Resolución N.° 9652-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos administrativos. En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 6099/2025.TCP, sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa ASCENSORES S. A., contra la Resolución N° 08664-2026-TCP-S2 del 14 de setiembre de 2026; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Mediante Resolución Nº 08664-2026-TCP-S2 del 14 de setiembre de 2026, en

adelante la Resolución, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante la Sala, sancionó a la empresa ASCENSORES S. A., con veinticinco (25) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la Entidad, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2023-EF/43 (Primera Convocatoria), convocada por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, en adelante, la Entidad. Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley 30225, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 377-2019-EF1, N° 168-2020-EF2, N° 250- 2020-EF3, en adelante el Reglamento.

• Los principales fundamentos de la Resolución fueron los siguientes:

1 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2019, vigente a partir del 15 del mismo mes y año. 2 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2020, vigente a partir del 1 de julio del mismo año. 3 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2020, vigente a partir del 5 del mismo mes y año.

• La imputación efectuada contra la empresa ASCENSORES S. A., en adelante

el Impugnante, versó en haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, consistente en el “Certificado de Trabajo del 30 de diciembre de 2022”, supuestamente emitido por la empresa ELECTRÓNICA DE ELEVADORES PERÚ S.A.C, a través del cual certificó que el señor Luis Alberto Soto Chicoma se desempeñó en el cargo de “RESIDENTE DE OBRA” en su representada, desde el 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2022, y en el “Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2014”, supuestamente emitido por la empresa ASCENSORES ANDINOS INGENIEROS S.A, a través del cual se certifica que el señor Christian Heuler Melendez Balazar ha laborado para dicha empresa, en el cargo de “JEFE DE ÁREA DE INSTALACIÓN” desde el 12 de noviembre de 2013 al 21 de febrero de 2014. Sobre la falsedad e inexactitud del “Certificado de Trabajo del 30 de diciembre de 2022”

• Al respecto, el Colegiado advirtió que, según la documentación obrante en

el expediente, la empresa ELECTRÓNICA DE ELEVADORES PERÚ S.A.C, que figura como supuesto emisor del documento cuestionado “Certificado de Trabajo del 30 de diciembre de 2022”, había indicado que dicho documento había sido adulterado respecto de la fecha de inicio del periodo laboral, remitiendo además, copia simple del certificado que identificó como originalmente expedido a favor del señor Luis Alberto Soto Chicoma, en el cual se consignó como fecha de inicio de labores el 1 de noviembre de 2021, mientras que en el certificado presentado por el ahora Impugnante ante la Entidad figura el 1 de noviembre de 2019; por lo que determinó que el Certificado de Trabajo cuestionado es un documento adulterado.

• Aunado a ello, el Colegiado advirtió que el Certificado de Trabajo del 30 de

diciembre de 2022 contiene información inexacta, al consignar que el señor Luis Alberto Soto Chicoma inició sus labores como Residente de Obra el 1 de noviembre de 2019, cuando se encuentra acreditado que dicho periodo se inició el 1 de noviembre de 2021; asimismo, dicha información se encontraba directamente relacionada con el cumplimiento de la experiencia mínima exigida para el Especialista en Instalaciones y representó una ventaja concreta para el ahora Impugnante en el procedimiento de selección, puesto que precisamente la oferta del ahora Impugnante fue calificada.

• Por otro lado, si bien el Impugnante alegó que actuó con diligencia y buena

fe y sin intención de sorprender a la Entidad, pues encargó el proceso de reclutamiento y selección del señor Luis Alberto Soto Chicoma a ATREVETE Gestión del Talento y Coaching E.I.R.L., empresa que le habría remitido la documentación laboral del referido profesional, incluido el certificado cuestionado, además de indicar que el señor Luis Alberto Soto Chicoma suscribió una Declaración Jurada de veracidad de los documentos presentados, en la cual manifestó haber obtenido experiencia como Residente en la empresa ELECTRÓNICA DE ELEVADORES PERÚ S.A.C. desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022; se precisó que tal situación no desvirtúa su responsabilidad en la infracción imputada, toda vez que, la conducta atribuida al ahora Impugnante no consiste en haber elaborado o adulterado el certificado, sino en haberlo presentado ante la Entidad como parte de su oferta. Sobre la falsedad e inexactitud del “Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2014”

• Al respecto, el Colegiado advirtió que, según la documentación obrante en

el expediente, la empresa ASCENSORES ANDINOS INGENIEROS S.A., representada por su Gerente de Administración y Finanzas, el señor Yoni Salazar Cossio, que figura como supuesto emisor del documento cuestionado “Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2014”, se ratificó en la respuesta anteriormente brindada a la Entidad y precisó que la firma consignada en el certificado cuestionado, atribuida a su persona, no tenía validez y era falsificada; por lo que determinó que el Certificado de Trabajo cuestionado es un documento falso.

• Asimismo, el Colegiado advirtió que si bien la empresa ASCENSORES

ANDINOS INGENIEROS S.A. ha desconocido la autenticidad de la firma atribuida al señor Yoni Salazar Cossio, la propia empresa ha confirmado que el señor Christian Heuler Melendez Balazar efectivamente laboró para aquella, se desempeñó como Jefe del Área de Instalación y prestó servicios desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 21 de febrero de 2014, esto es, el mismo cargo y periodo consignados en el documento cuestionado. Incluso, remitió un certificado de trabajo actualizado que da cuenta de dicha experiencia, por lo que la información contenida en el certificado respecto del vínculo laboral, cargo desempeñado y periodo de servicios no es discordante con la realidad.

• Por su parte, el Impugnante alegó, entre otros, que el certificado

cuestionado fue proporcionado por el propio señor Christian Heuler Melendez Balazar, conforme al correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2022. Añadió que existirían comunicaciones electrónicas que demostrarían que el referido profesional habría recibido previamente dicho certificado de la propia empresa ASCENSORES ANDINOS INGENIEROS S.A., a través del señor Miguel Bedón, quien se desempeñaba en el área de contabilidad; razón por la cual sostuvo que el documento tendría su origen en la misma empresa que aparece como emisora. Al respecto, el Tribunal concluyó que los correos electrónicos invocados por el ahora Impugnante y la vinculación funcional que en el año 2014 mantenían los señores Miguel Bedón y Yoni Salazar Cossio con el área contable de la empresa ASCENSORES ANDINOS INGENIEROS S.A. no resultan suficientes para desvirtuar la declaración directa de quien aparece como suscriptor del certificado respecto de que la firma atribuida a su persona no le corresponde. En tal sentido, tales elementos permiten explicar el eventual circuito de entrega del documento, pero no acreditan su válida suscripción.

• En ese sentido, la Sala procedió a analizar los criterios de graduación de

sanción previstos en el artículo 366 del Reglamento vigente, sancionando al Impugnante con una inhabilitación temporal de veinticinco (25) meses.

• No obstante, el Colegiado analizó la procedencia de la imposición de una

sanción por debajo del mínimo legal, conforme al numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069, considerando que las actuaciones alegadas por el Impugnante no resultaban suficientes para tener por acreditada la debida diligencia exigida por el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069.

• En efecto, la contratación de una empresa especializada en reclutamiento,

la recepción de documentación a través de terceros y la obtención de declaraciones juradas de los propios profesionales constituyen medidas vinculadas al proceso de selección e incorporación de personal; no obstante, no evidencian que el ahora Impugnante hubiera realizado actuaciones concretas destinadas a constatar la autenticidad y veracidad de los certificados ante quienes aparecían como sus emisores o suscriptores, antes de incorporarlos a su oferta.

• El Colegiado concluyó que, aun cuando existen elementos que permiten

considerar acreditado que los documentos cuestionados fueron proporcionados al ahora Impugnante por terceros, no se ha demostrado que aquel hubiera desplegado, antes de su presentación ante la Entidad, las actuaciones de verificación necesarias para constatar su autenticidad y veracidad; asimismo, tampoco se ha acreditado el inicio de acciones legales para determinar la responsabilidad originaria por las irregularidades advertidas.

• Mediante Escrito N°1, presentado el 5 de octubre de 2026, subsanado el 7 del

mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración solicitando que se revoque la sanción impuesta en la Resolución N° 08664-2026-TCP-S2 del 14 de setiembre de 2026, reduciendo dicha sanción por debajo del mínimo legal de 24 meses, para lo cual manifestó, principalmente, lo siguiente:

• Señala que, contrario a lo señalado en la Resolución recurrida, en este caso

sí concurren los presupuestos establecidos en el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N.° 32069 para la imposición de una sanción por debajo del mínimo legal.

• Así, indica que, respecto del cumplimiento del primer requisito, el propio

Tribunal ha reconocido expresamente su cumplimiento, toda vez que ha quedado acreditado que el primer documento cuestionado fue proporcionado a ASCENSORES por un tercero, la empresa ATREVETE, que fue la empresa encargada del proceso de reclutamiento y selección del personal, en su calidad de empresa especializada en dicha actividad, la misma que mediante WhatsApp de fecha 12 de enero de 2023 y correo electrónico de fecha 19 de enero de 2023, remitió a ASCENSORES la documentación laboral del señor Luis Soto, incluyendo el certificado de trabajo emitido por ELEVADORES. Asimismo, señala que respecto del segundo documento cuestionado, la resolución recurrida indicó que existen elementos que permiten advertir que el certificado del Sr. Christian Meléndez llegó a poder de ASCENSORES a través de un tercero, es decir, del propio señor Christian Meléndez mediante correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2022. Asimismo, indicó que ha quedado acreditado que el referido profesional ha recibido dicho certificado de ASCENSORES ANDINOS, a través de un correo electrónico remitido por el Sr. Miguel Bedón, quien se desempeñaba en el área de Contabilidad de dicha empresa.

• Respecto al segundo requisito, sostiene que, para acreditar la debida

diligencia, ASCENSORES evidenció justamente que para la selección del señor Luis Soto, contrató los servicios de la empresa ATREVETE, empresa especializada en la búsqueda y evaluación de personal y que fue quien remitió el certificado en cuestión a ASCENSORES. Para acreditar dicha contratación, durante el procedimiento administrativo sancionador se presentó la Orden de Compra/Servicio N.° 0107-00034028 y la Factura Electrónica N.° E001-61. En ese contexto, alega que la contratación de una empresa especializada en la búsqueda y evaluación de personal es una evidencia inequívoca de la esmerada y escrupulosa acción desplegada por ASCENSORES para tener certeza de que los documentos que acrediten la experiencia del señor Luis Soto, sean plenamente veraces, no teniendo ninguna razón para desconfiar de la labor efectuada por ATREVETE, máxime si, adicionalmente, como parte del procedimiento interno de contratación, el señor Luis Soto suscribió una declaración jurada de veracidad, mediante la cual afirmó expresamente que su experiencia como Residente de Obra en ELEVADORES se había desarrollado desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, indicó que, respecto al segundo Certificado cuestionado, obtuvo la declaración jurada de veracidad suscrita por el Sr. Christian Melendez, mediante la cual confirmó que había trabajado en ASCENSORES ANDINOS como “Jefe de Área de Instalación” durante el periodo consignado en el certificado. En ese sentido, considera que antes de incorporar el certificado cuestionado a su oferta, ASCENSORES contó con diversos elementos que razonablemente respaldaban la información contenida en este y que fueron considerados para su verificación.

• Pese a lo señalado, indica que el Tribunal ha considerado que las

actuaciones antes descritas no resultan suficientes para acreditar la debida diligencia, debido a que ASCENSORES no habría solicitado directamente a ELEVADORES la confirmación de la emisión, suscripción o contenido del certificado antes de presentar su oferta, lo que considera una interpretación restrictiva del requisito previsto en el numeral 92.4 del

artículo 92 de la Ley N.° 32069. En efecto, señala que la norma exige que

el administrado haya actuado “con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada”, pero no define qué debe entenderse por "debida diligencia", ni establece un catálogo cerrado de actuaciones o medios probatorios para acreditarla; el numeral 366.2 del artículo 366 del reglamento de la Ley tampoco lo hace, vulnerándose, a su entender, el principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

• Respecto del tercer requisito, señala que, mediante el presente recurso de

reconsideración, ASCENSORES presenta como nuevas pruebas instrumentales las denuncias penales formuladas el 7 y 10 de agosto de 2026, respectivamente, contra quienes resulten responsables por la comisión del delito de falsificación de documento privado y uso de documento privado falso en agravio de nuestra empresa, presentada ante la Fiscalía Provincial Corporativa del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María.

• Agrega que, al ser los certificados de trabajo cuestionados, documentos

emitidos por un privado, cualquier pedido al emisor de confirmación de su veracidad quedará supeditado a su discrecionalidad, dado que no existe ningún mecanismo que obligue a un privado a brindar respuesta a otro privado, menos aún para proporcionar información que se encuentra protegida bajo la ley de protección de datos personales – Ley Nº 29733, como ocurre con la información de carácter laboral. En ese sentido, considera que resultaría excesivo que se exija al administrado obtener necesariamente un determinado medio de prueba, como lo sería la respuesta del emisor, para acreditar su debida diligencia, a pesar de no tener ningún mecanismo para obligar al emisor (privado) a proporcionar dicha información.

• Solicita uso de la palabra.

• Con decreto del 15 de octubre de 2026, se remitió el expediente a la Segunda Sala

del Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente.

• Por decreto del 15 de octubre de 2026, se programó audiencia pública para el 21

de octubre de 2026, la cual se llevó a cabo con la participación del representante del Impugnante.

• Mediante escrito s/n, presentado el 19 de octubre de 2026, el Impugnante solicitó

la publicación de la información citada en el Decreto N° 768550.

• Con decreto del 21 de octubre de 2026, entre otros, se informó que el Decreto N°

768550 es un acto generado por el Área de Notificaciones del Tribunal de Contrataciones Públicas para la creación de la Cédula de Notificación N° 146657/2026.TCP y tiene por finalidad dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4. de la parte resolutiva de la Resolución N° 08664-2026-TCP-S2, por tanto, no es un actuado propio del Colegiado que dé cuenta de algún pronunciamiento o respuesta a algún trámite efectuado en el expediente. Por tanto, se dispuso no ha lugar a lo solicitado en vista a que se puede conocer el contenido íntegro de todos los actuados solicitados desde la opción “ver archivo” del decreto y/o registro que se encuentra publicado en el Toma Razón electrónico del presente expediente.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia de análisis el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa

ASCENSORES S. A., contra lo dispuesto en la Resolución Nº 08664-2026-TCP-S2 del 14 de setiembre de 2026, mediante la cual se le sancionó con veinticinco (25) meses de inhabilitación temporal, en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Sobre la procedencia del recurso de reconsideración.

• El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 370 del Nuevo Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Nuevo Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva resolución que impone la sanción y resuelto en el término de treinta (30) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. En relación con lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado expresamente por la normativa para dicho fin.

• Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución Nº 08664-2026-TCP-S2 fue notificada el 14 de setiembre de 2026 y leída el 15 del mismo mes y año, a través de la Casilla Electrónica. Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente su recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 370 del Nuevo Reglamento, es decir, hasta el 6 de octubre de 2026.

• Por lo tanto, teniendo en cuenta que la empresa ASCENSORES S. A., interpuso su

recurso de reconsideración el 5 de octubre de 2026, subsanado el 7 del mismo mes y año, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta procedente evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la resolución impugnada en los extremos materia de cuestionamiento. Sobre los argumentos del recurso de reconsideración.

• En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de

revisión de actos administrativos4. En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada.

• En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se reforme o

sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo 4 GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605.

elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido.

• Recordemos que “Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (…)”5. En efecto, ya sea que el órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que, en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el trámite que dio origen a la recurrida.

• Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso administrativo, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos y argumentos expuestos por el Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión adoptada. Sobre los argumentos del Impugnante.

• Con motivo de la presentación del recurso de reconsideración, el Impugnante

solicitó que se reduzca la sanción impuesta en la Resolución N° 08664-2026-TCP- S2 del 14 de setiembre de 2026, por debajo del mínimo legal. Al respecto, señala que los documentos falsos fueron entregados a su representada por terceros y que el Tribunal señaló que ello fue acreditado, por lo cual el primer requisito del numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N.° 32069 para la imposición de una sanción por debajo del mínimo legal, quedó acreditado. 5 GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11ª edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 443.

Asimismo, señala que, respecto al segundo requisito, para acreditar la debida diligencia, ASCENSORES evidenció justamente que para la selección del señor Luis Soto, contrató los servicios de la empresa ATREVETE, empresa especializada en la búsqueda y evaluación de personal y que fue quien remitió el certificado en cuestión a ASCENSORES, adjuntando la Orden de Compra/Servicio N.° 0107- 00034028 y la Factura Electrónica N.° E001-61. En ese contexto, alega que la contratación de una empresa especializada en la búsqueda y evaluación de personal es una evidencia inequívoca de la esmerada y escrupulosa acción desplegada por ASCENSORES para tener certeza de que los documentos que acrediten la experiencia del señor Luis Soto, sean plenamente veraces, no teniendo ninguna razón para desconfiar de la labor efectuada por ATREVETE, máxime si, adicionalmente, como parte del procedimiento interno de contratación, el señor Luis Soto suscribió una declaración jurada de veracidad, mediante la cual afirmó expresamente que su experiencia como Residente de Obra en ELEVADORES se había desarrollado desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, indicó que, respecto al segundo Certificado cuestionado, obtuvo la declaración jurada de veracidad suscrita por el Sr. Christian Meléndez, mediante la cual confirmó que había trabajado en ASCENSORES ANDINOS como “Jefe de Área de Instalación” durante el periodo consignado en el certificado. En ese sentido, considera que antes de incorporar el certificado cuestionado a su oferta, ASCENSORES contó con diversos elementos que razonablemente respaldaban la información contenida en este y que fueron considerados para su verificación. Sin embargo, indica que el Tribunal ha considerado que las actuaciones antes descritas no resultan suficientes para acreditar la debida diligencia, debido a que ASCENSORES no habría solicitado directamente a ELEVADORES la confirmación de la emisión, suscripción o contenido del certificado antes de presentar su oferta, lo que considera una interpretación restrictiva del requisito previsto en el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N.° 32069. En efecto, señala que la norma exige que el administrado haya actuado “con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada”, pero no define qué debe entenderse por "debida diligencia", ni establece un catálogo cerrado de actuaciones o medios probatorios para acreditarla; el numeral 366.2 del artículo 366 del reglamento de la Ley tampoco lo hace, vulnerándose, a su entender, el principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente a ello, señala que, al ser los certificados de trabajo cuestionados, documentos emitidos por un privado, cualquier pedido al emisor de confirmación de su veracidad quedará supeditado a su discrecionalidad, dado que no existe ningún mecanismo que obligue a un privado a brindar respuesta a otro privado, menos aún para proporcionar información que se encuentra protegida bajo la ley de protección de datos personales – Ley Nº 29733, como ocurre con la información de carácter laboral. En ese sentido, considera que resultaría excesivo que se exija al administrado obtener necesariamente un determinado medio de prueba, como lo sería la respuesta del emisor, para acreditar su debida diligencia, a pesar de no tener ningún mecanismo para obligar al emisor (privado) a proporcionar dicha información. Finalmente, respecto del tercer requisito, señala que, mediante el presente recurso de reconsideración, ASCENSORES presenta como nuevas pruebas instrumentales las denuncias penales formuladas el 7 y 10 de agosto de 2026, respectivamente, contra quienes resulten responsables por la comisión del delito de falsificación de documento privado y uso de documento privado falso en agravio de nuestra empresa, presentada ante la Fiscalía Provincial Corporativa del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María.

• Al respecto, es oportuno traer a colación que, en los fundamentos 56 al 71 de la

resolución recurrida, el Colegiado efectuó el análisis y determinó la adulteración e inexactitud del “Certificado de Trabajo del 30 de diciembre de 2022” y la falsedad del “Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2014”, presentados por el Impugnante en su oferta. Tales determinaciones se sustentaron en que, la empresa ELECTRÓNICA DE ELEVADORES PERÚ S.A.C, que figura como supuesto emisor del documento cuestionado “Certificado de Trabajo del 30 de diciembre de 2022”, había indicado que dicho documento había sido adulterado respecto de la fecha de inicio del periodo laboral, remitiendo además, copia simple del certificado que identificó como originalmente expedido a favor del señor Luis Alberto Soto Chicoma, en el cual se consignó como fecha de inicio de labores el 1 de noviembre de 2021, mientras que en el certificado presentado por el ahora Impugnante ante la Entidad figura el 1 de noviembre de 2019, además que dicha información se encontraba directamente relacionada con el cumplimiento de la experiencia mínima exigida para el Especialista en Instalaciones y representó una ventaja concreta para el Contratista en el procedimiento de selección, puesto que precisamente la oferta del ahora Impugnante fue calificada; y por su parte, la empresa ASCENSORES ANDINOS INGENIEROS S.A., representada por su Gerente de Administración y Finanzas, el señor Yoni Salazar Cossio, que figura como supuesto emisor del documento cuestionado “Certificado de Trabajo del 22 de febrero de 2014”, precisó que la firma consignada en el certificado cuestionado, atribuida a su persona, no tenía validez y era falsificada.

• Ahora bien, respecto a los argumentos del Impugnante referidos a que cumpliría,

de manera conjunta con las tres condiciones estipuladas en el numeral 366.2 del

artículo 366 del Reglamento de la Ley 32069 Decreto Supremo N° 009-2025-EF,

cabe señalar que, en los fundamentos 74 al 82 de la Resolución recurrida, se analizó la determinación de la graduación de la sanción, conforme al numeral 92.4 del artículo 92 de la Nueva Ley, en el que este Tribunal se pronunció sobre los argumentos del ahora Impugnante, referido, entre otros, a que los documentos cuestionados le fueron proporcionados por terceros; que respecto a la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación antes de su presentación, respecto del primer certificado, recurrió a una empresa especializada para el reclutamiento del profesional, que la empresa ATREVETE le proporcionó referencias laborales que respaldaban la experiencia consignada y que el señor Luis Alberto Soto Chicoma suscribió una declaración jurada mediante la cual manifestó la veracidad de la documentación proporcionada, y que respecto del segundo certificado, señaló que el señor Christian Heuler Meléndez Balazar también suscribió una declaración jurada en la que afirmó contar con la experiencia consignada, y que las comunicaciones electrónicas que obraban en su poder permitían suponer que el certificado provenía de la empresa ASCENSORES

ANDINOS INGENIEROS S.A.

• Al respecto, este Tribunal señaló que de la revisión de los documentos que obran

en el expediente, si bien respecto del primer presupuesto, existen elementos en el expediente que permiten advertir que los documentos cuestionados habrían llegado a poder del ahora Impugnante a través de terceros, esto es, en el primer caso, por medio de la empresa encargada del reclutamiento y, en el segundo, por medio del propio profesional beneficiario del certificado; sin embargo, respecto al segundo presupuesto, la contratación de una empresa especializada en reclutamiento, la recepción de documentación a través de terceros y la obtención de declaraciones juradas de los propios profesionales constituyen medidas vinculadas al proceso de selección e incorporación de personal; no obstante, no evidencian que el ahora Impugnante hubiera realizado actuaciones concretas destinadas a constatar la autenticidad y veracidad de los certificados ante quienes aparecían como sus emisores o suscriptores, antes de incorporarlos a su oferta.

Finalmente, respecto al tercer presupuesto, referido al inicio de acciones legales destinadas a determinar la responsabilidad originaria de quien proporcionó la documentación falsa, adulterada o la información inexacta, el Tribunal señaló que de la revisión de los actuados no se advierte que el ahora Impugnante haya acreditado haber formulado denuncia penal o iniciado otra acción legal contra el señor Luis Alberto Soto Chicoma, el señor Christian Heuler Melendez Balazar, la empresa ATREVETE Gestión del Talento y Coaching E.I.R.L. o contra alguna otra persona a quien atribuya la entrega, adulteración o falsificación de los documentos cuestionados.

• Como puede apreciarse, este Tribunal, en la Resolución recurrida, se pronunció

respecto a las tres condiciones estipuladas en el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N.° 32069, y que, en el caso en concreto, no se cumplieron de manera conjunta.

• Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso administrativo, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal sentido, a continuación, se procederá a evaluar los elementos y argumentos expuestos por el Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, como pretende, el sentido de la decisión adoptada.

• En primer término, corresponde evaluar el argumento del Impugnante

relacionado a que el Tribunal ha considerado que las actuaciones antes descritas no resultan suficientes para acreditar la debida diligencia, debido a que ASCENSORES no habría solicitado directamente a ELEVADORES la confirmación de la emisión, suscripción o contenido del certificado antes de presentar su oferta, lo que considera una interpretación restrictiva del requisito previsto en el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N.° 32069; señalando que la norma exige que el administrado haya actuado “con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada”, pero no define qué debe entenderse por "debida diligencia", ni establece un catálogo cerrado de actuaciones o medios probatorios para acreditarla; el numeral 366.2 del artículo 366 del reglamento de la Ley tampoco lo hace, vulnerándose, a su entender, el principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente a ello, señala que, al ser los certificados de trabajo cuestionados, documentos emitidos por un privado, cualquier pedido al emisor de confirmación de su veracidad quedará supeditado a su discrecionalidad, dado que no existe ningún mecanismo que obligue a un privado a brindar respuesta a otro privado, menos aún para proporcionar información que se encuentra protegida bajo la ley de protección de datos personales – Ley Nº 29733, como ocurre con la información de carácter laboral. En ese sentido, considera que resultaría excesivo que se exija al administrado obtener necesariamente un determinado medio de prueba, como lo sería la respuesta del emisor, para acreditar su debida diligencia, a pesar de no tener ningún mecanismo para obligar al emisor (privado) a proporcionar dicha información.

• Al respecto, el literal b) del numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N.° 32069 señala

que uno de los criterios para aplicar la sanción por debajo del mínimo legal es el referido a que “Se demuestre que este actuó con la debida diligencia para constatar la veracidad de la documentación o información presentada”. En este punto, dicha

de “debida diligencia”, no obstante, lo cierto y concreto es que sí detalla su alcance el cual comprende “acciones para constatar la veracidad de la documentación presentada”, conforme al numeral 366.2 del artículo 366 del Reglamento de la Ley 32069 Decreto Supremo N° 009-2025-EF. Para mayor detalle, se reproducen las citadas normas:

Artículo 92. Criterios para la aplicación de sanciones por el Tribunal de

Contrataciones Públicas (…) 92.4. En el caso de las infracciones establecidas en los literales l) y m) del párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, se establece una sanción por debajo del mínimo previsto siempre que:

• Se demuestre que la información inexacta o el documento falso o

adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él.

• Se demuestre que este actuó con la debida diligencia para constatar

la veracidad de la documentación o información presentada. A fin de que proceda esta reducción en la sanción, los participantes, postores, proveedores o subcontratistas deben acreditar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas que han iniciado las acciones legales para la determinación de la responsabilidad originaria de quien presentó la información inexacta o el documento falso o adulterado. (…)”. [Subrayado es agregado]. Por su parte, el numeral 366.2 del artículo 366 del nuevo Reglamento establece que la graduación de sanción por debajo del mínimo legal, puede darse, siempre que se cumplan, de manera conjunta dichas condiciones:

Artículo 366. Determinación de la gradualidad de la sanción

(…) 366.2. En el caso de los literales l) y m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley, la graduación puede dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal, siempre que se cumplan, de manera conjunta, las siguientes condiciones:

• Se demuestre que la información inexacta o el documento falso o

adulterado haya sido entregado al participante, postor, proveedor o subcontratista por un tercero distinto a él.

• Corresponde al administrado, acreditar, con el medio probatorio

correspondiente, el inicio de la acción penal respectiva, el cual comprende, como mínimo, la formalización de la investigación preparatoria, en la que se identifique al presunto autor de la entrega del documento falso o con información inexacta.

• Se demuestre que este actuó con la diligencia para constatar la

veracidad de la documentación o información presentada. (…)” [Subrayado es agregado]. En ese sentido, como se señaló en la resolución impugnada, contratar a una empresa tercera para la selección de personal o contar con declaraciones juradas de veracidad de los propios beneficiarios de los documentos, no son acciones que demuestren necesariamente, una actuación de verificación destinada a constatar la autenticidad de dichos documentos presentados en sí mismos. Aunado a ello, cabe precisar que de la revisión de la Orden de Compra / Servicio N° 0107-00034028, emitida por el ahora Impugnante a favor de la empresa Atrévete Gestión del Talento y Coaching E.I.R.L., y de su correspondiente Acta de Conformidad de Servicios de Terceros, se advierte que el trabajo realizado correspondía exclusivamente al reclutamiento y selección de personal.

Por tanto, en relación a estos argumentos de defensa, este Colegiado advierte que estos son los mismos que fueron objeto de ponderación al momento de la emisión de la resolución de sanción; por lo tanto, al no evidenciarse que se haya adjuntado algún medio probatorio adicional u otro argumento que no haya sido previamente analizado por la Sala, se concluye en reafirmar los fundamentos de la resolución impugnada. Asimismo, respecto al argumento referido a que los certificados de trabajo cuestionados son documentos emitidos por un privado, por lo que cualquier pedido al emisor de confirmación de su veracidad quedará supeditado a su discrecionalidad, dado que no existe ningún mecanismo que obligue a un privado a brindar respuesta a otro privado, corresponde precisar que, en el presente caso, el Impugnante no ha acreditado haber realizado ninguna acción orientada a verificar la confirmación de veracidad de los documentos cuestionados, previo a su incorporación como parte de su oferta, independientemente que posteriormente obtenga o no las respuestas solicitadas.

• Ahora bien, respecto al argumento de que presenta nuevos medios probatorios

que acreditarían el inicio de la acción penal contra los presuntos autores de la entrega de la documentación falsa o adulterada, y por tanto, cumpliría con los tres requisitos de manera conjunta establecidos en el numeral 366.2 del artículo 366 del Nuevo Reglamento, cabe señalar que si bien obra en el expediente: i) las imágenes de la primera página de la interposición de una denuncia penal con sello de recepción del 10 de agosto de 2026 por parte de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Corporativas de Cercado de Lima – Breña - Rímac – Jesús María y de una carátula del caso N° 506014504-2026-2436-0 ii) las imágenes de la primera página de la interposición de una denuncia penal con sello de recepción del 7 de agosto de 2026 por parte de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Corporativas de Cercado de Lima – Breña - Rímac – Jesús María y de un cargo de ingreso de denuncia con N° de registro DEN-ENT-202602615, lo cierto y concreto es que de la revisión de las mismas, se advierte que si bien el Impugnante es el denunciante, los denunciados se encuentran “desconocidos”, como se aprecia a continuación:

Sin embargo, es pertinente señalar que, respecto al tercer requisito, la norma citada señala expresamente que “Corresponde al administrado, acreditar, con el medio probatorio correspondiente, el inicio de la acción penal respectiva, el cual comprende, como mínimo, la formalización de la investigación preparatoria, en la que se identifique al presunto autor de la entrega del documento falso o con información inexacta”. Condiciones que no se pueden corroborar en la documentación adjunta por el Impugnante como nuevos medios probatorios, pues las mismas no acreditan, como mínimo la “formalización de la investigación preparatoria” ni se “identifica” al presunto autor de la entrega del documento falso. En este punto, es importante precisar que, en su oportunidad, la desestimación de la alegación del Impugnante en relación con la imposición de una sanción por debajo del mínimo legal, se sustentó en la falta de concurrencia de los requisitos previstos en la normativa para tal efecto, pues, aun cuando se estimase la valoración de la entrega de los documentos falsos y adulterado por un tercero, aquél no acreditó diligencia para constatar la veracidad de la documentación presentada ante la Entidad, determinada como falsa y adulterada, ni el inicio de la acción penal respectiva, el cual comprende, como mínimo, la formalización de la investigación preparatoria, en la que se identifique al presunto autor de la entrega del documento falso o con información inexacta.

• Por tanto, sobre la posibilidad de imponer una sanción por debajo del mínimo

previsto para el caso de la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada, como se ha indicado en la Resolución recurrida, no corresponde aplicar lo establecido en el numeral 92.4 del artículo 92 de la Ley N° 32069, al no verificarse el cumplimiento de todos los criterios exigidos para su aplicación.

• En torno a ello, se tiene que, en esta instancia, no se ha desvirtuado la

responsabilidad del Impugnante, respecto a haber presentado documentación falsa e inexacta a la Entidad, por lo que corresponde ratificar la Resolución recurrida en todos sus extremos.

• En dicho escenario, y atendiendo a que, conforme al análisis efectuado, en el

presente recurso de reconsideración no se han aportado nuevos elementos de juicio que permiten variar la decisión de lo dispuesto en la Resolución N° 08664- 2026-TCP-S2 del 14 de setiembre de 2026, corresponde declararlo infundado, debiéndose disponer la ejecución de la garantía presentada, al amparo de lo establecido en el numeral 376.3 del artículo 376 del Reglamento

• Finalmente, deberá registrarse la sanción en el módulo informático

correspondiente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa

ASCENSORES S. A. (con R.U.C. 20100057523), contra lo dispuesto en la Resolución N° 08664-2026-TCP-S2 del 14 de setiembre de 2026, por los fundamentos expuestos.

• EJECUTAR la garantía presentada por la empresa ASCENSORES S. A., para la

interposición de su recurso de reconsideración.

• Disponer que la Unidad Funcional Gestión de Mesa de partes y Ejecución del

Tribunal registre la sanción impuesta en el módulo informático correspondiente.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

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ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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