Resolución N.° 9656-2026-TCP-S2

Sumilla: “En ese contexto, exigir experiencia en ejecución de obras supone incorporar una actividad que responde a una naturaleza distinta de la prestación convocada, pues la ejecución de obras involucra el desarrollo de trabajos de construcción o intervención de infraestructura, mientras que la contratación materia de análisis, requiere conocimientos y experiencia específicos en la instalación del bien objeto de la convocatoria (…)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7771/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Gejam Sociedad Anónima Cerrada, en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 1-2026-MDC-1, para la “Adquisición de grass sintético para campo deportivo incluido instalación para la ejecución física de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el polideportivo Manco Cápac La Videnita distrito de Calapuja de la provincia de Lampa del departamento de Puno”, convocada por la Municipalidad Distrital de Calapuja; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 21 de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Calapuja, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 1-2026-MDC-1, para la “Adquisición de grass sintético para campo deportivo incluido instalación para la ejecución física de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el polideportivo Manco Cápac La Videnita distrito de Calapuja de la provincia de Lampa del departamento de Puno”, con una cuantía de S/ 424 544.00 (cuatrocientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 14 de octubre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y, el 19 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor E & S Constructora Salas S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 424 500.00 (cuatrocientos veinticuatro mil quinientos con 00/100 soles), en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total OP.*

E & S CONSTRUCTORA

SALAS SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA

Admitido Calificado 424 500.00 105 1 SI IMPERIO K Y M S.R.L. Admitido Calificado 707 200.00 56.71 2

CORPORACIÓN GEJAM

SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA

Admitido Descalificado *Orden de prelación

• Mediante Escritos S/N presentados el 20 y 22 de octubre de 2026, respectivamente,

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Corporación Gejam Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se revoque la calificación de oferta del Adjudicatario, iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro, y iv) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta.

• Señala que, el oficial de compra exigió a su representada que, para acreditar la

experiencia del personal clave, al Responsable técnico, cada certificado mencionara expresamente el sistema de Grass sintético; sin embargo, aplicando el mismo criterio a la oferta del Adjudicatario, el ingeniero propuesto por este tampoco alcanza los cuatro años, debido a que, de los siete certificados, solo dos mencionan Grass sintético, evidenciando un trato diferenciado entre su representada y el Adjudicatario.

• Refiere que la frase “con sistemas de Grass sintéticos” se ubica al final de una

enumeración disyuntiva (“campos deportivos, complejos deportivos, losas deportivas, estadios o infraestructuras deportivas con sistema de Grass sintético”). Gramaticalmente, el complemento modifica el último término de la serie. Así lo entendió además el propio oficial de compra al calificar al Adjudicatario, cuyo Responsable técnico acredita experiencia en “estadios” y “complejos deportivos” sin mención de Grass sintéticos.

• Manifiesta que aun en el supuesto negado de que existiera ambigüedad en la

redacción, esta es atribuible a la Entidad, autora de las bases, y no puede resolverse en perjuicio de los postores, como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal.

• En ese sentido, sostiene que la experiencia del ingeniero Américo Mamani

Quispe, su personal clave, sería de 1 520 días (4 años y 2 meses).

• Asimismo, alega que los memorandos del Gobierno Regional de Puno son actos

administrativos emitidos por la autoridad competente, consignan el nombre del profesional, el cargo de supervisor de obra, el proyecto (en estadio), el periodo y la entidad emisora, que son todos los datos mínimos exigidos por el apartado “Acreditación” del numeral 3.5.2. El Memorando N° 1931-2025-GRP/RRHH Regional de Puno. Las bases admiten “certificados, constancias, contratos con su conformidad, certificados de trabajo de trabajo u otra documentación que permita acreditar fehacientemente la experiencia requerida” por lo que su valor probatorio es pleno, rigiendo en su favor la presunción de veracidad. Por lo tanto, si la Entidad consideraba que los memorandos eran insuficientes, debía indicar qué disposición de las bases exige la mención literal del sistema de grass sintético en cada certificado y por qué los documentos aportados, valorados en conjunto con el resto de la oferta, no acreditan la experiencia. El acta no contiene ese análisis, además agrega que, su representada no pretende completar su oferta con documentos nuevos, pide que se valore correctamente la documentación que presentó oportunamente. Sobre la calificación de la oferta del Adjudicatario.

• Manifiesta que la oferta del Adjudicatario no contiene los documentos que

acreditan varios requisitos de calificación obligatorios del numeral 3.5.2; estos incumplimientos son objetivos y verificables con la sola revisión de la oferta:

• Indica que, conforme a lo indicado en las bases, la oferta que no cumple los

requisitos de calificación “se considera descalificada”. La ausencia total de documentos para acreditar la capacitación y el equipamiento estratégico no puede subsanarse, pues ello equivaldría a incorporar a la oferta requisitos que no fueron acreditados a la fecha de su presentación, lo que vulneraría el principio de igualdad de trato a los demás postores.

• Sobre la experiencia del postor en la especialidad, refiere que la documentación

presentada por el Adjudicatario contiene contradicciones que impiden tenerla por acreditada:

Como se aprecia, resalta que el cumplimiento del requisito depende íntegramente del contrato con la Municipalidad Provincial de Huancané, cuyo porcentaje de participación y cuya titularidad son contradictorios. Ante dos lecturas igualmente posibles de un mismo documento, el evaluador no puede elegir la más favorable al postor sin motivarlo, pues la carga de acreditar fehacientemente la experiencia recae en este.

• Por otro lado, indica que se le asignó al Adjudicatario puntaje que no

corresponde, debido a que propuso el plazo de cinco (5) días, que es el plazo máximo del requerimiento, por lo que le correspondía cero (0) puntos y no 20, mientras que su representada ofertó cuatro (4) días, mejorando dicho plazo.

• Refiere que el acta impugnada declara la buena pro del Adjudicatario sin exponer

razón alguna, y omite pronunciarse sobre los requisitos A.2.1, A.2.2. y A.3, contraviniendo el requisito de validez de motivación del acto administrativo y el principio del debido procedimiento.

• En consecuencia, señala que los errores de calificación, de carácter documental y

verificables con la sola revisión de las ofertas que obran en el expediente, por lo que corresponde declarar fundado el recurso de apelación, se revoque el acto impugnado y se emita pronunciamiento sobre el fondo, otorgando directamente la buena pro al postor que corresponde.

• Con decreto del 23 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación y

se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 29 de octubre de 2026.

• Mediante Escrito N° 2 presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes argumentos:

Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante.

• Señala que el Impugnante no acreditó la experiencia específica exigida en el

numeral 3.5.2 de las bases integradas, debido a que los documentos presentados no demostrarían que las actividades desarrolladas estuvieran vinculadas directamente con la instalación de grass sintético.

• Cuestiona los documentos obrantes a folio 52, emitidos por la Municipalidad

Distrital de Achaya, así como los memorandos N° 3214-2023-GR-PUNO-ORA/ORH y N° 001931-2025-GRP-/RRHH, señalando que no acreditarían la experiencia específica requerida.

• Afirma que las bases exigían un responsable técnico titulado, colegiado y

habilitado, con un mínimo de cuatro (4) años de experiencia acumulada en ejecución de obras, instalación o remodelación de infraestructura deportiva con sistema de grass sintético. Por ello, solicita que se mantenga la descalificación del impugnante y se desestime su pretensión. Sobre los cuestionamientos a su oferta.

• Sobre la habilitación del responsable técnico, sostiene que la evaluación debe

efectuarse conforme a los documentos presentados y a las exigencias de las bases integradas. Respecto del profesional propuesto, Fidel Machaca Mamani, señala que la controversia debe distinguir entre la acreditación de su formación profesional y la habilitación vigente, cuya verificación debe realizarse sobre la documentación correspondiente.

• Sobre la capacitación exigida en instalación de grass sintético, refiere que el Anexo

N° 19 de su oferta identifica a Efraín Pacho Huallacha en el rubro correspondiente. Sostiene que el cuestionamiento debe resolverse verificando el cumplimiento de las condiciones y los documentos exigidos en las bases integradas.

• Sobre el equipamiento estratégico, señala que la disponibilidad del equipamiento

debe evaluarse contrastando los equipos requeridos en las bases con los medios de acreditación previstos, sin incorporar exigencias adicionales ni presumir incumplimientos.

• Sobre la experiencia del operario técnico, alega que, respecto al señor Jorge Luis

Salas Quispe, declaró una experiencia de un año, diez meses y veinticinco días, sustentada mediante documentación de identidad y un certificado laboral. Agrega que corresponde verificar si las funciones acreditadas satisfacen la experiencia específica requerida en instalación de grass sintético, sin equiparar automáticamente la experiencia en grass natural con la exigida para grass sintético. En conjunto, solicita que estos cuestionamientos sean desestimados, señalando que deben evaluarse individualmente y sobre la base de los requisitos y documentos aplicables.

• Con relación a la experiencia del postor en la especialidad, refiere que declaró

una experiencia acumulada de S/ 552 164.00, consignada en el Anexo N° 14, correspondiente a diversas contrataciones vinculadas con la adquisición, suministro o instalación de grass sintético. Respecto del Contrato N° 003-2025/MPH, relacionado con la Municipalidad Provincial de Huancané y el Consorcio Huancho, cuestiona que el Impugnante pretenda limitar la experiencia computable al 20 % del monto contractual debido a una supuesta inconsistencia en los porcentajes de participación consorcial. Sostiene que corresponde revisar integralmente el contrato y los documentos que acrediten la participación y las obligaciones asumidas. En cuanto a las órdenes de servicio N° 00096 y N° 00109, vinculadas con la Municipalidad Distrital de Camanaca, afirma que su reconocimiento debe determinarse a partir del objeto de las prestaciones, su ejecución y la documentación sustentatoria, incluidos los comprobantes de pago y documentos bancarios. Finalmente, indica que el cálculo del Impugnante para cuestionar el cumplimiento del monto mínimo de S/ 300 000.00 depende de exclusiones y porcentajes controvertidos, por lo que solicita que la experiencia sea determinada mediante una revisión integral de los documentos presentados.

• Sobre el puntaje por plazo de entrega, advierte que el Impugnante cuestiona la

asignación de veinte puntos al adjudicatario, alegando que este ofertó cinco días, mientras que su oferta contempló cuatro días. Asimismo, alega que su representada manifiesta que la evaluación debe sujetarse a la escala prevista en las bases integradas y distinguir entre el plazo máximo de ejecución y el plazo que otorga puntaje por mejora. Sin embargo, el argumento del Impugnante presenta una inconsistencia, pues afirma que la escala de uno a cinco días otorga veinte puntos, pero también sostiene que el plazo máximo de cinco días justificaría el puntaje máximo. Este extremo requiere contrastar el texto exacto de las bases integradas y la regla de puntuación aplicable.

• Respecto a la motivación del acta de evaluación y calificación, rechaza que el uso

de expresiones como «cumple» y «no cumple» determine, por sí solo, la invalidez de la evaluación. Señala que el reporte técnico consigna que su oferta fue admitida y calificada, con un puntaje técnico de 100 puntos, y que el procedimiento contempla apartados diferenciados para la admisión, la calificación y la evaluación de los factores correspondientes. Refiere que el Impugnante debía identificar una omisión concreta y demostrar su incidencia en el resultado, sin confundir las discrepancias sobre la valoración de documentos con una falta de motivación.

• Finalmente, manifiesta que la revocación de la buena pro no puede sustentarse

únicamente en las discrepancias formuladas por el impugnante, sino en la acreditación de errores concretos y relevantes en la evaluación. Asimismo, rechaza el otorgamiento directo de la buena pro al Impugnante por S/ 417 248,00 y con 105 puntos, al considerar que dicho puntaje constituye un cálculo unilateral que debe verificarse conforme a los requisitos de calificación y a cada factor de evaluación. En consecuencia, solicita que se desestimen las pretensiones del recurso de apelación y se mantenga la buena pro otorgada a su representada, siempre que la revisión de los documentos confirme el cumplimiento de las bases integradas.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del

Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad.

• Con decreto del 29 de octubre de 2026, la Segunda Sala del Tribunal solicitó a la

Entidad y a las partes pronunciarse sobre el posible vicio de nulidad identificado en el procedimiento de selección, en los siguientes términos:

A LA ENTIDAD, CORPORACIÓN GEJAM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

[IMPUGNANTE] Y E & S CONSTRUCTORA SALAS SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA [ADJUDICATARIO]

• Al respecto, mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la

descalificación de su oferta, alegando que esta se sustenta en un supuesto incumplimiento de la experiencia exigida en las bases integradas para el personal clave propuesto como “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”. Asimismo, sostiene que el Adjudicatario tampoco cumple, entre otras exigencias, con acreditar la experiencia requerida para el personal clave.

• Sobre el particular, de la revisión del literal A.1.1. de los requisitos de

calificación del Capítulo III – Requerimiento de la sección especifica de las bases integradas, respecto a la experiencia del personal clave, el “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, se advierte lo siguiente: Como se puede apreciar, las bases establecen que para cumplir con el requisito de calificación de la experiencia del personal clave, propuesto como “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, se debe acreditar que este debe cumplir una experiencia mínima de cuatro (4) años, entre otros, en “ejecución de obras”.

• No obstante, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la sección especifica de las

bases integradas se ha establecido que el objeto de la convocatoria es la “Adquisición de grass sintético para campo deportivo incluido instalación para la ejecución física de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el polideportivo Manco Capac La Videnita distrito de Calapula de la provincia De Lampa del departamento de Puno”, como se evidencia a continuación:

• No obstante, en las bases estándar aplicables a la Licitación Pública para

Bienes, se estable que, en la Experiencia del personal clave, la entidad contratante debe consignar la denominación del puesto, cargo y/o posición que ocupa el personal clave requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria respecto del cual se debe acreditar este requisito, como se evidencia a continuación:

• La circunstancia antes descrita podría evidenciar una deficiencia en la

elaboración de las bases del procedimiento de selección, toda vez que la Entidad habría establecido que, para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, se debía acreditar experiencia en ejecución de obras. Sin embargo, el objeto de la convocatoria está referido a la adquisición de grass sintético para campo deportivo, incluida su instalación, por lo que dicha exigencia podría resultar incongruente con la naturaleza de la contratación y la necesidad que motivó la convocatoria del procedimiento de selección, en contravención de lo establecido en las bases estándar. Lo indicado implicaría una vulneración del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, que dispone que “[l]as bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores” (el subrayado es agregado).

• Por tanto, la situación descrita evidenciaría la transgresión al principio de

transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme al cual las actuaciones se basan en reglas y criterios claros y accesibles.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en

el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, por una posible contravención a las normas legales y las reglas del procedimiento de selección. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley N° 32069, se requiere que, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, emitan su pronunciamiento en el que precisen si dicha situación, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección, teniendo en consideración los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 30 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario señaló lo siguiente:

• Sostiene que la expresión “ejecución de obras” debe interpretarse conjuntamente

con las demás actividades previstas en las Bases Integradas para el requisito de experiencia del “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, referidas a la ejecución, instalación y remodelación de infraestructura deportiva con sistemas de grass sintético, por lo que no corresponde atribuirle un alcance desvinculado del objeto contractual.

• Asimismo, señala que las Bases Integradas identificaron expresamente el cargo

de “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, así como su formación profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura y las condiciones de titulación, colegiatura, habilitación y experiencia, cumpliendo así con identificar la posición del personal clave requerido.

• El Adjudicatario precisa que la contratación comprende la adquisición e

instalación de grass sintético en el campo deportivo del Polideportivo Manco Cápac La Videnita, por lo que resulta necesario contar con personal experimentado en actividades técnicas vinculadas con infraestructura deportiva. En ese sentido, considera que el perfil exigido guarda correspondencia con la prestación y que la expresión “ejecución de obras” no determina, por sí sola, una contradicción con el objeto contractual.

• De igual manera, sostiene que el traslado de nulidad no identifica de qué manera

la redacción cuestionada habría restringido la participación de proveedores, afectado la concurrencia o generado un trato desigual. Por tanto, considera que no se ha sustentado una afectación concreta a los principios de transparencia e igualdad de trato que justifique la nulidad del procedimiento.

• Por otro lado, señala que, conforme al numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, la

declaración de nulidad requiere identificar y sustentar debidamente el vicio correspondiente. En consecuencia, considera que la observación formulada debe evaluarse atendiendo al contenido integral de las Bases Integradas y a la finalidad de la contratación, pues una eventual imprecisión terminológica no justifica, por sí sola, invalidar el procedimiento.

• Asimismo, la adjudicataria solicita que se evalúe la conservación de los actos

válidamente realizados, considerando que obtuvo la buena pro conforme a las reglas establecidas en las Bases Integradas. En tal sentido, sostiene que una eventual retroacción debe justificarse en la trascendencia del defecto advertido y en su incidencia sobre la validez del procedimiento.

• Finalmente, señala que obtuvo la buena pro por el importe de S/ 424 500.00, por

lo que solicita que dicha situación sea considerada al resolver la controversia, sin perjuicio de que cualquier decisión sobre la validez del procedimiento se encuentre debidamente motivada y sustentada en las causales legalmente previstas.

• Adicionalmente, solicita que, de no declararse la nulidad del procedimiento, el

Tribunal continúe con el análisis del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, considerando que mediante su Escrito N° 02 absolvió los cuestionamientos formulados contra su oferta y expuso las razones por las cuales estos no justificarían su descalificación ni la revocación de la buena pro.

• Mediante Escrito N° 02 presentado el 3 de noviembre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, la Entidad señaló lo siguiente:

• Sostiene que la expresión “ejecución de obras” debe interpretarse

conjuntamente con el conector “y/o” previsto en el numeral 3.5.2, literal A.1.1 de las Bases Integradas, pues este establece alternativas para acreditar la experiencia del personal clave, siendo suficiente demostrar experiencia en instalación o remodelación de infraestructura deportiva con grass sintético, sin exigir necesariamente experiencia en ejecución de obras.

• Asimismo, señala que dicha formulación responde a una práctica

administrativa habitual en otros procedimientos de selección convocados bajo la Ley, en los que se admite experiencia en ejecución de obras y/o instalación de grass sintético, con la finalidad de ampliar la concurrencia de profesionales técnicamente competentes.

• Además, precisa que el acápite de acreditación de las Bases Integradas

estableció como criterio que la documentación presentada permitiera verificar la experiencia vinculada a la instalación de grass sintético o superficies deportivas sintéticas, garantizando así una evaluación objetiva y uniforme de los postores.

• Adicionalmente, respecto de los principios de transparencia y libre

concurrencia, señala que se registraron diecinueve (19) participantes, se presentaron tres (03) ofertas y ningún participante cuestionó la redacción del requisito durante la etapa de consultas y observaciones. Asimismo, indica que el Impugnante fue descalificado porque los documentos presentados no acreditaban experiencia relacionada con la partida de grass sintético y no por carecer de experiencia en ejecución de obras.

• Por otro lado, invoca el principio de conservación del acto administrativo,

previsto en el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado mediante Decreto Supremo 006-2026-JUS), en adelante el TUO de la LPAG, sosteniendo que la nulidad constituye una medida excepcional que requiere la existencia de un vicio trascendente que afecte la validez del procedimiento. En ese sentido, considera que la observación formulada no justifica dicha medida, al no haberse acreditado una afectación concreta.

• Finalmente, refiere que la oferta presentada por el Adjudicatario cumple con

las exigencias establecidas en las Bases Integradas, por lo que solicita que se reconozca su validez y se desestimen los cuestionamientos formulados.

• Mediante Escrito S/N presentado el 3 de noviembre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante señaló lo siguiente:

• Sostiene que el requisito previsto en el literal A.1.1 de las Bases Integradas

constituye un vicio trascendente, pues determinó su descalificación al excluirse los 644 días de experiencia de su Responsable Técnico. Asimismo, señala que las distintas interpretaciones efectuadas por la Entidad, el Adjudicatario y el comité evidencian la falta de claridad del requisito y la vulneración del principio de transparencia.

• Asimismo, manifiesta que se vulneraron los principios de concurrencia e

igualdad de trato, debido a que se excluyó su experiencia por no mencionar expresamente el grass sintético, mientras que al Adjudicatario se le reconocieron trabajos en estadios y complejos deportivos sin dicha referencia. Agrega que solo tres (03) de los diecinueve (19) participantes presentaron ofertas.

• Además, cuestiona la aplicación del principio de conservación del acto

administrativo, al considerar que el defecto advertido incidió directamente en la calificación. Por ello, solicita que el procedimiento se retrotraiga a dicha etapa, de ser necesario, conservando las actuaciones anteriores y aplicando criterios uniformes a todos los postores.

• De manera subsidiaria, cuestiona la experiencia del Responsable Técnico de la

adjudicataria, señalando que únicamente acreditaría 318 días con mención expresa al grass sintético. Asimismo, cuestiona el contrato con la Municipalidad Provincial de Huancané por contener porcentajes contradictorios de participación, cuya exclusión reduciría la experiencia del postor a S/ 228 480,00, monto inferior al mínimo exigido para las micro y pequeñas empresas.

• Respecto de los demás requisitos de calificación, sostiene que el Adjudicatario

no acreditó la habilitación profesional vigente ni la capacitación mínima de veinte (20) horas del Responsable Técnico, así como tampoco la certificación y experiencia específica del operario ni la disponibilidad del equipamiento estratégico exigido en las Bases Integradas.

• Finalmente, cuestiona la motivación del acta de calificación, indicando que

únicamente consignó que el Adjudicatario cumplía los requisitos, sin desarrollar el sustento correspondiente. Agrega que las explicaciones posteriores de la Entidad no pueden suplir la motivación que debió constar en dicha acta.

• Con decreto del 6 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, solicitando se revoquen dichos actos, a fin de que se otorgue la buena pro a su favor.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada para bienes, cuya cuantía asciende a S/ 424 544.00 (cuatrocientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoque la descalificación de su oferta, se revoque la calificación de oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro, y se le otorgue la buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el numeral 304.4 del artículo 304 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una Licitación Pública Abreviada para Bienes, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 26 de octubre de 2026,

fue publicado en el SEACE el 19 de octubre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escrito S/N presentado el 20 de octubre de 2026, el cual fue subsanado mediante Escrito S/N del 22 de octubre de 2026, ambos ingresados por la Mesa de Partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia que este aparece suscrito por el Gerente General de la empresa Corporación Gejam S.A.C., el señor Gerly Jaime Mamani Mamani, conforme al Certificado de Vigencia emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), cuya copia se encuentra adjunta en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada, por lo que no obtuvo la buena pro del procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del TUO de la LPAG establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación.

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que su oferta fue descalificada transgrediéndose así lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

IV. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta, validando la experiencia de su

personal clave. ii. Se descalifique la oferta del Adjudicatario. iii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. iv. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 23 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 28 de octubre del mismo año. Al respecto, corresponde indicar que, mediante Escrito N° 2 presentado el 28 de octubre de 2026, el Adjudicatario absolvió el recurso. Por ello, la determinación de los puntos controvertidos debe circunscribirse a los aspectos planteados por el Impugnante y el Adjudicatario.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la

oferta del Impugnante, y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Impugnante, y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro.

• A efectos de emitir pronunciamiento sobre el primer punto controvertido, referido a

determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, este Colegiado procedió a verificar previamente la legalidad de las actuaciones desarrolladas en el marco del procedimiento de selección, advirtiéndose la existencia de situaciones que podrían configurar vicios de nulidad y que guardan relación con el referido cuestionamiento.

• En tal sentido, al tratarse de aspectos que podrían incidir en la validez de las

actuaciones que sustentaron el otorgamiento de la buena pro, corresponde que, de manera previa a su análisis, este Colegiado emita pronunciamiento respecto de los posibles vicios de nulidad advertidos.

• En el marco de lo señalado, considerando las facultades de este Tribunal1, con decreto

del 29 de octubre de 2026, se corrió traslado al Impugnante, al Adjudicatario y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos de que emitan 1 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación:

“A LA ENTIDAD, CORPORACIÓN GEJAM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

[IMPUGNANTE] Y E & S CONSTRUCTORA SALAS SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA [ADJUDICATARIO]

• Al respecto, mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la

descalificación de su oferta, alegando que esta se sustenta en un supuesto incumplimiento de la experiencia exigida en las bases integradas para el personal clave propuesto como “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”. Asimismo, sostiene que el Adjudicatario tampoco cumple, entre otras exigencias, con acreditar la experiencia requerida para el personal clave.

• Sobre el particular, de la revisión del literal A.1.1. de los requisitos de

calificación del Capítulo III – Requerimiento de la sección especifica de las bases integradas, respecto a la experiencia del personal clave, el “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, se advierte lo siguiente: Como se puede apreciar, las bases establecen que para cumplir con el requisito de calificación de la experiencia del personal clave, propuesto como “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, se debe acreditar que este debe cumplir una experiencia mínima de cuatro (4) años, entre otros, en “ejecución de obras”.

• No obstante, en el numeral 1.3 del Capítulo I de la sección especifica de

las bases integradas se ha establecido que el objeto de la convocatoria es la “Adquisición de grass sintético para campo deportivo incluido instalación para la ejecución física de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el polideportivo Manco Capac La Videnita distrito de Calapula de la provincia De Lampa del departamento de Puno”, como se evidencia a continuación:

• No obstante, en las bases estándar aplicables a la Licitación Pública para

Bienes, se estable que, en la Experiencia del personal clave, la entidad contratante debe consignar la denominación del puesto, cargo y/o posición que ocupa el personal clave requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria respecto del cual se debe acreditar este requisito, como se evidencia a continuación:

• La circunstancia antes descrita podría evidenciar una deficiencia en la

elaboración de las bases del procedimiento de selección, toda vez que la Entidad habría establecido que, para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético”, se debía acreditar experiencia en ejecución de obras. Sin embargo, el objeto de la convocatoria está referido a la adquisición de grass sintético para campo deportivo, incluida su instalación, por lo que dicha exigencia podría resultar incongruente con la naturaleza de la contratación y la necesidad que motivó la convocatoria del procedimiento de selección, en contravención de lo establecido en las bases estándar. Lo indicado implicaría una vulneración del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, que dispone que “[l]as bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores” (el subrayado es agregado).

• Por tanto, la situación descrita evidenciaría la transgresión al principio de

transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme al cual las actuaciones se basan en reglas y criterios claros y accesibles.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en

el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, por una posible contravención a las normas legales y las reglas del procedimiento de selección. (…)”

• Así, en mérito a lo expuesto, se advierte que el vicio de nulidad radica en que la

Entidad estableció, en las Bases Integradas, que el personal clave denominado “Responsable Técnico de Instalación de Grass Sintético” debía acreditar, entre otros, experiencia en ejecución de obras, pese a que el objeto de la convocatoria corresponde a la adquisición e instalación de grass sintético para un campo deportivo. En efecto, dicha exigencia no guarda correspondencia con la naturaleza de la prestación, contraviniendo las bases estándar, las cuales establecen que la experiencia del personal clave debe estar relacionada con la actividad específica que realizará durante la ejecución contractual.

• En ese contexto, exigir experiencia en ejecución de obras supone incorporar una

actividad que responde a una naturaleza distinta de la prestación convocada, pues la ejecución de obras involucra el desarrollo de trabajos de construcción o intervención de infraestructura, mientras que la contratación materia de análisis, requiere conocimientos y experiencia específicos en la instalación del bien objeto de la convocatoria. Por tanto, dicha exigencia no resulta congruente con la naturaleza del objeto contractual ni con las actividades que deberá desarrollar el Responsable Técnico.

• En ese sentido, la deficiencia advertida no se limita a un aspecto formal de redacción,

sino que incide en la claridad y objetividad de las condiciones de calificación, pues permite generar interpretaciones distintas respecto de la experiencia que los postores debían acreditar. Por tanto, se configura un defecto en la elaboración de las bases integradas que contraviene las disposiciones de las bases estándar.

• En este punto, cabe traer a colación que, al absolver el traslado de nulidad, el

Impugnante sostuvo que la exigencia cuestionada determinó su descalificación, al excluirse 644 días de experiencia de su Responsable Técnico, y que su aplicación diferenciada respecto del Adjudicatario vulneró los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato. Asimismo, cuestionó la conservación del procedimiento, solicitando su retroacción a la etapa de calificación. Sobre el particular, si bien el Impugnante atribuye su descalificación a la aplicación del requisito cuestionado, dicha afirmación no resulta determinante para el análisis del vicio de nulidad, pues este no se sustenta en la afectación particular de un postor, sino en la deficiente formulación de las Bases Integradas. En efecto, la exigencia de acreditar experiencia en ejecución de obras no guarda correspondencia con la naturaleza del objeto contractual y contraviene las bases estándar, que establecen que la experiencia del personal clave debe estar vinculada con el puesto, cargo y/o posición que desempeñará. Por tanto, la incorporación de dicha exigencia transgrede el principio de transparencia y facilidad de uso, al no establecer condiciones de calificación claras y coherentes con la prestación objeto de contratación.

• En adición a ello, la Entidad sostiene que no se configuró un vicio de nulidad, pues el

conector “y/o” previsto en las Bases Integradas establecía alternativas para acreditar la experiencia del personal clave, sin exigir necesariamente experiencia en ejecución de obras. Asimismo, señala que dicha formulación responde a una práctica habitual en otros procedimientos de selección y que el acápite de acreditación delimitó la experiencia vinculada a la instalación de grass sintético. Al respecto, dichos argumentos no desvirtúan el vicio advertido, toda vez que la utilización del conector “y/o” no elimina la falta de correspondencia entre las actividades consignadas en el requisito y la prestación objeto de contratación, ni permite determinar con claridad el alcance de la experiencia exigible. Por el contrario, la necesidad de recurrir a interpretaciones para establecer qué actividades resultaban válidas evidencia la falta de claridad de las reglas del procedimiento. Asimismo, la inclusión de requisitos similares en otros procedimientos de selección no constituye justificación para apartarse de las disposiciones de las bases estándar, ni el acápite de acreditación puede subsanar la deficiencia advertida en la formulación del requisito de calificación. En adición a ello, la Entidad sostiene que la declaración de nulidad generaría mayores gastos, retrasos en la contratación y un grave riesgo de afectación al presupuesto del ejercicio fiscal 2026, sin haber presentado documentación que sustente tales afirmaciones. Cabe indicar que, dichos argumentos no justifican conservar un procedimiento cuyas bases integradas contravienen las disposiciones de las bases estándar, pues las consideraciones presupuestales no pueden prevalecer sobre el cumplimiento de las reglas que rigen la contratación pública. En ese sentido, los eventuales costos y retrasos invocados por la Entidad, cuya materialización no ha sido acreditada, no constituyen razones suficientes para dejar de adoptar las medidas que correspondan frente al vicio de nulidad advertido.

• Por su parte, el Adjudicatario sostiene que la expresión “ejecución de obras” debe

interpretarse conjuntamente con las actividades de instalación y remodelación de infraestructura deportiva previstas en las bases integradas, por lo que considera que el requisito guarda correspondencia con el objeto contractual. Asimismo, señala que no se ha acreditado una afectación a la concurrencia o igualdad de trato que justifique la nulidad. Al respecto, dicho argumento no resulta atendible, pues el uso del conector “y/o” no justifica exigir experiencia en ejecución de obras cuando la contratación comprende la adquisición de un bien y su instalación. En efecto, las bases estándar establecen que la experiencia del personal clave debe vincularse con el puesto, cargo y/o posición que desempeñará en la prestación objeto de convocatoria. Por tanto, la exigencia cuestionada genera que las bases integradas contravengan las disposiciones establecidas en las bases estándar. Adicionalmente, respecto a la posibilidad de retrotraer el procedimiento únicamente hasta la etapa de calificación de ofertas, dicha medida no resulta suficiente, pues la deficiencia advertida no se origina en la evaluación realizada por el comité, sino en las propias reglas establecidas en las bases de la convocatoria. En efecto, mantener las mismas condiciones impediría que los proveedores que no participaron o decidieron no presentar ofertas debido a las exigencias cuestionadas puedan conocer las nuevas condiciones y ejercer su derecho de participación. Por ello, resulta necesario retrotraer el procedimiento hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las Bases Integradas.

• Conforme a lo expuesto, este Colegiado no puede emitir un pronunciamiento sobre

el fondo respecto de si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante o descalificar la oferta del Adjudicatario, pues ello implicaría dilucidar una controversia tomando como referencia reglas que son contrarias a lo dispuesto en la normativa aplicable, y que inciden de manera directa en los resultados de un procedimiento.

• En tal sentido, se advierte que las bases integradas incorporaron exigencias que no se

encuentran previstas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, al requerir que la experiencia del personal clave se encuentre vinculada a la ejecución de obras, pese a que las bases estándar únicamente contemplan la acreditación de un tiempo mínimo de experiencia en trabajos o prestaciones relacionados en la actividad requerida, cuyo objeto es para la presente contratación, la adquisición de bienes que incorporan, a su vez, la instalación de los mismos.

• Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el numeral 55.3

del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar aprobadas mediante directiva por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas son de uso obligatorio por parte de los evaluadores. En ese sentido, las bases de cada procedimiento de selección deben elaborarse observando obligatoriamente el contenido de los referidos documentos estándar.

• En el presente caso, se advierte que las bases integradas elaboradas por el comité

incorporaron exigencias que no se encuentran previstas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, al requerir, entre otros, que la experiencia del personal clave se encuentre vinculada a la ejecución de obras, exigencias que, no guardan concordancia con el criterio establecido en las referidas bases estándar, las cuales únicamente contemplan que la experiencia debe encontrarse relacionada con la actividad específica que será desarrollada durante la ejecución contractual.

• Por consiguiente, este Colegiado considera que las bases integradas del presente

procedimiento de selección fueron elaboradas en contravención de las bases estándar aplicables, situación que supone el incumplimiento de la obligación prevista en los artículos 55 y 63 del Reglamento, conforme a los cuales los evaluadores —en este caso, el comité— debían elaborar los documentos del procedimiento de selección utilizando obligatoriamente los documentos estándar emitidos por la Dirección General de Abastecimiento.

• Debe advertirse que el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, establece

que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las Entidades, cuando contravengan normas legales, debiéndose expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.

• En este punto, resulta pertinente traer a colación que, según reiterados

pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella.

• En el presente caso, el vicio advertido radica en la inobservancia de la normativa de

contrataciones públicas, situación que compromete la legalidad y la transparencia del procedimiento de selección. En ese sentido, no resulta posible considerar conservable un vicio que compromete la validez del procedimiento de selección, por lo que se encuentra plenamente justificado disponer la nulidad del procedimiento y su retroacción hasta el momento en que se produjo el acto viciado, a fin de que este sea debidamente corregido.

• Sin perjuicio de lo señalado, la propia Entidad informó que para el presente

procedimiento de selección se registraron diecinueve (19) participantes y únicamente se presentaron tres (3) ofertas. Esta circunstancia evidencia una reducida concurrencia de proveedores y permitiría advertir que la exigencia de acreditar experiencia en la ejecución de obras para el personal clave pudo constituir una barrera que desincentivó la participación de potenciales postores, más aún si se considera que dicha exigencia no guardaba correspondencia con la naturaleza ni con el objeto de la contratación. En tal sentido, la incorporación de dicho requisito pudo resultar un factor disuasivo para la presentación de ofertas.

• En atención a ello, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento

establece que cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la conservación del acto, el Tribunal declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae la fase de selección.

• Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en

el artículo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin de corregir los vicios advertidos en los fundamentos precedentes.

• Considerando que en el caso concreto debe declararse la nulidad de oficio del

procedimiento de selección, no corresponde pronunciarse sobre los puntos controvertidos fijados.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y de su Órgano de Control Institucional, para que desarrollen las actuaciones que correspondan, en el marco de sus competencias, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 1-2026-

MDC-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Calapuja, para la “Adquisición de grass sintético para campo deportivo incluido instalación para la ejecución física de la obra: Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el polideportivo Manco Cápac La Videnita distrito de Calapula de la provincia de Lampa del departamento de Puno”, debiendo retrotraerse a su etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Devolver la garantía otorgada por el postor Corporación Gejam Sociedad Anónima

Cerrada, para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE2. 2 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

• Poner en conocimiento, la presente resolución, de la Autoridad de la Gestión

Administrativa y de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 30.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.