Resolución N.° 9655-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) tratándose de un vicio trascendente, no es posible su conservación, al haberse contravenido la normativa de contratación pública y tener incidencia en la controversia. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los cuales no son conservables”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7794/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor AGUILAR HUAYLLA MOISES, en el marco de la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 005-2026-MDK/OC-2; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 29 de

setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Kimbiri, en adelante la Entidad Contratante, convocó la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 005-2026-MDK/OC- 2, para la “Adquisición de material afirmado para el proyecto - creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de los sectores Paraiso, José Carlos Mariátegui, Los Pinos, La Merced, Palma de Oro, Mozombith, Sacsayhuaman y Residencial Margarita en la capital del distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco”, CUI 2591637 - con una cuantía de la contratación de S/ 354,750.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 12 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica); y, el 14

de octubre del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la Empresa De Servicios Generales Pozo HCJ E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 354,750.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), conforme al cuadro siguiente:

POSTOR

EVALUACIÓN MYPE 5%

PUNTAJE

TOTAL

Nro. Nombre o Razón Social

EMPRESA DE SERVICIOS

GENERALES

POZO HCJ E.I.R.L.

97.33 4.87 102.2

2 AGUILAR HUAYLLA

MOISES 90 4.50 94.50

3 CORPORACION Y PEREZ

E.I.R.L. 63.49 3.17 66.66

• Mediante escrito s/n, subsanado con la Carta N° 0015-2026-MAH/PN, presentados el 21

y 22 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el señor AGUILAR HUAYLLA MOISES, en adelante el Impugnante, presentó recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, argumentando fundamentalmente lo siguiente:

• El Impugnante señaló que el Adjudicatario obtuvo indebidamente veinte (20) puntos

por el factor de evaluación “Mejoras a las especificaciones técnicas”, pese a que no habría acreditado el cumplimiento de las condiciones exigidas en las Bases Integradas.

• Respecto de la Mejora N° 1, sostuvo que el informe de ensayo de granulometría

presentado no acredita que el laboratorio cuente con equipos calibrados ni con acreditación del INACAL y que, además, se encuentra suscrito por un solo especialista.

• En cuanto a la Mejora N° 2, cuestionó que la licencia de funcionamiento presentada,

correspondiente a un área de 1,200 m², no acredita la existencia de un centro de acopio de material afirmado conforme a lo requerido en las Bases Integradas. Por ello, solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se le otorgue a su favor.

• Con Decreto del 23 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón Electrónico

del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación existente. Finalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

• Por escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la

Entidad acreditó a su representante para el uso de la palabra.

• El 28 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe N° 1054-2026-MDK-

OGA-ABAST/EKCF-J a través del cual absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente: Respecto de la Mejora N° 1: Informe de laboratorio de suelos

• La Entidad señaló que el Adjudicatario presentó una declaración jurada (folio 69) y un

informe de ensayo de granulometría y límites de Atterberg (folios 70 al 91), conforme a lo exigido en las Bases Integradas. Asimismo, indicó que el Oficial de Compra evaluó dichos documentos bajo el principio de presunción de veracidad, por lo que no correspondía exigir acreditaciones adicionales durante la evaluación de ofertas, sin perjuicio de su verificación posterior. Respecto de la Mejora N° 2: Centro de acopio en la zona

• La Entidad indicó que el Adjudicatario presentó una licencia de funcionamiento

temporal (folio 93), de fecha 28 de septiembre de 2026, correspondiente a un área de 1,200 m², con lo cual acreditó lo requerido en las Bases Integradas. Asimismo, sostuvo que las observaciones sobre la validez de dicha licencia y la existencia física del centro de acopio deben verificarse durante la etapa de fiscalización posterior, por lo que no corresponde desestimar la mejora durante la evaluación de ofertas.

• Finalmente, la Entidad concluyó que el Oficial de Compra actuó conforme a las Bases

Integradas y recomendó realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el Adjudicatario.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes de la Entidad.

• Por Decreto del 29 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al Impugnante y al

Adjudicatario, considerando que se ha advertido la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que las bases integradas requirieron para acreditar la Mejora N° 1, tanto una declaración jurada como un informe de ensayo de granulometría, emitido por un laboratorio de suelos con equipos calibrados acreditados por INACAL, suscrito por un especialista en suelos. Sin embargo, las “Bases estándar de la Licitación Pública para bienes”, para la acreditación de las mejoras, indica expresamente que debe ser únicamente mediante la presentación de “Declaración jurada o documento específico que acredite las mejoras”. En ese sentido, se evidenciaría una transgresión a los lineamientos de las bases estándar y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, que señala que las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores.

• Mediante Escrito s/n, presentado el 4 de noviembre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, de manera extemporánea, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso impugnativo, señalando lo siguiente:

• Solicita al Tribunal declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el

impugnante en el extremo referido a la Mejora N° 1, ratificando la validez del puntaje asignado a su oferta técnica por encontrarse estrictamente arreglada a derecho, a las Bases Integradas y a las disposiciones de la normativa de contratación pública vigente.

• Respecto a que el Tribunal sugiere una presunta vulneración al numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, bajo la premisa de que las Bases

Estándar prohíben la solicitud conjunta de una declaración jurada y un informe de ensayo para un mismo fin, considera que no existe duplicidad ni exigencia simultánea para un mismo objeto, sino una regulación diferenciada por hitos de entrega, habiendo una aplicación armonizada, objetiva y diferenciada de los medios de acreditación permitidos por las Bases Estándar, cautelando los principios de eficiencia, transparencia y valor por el dinero:

• Naturaleza Técnica del Objeto de la Convocatoria: La adquisición contempla un

cronograma de cinco (5) entregas periódicas de material afirmado. Debido a las condiciones geológicas y logísticas propias de las canteras, la fuente de extracción puede variar legítimamente entre la primera entrega y las posteriores (entregas 2, 3, 4 y 5); y,

• Razonabilidad y Proporcionalidad del Criterio:
• Para la Entrega N° 1: el Órgano de contrataciones requirió un Informe de Ensayo de

Granulometría adjunto a la oferta técnica. Exigir únicamente una declaración jurada para esta entrega habría impedido que el comité evaluara de forma objetiva e inmediata la calidad técnica inicial del material afirmado que se acopiaría de forma perentoria.

• Para las Entregas N° 2, 3, 4 y 5: Requerir informes técnicos de laboratorio previos en

la oferta para entregas futuras e inciertas resultaba física y lógicamente imposible, debido al riesgo de cambio de cantera o fuente de extracción. Por ello, de forma idónea, se solicitó una Declaración Jurada que garantice el compromiso de presentar los ensayos correspondientes al momento del internamiento del bien.

• Asimismo, sobre el cuestionamiento de la acreditación del laboratorio con equipos

calibrados señala que en ningún extremo de las bases integradas se exigió la presentación de certificados de calibración explícitos, facturas de propiedad de equipos o acreditaciones documentales adicionales. Adicionalmente a ello, sostiene que su representada cumplió de manera literal y exacta con el requerimiento de las Bases mediante la presentación de la Declaración Jurada obrante a Folio 69, debidamente suscrita por un especialista en suelos, donde se declara expresamente que el laboratorio cuenta con equipos calibrados por INACAL.

• Agrega que el cuestionamiento del Impugnante pretende desconocer las

declaraciones de su oferta sin aportar prueba en contrario, por lo que considera que, en aplicación del principio de presunción de veracidad, la declaración formulada en el Folio 69 mantiene plena validez jurídica y es plenamente eficaz para otorgar el puntaje asignado.

• Mediante Informe N° 1095-2026-MDK-OGA-ABAST/EKCF-J, presentado el 4 de noviembre

de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad se pronunció respecto a la existencia de un posible vicio de nulidad, manifestando lo siguiente:

• Sostiene que, la Entidad divide las cinco entregas en dos grupos con reglas de

acreditación distintas, pues para la Entrega N° 1 se debe presentar obligatoriamente un Informe de Ensayo de Granulometría adjunto a la oferta técnica, no aceptándose una declaración jurada para ese hito. Ello, debido a que el material se necesita de forma inmediata y la Entidad requiere comprobar la calidad del afirmado de forma objetiva antes de firmar o iniciar el contrato. Y respecto a las Entregas N° 2, 3, 4 y 5, solo se debe presentar una Declaración Jurada en la oferta, comprometiéndose a que se entregaran los ensayos de laboratorio correspondientes en el momento exacto en que se deje el material.

• Refiere que, el evaluador fundamenta esta decisión en dos principios comerciales y

logísticos: i. la variabilidad de las Canteras, que en la práctica el material de la entrega 1 puede venir de la “Cantera A”, pero por razones geológicas o logísticas, las siguientes entregas pueden venir de la “Cantera B”; e ii. Imposibilidad física, que sería ilógico exigir hoy un ensayo de laboratorio de una piedra o tierra que se va a extraer dentro de 3 o 4 meses, en una cantera que quizá aún ni se ha empezado a explotar.

• Por tanto, señala que no habría duplicidad de los documentos requeridos, y se estaría

cumpliendo con las bases estándar y se protegen los principios de eficiencia y valor por dinero (asegurar que lo que se pague realmente tenga calidad).

• Indica que, conforme al principio de eficacia y eficiencia, el proveedor del material

afirmado debe garantizar la disponibilidad inmediata y la capacidad logística sobre el costo unitario del metro cúbico, pues vale más pagar el precio justo a un proveedor local con stock real que adjudicar al más barato que demorará semanas en movilizar maquinarias para el proyecto.

• Solicita al Tribunal que evalúe la naturaleza y trascendencia de la irregularidad

advertida, considerando el cumplimiento obligatorio de las bases estándar y los principios de la Ley N° 32069.

• Recomienda adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad oportuna

del proceso de contratación a fin de asegurar el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto objeto de contratación del procedimiento de selección, a fin de evitar retrasos en su ejecución y promover el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, en el marco de la normativa de contrataciones vigente.

• Con decreto del 6 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada, cuya cuantía total asciende a S/ 354,750.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos, se disponga la descalificación de la oferta del Adjudicatario, y se le otorgue la buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el numeral 304.4 del artículo 304 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 21 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 14 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante presentó el escrito s/n, subsanado con la Carta N° 0015-2026-MAH/PN, el 21 y 22 de octubre de 2026, en la Mesa de Partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el Impugnante, el señor Moisés Aguilar Huaylla.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante cuestionó el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a aquel, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se disponga la descalificación de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia,

se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se otorgue la buena pro al Impugnante.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 23 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 28 del mismo mes y año. Sobre el particular, se tiene que el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación el 4 de noviembre de 2026, es decir, fuera del plazo previsto para tal efecto; razón por la cual no corresponde que se tomen en cuenta los argumentos de dicho postor para la fijación de los puntos controvertidos. Por consiguiente, únicamente se tomarán en cuenta los cuestionamientos planteados por el Impugnante en su recurso para la determinación de los puntos controvertidos. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo se tendrán en cuenta en lo que concierne el derecho de defensa.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario, y,

en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.

CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• A efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos cuestionados en el recurso

impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las bases integradas, advirtiendo situaciones que suponen vicios de nulidad vinculadas con el primer punto controvertido; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el vicio de nulidad advertido.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal, con decreto del 29 de

octubre de 2026, se corrió traslado al Adjudicatario, el Impugnante, y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos que las citadas partes emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación: “(…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI (ENTIDAD), AL PROVEEDOR

AGUILAR HUAYLLA MOISES (IMPUGNANTE) Y A LA EMPRESA DE SERVICIOS

GENERALES POZO HCJ E.I.R.L (ADJUDICATARIO)

• El Impugnante cuestiona la asignación de puntaje al Adjudicatario en el factor de

evaluación “Mejoras a las especificaciones técnicas”. Respecto de la Mejora N° 1, sostiene que no se acreditó que el laboratorio contara con equipos calibrados acreditados por INACAL y cuestiona que el informe presentado se encuentre suscrito por un solo especialista. En cuanto a la Mejora N° 2, señala que la licencia de funcionamiento no acreditaría la existencia de un centro de acopio de 1 200 m², pues habría sido expedida sin los trámites correspondientes ante las áreas de Defensa Civil y Catastro.

• Sobre el particular, de la revisión de las bases integradas, se advierte que, para el

requisito de evaluación “I. Mejoras a las especificaciones técnicas” del Capítulo IV, se estableció lo siguiente:

Como se aprecia, para acreditar la Mejora N° 1, las Bases Integradas exigieron tanto una declaración jurada como un informe de ensayo de granulometría, emitido por un laboratorio de suelos con equipos calibrados acreditados por INACAL, suscrito por un especialista en suelos.

• Al respecto, las Bases Estándar aplicables al procedimiento de selección

establecen que las mejoras a las especificaciones técnicas se acreditan únicamente mediante una declaración jurada o mediante el documento específico que se indique para tal efecto, conforme al siguiente texto:

• MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN

Evaluación:

[CONSIGNAR CADA UNA DE LAS MEJORAS AL

REQUERIMIENTO QUE PUEDEN OFERTAR LOS

POSTORES. LA DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA

DEBE SER PRECISA].

[…] puntos Mejora 1 : [Como máximo 10] puntos Mejora 2 : [Como máximo 10] puntos Acreditación: Se acredita únicamente mediante la presentación de [CONSIGNAR DECLARACIÓN

JURADA O INDICAR DOCUMENTO ESPECÍFICO

QUE ACREDITE LAS MEJORAS].

Advertencia Constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro mínimo establecido en el requerimiento, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la entidad contratante. … Mejora “n”: [Como máximo 10] puntos

• En ese contexto, se advierte que la Entidad exigió de manera conjunta una

declaración jurada y un informe de ensayo de granulometría para acreditar la Mejora N° 1, pese a que las Bases Estándar contemplan la elección de uno de esos medios de acreditación. Por tanto, correspondería determinar si dicha exigencia simultánea se aparta de las disposiciones obligatorias de las Bases Estándar.

• Sobre el particular, tal exigencia resultaría contraria a la normativa de

contratación pública, pues podría contravenir las bases estándar, así como el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante el Reglamento, el que establece que las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA y son de uso obligatorio por los evaluadores y además podría comprometer los principios de transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato y libertad de concurrencia, establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Contrataciones Públicas. Por lo expuesto, de conformidad con el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley N° 32069, se solicita a las partes y a la Entidad que expresen su posición sobre la exigencia simultánea de dos documentos para acreditar la Mejora N° 1 y precisen si, a su criterio, esta situación configura un vicio que amerite declarar la nulidad del procedimiento de selección. (…)”

• En relación con lo anterior, se precisa que, a la fecha, el Impugnante no ha absuelto el

traslado de nulidad.

• Por otra parte, al absolver el traslado de nulidad, conforme a lo señalado en los

exigencia simultánea para un mismo objeto, sino una regulación diferenciada por hitos de entrega, habiendo una aplicación armonizada, objetiva y diferenciada de los medios de acreditación permitidos por las Bases Estándar, cautelando los principios de eficiencia, transparencia y valor por el dinero. Asimismo, señalaron que la Entidad divide las cinco entregas en dos grupos con reglas de acreditación distintas, pues para la Entrega N° 1 se debe presentar obligatoriamente un Informe de Ensayo de Granulometría adjunto a la oferta técnica, no aceptándose una declaración jurada para ese hito. Ello, debido a que el material se necesita de forma inmediata y la Entidad requiere comprobar la calidad del afirmado de forma objetiva antes de firmar o iniciar el contrato, pues vale más pagar el precio justo a un proveedor local con stock real que adjudicar al más barato que demorará semanas en movilizar maquinarias para el proyecto. Y, respecto a las Entregas N° 2, 3, 4 y 5, solo se debe presentar una Declaración Jurada en la oferta, comprometiéndose a que se entregaran los ensayos de laboratorio correspondientes en el momento exacto en que se deje el material, pues sería ilógico exigir hoy un ensayo de laboratorio de una piedra o tierra que se va a extraer dentro de 3 o 4 meses, en una cantera que quizá aún ni se ha empezado a explotar. Por tanto, la Entidad solicita al Tribunal que evalúe la naturaleza y trascendencia de la irregularidad advertida, considerando el cumplimiento obligatorio de las bases estándar y los principios de la Ley N° 32069. Recomendando adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad oportuna del proceso de contratación a fin de asegurar el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto objeto de contratación del procedimiento de selección, a fin de evitar retrasos en su ejecución y promover el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, en el marco de la normativa de contrataciones vigente.

• En torno a lo esgrimido por el Adjudicatario y la Entidad, este Colegiado considera

pertinente partir por señalar que, con independencia de los cuestionamientos formulados, durante el análisis del expediente y conforme se muestra en el traslado de nulidad, en el presente caso, se ha advertido la existencia de un vicio que compromete la validez de las bases integradas, referida a la exigencia de una “declaración jurada y un informe de ensayo de granulometría, emitido por un laboratorio de suelos con equipos calibrados acreditados por INACAL, suscrito por un especialista en suelos” para la acreditación de mejoras a las especificaciones técnicas, lo cual no está contemplado en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, al tratarse de la exigencia de dos documentos distintos, exigidos de manera simultánea, para dicha acreditación. En efecto, en el caso concreto, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario y la Entidad, se ha verificado que las bases integradas, para la Mejora N° 1 exigieron “adicionalmente” a la presentación de una declaración jurada, un informe de ensayo de granulometría, emitido por un laboratorio de suelos con equipos calibrados acreditados por INACAL, suscrito por un especialista en suelos, pese a que las bases estándar contemplan que para la acreditación de las mejoras, debe ser únicamente mediante la presentación de DECLARACIÓN JURADA O DOCUMENTO ESPECÍFICO QUE ACREDITE LAS MEJORAS”, excediendo lo previsto en las bases estándar. Dicha circunstancia, dada la vulneración de las bases estándar, a diferencia de lo señalado por la Entidad y el Adjudicatario, constituye una deficiencia que resulta evidente.

• En esa línea, aun cuando la exigencia de dichos documentos se considerase que es una

aplicación armonizada, objetiva y diferenciada de los medios de acreditación y que cautelan los principios de “eficiencia, transparencia y valor por el dinero”, tal situación, como se ha indicado, no enerva la ilegalidad de su inclusión, pues no solo es contraria a lo establecido en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, sino que, a través del recurso de apelación, el Impugnante precisamente cuestiona la asignación de puntaje al Adjudicatario en el factor de evaluación consistente en “Mejoras a las especificaciones técnicas (Mejora 1.- Informe de Laboratorio de Suelo)”, por lo que la deficiencia advertida incide en la controversia y, por ende, en los resultados del procedimiento de selección, lo que determina la trascendencia del vicio de nulidad.

• Asimismo, respecto al argumento de que la Entidad habría dividido las cinco entregas en

dos grupos con reglas de acreditación distintas, pues para la Entrega N° 1 se debía presentar obligatoriamente un Informe de Ensayo de Granulometría adjunto a la oferta técnica, y para las Entregas N° 2, 3, 4 y 5, solo debía presentarse una Declaración Jurada en la oferta, cabe reiterar que ello carece de asidero, toda vez que, de la lectura de la acreditación de la Mejora N° 1 de las bases integradas, se advierte de manera clara que no se ha previsto de manera independiente como alega la Entidad, sino que la exigencia ha sido de manera conjunta, es decir, se alude tanto a la declaración jurada como al Informe de análisis de ensayo, como se aprecia a continuación: Es pertinente recalcar que, el vicio advertido vulnera las bases estándar y consiste, en específico, en la exigencia de presentar conjuntamente con la declaración jurada un informe de análisis de ensayo emitido por laboratorio de suelos para acreditar mejora a las características técnicas, cuya conjunción, como se ha indicado, evidencia su inclusión ilegal en las bases integradas y la distorsión generada en el procedimiento de selección, pues en ese extremo las bases estándar prevén que corresponde solicitar una DECLARACIÓN JURADA “O” DOCUMENTO ESPECÍFICO QUE ACREDITE LAS MEJORAS, a fin que las entidades puedan verificar la existencia y características de la mejora ofrecida, y no permite imponer cargas documentales adicionales que dificulten injustificadamente el acceso a puntaje. De ser así, ello dejaría de depender exclusivamente de lo que el postor ofrece y se trasladaría a la necesidad adicional de obtener determinados documentos emitidos por terceros, como sería la presentación conjunta de una declaración jurada y un informe de análisis de ensayo emitido por laboratorio de suelos con equipos calibrados acreditados por INACAL y suscrito por un especialista en suelos, lo que distorsiona el factor de evaluación en análisis. Por ello, se aprecia que, si bien la Entidad expresa que, con la exigencia de los documentos pretendió comprobar la calidad del afirmado de forma objetiva antes de firmar o iniciar el contrato, conforme a los principios de eficiencia y valor por dinero, lo cierto y concreto es que la deficiencia advertida se relaciona con la propia configuración de las reglas que rigieron el procedimiento de selección, las cuales resultan contrarias a las bases estándar y, por ende, a la normativa de contratación pública, además que la circunstancia alegada no subsana el vicio ni convierte en válida un requerimiento que contraviene normas de carácter imperativo. Atendiendo a ello, corresponde desestimar los argumentos en este extremo.

• En esa línea, corresponde precisar que las entidades contratantes tienen el deber de

aplicar las bases integradas de manera uniforme, lo que no comprende la incorporación de requisitos que resultan contrarios a las bases estándar y a la normativa que rige la materia. De igual manera, aun cuando la Entidad solicita que se evalúe la naturaleza y trascendencia de la irregularidad advertida, considerando el cumplimiento obligatorio de las bases estándar y los principios de la Ley N° 32069, no puede soslayarse que, contrariamente a lo esgrimido, el carácter obligatorio de las bases estándar impide que las entidades incorporen exigencias no previstas o expresamente prohibidas por estas.

• En dicho escenario, es oportuno mencionar que aun cuando la Entidad solicita que se

adopten las acciones necesarias para garantizar la continuidad oportuna del proceso de contratación a fin de asegurar el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto objeto de contratación, lo cierto es que dicha premisa no implica soslayar deficiencias trascendentes en las bases y, por ende, no puede permitirse que estas se aparten del marco normativo vigente o incorporar exigencias contrarias a las bases estándar y a las disposiciones regulatorias aplicables.

• En atención a ello, el artículo 70.1 y literal a) del artículo 70.2 de la Ley dispone que el

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, solo cuando esta sea insubsanable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.

• En ese contexto, se tiene que, las alegaciones de la Entidad no desvirtúan la configuración

del vicio de nulidad advertido, sino que revelan que el vicio es trascendente y no resulta pasible de conservación, dado que, conforme al análisis efectuado, las bases (tanto las integradas como la estándar contienen la deficiencia advertida por la Sala, más aún si inciden en el análisis de la controversia (incoada mediante el recurso de apelación) e incide en los resultados del procedimiento de selección. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, no corresponde amparar los argumentos reseñados y debe proseguirse con el análisis de la nulidad del procedimiento, al haberse vulnerado las bases estándar aplicables al caso concreto.

• Siendo así, como se ha indicado, tratándose de un vicio trascendente, no es posible su

conservación, al haberse contravenido la normativa de contratación pública y tener incidencia en la controversia. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los cuales no son conservables.

• Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de corregir actos

contrarios a sus disposiciones. Al respecto, la nulidad constituye una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

• En adición, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al principio de

legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.

• Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el

literal a) del artículo 70.2 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de bases, a efectos que se regule de manera adecuada el factor de evaluación “Mejoras a las especificaciones técnicas”, en lineamiento con las bases estándar aplicables al procedimiento de selección y la normativa que rige la materia. Cabe indicar que, en el supuesto que la Entidad decida incluir el informe de análisis de ensayo emitido por laboratorio de suelos para acreditar dicho factor de evaluación, deberá cautelar que tal documento reúna las condiciones técnicas pertinentes y resulte posible su obtención, a fin de no restringir la participación de proveedores.

• Asimismo, considerando que en el caso concreto debe declararse la nulidad del

procedimiento de selección, carece de objeto pronunciarse sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley, este

Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y de su Órgano de Control Institucional, para que desarrollen las actuaciones que correspondan, en el marco de sus competencias, así como para que exhorte a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y siendo que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar

en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007- 2025 -OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y la intervención de los vocales Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Erick Joel Mendoza 1 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE- PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad:

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 005-2026-

MDK/OC-2, para la “Adquisición de material afirmado para el proyecto - creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de los sectores Paraiso, José Carlos Mariategui, Los Pinos, La Merced, Palma de Oro, Mozombith, Sacsayhuaman y Residencial Margarita en la capital del distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco”, CUI 2591637, debiéndose retrotraer hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los alcances señalados en la fundamentación.

• Devolver la garantía otorgada por el señor AGUILAR HUAYLLA MOISES, para la

interposición de su recurso de apelación.

• Remitir copia de la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su

Órgano de Control Institucional, para que en mérito a sus atribuciones adopten las acciones que correspondan, conforme al fundamento 26.

• Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el SEACE

las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

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ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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