Resolución N.° 9654-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la nulidad constituye un mecanismo jurídico excepcional orientado a restablecer la legalidad del procedimiento de selección cuando se verifican irregularidades sustanciales que afectan su validez y no pueden ser corregidas mediante mecanismos de conservación. Su finalidad es asegurar que la contratación pública se desarrolle bajo reglas claras, transparentes y compatibles con los principios que rigen la actuación administrativa (...)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7597/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO EDIFICACIÓN, integrado por el señor JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA y, las empresas ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA CONSULTORA INCACAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el marco de la Concurso Público para Consultorías N° 002-2025-MPSR-J-1, efectuado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 23 de

octubre de 2025, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA, en adelante la Entidad contratante, convocó el Concurso Público para Consultorías N° 002-2025- MPSR-J-1, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. 70546 Señor De Huanca del Distrito De Juliaca - Provincia De San Román - departamento de Puno, con CUI N° 2515091”, con una cuantía de la contratación de S/ 530,914.14 (quinientos treinta mil novecientos catorce con 14/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 8 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica); y el 30

de setiembre de 2026, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa DRELCA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 530,914.14 (quinientos treinta mil novecientos catorce con 14/100 soles), conforme al cuadro siguiente:

POSTOR

ETAPAS

BUENA

PROADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA ECONÓMICA PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRELACIÓN

DRELCA

CONTRATISTAS

GENERALES

SOCIEDAD

COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Si CALIFICA 100 100 99.99 1 GANADOR

CONSORCIO

EDIFICACIÓN Si CALIFICA 93 99.98 93.70 2 -

• Con Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 13 y 15 de octubre de 2026

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO EDIFICACIÓN integrado por el señor JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA y, las empresas ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA CONSULTORA INCACAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en adelante el Consorcio Impugnante, presentó recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se descalifique la oferta del Adjudicatario por la presunta presentación de información inexacta:

• Cuestionó el certificado de trabajo del profesional Víctor Hugo Laura Choque

(folio 266), propuesto como especialista en calidad, mediante el cual se acredita experiencia desde el 14 de octubre de 2019 hasta el 31 de julio de 2020. Al respecto, sostuvo que dicho periodo comprende fechas en las que las obras públicas se encontraban paralizadas debido al estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, por lo que cuestionó la veracidad de la experiencia acreditada.

• Asimismo, cuestionó los certificados de trabajo de los profesionales Ronald

Gustavo Colque Ortega, Julio César Callata Barrantes y Wilar Soncco Huamani (folios 251, 256 y 262), propuestos como especialistas en cálculo eléctrico, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, respectivamente. Señaló que dichos documentos acreditan periodos de experiencia ininterrumpidos en una misma obra, pese a que, según la información registrada en INFOBRAS, esta se encontraba paralizada durante marzo de 2026, situación que, a su criterio, evidenciaría la presentación de información inexacta.

• En ese sentido, solicitó que se descalifique la oferta del Adjudicatario por la

presunta presentación de información inexacta en los certificados de experiencia del personal clave y que, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• Mediante Decreto del 16 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación existente. Finalmente, se programó audiencia pública para el 22 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

• Por escrito s/n, presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, el

Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente:

• Respecto del certificado de trabajo del profesional Víctor Hugo Laura Choque,

propuesto como especialista en calidad, señaló que la paralización de las obras durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 no implicó la suspensión de las labores técnicas y administrativas, las cuales continuaron desarrollándose mediante trabajo remoto. Asimismo, indicó que se aprobó una ampliación excepcional de plazo de 42 días calendario, por lo que considera que la experiencia acreditada es válida.

• En cuanto a los certificados de trabajo de los profesionales Ronald Gustavo Colque

Ortega, Julio César Callata Barrantes y Wilar Soncco Huamani, sostuvo que la información registrada en infobras respecto de la paralización de la obra durante marzo de 2026 no acredita que se hayan suspendido las labores de supervisión, pues durante dicho periodo pudieron desarrollarse actividades técnicas y administrativas. Asimismo, presentó una comunicación referida a la valorización correspondiente a marzo de 2026, con la finalidad de sustentar la continuidad de las actividades vinculadas a la obra.

• Agregó que el Impugnante no presentó documentación objetiva que demuestre la

inexactitud de los certificados cuestionados, por lo que corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad, no siendo suficiente la información de INFOBRAS para desvirtuar dicho principio.

• Finalmente, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por

el Consorcio Impugnante y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• El 21 de octubre de 2026, se publicó en el SEACE el Informe N° 1445-2026-MPSR-

J/OGA/OL a través del cual absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente:

• Respecto del certificado de trabajo del profesional Víctor Hugo Laura Choque, señaló

que la paralización de las obras durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 no implica necesariamente la suspensión de las labores de supervisión, pues pudieron continuar desarrollándose actividades técnicas y administrativas. Por ello, consideró que no existen elementos suficientes para acreditar la presunta información inexacta.

• En cuanto a los certificados de los profesionales Ronald Gustavo Colque Ortega, Julio

César Callata Barrantes y Wilar Soncco Huamani, indicó que la información registrada en INFOBRAS sobre la paralización de la obra durante marzo de 2026 no acredita necesariamente que se hayan suspendido las labores de dichos profesionales, por lo que no constituye prueba suficiente para determinar la inexactitud de los documentos cuestionados.

• Asimismo, sostuvo que corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad

y que la autenticidad y veracidad de los certificados deben verificarse mediante fiscalización posterior.

• Finalmente, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme

el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario.

• Mediante Decreto del 22 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y

por absuelto el recurso de apelación.

• Con Decreto del 22 de octubre de 2026, se corrió traslado al Consorcio Impugnante, al

Adjudicatario y a la Entidad contratante respecto de los posibles vicios de nulidad advertidos en las bases integradas del procedimiento de selección, a fin de que emitan su pronunciamiento, conforme a lo siguiente: “(…)

A LA ENTIDAD CONTRATANTE [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN –

JULIACA], AL CONSORCIO IMPUGNANTE [CONSORCIO EDIFICACIÓN] Y AL

ADJUDICATARIO [DRELCA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.]

Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 13 y 15 de octubre de 2026, respectivamente, el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, cuestionando la presunta presentación de información inexacta en los certificados de experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario. En particular, objetó el certificado del especialista en calidad, Víctor Hugo Laura Choque (folio 266), así como los certificados de los profesionales Ronald Gustavo Colque Ortega, Julio César Callata Barrantes y Wilar Soncco Huamani (folios 251, 256 y 262, respectivamente), al considerar que estos comprenderían periodos de paralización de las obras en las que habrían prestado servicios. En atención a la controversia planteada, de la revisión del numeral 1.9.6.2, “Experiencia del plantel profesional clave”, de las bases integradas, se advierte que, respecto de los cargos señalados en los numerales 6, 7 y 8, la Entidad estableció un tiempo mínimo de experiencia de dieciocho (18) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, y contempló diversas denominaciones de cargos y funciones, incluyendo la expresión “en obras en general”. En concreto, se observa lo siguiente: ➢ Numeral 6 – Especialista en Comunicaciones y Especiales: se admiten, entre otros, desempeños vinculados con instalaciones eléctricas o telecomunicaciones, así como la supervisión, inspección o ejecución de obras en general. ➢ Numeral 7 – Especialista en Calidad: se admiten diversos cargos en materia de calidad, control y aseguramiento de calidad, en la supervisión, inspección o ejecución de obras en general. ➢ Numeral 8 – Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA): se admiten diversas funciones relacionadas con seguridad, salud ocupacional y prevención de riesgos, en la supervisión, inspección o ejecución de obras en general. Extracto de las bases del procedimiento – numerales 6, 7 y 8: (…) Por su parte, en el apartado C.1, “Experiencia del personal clave”, de las bases estándar correspondientes a la capacidad técnica y profesional, se prevé que la Entidad debe precisar la denominación del puesto o cargo y el tiempo de experiencia mínimo en los trabajos o prestaciones vinculados a la actividad requerida. Asimismo, se regula la acreditación de dicha experiencia mediante los documentos previstos en ese apartado. (…) Al respecto, el literal b) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento establece que, tratándose de obras y consultoría de obras, la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad que establece el artículo 157 del mismo cuerpo normativo. A su vez, el artículo 157 regula la clasificación de las obras y consultorías de obras según especialidad, subespecialidad y tipología, y dispone que las subespecialidades y tipologías se determinan mediante el listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento; en dicho marco, resulta pertinente la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. De este modo, este Colegiado advierte que la exigencia prevista en los numerales 6, 7 y 8 de las bases integradas, al permitir acreditar experiencia en “obras en general” sin circunscribirla expresamente a la especialidad y subespecialidad correspondientes al objeto de la contratación, podría posibilitar la presentación y valoración de experiencia adquirida en obras de naturaleza distinta. Tal formulación podría contravenir lo dispuesto en el literal b) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento, en concordancia con el artículo 157 del mismo texto normativo y con el listado aprobado por Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. En tal sentido, la situación expuesta, también revelaría que las bases integradas contravendrían las bases estándar aplicables; lo cual, implicaría una contravención al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas; de igual modo, contravendrían los principios de transparencia y facilidad de uso y el de competencia previstos en el literal i) del artículo 5 de la Ley General de Contrataciones Públicas, al no haberse establecido reglas claras y precisas. En consecuencia, en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, SE REQUIERE a la Entidad, al Consorcio Impugnante y al Adjudicatario que, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado conforme a la notificación del presente decreto, emitan su pronunciamiento y precisen si, a su criterio, la situación expuesta configura un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección, acompañando, de estimarlo pertinente, el sustento documental y normativo correspondiente; bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. (…)”.

• A través del escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado de nulidad.

• Por Escrito N° 3, presentado el 29 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal,

el Consorcio Impugnante absolvió el traslado de nulidad.

• Con la Carta N° 1419-2026-MPSR-J/OGA/OL, presentada el 30 de octubre de 2026 en la

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad.

• El 30 de octubre de 2026 se declaró listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente procedimiento, el análisis del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, en el procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos.

• Procedencia del Recurso:

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolverlo, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 74 de la Ley. El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo en su literal a) que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Asimismo, los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público para consultoría, cuya cuantía total asciende al monto de S/ 530,914.14 (quinientos treinta mil novecientos catorce con 14/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos. Por consiguiente, se advierte que los actos que son objeto de apelación no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del Comité de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario se notificó el 30 de setiembre de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo,

para consultoría, el Consorcio Impugnante contaba con el plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 13 de octubre de 2026.

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 13 y 15 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos -referidos a la presentación y subsanación, respectivamente- descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por la representante común, la señora Nelly Mamani Mamani.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda concluirse que el Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aún cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. La presente causal de improcedencia no es aplicable al presente caso, pues el Consorcio Impugnante quedó en segundo lugar en orden de prelación, solicitando que se declare descalificada la oferta del Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro otorgada al Adjudicatario.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue ganador de la buena pro, sino que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

El Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario del procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto y, por su efecto, se tenga por descalificada la oferta de aquel. Por tanto, de la revisión a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. En el presente caso, conforme a la información publicada en el SEACE, la oferta del Consorcio Impugnante fue calificada y obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación; en ese sentido, el referido postor cuenta con interés para cuestionar el otorgamiento de la buena pro.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio:
• De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante formuló

las siguientes pretensiones:

• Se declare descalificada la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se

revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Se otorgue la buena pro a su favor.

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:

• Se confirme la calificación de su oferta; y, en consecuencia, el otorgamiento

de la buena pro del procedimiento de selección.

• Fijación de puntos controvertidos

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad contratante y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de

selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 16 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE1, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 21 de octubre de 2026. Sobre el particular, de la revisión del expediente se aprecia que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento mediante escrito s/n, presentado el 21 de octubre de 2026, esto es, dentro del plazo legal para proponer puntos controvertidos. Por lo tanto, se tomarán en cuenta los alegatos del Impugnante y del Adjudicatario, para determinar los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a

dilucidar son los siguientes: 1 De acuerdo al literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario y, en

consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.
• Análisis de los puntos controvertidos
• Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Además de lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de transparencia, igualdad de trato y libertad de concurrencia, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado

se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de selección.

• El Consorcio Impugnante cuestionó la presunta presentación de información inexacta en

los certificados de experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario. En particular, objetó el certificado del especialista en calidad, Víctor Hugo Laura Choque (folio 266), así como los certificados de los profesionales Ronald Gustavo Colque Ortega, Julio César Callata Barrantes, especialista en instalaciones sanitarias y Wilar Soncco Huamani, especialista en telecomunicaciones (folios 251, 256 y 262, respectivamente), al considerar que estos comprenderían periodos de paralización de las obras en las que habrían prestado servicios.

• La Entidad contratante y el Adjudicatario señalaron que los cuestionamientos formulados

por el Consorcio Impugnante no acreditan la presentación de información inexacta en los certificados de experiencia del personal clave, toda vez que la paralización física de las obras, tanto durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 como en marzo de 2026, no implica necesariamente la suspensión de las labores técnicas y administrativas de supervisión. Asimismo, indicaron que la información registrada en Infobras tiene carácter referencial y no constituye prueba suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados.

• En atención a la controversia planteada, este Tribunal procedió a revisar las bases

integradas, cuyas disposiciones deben ofrecer reglas claras y objetivas tanto para la formulación de las ofertas como para la verificación de su cumplimiento.

• De la revisión del numeral 1.9.6.2, “Experiencia del plantel profesional clave”, de las bases

integradas, se verifica que se requirió la siguiente experiencia: (…) Extracto de las bases del procedimiento – numerales 6, 7 y 8:

• De lo antes mostrado se advierte que, respecto de los cargos señalados en los numerales

6, 7 y 8, la Entidad estableció un tiempo mínimo de experiencia de dieciocho (18) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, y contempló diversas denominaciones de cargos y funciones, incluyendo la expresión “en obras en general”. En concreto, se aprecia lo siguiente: → Numeral 6 - Especialista en Comunicaciones y Especiales: se admiten, entre otros, desempeños vinculados con instalaciones eléctricas o telecomunicaciones, así como la supervisión, inspección o ejecución de obras en general. → Numeral 7 - Especialista en Calidad: se admiten diversos cargos en materia de calidad, control y aseguramiento de calidad, en la supervisión, inspección o ejecución de obras en general. → Numeral 8 - Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA): se admiten diversas funciones relacionadas con seguridad, salud ocupacional y prevención de riesgos, en la supervisión, inspección o ejecución de obras en general.

• Adicionalmente, en las bases estándar del procedimiento de selección, se indica que, para

requerir Experiencia del personal clave, se deben cumplir los siguientes parámetros:

• Como puede apreciarse, para acreditar la experiencia del personal clave, se establece que

la Entidad debe precisar la denominación del puesto o cargo, así como el tiempo mínimo de experiencia requerido, el cual debe corresponder a la especialidad y subespecialidad del objeto de la contratación, conforme a lo establecido en los requisitos de calificación referidos a la experiencia del postor en la especialidad.

• Bajo dichas consideraciones, se advirtió la existencia de un vicio en las bases de la

convocatoria y en las bases integradas, pues en los numerales 6, 7 y 8 de las bases integradas, se permite acreditar experiencia del personal clave en “ejecución de obras en general” sin circunscribirla expresamente a la especialidad y subespecialidad correspondientes al objeto de la contratación. Por ello, en virtud de la facultad prevista en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, este Tribunal corrió traslado del vicio advertido a las partes, mediante decreto del 22 de octubre de 2026.

• En respuesta, la Entidad señaló que las bases integradas fueron objeto de consultas,

observaciones e integración, así como de una supervisión de oficio por parte del OECE, sin que se advirtieran observaciones respecto de los requisitos de experiencia del personal clave. Asimismo, sostuvo que la expresión “obras en general” debe interpretarse conjuntamente con los cargos y funciones específicas establecidos en las bases, pues no se ha prescindido de exigir experiencia relacionada con las actividades de cada especialidad. En ese sentido, considera que no se ha acreditado una afectación concreta al procedimiento de selección ni la existencia de un vicio insubsanable, por lo que solicitó que se descarte la nulidad advertida y se disponga la continuación del procedimiento de selección.

• El Adjudicatario señaló que los requisitos de experiencia del personal clave establecidos

en las bases integradas quedaron firmes al no haber sido cuestionados oportunamente. Asimismo, sostuvo que la expresión “obras en general” resulta válida para los es pecialistas en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA) y Comunicaciones y Especiales, debido a que desarrollan funciones transversales que pueden ejecutarse en obras de distinta naturaleza, favoreciendo la libre concurrencia. Agregó que no se ha acreditado una afectación al interés público ni la existencia de un vicio trascendente que justifique declarar la nulidad, por lo que invocó el principio de conservación del acto administrativo y solicitó que se mantenga la validez de las bases integradas, se continúe con el procedimiento y se confirme la buena pro otorgada a su favor.

• El Consorcio Impugnante señaló que, si bien las bases estándar establecen que la

experiencia del personal clave debe corresponder a las especialidades y subespecialidades de la contratación, dicha exigencia no debería aplicarse estrictamente a los especialistas en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA) y Comunicaciones, debido a que desarrollan funciones similares en distintos tipos de obras. En ese sentido, sostuvo que permitir experiencia en «obras en general» favorece la libre concurrencia y no perjudica la calidad de la supervisión ni el interés público. Asimismo, indicó que la nulidad constituye una medida excepcional que generaría retrasos en la contratación, por lo que solicitó que no se declare la nulidad del procedimiento de selección.

• Al respecto, se aprecia que la Entidad contratante, el Adjudicatario y el Consorcio

Impugnante coinciden en que no debe declararse la nulidad del procedimiento de selección. No obstante, sus argumentos deben contrastarse con las exigencias establecidas en la Ley, el Reglamento y las bases estándar, pues la conformidad manifestada por las partes no subsana, por sí misma, una eventual contravención de las normas.

• Sobre el particular, corresponde precisar que el literal b) del numeral 72.3 del artículo 72

del Reglamento dispone, para las obras y consultorías de obras, que la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y subespecialidad previstas en el artículo 157 del mismo cuerpo normativo. Por su parte, dicho artículo regula la clasificación de las obras y consultorías de obras según especialidad, subespecialidad y tipología, cuya determinación debe observar el listado aprobado mediante Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01.

• En el presente caso, el objeto de la contratación es el servicio de consultoría de obra para

la supervisión del mejoramiento de una institución educativa. Sin embargo, en los numerales 6, 7 y 8 del numeral 1.9.6.2 de las bases integradas, la Entidad admitió experiencia en “obras en general” para los especialistas en Comunicaciones y Especiales, Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA), sin circunscribir expresamente las obras de procedencia de dicha experiencia a la especialidad y subespecialidad del objeto convocado.

• Si bien los especialistas en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo (SSOMA) y

Comunicaciones y Especiales pueden desarrollar funciones similares en distintos tipos de obras, ello no significa que pueda admitirse experiencia adquirida en cualquier obra. En efecto, el literal b) del numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento establece que la experiencia del personal clave debe corresponder a la especialidad y subespecialidad de la contratación. Por tanto, aun cuando las funciones desempeñadas por dichos profesionales sean semejantes, ello no exime a la Entidad de establecer los requisitos de experiencia conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

• Así, el literal b) del numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley

establecen que el Tribunal, en los procedimientos sometidos a su conocimiento mediante recurso de apelación, puede declarar la nulidad de los actos expedidos cuando estos contravengan las normas legales, debiendo precisar la etapa a la cual corresponde retrotraer el procedimiento.

• En el presente caso, el vicio identificado reviste carácter trascendente y no resulta

susceptible de conservación. Ello debido a que incide directamente en las reglas de calificación del personal clave y permite que se acrediten experiencias de obras que no guarden correspondencia con la especialidad y subespecialidad exigibles.

• En ese contexto, este Colegiado concluye que la redacción de la experiencia del personal

clave obrante en los numerales 6, 7 y 8 de las bases integradas, así como de las bases de la convocatoria, contraviene lo dispuesto en el literal b) del numeral 72.3 del artículo 72, concordante con el artículo 157 del Reglamento y el listado aprobado mediante Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01. Asimismo, al apartarse de las bases estándar aplicables a la acreditación de la experiencia del personal clave, se configura la contravención al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, en los términos advertidos en el decreto de traslado.

• En adición, este Colegiado aprecia que, en el caso concreto, ocurrió una afectación a los

principios de transparencia y facilidad de uso, y de competencia, contemplados en el artículo 5 de la Ley, al no ofrecer a los postores un parámetro normativamente adecuado y uniforme para la preparación y calificación de las ofertas, configurándose el supuesto de nulidad previsto en el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley.

• Debe considerarse que, la nulidad constituye un mecanismo jurídico excepcional

orientado a restablecer la legalidad del procedimiento de selección cuando se verifican irregularidades sustanciales que afectan su validez y no pueden ser corregidas mediante mecanismos de conservación. Su finalidad es asegurar que la contratación pública se desarrolle bajo reglas claras, transparentes y compatibles con los principios que rigen la actuación administrativa.

• Bajo este orden de ideas, de conformidad con el literal b) del numeral 70.1 y el literal a)

del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, por la contravención de normas legales, y retrotraerlo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases.

• En tal sentido, considerando que en el presente caso debe declararse la nulidad del

procedimiento de selección, carece de objeto pronunciarse respecto de los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la

LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa de la Entidad contratante la presente Resolución, a fin de que conozca el vicio advertido y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. Asimismo, corresponde exhortar al Comité y a las áreas responsables de la formulación del requerimiento y elaboración de las bases para que observen estrictamente las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública y en las bases estándar aplicables, a fin de evitar la reiteración de situaciones similares que puedan generar nuevas declaraciones de nulidad y afectar la continuidad, oportunidad y eficiencia de las contrataciones públicas.

• Por último, según lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.

• Sin perjuicio de lo anterior, considerando que el Consorcio Impugnante cuestionó la

exactitud de los certificados obrantes en los folios 251, 256, 262 y 266 de la oferta del Adjudicatario, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de dichos documentos, y comunique a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles de notificada la presente resolución, a fin de que se adopten las acciones que correspondan. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad del Concurso Público para Consultorías N° 002-2025-MPSR-

J-1, convocado por la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión del mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. 70546 Señor de Huanca, debiendo retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por CONSORCIO EDIFICACIÓN integrado por el señor

JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA y, las empresas ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA CONSULTORA INCACAT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con motivo de la interposición del recurso de apelación.

• Remitir copia de la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa de la

Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, a fin de que proceda conforme a lo señalado en el fundamento 32.

• Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los certificados de

experiencia correspondientes a los folios 251, 256, 262 y 266 de la oferta del Adjudicatario y comunique los resultados al Tribunal en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles de notificada la resolución.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con registrar en el SEACE, al día siguiente de

publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA

MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA

ORELLANA

PRESIDENTE

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