 de agosto de 2023, la Entidad, mediante la Resolución

de Gerencia General N° 063-2023-IVMPH/GG, resolvió declarar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Mediante decreto del 25 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal,

previamente requirió a la Entidad que remita, entre otros, un informe técnico legal sustentando la procedencia de las infracciones denunciadas, el perjuicio ocasionado y los resultados de la fiscalización posterior. Asimismo, la totalidad de los documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta presentados en el marco del procedimiento de selección; así como la documentación que acredite la presentación de los documentos falsos o adulterados e inexactos en el marco de la contratación. A efectos de remitir la referida documentación, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• A través del Oficio N° 049-2026-IVMPH/GG del 22 de abril de 2026, presentado

ante el Tribunal el 23 del mismo mes y año, la Entidad brindó atención al requerimiento de información solicitado con decreto del 25 de marzo de 2026.

• Mediante decreto del 11 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal

dispuso iniciar procedimiento sancionador al Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber presentado ante el Instituto de Vialidad Municipal de Huancayo, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, consistente y/o contenida en: Documentos presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta.

• Constancia de prestación de servicio del 15 de enero de 20191, emitida por

el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, a favor del proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por haber realizado el servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo: Comas Mariscal – Castilla L=17.000 km, desde el 6 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Contrato N° 0091-2018-A/MPC.

• Constancia de prestación de servicio del 15 de enero de 20192, emitida por

el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, a favor del proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por haber realizado el servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo: EMP. JU 112 – Salvio – Santa Rosa de Huarmita, Ramales, Huamachuco y Quishuar L=23.320 km, desde el 6 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, correspondientes al Contrato N° 092-2018-

A/MPC.

Presunta información inexacta contenida en: 1 Obrante en el folio 156 del expediente administrativo en archivo PDF. 2 Obrante en el folio 161 del expediente administrativo en archivo PDF.

• Anexo N° 8 - Experiencia del postor en la especialidad3 del 26 de junio de

2023 suscrito por el gerente general de la empresa Constructora Cleper Contratista Generales Sociedad Anónima Cerrada, en eL marco de la Adjudicación Simplificada N° 03-2023-IVMPH – Primera Convocatoria, en el cual se consigna como parte de su experiencia la obtenida en mérito a las constancias de servicios correspondiente a los Contratos N° 091-2018- A/MPC y N° 092-2018-A/MPC. En virtud de ello, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Cabe indicar que dicho decreto fue notificado al Adjudicatario, el 12 de mayo de 2026, a través de la Casilla Electrónica del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes -OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores).

• Mediante escrito s/n, presentado el 26 de mayo de 20264 ante el Tribunal, el

Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, indicando lo siguiente:

• Señala que el procedimiento administrativo sancionador se inició a partir

de cuestionamientos a dos constancias de prestación de servicios de fecha 15 de enero de 2019 (vinculadas a los Contratos N° 091-2018-A/MPC y N° 092-2018-A/MPC) y al Anexo N.° 8 (Experiencia del Postor).

• Indica que la imputación no se fundamenta en una prueba técnica de

falsificación documental ni en un pronunciamiento jurisdiccional que determine la inexistencia material de los documentos, sino en observaciones administrativas posteriores de la entidad (mediante Carta N.° 039-2023-GG/VPMC sobre competencia funcional, ausencia de registro y situación laboral). 3 Obrante en los folios 133 al 134 del expediente administrativo en archivo PDF. 4 Obrante en los folios 228 al 234 del expediente administrativo en archivo PDF.

• Refiere que no existe pericia grafotécnica, documentológica, informática,

prueba científica ni resolución judicial firme que demuestre la falsificación o adulteración de los documentos cuestionados.

• Precisa que la sola manifestación posterior de una entidad sobre

irregularidades internas no constituye prueba plena de falsedad, ya que trasladaría indebidamente las deficiencias organizacionales y de desorden interno de la entidad emisora al administrado.

• Señala que los servicios consignados en las constancias observadas se

ejecutaron de manera real y efectiva al amparo de los contratos respectivos.

• Indica que cuenta con un sólido acervo documentario- compuesto por

contratos, valorizaciones, informes técnicos, conformidades, órdenes de servicio y comprobantes de pago- que acredita la ejecución real y efectiva de los servicios consignados en el Anexo N.° 8, lo cual desvirtúa cualquier acusación de simulación o fabricación de experiencia.

• Indica que la actuación de su representada se enmarcó en la buena fe

administrativa y confianza legítima, al obtener documentación de funcionarios que aparentaban contar con facultades suficientes.

• Sostiene que el expediente carece de pruebas que demuestren dolo,

conocimiento, participación en documentos falsos, inducción a error o intención fraudulenta por parte del administrado.

• Con decreto del 3 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, requirió

a la Municipalidad Provincial de Concepción que informe si, conforme a la documentación que obra en los archivos de su Municipalidad, las constancias de prestación de servicio de fecha 15 de enero de 2019 corresponden a documentos efectivamente emitidos con ocasión de la ejecución de los Contratos N° 091-2018- A/MPC y N° 092-2018-A/MPC. Asimismo, se solicitó que informe si el proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales S.A.C. ejecutó los servicios consignados en las referidas constancias, en los términos, plazos y condiciones allí descritos.

Aunado a ello, se requirió que informe si la información consignada en dichas constancias corresponde a los antecedentes y registros administrativos que obran en esa entidad, precisando si el proveedor ejecutó los servicios, en los plazos y condiciones consignados en los documentos. Adicionalmente, se solicitó que informe si las referidas constancias fueron emitidas con sustento en la conformidad de los servicios prestados o en otra documentación que obre en los expedientes de contratación. Por otro lado, se requirió información al señor Aníbal Paul Villaverde Rafael, para que informe si la firma consignada en las constancias de fecha 15 de enero de 2019 corresponde a su puño gráfico. Asimismo, que informe si el 15 de enero de 2019 ejercía el cargo de gerente general del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, o desempeñaba algún otro cargo que le otorgara competencia para emitir y suscribir las referidas constancias.

• Por decreto del 12 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso

tener por apersonado al Adjudicatario y por presentados sus descargos.

• Con decreto del 12 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso

el registro del Informe de Instrucción N° 158-2026/CSCH/ST3 de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual se recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. El Informe de Instrucción N° 158-2026/CSCH/ST3 del 12 de agosto de 2026 fue notificado al Adjudicatario el 13 del mismo mes y año, a través de la Casilla Electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores).

• Con decreto del 13 de agosto de 2026, considerando que el Informe de Instrucción

N° 158-2026/CSCH/ST3 del 12 de agosto de 2026, fue notificado vía casilla electrónica al Adjudicatario, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para resolver, siendo recibido por el Vocal en la misma fecha.

• Mediante escrito s/n, presentado el 14 de agosto de 2026 ante el Tribunal, el señor

Aníbal Paul Villaverde Rafael brindó respuesta al requerimiento de información solicitado con decreto del 3 de agosto de 2026.

• A través del Oficio N° 0825-2026-A/MPC del 29 de octubre de 2026, presentado

esa misma fecha ante el Tribunal, la Municipalidad Provincial de Concepción brindó respuesta al requerimiento de información solicitado con decreto del 3 de agosto de 2026.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la

presunta responsabilidad del Adjudicatario, por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada e información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, respectivamente, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025 entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una

retroactividad benigna. Naturaleza de las infracciones

• El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley establecía que los

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, estipulaba que incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las Entidades, dicha información debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras, el beneficio o ventaja debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que

el documento o la información cuestionada fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo disponía el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado. En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su supuesto emisor, o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido adulterado en su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre , lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018.

• En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 42.1 del artículo 42 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

• Conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la

LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de las infracciones.

• En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado ante

la Entidad, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada e información inexacta, consistente y/o contenida en: Documentos presuntamente falsos o adulterados y/o con información inexacta.

• Constancia de prestación de servicio del 15 de enero de 20195, emitida por

el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, a favor del proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por haber realizado el servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo: Comas Mariscal – Castilla L=17.000 km, desde el 6 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Contrato N° 0091-2018-A/MPC. ii) Constancia de prestación de servicio del 15 de enero de 20196, emitida por el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, a favor del proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por haber realizado el servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo: EMP. JU 112 – Salvio – Santa Rosa de Huarmita, Ramales, Huamachuco y Quishuar L=23.320 km, desde el 6 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Contrato N° 092-2018-

A/MPC.

Presunta información inexacta contenida en: iii) Anexo N° 8 - Experiencia del postor en la especialidad7 del 26 de junio de 2023 suscrito por el gerente general de la empresa Constructora Cleper Contratista Generales Sociedad Anónima Cerrada, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 03-2023-IVMPH – Primera Convocatoria, en el cual se consigna como parte de su experiencia la obtenida en mérito a las constancias de servicios correspondientes a los Contratos N° 091-2018- A/MPC y N° 092-2018-A/MPC.

• Conforme se ha señalado precedentemente, a efectos de determinar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad y, ii) la falsedad y/o adulteración e inexactitud del documento presentado; en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le 5 Obrante en el folio 156 del expediente administrativo en archivo PDF. 6 Obrante en el folio 161 del expediente administrativo en archivo PDF. 7 Obrante en los folios 133 al 134 del expediente administrativo en archivo PDF.

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato.

• De la revisión del expediente administrativo, obra la oferta8 presentada por el

Adjudicatario el 28 de junio de 2023, en el marco del procedimiento de selección, en la cual adjuntó los documentos cuestionados (folios 133, 134, 156 y 161). Por tanto, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la presunción de veracidad que reviste a la documentación cuestionada. Respecto a la presunta falsedad o adulteración e información inexacta de los documentos descritos en los numerales i) y ii) del fundamento 9.

• En el presente caso se cuestiona la veracidad y exactitud de los siguientes

documentos: ✓ Constancia de prestación de servicio del 15 de enero de 20199, emitida por el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, a favor del proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por haber realizado el servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo: Comas Mariscal – Castilla L=17.000 km, desde el 6 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Contrato N° 0091-2018-A/MPC, el cual se muestra a continuación: 8 Obrante en los folios 78 al 223 del expediente administrativo en archivo PDF. 9 Obrante en el folio 156 del expediente administrativo en archivo PDF.

✓ Constancia de prestación de servicio del 15 de enero de 201910, emitida por el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, a favor del 10 Obrante en el folio 161 del expediente administrativo en archivo pdf.

proveedor Constructora Cleper Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, por haber realizado el servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo: EMP. JU 112 – Salvio – Santa Rosa de Huarmita, Ramales, Huamachuco y Quishuar L=23.320 km, desde el 6 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Contrato N° 092- 2018-A/MPC., el cual se reseña a continuación:

• Al respecto, de la documentación obrante en el expediente administrativo, fluye

que, en el marco de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, se tiene que a través de la Carta N° 039-2023-GG/IVPMC11 del 18 de julio de 2023, el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción [supuesto emisor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas] ha señalado lo siguiente: “(…) (…) en mérito al documento en referencia donde solicita información sobre la veracidad de las Constancia de Prestación de Servicio de los contratos: CONTRATO N° 091-2018-A/MPC y CONTRATO N° 092-2018-A/MPC; debo manifestar que efectivamente de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública –Ley N° 27806: toda persona tiene derecho a solicitar información de cualquier Entidad de la Administración Pública, en tal sentido remito el INFORME N° 055-2023-JUA/IVPMC, emitido por la Unidad de Administración donde informa que los contratos: CONTRATO N° 091- 2018-A/MPC y CONTRATO N° 092-2018-A/MPC han sido suscritos entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION y la empresa CLEPER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y en consecuencia es la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN quien debía otorgar las Constancias de Prestación de Servicios; asimismo, se ha verificado el cuaderno de Registro de documentos del año 2019 y no se observa ninguna solicitud de Constancia de Prestación de Servicio. Cabe mencionar que las Constancias de Prestación de Servicios motivo de la consulta fueron emitidas el 15 de enero del 2019, fecha que el Sr. C.P.C. ANIBAL PAUL VILLAVERDE RAFAEL no tenía vínculo laboral con el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción ya que mediante RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO N° 001-2019- CD/IVPMC de fecha 11 de enero del 2019 se deja sin efecto la Resolución del Presidente del Comité Directivo N° 001-2018- CD/IVPMC donde fue designado Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción. Asimismo, mediante RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO N° 002- 2019-CD/IVPMC de fecha 11 de enero del 2019 se designa al Gerente General del IVP Concepción quien asume funciones a partir de la emisión de la Resolución. (sic) (…)”. (El énfasis es agregado) Como se aprecia de lo citado en la Carta N° 039-2023-GG/IVPMC del 18 de julio de 2023, el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción ha señalado que los Contratos N° 091-2018-A/MPC y N° 092-2018-A/MPC fueron suscritos por la Municipalidad Provincial de Concepción y la empresa Cleper Contratistas Generales S.A.C. [el Adjudicatario], por lo que la referida municipalidad era la 11 Obrante a folios 40 del del expediente administrativo en archivo pdf.

única autorizada para emitir las constancias de prestación de servicios cuestionadas. Asimismo, refiere que en el cuaderno de registros del 2019 no se advierte ninguna solicitud formal para tramitarlas. Además, precisa que las constancias de prestación de servicios figuran emitidas el 15 de enero de 2019 por el señor Aníbal Paul Villaverde Rafael como gerente general del Instituto Vial Provincial Municipalidad de Concepción; sin embargo, aquel ya no ejercía el cargo ni trabajaba allí, pues fue cesado formalmente el 11 de enero de 2019 mediante la Resolución del Presidente del Comité Directivo N°

001-2019-CD/IVPMC.

• Asimismo, obra en el expediente la carta s/n de fecha 14 de agosto de 202312,

recibida por la Entidad el 15 de agosto de 2023, en el marco de la fiscalización posterior, a través de la cual el señor Aníbal P. Villaverde Rafael [supuesto suscriptor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas], informó lo siguiente: “(…) Al respecto, debo señalar que revisado las 02 constancias de prestación de servicios, las dos de fecha 15 de enero de 2019 que se presentan en copia simple, debo señalar que la firma y postfirma que aparecen, aparentemente corresponde a mi persona, pues tienen características extrínsecas convergentes con mi firma; asimismo, por la gran cantidad de documentos que suscribí cuando me encontraba en el cargo de Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, no recuerdo con exactitud los documentos que suscribí hasta la culminación de mi vínculo laboral, ya que desde esa época a la fecha pasaron varios años. Y, respecto a los 02 contratos de servicios, adjuntos en copia simple, al ser suscritos entre personas jurídicas ajenas al Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, no me corresponde pronunciarme al respecto. (sic) (…)”. (El énfasis es agregado) Como es de verse, del contenido de la carta antes citada, se advierte que el señor Aníbal P. Villaverde Rafael [supuesto suscriptor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas], ha precisado que aparentemente la firma y postfirma en las copias simple de las constancias de prestación de servicios cuestionadas les 12 Obrante a folios 39 del expediente administrativo en archivo pdf.

corresponden, ya que coinciden con sus rasgos habituales. Sin embargo, aclara que no puede recordar con exactitud si las firmó debido al alto volumen de documentos que manejaba cuando era Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción.

• En ese contexto, con decreto del 3 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del

Tribunal requirió a la Municipalidad Provincial de Concepción que informe si las constancias de prestación de servicios cuestionadas han sido emitidas con ocasión de la ejecución de los Contratos N° 091-2018-A/MPC y N° 092-2018-A/MPC. Asimismo, que informe si la empresa Constructora Cleper Contratistas Generales S.A.C. ejecutó los servicios consignados en las referidas constancias de prestación de servicios, en los términos, plazos y condiciones allí descritas. Aunado a ello, requirió que informe si las constancias de prestación de servicios cuestionadas fueron emitidas en base a las conformidades de los servicios prestados o en otra documentación que obre en el expediente de contratación. De igual manera, requirió al señor Aníbal Paul Villaverde Rafel que informe si la firma consignada en las constancias de prestación de servicios cuestionadas corresponde a su puño gráfico. Asimismo, que precise si al 15 de enero de 2019 ejercía el cargo de Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción o si desempeñaba algún otro cargo que le otorgara competencia para emitir y suscribir las referidas constancias.

• En atención a ello, mediante Oficio N° 0825-2026-A/MPC del 29 de octubre de

2026, la Municipalidad Provincial de Concepción remitió el Oficio N° 146-2026- GM/MPC del 5 de agosto de 2026, a través del cual solicitó al Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción pronunciarse sobre lo requerido por el Tribunal con decreto del 3 de agosto de 2026. Asimismo, adjuntó, entre otros, la Carta N° 072-2026-GG/IVPMC de 10 de agosto de 2026, mediante la cual el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción respondió a lo solicitado en el Oficio N° 146-2026-GM/MPC del 5 de agosto de 2026, manifestando lo siguiente:

“(…) (…)” Conforme se aprecia, del contenido de la citada carta, el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción ha señalado que los Contratos N.° 091-2018-A/MPC y N.° 092-2018-A/MPC fueron contratados, suscritos y administrados exclusivamente por la Municipalidad Provincial de Concepción, y que su representada no tuvo participación alguna en la preparación, adjudicación ni ejecución de dichos servicios. Agrega que, de la búsqueda realizada en sus archivos documentales, no encontró las Constancias de Prestación de Servicios de fecha 15 de enero de 2019 supuestamente emitidas por su exgerente general Aníbal P. Villaverde Rafael.

• Asimismo, en respuesta al requerimiento de información solicitado con decreto

del 3 de agosto de 2026, el señor Aníbal P. Villaverde Rafael, presentó ante este Tribunal la carta s/n del 14 de agosto de 2026, la misma que se muestra a continuación:

Conforme se aprecia, del contenido de la citada carta, el señor Aníbal P. Villaverde Rafael [supuesto suscriptor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas] ha reiterado que las firmas y posfirmas en las referidas constancias presentan características convergentes con su firma habitual, por lo que no descarta categóricamente que sean suyas, pero tampoco confirma con certeza haberlas firmado debido al alto volumen de documentos suscritos en su gestión. Asimismo, ha informado que cesó en el cargo de Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción el 31 de diciembre de 2018. Por ende, refiere que al 15 de enero de 2019 ya no tenía vínculo ni competencia funcional para emitir o firmar constancias a nombre de la entidad.

• Ahora bien, respecto al extremo referido a la falsedad o adulteración, cabe traer

a colación que, en base a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad del documento presentado ante la Administración Pública— debe tomarse en consideración, como un importante elemento a valorar, la manifestación del supuesto emisor o agente emisor o suscriptor, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis.

• Al respecto, de una valoración conjunta de las respuestas brindadas por el

Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción y por el señor Aníbal Villaverde Rafael [supuesto emisor y suscriptor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas], se advierte que ninguno ha negado categóricamente la emisión ni la suscripción de las constancias cuestionadas. Por un lado, el Instituto se limitó en señalar que la Municipalidad Provincial de Concepción era la autoridad competente para emitir las constancias de prestación de servicios cuestionadas; por otro lado, el señor Villaverde Rafael precisó que las firmas y posfirmas presentan características convergentes con su firma habitual, no descartando que le correspondan, aunque sin confirmarlo con absoluta certeza. En tal sentido, dichas afirmaciones no resultan suficientes para acreditar la falsedad de los documentos materia de análisis, pues como se mencionó de manera precedente, para calificar un documento como falso o adulterado, debe tenerse la manifestación del supuesto emisor o suscriptor negando haberlo expedido o suscrito, lo cual no ocurre en el presente caso.

• En esa misma línea, es importante recordar que, en un procedimiento

administrativo sancionador corresponde a la autoridad administrativa probar los hechos que se atribuyen al administrado, amparándose la actuación de este último en el principio de licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, el cual establece el deber de las entidades de presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, lo que significa que si “en el curso del procedimiento administrativo no se llega a formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”13. Como corolario de tal directriz, se encuentra el principio de presunción de veracidad, establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual rige que en la tramitación de un procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 13 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670.

admitiendo también dicha presunción prueba en contrario.

• En ese contexto, conforme a la información obrante en el expediente, y teniendo

en cuenta que el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción y el señor Aníbal Villaverde Rafael [supuesto emisor y suscriptor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas], no han negado la emisión ni suscripción de las mismas, este Colegiado considera que no existe elemento fehaciente para determinar la falsedad de los documentos materia de análisis; es decir, la presunción de veracidad que los ampara no ha podido ser desvirtuada.

• Por lo tanto, en el presente extremo no se ha verificado la comisión de la infracción

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, debiendo declararse no ha lugar a la imposición de sanción en ese extremo.

• Por su parte, respecto a la imputación de información inexacta, debe tenerse en

cuenta que aquella supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta.

• En relación con ello, obra en el expediente la Carta N° 039-2023-GG/IVPMC14 del

18 de julio de 2023, a través de la cual el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción [supuesto emisor de las constancias de prestación de servicios cuestionadas] señaló que las constancias de prestación de servicios cuestionadas figuran emitidas el 15 de enero de 2019 por el señor Aníbal Paul Villaverde Rafael como gerente general del Instituto Vial Provincial Municipalidad de Concepción; sin embargo, aquel ya no ejercía el cargo ni trabajaba allí, pues fue cesado formalmente el 11 de enero de 2019 mediante la Resolución del Presidente del Comité Directivo N° 001-2019-CD/IVPMC. Asimismo, se tiene la carta s/n del 14 de agosto de 2026, presentada por el señor Aníbal Villaverde Rafael ante el Tribunal, mediante la cual señaló que cesó en el cargo de Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción el 31 de diciembre de 2018. Por ende, refirió que al 15 de enero de 2019 ya no tenía vínculo ni competencia funcional para emitir o firmar constancias a nombre de la entidad. 14 Obrante a folios 40 del expediente administrativo en archivo pdf.

• En ese sentido, se aprecia que las constancias de prestación de servicio de fecha

15 de enero de 2019 contienen información discordante con la realidad, por cuanto consignan como suscriptor al señor Aníbal Paul Villaverde Rafael, en calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción; sin embargo, a dicha fecha aquel ya no ostentaba dicho cargo ni mantenía vínculo laboral con el Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, habiendo cesado formalmente en sus funciones con anterioridad a la emisión de los referidos documentos [11 de enero de 2019].

• Aunado a ello, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción

consistente en la presentación de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En relación con ello, corresponde señalar que las constancias de prestación de

servicios cuestionadas fueron presentadas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, lo que representó un beneficio al Adjudicatario, pues se le otorgó la buena pro del procedimiento de selección.

• En este punto, cabe traer a colación lo alegado por el Adjudicatario en sus

descargos, quien ha señalado que los servicios consignados en las constancias cuestionadas se ejecutaron de manera real y efectiva al amparo de los contratos respectivos. Asimismo, indica que se cuenta con un sólido acervo documentario- compuesto por contratos, valorizaciones, informes técnicos, conformidades, órdenes de servicio y comprobantes de pago- que acredita la ejecución real y efectiva de los servicios consignados en el Anexo N.° 8, lo cual desvirtúa cualquier acusación de simulación o fabricación de experiencia. Aunado a ello, refiere que la actuación de su representada se enmarcó en la buena fe administrativa y confianza legítima, al obtener documentación de funcionarios que aparentaban contar con facultades suficientes.

• Al respecto, corresponde señalar que para la configuración de la infracción

consistente en presentar información inexacta no solo se valora la realización física de las prestaciones, sino también la validez formal y eficacia de los documentos presentados; en tal sentido, en el presente caso, la inexactitud no se encuentra dirigida a cuestionar la ejecución del servicio, sino que los documentos cuestionados fueron suscritos por un funcionario que no ostentaba dicha calidad. Asimismo, cabe precisar que en el numeral 50.315 del artículo 50 del TUO de la Ley, de forma expresa, se prevé que la responsabilidad derivada del tipo infractor imputado [presentación de información inexacta], es objetiva. En otras palabras, la determinación de responsabilidad administrativa, se materializa por el hecho concreto de la presentación de un documento que contiene información inexacta, lo que no implica un juicio de valor sobre el mismo, debido a que la norma sanciona la presentación del documento. Cabe precisar que, si bien el artículo 4216 del TUO de la LPAG permite que el administrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las verificaciones correspondientes y razonables, no debe olvidarse que el numeral 10 del artículo 23017 del TUO de la LPAG establece el principio de culpabilidad y su excepción cuando la ley disponga responsabilidad objetiva, siendo esta última la aplicable al caso materia de análisis. En virtud de lo expuesto, al haberse verificado y acreditado el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes que permiten concluir que los documentos materia de análisis 15 Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas (…) 50.3 La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos tipos infractores previsto en los literales a), b), h) y n) del numeral 50.1 del artículo 50. 16 “Art. 51.- Presunción de veracidad 51.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las verificaciones correspondientes y razonables. (…)”. 17 “Art. 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales. (…)

• Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto

legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

contienen información inexacta.

• Por lo expuesto, las constancias de prestación de servicios del 15 de enero de 2019

contienen información inexacta, correspondiendo atribuir responsabilidad administrativa al Adjudicatario, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Respecto a la presunta información inexacta contenida en el documento descritos en el numeral iii) del fundamento 9.

• En este extremo, se cuestiona la exactitud de la información contenida en el Anexo

N° 8 – Experiencia del postor en la especialidad del 26 de junio de 2023, para un mejor análisis se reproduce el anexo cuestionado:

• Como es de verse, en el Anexo N° 8– Experiencia del postor en la especialidad,

antes reseñado, se advierte que el Adjudicatario declaró como parte de su experiencia los Contratos N° 091-2018-A/MPC y N° 092-2018-A/MPC, los cuales se encuentran vinculados a las constancias de prestación de servicios de fecha 15 de enero de 2019 [documentos cuestionados] y cuya inexactitud ha sido acreditada en fundamentos anteriores. No obstante, debe recordarse que el extremo inexacto no es la ejecución del objeto del contrato, sino la condición de quien suscribió dichos documentos, pues como se analizó en el acápite previo, el supuesto suscriptor, a la fecha de emisión de los documentos, ya no ejercía el cargo que aparece en las referidas constancias. En tal sentido, de la revisión del anexo analizado, no se observa en los recuadros concernientes a los contratos vinculados, que se haya hecho referencia que sus constancias de prestación de servicio hayan sido suscritos por el señor Aníbal Paul Villaverde Rafael en su calidad de Gerente General del Instituto Vial Provincial Municipal de Concepción, por lo que no se observa información que sea discordante con la realidad. Por lo expuesto, queda acreditado que el Adjudicatario presentó información inexacta en su oferta, contenida en el Anexo N° 8 – Experiencia del Postor en la especialidad, por ello, en este extremo se acredita la comisión de la infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

• Bajo tal contexto, sebe traerse a consideración el principio de presunción de

veracidad, establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual rige que en la tramitación de un procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, admitiendo también dicha presunción prueba en contrario.

• Por lo tanto, en el presente extremo no se ha verificado la comisión de la infracción

que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, debiendo declararse no ha lugar a la imposición de sanción en ese extremo. Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

• Por otro lado, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado

en el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

• En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que, por ejemplo, mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

• Al respecto, en cuanto a la tipificación de la infracción consistente en presentar

información inexacta ante la Entidad, el numeral 87.1 del artículo 87 de la nueva Ley establece lo siguiente: “Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)

• Presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de

Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. (…)”. (Énfasis agregado) En torno a ello, el numeral 356.2 del artículo 356 del nuevo Reglamento dispone lo siguiente: “Artículo 356. Sobre la tipificación de las infracciones 356.2. Para que se configure la infracción establecida en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley, la ventaja o beneficio concreto se obtiene cuando, con la información inexacta presentada, la oferta es admitida, se le asigna el puntaje requerido, es calificada, obtiene la buena pro, o se perfecciona el contrato o se consigue una decisión o prestación en la ejecución del contrato. (…)”. (Énfasis agregado) Por tanto, para la configuración de la infracción establecida en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la nueva Ley, se requiere que la presentación de la información inexacta ante las entidades contratantes incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, el cual se obtiene cuando i) la oferta es admitida, ii) se le asigna el puntaje requerido, iii) es calificada, iv) obtiene la buena pro, o v) se perfecciona el contrato o se consigue una decisión o prestación en la ejecución del contrato. Conforme puede apreciarse, mientras que la infracción imputada al Adjudicatario únicamente requiere determinar que la información inexacta esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente al postor una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, independientemente que ello se logre, en la vigente norma se precisa que, además, la presentación de la información inexacta debe incidir necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Respecto al beneficio concreto del Adjudicatario relacionado con la presentación de los documentos descritos en los numerales i) y ii) del fundamento 9.

• Ahora bien, conforme a los fundamentos expuestos, este Colegiado pasará a

analizar si la presentación de los documentos reseñados en los numerales i) y ii) del fundamento 9, los cuales contienen información discordante con la realidad, le representó al Adjudicatario la obtención de un beneficio en concreto o no.

• Al respecto, conforme a lo establecido en las bases del procedimiento, se advierte

que la documentación determinada como inexacta, se presentó para acreditar lo establecido en el Capítulo III – Requerimiento, específicamente lo requerido en el literal B. “Experiencia del postor en la especialidad, no obstante, según lo consignado en el “Acta de admisión, evaluación de las ofertas y calificación y otorgamiento de la buena pro”, el Adjudicatario tuvo la condición de descalificado precisamente por no haber superado los requisitos de calificación, concerniente a la experiencia del personal clave y la experiencia del postor en la especialidad, para finalmente declararse el procedimiento como desierto, por lo que no se advierte que la presentación de los documentos imputados el haya representado un beneficio concreto.

• En tal sentido, en aplicación del principio del principio de retroactividad benigna,

este Colegiado advierte que no se ha configurado el tipo infracción bajo análisis; por lo tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción al Adjudicatario por la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley 30225 [actualmente tipificada en el literal l del numeral 87.1 del artículo 87 de la nueva Ley]. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Jimy Robert Ureta Aquino, en reemplazo de la vocal Marisabel Jáuregui Iriarte, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala Vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000293-2026-OECE/PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día en el Diario Oficial “El Peruano”; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar no ha lugar a la imposición de sanción al proveedor CONSTRUCTORA

CLEPER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N° 20541556380), por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2023-IVMPH – Primera convocatoria, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF [actualmente tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 32069]; por los fundamentos expuestos..

• Archivar definitivamente el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

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JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

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VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL

PRESIDENTE

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