Resolución N.° 9661-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) de la revisión de la documentación y de los argumentos expuestos por la Entidad, no se advierten pruebas suficientes que permitan concluir que las constancias y certificados presentados para acreditar la experiencia del residente de obra propuesto sean falsos, hayan sido adulterados o contengan información inexacta. Si bien la Entidad identificó determinadas irregularidades durante la fiscalización posterior, estas no resultan suficientes para justificar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro. Cabe precisar que ello no significa que se haya confirmado la veracidad de todos los documentos cuestionados, ni impide que la Entidad continúe realizando las verificaciones correspondientes (...)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7770/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PAMPA BLANCA, integrado por las empresas CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. y MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública abreviada de obras N° 022-2026-MPT/CS-Primera Convocatoria, efectuado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 5 de agosto

de 2026, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA, en adelante la Entidad contratante, convocó la Licitación Pública abreviada de obras N° 022-2026-MPT/CS- Primera Convocatoria, para la “Construcción de cerco y/o portada y pista de atletismo (competencia), remodelación de campo deportivo, en el (la) servicio deportivo del estadio de la localidad de Pampa Blanca, distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica - CUI: 2716252”, con un valor estimado de S/ 1,254,996.08 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 08/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y sus modificatorias, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 18 de agosto de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 25

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Ejecutor Tayacaja, integrado por las empresas Constructora Guadalupe A & G S.A.C. y Corporación Agape C & N S.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 1,254,996.08 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 08/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

CONSORCIO

EJECUTOR

TAYACAJA

S/ 1,254,996.08 105.00 1 Adjudicado

CONSORCIO

PAMPA

BLANCA

• - - No

admitido.

• En atención al recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PAMPA BLANCA,

integrado por las empresas CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. y MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, la Primera Sala del Tribunal a través de la Resolución N° 08818-2026-TCP-S1 del 23 de setiembre de 2026, dispuso lo siguiente: (i) Revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. (ii) Revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. (iii) Descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. (iv) Disponer que el Comité califique y evalúe la oferta del Consorcio Impugnante. (v) Realizar la fiscalización de la oferta del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario.

• Según acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena

pro del procedimiento de selección del 1 de octubre de 2026, el comité otorgó la buena pro al Consorcio Impugnante. Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026, la Entidad contratante declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro otorgada al Consorcio Impugnante y dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de evaluación y calificación de oferta.

• Con Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 20 y 22 de octubre de 2026

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el Consorcio Impugnante presentó recurso de apelación solicitando que se revoque o se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026, para lo cual presentó los siguientes argumentos:

• Señaló que, mediante Resolución N° 08818-2026-TCP-S1, el Tribunal declaró

fundado su anterior recurso de apelación, se revocó la no admisión de su oferta y la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, disponiendo que el comité califique y evalúe su oferta y, de corresponder, se le otorgue la buena pro. Asimismo, precisó que el Tribunal únicamente ordenó realizar la fiscalización posterior de determinados documentos, sin haber determinado su falsedad o inexactitud.

• Cuestionó que la Entidad, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 135-

2026-MPT/GM, declarara la nulidad de oficio de la buena pro y dispusiera la descalificación de su oferta, sustentándose en presuntas irregularidades de las constancias y certificados presentados para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como residente de obra, ingeniero Eduardo Heli Sánchez Cieza.

• Sostuvo que las irregularidades advertidas por la Entidad, referidas a la falta de

domicilios y correos institucionales de los emisores, su ausencia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutores o consultores de obras y la ejecución de trabajos en predios privados, no constituyen pruebas suficientes para acreditar que los documentos sean falsos o contengan información inexacta.

• Alegó que ninguno de los emisores consultados habría negado expresamente

haber expedido o suscrito los documentos cuestionados. Por ello, consideró que la Entidad no contaba con elementos probatorios suficientes para concluir que dichos documentos fueron elaborados para simular una experiencia laboral inexistente.

• Manifestó que la Entidad no realizó una evaluación individualizada de las

constancias y certificados cuestionados, pues no contrastó adecuadamente sus fechas, funciones, emisores y demás documentación sustentatoria, limitándose a formular conclusiones generales sobre su presunta falta de veracidad.

• Indicó que, mediante Carta N° 089-2026-OA/MPT del 13 de octubre de 2026, la

Entidad le otorgó únicamente dos (2) días hábiles para presentar documentación complementaria que acreditara la veracidad de las constancias, plazo que consideró insuficiente, debido a que los documentos fueron emitidos por terceros. En ese sentido, alegó una vulneración de su derecho de defensa y del debido procedimiento.

• Cuestionó que la Entidad dispusiera retrotraer el procedimiento de selección

hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas y, simultáneamente, ordenara al comité de selección descalificar su oferta, pues consideró que ello implicaba anticipar el resultado de una evaluación que correspondía realizar al órgano competente.

• Asimismo, cuestionó que el comité declarara no admitida su oferta y desierto el

procedimiento, pese a que, según sostuvo, había cumplido con presentar todos los documentos exigidos para la etapa de admisión. Agregó que los cuestionamientos relacionados con la experiencia del personal clave correspondían a la etapa de calificación y no a la admisión de ofertas.

• Finalmente, solicitó que se revoque o, subsidiariamente, se declare la nulidad de

la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM y del acta del 20 de octubre de 2026, a fin de restituir las actuaciones válidamente realizadas en cumplimiento de la Resolución N° 08818-2026-TCP-S1 y, de corresponder, se confirme la buena pro otorgada a su favor.

• Por último, solicitó que se respete el efecto suspensivo del recurso de apelación

frente a una nueva convocatoria publicada en el SEACE por la Entidad contratante.

• Mediante Decreto del 23 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Consorcio Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación existente. Finalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

• Mediante Escrito N° 4, presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con la participación del Consorcio

Impugnante, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad.

• El 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente procedimiento el análisis del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026- MPT/GM del 19 de octubre de 2026, que declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada de obras, cuya cuantía total asciende al monto de S/ 1,254,996.08 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 08/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la nulidad del otorgamiento de la buena pro declarada de oficio por la Gerencia Municipal de la Entidad contratante. Por consiguiente, se advierte que los actos que son objeto de apelación no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. 1 Unidad Impositiva Tributaria.

En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 26 de octubre de 2026, considerando que la resolución que declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 19 de octubre de 2026. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 20 y 22 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos previstos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Alfredo Gomez Palomino, representante común del Consorcio Impugnante.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda concluirse que el Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del escrito del recurso de apelación, se advierte que, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro declarada por la Entidad contratante.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no es el ganador de la buena pro, puesto que se declaró la nulidad de oficio de la buena pro y, posteriormente, desierto el procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

El Consorcio Impugnante, ha solicitado que se revoque la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro declarada por la Gerencia Municipal de la Entidad contratante. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en este caso, la decisión de la Gerencia Municipal de la Entidad contratante de declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro, de determinarse irregular, causa agravio en el interés legítimo del Consorcio Impugnante, pues dicho acto impidió la suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante formuló la siguiente pretensión:

• Se revoque la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro declarada por la

Entidad contratante.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. Al respecto, dado que el presente caso trata de una controversia sobre la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro declarada por la Entidad contratante, en el que no existe otro postor distinto del Consorcio Impugnante que pueda verse afectado con la decisión del Tribunal, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que el único punto controvertido a

dilucidar es el siguiente:

• Determinar si corresponde revocar la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-

2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026, que declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro.

• ANÁLISIS DEL ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO
• Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Además de lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado

se avocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026, que declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro.

• Conforme se indicó en los antecedentes, mediante la Resolución N° 08818-2026-TCP-S1

del 23 de setiembre de 2026, la Primera Sala del Tribunal dispuso, entre otros, revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, teniéndola por admitida y dispuso que el comité califique y evalúe su oferta y, de corresponder, le otorgue la buena pro. También dispuso que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior2 de la oferta del Consorcio Impugnante e informe al Tribunal, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, siendo los siguientes documentos:

• Constancia de Trabajo de febrero de 2022, emitida por el POLIDEPORTIVO Y

CENTRO RECREACIONAL DE GRAS SINTÉTICO – “LA FILA” y suscrita por el señor Oscar Wilmer Irigoin Banda, en calidad de Propietario. 2 Las actuaciones de fiscalización posterior efectuadas por la Entidad, fueron indicadas en el acta de fiscalización del 13 de octubre de 2026, publicada en el SEACE

• Constancia de Trabajo de octubre de 2022, emitida por el COMPLEJO

DEPORTIVO “GOL DE ORO” – LAMBAYEQUE y suscrita por el señor Roger Guevara Bustamante, en calidad de Propietario.

• Constancia de Trabajo de fecha 5 de enero de 2023, emitida por el RAYO

INTERNACIONAL MAYGASBAMBA – BAMBAMARCA y suscrita por el señor Silverio Bautista Bautista.

• Certificados de Trabajo de fechas 12 de diciembre de 2024, 15 de julio de 2025

y 7 de julio de 2026.

• En atención a lo antes indicado, a través del Acta de admisión, calificación, evaluación de

ofertas y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección del 1 de octubre de 2026, el comité otorgó la buena pro al Consorcio Impugnante.

• Posteriormente, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del

19 de octubre de 2026, el Gerente Municipal declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro al Consorcio Impugnante, por haber constatado el “quiebre de la presunción de veracidad”.

• Al respecto, con la finalidad de contextualizar el escenario en el que se habría producido

el presunto vicio de nulidad invocado, se procede a mostrar la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026:

• De la revisión de la resolución impugnada, se advierte que la Entidad sustentó la nulidad

de oficio del otorgamiento de la buena pro en los resultados de la fiscalización posterior realizada a las constancias y certificados presentados por el Consorcio Impugnante para acreditar la experiencia del ingeniero Eduardo Heli Sánchez Cieza, propuesto como residente de obra. Al respecto, la Entidad identificó diversas irregularidades, entre ellas, que algunos emisores no consignaban domicilios ni correos electrónicos institucionales, que determinadas personas jurídicas no contaban con inscripción en el RNP como ejecutores o consultores de obras y que algunos trabajos habrían sido realizados en predios privados de propiedad de los propios emisores.

• Asimismo, la Entidad señaló que uno de ellos habría manifestado que el profesional

únicamente prestó servicios eventuales de consulta o apoyo, lo que, a su criterio, no coincidía con los cargos de residente o supervisor de obra consignados en los documentos. Sin embargo, se advierte que la resolución impugnada no identifica de manera concreta cuáles son las constancias o certificados a los que corresponde cada una de las irregularidades señaladas, ni precisa qué documento habría sido emitido por cada persona o entidad involucrada.

• En ese sentido, se advierte que la Entidad expuso observaciones generales sobre la

documentación fiscalizada, sin explicar de qué manera cada una de ellas permitiría acreditar que un documento determinado es falso, fue adulterado o contiene información inexacta.

• Sobre el particular, el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley identifica los supuestos que

pueden sustentar la nulidad de actos del procedimiento de selección. A su vez, el literal

• del numeral 70.2 del mismo artículo establece que, después de otorgada la buena pro,

la autoridad de la gestión administrativa puede declarar la nulidad del procedimiento, entre otros casos, cuando advierta un vicio trascendente que considere capaz de afectar la finalidad de la contratación. Por tanto, no basta invocar de manera general una irregularidad: debe identificarse el vicio, su trascendencia y la razón por la que afecta la finalidad pública de la contratación.

• De modo específico, el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento, referido a la

verificación posterior de la oferta ganadora, condiciona la posibilidad de declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, según corresponda, a que como producto de esa verificación se compruebe la inexactitud o falsedad de los documentos, información o declaraciones presentados. La norma distingue, por tanto, entre efectuar indagaciones o advertir circunstancias que requieren mayor esclarecimiento y comprobar una irregularidad documental que justifique una declaración de nulidad.

• Ahora bien, es pertinente recordar que, conforme a reiterados y uniformes

pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para acreditar la falsedad o adulteración de un documento, constituye un elemento relevante a valorar la manifestación del supuesto órgano o agente emisor del documento en cuestión en el que declare no haberlo expedido, o haberlo expedido en condiciones distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis, o que la firma consignada en los documentos analizados no corresponde al supuesto suscriptor; asimismo, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma.

• Asimismo, cabe señalar que, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP, publicado

en el diario oficial El Peruano el 26 de octubre de 2026, el Tribunal estableció, como precedente de observancia obligatoria, que cuando durante la tramitación de un recurso de apelación se comprueba que una oferta contiene información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, sin que resulte necesario acreditar la obtención de una ventaja o beneficio concreto. Sin embargo, en el presente caso, de los elementos examinados no se advierte que la Entidad haya acreditado suficientemente que las constancias y certificados cuestionados contengan información contraria a la realidad. Por tanto, no corresponde aplicar las consecuencias previstas en el referido acuerdo sobre la base de las irregularidades identificadas durante la fiscalización posterior.

• En el presente caso, la falta de dirección física o correo institucional en determinadas

constancias no demuestra, por sí sola, que los documentos no hayan sido suscritos por los emisores que aparecen en ellos. Del mismo modo, la ausencia de inscripción de determinadas personas jurídicas en el RNP como ejecutoras o consultoras de obras no acredita automáticamente que los trabajos de naturaleza privada señalados en sus documentos no se hayan ejecutado en la realidad. Tales circunstancias pueden justificar diligencias adicionales, pero deben vincularse con un dato concreto y probado sobre el contenido de cada documento.

• Respecto de las referencias a intervenciones en predios privados, corresponde precisar

que la naturaleza privada de la obra tampoco permite concluir, sin una comprobación adicional, que no existió una prestación o que el profesional no realizó las funciones señaladas. La Entidad debió confrontar la documentación cuestionada con la información que estuviera a su alcance sobre los trabajos, los cargos, los períodos y las funciones desarrolladas, antes de afirmar que se trataba de una simulación.

• En relación con la manifestación de uno de los emisores acerca de un eventual servicio de

consulta o apoyo, se advierte que esta constituye un elemento que amerita contraste con los cargos de residente de obra o supervisor de obra consignados en los documentos respectivos. Sin embargo, para tener por comprobada la inexactitud correspondía identificar con precisión a qué constancia se refería la declaración, qué dato concreto resultaba incompatible con ella y cuáles eran los elementos adicionales que permitían descartar las funciones o el período acreditados. Una discrepancia cuyo contexto y alcance no han sido suficientemente esclarecidos no constituye un elemento objetivo que permita desvirtuar la presunción de veracidad.

• Por lo expuesto, de la motivación recogida en la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-

2026-MPT/GM, no se advierte que la Entidad haya desarrollado un análisis individualizado de cada uno de los documentos cuestionados, identificando las pruebas que permitirían determinar que no fueron emitidos por sus supuestos suscriptores, que fueron adulterados o que la información contenida en ellos no corresponde a la realidad. Por el contrario, la Entidad sustentó su decisión en irregularidades generales advertidas durante la fiscalización, sin explicar de qué manera estas acreditaban la falsedad o inexactitud de cada documento cuestionado.

• En ese sentido, si bien la Entidad concluyó que los documentos cuestionados habrían sido

elaborados para acreditar una experiencia laboral inexistente, no se advierte que dicha afirmación se encuentre respaldada por pruebas suficientes. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien la Entidad tiene la facultad de verificar la veracidad de los documentos presentados por los postores, para determinar que estos son falsos o contienen información inexacta debe contar con elementos probatorios que permitan llegar a dicha

documentación, sino que es necesario acreditar que los documentos no fueron emitidos por quienes aparecen como suscriptores, que fueron adulterados o que la información consignada en ellos no corresponde a la realidad.

• Por otra parte, se advierte que la resolución impugnada dispuso retrotraer el

procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas y, al mismo tiempo, ordenó al comité descalificar la oferta del Consorcio Impugnante. Sin embargo, dicha decisión se sustentó en una supuesta falta de veracidad de los documentos presentados, sin que se haya acreditado suficientemente su falsedad o inexactitud. En ese sentido, la Entidad no solo dispuso que el comité volviera a realizar la evaluación y calificación de ofertas, sino que también le ordenó descalificar al Consorcio Impugnante. Por tanto, al no encontrarse debidamente sustentada la decisión de la Entidad, corresponde dejar sin efecto la posterior no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, contenidas en el acta del 20 de octubre de 2026, al haberse emitido como consecuencia de la resolución cuestionada.

• En consecuencia, de la revisión de la documentación y de los argumentos expuestos por

la Entidad, no se advierten pruebas suficientes que permitan concluir que las constancias y certificados presentados para acreditar la experiencia del residente de obra propuesto sean falsos, hayan sido adulterados o contengan información inexacta. Si bien la Entidad identificó determinadas irregularidades durante la fiscalización posterior, estas no resultan suficientes para justificar la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro. Cabe precisar que ello no significa que se haya confirmado la veracidad de todos los documentos cuestionados, ni impide que la Entidad continúe realizando las verificaciones correspondientes. Sin embargo, con los elementos de prueba disponibles, no se encuentra debidamente sustentada la decisión de declarar la nulidad de oficio de la buena pro otorgada al Consorcio Impugnante.

• Por lo expuesto, corresponde amparar el cuestionamiento del Consorcio Impugnante y

revocar la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026, mediante la cual se declaró de oficio la nulidad de la buena pro otorgada a su favor, al no haberse acreditado suficientemente la falsedad o inexactitud de los documentos cuestionados. En consecuencia, corresponde dejar sin efecto los actos emitidos como resultado de dicha resolución, entre ellos, la decisión del comité de no admitir la oferta del Consorcio Impugnante y declarar desierto el procedimiento de selección, contenida en el acta del 19 de octubre de 2026, publicada en el SEACE el 20 de octubre de 2026, así como las actuaciones relacionadas con la segunda convocatoria del procedimiento. Por tanto, corresponde retrotraer el procedimiento de selección hasta el momento anterior a la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM, debiendo verificar si ha vencido el plazo correspondiente para interponer recurso de apelación desde el día siguiente de la publicación de la buena pro, y de ser caso, registrar en la Pladicop el consentimiento de la buena pro.

• conforme al artículo 82 del Reglamento y las disposiciones aplicables de la Directiva N°

007-2025-OECE-CD. Asimismo, una vez verificados los presupuestos legales correspondientes, deberá continuar con los trámites para el perfeccionamiento del contrato, observando los plazos y requisitos establecidos en la normativa de contrataciones públicas y en las bases integradas.

• Sin perjuicio de lo resuelto, resulta pertinente recordar a la Entidad que, al verificar la

autenticidad y veracidad de documentos, debe: (i) identificar el documento y la afirmación cuestionada; (ii) dirigirse, cuando corresponda, a quien figure como emisor o suscriptor mediante canales que permitan constatar su identidad; (iii) preservar íntegramente las respuestas, comunicaciones, anexos y evidencias obtenidas; (iv) contrastar las respuestas con contratos, conformidades, comprobantes, documentos técnicos u otros medios pertinentes; (v) diferenciar la falsedad o adulteración de la información inexacta; y (vi) emitir conclusiones individualizadas, razonadas y sustentadas en pruebas suficientes. Las comunicaciones telefónicas o por mensajería instantánea pueden servir de indicio, pero su contenido, autoría y contexto deben ser examinados antes de extraer conclusiones definitivas.

• Finalmente, al declararse fundado el recurso de apelación, corresponde disponer la

devolución de la garantía presentada por el Consorcio Impugnante, de conformidad con el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Por último, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3. 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PAMPA

BLANCA, integrado por las empresas CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. y MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública abreviada de obras N° 022-2026- MPT/CS-Primera Convocatoria, para la “Construcción de cerco y/o portada y pista de atletismo (competencia), remodelación de campo deportivo, en el (la) servicio deportivo del estadio de la localidad de Pampa Blanca, distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica - CUI: 2716252”, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la Resolución de Gerencia Municipal N° 135-2026-MPT/GM del 19 de octubre de 2026, al no haberse acreditado de manera fehaciente la transgresión al principio de presunción de veracidad y retrotraer el procedimiento de selección hasta el momento anterior a su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 26. 1.2 Disponer que la Entidad contratante realice las actuaciones necesarias para regularizar la situación del procedimiento en el SEACE y, previa verificación del consentimiento de la buena pro otorgada el 1 de octubre de 2026 al CONSORCIO PAMPA BLANCA, integrado por las empresas CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. y MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., continúe con los trámites correspondientes para el perfeccionamiento del contrato, de conformidad con los plazos, requisitos y demás disposiciones aplicables de la Ley, el Reglamento y las bases integradas. 1.3 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO PAMPA BLANCA, integrado por las empresas CONSTRUCTORA KOKI E.I.R.L. y MAS CAMUS INGENIEROS E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación. de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente

de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA

MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

MARLON LUIS ARANA

ORELLANA

PRESIDENTE

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