Resolución N.° 9664-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…), es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas1, el expediente N° 7718/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa BIOGENICS LAB S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Bienes N° 12-2026-UNCP-2, para la contratación de la “Adquisición de reactivos químicos comunes e insumos de laboratorio, para las prácticas de laboratorio de enseñanza y aprendizaje de las distintas facultades de la UNCP en el año 2026”, convocada por la Universidad Nacional del Centro del Perú; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 9 de setiembre de 2026, la Universidad Nacional del Centro del Perú, en

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Bienes N° 12-2026- UNCP-2, para la “Adquisición de reactivos químicos comunes e insumos de laboratorio, para las prácticas de laboratorio de enseñanza y aprendizaje de las distintas facultades de la UNCP en el año 2026”, con una cuantía de S/ 349,677.00 (trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado en el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el 1 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”.

Reglamento. El 5 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, en la misma fecha, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa REAGENTS PERÚ E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 351,242.34 (trescientos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y dos con 34/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado S/ Puntaje total Orden de prelación Resultado

REAGENTS PERU E.I.R.L. 351,242.34 95.10 1 ADJUDICATARIO

BIOGENICS LAB S.A.C. 312,323.00 47.25 2 CALIFICADO

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 13 de octubre de 2026 y subsanado

mediante Escrito N° 02 presentado el 15 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa BIOGENICS LAB S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se corrija el Acta N° 009- 2026 a efectos que su oferta refleje la condición de calificada, ii) se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, iii) se revoque el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación “Garantía Comercial del Postor” y iv) se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1 Señala que, de acuerdo con el Acta N° 009-2026, su oferta fue admitida, calificada y evaluada; sin embargo, en otro extremo de la referida acta se consigna que ostenta la condición de descalificada. En ese sentido, sostiene que dicha circunstancia evidencia un error manifiesto por parte del comité, por lo que solicita que se disponga la corrección correspondiente. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 2.2 Presenta cuestionamientos a la admisión de la oferta del Adjudicatario, conforme a los siguientes aspectos: i) la presencia de contradicciones respecto a la fecha de suscripción del Anexo N° 2 – Pacto de integridad, ii) Incongruencia respecto al plazo de entrega en el Anexo N° 12 – Plazo de entrega frente a la Declaración de cotización de insumos, iii) presunta presentación de documentación falsa, adulterada o inexacta, por las siguientes observaciones: supuesta falta de códigos de identificación de la mayoría de los productos; productos con denominación genérica “importado” en los ítems N° 25, 27, 65, 70, 72, 85, 104, 108, 116, 157, 160, 172, 182, 187, 202, 273, 274, 304, 305 y 306, entre otros ítems; los productos ofertados de la marca ICN USA ya no está disponible en el mercado internacional, además la empresa ICN BIOMEDICALS ya no existe como entidad independiente, cambiando de nombre a VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL; los productos de la marca SPECTRUM indicados en los ítems 133, 221, 238 y 239 no figuran en el catálogo consultado en su página web (https://spectrumchemical.com/); y los productos de la marca BIOPACK, comercializada por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS de Argentina, se encontrarían más vinculada a productos de anatomía patológica, siendo que dicha empresa comercializadora habría informado al Impugnante que los productos en los ítems 142 y 143 (Fucsina Básica x 100 y Fucsina x 25 g, respectivamente, no formarían parte de su portafolio, precisando que la referida marca comercializa dichos productos en solución, mas no en gramos y iv) sobre el azufre consignado en el ítem 76 es ofrecido en la marca HAMEX, sin indicar la procedencia ni el código de identificación del producto. 2.3 En relación al factor de evaluación “garantía comercial”, cuestiona, en primer término, que existiría una incongruencia respecto de su alcance, toda vez que, mientras que en el requerimiento de las bases integradas se establece que la garantía comercial comprende los defectos de fábrica, en el factor de evaluación se prevé su aplicación para los casos de vencimiento del producto. En ese sentido, considera que dicha inconsistencia vulneraría los principios de transparencia y facilidad de uso. Asimismo, cuestiona que el Adjudicatario, a folio 37 de su oferta, presentó una Declaración Jurada de Garantía Comercial, mediante la cual se comprometió a otorgar una garantía comercial de veinticuatro (24) meses; sin embargo, dicho documento no contendría ninguna referencia al compromiso de reposición del producto ante su vencimiento. En tal sentido, considera que el Adjudicatario no habría acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas para dicho factor de evaluación, por lo que solicita que se le retire el puntaje otorgado.

• A través del Decreto del 16 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la Pladicop en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 22 de octubre del mismo año.

• El 21 de octubre de 2026, la Entidad remitió la Carta N° 049-2026-DGA/UNCP, al

cual adjuntó el Informe Legal N° 1029-2026-OAJ/UNCP ambos de la misma fecha, en el cual expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante 4.1 Refiere que la precisión de descalificado del Impugnante en el Acta N° 009- 2026 es solo un error material tipográfico; al respecto se verifica el Acta N° 010-2026-UNCP/RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 150-2026-DGA-UNCP, donde se corrigió el error y se le otorgo el puntaje correspondiente; quedando en orden de prelación siguiente: REAGENTS PERÚ E.I.R.L. primer lugar con 95.10 puntos y BIOGENICS LAB S.A.C. segundo lugar, con 47.25 puntos. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 4.3 Respecto a las observaciones realizadas en el Anexo N° 2 – Pacto de integridad y al Anexo N° 12 – Plazo de entrega refiere que se tratarían de errores materiales que pueden ser subsanados, ii) respecto a la presunta presentación de documentación falsa, adulterada o inexacta, señala que no le corresponde actuar como órgano pericial para evaluar la vigencia de registros marcarios o catálogos web que no hayan sido establecidos como requisitos obligatorios en las bases integradas. Asimismo, indica que el Adjudicatario presentó las declaraciones juradas de veracidad y compromiso, mediante las cuales se obligó a entregar las hojas de seguridad (SDS/MSDS) y los certificados de análisis para la suscripción del contrato. En ese sentido, considera que, en aplicación del principio de presunción de veracidad, correspondía tener por válidas dichas declaraciones, sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la Entidad para verificar su veracidad y adoptar las acciones que correspondan. 4.4 En relación al factor de evaluación “garantía comercial”, sostiene que, en aplicación de los principios de transparencia y facilidad de uso, la garantía comercial ofertada por veinticuatro (24) meses debe entenderse como comprensiva de la obligación de mantener la utilidad y vigencia de los productos durante dicho periodo. Asimismo, señala que, al participar en el procedimiento de selección, el Adjudicatario se sometió a las reglas de las bases integradas, las cuales establecían como requisito de acreditación la presentación de una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento. 4.5 Asimismo, advierte que el factor de evaluación “Garantía comercial del postor” presenta una incongruencia entre el plazo de garantía objeto de evaluación y la exigencia de presentar una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento, sin precisar la relación entre ambos aspectos. Además, alega que esta falta de claridad vulnera el principio de transparencia y facilidad de uso, al generar distintas interpretaciones sobre las condiciones para obtener el puntaje, afectando la evaluación de las ofertas y la formulación de las propuestas. En consecuencia, refiere que al tratarse de un vicio trascendente que no admite conservación, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa de convocatoria, a fin de que se corrijan las bases.

• El 22 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación del Impugnante, por medio de su representante.

• Mediante Decreto del 22 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al

Impugnante y al Adjudicatario respecto de un presunto vicio de nulidad relacionado con la acreditación del factor de evaluación “garantía comercial del postor”.

• Mediante Escrito N° 03 presentado el 26 de octubre de 2026 ante el Tribunal,

remitió las diapositivas preparadas para dicha audiencia pública para mejor resolver.

• Mediante Escrito N° 04 presentado el 28 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Impugnante absolvió el traslado sobre el presunto vicio de nulidad, precisando, entre otros aspectos, lo siguiente: 8.1 Sostiene que las bases estándar aplicables al procedimiento establecen que el factor de evaluación “Garantía comercial del postor” debe acreditarse mediante una declaración jurada del plazo de garantía ofertado; sin embargo, las bases integradas incorporaron adicionalmente la exigencia de una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento, modificando el medio de acreditación previsto en dicho documento estándar. 8.2 Asimismo, señala que dicha exigencia resulta incongruente con el requerimiento, que establece una garantía mínima de un (1) año contra defectos de fábrica, y con la matriz de gestión de riesgos, que contempla la reposición de productos por vencimiento durante el primer año. En ese sentido, considera que las bases integradas no precisaron si la obligación de reposición debía extenderse también al periodo adicional de garantía ofertado, generando incertidumbre sobre las condiciones para acceder al puntaje del factor. 8.3 Además, sostiene que el vicio es trascendente, pues el factor representa hasta 55 puntos y su aplicación incidió directamente en el orden de prelación. Por ello, solicita que se declare la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga a la etapa de convocatoria, a fin de reformular las bases; o, subsidiariamente, que se determine un criterio objetivo y uniforme para evaluar las ofertas, sin incorporar obligaciones no previstas en ellas.

• Con Decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Mediante Informe Técnico N° 031-2026-UNCP/UA presentado el 3 de noviembre

de 2026 ante el Tribunal, la Entidad absolvió el traslado sobre el presunto vicio de nulidad, precisando, entre otros aspectos, lo siguiente: 10.1 Sostiene que el requerimiento establece una garantía mínima de un (1) año contra defectos de fábrica, mientras que el factor de evaluación “Garantía comercial del postor” asigna puntaje en función del plazo adicional ofertado, pero exige para su acreditación una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento. Al respecto, señala que dicha exigencia no se encuentra prevista en las bases estándar aplicables, las cuales únicamente requieren una declaración jurada del postor, por lo que considera que se habría incorporado una condición adicional que modifica el medio de acreditación del factor. 10.2 Asimismo, refiere que las bases integradas no precisan si la obligación de reposición por vencimiento debe comprender todo el periodo de garantía ofertado, generando incertidumbre sobre el compromiso exigible y las condiciones para obtener el puntaje. Añade que esta incongruencia incide en la evaluación de las ofertas y en el orden de prelación, por lo que no podría subsanarse mediante una nueva evaluación o la aclaración posterior de las obligaciones, al tratarse de un defecto en la configuración de las bases. En ese sentido, considera que el vicio es trascendente y no susceptible de conservación, por lo que solicita que se declare la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga a la etapa de convocatoria.

• Cabe señalar que, a la fecha de emisión de la presente resolución, el Adjudicatario

no ha presentado sus descargos respecto del traslado del presunto vicio de nulidad.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina la autoridad ante la que se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, considerando que el recurso de apelación ha sido presentado en el marco de una Licitación Pública Abreviada para Bienes, con una cuantía de S/ 349,677.00 (trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y siete con 00/100 soles), monto que es superior al equivalente a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos.

• En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el

otorgamiento de la buena pro, solicitando: se corrija el Acta N° 009-2026 a efectos que su oferta refleje la condición de calificado, se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación “Garantía Comercial del Postor” y se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante. Por tanto, se advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 2 El valor de la UIT para el año 2026 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• En el numeral 304. 1 del artículo 304 del Reglamento se establece que la apelación

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, Licitación Pública Abreviada para bienes, selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. Según el numeral 304.4 de la norma, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados anteriormente se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop, se aprecia que el 5 de octubre de 2026, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 13 de octubre de 20263.

• Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que el recurso de apelación

fue interpuesto mediante el Escrito N° 01 presentado el 13 de octubre de 2026 y subsanado mediante Escrito N° 02 presentado el 15 de octubre de 2026; esto es, en el plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia

que éste aparece suscrito por su representante legal, esto es, por el señor Daniel Jesús Chirito Cabrejos, conforme a la información del certificado de vigencia de poder, cuya copia obra en el expediente. 3 El 8 de octubre de 2026 fue feriado.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente

pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierten

elementos a partir de los cuales pueda inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que el Impugnante

cuestiona la evaluación técnica su oferta, así como la calificación y evaluación técnica de la oferta del Adjudicatario, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro, por lo que no se verifica el incumplimiento de la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro.
• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio

formulado.

• Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado

que se corrija el Acta N° 009-2026 a efectos que su oferta refleje la condición de calificado, se declare no admitida la oferta del Adjudicatario, se revoque el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación “Garantía Comercial del Postor” y se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante; por lo tanto, este Colegiado considera que el petitorio guarda coherencia con los hechos expuestos en el recurso de apelación.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. El Impugnante, al haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación, cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal, toda vez que cuestiona la decisión de la Entidad de haber admitido la oferta del Adjudicatario haber otorgado puntaje en el factor de evaluación en cuestión, determinó que no se le otorgara la buena pro, lo cual afecta directamente su interés legítimo en contratar con la Entidad. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se corrija el Acta N° 009-2026 a efectos que su oferta refleje la condición de calificado. ✓ Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. ✓ Se revoque el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación “Garantía Comercial del Postor”. ✓ Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 16 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 21 de octubre del mismo año para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, no se advierte que se haya apersonado otro postor al presente procedimiento. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos deben tomarse en cuenta únicamente los aspectos propuestos por el Impugnante.

• En consecuencia, los único puntos controvertidos materia de análisis son los

siguientes:

• Determinar si corresponde corregir el Acta N° 009-2026 a efectos que la oferta

del Impugnante refleje la condición de calificado.

• Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario.
• Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado al puntaje otorgado

al Adjudicatario en el factor de evaluación “Garantía Comercial del Postor”.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación, previo análisis de la cuestión previa que se señala a continuación:

Cuestión Previa: Sobre la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección.

• De manera previa al análisis de los puntos controvertidos, este Colegiado

considera pertinente evaluar la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, en atención a lo siguiente: ➢ De la revisión de las bases administrativas y las bases integradas se advierte una incongruencia respecto del alcance de la garantía exigida, toda vez que el requerimiento establece una garantía mínima de un (1) año contra defectos de fábrica, mientras que, para acreditar el factor de evaluación “Garantía comercial del postor”, se exige una declaración jurada que incluya el compromiso de reposición del producto en caso de vencimiento. ➢ Asimismo, se advierte que las referidas bases incorporaron una exigencia adicional no prevista en las bases estándar aplicables, las cuales únicamente contemplan la presentación de una declaración jurada del postor para acreditar dicho factor, sin establecer condiciones específicas respecto de su contenido.

• En ese contexto, y conforme a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313

del Reglamento, mediante Decreto de fecha 22 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado del posible vicio de nulidad a la Entidad, el Impugnante y al Adjudicatario, a fin de que formulen sus respectivos descargos. Al respecto, solo el Impugnante se pronunció sobre el referido traslado.

• Así, mediante Escrito N° 04 presentado el 28 de octubre de 2026, el Impugnante

sostiene que las bases integradas modificaron el medio de acreditación del factor “Garantía comercial del postor”, previsto en las bases estándar, al exigir una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento. Señala que dicha exigencia resulta incongruente con el requerimiento, que establece una garantía mínima de un (1) año contra defectos de fábrica, y genera incertidumbre respecto de si la obligación de reposición debe comprender también el plazo adicional ofertado. Asimismo, considera que dicho vicio es trascendente, pues el factor otorga hasta 55 puntos e incide directamente en el orden de prelación; por ello, solicita que se declare la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga a la etapa de convocatoria para reformular las bases.

• A su vez, mediante Informe Técnico N° 031-2026-UNCP/UA presentado el 3 de

noviembre de 2026, la Entidad cuestiona que las bases integradas exijan, para acreditar el factor de evaluación “Garantía comercial del postor”, una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento, condición no prevista en las bases estándar aplicables. Asimismo, señala que no se precisa si dicha obligación comprende todo el plazo de garantía ofertado, lo que genera incertidumbre sobre las condiciones para obtener el puntaje e incide en la evaluación de las ofertas y el orden de prelación. En ese sentido, considera que se trata de un vicio trascendente y no conservable, por lo que solicita que se declare la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga a la etapa de convocatoria.

• En ese sentido, corresponde a este Tribunal determinar si el hecho expuesto

constituye un vicio del procedimiento de selección que amerite declarar su nulidad.

• Sobre el particular, de la revisión de las bases estándar aplicables a la Licitación

Pública Abreviada para la contratación de bienes, se advierte que el literal F, “Garantía comercial del postor”, del acápite 4.2, “Factores de evaluación facultativos”, del Capítulo IV de la Sección Específica, establece lo siguiente:

• Así, de acuerdo con lo establecido en las referidas bases estándar, este Tribunal

advierte que la evaluación del referido factor de evaluación se realiza en función de la garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en el requerimiento. Asimismo, se dispone que la acreditación se efectúa mediante la presentación de la declaración jurada del postor.

• En el presente caso, de la revisión del acápite 4.1, “Garantía”, del Capítulo III de la

que se estableció lo siguiente:

• Asimismo, de la revisión del literal F, “Garantía comercial del postor”, del acápite

4.2, “Factores de evaluación facultativos”, del Capítulo IV de la Sección Específica de las bases administrativas y las bases integradas, establece lo siguiente:

• Como se aprecia, de la revisión integral de las bases administrativas y las bases

integradas, se advierte que el requerimiento establece una garantía mínima de un (1) año, circunscrita a la cobertura de defectos de fábrica. Asimismo, respecto del factor de evaluación “Garantía comercial del postor”, las referidas bases establecen que se evaluará en función del plazo de garantía comercial ofertado, el cual debe superar el mínimo exigido en el requerimiento; y, para su acreditación, exigen la presentación de una declaración jurada de reposición del producto en caso de vencimiento. No obstante, este Colegiado advierte que las disposiciones antes mencionadas no permiten identificar con claridad cuál es el alcance de la garantía comercial que los postores debían ofrecer para acceder al puntaje previsto en dicho factor de evaluación, toda vez que, mientras que el requerimiento vincula la garantía mínima a la cobertura de defectos de fábrica, el mecanismo de acreditación del factor introduce una obligación de reposición ante el vencimiento del producto, supuesto que responde a una situación distinta y que no necesariamente se encuentra comprendida en la garantía por defectos de fabricación. En ese sentido, las bases administrativas y las bases integradas no permiten determinar si el plazo adicional de garantía comercial que los postores debían ofertar estaba referido a la cobertura de defectos de fábrica, a la reposición de productos por vencimiento o si comprendía ambos supuestos. Tampoco precisan si la obligación de reposición por vencimiento debía extenderse durante todo el periodo de garantía ofertado o únicamente durante el plazo mínimo establecido en el requerimiento. Esta falta de precisión resulta relevante, pues la cobertura de defectos de fábrica y la reposición por vencimiento constituyen obligaciones de distinta naturaleza, que pueden generar compromisos y costos diferentes para los proveedores. Por tanto, no corresponde asumir que la oferta de un plazo determinado de garantía comercial implica, por sí misma, el compromiso de reponer los productos ante su vencimiento, si ello no ha sido establecido de manera expresa e inequívoca en las reglas del procedimiento. Asimismo, este Colegiado considera que dicha falta de determinación no solo incide en la formulación y evaluación de las ofertas, sino también en la etapa de ejecución contractual, toda vez que, al no haberse definido con claridad el alcance de la garantía comercial, tampoco resulta posible establecer de manera inequívoca cuáles son las obligaciones que deberá cumplir el eventual contratista durante su vigencia. En consecuencia, esta ambigüedad podría generar controversias al momento de exigir el cumplimiento de la garantía, particularmente respecto de si corresponde la reposición de los productos por vencimiento, la atención de defectos de fábrica o ambas obligaciones. Adicionalmente, se advierte que las bases administrativas y las bases integradas incorporaron una condición adicional respecto de las bases estándar aplicables, toda vez que estas últimas únicamente exigían la presentación de una declaración jurada del postor para acreditar dicho factor de evaluación, sin establecer requisitos adicionales relativos al contenido de aquella, como el compromiso de reposición en caso de vencimiento del producto. En ese sentido, la exigencia incorporada por la Entidad no solo evidencia una falta de coherencia respecto del alcance de la garantía, sino que también supone añadir una condición no prevista en las bases estándar, lo que podría afectar la claridad de las reglas del procedimiento y la evaluación objetiva de las ofertas. En consecuencia, este Colegiado considera que las reglas previstas en las bases administrativas y las bases integradas no fueron formuladas con la claridad y precisión necesarias respecto del alcance y la acreditación del factor de evaluación “Garantía comercial del postor”, situación que compromete la observancia del principio de transparencia y facilidad de uso, al no garantizar que todos los participantes conozcan, en igualdad de condiciones, las obligaciones que debían asumir para acceder al puntaje establecido ni aquellas que serían exigibles al eventual contratista.

• En atención a lo expuesto, corresponde tener en cuenta que los numerales 70.1 y

70.2 del artículo 70 de la Ley disponen que el Tribunal declarará la nulidad de los actos emitidos cuando estos hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita en la normativa aplicable, debiendo precisarse en la resolución la etapa a la cual se retrotraerá el procedimiento. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, es causal de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables4.

• Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 4 Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el inicio 2 del citado artículo, en concordancia con el artículo 14 de la LPAG, solo serán conservables cuando el vicio del acto administrativo, por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente (negrita agregada).

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede estar motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. Asimismo es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos.

• En ese contexto, cabe precisar que, el vicio advertido resulta trascendente, toda

vez que compromete la claridad de las reglas previstas para la acreditación del factor de evaluación “Garantía comercial del postor”, cuya aplicación incide directamente en la asignación del puntaje técnico y, consecuentemente, en el orden de prelación del procedimiento de selección. Su conservación supondría mantener los efectos de una regla cuyo alcance no fue definido de manera clara, coherente e inequívoca, impidiendo que los participantes conozcan con certeza las obligaciones que debían asumir para obtener el puntaje correspondiente y aquellas que serían exigibles durante la ejecución contractual. En consecuencia, al tratarse de un vicio que afecta las condiciones de evaluación de las ofertas y que tiene incidencia directa en el resultado del procedimiento de selección, corresponde concluir que no resulta posible conservar los actos posteriores sustentados en las reglas ambiguas de las bases integradas.

• Asimismo, resulta pertinente señalar que tanto el impugnante como la entidad

coinciden en que las bases integradas no establecen reglas claras respecto del alcance del factor de evaluación “Garantía comercial del postor” ni de las condiciones que deben cumplirse para obtener el puntaje correspondiente, valoración que resulta concordante con lo advertido por este Tribunal.

• En ese sentido, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de

conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo; razón por la cual corresponde que se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección.

• Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal d) del numeral

313.1 del artículo 313 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse verificado que los vicios en los cuales se ha incurrido -contravención de normas legales - afectan sustancialmente la validez del procedimiento de selección; corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, sin perjuicio de que la Entidad, en el marco de sus competencias, pueda revisar, modificar o realizar nuevamente las demás actuaciones preparatorias que resulten necesarias, conforme a la normativa de contratación pública, a fin de garantizar una adecuada convocatoria y el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación; para lo cual, la Entidad contratante deberá tener en cuenta lo siguiente: 35.1 El factor de evaluación denominado “Garantía comercial del postor” debe formularse de conformidad con lo establecido en las bases estándar aplicables y considerando el plazo de garantía comercial ofrecido por el postor, el cual deberá ser superior al plazo mínimo de garantía exigido en el requerimiento. 35.2 Con ocasión de la reformulación de las bases del procedimiento de selección, se debe verificar que las demás disposiciones de dichas bases, se encuentren acorde a los lineamientos que prevén las bases estándar aplicables, aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de no incurrir en mayores vicios que puedan generar nuevamente la nulidad del procedimiento de selección, en observancia de los principios que rigen la contratación pública enumerados en el artículo 5 de la Ley.

Así, corresponde que la Entidad contratante efectúe una revisión integral del texto de las bases, considerando las disposiciones de las bases estándar, procurando que no se incluyan exigencias que vulneren la normativa de contratación pública, especialmente los principios que la regulan.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozca de los vicios advertidos y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte al comité y a las áreas que intervengan en la elaboración de los documentos que recogen las bases, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a efectos de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Por lo expuesto, en atención de lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procede a declarar la

nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.

CUESTIONES DE INTERÉS PÚBLICO

• Sin perjuicio de la decisión expuesta, debe anotarse que el Impugnante cuestiona

la presunta presentación de documentación falsa, adulterada o inexacta por parte del Adjudicatario, por las siguientes observaciones: i) supuesta falta de códigos de identificación de la mayoría de los productos; ii) productos con denominación genérica “importado” en los ítems N° 25, 27, 65, 70, 72, 85, 104, 108, 116, 157, 160, 172, 182, 187, 202, 273, 274, 304, 305 y 306, entre otros ítems; iii) los productos ofertados de la marca ICN USA ya no está disponible en el mercado internacional, además la empresa ICN BIOMEDICALS ya no existe como entidad independiente, cambiando de nombre a VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL; iv) los productos de la marca SPECTRUM indicados en los ítems 133, 221, 238 y 239 no figuran en el catálogo consultado en su página web (https://spectrumchemical.com/); y v) los productos de la marca BIOPACK, comercializada por la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS de Argentina, se encontrarían más vinculada a productos de anatomía patológica, siendo que dicha empresa comercializadora habría informado al Impugnante que los productos en los ítems 142 y 143 (Fucsina Básica x 100 y Fucsina x 25 g, respectivamente, no formarían parte de su portafolio, precisando que la referida marca comercializa dichos productos en solución, mas no en gramos.

• Por tanto, en mérito al contexto expuesto, corresponde que la Entidad efectúe la

fiscalización posterior de los referidos documentos obrante en la oferta del Adjudicatario, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles de publicada la presente resolución, bajo responsabilidad. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel Villanueva Sandoval, y la intervención de los Vocales Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y Jimy Robert Ureta Aquino, quien interviene en reemplazo de la Vocal Marisabel Jáuregui Iriarte, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000293-2026-OECE/PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día en el Diario Oficial “El Peruano”; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública Abreviada de Bienes N° 12-2026-

UNCP-2, para la contratación de la “Adquisición de reactivos químicos comunes e insumos de laboratorio, para las prácticas de laboratorio de enseñanza y aprendizaje de las distintas facultades de la UNCP en el año 2026”, convocada por la Universidad Nacional del Centro del Perú, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, sin perjuicio de que la Entidad, en el marco de sus competencias y conforme a la normativa de contratación pública, pueda revisar, modificar o realizar nuevamente las actuaciones preparatorias que resulten necesarias para garantizar una adecuada convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por la empresa BIOGENICS LAB S.A.C., para la

interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior, conforme a lo indicado

en los Fundamentos 38 y 39 del presente pronunciamiento, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional

y del Titular de la Entidad, a fin de que realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento 36 de la fundamentación.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Villanueva Sandoval. Ureta Aquino. Bocanegra Díaz.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

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JEFFERSON AUGUSTO

BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

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VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

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