Resolución N.° 9681-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) se puede concluir que, en el presente expediente, no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que está inves=do el documento en cues=ón, por lo que no es posible atribuir la comisión de las infracciones imputadas al Contra=sta, debiendo archivarse el presente expediente.” Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 8223-2023.TCP, sobre el procedimiento administra<vo sancionador generado contra la empresa Corporación Pachain< Sociedad Anónima Cerrada por su presunta responsabilidad en la presentación de supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 04-2023-MDZ/CS - Primera convocatoria efectuada por la Municipalidad Distrital de Zepita; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

(SEACE), el 7 de junio de 2023, la Municipalidad Distrital de Zepita, en adelante la En<dad, convocó la Adjudicación Simplificada N.º 04-2023-MDZ/CS - Primera convocatoria, para la contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. Nº 1607 de la localidad de Zepita del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, departamento de Puno”, con un valor referencial ascendente a S/ 2,111,451.57 (dos millones ciento once mil cuatrocientos cincuenta y uno con 57/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco norma<vo del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N.º 30225, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.

El 20 de junio de 2023 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 27 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa Corporación Pachain< Sociedad Anónima Cerrada, por el monto de su oferta equivalente a S/ 1’900,306.42 (un millón novecientos mil trescientos seis con 42/100 soles). El 19 de julio de 2023, la En<dad y la empresa Corporación Pachain< Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el ContraNsta, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N.º 001-2023-MDZ/GM, en lo sucesivo el Contrato.

• Mediante Memorando N.º D000280-2023-OSCE-SPRI del 19 de julio de 2023, y

presentado al día siguiente ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal de Contrataciones Públicas (antes Tribunal de Contrataciones del Estado), en adelante el Tribunal, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos comunicó una denuncia en contra del Contra<sta, mediante la cual el denunciante cues<ona, entre otros, que este habría presentado información inexacta y documentación falsa, lo cual generó el presente expediente sancionador. El referido memorando adjuntó, entre otros documentos, el Oficio N.º D001921- 2023-SPRI de fecha 17 de julio de 2023, emitido por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, el cual señaló que la Constancia de prestación de ejecución de obra, presentada por el Contratista en su oferta contendría información falsa y/o inexacta; por lo tanto, el denunciante solicita las acciones de supervisión.

• Mediante Decreto del 12 de noviembre de 2025, previamente al inicio del

procedimiento administra<vo sancionador, la Secretaría del Tribunal requirió a la En<dad, entre otros, un informe técnico legal sustentando la procedencia de las infracciones denunciadas (especificando la oportunidad en la que fueron presentados los documentos cues<onados, esto es como parte de oferta, para el perfeccionamiento de contrato o durante la ejecución contractual), el perjuicio ocasionado y los resultados de la fiscalización posterior de los documentos; así como la documentación que acredite la supuesta falsedad o adulteración y/o información inexacta del documento cues<onado.

• A través del Oficio N.º 136-2025-MDZ/GM, presentado ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal el 28 de noviembre de 2025, la En<dad atendió el requerimiento de información formulado por Decreto del 12 del mismo mes y año, señalando que se encontraba realizando el control y/o verificación posterior de la oferta ganadora del Contra<sta.

• Con Decreto del 7 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administra<vo sancionador contra el Contra<sta, por su presunta responsabilidad en la presentación de supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, como parte de su oferta; infracciones <pificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del ariculo 50 del TUO de la Ley N.º 30225. Supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta consistente y/o contenida en:

• Documento - Constancia de Prestación de Ejecución de Obra del 31 de

diciembre de 2018. En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• Por medio del Escrito N.º 01, presentado el 22 de mayo de 2026 ante la Mesa de

Partes [Digital] del Tribunal, el Contra<sta se apersonó y formuló sus descargos, en los siguientes términos:

• No se configuran los supuestos previstos en los literales i) y j) del numeral

50.1 del ariculo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, toda vez que se trataría de un error material parcial atribuible al emisor al momento de redactar el documento, en el que consigna que los integrantes del consorcio serían IPCT Contra<stas Generales S.R.L. y Sicma S.A.C., cuando correspondía consignar a Corporación Pachain< E.I.R.L., hoy Corporación Pachain< S.A.C.

• Señala que de la revisión del contrato de ejecución de obra del 31 de octubre

de 2017, se verifica la conformación del Consorcio Allin Capac, advir<éndose que este estuvo integrado por las empresas Corporación Pachain< E.I.R.L. e IPCT Contra<stas Generales S.R.L.

• Solicita que se valoren los principios de razonabilidad y proporcionalidad, dado

que la presunta infracción, no ha tenido impacto en la veracidad de la información esencial; asimismo, señala que el Tribunal en pronunciamiento anteriores ha concluido que ante una incongruencia formal en la oferta técnica, estando obligado el comité de selección a realizar una valoración integral y priorizar la verdad material por encima del formalismo.

• Solicita el archivo del procedimiento sancionador en contra de su

representada, por no haberse configurado una infracción de fondo.

• Asimismo, solicita el uso de la palabra, y se reserva el derecho de ampliar sus

argumentos y aportar nuevos elementos de juicio.

• Mediante Decreto del 10 de agosto de 2026, se tuvo por apersonado al Contra<sta

al procedimiento administra<vo sancionador y por presentados sus descargos.

• A través del Decreto del 10 de agosto de 2026, se dispuso el registro del Informe

Final de Instrucción N.º 146-2026/CSCH/ST3 de la misma fecha, en el Sistema Informá<co del Tribunal, por medio del cual la Secretaría Técnica 3 del Tribunal recomendó lo siguiente: “(…)

• Recomendar al órgano resolu=vo declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra

la empresa CORPORACIÓN PACHAINTI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con RUC N.º 20600958772), por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el marco del procedimiento Adjudicación Simplificada N.º 04-2023-MDZ/CS - Primera convocatoria; infracciones que estuvieron =pificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del arXculo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos. (…)”

• Con Decreto del 13 de agosto de 2026, se dejó constancia que el Informe Final de

Instrucción N.º 146-2026/CSCH/ST3 del 10 del mismo mes y año se registró en el Sistema Informá<co del Tribunal y se no<ficó al Contra<sta a través de la Casilla Electrónica. Asimismo, se dispuso remi<r el presente expediente administra<vo a la Tercera Sala para que emita pronunciamiento.

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecu<va N.º D000293-

2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día], se formalizó el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Direc<vo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Tercera Sala del Tribunal se conforma por los vocales Steven Anibal Flores Olivera (Presidente), César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administra<vo sancionador, el análisis de

la responsabilidad del Contra<sta por haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta ante la En<dad, en el marco del procedimiento de selección; infracciones <pificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del ariculo 50 del TUO de la Ley N.º 30225. Naturaleza de las infracciones

• El literal i) del numeral 50.1 del ariculo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 establecía

que se impondrá sanción administra<va a los proveedores, par<cipantes, postores, contra<stas, subcontra<stas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra que presenten información inexacta a las En<dades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), y siempre que —en el caso de las En<dades— dicha inexac<tud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Por su parte, el literal j) del numeral 50.1 del ariculo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 establecía que los antes mencionados agentes de la contratación incurrirán en infracción suscep<ble de imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las En<dades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras).

• Sobre el par<cular, es importante recordar que uno de los principios que rige la

potestad sancionadora de este Tribunal es el de <picidad, previsto en el numeral 4 del ariculo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administra<vo General, aprobado por Decreto Supremo N.º 006- 2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo cons<tuyen conductas sancionables administra<vamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su <pificación como tales, sin admi<r interpretación extensiva o analogía. En atención a dicho principio, las conductas que cons<tuyen infracciones administra<vas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administra<va, por lo que estas definiciones de las conductas an<jurídicas en el ordenamiento jurídico administra<vo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se han configurado todos los supuestos de hecho que con<ene la descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administra<va— la Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administra<vo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administra<va.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que

los documentos cues<onados (supuestamente falsos, adulterados o con información inexacta) fueron efec<vamente presentados ante una en<dad convocante y/o contratante, ante el RNP, ante el Tribunal, ante el OSCE o ante Perú Compras. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del ariculo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administra<va el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen de que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado <ene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos cues<onados. Entre estas fuentes está comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

las infracciones, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o inexac<tud de la información presentada, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexac<tud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. Ello encuentra sustento, además, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un documento falso o adulterado o con información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que con<ene información inexacta.

• Así, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es

aquel que no fue emi<do por su supuesto órgano o agente emisor o firmado por su supuesto suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado será aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido modificado en su contenido. Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que cons<tuye una forma de falseamiento de esta. Además, para la configuración del <po infractor, es decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse que la inexac<tud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente de que ello se logre1; es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se ob<ene; lo que guarda concordancia con los criterios de interpretación recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N.º 02/2018/TCE.

• En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada y/o

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del ariculo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administra<vo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Cabe precisar, que el <po infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del ariculo 56 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados <enen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la En<dad, la auten<cidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. Como correlato de dicho deber, el numeral 42.1 del ariculo 42 del TUO de la LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administra<vos, por quien hace uso de ellos. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del ariculo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida en que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo ariculo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administra<va se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 1 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.

Configuración de las infracciones

• En el presente caso, se atribuye responsabilidad administra<va al Contra<sta, por

haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa o adulterada y/o información inexacta a la En<dad, en el marco del procedimiento de selección, consistente y/o contenida en:

• Documento - Constancia de Prestación de Ejecución de Obra del 31 de

diciembre de 2018.

• Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la

configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efec<va de los documentos cues<onados ante la En<dad; y, ii) la falsedad o adulteración y/o inexac<tud de los documentos presentados, en este úl<mo caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Sobre el par<cular, de la documentación obrante en el portal SEACE y en el

expediente administra<vo, se advierte que el documento cuesNonado obra en la oferta del Contra<sta. Por lo antes señalado, se ha acreditado el primer supuesto del Npo infractor, respecto a la presentación efec<va ante la En<dad del documento cues<onado.

• En ese sen<do, habiéndose acreditado la presentación del documento

cues<onado ante la En<dad, corresponde abocarse al análisis para determinar si se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad. Respecto de la supuesta falsedad o adulteración y/o con información inexacta contenida y/o consistente en el documento detallado en el fundamento 8.

• En el presente caso, se ha imputado la falsedad o adulteración y/o inexac<tud

consistente y/o contenida en el Documento - Constancia de Prestación de Ejecución de Obra del 31 de diciembre de 2018 en la cual se consignó como segundo integrante del Consorcio Allin Capac, a la empresa Sicma S.A.C. con RUC N.º 20447781655 y no a la empresa Corporación Pachain< S.A.C. con RUC N.º 20600958772; tal como se aprecia a con<nuación:

• Asimismo, se aprecia que el Contra<sta también acompañó a su oferta el Contrato

N.º 01-2018-MDSG/A del 30 de octubre de 2017, el Contrato de Cons<tución de Consorcio del 23 de octubre de 2017, el Acta de Recepción de Obra del 16 de noviembre de 2018, la Resolución de Alcaldía N.º 426-2018-MDSG/A de fecha 19 de diciembre de 2018, y la Valorización N.º 10, del 1 al 16 de agosto de 2018, que dan cuenta de la intervención del Consorcio Allin Capac durante la ejecución de la obra. Adicionalmente, tanto del contrato de ejecución de obra, como del contrato de consorcio, se identifica que el consorcio ejecutor de dicha obra (Consorcio Allin Capac), estuvo conformado por las empresas IPCT Contratistas Generales S.R.L. y Corporación Pachainti E.I.R.L. Asimismo, en la plataforma del SEACE, se visualiza que el Consorcio Allin Capac estuvo integrado por las empresas IPCT Contratistas Generales S.R.L. y Corporación Pachainti E.I.R.L., conforme se aprecia a continuación:

• A par<r de lo expuesto, es posible concluir que la consignación de la empresa

Sicma S.A.C. como segundo integrante del Consorcio Allin Capac, en el apartado correspondiente de la Constancia de Prestación de Ejecución de Obra de fecha 31 de diciembre de 2018, no se corresponde con la conformación real del consorcio que ejecutó la obra, siendo que dicha contratación fue realizada por el Consorcio conformado por IPCT Contra<stas Generales S.R.L. y Corporación Pachain< E.I.R.L.

Por tanto, si bien se encuentra acreditada la existencia de una discrepancia en la información consignada en la constancia presentada por el Contratista, los elementos objetivos antes señalados permiten determinar que dicha discrepancia responde a un error material en la consignación de la denominación del segundo integrante del consorcio, lo que no permite, por sí solo, concluir que el documento sea falso o haya sido adulterado. Así, no se advierte que la consignación de Sicma S.A.C. haya alterado la identificación de la contratación a la que corresponde la constancia, pues esta mantiene referencia al Contrato N.º 01-2018-MDSG/A, a la obra ejecutada, al procedimiento de selección del cual derivó y, además, en su propia introducción identifica correctamente a IPCT Contratistas Generales S.R.L. y Corporación Pachainti E.I.R.L. como integrantes del Consorcio Allin Capac. En adición a ello, se tiene que dicha conformación se encuentra corroborada por la información registrada en el SEACE y por los demás documentos contractuales presentados en la oferta.

• En ese sen<do, la existencia de un error material en uno de los apartados de la

constancia no resulta suficiente, por sí sola, para concluir que el documento haya sido falsificado o adulterado, en tanto no se cuenta con elementos obje<vos que permitan sostener que el documento no proviene de quien aparece como su emisor o que su contenido haya sido objeto de una modificación fraudulenta.

• A ello cabe agregar que no obra en el expediente pronunciamiento alguno del

emisor mediante el cual se niegue la emisión, suscripción o autoría del documento materia de análisis; además, tampoco existe elemento probatorio que permita acreditar obje<vamente que dicho documento haya sido falsificado o adulterado.

• Del mismo modo, tampoco se cuenta con elementos suficientes para determinar

que la constancia contenga información inexacta en aquello que resulta sustancial para acreditar la experiencia declarada, toda vez que la contratación y la ejecución de la obra a favor del Consorcio Allin Capac se encuentran corroboradas mediante la documentación contractual presentada y la información registrada en el SEACE, exis<endo correspondencia respecto de la obra, el contrato y los verdaderos integrantes del consorcio.

• Bajo esa premisa, el documento analizado no puede ser calificado a priori como

inexacto, ya que no puede entenderse como un supuesto de presentación de información inexacta, las declaraciones y/o afirmaciones presentadas por los proveedores en las que se consigna información que el comité de selección puede contrastar con la verificación de la documentación que los postores adjuntan para acreditar el cumplimiento de lo requerido. En el presente caso, era fac<ble, de la revisión integral de la documentación obrante en la oferta, que el comité de selección determine la incongruencia en la conformación del consorcio consignada en la constancia.

• Por tanto, antes que apreciarse en la oferta información no acorde con la

realidad, lo que se advierte en ella es la existencia de información incongruente, por ser contradictoria. Sobre este punto, es per<nente traer a colación que el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha desarrollado la diferencia existente entre la presentación de información inexacta y la incongruencia en la oferta. Así, se <ene que un proveedor presenta información inexacta, cuando esta, al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es decir da la apariencia de algo que en el plano fác<co no es. La incongruencia, por su parte, se materializa cuando la propia oferta con<ene información contradictoria o excluyente entre sí, lo cual, en algunos casos, inclusive, puede producir que no se conozca con certeza el alcance de lo declarado. Esta úl<ma situación (incongruencia) se presenta con claridad en el presente caso, dado que el Contra<sta no proporcionó información coherente sobre los integrantes del consorcio que ejecutó la obra. Es decir, pese a que la Constancia de Prestación de Ejecución de Obra del 31 de diciembre de 2018 iden<fica, en su introducción, a IPCT Contra<stas Generales S.R.L. y Corporación Pachain< E.I.R.L. como integrantes del Consorcio Allin Capac, en otro apartado consigna a la empresa Sicma S.A.C. como segundo integrante; información que, además, se contradice con el contrato de consorcio y el contrato de ejecución de obra que obran en la misma oferta.

Cabe precisar que la calificación como error material efectuada en los fundamentos 14 y 15 no se contrapone a la incongruencia adver<da, dado que la consignación de la empresa Sicma S.A.C. en el documento subexamine, cons<tuye un error material que origina una contradicción en la oferta, pues la propia constancia, el contrato de consorcio, el contrato de ejecución de obra y el SEACE iden<fican a IPCT Contra<stas Generales S.R.L. y Corporación Pachain< E.I.R.L. como integrantes del Consorcio Allin Capac. Por ello, no se genera una apariencia contraria a la realidad, sino una incongruencia que pudo ser esclarecida con la revisión integral de la oferta, la cual no configura información inexacta. En tal sen<do, en el caso concreto, la información consignada en la constancia debía ser evaluada en su oportunidad por el comité de selección, contrastándola con la documentación presentada por el Contra<sta para acreditar su experiencia, de la cual se desprendía la conformación real del consorcio.

• De acuerdo con lo expuesto, este Colegiado considera importante reiterar que,

para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente. Además, cabe señalar que, para determinar la falsedad o adulteración y/o información inexacta contenida en un documento —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública— este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que es necesario verificar que aquel no haya sido expedido por el órgano o el agente emisor correspondiente, que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que habiendo sido expedido, haya sido adulterado en su contenido. Asimismo, resulta importante tener en cuenta que, para verificar la configuración de la infracción bajo análisis, corresponde a la autoridad administra<va probar los hechos que se atribuyen al administrado, pues su actuación se encuentra amparada en el principio de presunción de licitud, recogido en el numeral 9 del ariculo 230 del TUO de la LPAG.

Dicho principio establece el deber de las en<dades de presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario, la cual debe ser suficiente, lo que significa que, si “en el curso del procedimiento administraJvo no se llega a formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo). En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del administrado”2. En ese sen<do, se puede concluir que, en el presente expediente, no se ha llegado a acreditar el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que está inves<do el documento en cues<ón, por lo que no es posible atribuir la comisión de las infracciones imputadas al Contra<sta, debiendo archivarse el presente expediente.

• Por consiguiente, a par<r de la información obrante en el expediente, no es

posible determinar que el Contra<sta haya incurrido en los hechos imputados; por lo cual, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción por las infracciones <pificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del ariculo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, al no haberse acreditado la falsedad, adulteración o inexac<tud del documento cues<onado. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Ricardo Morales González y la intervención de los Vocales César Alejandro Llanos Torres, y Juan Carlos Cortéz Tataje en reemplazo del Vocal Steven Aníbal Flores Olivera según Rol de Turnos de Vocales vigente y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecu<va N.º D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el ariculo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los ariculos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la 2 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta Jurídica S.A.C., p. 670.

Resolución de Presidencia Ejecu<va N.º D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa

CORPORACIÓN PACHAINTI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N.º 20600958772), por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 04-2023-MDZ/CS - Primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Zepita, para la contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. Nº 1607 de la localidad de Zepita del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, departamento de Puno”; infracciones previstas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del ariculo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Archivar defini<vamente el expediente administra<vo.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS CORTÉZ TATAJE

PRESIDENTE

CESAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

ss. Cortéz Tataje Llanos Torres Morales González.