Resolución N.° 9651-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) a través de la modalidad documental elegida por el propio Impugnante 1, no se ha logrado determinar fehacientemente el monto efectivamente ejecutado. Por tanto, no corresponde equiparar el importe originalmente contratado con el monto de experiencia acreditado.” Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7735/2026.TCE – 7754/2026-TCE (ACUMULADOS), sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa S. PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C. y HITSS PERÚ S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 22-2026-OSINERGMIN-1, para la “Contratación del servicio de desarrollo e implementación de soluciones analíticas (Business Intelligence)”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 17 de agosto de 2026, el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios Nº 22-2026-OSINERGMIN-1, para la “Contratación del servicio de desarrollo e implementación de soluciones analíticas (Business Intelligence)”, con una cuantía de S/ 1,140,000.00 (un millón ciento cuarenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley de General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 23 septiembre de 2026, se presentaron las ofertas y, el 7 de octubre del mismo año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, a favor de la empresa NET CONSULTORES S.A.C., en adelante, el Adjudicatario, por el monto de S/ 558,293.40, conforme a los siguiente resultados: Postor

ETAPAS

Resultado Admisión Calificación Precio ofertado Ev. Econ Ev. Técnica Puntaje Total Orden NET

CONSULTORES

S.A.C. Admitido Califica S/ 558,293.40 40 60 100 1 Adjudicatario HITSS PERU SAC Admitido Califica S/ 645,342.00 34.60 60 94.60 2 Califica

DIGIHUB

SOCIEDAD

ANONIMA

CERRADA –

GEMBA

SERVICIOS

INTEGRALES

SAC Admitido Califica S/ 597,000.00 37.41 42 79.41 3 Califica

PRAYAGA

SOLUTIONS SAC Admitido Califica - - - - - No califica (no cumple con el mínimo de 70 puntos) Nota: según acta de evaluación registrada en el SEACE. Sobre el Expediente 7735/2026.TCE.

• Mediante Escrito N° 01, subsanado con Escrito N° 02, presentados el 20 y 22 de

octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C., en adelante el Impugnante 1, interpuso recurso de apelación contra la evaluación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se le otorgue el puntaje de 95 puntos y se disponga que cumple con el puntaje mínimo para la evaluación económica, asimismo, solicitó que se descalifique al Adjudicatario y reduzca puntaje a la empresa HITSS PERÚ S.A.C. (Impugnante 2), en la evaluación técnica, y como consecuencia, se le otorgue la buena pro a su favor; de acuerdo a lo siguiente: Sobre la evaluación de su oferta

• Señaló que el comité no reconoció el monto de S/ 1,474,524.30

correspondiente al Contrato N.° 062-2022-GG/MCSR, al considerar que la constancia de prestación no consignaba el monto ejecutado. Sin embargo, sostuvo que dicha decisión se sustentó en una valoración aislada de los documentos presentados, pues a folio 136 de su oferta, presentó la constancia de prestación emitida por el RENIEC, en la cual se identifica el contrato, el periodo de ejecución comprendido entre el 20 de septiembre de 2022 y el 26 de enero de 2024, las actividades desarrolladas y la ausencia de penalidades. Asimismo, desde el folio 137, presentó el referido contrato, cuyo artículo 2 establece el monto contractual de S/ 1,474,524.30, incluidos los impuestos. Además, alegó que ambos documentos debían valorarse conjuntamente, pues la constancia acredita la ejecución de la prestación y el contrato permite identificar su monto. Agregó que no se había identificado ninguna reducción contractual, ejecución parcial u otra circunstancia que justificara desconocer dicho importe. ii. Precisó que el comité reconoció inicialmente una experiencia acumulada de S/ 1,257,798.71, otorgándole veinte (20) puntos. No obstante, si se incorpora el monto correspondiente al RENIEC, alcanzaría S/ 2,732,323.01, superando el umbral de S/ 2,280,000.00 exigido para obtener cincuenta (50) puntos en el factor de experiencia adicional del postor. En consecuencia, su puntaje técnico se incrementaría de 65 a 95 puntos, superando el mínimo de 70 puntos requerido para acceder a la evaluación económica. iii. Respecto a la experiencia N.° 6, correspondiente a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cuestiona que el comité asignara S/ 0.00 a dicha experiencia, bajo el argumento de que no podía verificarse su correspondencia con los servicios similares establecidos en las bases integradas, pues la contratación tuvo por objeto el “Servicio de desarrollo de aplicación para automatización de métricas de la DCI”, prestación comprendida expresamente en la categoría de desarrollo de aplicaciones, admitida en las bases junto con el desarrollo de software y la fábrica de desarrollo de software.

Además, indicó que presentó órdenes de compra, facturas electrónicas y documentación bancaria o de detracciones que acreditaban la cancelación de tres importes de S/ 9,324.60, S/ 10,878.70 y S/ 10,878.70, por un total de S/ 31,082.00, cumpliendo la modalidad de acreditación prevista para contrataciones con privados. Respecto de la oferta del Adjudicatario iv. Sobre el requisito de calificación “Equipamiento estratégico”, cuestiona que el Adjudicatario no acreditara adecuadamente la disponibilidad del servidor de desarrollo o entorno virtualizado ni de las herramientas tecnológicas exigidas en el literal C.3 de las bases integradas, en la medida que, si bien el Adjudicatario presentó documentación referida a las estaciones de trabajo, respecto del servidor y los demás recursos tecnológicos adjuntó una carta suscrita únicamente por su gerente, mediante la cual manifestó su intención de adquirirlos o alquilarlos oportunamente, sin identificar proveedores, bienes concretos ni compromisos asumidos por terceros. Sostuvo que dicha declaración unilateral no constituye un compromiso de compraventa o alquiler ni acredita la disponibilidad del equipamiento para la ejecución contractual. Añadió que el comité descalificó a ACCHIWAN S.A.C. por presentar una declaración de disponibilidad de naturaleza similar, por lo que correspondía aplicar el mismo criterio al Adjudicatario, en observancia del principio de igualdad de trato.

• Sobre la experiencia mínima del Analista en Inteligencia de Datos, alega

que las bases integradas exigían un mínimo de cuatro (4) años de experiencia en analítica o inteligencia de negocios, con actividades de diseño y creación de tableros e informes; no obstante, el Adjudicatario propuso al señor William Milner Hanco Mamani, cuya experiencia fue sustentada mediante un certificado emitido por GIS CORPORATIVO S.A.C., obrante a folio 98 de su oferta. Manifiesta que, si bien el certificado identifica al profesional como especialista en inteligencia de negocios y analítica de datos, respecto del proyecto ONCOSALUD únicamente describe actividades de procesamiento y enriquecimiento de datos, sin acreditar funciones de diseño y creación de tableros e informes. A diferencia de ello, los proyectos correspondientes a OSINERGMIN y MINEM sí contienen referencias expresas a tableros de control, informes o dashboards. Así, señala que, excluido el periodo de ONCOSALUD y descontados los periodos ejecutados paralelamente, la experiencia válida del profesional comprendería únicamente 1,418 días, equivalentes aproximadamente a 3.88 años, por lo que no cumpliría los cuatro años mínimos exigidos. vi. Sobre el cómputo de los periodos de experiencia del Analista BI, manifiesta que el comité computó indebidamente periodos superpuestos de los proyectos desarrollados para OSINERGMIN, MINEM y ONCOSALUD, pese a que las bases establecen que los periodos ejecutados paralelamente deben contabilizarse una sola vez. Al respecto, indica que el comité reconoció 2,836 días, equivalentes a 7.77 años, cuando el periodo total sin duplicidades, incluyendo ONCOSALUD, ascendería a 2,403 días, aproximadamente 6.58 años. Precisó que, al excluir ONCOSALUD por no acreditar las funciones específicas requeridas, el tiempo restante sería insuficiente para cumplir la experiencia mínima del personal clave. vii. Sobre la capacitación del Analista BI, cuestiona que el Adjudicatario no acreditara las sesenta (60) horas mínimas de capacitación específica en Power BI o Apache Spark para analistas, exigidas en el requisito de calificación correspondiente, ya que el certificado de Udemy denominado “Databricks & Spark Masterclass: Real-Time Data Engineering”, presentado a folio 94, acredita únicamente cincuenta y cuatro (54) horas. viii. Respecto del certificado emitido por Big Data Academy, obrante a folio 95, correspondiente al programa “Data Engineer & Big Data Multi-Cloud”, de cuarenta (40) horas académicas, sostuvo que comprende diversas tecnologías y materias, sin permitir determinar cuántas horas corresponden específicamente a Apache Spark para analistas. Por tanto, consideró que no podía computarse íntegramente su duración. ix. Asimismo, indicó que el diploma en Business Intelligence de ESAN y el diploma de estudios de Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Ingeniería, presentados a folios 96 y 97, no acreditan una cantidad verificable de horas en las materias específicas exigidas. Respecto de la evaluación de HITSS PERÚ S.A.C.

• Sobre el factor de experiencia adicional del Analista BI, cuestionó que se

otorgara el puntaje máximo de veinticinco (25) puntos por la experiencia adicional del Analista BI propuesto por HITSS PERÚ S.A.C., señor Carlos Paul Barrera Herrera, ya que, el certificado de trabajo emitido por Grupo El Comercio, obrante a folio 349 de su oferta, no permitiría verificar suficientemente el desempeño de las funciones específicas exigidas por las bases integradas para dicho perfil. Alegó que no bastaba la denominación del cargo para acreditar la experiencia específica, sino que debía verificarse la correspondencia de las funciones efectivamente desarrolladas. En sustento de su posición, invocó la Resolución N.° 00303-2025-TCE-S1. Por ello, solicitó reducir de veinticinco (25) a diez (10) puntos el puntaje otorgado a HITSS en dicho factor. xi. Sobre el factor “Sistema de Gestión de la Calidad”, cuestionó los cinco (5) puntos otorgados a HITSS por presentar un certificado ISO 9001:2015, obrante a folio 712 de su oferta, ya que el propio certificado hacía referencia a anexos técnicos indispensables para su validez, los cuales no habrían sido incorporados a la oferta, por lo que no podía verificarse íntegramente su alcance y correspondencia con las exigencias de las bases integradas. En consecuencia, solicitó retirar los cinco puntos asignados por dicho factor y, conjuntamente con la reducción solicitada por experiencia adicional del Analista BI, corregir el puntaje técnico de HITSS de 100 a 80 puntos.

• Por decreto del 23 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, la constancia de transferencia interbancaria con Nro. Orden 1022001 expedida por el Banco BBVA, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 29 de octubre de 2026. Sobre el Expediente 7754/2026.TCE.

• Mediante Escrito N° 01, subsanado con Escrito N° 02, presentados el 20 de octubre

de 2026, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa HITSS PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante 2, interpuso recurso de apelación contra la calificación y evaluación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se disponga su descalificación o se reduzca puntaje al Adjudicatario por la experiencia adicional del Analista en Inteligencia de Datos, como consecuencia, se efectúe una nueva evaluación y se le otorgue la buena pro a su favor; de acuerdo a lo siguiente:

• Sobre el requisito de calificación “Equipamiento estratégico”, cuestionó

que el Adjudicatario presentara, a folio 110 de su oferta, una carta de compromiso de compraventa y/o alquiler de equipamiento e infraestructura tecnológica, suscrita únicamente por su gerente, Miguel Ángel Zacarías Dionisio, mediante la cual manifestó su compromiso de adquirir o alquilar oportunamente los recursos necesarios, sin identificar al vendedor o arrendador, individualizar el servidor, precisar sus características técnicas ni establecer una fecha de disponibilidad. Sostuvo que dicho documento constituye una declaración unilateral que no acredita propiedad, posesión ni compromiso de compraventa o alquiler, pues este último requiere la manifestación de voluntad de un tercero que asuma la obligación de proporcionar el equipamiento. Añadió que, conforme al principio de verdad material, debía atenderse al contenido del documento y no a su denominación. Además, alegó que el comité aplicó un criterio distinto al empleado para descalificar a ACCHIWAN S.A.C., cuya declaración jurada de disponibilidad de equipamiento, obrante a folio 223 de su oferta, fue considerada insuficiente para acreditar el mismo requisito, pese a que ambos documentos tendrían naturaleza unilateral. Por ello, invocó el principio de igualdad de trato. ii. De otro lado, indicó que, a diferencia del Adjudicatario, acreditó la disponibilidad del servidor mediante una carta de compromiso de alquiler suscrita por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., que identifica un entorno virtual de 8 vCPU, 12 GB de RAM y 1536 GB de almacenamiento, destinado al servicio hasta por 540 días. Asimismo, indicó que acreditó las estaciones de trabajo mediante una carta de compromiso suscrita por CORPORACIÓN

WINWARE S.A.C.

iii. Sobre la experiencia mínima del Analista en Inteligencia de Datos (BI), alegó que el Adjudicatario propuso al señor William Milner Hanco Mamani, declarando en el Anexo N.° 19 una experiencia de seis (6) años, seis (6) meses y veintinueve (29) días, sustentada mediante un certificado de trabajo emitido por GIS CORPORATIVO S.A.C. el 15 de septiembre de 2026, obrante a folio 98 de su oferta; no obstante, la experiencia correspondiente al proyecto ONCOSALUD, desarrollado desde el 15 de junio de 2023, no debe ser contabilizada, pues el certificado únicamente describe actividades de procesamiento y enriquecimiento de datos, sin acreditar labores de diseño y creación de tableros e informes. Sostuvo que tales actividades corresponden al procesamiento o ingeniería de datos y no demuestran, por sí mismas, la experiencia específica exigida para el Analista BI.

iv. Precisó que, a diferencia de ONCOSALUD, las experiencias correspondientes a OSINERGMIN y MINEM sí describen expresamente actividades relacionadas con tableros de control, informes y dashboards, lo que evidenciaría que el emisor del certificado distinguió las funciones desarrolladas en cada proyecto.

• Sobre la capacitación del Analista en Inteligencia de Datos (BI), cuestionó

el certificado emitido por Udemy, correspondiente al curso “Databricks & Spark Masterclass: Real-Time Data Engineering”, presentado a folio 94 de la oferta del Adjudicatario, pues consigna una duración de cincuenta y cuatro (54) horas, inferior al mínimo requerido. vi. Respecto del certificado de Big Data Academy, correspondiente al programa “Data Engineer & Big Data Multi-Cloud”, de cuarenta (40) horas, presentado a folio 95, sostuvo que comprende diversas materias relacionadas con ingeniería de datos y tecnologías Multi-Cloud, sin precisar cuántas horas corresponden específicamente a Apache Spark para analistas. Por ello, consideró que no correspondía computar íntegramente dicha capacitación. vii. Asimismo, cuestionó el diploma en Business Intelligence emitido por ESAN, presentado a folio 96, por no acreditar capacitación específica en Power BI o Apache Spark, pese a consignar una duración de 150 horas lectivas. viii. Respecto del diploma de graduación de la Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Ingeniería, obrante a folio 97, sostuvo que tampoco acredita las materias específicas requeridas ni permite verificar las horas correspondientes. ix. Alegó que, si bien las bases permiten acumular horas de distintas capacitaciones, ello no autoriza sumar indiscriminadamente programas de contenido general sin verificar su correspondencia con las materias exigidas. En consecuencia, sostuvo que el Adjudicatario no acreditó las sesenta horas mínimas de capacitación, por lo que correspondía descalificar su oferta.

• Por decreto del 23 de setiembre de 2026, considerando que entre los expedientes

N° 7735/2026.TCP - 7754/2026.TCP existiría conexión que permitiría su tramitación y resolución de manera conjunta, al haberse interpuesto dos recursos de apelación respecto al mismo procedimiento de selección; se dispuso acumular los actuados del expediente administrativo N° 7754/2026.TCP al expediente N° 7735/2026.TCP. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 29 de octubre de 2026.

• Mediante escrito N° 2 presentado el 28 de octubre de 2026, por la mesa de partes

del Tribunal, el Impugnante 2 absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por Impugnante 1, reiterando los argumentos expuestos en su propio recurso de apelación respecto de los cuestionamientos contra el Adjudicatario. Adicionalmente, señaló lo siguiente:

• Sobre la experiencia adicional del Analista en Inteligencia de Datos (BI),

señaló que el certificado cuestionado acredita que el señor Carlos Paul Barrera Herrera desempeñó el cargo de Analista BI Senior en el área de Gerencia Central de Data & Analytics, desde el 8 de agosto de 2017 hasta el 30 de abril de 2020. Asimismo, indicó que la denominación del cargo permite identificar su correspondencia con el perfil requerido, pues BI significa “Business Intelligence” o inteligencia de datos. Además, alegó que exigir una descripción adicional de funciones constituiría incorporar un requisito no previsto en las bases integradas, contrario a la transparencia e igualdad de trato. Añadió que, incluso si se prescindiera del certificado cuestionado, ello no determinaría necesariamente el incumplimiento del requisito mínimo ni justificaría la descalificación de su oferta. ii. Respecto de las Resoluciones N.° 00303-2025-TCE-S1 y N.° 4368-2024-TCE- S5, invocadas por el Impugnante 1, sostuvo que corresponden a supuestos distintos, en los que los cargos acreditados no coincidían con el perfil requerido o las actividades documentadas no correspondían a este. iii. Finalmente, señaló que la experiencia acreditada por el profesional comprende el periodo desarrollado en Grupo El Comercio, equivalente aproximadamente a dos (2) años y ocho (8) meses, así como las experiencias acreditadas en otros proyectos, alcanzando un total aproximado de seis (6) años. Por ello, consideró que corresponde mantener los veinticinco (25) puntos otorgados por el factor de experiencia adicional. iv. Sobre el factor de evaluación “Sistema de Gestión de la Calidad”, señaló que las bases integradas exigían presentar copia simple de un certificado oficial ISO 9001:2015, emitido por un organismo de certificación acreditado, a nombre del postor y aplicable a la sede encargada de ejecutar el servicio, sin establecer la obligación de adjuntar anexos técnicos. Agregó que, mediante la absolución de la consulta N.° 137, se aceptó que el alcance del certificado comprendiera actividades relacionadas con la prestación del servicio, sin exigir documentación complementaria para acreditar el factor. Asimismo, indicó que presentó el Certificado N.° ECMX-1387/19, correspondiente a la norma ISO 9001:2015, emitido por Applus México S.A. de C.V., el cual identifica a su empresa como titular, consigna su alcance y mantiene vigencia hasta el 14 de julio de 2028. Precisó que el alcance comprende actividades de consultoría y operación de proyectos, gestión de recursos humanos especializados en tecnologías de información, soporte y monitoreo de aplicaciones, productos y servicios de tecnología, las cuales considera compatibles con el objeto de contratación. Alegó que la referencia a anexos técnicos en el certificado no invalida su contenido ni determina la obligación de presentarlos, pues las bases no exigieron dichos documentos. Añadió que su exigencia posterior incorporaría requisitos no previstos y afectaría los principios de igualdad de trato, transparencia y predictibilidad. Asimismo, sostuvo que la Resolución N.° 06551-2025-TCP-S2, invocada por el Impugnante 1, se refiere a la acreditación del organismo certificador y no a la presentación de anexos técnicos, por lo que no resulta aplicable al presente caso.

• Respecto de la evaluación de la oferta del Impugnante 1, señaló que las

bases integradas exigían acreditar fehacientemente el monto ejecutado mediante la documentación presentada, por lo que no bastaba identificar el importe originalmente contratado. Indicó que la constancia de prestación obrante a folio 136 de la oferta del Impugnante 1 no consigna el monto ejecutado. Asimismo, señaló que el Contrato N.° 062-2022-GG/MCSR, obrante a folio 137, establecía un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario, mientras que la constancia acreditaba una ejecución comprendida entre el 20 de septiembre de 2022 y el 26 de enero de 2024, periodo superior a dieciséis (16) meses. Alegó que dicha diferencia evidenciaría la posible existencia de modificaciones contractuales, ampliaciones de plazo o reducciones de prestaciones adicionales que pudieron incidir en el monto efectivamente ejecutado, sin que se hubiera presentado documentación que permitiera verificarlo. Por ello, sostuvo que no podía presumirse que el monto originalmente pactado coincidiera con el efectivamente ejecutado, considerando correcta la decisión del comité de no reconocer dicha experiencia. vi. Respecto de la experiencia correspondiente a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), por S/ 31,082.00, señaló que el propio Impugnante 1 reconoce que su incorporación, considerada aisladamente, no modificaría su puntaje técnico. Por tanto, consideró que dicho cuestionamiento carece de incidencia en el resultado del procedimiento. En consecuencia, solicitó declarar infundados los cuestionamientos formulados contra la evaluación de las experiencias del RENIEC y de la PUCP, manteniendo los sesenta y cinco (65) puntos asignados al Impugnante 1 y su exclusión de la evaluación económica. vii. Respecto de la oferta del Adjudicatario reiteró los argumentos expuesto en su recurso de apelación.

• Mediante escrito N° 3 presentado el 29 de octubre de 2026, por la mesa de partes

del Tribunal, el Impugnante 1 presentó, para mejor resolver, las diapositivas utilizadas durante la audiencia pública, solicitando que sean consideradas al momento de resolver el recurso de apelación. En dicha documentación, el Impugnante 1 reiteró los cuestionamientos y argumentos expuestos en su recurso de apelación contra la evaluación de su oferta y las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2. Adicionalmente, el Impugnante 1 dejó constancia de que el Adjudicatario no habría absuelto el traslado del recurso de apelación dentro del plazo correspondiente. En consecuencia, ratificó sus cuestionamientos contra la evaluación de su oferta y las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2, solicitando que se resuelva conforme a las pretensiones formuladas en su recurso de apelación.

• Mediante escrito N° 4 presentado el 29 de octubre de 2026, por la mesa de partes

del Tribunal, el Impugnante 1 señaló que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, ni asistió a la audiencia pública celebrada durante la tramitación del procedimiento. Asimismo, precisó que dichas circunstancias no constituyen un allanamiento a las pretensiones formuladas, pero solicitó que sean verificadas y consideradas por este Tribunal al momento de resolver, conforme a las actuaciones y medios probatorios obrantes en el expediente.

• Mediante escrito N° 5 presentado el 29 de octubre de 2026, por la mesa de partes

del Tribunal, el Impugnante 1 solicitó que se requiera a la Entidad emitir y registrar su pronunciamiento técnico-legal respecto de los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 1 y 2, abordando de manera individualizada los cuestionamientos formulados, las razones de la evaluación y calificación de las ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. Asimismo, solicitó que, de haberse registrado dicho pronunciamiento, se incorpore al expediente y se ponga en conocimiento de las partes, invocando lo dispuesto en los literales a) y e) del numeral 311.1 y el numeral 311.3 del artículo 311 del Reglamento de la Ley N.° 32069.

• Mediante Escrito N.° 6, presentado el 29 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante 1 absolvió los argumentos formulados por el Impugnante 2 en su Escrito N.° 2, reiterando sus cuestionamientos respecto de la experiencia adicional del Analista BI y del certificado ISO 9001:2015 presentado por este último. Asimismo, sostuvo que las observaciones formuladas contra sus experiencias del RENIEC y la PUCP no desvirtúan su validez, pues la diferencia entre el plazo contractual y el periodo consignado en la constancia del RENIEC no acredita una reducción del monto ejecutado, mientras que la experiencia de la PUCP corresponde a un servicio similar al requerido. Finalmente, señaló que no corresponde otorgar automáticamente la buena pro al Impugnante 2 sin determinar previamente los puntajes que corresponden a cada postor.

• Pro decreto del 29 de octubre de 2026 se tuvo por absuelto el traslado efectuado

por el Impugnante 2 al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1.

• Mediante Informe N.° 02-CPS-22-2026/C, presentado el 29 de octubre de 2026,

por la mesa de partes del Tribunal, la Entidad se pronunció sobre los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 1 y 2, señalando lo siguiente: Respecto de los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario:

• Señala que, la carta presentada por el Adjudicatario, a folio 110 de su

oferta, para acreditar el equipamiento estratégico, constituye un compromiso de contratación futura para adquirir o alquilar los recursos tecnológicos requeridos, que, al encontrarse suscrita por su gerente general, obliga legal y patrimonialmente a la empresa. Precisó que, a diferencia de la declaración jurada presentada por ACCHIWAN S.A.C., dicho documento vincula expresamente la adquisición o alquiler con la ejecución del servicio contratado. Asimismo, señaló que los entornos virtualizados constituyen recursos tecnológicos inmateriales y bajo demanda, por lo que exigir contratos de suscripción activos antes del otorgamiento de la buena pro resultaría desproporcionado y contrario a los principios de eficiencia, razonabilidad y valor por dinero. Añadió que la carta identifica la finalidad del recurso y las actividades que permitirá desarrollar, por lo que consideró acreditado el requisito.

ii. Respecto a la Experiencia mínima del Analista BI, señaló que el certificado presentado a favor de William Milner Hanco Mamani lo identifica como especialista de inteligencia de negocios y analítica de datos, denominación que guarda relación con las actividades exigidas en las bases integradas. Asimismo, sostuvo que la absolución de la consulta N.° 56 permite valorar las funciones cuando la denominación del cargo es distinta de la requerida, sin establecer que todos los certificados deban describir literalmente las actividades desarrolladas. Por ello, consideró acreditada la experiencia mínima del profesional. iii. En cuanto al cómputo de la experiencia del Analista BI reconoció que se computaron indebidamente periodos superpuestos y que la experiencia del profesional corresponde a 6.58 años y no a los 7.77 años consignados inicialmente en el cuadro de evaluación. No obstante, precisó que dicha corrección no modifica el resultado de la calificación ni el puntaje final otorgado al Adjudicatario. iv. Respecto a la Capacitación del Analista BI señaló que, además de las cincuenta y cuatro (54) horas acreditadas mediante el certificado de Udemy, corresponde considerar las cuarenta (40) horas del Programa de Especialización en Data Engineer & Big Data Multi-Cloud, por encontrarse relacionado con las materias exigidas. Agregó que una especialización tecnológica comprende necesariamente conocimientos complementarios, por lo que no resulta razonable exigir que se limite exclusivamente a una herramienta. En consecuencia, consideró cumplido el requisito de capacitación. Respecto de los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante

• En cuanto a la Experiencia correspondiente al RENIEC ratificó su decisión

de no reconocer el monto de S/ 1,474,524.30, debido a que la constancia de prestación no acredita que se haya cancelado la totalidad del importe contractual, sino únicamente que no se aplicaron penalidades. Adicionalmente, cuestionó que la constancia haya sido suscrita por la coordinadora administrativa del Proyecto RENIEC-BID, al considerar que, por el cargo desempeñado, no contaría con facultades para emitir certificados o constancias de prestación de servicios.

vi. En cuanto a la experiencia correspondiente a la PUCP, sostuvo que el cheque bancario presentado no permite verificar su vinculación con la PUCP; que se adjuntaron documentos en formato Word elaborados por el propio postor, cuya correspondencia con el BBVA no puede acreditarse fehacientemente; y que no se presentaron estados de cuenta u otros documentos que permitan verificar la validez de los pagos. Respecto de los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 2 vii. Respecto a la Experiencia adicional del Analista BI, sostuvo que, de la revisión de la documentación presentada, particularmente del folio 348 de la oferta, se verifica información suficiente para acreditar la experiencia del profesional propuesto, por lo que consideró que no corresponde modificar el puntaje otorgado. viii. Sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, señaló que las bases integradas exigen presentar copia simple de un certificado oficial emitido por un organismo de certificación acreditado, a nombre del postor, correspondiente a la sede encargada de ejecutar la prestación y vigente a la fecha de presentación de ofertas. En ese sentido, sostuvo que el certificado ISO 9001:2015 presentado por el Impugnante 2 cumple las condiciones previstas en las bases, por lo que corresponde mantener los cinco (5) puntos otorgados. ix. Finalmente, el comité solicitó declarar infundados ambos recursos de apelación, al considerar que los cuestionamientos formulados no desvirtúan la evaluación y calificación de las ofertas realizadas en el procedimiento de selección.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con asistencia de los

representantes de los Impugnantes 1 y 2.

• Por decreto del 30 de octubre de 2026 se declaro el expediente listo para resolver.
• Mediante escrito N° 7, presentado el 2 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes del Tribunal, el Impugnante 1 reiteró los cuestionamientos formulados en su recurso de apelación respecto de la falta de reconocimiento de las experiencias correspondientes al RENIEC y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como la insuficiente motivación de la evaluación efectuada por el comité. Adicionalmente, respecto de la experiencia derivada del Contrato N.° 062-2022- GG/MCSR, celebrado con el RENIEC por S/ 1,474,524.30, sostuvo que, aun cuando se considerase que la omisión del monto en la constancia de prestación impide acreditar dicha experiencia, correspondía otorgarle la posibilidad de subsanar el documento, conforme al artículo 78 del Reglamento de la Ley N.° 32069, al tratarse de una omisión formal en un documento emitido por una entidad pública con anterioridad a la presentación de ofertas, cuya corrección no modificaría el contenido esencial de su oferta ni incorporaría una experiencia distinta. En ese sentido, invocó los principios de eficacia y eficiencia, competitividad y verdad material, así como la Opinión N.° D000014-2025-OECE-DTN, señalando que la subsanación permite conservar las ofertas válidas y corregir errores materiales o formales sin alterar su contenido esencial. Asimismo, citó las Resoluciones N.° 3952-2021-TCE-S3 y N.° 00807-2024-TCE-S6, en las que, según indicó, se admitió la subsanación o corrección de constancias de prestación que contenían errores en los datos de identificación de los contratos, al verificarse su correspondencia con la documentación presentada originalmente. Por tanto, sostuvo que la omisión del monto en la constancia emitida por RENIEC podía corregirse mediante una constancia rectificada o aclaración formal de dicha entidad, sin que ello implique modificar la experiencia acreditada. Finalmente, reiteró su solicitud de que se reconozcan las experiencias correspondientes al RENIEC por S/ 1,474,524.30 y a la PUCP por S/ 31,082.00, se incremente su puntaje técnico de sesenta y cinco (65) a noventa y cinco (95) puntos y se disponga la evaluación económica de su oferta.

• Mediante escrito N° 8 presentado el 2 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes del Tribunal, el Impugnante 1 reiteró los cuestionamientos formulados en su recurso de apelación respecto de las experiencias del RENIEC y la PUCP, así como aquellos dirigidos contra las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2. Adicionalmente, señaló lo siguiente:

• Cuestionó que el Informe N.° 02-CPS-22-2026/C haya sido emitido por los

mismos integrantes del comité cuya actuación se encuentra impugnada. Asimismo, sostuvo que dicho informe no puede sustituir la motivación original de la evaluación ni incorporar nuevos motivos de rechazo, invocando las Resoluciones N.° 00085-2025-TCE-S5 y N.° 4067-2021-TCE- S5. ii. Respecto de las experiencias del RENIEC y la PUCP, alegó que el comité incorporó nuevos motivos para desconocerlas, distintos de los consignados en la evaluación original, afectando su derecho de defensa. iii. Asimismo, reiteró que el comité no evaluó adecuadamente las funciones desarrolladas en el proyecto ONCOSALUD, la experiencia acreditada mediante el certificado del folio 349 y la validez del certificado ISO 9001:2015 del Impugnante 2. Destacó que el comité reconoció el error en el cómputo de la experiencia del Analista BI del Adjudicatario. iv. Finalmente, advirtió contradicciones entre el informe del comité y el Informe Técnico Legal remitido mediante Oficio N.° GAF/ALOG-801-2026, del 29 de octubre de 2026, pues este último concluyó que correspondía descalificar al Adjudicatario por incumplir el requisito de equipamiento estratégico, no reconocer la experiencia del folio 349 ni el certificado ISO 9001:2015 del Impugnante 2, y que existía motivación insuficiente respecto de la experiencia de la PUCP.

• En consecuencia, solicitó que se valoren las contradicciones entre ambos

informes y se declaren fundados los cuestionamientos formulados en su recurso de apelación.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1 contra la evaluación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se le otorgue el puntaje de 95 puntos y se disponga que cumple con el puntaje mínimo para la evaluación económica; asimismo, solicitó que se descalifique al Adjudicatario y reduzca puntaje a la empresa HITSS PERÚ S.A.C. (Impugnante 2), en la evaluación técnica, y como consecuencia, se le otorgue la buena pro a su favor. Asimismo, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2 contra la calificación y evaluación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se disponga su descalificación o se reduzca puntaje al Adjudicatario por la experiencia adicional del Analista en Inteligencia de Datos, como consecuencia, se efectúe una nueva evaluación

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si los recursos son procedentes o si, por el contrario, se encuentran inmersos en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo.

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público de servicios, cuya cuantía es de S/ 1,140,000.00 (un millón ciento cuarenta mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante 1 ha interpuesto recurso de apelación contra la evaluación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se le otorgue el puntaje de 95 puntos y se disponga que cumple con el puntaje mínimo para la evaluación económica, asimismo, solicitó que se descalifique al Adjudicatario y reduzca puntaje a la empresa HITSS PERÚ S.A.C. (Impugnante 2), en la evaluación técnica, y como consecuencia, se le otorgue la buena pro a su favor; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables. El Impugnante 2 ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación y evaluación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se disponga su descalificación o se reduzca puntaje al Adjudicatario por la experiencia adicional del Analista en Inteligencia de Datos, como consecuencia, se efectúe una nueva evaluación; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público de servicios, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 20 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 7 del mismo mes y año y teniendo en cuenta que el 8 de octubre fue feriado. Al respecto, se aprecia que el Impugnante 1 interpuso su recurso de apelación mediante Escrito N° 01, subsanado con Escrito N° 02, presentados el 20 y 22 de octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

Por su parte, el Impugnante 2 interpuso su recurso de apelación mediante Escrito N° 01, subsanado con Escrito N° 02, presentados el 20 de octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación del Impugnante 1, se verifica que este fue suscrito por su apoderado, el señor Víctor Enrique Agapito Sevillano. Asimismo, el recurso de apelación del Impugnante 2, fue suscrito por su representante legal, el señor Jhelver Andrés Vargas Villamarín.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 1 y 2 se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante 1 y 2 se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante 1 cuestionó la evaluación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se le otorgue el puntaje de 95 puntos y se disponga que cumple con el puntaje mínimo para la evaluación económica, asimismo, solicitó que se descalifique al Adjudicatario y reduzca puntaje a la empresa HITSS PERÚ S.A.C. (Impugnante 2), en la evaluación técnica, y como consecuencia, se le otorgue la buena pro a su favor.

En cuanto al Impugnante 2, la presente causal de improcedencia no aplica, pues dicho postor quedó calificado en segundo lugar en orden de prelación y cuestionó la calificación y evaluación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se disponga su descalificación o se reduzca puntaje al Adjudicatario por la experiencia adicional del Analista en Inteligencia de Datos, como consecuencia, se efectúe una nueva evaluación

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante 1 quedó descalificado y el Impugnante 2 ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho de los recursos de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante 1 en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la evaluación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

Cabe precisar que, la legitimidad procesal e interés para obrar del Impugnante 1, para cuestionar la oferta del Adjudicatario y el Impugnante 2, así como el otorgamiento de la buena pro, estará supeditada a que revierta su condición de descalificado. En cuanto al Impugnante 2, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio a dicho postor, en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a su favor habrían sido realizadas transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante 1 solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la evaluación de su oferta respecto del factor de evaluación

“Experiencia del postor en la especialidad” y, en consecuencia, se le otorgue el puntaje que corresponda, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro. ii. Se descalifique la oferta del Adjudicatario por incumplir los requisitos de calificación referidos al equipamiento estratégico y al personal clave. iii. Se reduzca el puntaje otorgado al Impugnante 2 en los factores de evaluación referidos a la experiencia adicional del personal clave y a la certificación ISO 9001:2015. iv. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante 2 solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se descalifique la oferta del Adjudicatario por incumplir los requisitos de

calificación referidos al equipamiento estratégico y al personal clave, en consecuencia se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se reduzca puntaje al Adjudicatario en el factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave, en consecuencia se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del procedimiento de selección fueron notificados electrónicamente con los recursos de apelación el 23 de octubre de 2026, conforme a la información registrada en el SEACE, por lo que contaban con tres (3) días hábiles para absolver los respectivos traslados, esto es, hasta el 28 de octubre de 2026. Sobre el particular, se advierte que el Impugnante 2 absolvió el traslado del recurso interpuesto por el Impugnante 1, el 28 de octubre de 2026; es decir, dentro del plazo otorgado. Por su parte, el Adjudicatario no se apersonó ni absolvió el traslado de los recursos de apelación. Por tal razón, corresponde considerar los argumentos del Impugnante 2 en la absolución del recurso de apelación del Impugnante 1, para la fijación de los puntos controvertidos. Cabe menciona que, mediante Escrito N.° 6, presentado el 29 de octubre de 2026; es decir, fuera del plazo otorgado, el Impugnante 1 contradijo los argumentos formulados por el Impugnante 2 respecto de su oferta y reiteró los cuestionamientos que había planteado contra la oferta de este último en su recurso de apelación. Por tal razón, dichos argumentos no corresponder ser considerados para la fijación de los puntos controvertidos, no obstante, si se tendrán en cuenta en lo que refieren a su defensa. Cabe precisar que, mediante el Informe N.° 02-CPS-22-2026/C del 28 de octubre de 2026, el comité incorporó argumentos adicionales para sustentar la evaluación de la oferta del Impugnante 1, los cuales no fueron consignados en el cuadro de calificación y evaluación de ofertas. Al respecto, corresponde señalar que dichos argumentos no serán considerados para resolver la presente controversia, toda vez que fueron expuestos con posterioridad a la interposición del recurso de apelación y no pueden constituir una motivación posterior de la decisión originalmente adoptada. Asimismo, debe tenerse presente que la Entidad no se encuentra facultada para fijar o ampliar los puntos controvertidos mediante los informes que presenta durante el procedimiento recursivo, pues estos se determinan en función de los cuestionamientos formulados oportunamente por los impugnantes y, de corresponder, por los demás postores legitimados para intervenir. En ese sentido, el análisis de este Colegiado se circunscribirá a los motivos consignados en el cuadro de calificación y evaluación que fueron objeto de impugnación, sin considerar las nuevas razones incorporadas posteriormente por el comité.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes: Respecto del recurso de apelación del Impugnante 1

• Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del

Impugnante 1, respecto a la experiencia del postor en la especialidad, otorgarle el puntaje correspondiente y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, disponiendo que su oferta continúe a la etapa de evaluación económica. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar el requisito de calificación referido al equipamiento estratégico. iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar la experiencia mínima exigida al personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)”. iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar la capacitación mínima exigida al personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)”.

• Determinar si corresponde modificar el puntaje otorgado al Adjudicatario

en el factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)”. vi. Determinar si corresponde modificar el puntaje otorgado al Impugnante 2 en el factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)”. vii. Determinar si corresponde dejar sin efecto el puntaje otorgado al Impugnante 2 en el factor de evaluación “Sistema de Gestión de la Calidad”. Respecto del recurso de apelación del Impugnante 2: viii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar el requisito de calificación referido al equipamiento estratégico y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ix. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar la experiencia mínima exigida al personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no

acreditar la capacitación mínima exigida al personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. xi. Determinar si corresponde modificar el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave “Analista en Inteligencia de Datos (BI)” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. xii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante 1 o 2, según corresponda.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión previa:

• Mediante el Escrito N.° 08 del 2 de noviembre de 2026, el Impugnante 1 cuestionó

el Informe N.° 02-CPS-22-2026/C del 28 de octubre de 2026, señalando que fue elaborado por los mismos integrantes del comité cuya evaluación se encuentra impugnada, por lo que considera que no deberían considerados.

• Al respecto, cabe señalar que, conforme al literal a) del numeral 311.1 del artículo

311 del Reglamento, corresponde a la Entidad registrar el sustento técnico-legal en el cual exponga su posición respecto de los fundamentos del recurso de apelación. En ese sentido, el hecho de que uno de los informes haya sido elaborado por los integrantes del comité no determina que dicho documento deba ser excluido de la presente controversia, pues constituye un elemento de apoyo que permite conocer las consideraciones técnicas y jurídicas de dicho órgano respecto de los cuestionamientos planteados. Asimismo, debe precisarse que los informes presentados por la Entidad no tienen carácter vinculante ni resultan determinantes para la decisión de este Colegiado.

• En consecuencia, no corresponde prescindir de los informes por el solo hecho de

haber sido elaborados por el comité. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante 1, respecto a la experiencia del postor en la especialidad, otorgarle el puntaje correspondiente y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, disponiendo que su oferta continúe a la etapa de evaluación económica.

• De la revisión del documento denominado “Acta de admisión, calificación,

evaluación de ofertas y buena pro” del 7 de octubre de 2026, publicado en el SEACE, en adelante el Acta de evaluación, se advierte que el comité declaró admitida y calificada la oferta del Impugnante 1; sin embargo, en la evaluación técnica le otorgó sesenta y cinco (65) puntos, por lo que determinó que no alcanzó el puntaje mínimo requerido para continuar a la etapa de evaluación económica, según se aprecia a continuación: *Página 4 del Acta de evaluación Al respecto, del cuadro de evaluación adjunto a dicha acta, específicamente del apartado “A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD”, se aprecia que el comité reconoció al Impugnante 1 un monto facturado acumulado de S/ 1,257,798.71, por el cual le otorgó veinte (20) puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”.

(…) (…) (…) (…) *Páginas 4 al 17 del Cuadro de calificación Conforme se advierte, el comité no reconoció las siguientes experiencias:

• Experiencia N.° 7: el comité consignó como observación: “De los

documentos presentados, no se puede validar que correspondan a servicios solicitados en la bases”.

• Experiencia N.° 9: el comité consignó como observación: “NO CONSIGNA

MONTO DE EJECUCION EN CONSTANCIA”.

En ambos casos, el comité asignó un monto computable de S/ 0.00.

• Conforme a los antecedentes reseñados, el Impugnante 1 sostiene que el comité

no valoró adecuadamente la documentación presentada para acreditar las Experiencias N° 7 y 9, pues, respecto de la contratación con el RENIEC, señala que presentó el Contrato N.° 062-2022-GG/MCSR, por S/ 1,474,524.30, conjuntamente con su constancia de prestación, siendo que ambos documentos deben valorarse integralmente, pues el contrato acredita el monto pactado y la constancia acredita el cumplimiento del servicio, por lo que considera que no corresponde desconocer dicha experiencia únicamente porque la constancia no reproduce el importe contractual. En cuanto a la contratación con la PUCP, sostiene que el servicio corresponde al desarrollo de aplicaciones, considerado expresamente como servicio similar en las bases integradas. Asimismo, indica que presentó comprobantes de pago y documentación destinada a acreditar su cancelación, por un importe acumulado de S/ 31,082.00. Por tanto, solicita que se reconozcan las experiencias cuestionadas y se le otorguen cincuenta (50) puntos en el factor de evaluación, con lo cual su puntaje técnico se incrementaría de sesenta y cinco (65) a noventa y cinco (95) puntos, permitiéndole continuar a la etapa de evaluación económica.

• Por su parte, el Impugnante 2, al absolver el traslado del recurso de apelación del

Impugnante 1, cuestionó el reconocimiento de la experiencia correspondiente al RENIEC, señalando que existe una inconsistencia entre el plazo establecido en el Contrato N.° 062-2022-GG/MCSR, de aproximadamente doscientos diez (210) días, y el periodo consignado en la constancia de prestación, comprendido entre el 20 de septiembre de 2022 y el 26 de enero de 2024, equivalente a aproximadamente dieciséis (16) meses. En ese sentido, sostiene que dicha diferencia impide determinar que la prestación se haya ejecutado conforme a las condiciones originalmente pactadas y, particularmente, que se haya ejecutado la totalidad del monto contractual de S/ 1,474,524.30. Por ello, considera que no corresponde reconocer dicho importe únicamente sobre la base del contrato y la constancia presentada. Asimismo, respecto de la experiencia correspondiente a la PUCP, cuestiona que la documentación presentada permita acreditar suficientemente la prestación y el monto cuyo reconocimiento solicita el Impugnante 1, por lo que considera que debe mantenerse la evaluación efectuada por el comité.

• A su turno, mediante Informe N.° 02-CPS-22-2026/C del 28 de octubre de 2026, el

comité se ratificó en la evaluación de la oferta del Impugnante 1.

Respecto de la experiencia correspondiente al RENIEC, señaló que la constancia de prestación presentada a folio 136 de la oferta no indica si al contratista se le canceló la totalidad del monto contractual, pues únicamente consigna que no se aplicaron penalidades. Por ello, considera que no se encuentra sustentado fehacientemente el importe que corresponde reconocer como experiencia. Adicionalmente, observó que dicha constancia fue suscrita por la señora Patricia Zevallos Valverde, en su condición de coordinadora administrativa del Proyecto RENIEC-BID, considerando que, por el cargo que ocupaba, no contaría con facultades para emitir certificados o constancias de prestación de servicios. En cuanto a la experiencia correspondiente a la PUCP, el comité señaló que el postor presentó un cheque bancario respecto del cual no podía verificarse su vinculación con dicha institución. Asimismo, indicó que se adjuntaron documentos en formato Word, elaborados por el propio postor, que no permitían acreditar fehacientemente que hubieran sido emitidos por el BBVA. Finalmente, sostuvo que no se presentaron estados de cuenta ni otros documentos que permitieran acreditar fehacientemente la validez de los medios de pago. En atención a tales consideraciones, el comité ratificó su decisión de no reconocer las experiencias correspondientes al RENIEC y la PUCP, manteniendo el puntaje otorgado al Impugnante 1 en el factor de evaluación cuestionado.

• Antes de iniciar con el análisis de fondo, cabe precisar que el Impugnante 1

también ha cuestionado la motivación de la decisión del comité, al considerar que no se justificó adecuadamente el rechazo de la experiencia correspondiente al

RENIEC.

Sobre el particular, de la revisión del cuadro de calificación y evaluación se advierte que el comité identificó expresamente el motivo por el cual no reconoció dicha experiencia, al señalar que la constancia de prestación no consignaba el monto de ejecución. En ese sentido, se aprecia que el Impugnante 1 tuvo conocimiento de la razón que sustentó dicha decisión, lo que le permitió formular los argumentos de contradicción desarrollados en su recurso de apelación. Por tanto, no se advierte una ausencia de motivación que determine la invalidez de la evaluación en este extremo, sin perjuicio de que corresponda a este Colegiado verificar si la observación formulada se encuentra sustentada en las bases integradas y en la documentación presentada en la oferta.

• Al respecto, a fin de resolver la controversia, corresponde remitirnos a las bases

integradas que rigen el procedimiento de selección.

• Así, de la revisión del numeral 4.1.2 Experiencia adicional del postor en la

especialidad, del Capítulo IV Evaluación de ofertas, de las bases integradas, se estableció lo siguiente:

Conforme se aprecia, dicho factor de evaluación estableció que la asignación de puntaje se efectuaría considerando el monto facturado acumulado por la prestación de servicios iguales o similares, conforme al siguiente detalle: Asimismo, se precisó que resultaban aplicables las disposiciones previstas para el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, contemplado en el numeral 3.5.1 de las bases integradas. En cuanto a la acreditación, se establecieron dos modalidades: i) contratos u órdenes de servicio acompañados de su respectiva conformidad o constancia de prestación; o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Tratándose de contrataciones realizadas con privados, se exigió obligatoriamente la segunda modalidad.

• De las disposiciones citadas, se desprende que, para la asignación del puntaje

Monto facturado acumulado Puntaje Igual o superior a S/ 2,280,000.00 50 puntos Superior a S/ 1,140,000.00 e inferior a S/ 2,280,000.00 20 puntos correspondiente, el postor debe acreditar fehacientemente el monto facturado acumulado por prestaciones efectivamente ejecutadas.

• Ahora bien, teniendo en cuenta que el comité ha observado dos (2) experiencias

de las (10) diez que presentó para acreditar la Experiencia del postor en la especialidad, corresponde analizar cada una de estas. Respecto a la Experiencia N° 9

• De la revisión de la oferta del Impugnante 1, se advierte que, para acreditar la

experiencia N.° 9, correspondiente a la contratación efectuada con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), presentó, a folio 136, una constancia de prestación y, a folios 137 al 271, el Contrato N.° 062-2022-GG/MCSR, derivado de una contratación en el marco del Proyecto RENIEC-BID, cuyo objeto fue la “Adquisición de una solución de desarrollo de procesos de extracción, transformación y carga (ETL) y automatización de procesos analíticos (APA) y provisión de un servicio para implementar recomendaciones de buenas prácticas en la plataforma de inteligencia de negocios del RENIEC”, por un monto contractual de S/ 1,474,524.30, según se aprecia a continuación:

• De la constancia presentada se aprecia que identifica el contrato, describe la

prestación realizada, consigna el periodo de ejecución comprendido entre el 20 de septiembre de 2022 y el 26 de enero de 2024 y señala que no se aplicaron penalidades. Sin embargo, no consigna el monto final efectivamente ejecutado. Por su parte, el contrato permite conocer el importe originalmente pactado entre las partes, de S/ 1,474,524.30, pero ello no acredita, por sí mismo, el monto por el cual concluyó su ejecución.

• Sobre el particular, cabe precisar que las bases integradas establecieron que la

experiencia del postor en la especialidad debía acreditarse mediante copia simple de los contratos u órdenes de servicio acompañados de su respectiva conformidad o constancia de prestación, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se encuentre acreditada documental y fehacientemente. En ese sentido, la documentación presentada debe permitir verificar la ejecución de las prestaciones y determinar el monto que corresponde reconocer como experiencia del postor, toda vez que dicho importe constituye el parámetro para la asignación del puntaje correspondiente.

• En ese contexto, si bien la constancia presentada por el Impugnante 1 acredita el

cumplimiento de la prestación correspondiente al Contrato N.° 062-2022- GG/MCSR, no consigna el importe final ejecutado ni precisa si la prestación culminó por la totalidad del monto originalmente pactado de S/ 1,474,524.30. Por consiguiente, no resulta posible determinar, a partir de dicha constancia, si durante el periodo de ejecución se produjeron variaciones contractuales que incidieran en el importe final o si este se mantuvo invariable.

• En consecuencia, si bien corresponde valorar conjuntamente el contrato y la

constancia de prestación, como sostiene el Impugnante 1, dicha valoración debe permitir establecer con certeza el monto cuya acreditación se pretende. En el presente caso, la constancia acredita el cumplimiento del servicio, pero no proporciona información sobre su importe final, mientras que el contrato únicamente consigna el monto originalmente pactado. Por tanto, este Colegiado considera que la documentación presentada no permite corroborar fehacientemente que la prestación haya sido ejecutada por la totalidad del importe contractual declarado.

• Sobre el particular, el Impugnante 1 sostiene que el contrato y la constancia deben

valorarse conjuntamente, pues el primero contiene el importe de la contratación y la segunda acredita el cumplimiento del servicio. Al respecto, este Colegiado considera que, si bien ambos documentos deben evaluarse de manera integral, ello no implica que el monto originalmente contratado pueda asumirse automáticamente como el monto efectivamente ejecutado. En efecto, el contrato acredita las condiciones económicas inicialmente pactadas, mientras que la constancia de prestación permite verificar la ejecución del servicio.

Por tanto, tratándose de la modalidad de acreditación elegida por el propio Impugnante 1, correspondía que la constancia consignara el monto final ejecutado o que, de la documentación presentada conjuntamente con ella, pudiera determinarse fehacientemente dicho importe. Sin embargo, en el presente caso, la constancia presentada no contiene información sobre el monto final de ejecución. Si bien identifica el contrato y señala que la prestación se cumplió sin aplicación de penalidades, tales circunstancias no permiten establecer que la totalidad del importe originalmente contratado haya sido efectivamente ejecutada. En ese sentido, debe tenerse presente que durante la ejecución contractual pueden producirse modificaciones que incidan en el monto finalmente ejecutado. Por ello, el importe consignado en el contrato constituye el monto inicialmente pactado, pero no permite conocer necesariamente cómo concluyó su ejecución ni cuál fue el monto final de la prestación. Asimismo, el hecho de que no se hayan identificado modificaciones o reducciones contractuales no permite presumir que se ejecutó íntegramente el importe contratado, pues corresponde al propio postor acreditar, mediante la documentación presentada en su oferta, el monto de experiencia cuyo reconocimiento solicita, siendo el documento idóneo para acreditar cual fue el monto final, en este caso, la constancia de prestación presentada en la oferta del Impugnante 1.

• Cabe precisar que lo expuesto no supone exigir al Impugnante 1 la presentación

obligatoria de comprobantes de pago o documentos bancarios, dado que las bases integradas permitían acreditar experiencias provenientes de contrataciones públicas mediante contratos acompañados de sus respectivas conformidades o constancias de prestación. Lo que se advierte es que, a través de la modalidad documental elegida por el propio Impugnante 1, no se ha logrado determinar fehacientemente el monto efectivamente ejecutado. Por tanto, no corresponde equiparar el importe originalmente contratado con el monto de experiencia acreditado.

• En cuanto al argumento del Impugnante 1 referido a que no se ha identificado

ninguna reducción contractual, ejecución parcial o documento que contradiga el importe originalmente pactado, corresponde precisar que este Colegiado no está afirmando que tales circunstancias efectivamente se hayan producido. Lo que se advierte es que la documentación presentada no permite corroborar el importe final ejecutado. En ese sentido, la controversia no radica en demostrar que el contrato fue modificado, sino en determinar si los documentos presentados permiten acreditar fehacientemente el monto cuyo reconocimiento se solicita, lo cual no ocurre en el presente caso, pues la constancia de prestación no indica cual fue el monto final.

• Respecto del argumento de que las bases integradas permiten acreditar la

experiencia mediante contratos acompañados de sus respectivas constancias de prestación, sin exigir comprobantes de pago, este Colegiado coincide en que se trata de modalidades alternativas de acreditación. Por consiguiente, no corresponde exigir al Impugnante 1 la presentación de comprobantes de pago cancelados como condición adicional para reconocer la experiencia del RENIEC. Sin embargo, la elección de la primera modalidad no lo exime de acreditar suficientemente el importe de la experiencia, mediante la valoración conjunta de los documentos presentados.

• Por otra parte, respecto de los argumentos adicionales expuestos por el comité en

su Informe N.° 02-CPS-22-2026/C, corresponde precisar que la presente controversia se resuelve considerando la observación consignada originalmente en el cuadro de evaluación y la documentación presentada en la oferta.

• En consecuencia, este Colegiado considera que el Impugnante 1 no ha logrado

desvirtuar la observación formulada por el comité respecto de la experiencia N.° 9, correspondiente al Contrato N.° 062-2022-GG/MCSR, celebrado con el RENIEC, por lo que no corresponde reconocer el importe de S/ 1,474,524.30 para el cómputo del factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”. Cabe añadir que la deficiencia advertida en la documentación presentada por el Impugnante 1 no resulta subsanable bajo algún supuesto previsto en el artículo 78 del Reglamento, en la medida que omisión de la información relacionada con el monto ejecutado no se trata de un error formal o no esencial, sino que implicaría la alteración del alcance la oferta.

• En cuanto a la experiencia N.° 7, correspondiente a la PUCP, cabe señalar que el

Impugnante 1 solicita el reconocimiento de S/ 31,082.00, importe que, aun cuando fuera incorporado al monto acumulado de S/ 1,257,798.71 reconocido por el comité, daría como resultado S/ 1,288,880.71.

• Por tanto, incluso en el supuesto de reconocerse íntegramente dicha experiencia,

el Impugnante 1 no alcanzaría el monto mínimo de S/ 2,280,000.00 requerido para obtener cincuenta (50) puntos en el factor cuestionado, manteniéndose en el tramo correspondiente a veinte (20) puntos.

• En ese contexto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el reconocimiento

de la experiencia de la PUCP para efectos de modificar el puntaje del factor, dado que, cualquiera sea el resultado de su valoración, este no alteraría el puntaje técnico obtenido por el Impugnante 1.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde mantener los veinte (20) puntos

otorgados al Impugnante 1 en el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, por lo que su puntaje técnico total permanece en sesenta y cinco (65) puntos, inferior al mínimo de setenta (70) puntos requerido para continuar a la etapa de evaluación económica.

• En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de

apelación del Impugnante 1 y confirmar la evaluación técnica de su oferta, manteniéndose su condición de postor que no alcanzó el puntaje técnico mínimo requerido para acceder a la etapa de evaluación económica. Por tanto, no corresponde amparar su pretensión de que se disponga la evaluación económica de su oferta ni revocar el otorgamiento de la buena pro como consecuencia de este cuestionamiento.

• Por otra parte, considerando que el Impugnante 1 no ha logrado revertir el

resultado de la evaluación técnica de su oferta, al mantenerse el puntaje que le fue otorgado por el comité, el cual no alcanza el mínimo exigido para acceder a la evaluación económica, corresponde declarar improcedente su recurso de apelación, en atención a lo dispuesto en el literal g) del artículo 308 del Reglamento, en el extremo que cuestiona las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2, así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, por falta de legitimidad procesal.

En ese sentido, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos ii, iii, iv, v, vi y vii.

• Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento de la Entidad los

cuestionamientos formulados por el Impugnante 1 contra las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2, a fin de que, en el marco de sus competencias, evalúe la pertinencia de adoptar las medidas que correspondan. OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar el requisito de calificación referido al equipamiento estratégico y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Conforme fluye de los antecedentes, el Impugnante 2 cuestiona la calificación de

la oferta del Adjudicatario, señalando que no acreditó la disponibilidad del servidor de desarrollo o entorno virtualizado exigido en el numeral 2 del requisito de calificación C.3 “Equipamiento estratégico”, pues, a folio 110 de su oferta, presentó una carta suscrita únicamente por su representante legal, mediante la cual se compromete a adquirir o alquilar posteriormente dicho recurso, sin identificar al proveedor, vendedor o arrendador, ni acreditar la existencia de una obligación asumida por un tercero que garantice su disponibilidad. Asimismo, refiere que el comité aplicó criterios distintos al evaluar las ofertas, pues descalificó a ACCHIWAN S.A.C. por presentar una declaración unilateral de disponibilidad del equipamiento, mientras que consideró suficiente un documento de similar naturaleza presentado por el Adjudicatario. Por ello, solicita que se revoque la calificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro.

• Por su parte, mediante el Informe N.° 02-CPS-22-2026/C, el comité sostiene que la

carta presentada por el Adjudicatario constituye un compromiso de contratación futura, mediante el cual este asume la obligación de adquirir o alquilar los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución del servicio. Agrega que, tratándose de entornos virtualizados, no resulta razonable exigir la contratación anticipada de infraestructura tecnológica que podría permanecer inactiva durante el procedimiento de selección. Asimismo, considera que el documento presentado por el Adjudicatario se diferencia de la declaración de ACCHIWAN S.A.C., pues vincula expresamente la futura adquisición o alquiler con la ejecución del contrato.

• Cabe precisar que, a la fecha, el Adjudicatario no se apersonó y no absolvió el

traslado del recurso de apelación del Impugnante 1 y 2.

• Sobre el particular, a fin de resolver la presente controversia, corresponde

remitirnos a las bases integradas que rigen el procedimiento de selección.

• Así, en el numeral 3.5.1, requisito de calificación C.3 “Equipamiento estratégico”,

se estableció que los postores debían acreditar la disponibilidad de los siguientes recursos:

Conforme se aprecia, se requirió acreditar la disponibilidad de:

• Tres (3) estaciones de trabajo (workstations), con procesador multinúcleo, 16
• Un (1) servidor de desarrollo o entornos virtualizados propios del proveedor,

destinados al diseño y pruebas de integración de datos, validación de modelos y estructuras analíticas y simulación de cargas de trabajo.

• Herramientas de software de desarrollo y análisis, incluyendo herramientas

ETL/ELT, de procesamiento de datos y de diseño y documentación. Asimismo, para acreditar dicho requisito, las bases integradas permitieron presentar copia simple de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido para la ejecución del contrato.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, a folios

106 al 109, presentó una declaración de disponibilidad de equipamiento estratégico, acompañada de tres facturas electrónicas emitidas por DGE PERU E.I.R.L., correspondientes a estaciones de trabajo. Por otra parte, a folio 110, presentó el documento denominado “Carta de compromiso de compraventa y/o alquiler de equipamiento e infraestructura tecnológica”, de fecha 23 de septiembre de 2026, suscrito por su representante legal, Miguel Ángel Zacarías Dionisio, mediante el cual declara su compromiso de adquirir o alquilar los recursos correspondientes al servidor de desarrollo o entorno virtualizado y las herramientas de software de desarrollo y análisis.

Conforme se aprecia, en dicho documento se indica expresamente lo siguiente: “NET CONSULTORES S.A.C. (...) declara su compromiso de adquirir y/o alquilar oportunamente, según corresponda, los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la adecuada ejecución del servicio”. Asimismo, precisa: “La adquisición y/o alquiler de dichos recursos se realizará oportunamente, de acuerdo con las necesidades técnicas del servicio”

• De lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario presentó documentación

destinada a acreditar las estaciones de trabajo requeridas; sin embargo, respecto del servidor de desarrollo o entorno virtualizado, únicamente presentó una declaración unilateral mediante la cual manifiesta su intención de adquirirlo o alquilarlo en una oportunidad posterior, el cual no acredita que el Adjudicatario sea propietario o poseedor del referido recurso, ni contiene un compromiso de compraventa o alquiler asumido por un tercero que se obligue a proporcionárselo. Tampoco se identifica algún proveedor con el cual se hubiera acordado su futura adquisición o contratación.

• Al respecto, si bien las bases integradas admitieron la presentación de

compromisos de compraventa o alquiler, debe precisarse que estos documentos tienen por finalidad acreditar que existe una obligación asumida por quien se encuentra en condiciones de proporcionar el equipamiento requerido.

• Por consiguiente, una declaración suscrita exclusivamente por el propio postor, en

la que expresa su intención de realizar una contratación futura, no resulta suficiente para acreditar dicha condición, pues no permite verificar la existencia de un compromiso de provisión del recurso por parte de un tercero.

• Ahora bien, respecto del argumento del comité referido a que los entornos

virtualizados constituyen recursos tecnológicos cuya contratación puede efectuarse bajo demanda, corresponde señalar que dicha circunstancia no exime a los postores de cumplir con las reglas de acreditación establecidas en las bases integradas. En efecto, no se está exigiendo que el Adjudicatario mantenga necesariamente un servicio de infraestructura virtual contratado y operativo desde la presentación de su oferta, sino que acredite documentalmente su disponibilidad para la ejecución contractual, conforme a las alternativas expresamente previstas en las bases. Por tanto, la naturaleza tecnológica del recurso no convierte una declaración de intención de contratación futura en un documento que acredite su disponibilidad.

• Asimismo, respecto de lo señalado por el comité sobre la existencia de un

compromiso de contratación futura jurídicamente exigible, cabe precisar que la carta presentada no identifica a una contraparte con la cual se hubiera convenido la adquisición o alquiler del servidor. Por ello, no puede considerarse que dicho documento acredite un compromiso de compraventa o alquiler en los términos exigidos por las bases integradas.

• En ese sentido, si bien el Adjudicatario manifiesta su voluntad de contar con el

equipamiento durante la ejecución contractual, ello no resulta suficiente para demostrar que, al momento de presentar su oferta, había acreditado su disponibilidad mediante los documentos exigidos.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que el Adjudicatario no acreditó el

requisito de calificación C.3 “Equipamiento estratégico”, en el extremo referido al servidor de desarrollo o entorno virtualizado, pues la carta presentada a folio 110 de su oferta no constituye un documento suficiente para demostrar su disponibilidad conforme a las bases integradas.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundada la pretensión del

Impugnante 2 en este extremo y, en consecuencia, revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario, debiendo tenerse por descalificada. Asimismo, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor.

• Finalmente, considerando que se ha determinado que corresponde descalificar al

Adjudicatario, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante 2 contra dicha oferta, correspondientes al IX, X y XI puntos controvertidos; toda vez que, cualquiera sea el resultado de su análisis, no variará la condición de descalificado del Adjudicatario. DUODÉCIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante 1 o 2, según corresponda.

• El Impugnante 1 y 2 han solicitado el otorgamiento de la buena pro a su favor, al

respecto, conforme al análisis desarrollado en los puntos controvertidos precedentes, este Colegiado ha determinado que el Impugnante 1 no logró revertir el resultado de la evaluación técnica de su oferta, por lo que mantiene el puntaje otorgado por el comité, el cual no alcanza el mínimo exigido para acceder a la evaluación económica.

• En ese contexto, considerando que la oferta del Adjudicatario ha sido descalificada

y que el Impugnante 1 no alcanzó el puntaje técnico mínimo exigido, corresponde que el comité determine efectúe la revisión y, de ser necesario, el recálculo de los puntajes económicos y totales de las ofertas que continúan en competencia, conforme a las reglas establecidas en las bases integradas.

• Por consiguiente, no corresponde otorgar directamente la buena pro al

Impugnante 2 en esta instancia, debiendo disponerse que el comité realice las actuaciones correspondientes y determine al postor ganador del procedimiento de selección, conforme a los resultados de la evaluación.

• En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de apelación del

Impugnante 1, en el extremo referido a la evaluación técnica de su oferta, e improcedente, por falta de legitimidad procesal, en los extremos dirigidos contra las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2, así como contra el otorgamiento de la buena pro.

• Asimismo, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación del

Impugnante 2, en el extremo referido a la descalificación de la oferta del Adjudicatario y la revocación del otorgamiento de la buena pro; y no amparar su pretensión de que se le otorgue directamente la buena pro, por las consideraciones expuestas.

• Finalmente, respecto de las garantías otorgadas para la interposición de los

recursos de apelación, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante 1, al haberse declarado infundado e improcedente su recurso de apelación; y la devolución de la garantía presentada por el Impugnante 2, al haberse declarado fundado en parte su recurso, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Reglamento.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. 1 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y con la intervención de los vocales Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa

PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C., en el extremo que solicita revocar la evaluación de su oferta; e IMPROCEDENTE, en el extremo que cuestiona las ofertas de las empresas NET CONSULTORES S.A.C. y HITSS PERÚ S.A.C., así como el otorgamiento de la buena pro, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 308 del Reglamento, en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 22-2026- OSINERGMIN-1, para la “Contratación del servicio de desarrollo e implementación de soluciones analíticas (Business Intelligence)”. En consecuencia, corresponde: 1.1 Confirmar la decisión de la Entidad de descalificar la oferta de la empresa PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 22-2026-OSINERGMIN-1.

• Ejecutar la garantía otorgada por la empresa PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C., para la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa

HITSS PERÚ S.A.C., siendo infundado en el extremo que se le otorgue la buena pro a su favor y fundado en los demás extremos. En consecuencia, corresponde: 3.1 Revocar la calificación de la oferta de la empresa NET CONSULTORES S.A.C., y tenerla por descalificada, en consecuencia revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público de Servicios Nº 22- 2026-OSINERGMIN-1 otorgada a su favor.

3.2 Disponer que el comité efectúe la evaluación económica de las ofertas calificadas y determine a quien corresponde la buena pro del Concurso Público de Servicios Nº 22-2026-OSINERGMIN-1.

• Devolver la garantía presentada por la empresa HITSS PERÚ S.A.C, para la

interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad tome conocimiento de los cuestionamientos formulados

por la empresa PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C. contra la oferta de las empresas NET CONSULTORES S.A.C. y HITSS PERÚ S.A.C., a fin de que, en el marco de sus competencia, realice las acciones que considere pertinentes.

• Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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