Documento regulatorio
Resolución N.° 9657-2026-TCP-S6
Recurso de apelación interpuesto por Romel Jomi Sánchez Marrero, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 015-2026-OGESS-AM/C - Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Reg...
- Tipo
- No clasificado
- Fecha
- 06/11/2026
- Fuente
- gob.pe/oece/normas-legales
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Sumilla: “(…) de la revisión integral del referido anexo, se advierte que tanto el objeto de la contratación como el precio ofertado se encuentran claramente identificados, sin que exista elemento alguno que permita sostener razonablemente que el Impugnante haya pretendido ofertar una prestación distinta de aquella requerida por la Entidad.” Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7788/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por Romel Jomi Sánchez Marrero, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 015-2026-OGESS-AM/C - Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de San Martín-Salud Alto Mayo, y atendiendo a lo siguiente;
- ANTECEDENTES:
- El 28 de setiembre de 2026, el Gobierno Regional de San Martín-Salud Alto Mayo,
en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 015-2026-OGESS - Primera Convocatoria, para la “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo de elementos no estructurales, falso cielo raso, instalaciones sanitarias, eléctricas del centro de salud Nueva Rioja I4- Rioja- San Martín”, con una cuantía de S/ 376,157.75 (trescientos setenta y seis mil ciento cincuenta y siete con 75/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias. El 12 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 14 del mismo mes y año, se publicó a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Bellatrix Contratistas Generales E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 376,000.00 (trescientos setenta y seis mil con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente:
Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado
BELLATRIX CONTRATISTAS
GENERALES E.I.R.L. 376,000.00 105.00 1 Calificado - Adjudicado
ROMEL JOMI SANCHEZ
MARRERO - - - No admitido
- Mediante Escrito N° 01-2026 presentado el 21 de octubre de 2026 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado mediante N° 02-2026 presentado en la misma fecha, el postor Romel Jomi Sánchez Marrero, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) se declare la nulidad del procedimiento de selección; ii) se revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro; iii) se declare no admitida la oferta del Adjudicatario; iii) se le considere un plazo para subsanar el Anexo N° 6; y iv) se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de admisión de ofertas. Para dichos efectos, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 2.1. Sobre la indebida admisión de la oferta del adjudicatario, sostiene que el comité incurrió en una contradicción al consignar en el Anexo N° 1 del acta que la oferta del Adjudicatario no cumplía con el requisito obligatorio de presentación del Pacto de Integridad (Anexo N° 2) y, pese a ello, admitirla y otorgarle la buena pro. 2.2. Indica que dicho documento constituye un requisito obligatorio de admisión, conforme al numeral 69.1, literal b), del Reglamento de la Ley N° 32069, por lo que correspondía declarar no admitida la oferta del Adjudicatario. 2.3. Sobre la indebida no admisión de su oferta, sostiene que el comité no admitió su propuesta debido a que, en el Anexo N° 6 (Precio de la Oferta), consignó la palabra «bien» en lugar de «servicio», al referirse a los conceptos que podían incidir en el costo de la contratación. Al respecto, indica que se trata de un error material que no modifica el contenido esencial de su oferta, pues tanto el objeto de la contratación como el servicio ofrecido y el monto de S/ 300,000.00 se encontraban claramente identificados. 2.4. En esa línea, sostiene que el error advertido era subsanable conforme al
artículo 78.1 del Reglamento de la Ley N° 32069, debido a que su corrección
no implicaba modificar el precio, la prestación ofrecida ni las obligaciones asumidas.
2.5. Indica que el comité debió requerir la subsanación antes de declarar no admitida su oferta. Para respaldar su posición, cita la Opinión N° 011- 2019/DTN y la Opinión N° D000014-2025-OECE-DTN, que desarrollan criterios sobre la subsanación de errores materiales o formales que no alteran el contenido esencial de la oferta. 2.6. Asimismo, cuestiona que el comité haya invocado la Resolución N° 8048- 2026-TCP-S6 para justificar que los postores son responsables del contenido de sus ofertas, señalando que dicho criterio no excluye la posibilidad de subsanar errores conforme al artículo 78 del Reglamento. También cita la Resolución N° 06942-2026-TCP-S1, sobre la subsanación de defectos documentales cuando las condiciones exigidas ya existían al momento de presentar las ofertas. 2.7. Finalmente, señala que la decisión del comité carece de una justificación suficiente respecto de por qué el error advertido afectaría el contenido esencial de su oferta. En ese sentido, invoca los principios de eficacia y eficiencia, competencia, igualdad de trato e informalismo. Asimismo, cita la Resolución N° 1924-2008-TC-S2 y la Opinión N° 052-2024/DTN, referidas a la relevancia de los defectos formales y al deber de motivación de las decisiones de los comités.
- A través del Decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de
apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del Toma Razón Electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre de 2026 a las 12:00 horas.
- Con Escrito s/n, presentado el 27 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando principalmente lo siguiente: 4.1. Sobre el cuestionamiento referido a la presentación del Pacto de Integridad (Anexo N° 2), sostiene que, si bien el comité consignó que su representada no cumplió con dicho requisito, ello obedecería a un error de tipeo, toda vez que el referido documento sí fue presentado y se encontraba debidamente suscrito por su titular gerente, Marbely Centurión Adrianzen, conforme se aprecia en los folios 6 y 7 de su oferta. En ese sentido, indica que corresponde verificar la documentación presentada y aplicar el artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, referido a la conservación del acto administrativo cuando el defecto no resulta trascendente. 4.2. Sobre el cuestionamiento referido a la subsanación del Anexo N° 6 de la oferta del impugnante, sostiene que la consignación de la palabra «bien» en lugar de «servicio» no constituye un simple error material o formal, debido a que ambos conceptos tienen naturalezas distintas. Al respecto, indica que los bienes son objetos tangibles que pueden almacenarse, mientras que los servicios constituyen prestaciones o actividades intangibles. Por tanto, considera que sustituir dicho término modificaría el contenido de la oferta y no podría ser objeto de subsanación. 4.3. Asimismo, señala que los postores son responsables del contenido de sus ofertas y que no corresponde al comité ni al Tribunal interpretar o corregir los documentos presentados, especialmente cuando estos generan incertidumbre sobre el objeto ofertado. En consecuencia, sostiene que debe mantenerse la decisión de no admitir la oferta del Impugnante.
- El 27 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe técnico N°
0003-2026-OGESS-AM-AL/EDMM y el Informe Legal N° 132 -2026-DIRESA-OGESS- AM/O.A.L. mediante los cuales expresó su opinión técnico legal sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación, indicando principalmente lo siguiente: 5.1. Sobre la admisión de la oferta del adjudicatario, sostiene que su oferta sí contenía el Pacto de Integridad (Anexo N° 2), debidamente suscrito por su representante legal el 12 de octubre de 2026, conforme al formato establecido en las bases integradas. En ese sentido, indica que la anotación «NO CUMPLE» consignada en el Anexo N° 1 del acta constituye un error involuntario de digitación, pues el mismo documento registra la oferta como admitida, incluye al postor entre aquellos que pasan a evaluación y no señala ningún motivo de incumplimiento respecto de dicho requisito. 5.2. Asimismo, señala que el error advertido no afecta la decisión adoptada por el comité ni modifica el resultado del procedimiento, toda vez que el documento exigido sí fue presentado. Por ello, considera que se trata de un error material que no configura una causal de nulidad conforme al numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069. Adicionalmente, invoca el artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, referido a la conservación del acto administrativo, por lo que solicita que se mantenga la admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. 5.3. Sobre la no admisión de la oferta del impugnante, la Entidad sostiene que el Anexo N° 6 presentado por este contiene una declaración referida a conceptos que pueden incidir en el costo del «bien a contratar», pese a que el objeto del procedimiento corresponde a la contratación de un servicio. Indica que, si bien en el cuadro del referido anexo se identifica el servicio objeto de contratación, ello no permite al comité interpretar o integrar la declaración del postor para atribuirle un alcance distinto al expresamente consignado. 5.4. En ese sentido, señala que la sustitución de la palabra «bien» por «servicio» no constituye un error material o formal subsanable, sino que supondría modificar el contenido de la oferta. Asimismo, sostiene que los postores son responsables de la documentación que presentan y que no corresponde al comité corregir o interpretar sus declaraciones. Para sustentar esta posición, cita la Resolución N° 8048-2026-TCP-S6, referida a la responsabilidad de los postores respecto del contenido de sus ofertas. 5.5. Finalmente, la Entidad indica que no se ha vulnerado el principio de igualdad de trato, debido a que ambas ofertas fueron examinadas conforme a las mismas reglas de las bases integradas: el adjudicatario presentó el Pacto de Integridad exigido, mientras que el impugnante consignó una declaración cuyo contenido no corresponde al objeto de la contratación.
- Mediante decreto del 28 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al
Adjudicatario y se dejó a consideración de la Sala su absolución del recurso de apelación.
- Mediante Oficio N° 007-2026-GRSM/OGESS-AM/AL presentado en el Tribunal el
29 de octubre de 2026, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada mediante decreto del 22 de octubre de 2026.
- El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada
mediante decreto del 22 de octubre de 2026, con la participación de los representantes del Impugnante y de la Entidad.
- Mediante decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para
resolver.
II. FUNDAMENTACIÓN:
- Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el
Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.
- Procedencia del recurso.
- El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan
entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, mediante el recurso de apelación pueden impugnarse los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público Abreviado de Servicios con una cuantía de S/ 376,157.75. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 publicó el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, por lo que el Impugnante contaba con plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es hasta el 21 de octubre de 2026. El recurso de apelación fue interpuesto 21 de octubre de 2026, subsanado en la misma fecha, esto es dentro del plazo legal. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el propio Impugnante (persona natural), el señor Romel Jomi Sánchez Marrero. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona expresamente la no admisión de su oferta. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del
artículo 304 del Reglamento.
Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro, pues su oferta fue declarada no admitida. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. El Impugnante ha cuestionado su no admisión y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, exponiendo argumentos sobre ello. Asimismo, ha solicitado que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y que se retrotraiga el procedimiento hasta la etapa de admisión de ofertas. Por lo tanto, existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso de apelación y el petitorio formulado. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la descalificación de su propia oferta, toda vez que, de revertir dicha situación, tendría la posibilidad de obtener la buena pro del procedimiento de selección. Sí
- Por las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las
causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.
- Petitorio.
- El Impugnante solicita a este Tribunal que:
✓ Se revoque la no admisión de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ✓ Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. ✓ Se le otorgue un plazo para subsanar el Anexo N° 6. ✓ Se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de admisión de ofertas.
- El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:
✓ Se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la buena pro otorgada a su favor.
- Fijación de puntos controvertidos.
- Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del
artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.
- En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad
y a los demás postores el 22 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 27 de octubre de 2026 para absolverlo. Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación mediante escrito s/n presentado en el Tribunal el 27 de octubre de 2026, dentro del plazo correspondiente. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos, serán considerados los argumentos formulados por el Impugnante en su recurso de apelación, y por el Adjudicatario, en su absolución del mismo. En ese sentido, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:
- Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del
Impugnante y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario.
- ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Consideraciones previas:
- Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.
- Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.
- En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este
Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
- En el Acta de apertura, admisión, evaluación y calificación de ofertas y
otorgamiento de la buena pro, en lo sucesivo el Acta, se señala que el detalle de la no admisión de la oferta del Impugnante, se desarrolla en el Anexo N° 2 de la misma, conforme se muestra a continuación:
- Asimismo, en el Anexo N.° 01 del Acta se consignó que la oferta del Impugnante
no cumplía con el Anexo N.° 6, debido a que, en dicho documento, señaló que su oferta comprendía cualquier otro concepto que pudiera tener incidencia sobre el costo del «bien a contratar», pese a que el objeto de la contratación correspondía a un servicio. Por tal motivo, el comité consideró que dicha declaración no guardaba correspondencia con el objeto de la contratación y decidió no admitir su oferta, conforme se aprecia en los siguientes extractos:
- Al respecto, el Impugnante sostiene que la no admisión de su oferta se sustentó
en un error material que no modifica el objeto de la contratación, el precio ofertado ni las obligaciones asumidas, por lo que resultaba subsanable conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, conforme se expuso en los numerales 2.3 al 2.6 de los antecedentes.
- Por su parte, el Adjudicatario sostiene que la consignación de la expresión «bien a
contratar» en el Anexo N° 6 no constituye un simple error material o formal, debido a que los bienes y los servicios tienen naturalezas distintas. En ese sentido, indica que sustituir dicho término por «servicio» supondría modificar el contenido de la oferta, por lo que no corresponde su subsanación. Asimismo, señala que los postores son responsables del contenido de sus ofertas y que no corresponde al comité ni al Tribunal interpretar o corregir los documentos presentados. Conforme se expuso en los numerales 4.2 y 4.3 de los antecedentes.
- Asimismo, la Entidad, mediante el Informe Técnico N° 003-2026-OGESS-AM-
AL/EDMM y el Informe Legal N° 132-2026-DIRESA-OGESS-AM/O.A.L., sostiene que la no admisión de la oferta del Impugnante fue correcta, toda vez que el Anexo N° 6 contiene una declaración referida al costo de un «bien», pese a que el objeto de la contratación corresponde a un servicio. Indica que el comité no puede interpretar ni modificar el alcance de las declaraciones formuladas por los postores y que corregir dicha expresión implicaría alterar el contenido esencial de la oferta, por lo que no resulta subsanable conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, conforme se expuso en los numerales 5.3 al 5.5 de los
antecedentes.- Al respecto, el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases
integradas, referido a los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, no comprende dentro de estos al Anexo N° 6 – precio de la oferta:
- Ahora bien, si bien la presentación del Anexo N° 6 – Precio de la Oferta no
constituía un requisito obligatorio para la admisión de las ofertas, la Entidad cuestionó su contenido al considerar que el Impugnante habría consignado un objeto distinto al de la contratación, pues utilizó la expresión «bien a contratar» en lugar de «servicio a contratar». Al respecto, se reproduce el Anexo N° 6 presentado por el Impugnante:
- Al respecto, este Colegiado aprecia que, si bien en la declaración final del Anexo
N.º 6 se consignó la expresión «bien a contratar», en el cuadro destinado a identificar el concepto y el precio ofertado se señaló expresamente que la prestación correspondía al «servicio de mantenimiento preventivo correctivo de elementos no estructurales, falso cielo raso, instalaciones sanitarias y eléctricas del Centro de Salud Nueva Rioja I4 – Rioja – San Martín», por un monto de S/ 300 000,00 (trescientos mil con 00/100 soles). En ese sentido, de la revisión integral del referido anexo, se advierte que tanto el objeto de la contratación como el precio ofertado se encuentran claramente identificados, sin que exista elemento alguno que permita sostener razonablemente que el Impugnante haya pretendido ofertar una prestación distinta de aquella requerida por la Entidad. Por el contrario, la utilización de la expresión «bien a contratar» constituye un error material de redacción que, atendiendo al contenido del propio documento, no genera incertidumbre respecto de la naturaleza, el alcance ni el contenido de la prestación ofertada. Asimismo, este Colegiado considera relevante señalar que el Impugnante presentó, como parte de su oferta, el Anexo N.º 3 – Declaración Jurada de Cumplimiento del Requerimiento, mediante el cual manifestó expresamente conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, declarando, además, cumplir con todas las condiciones establecidas en el requerimiento y exigidas por la Entidad contratante para el objeto de la contratación. En tal sentido, dicha declaración constituye una manifestación expresa de la voluntad del Impugnante de asumir las obligaciones correspondientes a la prestación requerida por la Entidad, esto es, la ejecución del servicio objeto de la convocatoria. Por consiguiente, la valoración conjunta de los Anexos N.º 3 y N.º 6 permite corroborar que la oferta presentada se encuentra inequívocamente referida al servicio convocado, sin que la utilización aislada de la expresión «bien a contratar» tenga entidad suficiente para desvirtuar el contenido de los demás documentos que integran la oferta. Por tanto, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario y la Entidad, la consignación de la referida expresión no supone que el Impugnante haya ofertado un objeto distinto al requerido, pues del contenido del Anexo N.º 6, corroborado con la declaración expresa contenida en el Anexo N.º 3, se desprende de manera clara e inequívoca que su oferta se encuentra referida al servicio objeto de la convocatoria. En consecuencia, dicho error material carece de incidencia sustancial sobre la prestación ofertada y no constituye, por sí mismo, una razón válida para disponer la no admisión de la oferta del Impugnante.
- Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que no es amparable
el motivo de no admisión del Impugnante, consignado en el Acta. Asimismo, debe tenerse presente que el Acta consignó que el Impugnante “cumple”, respecto de todos los requisitos para la admisión de las ofertas, consignando únicamente “no cumple”, en el motivo analizado en el presente apartado.
- Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación,
revocar la no admisión de la oferta del Impugnante, tenerla por admitida y revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario.
- Al respecto, el Impugnante sostiene que existe una contradicción en el Acta, pues,
pese a que el comité consignó que la oferta del Adjudicatario no cumplía con la presentación del Pacto de Integridad (Anexo N° 2), decidió admitirla y otorgarle la buena pro. En ese sentido, indica que dicho documento constituye un requisito obligatorio para la admisión de las ofertas, conforme al numeral 69.1, literal b), del Reglamento, por lo que correspondía declarar no admitida la oferta del Adjudicatario, conforme se expuso en los numerales 2.1 y 2.2 de los antecedentes
- Por su parte, el Adjudicatario sostiene que su oferta sí contenía el Pacto de
Integridad (Anexo N° 2), debidamente suscrito por su representante legal, por lo que la anotación «NO CUMPLE» consignada en el Anexo N° 1 del Acta obedecería a un error involuntario de digitación. En ese sentido, indica que dicho documento fue efectivamente presentado y que, por tanto, no existió incumplimiento del requisito de admisión, conforme se expuso en el numeral 4.1 de los antecedentes.
- Asimismo, la Entidad, mediante sus informes, sostiene que la oferta del
Adjudicatario sí cumplió con presentar el Pacto de Integridad (Anexo N° 2), debidamente suscrito por su representante legal. Indica que la anotación «NO CUMPLE» constituye un error involuntario de digitación, pues el resultado general de la admisión consignado en el Acta fue «ADMITIDA» y el postor continuó con las siguientes etapas del procedimiento. En ese sentido, señala que dicho error no afecta la validez de la decisión adoptada ni configura una causal de nulidad, por lo que corresponde aplicar el artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, referido a la conservación del acto administrativo, conforme se expuso en los numerales 5.1 y 5.2 de los antecedentes.
- Al respecto, se aprecia que el Acta consignó que la oferta del Adjudicatario fue
admitida y que, posteriormente, obtuvo la buena pro. No obstante, en el Anexo N° 1 del Acta se registró que dicho postor no cumplía con el requisito referido a la presentación del Pacto de Integridad (Anexo N° 2), conforme se aprecia a continuación:
- De la revisión de la oferta del Adjudicatario, este Colegiado advierte que obra en
el folio 6 el Anexo N° 2 – Pacto de integridad, suscrito por la señora Marbely Centurión Adrianzen, en su calidad de titular gerente del Adjudicatario, conforme se aprecia a continuación:
- En ese sentido, este Colegiado advierte que el Adjudicatario sí presentó el Anexo
N° 2 – Pacto de Integridad, debidamente suscrito por su representante, por lo que cumplió con el requisito exigido para la admisión de su oferta. En consecuencia, la consignación de la expresión «NO CUMPLE» en el Anexo N° 1 del Acta constituye un error material, pues la propia Acta registra que su oferta fue admitida y, posteriormente, pasó las etapas de calificación y evaluación, obteniendo finalmente la buena pro.
- Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación,
y confirmar la admisión, calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario. Consideraciones finales.
- Conforme a lo analizado en el primer punto controvertido, se revocó la decisión
del comité de no admitir la oferta del Impugnante, disponiéndose que esta sea considerada admitida. Asimismo, se revocó el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
- Por su parte, en el segundo punto controvertido, se concluyó que no correspondía
amparar el cuestionamiento formulado por el Impugnante contra la oferta del Adjudicatario, por lo que se confirmó su admisión, calificación y evaluación.
- Bajo tal contexto, corresponde disponer que el comité continúe con la calificación
y, de corresponder, la evaluación de la oferta del Impugnante y, posteriormente, determine el orden de prelación y al postor que corresponda otorgarle la buena pro, conforme a las reglas aplicables al procedimiento de selección, según sea el caso.
- Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado en parte el
recurso de apelación.
- Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado fundado en
parte, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
- Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor
Romel Jomi Sánchez Marrero, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 015-2026-OGESS-AM/C – Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de San Martín - Salud Alto Mayo, para la “Contratación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo de elementos no estructurales, falso cielo raso, instalaciones sanitarias, eléctricas del centro de salud Nueva Rioja I4 - Rioja - San Martín”; fundado en el extremo que solicita se revoque la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; e infundado en el extremo que solicita se declare no admitida la oferta del postor Bellatrix Contratistas Generales E.I.R.L. (adjudicatario). En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la no admisión de la oferta del postor Romel Jomi Sánchez Marrero, debiendo tenerla por admitida. 1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro al postor Bellatrix Contratistas Generales E.I.R.L. 1.3 Disponer que el comité continúe con la calificación y, de corresponder, con la evaluación de la oferta del postor Romel Jomi Sánchez Marrero, y otorgue la buena pro al postor que corresponda.
- Devolver la garantía presentada por el postor Romel Jomi Sánchez Marrero.
- Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.
ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.