Resolución N.° 9653-2026-TCP-S2

Sumilla: “(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7783/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Victoria, integrado por CONSTRUCTORA LYXMEL E.I.R.L. y RCD CONTRATISTAS E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 023-2026-MDLYLP-1, convocada por la Municipalidad Distrital La Yarada Los Palos, para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la plaza cívica en la Asociación de Pescadores San Pedro, distrito de La Yarada Los Palos, provincia de Tacna, departamento de Tacna”, con CUI N° 2507946; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 30 de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital La Yarada Los Palos, en

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 023-2026- MDLYLP-1, para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la plaza cívica en la Asociación de Pescadores San Pedro, distrito de La Yarada Los Palos, provincia de Tacna, departamento de Tacna”, con CUI N° 2507946, con una cuantía registrada en el SEACE de S/ 1,092,280.76 (un millón noventa y dos mil doscientos ochenta con 76/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. El procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobada por la Ley N° 32069 y sus modificatorias, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

• De acuerdo con el cronograma publicado en el SEACE, el 7 de octubre de 2026 se

integraron las bases; el 13 del mismo mes y año se realizó la presentación electrónica de ofertas; y el 14 de octubre de 2026 se llevaron a cabo las etapas de admisión, calificación y evaluación de ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro. En el Acta de Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro se consignaron los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

BUENA PRO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA ECONÓMICA PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRELACIÓN

CORPORACIÓN

JUPROG S.R.L. ADMITIDA CALIFICADA 100 1,092,280.76 100 1 SÍ

CONSORCIO

BRIZSA ADMITIDA DESCALIFICADA 60 — — — NO

CONSORCIO

VICTORIA

NO

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO VICTORIA, integrado por CONSTRUCTORA LYXMEL E.I.R.L. y RCD CONTRATISTAS E.I.R.L., en adelante el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la decisión de no admitir su oferta, así como contra la calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. Solicitó que se revoquen dichas actuaciones y se disponga la revisión de las ofertas, sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la no admisión de su oferta

• Afirma que el Comité examinó indebidamente el Anexo N° 6 – Oferta

económica durante la subetapa de admisión, pese a que el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas regula los documentos de admisión de la oferta técnica y contempla el citado anexo de manera diferenciada, en el apartado correspondiente a la oferta económica. Sostiene que las etapas de admisión y evaluación económica tienen objetos y reglas distintas, por lo que un cuestionamiento referido al precio no permitiría declarar no admitida la oferta. ii) Precisa que el importe consignado en letras en su Anexo N° 6 coincidía con S/ 1,092,280.79, y que el Comité aplicó el numeral 61.8 de un reglamento anterior para justificar su exclusión, a pesar de que la contratación se rige por la Ley N° 32069 y su Reglamento. En esa línea, invoca la separación de subetapas y sostiene que no existía fundamento normativo suficiente para adoptar la decisión de no admisión. iii) Alega que el Tribunal ya habría establecido, en la Resolución N° 04536-2026- TCP-S2, que una discrepancia del Anexo N° 6 vinculada con una evaluación económica no debe trasladarse a la subetapa de admisión. Por ello, solicita que se revoque la decisión adoptada respecto de su oferta y se disponga que esta continúe en las etapas que correspondan. Sobre la calificación de la oferta del Adjudicatario iv) Cuestiona que el Comité haya tenido por acreditado el requisito de calificación Experiencia del Postor en la Especialidad. Señala que, conforme a las bases integradas, la contratación se vincula con la subespecialidad “Espacios públicos y recreacionales”, por lo que las contrataciones invocadas por el Adjudicatario debían acreditar dicha correspondencia de manera objetiva, así como el monto efectivamente atribuible a la subespecialidad.

• Indica que el Adjudicatario habría presentado, entre otras experiencias, obras

relacionadas con complejos deportivos, estadios y losas o instalaciones deportivas, cuya denominación no permitiría reconocer automáticamente que se trata de parques y espacios públicos para esparcimiento y recreación. Invoca los criterios de la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01 y de la Resolución N° 04766-2026-TCP-S2 para sostener que la especialidad o subespecialidad debe examinarse a partir del objeto y las prestaciones ejecutadas, no únicamente de la denominación asignada por el postor. vi) Agrega que, cuando un contrato comprende prestaciones de distintas subespecialidades, solo debe computarse el importe realmente acreditado como correspondiente a aquella requerida. Sostiene que, si no se acreditara el monto mínimo exigido, correspondería descalificar la oferta del Adjudicatario y revocar la buena pro otorgada a su favor. Sobre la oferta económica del Adjudicatario vii) Sostiene que en el Anexo N° 6 del Adjudicatario se consignaron dos importes distintos: S/ 1,092,280.76 en el cuadro denominado “Resumen del presupuesto ofertado” y S/ 1,902,280.76 en la declaración final del precio, expresada tanto en números como en letras. Refiere que la diferencia de S/ 810,000.00 impide identificar de manera inequívoca el precio efectivamente ofertado. viii) Señala que no puede presumirse la prevalencia del cuadro sobre la declaración final ni tratarse esta última como una errata de fácil corrección, por cuanto ambos extremos forman parte de un mismo documento de oferta suscrito por el postor. A su criterio, una sustitución posterior de S/ 1,902,280.76 por S/ 1,092,280.76 modificaría un elemento esencial de la propuesta económica y excedería el ámbito de subsanación previsto en el

artículo 78 del Reglamento.

ix) Manifiesta que el Comité no motivó por qué consideró conforme la oferta económica del Adjudicatario pese a dicha divergencia y que, al excluir al Impugnante por una diferencia de S/ 0.03, habría aplicado un trato distinto ante cuestionamientos de naturaleza económica. Solicita, por ello, que se descalifique la oferta del Adjudicatario. Sobre la evaluación técnica del Adjudicatario

• Cuestiona que se hayan asignado treinta (30) puntos en el factor Experiencia

Adicional del Postor en la Especialidad, pues en el Anexo N° 11 el Adjudicatario habría declarado un monto acumulado de S/ 2,726,656.79, mientras que el Comité reconoció S/ 4,203,732.94. Señala que la diferencia de S/ 1,477,076.15 debe ser sustentada mediante la documentación que integra la oferta y no puede presumirse de oficio. xi) Asimismo, observa que en el factor Gestión de Calidad se habrían otorgado cinco (5) puntos por la acreditación de una certificación ISO 9001:2015, pese a que las bases prevén tres (3) puntos para la certificación con alcance en ejecución o consultoría de obras y dos (2) puntos cuando se trate de otro sistema reconocido sin alcance específico. Añade que tampoco se individualizó en el cuadro de evaluación el factor Seguridad y Salud, pese a que aparece una puntuación técnica total de cien (100) puntos. xii) Concluye que dichos defectos habrían incidido en el puntaje total de la oferta del Adjudicatario, así como en la bonificación del 5 % correspondiente a su condición de micro o pequeña empresa. Solicita que se revisen y rectifiquen los puntajes, de conformidad con las reglas de evaluación de las bases integradas.

• Con Decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se suspendió el procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico-legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso; y se notificó al Adjudicatario para que, dentro del mismo plazo, absuelva el traslado del recurso. De igual modo, se programó audiencia pública para el 28 de octubre de 2026.

• A través del Decreto del 28 de octubre de 2026, la Segunda Sala del Tribunal, al

advertir posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, corrió traslado a la Entidad, al Consorcio Impugnante y al Adjudicatario, con la finalidad de que emitan su pronunciamiento dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, de conformidad con el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento; requiriendo lo siguiente:

A LA ENTIDAD, AL CONSORCIO VICTORIA, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORA

LYXMEL E.I.R.L. Y RCD CONTRATISTAS E.I.R.L. [CONSORCIO IMPUGNANTE] Y CORPORACIÓN

JUPROG S.R.L. [ADJUDICATARIO]

Al respecto, mediante el recurso de apelación, el Consorcio Impugnante cuestiona la evaluación efectuada por el Comité respecto del Anexo N° 6 – Oferta económica presentado por el Adjudicatario, debido a que este consignó dos importes contradictorios: en el cuadro denominado “Resumen del presupuesto ofertado”, indicó un importe total de S/ 1 092 280.76; mientras que, en el párrafo correspondiente a la declaración final de su oferta económica, señaló que el precio ofertado ascendía a S/ 1 902 280.76, consignando este último importe tanto en números como en letras. Sobre el particular, de la revisión del numeral 1.4 del Capitulo I – Generalidades de la sección especifica de las bases integradas, respecto a la cuantía de la contratación, se advierte lo siguiente: Como se puede apreciar, en el primer párrafo del acápite correspondiente a la cuantía de la contratación, la Entidad consignó como monto de dicha cuantía la suma de S/ 1,902,280.76. No obstante, en el mismo acápite se incluyó un cuadro que detalla las obligaciones y los costos de los componentes de la ejecución de la obra, en el cual se establece el presupuesto base de edificación o infraestructura la suma de S/ 1,092,280.76. De lo expuesto, se advierte que las bases integradas contienen dos montos distintos en el acápite referido a la cuantía de la contratación, sin que de la información descrita permita identificar, de manera inequívoca, cuál de los importes corresponde al presupuesto previsto para la contratación. En consecuencia, dicha inconsistencia podría generar incertidumbre respecto del monto que debía ser considerado por los participantes para la formulación de sus ofertas económicas. Por tanto, la situación descrita evidenciaría la transgresión al principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme al cual las actuaciones se basan en reglas y criterios claros y accesibles. En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, por una posible contravención a las normas legales y las reglas del procedimiento de selección”.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 4 de noviembre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado conferido mediante el Decreto N° 771730, manifestando lo siguiente:

• Considera que la inconsistencia del numeral 1.4 resulta sustancial, pues la cifra

de S/ 1,902,280.76 aparece expresamente como cuantía de la contratación, mientras que S/ 1,092,280.76 figura en el presupuesto base de edificación o infraestructura. Sostiene que el pie de página N° 11 de las bases, referido a la prevalencia de la cuantía contenida en las bases respecto de la registrada en el SEACE, no resuelve la contradicción existente dentro del propio documento de bases integradas. ii) Expresa que el presupuesto del expediente técnico y el registro del SEACE muestran S/ 1,092,280.76, pero ello no elimina por sí mismo la incertidumbre generada por el texto del numeral 1.4, en particular porque la evaluación económica fue configurada como oferta fija equivalente al 100 % de la cuantía. Añade que la Opinión N° D000073-2026-OECE-DTN se refiere a verificar la equivalencia entre el monto ofrecido y la cuantía, y no a examinar el desglose de los componentes del precio. iii) Sostiene que, de acuerdo con los numerales 46.4 y 46.5 del artículo 46 de la Ley y con el principio de transparencia y facilidad de uso, las reglas que determinan el precio deben ser claras y objetivas desde la convocatoria. Señala que la coexistencia de dos referencias económicas en las bases podría afectar la igualdad en la formulación de las ofertas y que resulta relevante valorar si contribuyó a la contradicción advertida en el Anexo N° 6 del Adjudicatario, sin afirmar que exista una relación causal acreditada. iv) Invoca la Resolución N° 08692-2026-TCP-S6 del 16 de setiembre de 2026, señalando que la Sexta Sala habría considerado trascendente la discordancia entre importes económicos consignados en las bases y en documentos del expediente técnico, por afectar la claridad de las reglas del procedimiento, y habría dispuesto su retroacción a convocatoria. Añade que los criterios de dicha resolución son pertinentes por el deber de proporcionar información económica coherente y uniforme.

• Finalmente, considera que la contradicción advertida no resulta susceptible

de conservación, toda vez que su superación exigiría escoger con posterioridad uno de los importes consignados en las bases como referencia económica del procedimiento. Solicita que se valore la configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 70 de la Ley, precisando que su escrito constituye únicamente una absolución del traslado de nulidad y no una ampliación de las pretensiones de su apelación.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Victoria contra la decisión de no admitir su oferta y, adicionalmente, contra la calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro a favor de CORPORACIÓN JUPROG S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 023-2026-MDLYLP-1.

• VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, siempre que hayan sido emitidos antes del perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

• En relación con ello, debe tenerse presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa están sujetos a dos niveles de control: uno formal, referido a los requisitos de admisibilidad; y otro sustancial, vinculado a la verificación de su procedencia. En este último caso, el análisis está orientado a determinar si concurren las condiciones que habilitan un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, corresponde verificar las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, atendiendo a los documentos incorporados al expediente y a las particularidades del recurso interpuesto.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley. El literal a) del artículo 308 del Reglamento delimita la competencia para resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley. En el presente caso, la cuantía del procedimiento de selección consignada en el SEACE asciende a S/ 1,092,280.76, importe superior a cincuenta (50) UIT, por lo que corresponde al Tribunal de Contrataciones Públicas conocer el recurso de apelación. La discrepancia interna del numeral 1.4 de las bases no altera la competencia del Tribunal, pues ambos importes allí consignados superan dicho umbral.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento establece taxativamente los actos no impugnables. En el presente caso, el Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta, la calificación y evaluación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, actuaciones que no se encuentran comprendidas entre los supuestos previstos en dicho artículo.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

De conformidad con el numeral 304.2 del artículo 304 del Reglamento, tratándose de licitación pública abreviada, el plazo para interponer apelación contra la buena pro o contra actos anteriores a esta es de cinco (5) días hábiles siguientes de su notificación. En el presente caso, la buena pro fue publicada en el SEACE el 14 de octubre de 2026, por lo que el plazo vencía el 21 del mismo mes y año. El Escrito N° 1 se presentó precisamente el 21 de octubre de 2026, por lo que el recurso fue interpuesto dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso se aprecia que fue formulado a nombre del Consorcio Victoria, integrado por CONSTRUCTORA LYXMEL E.I.R.L. y RCD CONTRATISTAS E.I.R.L., y suscrito por el señor Leonidas Meléndez Condori, identificado en el escrito como representante común del consorcio. Por tanto, de la documentación acompañada no se advierte que concurra la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos

de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los documentos obrantes en los actuados proporcionados no se advierte elemento que permita establecer que alguno de los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentre impedido para participar en el procedimiento de selección o para contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos

civiles. De los actuados disponibles no se advierte elemento que permita concluir que el Consorcio Impugnante, a través de sus integrantes y representante común, carezca de capacidad para ejercer actos jurídicos en el marco del presente procedimiento.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, si bien la oferta del Impugnante fue declarada no admitida, el primer extremo del recurso está dirigido expresamente a revertir dicha decisión, al cuestionar que el Comité haya efectuado una verificación económica durante la subetapa de admisión. En consecuencia, la condición de no admitido no determina, por sí sola y en esta etapa de procedencia, la improcedencia del recurso, sin perjuicio del orden en que correspondería examinar sus pretensiones de fondo.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

La buena pro fue otorgada a CORPORACIÓN JUPROG S.R.L., mientras que el recurso de apelación fue interpuesto por el Consorcio Victoria, cuya oferta fue declarada no admitida. En consecuencia, no se configura la presente causal de improcedencia.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su

petitorio.

El Impugnante atribuye la no admisión de su oferta a una revisión económica efectuada durante una subetapa que considera inadecuada; asimismo, cuestiona la acreditación de experiencia, el contenido del Anexo N° 6 y la asignación de factores de evaluación al Adjudicatario. En concordancia con tales hechos, solicita la revocación de las decisiones correspondientes y la revisión de la calificación y evaluación. Se aprecia, por tanto, conexión lógica entre los hechos invocados y las pretensiones formuladas.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, reconoce la facultad de contradicción administrativa. En este caso, el Consorcio Victoria participó en el procedimiento y fue afectado por la decisión de no admitir su oferta, la cual impugna expresamente. En consecuencia, se advierte interés para obrar y legitimidad para cuestionar dicha actuación y, de corresponder, las actuaciones posteriores vinculadas con la adjudicación.

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones precedentes, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento que impida continuar con el análisis. Corresponde, por tanto, determinar las pretensiones y fijar los puntos controvertidos que resultan de los escritos aportados.

• PRETENSIONES:
• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó al Tribunal lo siguiente:

• Que se revoque la no admisión de su oferta y se disponga su admisión, y por

consecuencia de ello, se revoque la buena pro del procedimiento de selección otorgada al Adjudicatario. ii) Que se revoque la calificación de la oferta del Adjudicatario y se declare su descalificación. iii) Que se revoque el puntaje técnico otorgado al Adjudicatario, se evalúen nuevamente los factores de Experiencia Adicional, Gestión de Calidad y Seguridad y Salud, y por consecuencia, se determine la puntuación y el orden de prelación que correspondan.

• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, debe tenerse en cuenta el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual las partes formulan sus pretensiones y ofrecen medios probatorios en el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, y la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto en tales escritos. En ese sentido, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, son materia de análisis los cuestionamientos que se originan a partir de los argumentos comprendidos en el recurso de apelación y en la absolución del traslado efectuada de manera oportuna, sin perjuicio del examen de los vicios de nulidad advertidos de oficio por el Tribunal.

• En el presente caso, de la documentación acompañada se cuenta con el recurso

interpuesto por el Consorcio Victoria y con su posterior escrito de absolución del traslado del posible vicio de nulidad. Este último escrito no incorpora nuevas pretensiones al recurso, sino que expresa la posición de dicha parte respecto de la irregularidad advertida por la Sala.

• Por lo tanto, en atención a las pretensiones formuladas, los puntos controvertidos

del presente recurso son los siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la decisión de no admitir la oferta del

Consorcio Impugnante, y por consecuencia, revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. ii) Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. iii) Determinar si corresponde modificar los puntajes asignados al Adjudicatario en los factores de Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad, Gestión de Calidad y Seguridad y Salud y, como consecuencia, revisar el resultado del procedimiento.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas es que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, en un escenario que garantice la concurrencia de proveedores y la transparencia y objetividad de los procedimientos de selección.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que orientan y delimitan la actuación de la Administración y de los administrados, y que sirven para controlar la discrecionalidad en la aplicación de las reglas del procedimiento. Entre ellos se encuentran los principios de transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, libertad de concurrencia y competencia, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos expuestos, este Colegiado efectuará el análisis correspondiente, teniendo presente que se ha identificado de oficio una cuestión previa de nulidad que, por encontrarse referida a las bases integradas del procedimiento de selección, debe resolverse antes de examinar los cuestionamientos particulares formulados contra las ofertas.

CUESTIÓN PREVIA: SOBRE EL VICIO DE NULIDAD ADVERTIDO

• Durante la tramitación del recurso, el Consorcio Impugnante cuestionó, entre otros

extremos, los dos importes consignados en el Anexo N° 6 – Oferta económica del Adjudicatario, pues este declaró un precio distinto del que figuraba en el cuadro- resumen del presupuesto ofertado. El examen de dicho cuestionamiento llevó a la Segunda Sala a revisar las reglas económicas incorporadas por la Entidad en las bases integradas del procedimiento de selección. En esa revisión se advirtió que el numeral 1.4 del Capítulo I – Generalidades, de la

distintas: en el primer párrafo señala que la cuantía asciende a S/ 1,902,280.76, mientras que el cuadro del mismo apartado consigna S/ 1,092,280.76 como presupuesto base de edificación o infraestructura. Para mayor detalle, se reproduce el extremo pertinente del numeral 1.4 de las bases integradas, reproducido igualmente en el Decreto N° 771730 del 28 de octubre de 2026:

• De lo expuesto se advierte que la inconsistencia no se ubica en documentos de

distinta naturaleza o jerarquía, sino en un mismo numeral de las bases integradas destinado a identificar la cuantía de la contratación. La diferencia entre las dos cantidades asciende a S/ 810,000.00, monto que representa una variación sustantiva respecto de la referencia económica menor y que, por su magnitud, no puede tratarse como una diferencia de redondeo o de expresión monetaria irrelevante. Si bien la cifra de S/ 1,092,280.76 aparece en el cuadro presupuestario, en la ficha del SEACE y en los documentos de otorgamiento de buena pro, la cifra de S/ 1,902,280.76 se encuentra consignada expresamente en el párrafo que determina la cuantía de la contratación, incluso expresada en letras. De ese modo, el propio documento de bases integradas proporciona dos referencias disímiles para una condición económica esencial. Asimismo, las bases previeron que los evaluadores descalificarían las propuestas económicas que ofertaran montos diferentes al 100 % de la cuantía y que no correspondería asignar puntaje por el factor económico, determinándose el puntaje total a partir de la evaluación técnica. En consecuencia, la determinación inequívoca de la cuantía no constituía una referencia meramente informativa, sino el parámetro del que dependía la conformidad económica de las ofertas.

• En atención a lo expuesto, mediante Decreto del 28 de octubre de 2026, la

Segunda Sala del Tribunal corrió traslado a la Entidad, al Consorcio Impugnante y al Adjudicatario sobre la posible existencia de un vicio de nulidad en las bases integradas, al considerar que la inconsistencia advertida podría comprometer el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley. El referido decreto fue emitido conforme al numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, que faculta al Tribunal a identificar de oficio posibles vicios de nulidad y dispone correr traslado a las partes para que emitan su pronunciamiento en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Con ello, se otorgó a los interesados la oportunidad de exponer su posición antes de adoptar una decisión acerca de la validez del procedimiento de selección.

• Al absolver el traslado, mediante Escrito N° 3 presentado el 4 de noviembre de

2026, el Consorcio Impugnante sostuvo que la contradicción del numeral 1.4 es sustancial, pues el primer párrafo identifica la cuantía de contratación en S/ 1,902,280.76, en tanto el cuadro del mismo numeral consigna S/ 1,092,280.76. Añadió que el pie de página N° 11 de las bases no permite resolver una divergencia que se produce dentro del mismo documento. Asimismo, señaló que la revisión de la información consignada en el SEACE y del presupuesto del expediente técnico demuestra la presencia de la cifra menor, pero no elimina la incertidumbre generada por las propias bases; y que, en una contratación con oferta económica fija al 100 %, la claridad del parámetro económico constituye una condición indispensable para la formulación y evaluación de propuestas. Finalmente, invocó el criterio desarrollado en la Resolución N° 08692-2026-TCP-S6 y sostuvo que no corresponde conservar actuaciones sustentadas en reglas de carácter económico contradictorias. Cabe precisar que dicho escrito se limitó a absolver el traslado del posible vicio y no constituyó una nueva impugnación de las bases ni una ampliación de los cuestionamientos inicialmente formulados.

• Sobre el particular, debe recordarse que el literal i) del artículo 5 de la Ley recoge

el principio de transparencia y facilidad de uso, en virtud del cual las actuaciones y decisiones desarrolladas dentro del proceso de contratación deben sujetarse a reglas y criterios claros, objetivos y accesibles. Tal exigencia comprende las condiciones económicas previstas en las bases, pues son las que permiten que los participantes conozcan anticipadamente el monto que deben considerar al estructurar su propuesta. Asimismo, el artículo 46 de la Ley contempla reglas relativas a la formulación del requerimiento y a la documentación técnica y económica que sustenta la contratación. En ese marco, la claridad de las condiciones de la convocatoria constituye un presupuesto de la participación en igualdad de condiciones, en tanto impide que los postores deban efectuar interpretaciones subjetivas o disímiles acerca de elementos esenciales de su oferta.

• En el presente caso, no se discute únicamente si el expediente técnico o el registro

informático muestran una cifra que, apreciada aisladamente, resulte consistente con el presupuesto de la obra. Lo que corresponde determinar es si la Entidad estableció en las bases integradas, como reglas definitivas del procedimiento, una cuantía clara y uniformemente identificada que permitiera a todos los participantes formular una oferta económica fija con el mismo parámetro. En efecto, aunque el cuadro del numeral 1.4 consigna S/ 1,092,280.76 como presupuesto base y el SEACE registra ese mismo importe, no puede soslayarse que el primer párrafo del referido numeral establece, bajo la denominación “Cuantía de la contratación”, el importe de S/ 1,902,280.76, con su expresión literal. Ambas referencias aparecen en un mismo apartado y ninguna se encuentra acompañada de una disposición que explique la diferencia o delimite objetivos económicos distintos para cada cifra.

• Aunado a lo anterior, el propio cuadro económico del numeral 1.4 presenta

problemas de consistencia en la identificación de sus componentes, pues exhibe un subtotal de S/ 925,661.66 y un renglón de impuesto general a las ventas que consigna S/ 1,092,280.76, cifra que coincide con el costo total y no con el impuesto calculado sobre el subtotal. Esta observación se efectúa únicamente como elemento contextual de la claridad de la información económica examinada y no constituye una nueva imputación autónoma de nulidad. Por tanto, la comparación de cifras efectuada a posteriori puede permitir inferir cuál habría sido el monto que la Entidad pretendió registrar en el presupuesto, pero no modifica el hecho de que, al convocarse el procedimiento y recibirse las ofertas, las bases contenían simultáneamente dos importes diferentes en el apartado destinado a fijar la cuantía. El examen de legalidad debe centrarse en la claridad de las reglas efectivamente comunicadas a los potenciales postores y no únicamente en la posibilidad de reconstruir su sentido con documentación complementaria.

• En cuanto al pie de página N° 11 del numeral 1.4, debe precisarse que este regula

la prevalencia de la cuantía consignada en las bases integradas cuando exista divergencia respecto de la información registrada en el SEACE. Sin embargo, tal regla presupone que el propio documento de bases determine una única cuantía susceptible de prevalecer frente a otra fuente. En el presente caso, las dos referencias divergentes se encuentran consignadas dentro del mismo numeral de las bases, circunstancia que excede el supuesto regulado por dicha disposición. Consecuentemente, no puede sostenerse que la regla de prevalencia solucione de modo automático la contradicción advertida, dado que no indica cuál de los dos importes establecidos en las propias bases debe ser considerado a efectos de la presentación de una oferta económica equivalente al 100 % de la cuantía de la contratación.

• Tampoco resulta suficiente afirmar que, dado que los postores que participaron

consignaron importes próximos al presupuesto registrado en el SEACE, la inconsistencia careció de relevancia jurídica. La obligación de establecer reglas claras rige desde la convocatoria y tutela también las condiciones de acceso y participación de potenciales proveedores que deciden intervenir —o abstenerse de hacerlo— a partir de la información oficial de la contratación. La eventual coincidencia de determinadas propuestas con la cifra registrada en el SEACE no convalida una contradicción objetiva del documento normativo del procedimiento. A ello se añade que la propia controversia sometida al Tribunal exhibe discrepancias relativas a las cantidades de la oferta económica y a las consecuencias de apartarse de una referencia monetaria, lo que evidencia la relevancia práctica de contar con una regla de cuantía única y determinada.

• Sobre este extremo, debe distinguirse entre el examen de una supuesta

discrepancia en el precio ofrecido por un postor y el examen de la regularidad de las bases. En el primero, correspondería verificar el contenido concreto del Anexo N° 6 y la aplicabilidad de las reglas de evaluación y subsanación; en el segundo, que constituye la cuestión previa, se examina si el parámetro general para la formulación de todas las ofertas fue establecido de manera válida, clara y objetiva. Precisamente, cuando la condición económica fijada en las bases presenta una contradicción interna, no resulta jurídicamente adecuado resolver de manera definitiva las divergencias contenidas en los Anexos N° 6 de los postores sin antes determinar la validez de la regla común que debía servir como referencia para contrastar sus ofertas. La posibilidad de resolver los casos individuales depende de que las reglas del procedimiento se encuentren válidamente configuradas.

• En relación con la conservación de las actuaciones, corresponde precisar que la

irregularidad advertida no consiste en una omisión de carácter meramente formal que pueda corregirse sin incidir en las condiciones esenciales del procedimiento. Se trata de una contradicción sobre la cuantía de la contratación, que funciona como referencia indispensable para la preparación y evaluación de las ofertas económicas en una licitación pública abreviada de obras con monto fijo al 100 %. En tal escenario, optar después de la presentación de las ofertas por cualquiera de los dos importes consignados en el numeral 1.4 supondría definir retroactivamente cuál era la condición económica que debía regir la participación de los postores. Ello no equivale a aclarar un aspecto accesorio: implica seleccionar, a posteriori, la regla económica decisiva para determinar la conformidad o disconformidad de las propuestas, lo que comprometería la certeza y previsibilidad de las condiciones de competencia.

• Por tanto, no resulta atendible sostener que el vicio pueda conservarse por la sola

circunstancia de que el presupuesto del expediente técnico permita verificar una cantidad o que la buena pro haya sido otorgada por el monto registrado en el SEACE. La irregularidad se encuentra en la configuración de las reglas del procedimiento, de modo que trasciende las actuaciones de evaluación de un postor en particular y se proyecta sobre la formulación de todas las propuestas económicas. En efecto, mientras el primer párrafo del numeral 1.4 consigna expresamente S/ 1,902,280.76 como cuantía de contratación, el cuadro del mismo numeral consigna S/ 1,092,280.76 como presupuesto base. La diferencia de S/ 810,000.00 representa una divergencia sustancial que no puede reconciliarse mediante una lectura literal unívoca del apartado; por ello, la incertidumbre generada no puede ser superada válidamente mediante una simple interpretación posterior de los evaluadores.

• A juicio de este Colegiado, la inconsistencia descrita compromete el principio de

transparencia y facilidad de uso, toda vez que las bases integradas no proporcionaron una regla económica uniforme e inequívoca para la presentación de ofertas. La exigencia de claridad era especialmente relevante dado que el numeral 4.2 del Capítulo IV disponía que las propuestas económicas debían equivaler al 100 % de la cuantía, bajo apercibimiento de descalificación cuando se apartaran de dicho monto. No se trata, por consiguiente, de declarar la nulidad porque se haya demostrado que la totalidad de los participantes adoptó interpretaciones distintas, sino porque las propias reglas del procedimiento contenían una contradicción objetiva y trascendente sobre una condición esencial. El deber de transparencia exige que la Administración proporcione desde un inicio información coherente, sin trasladar a los postores el riesgo de elegir entre cifras incompatibles de un mismo documento.

• En ese contexto, corresponde señalar que el literal b) del numeral 70.1 del artículo

70 de la Ley establece que procede declarar la nulidad de los actos expedidos dentro de un procedimiento de selección cuando contravengan las normas legales. A su vez, el literal a) del numeral 70.2 del citado artículo reconoce la competencia del Tribunal para declarar la nulidad de los actos sometidos a su conocimiento en virtud de un recurso de apelación, debiendo expresar la etapa a la cual se retrotrae el procedimiento. En concordancia con ello, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento dispone que, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos contemplados en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en virtud del recurso o de oficio, y no resulte posible conservar el acto, declara la nulidad de las actuaciones correspondientes y precisa la etapa a la cual se retrotrae la fase de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.

• La declaración de nulidad constituye, así, un mecanismo destinado a restablecer la

legalidad de la actuación administrativa cuando se verifica un defecto que afecta condiciones esenciales del procedimiento de selección. Su finalidad no es imponer una consecuencia formal por una inconsistencia aislada, sino garantizar que los proveedores puedan formular y competir con sus ofertas conforme a reglas claras, objetivas y válidamente establecidas. En el presente caso, se ha verificado que la Entidad consignó en el numeral 1.4 de las bases integradas dos importes diferentes correspondientes al apartado destinado a determinar la cuantía de la contratación, en contravención del principio de transparencia y facilidad de uso. Dicho defecto afecta la regla económica común que rige la formulación y evaluación de ofertas, por lo cual reviste carácter trascendente y no resulta susceptible de conservación.

• Dado que la inconsistencia se incorporó en las bases con las que se convocó el

procedimiento de selección y constituyó una condición puesta en conocimiento de los proveedores desde la convocatoria, la corrección de tal irregularidad exige que la Entidad reformule y apruebe reglas económicas coherentes y uniformes, antes de que los interesados presenten nuevamente sus propuestas. En tal sentido, la retroacción debe disponerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases y verificación de la correspondencia entre la cuantía, el presupuesto aprobado y la documentación del procedimiento. Al efectuar dicha actuación, la Entidad deberá establecer expresamente una sola cuantía para la contratación, verificar su correspondencia con el presupuesto y el expediente técnico aprobados, y adecuar las demás disposiciones que empleen la cuantía como parámetro, en especial las reglas de presentación y evaluación de la oferta económica fija. Asimismo, deberá revisar la coherencia de los componentes y subtotales de los cuadros económicos que incorpore en las bases.

• En atención a las consideraciones expuestas, de conformidad con el literal b) del

numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección y disponer su retroacción a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases y de los extremos pertinentes de la documentación que las sustente.

• Dado que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección por la

existencia de un vicio trascendente en las propias bases integradas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos fijados en el presente recurso.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y del Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, al disponerse la nulidad del procedimiento de selección y carecer de

objeto pronunciarse sobre el fondo del recurso, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Consorcio Impugnante para la interposición del recurso de apelación, conforme al literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 023-

2026-MDLYLP-1, convocada por la Municipalidad Distrital La Yarada Los Palos, para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la plaza cívica en la Asociación de Pescadores San Pedro, distrito de La Yarada Los Palos, provincia de Tacna, departamento de Tacna”, con CUI N° 2507946, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases y de los documentos pertinentes, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por el Consorcio Victoria, integrado por

CONSTRUCTORA LYXMEL E.I.R.L. y RCD CONTRATISTAS E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación.

• Remitir copia de la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa

y al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.