Resolución N.° 9650-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley, toda vez que el Adjudicatario presentó un documento cuyo contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto del cargo ejercido por el señor Alejandro Alberto Benites Moreno.” Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7769/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2025-GRP-C-CP CON – primera convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de Piura Sede Central, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 9 de julio de 2026, el Gobierno Regional de Piura Sede Central, en adelante la

Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2025-GRP- C-CP CON – primera convocatoria, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra: mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal TG 8.4 alto, medio y alto en el valle de San Lorenzo en los distritos de Tambogrande - Las Lomas, provincia y departamento Piura, CUI N° 2515777”, con una cuantía de S/ 1,572,706.64 (un millón quinientos setenta y dos mil setecientos seis con 64/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias. El 11 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 7 de octubre del mismo año, se publicó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro al postor Leoncio Chapoñan Cajusol, en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 1,572,706.64 (un millón quinientos setenta y dos mil setecientos seis con 64/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado Chapoñan Cajusol Leoncio 1,572,706.64 100.00 1 Adjudicado H & H Consultoria En Ingenieria y Construccion S.A.C.

• - -

Descalificado Valenzuela Salas Antonio - - - Descalificado Consorcio Higuerón Ingenieros - - - Descalificado

• Mediante Escrito N° 1-2026-H&H presentado el 20 de octubre de 2026 ante la

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado mediante Escrito 2-2026-H&H presentado el 22 del mismo mes y año, el postor H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando: i) que se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro; ii) que se le asigne cien (100) puntos en la evaluación económica; iii) que se declare no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario; y iv) que se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Sostiene que el Comité descalificó su oferta debido a que incorporó su oferta económica dentro de su oferta técnica. 2.2. Indica que la Ley y el Reglamento no establecen que corresponda descalificar a los postores por incorporar la oferta económica dentro de la oferta técnica. 2.3. Señala que obtuvo cien (100) puntos en la evaluación técnica, por lo que superó el puntaje mínimo requerido para acceder a la evaluación económica. 2.4. Cuestiona que el Comité haya invocado las Resoluciones N° 02491-2020- TCE-S2, N° 02006-2022-TCE-S1 y N° 02108-2025-TCE-S2 para sustentar la descalificación de su oferta, debido a que dichas resoluciones habrían sido emitidas y analizadas bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. 2.5. Sostiene que, además de haber incorporado su oferta económica dentro de la oferta técnica, presentó dicha oferta de manera independiente en el SEACE, en el apartado correspondiente a «archivo con detalle de monto ofertado».

2.6. Indica que el precio ofertado es inferior al del adjudicatario, por lo que, una vez revocada la descalificación de su oferta por los argumentos expuestos, corresponde que se le otorguen cien (100) puntos en la evaluación económica. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 2.7. Sobre la experiencia del postor en la especialidad, indica que la documentación correspondiente a las experiencias declaradas por el Adjudicatario N° 1, 3, 4 y 6 no permite verificar el monto final ejecutado de los contratos, debido a que los certificados presentados no consignan dicha información. 2.8. Asimismo, sostiene que la liquidación correspondiente a la experiencia N° 8 se encuentra incompleta, pues no contiene determinadas páginas ni los artículos iniciales que permitirían verificar su aprobación y el monto final del contrato. En consecuencia, afirma que, al excluir las experiencias cuestionadas, el adjudicatario no alcanzaría el monto mínimo requerido. 2.9. Respecto del especialista en control de calidad, sostiene que diversas constancias presentadas para acreditar la experiencia del referido personal clave corresponden a cargos que no fueron previstos en las bases de los respectivos procedimientos de selección, por lo que no resultarían válidas para acreditar el requisito exigido. En particular, cuestiona las experiencias cuestiona la constancia correspondiente a la experiencia N° 8, al señalar que el cargo de “Ingeniero Responsable del Control de Calidad” no se encuentra comprendido entre las denominaciones previstas en las bases integradas. Por ello, afirma que, al excluir dichas experiencias, el profesional únicamente acreditaría 221 días, aproximadamente siete meses y once días, por debajo de los treinta y seis meses exigidos. 2.10. En cuanto al especialista en monitoreo de impacto ambiental, indica que la experiencia N° 1 no sería válida, debido a que la constancia consigna el cargo de “Ingeniero Responsable del Monitoreo de Impacto Ambiental”, denominación que no correspondería a la prevista en las bases. Asimismo, cuestiona la experiencia N° 2, porque sostiene que no se habría consignado expresamente el año de inicio de las labores. 2.11. De manera específica, respecto de la experiencia N° 7 del especialista en monitoreo de impacto ambiental, correspondiente a la constancia de trabajo de fecha 4 de mayo de 2024, obrante a folio 141 de la oferta del Adjudicatario, el impugnante sostiene que esta contendría información inexacta. Al respecto, señala que dicha constancia indica que el profesional prestó servicios desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2024; sin embargo, de la información publicada en INFOBRAS se advertiría que la ejecución de la obra no habría iniciado en la fecha consignada en dicho documento y que, además, durante el periodo declarado se produjo una suspensión del plazo de ejecución entre el 5 y el 20 de abril de 2024. En tal sentido, afirma que la constancia atribuye al profesional un periodo continuo de experiencia que no se correspondería con la ejecución real de la obra. 2.12. Finalmente, respecto del especialista en seguridad y salud ocupacional, señala que la constancia presentada a folios 148 de la oferta, mediante la cual se pretende acreditar labores entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020, contendría información inexacta, pues comprendería un periodo en el que se encontraba vigente el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio dispuesto como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

• A través del Decreto del 23 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del Toma Razón Electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 29 de octubre de 2026 a las 16:30 horas.

• Con Escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme a los siguientes argumentos: Cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 4.1. Respecto del especialista en monitoreo de impacto ambiental, indica que la Constancia de prestación de servicios emitida por Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. acredita la experiencia de la señora Diana Isel Flores Acuña por haber desempeñado el cargo de especialista en monitoreo de impacto ambiental en la supervisión de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal Chantaco y Huarichancha, distrito de Sondor – provincia de Huancabamba – departamento de Piura”, durante los periodos comprendidos del 29 de noviembre de 2024 al 28 de febrero de 2026, del 7 de abril de 2026 al 6 de mayo de 2026 y del 1 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026. Sin embargo, señala que el contrato de dicha consultoría, N° 05-2026/MDS, fue suscrito el 14 de mayo de 2026 y que, además, en la cláusula segunda del referido contrato, en la que se encuentra la relación de profesionales propuestos, no figura el cargo de especialista en monitoreo de impacto ambiental. En ese sentido, sostiene que dicho certificado contiene información inexacta. 4.2. Asimismo, cuestiona la experiencia N° 1 del jefe de supervisión propuesto, señalando que, de acuerdo con el Informe de Control N° 28437-2024- CG/GRPI-SCC, el referido personal clave habría trabajado simultáneamente como jefe de supervisión en otra obra pública y presentado ausencias en la obra acreditada mediante el certificado. 4.3. Respecto de la experiencia N° 2 del jefe de supervisión propuesto, señala que esta no corresponde a la subespecialidad de infraestructura para riego, sino a la subespecialidad de infraestructura para encauzamiento. 4.4. Además, cuestiona la experiencia N° 4 del jefe de supervisión propuesto, indicando que el cargo de “inspector de obra” corresponde únicamente cuando el profesional labora para una Entidad pública y no cuando brinda servicios para un privado. 4.5. Sobre la experiencia N° 5 del jefe de supervisión propuesto, señala que el certificado presentado no indica el periodo de suspensión de la obra como consecuencia de un arbitraje que tuvo la obra objeto de la experiencia. Sobre los Cuestionamientos a su oferta 4.6. Señala que presentó la documentación requerida en las Bases Integradas para acreditar las experiencias N° 1, 3, 4 y 6 del postor en la especialidad, esto es, el contrato y su respectiva conformidad. Respecto de la experiencia N° 8, reconoce que faltan páginas de la resolución de liquidación; sin embargo, indica que presentó la página 9, en la que se aprueba la liquidación final del contrato de supervisión.

4.7. Sobre los cuestionamientos formulados contra los certificados del especialista en control de calidad, invoca el principio de presunción de veracidad y manifiesta su disposición a presentar la documentación que la Entidad le requiera en el marco de una fiscalización posterior. 4.8. En cuanto al especialista en monitoreo de impacto ambiental, señala que no es estrictamente necesario que la denominación del cargo sea idéntica o coincida literalmente con la exigida en las Bases Integradas para que el certificado o constancia de trabajo sea válido. 4.9. Respecto del cuestionamiento formulado contra la constancia de trabajo del 4 de mayo de 2024, sostiene que la documentación aportada por el Impugnante confirma el cargo ocupado y la veracidad del periodo acreditado. Asimismo, invoca la Opinión N° D000005-2025-OECE/DTN, según la cual, durante las suspensiones, puede resultar necesario que determinados profesionales continúen prestando servicios para viabilizar dicha suspensión o atender trámites propios de la gestión contractual, como adicionales u otras modificaciones. Por ello, sostiene que la sola existencia de un periodo de suspensión de labores no justifica que se desconozca automáticamente la experiencia laboral acreditada mediante un certificado que consigna un periodo continuo de servicios. 4.10. Finalmente, respecto del cuestionamiento formulado contra la experiencia del especialista en seguridad y salud ocupacional, por coincidir parcialmente con el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19, señala que la sola declaratoria de emergencia nacional no demuestra que se haya suspendido el periodo durante el cual el profesional ejerció sus funciones.

• Con Escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Adjudicatario acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública.

• Mediante escrito N° 03-2026-H&H presentado ante el Tribunal el 28 de octubre de

2026, el Impugnante presentó argumentos en respuesta a la absolución del recurso de apelación efectuada por el Adjudicatario, señalando principalmente lo siguiente: 6.1. Como cuestión previa, señala que el adjudicatario no presentó el desagregado de gastos generales en su oferta económica, pese a que, según sostiene, el Comité de Selección estableció expresamente en la absolución de la Consulta N° 69 que dicho documento debía presentarse obligatoriamente como parte de la oferta económica. En ese sentido, indica que, conforme al numeral 66.7 del artículo 66 del Reglamento, debe prevalecer lo establecido en el pliego de absolución de consultas, por lo que considera que el adjudicatario incumplió dicha exigencia. 6.2. Respecto del cuestionamiento formulado contra la constancia de prestación de servicios emitida por H&H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. a favor de la ingeniera Dania Isel Flores Acuña, señala que la discrepancia en la denominación de la obra consignada en dicho documento obedece a un error material, pues el proyecto correcto corresponde al denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego del canal 21.5 del sector Hualtaco IV en la localidad de CP-12, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, región Piura”. Al respecto, sostiene que los periodos de prestación de servicios y el cargo desempeñado por la profesional no presentan discrepancias, y que estos coinciden con los consignados en los certificados de los demás profesionales que integraron el equipo de supervisión. 6.3. Asimismo, indica que en su oferta presentó el Contrato N° 174-2024-GRP, correspondiente a la supervisión del referido proyecto, en cuya cláusula décima cuarta figura la ingeniera Dania Isel Flores Acuña como especialista en monitoreo de impacto ambiental, junto con los demás profesionales cuyos certificados consignan los mismos periodos de experiencia. Por ello, sostiene que la documentación presentada permite identificar el proyecto en el que la profesional prestó servicios y corroborar la experiencia acreditada. En ese sentido, sostiene que la discrepancia advertida no constituye información inexacta, sino un error material susceptible de subsanación conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, debido a que no modifica los periodos de experiencia, el cargo desempeñado ni las condiciones originalmente declaradas. Añade que la denominación del proyecto no forma parte del contenido esencial exigido para los certificados de trabajo en las Bases Integradas. Por tanto, solicita que se le permita subsanar dicho error material. 6.4. Respecto de los cuestionamientos formulados contra la experiencia N° 1 del jefe de supervisión propuesto, sostiene que la realización simultánea de labores en distintas obras no invalida la experiencia acreditada, pues, conforme a la Resolución N° 08707-2026-TCP-S2, la exigencia de exclusividad del residente de obra corresponde a un ámbito distinto de la acreditación de la experiencia del personal clave. 6.5. En cuanto a la experiencia N° 2 del jefe de supervisión, señala que, aun cuando se excluyera dicha experiencia por no corresponder a la subespecialidad de infraestructura para riego, el profesional propuesto superaría ampliamente la experiencia requerida. Respecto de la experiencia N° 4, sostiene que el cargo de inspector puede ser otorgado por entidades públicas o privadas, por lo que considera subjetivo el cuestionamiento formulado. Asimismo, sobre la experiencia N° 5, indica que el cargo se encuentra respaldado por las resoluciones de designación y cese como inspector de obra y que la existencia de un arbitraje no significa que el profesional haya dejado de realizar las labores correspondientes a dicho cargo. 6.6. Sobre el cuestionamiento formulado contra la experiencia del especialista en control de calidad, sostiene que se trata de una observación subjetiva y que el propio adjudicatario habría reconocido que esta no invalida la experiencia presentada. 6.7. Respecto de las experiencias N° 1, 3, 4 y 6 del adjudicatario, sostiene que los contratos y las respectivas conformidades presentados únicamente permiten identificar los montos contractuales iniciales, mas no acreditan fehacientemente los montos finales efectivamente ejecutados. Asimismo, en cuanto a la experiencia N° 8, señala que la resolución de liquidación fue presentada de manera incompleta y que la ausencia de su parte resolutiva impide verificar la decisión final de la Entidad respecto de la liquidación contractual. 6.8. En cuanto a los certificados presentados para acreditar la experiencia del especialista en control de calidad del adjudicatario, señala que la presunción de veracidad no exime de verificar que la experiencia corresponda a servicios efectivamente ejecutados. En ese sentido, sostiene que no corresponde reconocer experiencia en dicho cargo cuando las bases de los procedimientos de origen no contemplaron ni requirieron la participación de ese profesional, sin que exista documentación objetiva que permita verificar el desempeño efectivo de las funciones correspondientes. 6.9. Respecto del especialista en monitoreo de impacto ambiental del adjudicatario, sostiene que este pretende equiparar el cargo de “responsable” con el de “especialista”; sin embargo, indica que las Bases Integradas no establecieron que la experiencia pudiera acreditarse mediante el desempeño del cargo de responsable. 6.10. Sobre el cuestionamiento referido al certificado de trabajo que consigna un periodo continuo de experiencia pese a que la obra estuvo suspendida durante quince (15) días, sostiene que el adjudicatario reconoció la existencia de dicha suspensión, pero que no presentó documentación que acredite que el profesional continuó desarrollando labores efectivas durante ese periodo. En ese sentido, invoca las Resoluciones N° 05398-2026-TCP-S6 y N° 9370-2026-TCP-S2, señalando que los certificados que consignan periodos continuos de experiencia que comprenden lapsos de suspensión o paralización de la obra contienen información inexacta cuando no existe documentación que permita verificar la prestación efectiva de los servicios durante dichos periodos. 6.11. Finalmente, respecto del certificado de trabajo del especialista en seguridad y salud ocupacional del adjudicatario, que comprende un periodo coincidente con la emergencia sanitaria por COVID-19, sostiene que dicho documento contiene información inexacta, pues consigna un periodo continuo de experiencia que comprende lapsos en los que se encontraba vigente el aislamiento social obligatorio, sin que se haya presentado documentación que permita corroborar la efectiva prestación de los servicios. Para sustentar su posición, invoca la Resolución N° 05398-2026-

TCP-S6.

• Mediante escrito N° 04-2026-H&H presentado el 29 de octubre de 2026 ante el

Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública.

• Mediante decreto del 29 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

Adjudicatario y se dejó a consideración de la Sala su absolución del traslado del recurso de apelación.

• El 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada

mediante decreto del 23 de octubre de 2026, con la participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario.

• Mediante Decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.

• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Concurso Público para Consultoría de Obra con una cuantía de S/ 1,572,706.64 . Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente.

2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 El otorgamiento de la buena pro fue notificado a través del SEACE el 7 de octubre de 2026, teniendo los postores para impugnar dicho acto hasta el 20 de octubre de 2026. Se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación el 20 de octubre de 2026, subsanándolo el 22 del mismo mes y año. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Luis Ángel Ordinola Durán, en calidad de gerente general del Impugnante, conforme al certificado de vigencia correspondiente a la partida electrónica N° 11252110 de la Oficina Registral de Piura, adjunto a su escrito. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona expresamente la descalificación de su oferta. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro; su oferta fue descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Impugnante tiene interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la descalificación de su oferta. De otro lado, tiene interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la oferta del Adjudicatario, siempre y cuando logre revertir su condición de descalificado. Sí

• Por las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las

causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ✓ Se le otorgue cien (100) puntos en su evaluación económica. ✓ Se declare no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario. ✓ Se le otorgue la buena pro.

• El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante. ✓ Se descalifique la oferta del Impugnante.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 23 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 28 del mismo mes y año para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que, con Escrito s/n presentado el 28 de octubre de 2026, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, por lo que, a efectos de determinar los puntos controvertidos, serán considerados los argumentos expuestos por el Impugnante en su recurso de apelación y aquellos expuestos por el Adjudicatario en su absolución del mismo. En ese sentido, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación del Impugnante.

ii. Determinar si corresponde declarar no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario.

iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. iv. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación del Impugnante.

• En el Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la

buena pro, en adelante el Acta, el comité determinó que la oferta del Impugnante fue descalificada por incorporar la oferta económica dentro de la oferta técnica, conforme se aprecia de los siguientes extractos:

• En el Acta se indica que, incluir el monto total ofertado y el detalle económico de

las prestaciones objeto de contratación, se contraviene la separación entre la oferta técnica y la oferta económica establecida en las bases integradas, así como lo dispuesto en el artículo 69, el numeral 70.2, el artículo 73 y el literal b) del numeral 74.1 del Reglamento, pues la información correspondiente al precio debe permanecer fuera del contenido de la oferta técnica hasta la etapa de evaluación económica. Asimismo, indicó que no se trata de una omisión o error material susceptible de subsanación, sino de la incorporación efectiva de información económica en la documentación técnica, lo que compromete la separación entre ambas ofertas y la secuencia de evaluación. Para sustentar su decisión, invocó las Resoluciones N° 02108-2025-TCE-S2, N° 02491-2020-TCE-S2 y N° 02006-2022-TCE- S1, en las que se habría establecido que la incorporación de información económica dentro de la oferta técnica afecta la separación entre ambas y constituye un incumplimiento de las reglas de presentación y evaluación de ofertas. Por tales consideraciones, concluyó que correspondía descalificar la oferta del Impugnante.

• Frente a ello, el Impugnante interpuso recurso de apelación y efectuó

cuestionamientos sobre la base de los argumentos desarrollados en los

sostiene que el hecho de haber incorporado el precio de su oferta económica dentro de su oferta técnica no constituye un motivo de descalificación, toda vez que la Ley y su Reglamento no establecen dicha consecuencia. Además, sostiene que las resoluciones invocadas por el Acta, fueron emitidas sobre la base de hechos sometidos a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, y no a la normativa vigente. Asimismo, señala que obtuvo cien (100) puntos en la evaluación técnica y que presentó su oferta económica de manera independiente en el SEACE, por lo que solicita que se revoque la descalificación de su oferta y se le otorguen cien (100) puntos en la evaluación económica, al haber ofertado el precio más bajo.

• Al respecto, se advierte que el procedimiento de selección contempla una

evaluación económica posterior a la evaluación técnica; es decir, que las ofertas económicas se evalúan únicamente respecto de aquellos postores que hayan obtenido el puntaje mínimo de setenta (70) puntos en la evaluación técnica, conforme a las bases estándar aplicables a los concursos públicos para consultorías de obra y a las bases integradas. En ese sentido, de la revisión del Acta se aprecia que el Impugnante obtuvo cien (100) puntos en la evaluación técnica; sin embargo, el comité descalificó su oferta debido a que incorporó el Anexo N° 6 – Precio de la oferta y el desagregado de gastos generales dentro de su oferta técnica.

• Ahora bien, para sustentar la descalificación de la oferta del Impugnante, el comité

invocó el artículo 69, el numeral 70.2, el artículo 73 y el literal b) del numeral 74.1 del Reglamento, cuyo contenido se reproduce a continuación para una mejor comprensión: “(…)

Artículo 69. Contenido de las ofertas

69.1. Las ofertas técnicas, para ser admitidas, contienen como mínimo lo siguiente:

• Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta.
• Pacto de integridad durante el procedimiento de selección, conforme al formato

aprobado en las bases estándar.

• Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los

documentos e información de la oferta, y (ii) no encontrarse impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley, conforme al formato aprobado en las bases estándar.

• Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 69.2. Adicionalmente, las ofertas técnicas contienen la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de calificación y aquella que sustenta el otorgamiento de puntaje conforme a los factores de evaluación, cuando esta no obre en la FUP. Asimismo, puede contener documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de haberse determinado así en la estrategia de contratación. 69.3. La oferta económica y sus subtotales se expresan en dos decimales y todos sus valores desagregados pueden ser expresados con más de dos decimales. 69.4. La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoría u obra a contratar. Los postores que gocen de alguna exoneración legal tributaria no incluyen en su oferta los tributos respectivos. 69.5. Los documentos que presentan los participantes en la fase de selección, incluyendo las ofertas, son presentados en idioma español o con la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. (…)

Artículo 70. Tipos de evaluación de oferta

(…) 70.2. En la evaluación sin precalificación, las ofertas se evalúan en una sola etapa que, a su vez, se subdivide en las siguientes subetapas:

• Admisión de las ofertas.
• Revisión de los requisitos de calificación.
• Evaluación técnica.
• Evaluación económica.

(…)

Artículo 73. Evaluación de las ofertas técnicas

73.1. Las ofertas son evaluadas de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas. 73.2. Los factores de evaluación tienen como objetivo permitir la selección de la mejor oferta, conforme al principio de valor por dinero. 73.3. Las Bases Estándar aprobadas incluyen factores de evaluación obligatorios y facultativos de acuerdo con el objeto del procedimiento de selección y su modalidad, así como la ponderación correspondiente a la evaluación técnica y económica. (…)

Artículo 74. Evaluación económica de la oferta

74.1. La evaluación económica, de acuerdo con el tipo de procedimiento de selección o sus modalidades, puede ser de los siguientes tipos:

• De manera simultánea a la evaluación técnica: la oferta económica es un factor de

evaluación.

• De manera posterior a la evaluación técnica: la oferta económica se evalúa luego de

realizada la evaluación técnica de la oferta y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido un puntaje mínimo en dicha evaluación.

• Con lances: se permite a los postores mejorar los montos de sus ofertas a través de

lances sucesivos en línea. La mejora de precios de la oferta queda a criterio de cada postor. (…)”.

Al respecto, este Colegiado advierte que ninguna de las disposiciones del Reglamento invocadas por el comité establece que la incorporación de la oferta económica dentro de la oferta técnica constituye una causal de descalificación del postor, más aún cuando el Impugnante obtuvo el puntaje mínimo requerido para acceder a la evaluación económica. Cabe precisar que, además de haber incorporado dicha documentación en su oferta técnica, el Impugnante presentó el Anexo N° 6 – Precio de la oferta y el desagregado de costos de su oferta económica en el apartado correspondiente del SEACE, conforme se muestra a continuación:

• Por otro lado, de la revisión de las bases integradas, se advierte que no se

estableció, entre los documentos obligatorios para la admisión de ofertas, los requisitos de calificación ni los factores de evaluación, como un motivo de descalificación que se incorpore la oferta económica dentro de la documentación correspondiente a la oferta técnica.

• En ese sentido, este Colegiado concluye que el motivo de descalificación de la

oferta del Impugnante expuesto por el comité en el Acta, no es amparable según lo dispuesto en las bases integradas, la Ley y el Reglamento.

• Por lo tanto, corresponde declarar fundado este presente extremo del recurso de

apelación y, por su efecto, revocar la descalificación de la oferta del Impugnante por el motivo expuesto en el Acta y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. Siendo así, el Impugnante ha adquirido interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro; razón por la cual corresponde analizar el segundo punto controvertido planteado. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde declarar no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario.

• Al respecto, el Impugnante cuestiona la oferta del Adjudicatario, respecto de los

siguientes aspectos:

• Sobre el requisito de calificación «experiencia del postor en la especialidad»,

cuestiona las Experiencias N° 1, 3, 4 y 6 declaradas por el Adjudicatario, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.7 de los antecedentes.

• Sobre el mismo requisito de calificación, cuestiona la Experiencia N° 8, debido

a que la documentación presentada para acreditar dicha experiencia se encontraría incompleta, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.8 de los antecedentes.

• Sobre el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave

propuesto como especialista en control de calidad, cuestiona las Experiencias N° 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.9 de los antecedentes.

• Sobre el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave

propuesto como especialista en monitoreo de impacto ambiental, cuestiona las Experiencias N° 1, 2 y 7, conforme a los argumentos expuestos en los numerales 2.10 y 2.11 de los antecedentes.

• Sobre el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave

propuesto como especialista en seguridad y salud ocupacional, cuestiona la experiencia acreditada mediante la constancia presentada a folio 148 de la oferta del Adjudicatario, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 2.12 de los antecedentes.

• En ese sentido, corresponde analizar los referidos cuestionamientos en este

apartado.

Sobre los cuestionamientos a la documentación presentada para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como especialista en monitoreo de impacto ambiental Experiencia N° 7

• El Impugnante cuestiona la Constancia de Trabajo emitida el 4 de mayo de 2024

por la Municipalidad Distrital de Rinconada Llicuar, a favor del señor Marco Antonio Amaya Berru, por haber desempeñado el cargo de “especialista en monitoreo de impacto ambiental”, en la supervisión de la obra “Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego del canal Reyes, Bazán sector II, Silva II y Ladrillera del subsector hidráulico Manuela margen derecha, distrito de Rinconada Llicuar, provincia de Sechura, departamento de Piura, CUI 2500107”, desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2024.

• Al respecto, señala que la constancia contendría información inexacta, toda vez

que, de acuerdo con la información publicada en INFOBRAS, la ejecución de la obra no habría iniciado en la fecha consignada en dicho documento. Asimismo, indica que, durante el periodo de experiencia declarado, se produjo una suspensión del plazo de ejecución de la obra entre el 5 y el 20 de abril de 2024. En ese sentido, sostiene que la constancia atribuye al profesional un periodo continuo de experiencia que no correspondería a la realidad de la obra.

• Frente a ello, el Adjudicatario sostiene que la documentación aportada por el

Impugnante en su escrito de apelación, confirma el cargo ocupado por el profesional y la veracidad del periodo de experiencia acreditado. Asimismo, invoca la Opinión N° D000005-2025-OECE/DTN, según la cual, durante las suspensiones, puede resultar necesario que determinados profesionales continúen prestando servicios para viabilizar dicha suspensión o atender trámites propios de la gestión contractual, como adicionales u otras modificaciones. Por ello, considera que la sola existencia de un periodo de suspensión de labores no justifica desconocer automáticamente la experiencia laboral acreditada mediante un certificado que consigna un periodo continuo de servicios.

• Al respecto, este Colegiado aprecia que, de la revisión de la plataforma INFOBRAS,

correspondiente a la obra objeto de la experiencia cuestionada, se encuentran registradas el Acta de recepción de obra y el Acta de suspensión de plazo de ejecución de obra N° 01, conforme se muestra a continuación:

• Al respecto, de la revisión de las referidas actas, se advierte que la entrega del

terreno se realizó el 11 de diciembre de 2023 y que el inicio de la ejecución de la obra tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023. Asimismo, se aprecia que el plazo de ejecución de la obra fue suspendido por quince (15) días calendario, desde el 5 hasta el 19 de abril de 2024. Sobre el particular, el acta de suspensión del plazo de ejecución de obra señala expresamente que dicha suspensión se efectuó al amparo del numeral 178.1 del artículo 178 del Reglamento de la Ley N° 30225, normativa vigente durante la ejecución de la obra. Finalmente, el acta de recepción de obra indica que el plazo de ejecución real fue de ciento veinte (120) días calendario.

• En ese sentido, se advierte que la constancia cuestionada señala que el señor

Marco Antonio Amaya Berru inició sus labores el 11 de diciembre de 2023; sin embargo, de acuerdo con la documentación revisada, la ejecución de la obra comenzó el 12 de diciembre de 2023. Asimismo, dicha constancia acredita un periodo de experiencia de cuatro (4) meses y quince (15) días calendario, sin descontar el periodo de suspensión de quince (15) días calendario que se produjo durante la ejecución de la obra. En ese sentido, el Acta de recepción de obra señala expresamente que el plazo de ejecución real fue de ciento veinte (120) días calendario. Asimismo, cabe precisar que, según la información registrada en la plataforma INFOBRAS, la fecha de inicio de la supervisión fue el 12 de diciembre de 2023, es decir, un día después de la fecha de inicio de experiencia consignada en la constancia:

• Al respecto, este Colegiado considera necesario distinguir entre la suspensión del

plazo de ejecución de una obra y la efectiva prestación de servicios por parte de los profesionales que intervienen en su supervisión. En efecto, si bien la suspensión implica la paralización temporal del plazo de ejecución contractual en los términos correspondientes, ello no determina necesariamente que todos los profesionales vinculados a la supervisión hayan cesado en el desarrollo de sus actividades, pues podrían subsistir determinadas obligaciones relacionadas con la gestión contractual, la atención de incidencias técnicas u otras actuaciones que requieran su intervención. En ese sentido, la Opinión N.° D000005-2025-OECE/DTN invocada por el Adjudicatario resulta pertinente para evaluar dicha posibilidad; sin embargo, tampoco constituye, por sí misma, un medio probatorio que acredite que el profesional cuestionado efectivamente desarrolló labores durante los quince (15) días de suspensión. Por tanto, corresponde valorar conjuntamente el contenido de la constancia, el acta de suspensión, las condiciones del contrato de supervisión y los demás elementos probatorios disponibles, a efectos de determinar si existe una contradicción objetiva entre el periodo declarado y las actividades efectivamente desempeñadas.

Cabe señalar al respecto que el Adjudicatario se ha limitado a justificar la participación del profesional durante el periodo de suspensión en la opinión antes referenciada, sin aportar medios probatorios concretos que den cuenta de la realización de labores del profesional propuesto en dicho periodo, por lo que la ausencia de documentación adicional que corrobore la prestación de servicios durante la suspensión genera un cuestionamiento sobre la acreditación de la experiencia.

• En tal sentido, este Colegiado concluye que, en el presente caso, se ha

quebrantado el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del

artículo 5 de la Ley, toda vez que el Adjudicatario presentó un documento cuyo

contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto del cargo ejercido por el señor Alejandro Alberto Benites Moreno.

• En consecuencia, de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo de

Sala Plena N° 004-2026/TCP4, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, al haberse acreditado que la documentación presentada contiene información inexacta relevante para la acreditación de la experiencia del personal clave especialista en monitoreo de impacto ambiental.

• Cabe traer a colación, asimismo, el principio de integridad, previsto en el literal d)

del artículo 5 de la Ley, según el cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad.

• Como consecuencia de ello, este Colegiado concluye que corresponde descalificar

la oferta del Adjudicatario, al haberse acreditado que la constancia analizada contiene información inexacta respecto del periodo de experiencia acreditado.

• Asimismo, corresponde remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal, a

efectos de que disponga la apertura de expediente sancionador contra el Adjudicatario, a fin de que se determine su eventual responsabilidad por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del

artículo 87 de la Ley.

4 Según el cual, si durante la tramitación de un recurso de apelación el Tribunal verifica que la oferta de un postor o los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o la pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar dicha decisión en el procedimiento recursivo, no es necesario determinar si la información inexacta incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto, pues este aspecto debe ser evaluado en el procedimiento administrativo sancionador, junto con los demás elementos de la infracción.

• En atención a los fundamentos expuestos, corresponde declarar fundado este

extremo del recurso de apelación y, en consecuencia, descalificar la oferta del Adjudicatario.

• Bajo tal contexto, carece de objeto abocarse al análisis de los demás

cuestionamientos formulados contra la oferta del Adjudicatario, en la medida en que su condición de descalificada no variará. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante.

• Al respecto, el Adjudicatario cuestiona la oferta del Impugnante respecto de los

siguientes aspectos:

• Sobre el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave

propuesto como especialista en monitoreo de impacto ambiental, cuestiona la constancia de prestación de servicios presentada a favor de la señora Dania Isel Flores Acuña, al considerar que contendría información inexacta, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 4.1 de los antecedentes.

• Sobre el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave

propuesto como jefe de supervisión, cuestiona la Experiencia N° 1, debido a que el profesional habría desempeñado simultáneamente labores de supervisión en otra obra pública y presentado ausencias en la obra cuya experiencia pretende acreditar, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 4.2 de los antecedentes.

• Sobre el mismo requisito de calificación, cuestiona la Experiencia N° 2, al

considerar que esta correspondería a la subespecialidad de infraestructura para encauzamiento y no a la de infraestructura para riego, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 4.3 de los antecedentes.

• Asimismo, cuestiona la Experiencia N° 4 del referido personal clave, al sostener

que el cargo de inspector de obra únicamente corresponde cuando el profesional presta servicios para una entidad pública y no para una entidad privada, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 4.4 de los

• Finalmente, cuestiona la Experiencia N° 5 del personal clave propuesto como

jefe de supervisión, debido a que el certificado presentado no consignaría el periodo de suspensión de la obra como consecuencia de un arbitraje, conforme a los argumentos expuestos en el numeral 4.5 de los antecedentes.

• En ese sentido, corresponde a este apartado analizar los referidos

cuestionamientos.

Sobre el cuestionamiento a la experiencia del personal clave propuesto como especialista en monitoreo de impacto ambiental

• El Adjudicatario cuestiona la Constancia de prestación de servicios emitida el 11

de setiembre de 2026 por H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., a favor de la ingeniera Dania Isel Flores Acuña, por haber desempeñado el cargo de «especialista en monitoreo de impacto ambiental» en la supervisión de la ejecución de la obra «Mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal Chantaco y Huarichancha, distrito de Sondor – provincia de Huancabamba – departamento de Piura», durante los siguientes periodos: del 29 de noviembre de 2024 al 28 de febrero de 2026, del 7 de abril al 6 de mayo de 2026 y del 1 de julio al 30 de julio de 2026.

• Al respecto, señala que la constancia contendría información inexacta, toda vez

que el Contrato N° 05-2026/MDS, correspondiente a la consultoría de supervisión de la referida obra, fue suscrito el 14 de mayo de 2026. Asimismo, indica que, en la cláusula segunda de dicho contrato, en la que se consigna la relación de profesionales propuestos, no figura el cargo de especialista en monitoreo de impacto ambiental. En ese sentido, sostiene que la experiencia acreditada mediante la constancia no se encontraría respaldada por la documentación contractual.

• Frente a ello, el Impugnante sostiene que la discrepancia en la denominación de

la obra consignada en la constancia constituye un error material, pues el proyecto correcto corresponde al denominado «Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego del canal 21.5 del sector Hualtaco IV en la localidad de CP-12, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, región Piura». Asimismo, señala que presentó en su oferta el Contrato N° 174-2024-GRP, correspondiente a la supervisión de dicho proyecto, en cuya cláusula décima cuarta figura la ingeniera Dania Isel Flores Acuña como especialista en monitoreo de impacto ambiental. Añade que los periodos de prestación de servicios y el cargo desempeñado coinciden con los consignados en los certificados de los demás profesionales que integraron el equipo de supervisión. Por ello, considera que la discrepancia advertida no constituye información inexacta, sino un error material susceptible de subsanación conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento.

• Al respecto, se aprecia que el Impugnante presentó en su oferta, la constancia

cuestionada, conforme se muestra a continuación:

• Además, de la revisión del SEACE, se advierte que, en el marco del Concurso

Público para Consultoría de Obra N° 01-2025-MDS-CS – primera convocatoria, convocado para contratar la supervisión de la obra cuya experiencia se pretende acreditar, se encuentra registrado el Contrato N° 05-2026/MDS, suscrito el 14 de mayo de 2026, por la empresa H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C. (empresa supervisora de la obra en cuestión) y la Municipalidad Distrital de Sondor, conforme se muestra a continuación:

• Al respecto, este Colegiado advierte que la constancia cuestionada contiene

información que no se condice con la documentación contractual revisada, toda vez que acredita que la ingeniera Dania Isel Flores Acuña prestó servicios como especialista en monitoreo de impacto ambiental desde el 29 de noviembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2026, y desde el 7 de abril hasta el 6 de mayo de 2026; sin embargo, el Contrato N° 05-2026/MDS, correspondiente al servicio de supervisión de la obra identificada en dicha constancia, fue suscrito recién el 14 de mayo de 2026, es decir, con posterioridad a los periodos de experiencia que se pretenden acreditar.

• En cuanto al argumento del Impugnante, referido a que la discrepancia en la

denominación de la obra constituye un error material susceptible de subsanación, este Colegiado aprecia que la identificación de la obra en la que el profesional habría prestado servicios, no constituye un dato accesorio o meramente formal de la constancia, pues permite determinar el proyecto en el que se habría desarrollado la experiencia, así como verificar las funciones efectivamente desempeñadas y si estas corresponden a la especialidad y subespecialidad exigidas en las bases integradas. Por tanto, modificar la denominación de la obra consignada en la constancia por la de un proyecto distinto no supondría únicamente corregir un dato formal, sino sustituir la identificación del proyecto al que se atribuye la experiencia. Admitir tal modificación implicaría permitir que, mediante la subsanación, se altere la identificación de la experiencia originalmente declarada, lo cual excedería la finalidad de corregir errores materiales prevista en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento.

• En tal sentido, este Colegiado concluye que, en el presente caso, se ha

quebrantado el principio de presunción de veracidad, previsto en el literal e) del

artículo 5 de la Ley, toda vez que el Impugnante presentó un documento cuyo

contenido no se encuentra acorde con la realidad respecto de la obra objeto de la experiencia que se pretende acreditar.

• En consecuencia, de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo de

Sala Plena N° 004-2026/TCP5, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, al haberse acreditado que la documentación presentada contiene información inexacta relevante para la acreditación de la experiencia del personal clave especialista en monitoreo de impacto ambiental.

• Cabe traer a colación, asimismo, el principio de integridad, previsto en el literal d)

del artículo 5 de la Ley, según el cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y la veracidad. 5 Según el cual, si durante la tramitación de un recurso de apelación el Tribunal verifica que la oferta de un postor o los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o la pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar dicha decisión en el procedimiento recursivo, no es necesario determinar si la información inexacta incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto, pues este aspecto debe ser evaluado en el procedimiento administrativo sancionador, junto con los demás elementos de la infracción

• Como consecuencia de ello, este Colegiado concluye que corresponde descalificar

la oferta del Impugnante, al haberse acreditado que la constancia analizada contiene información inexacta respecto de la obra objeto de la experiencia.

• Asimismo, corresponde remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal, a

efectos de que disponga la apertura de expediente sancionador contra el Impugnante, a fin de que se determine su eventual responsabilidad por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del

artículo 87 de la Ley.

• En atención a los fundamentos expuestos, corresponde amparar esta pretensión

efectuada por el Adjudicatario y, en consecuencia, descalificar la oferta del Impugnante.

• Siendo así, carece de objeto abocarse al análisis de los demás cuestionamientos

formulados contra la oferta del Impugnante, en la medida en que su condición de descalificada no variará. Cuarto punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• El Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro del procedimiento de

selección, al considerar que, como consecuencia de que el Tribunal ampare de sus pretensiones, su oferta sería la única válida subsistente.

• Al respecto, en el primer punto controvertido, este Colegiado determinó que

corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante, por el motivo expuesto en el Acta. Asimismo, conforme al análisis desarrollado en el segundo y tercer punto controvertido, se determinó, respectivamente, descalificar las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante, por haber presentado documentación con información inexacta en sus respectivas ofertas.

• Por lo tanto, considerando que no quedan ofertas calificadas ni evaluadas,

corresponde, en atención a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, declarar desierto el procedimiento de selección.

• En ese sentido, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de

apelación.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar fundado en parte el

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante.

• Finalmente, considerando que el recurso será declarado fundado en parte, y de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada como requisito de admisibilidad de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor H &

H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2025-GRP-C-CP – Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Sihuas, para la “Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra: mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal TG 8.4 alto, medio y alto en el valle de San Lorenzo en los distritos de Tambogrande - Las Lomas, provincia y departamento Piura, CUI N° 2515777"; fundado en los extremos que solicita que se revoque su descalificación por los motivos expuestos en el Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, y que se descalifique la oferta del postor Leoncio Chapoñan Cajusol (adjudicatario); e infundado en el extremo que solicita el otorgamiento de la buena pro. En tal sentido, corresponde: 1.1 Revocar la descalificación de la oferta del postor H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., por el motivo expuesto en el Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2025-GRP-C-CP – Primera Convocatoria.

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro al postor Leoncio Chapoñan Cajusol y tener su oferta por descalificada.

• Descalificar la oferta del postor H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción

S.A.C.

• Declarar desierto el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2025-GRP-

C-CP – Primera Convocatoria.

• Devolver la garantía presentada por el postor H & H Consultoría en Ingeniería y

Construcción S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal a efectos de que, de

corresponder, abra expediente administrativo sancionador contra el proveedor Leoncio Chapoñan Cajusol, de conformidad con lo señalado en el fundamento 29; por su responsabilidad en la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

• Remitir los actuados a la Secretaría Técnica del Tribunal a efectos de que abra

expediente administrativo sancionador contra el proveedor H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., de conformidad con lo señalado en el fundamento 45; por su responsabilidad en la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

• Disponer que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

JIMY ROBERT

URETA QUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO

QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.

LUPE MARIELLA

MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE