Resolución N.° 9680-2026-TCP-S5

Sumilla: “En el presente caso, se advierte que la Entidad incorporó en las bases integradas una exigencia adicional en el factor de evaluación facultativo “Capacitación”, consistente en requerir que el profesional propuesto como capacitador acredite un número mínimo de horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones, pese a que dicha condición no se encuentra contemplada en las bases estándar aplicables. Por tanto, se aprecia que la Entidad estableció una exigencia contraria a las reglas que rigen el procedimiento de selección.” Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 6 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7629/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Z&B integrado por las empresas Constructora & Consultora Cota Cero Zamora S.R.L. e Isum Contratistas E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 5-2026-GR.CAJ-1, para la “Ejecución de la obra: Construcción de cobertura, graderías y servicios higiénicos y/o vestidores; en el (la) I.E. 82530 en la localidad de Contumaza, provincia Contumaza, departamento Cajamarca con CUI 2595042”, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca – Sede Central, y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, 17 de

junio de 2026, el Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 5-2026-GR.CAJ-1, para la “Ejecución de la obra: Construcción de cobertura, graderías y servicios higiénicos y/o vestidores; en el (la) I.E. 82530 en la localidad de Contumaza, provincia Contumaza, departamento Cajamarca con CUI 2595042”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 1’864,514.66 (un millón ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos catorce con 66/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley de General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 3 de julio de 2026 se presentaron las ofertas y, el 6 de octubre del mismo año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del postor CONSORCIO CONSTRUCTOR RAZSA, conformado por la EMPRESA ZRR & ASOCIADOS S.R.L. y JF CONSTRUCTORES SAC, en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme a los siguientes resultados: Postor

ETAPAS

Orden Resultado Admisión Calificación Evaluación Técnica Precio ofertado Evaluación Económica Puntaje Total

CONSORCIO

CONSTRUCTOR

RAZSA

Admitida Calificado 90.00 1’858,997.96 95.28 91.57 1 Adjudicado

EMANUEL

INGENIERA Y

CONSTRUCCION

S.R.L. Admitida Calificado 95.00 1’771,288.93 100.00 96.50 - No admitido1 CONSORCIO Z & B Admitido Calificado 65.00 - - - - Descalificado

CONSORCIO

EJECUTOR

CONTUMAZA

Admitida Descalificad

CONSORCIO

BRIZSA Admitida Descalificad

CONSORCIO

RAFITO Admitido Descalificad

PORFISA

CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C.

Admitido Descalificad

CONSORCIO

SANTA MARIA Admitido Descalificad

CONSTRUCTORA

JHR S.R.LTDA Admitido Descalificad

OBRAS CIVILES

SAC EJECUCION Y

CONSULTORIA

Admitido Descalificad

CONSORCIO

SEÑOR DE LA

DIVINA

MISERICORDIA

Admitido Descalificad

CONSORCIO

CAMZUR

No

CORPORACION

PANAMERICANA

DE LA

CONSTRUCCION

S.A.C. No CONSORCIO IBM No Fuente: Acta complementaria de verificación de la situación registral, adecuación del orden de prelación y otorgamiento de la buena pro del 31 de agosto de 2026 registrada en el SEACE. 1 A la fecha de otorgamiento de la buena esto es, el 18 de agosto de 2026, no contaba con inscripción vigente como proveedor en el capítulo de Ejecutor de Obras.

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 14 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO Z&B, conformado por las empresas CONSTRUCTORA & CONSULTORA COTA CERO ZAMORA S.R.L. e ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, solicitó la nulidad de la decisión del comité contenida en el “Acta complementaria de verificación de la situación registral, adecuación del orden de prelación y otorgamiento de la buena pro” y en el “Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, mediante las cuales se descalificó la oferta de su representada, y se tenga por calificada; se revoque la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario y se disponga su descalificación; y, consecuentemente, se adjudique la buena pro a su favor; en razón a los siguientes fundamentos: Sobre la descalificación de su oferta

• Señala que, en las Actas cuestionadas el comité consignó inicialmente un

puntaje de 90 puntos y concluyó que su oferta calificaba; al respecto, advierte que, tal texto no refleja la revisión de todos los factores de evaluación ni evidencia una sumatoria correcta del puntaje supuestamente asignado (65 puntos, pero en el Acta dice 90 puntos).

• Indica que, pese a tan confusa afirmación el comité concluyó que su oferta

calificaba; no obstante, en líneas seguidas, los evaluadores realizaron precisiones que corresponden a observaciones a su oferta, con las que arriba a una nueva conclusión de descalificación.

• Refiere que, la primera precisión corresponde al factor de evaluación

“Capacitación”, pues conforme al Acta, se habría ofertado capacitación en temas relacionados con la operatividad y mantenimiento de la obra, cuando sólo se habría exigido este último; asimismo, la declaración presentada resultaría inexacta al declararse que el capacitador contaba con una capacitación mayor a 140 horas en mantenimiento en edificaciones, sin embargo, éste contaría con exactamente 140 horas.

• Sostiene que, cumplió con presentar la declaración jurada exigida por las

bases integradas, ofertando una capacitación presencial de seis (6) horas en mantenimiento, y acreditó que el capacitador propuesto es ingeniero civil y cuenta con las 140 horas de capacitación requeridas. Asimismo, precisa que, la inclusión de temas de operatividad no invalida la oferta, dada la estrecha vinculación entre operatividad y mantenimiento, reconocida por la propia Entidad al referirse en las bases a la capacitación en “operatividad y/o mantenimiento”, y que la declaración de que el capacitador cuenta con más de 140 horas no constituye información inexacta ni incide en el puntaje, que se asigna en función de las horas de la capacitación ofertada, por lo que corresponde asignarle cinco (5) puntos.

• Señala que, la segunda precisión realizada corresponde al factor

“Experiencia adicional del postor en la especialidad”, pues se cuestionó que la experiencia proveniente del Contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Sechura y el Consorcio Letirá no contaba con la página 13 del mismo.

• Alega que, su representada acreditó con cinco (5) experiencias un monto

facturado de S/ 6’940,775.31, equivalente a 3.7 veces la cuantía de la contratación. Precisa que, aun sin considerar la experiencia 2 cuestionada por el comité (S/ 3’024,940.24), el monto acreditado equivaldría a 2.1 veces la cuantía, lo que le correspondería quince (15) puntos y superaría los 70 puntos requeridos para pasar a la evaluación económica. Además, sostiene que, el contrato de dicha experiencia está completo, pues el error de numeración (página “3” en lugar de “13”) es material, su contenido coincide con el registrado en el SEACE y se complementa con la promesa de consorcio y las resoluciones gerenciales presentadas, por lo que rechaza que haya presentado información inexacta y solicita que se le asigne el puntaje máximo de 30 puntos en dicho factor. Sobre la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Por otro lado, cuestiona la oferta del Consorcio Adjudicatario respecto de la

experiencia de su personal ofertado. Con relación a la Especialista Ambiental, Ing. Lezly Margareth Medina Vásquez, señala que su experiencia 1 se sustenta en un certificado sin fecha de emisión, referido a un servicio y con un Código Único de Inversiones (CUI) que no corresponde a la obra que hace alusión. Asimismo, alega que dicho documento incluye como experiencia efectiva el periodo del 13/03/2023 al 21/03/2023, el cual correspondería a una suspensión de plazo, conforme al Acta de Recepción de obra y el informe de conformidad de Valorización N° 09 - junio 2023. Agrega que, el cargo de especialista ambiental en dicha contratación estaba contemplado únicamente por 3 meses; por lo que, su contratación por supuestos 8.667 meses no tiene sustento fáctico. Adicionalmente, precisa que, respecto de su experiencia 2 (proveniente de la Adjudicación Simplificada N° 17-2024-GR.LAMB-1), el cargo de especialista ambiental no fue requerido por la entidad contratante ni figura en el listado de personal clave del Contrato de Obra N° 000010-2024 GR.LAMB/ORAD, en los gastos generales ni en las valorizaciones de obra.

• Con relación al Residente de obra, Ing. Juan José Muñoz Araujo, señala que

los certificados de las experiencias N° 1, 2 y 3 no precisan fechas de inicio y fin, requisito exigido por las Bases Integradas. Asimismo, refiere que, en la experiencia N° 6 se consigna como como fecha final el 2 de noviembre de 2015, sin embargo, de acuerdo al Acta de Recepción, el término real de la obra es el 31 de octubre de 2015. Agrega que, con relación a la experiencia N° 8, el certificado no guarda coherencia con la fecha de inicio de obra y acredita días correspondientes a un periodo de suspensión de plazo, pues según el Acta de Recepción de Obra, la fecha de inicio es el 30 de agosto de 2017, por lo que, considerando que el plazo contractual y la ampliación tuvo un total de 238 días calendario, la obra culminó el 27 de mayo 2018, debiendo considerarse la suspensión de plazo desde el 28 de marzo de 2018 hasta el 1 de mayo de 2018. Advierte que, la experiencia N° 10 contiene una discrepancia en la fecha de inicio consignada en el certificado (20 de junio de 2019), pues conforme al Acta de Recepción de Obra, la fecha de inicio fue el 15 de mayo de 2019 y la fecha de culminación fue el 11 de setiembre de 2019. Añade que, en el caso de la experiencia N° 11, en el Acta de Entrega de Terreno figura otro profesional como residente de obra (Ing. Luis Hernán Llanos Ramírez), sin que se acredite un cambio de residente. Por último, precisa que, en la experiencia N° 12, según el Acta de Recepción de Obra se tiene un plazo contractual de 270 días calendario, más una ampliación de 43 días, con varias suspensiones de plazo durante la ejecución de la obra, cuya fecha de culminación real fue el 22 de enero de 2024. Asimismo, indica que, en el Acta de Inicio de Obra figura el profesional ofertado como residente, sin embargo, a la fecha de culminación se consigna a otro profesional (Ing. Jorge Antonio Muñoz Cabrera), por lo que, se presume que hubo un cambio de residente. Al respecto, sostiene que, al descontar los periodos de suspensión correspondientes a su periodo laboral, se obtiene un total de 170 días lo que difiere con el Certificado presentado.

• Finalmente, manifiesta que, se vulneró el principio de imparcialidad, pues la

a Entidad buscó limitar e imposibilitar que continúe participando en el procedimiento; el principio de eficiencia y el principio de legalidad, conforme a lo establecido por el OSCE en la Opinión N° 005‐2008/DOP.

• Con Decreto del 15 de octubre de 2026, debidamente notificado en la misma

fecha, la Secretaría del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Consorcio Impugnante, y se corrió traslado a la Entidad contratante, a fin que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, se remitió el expediente a la Quinta Sala del Tribunal. Y, finalmente, se convocó a audiencia pública para el 21 de octubre de 2026.

• Mediante Oficio N° D1705-2026-GR.CAJ-DRA/DA presentado el 20 de octubre de

2026 ante el Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para que haga el uso de la palabra en la audiencia programada.

• Con Escrito N° 2, presentado el 20 de octubre ante la Mesa de Partes [Digital] del

Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 20 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico N°

D13-2026-GR.CAJ-DRA-DA/AFIM, mediante el cual absolvió el traslado conferido con Decreto del 15 de octubre de 2026 y manifestó, principalmente, lo siguiente: Sobre el factor de evaluación “Capacitación”

• Sostiene que, el comité actuó correctamente al no otorgar puntaje en el

factor de evaluación “Capacitación”, pues las bases integradas requirieron que la capacitación se enmarcara específicamente en mantenimiento de la obra, mientras que en el folio 243 de su oferta el Consorcio Impugnante ofertó capacitación en temas de operatividad y mantenimiento de la obra sin individualizar la duración específica de cada uno, lo que impidió determinar que más de cinco (5) horas se refirieran exclusivamente a mantenimiento; precisa que, la operatividad (poner algo en funcionamiento) no fue considerada en el factor, a diferencia del mantenimiento, que comprende las actividades necesarias para conservar la infraestructura.

• Señala que, adicionalmente, el Consorcio Impugnante declaró bajo

juramento que el capacitador contaba con más de 140 horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones, pero de la certificación de los folios 236 a 239 se advierte que cuenta exactamente con 140 horas, por lo que dicha declaración es inexacta y configura un falseamiento de la realidad, razón por la cual el comité debió declarar descalificada su oferta. Sobre el facto de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”

• Sostiene que, el comité no validó la experiencia del Contrato N° 2 del Anexo

N° 11 (Contrato N° 007-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Sechura y el Consorcio Letirá), pues la página 13 del contrato no consta en la oferta, refiere que, el Colegiado carece de facultades para interpretar la oferta del postor y no logró identificar el contenido de la página “3” (13 según el Consorcio Impugnante). Además, señala que, el documento contiene extremos ilegibles en sus páginas 5 y 12, lo cual impidió analizarlo de manera integral, impidiendo confirmar la totalidad de obligaciones establecidas en él, considerándolo incompleto.

• Solicita que, se declare improcedente el recurso, al carecer el Consorcio

Impugnante de legitimidad procesal e interés para obrar, pues no tiene una oferta válida que le permita revertir su condición de descalificado; precisa que, además, los Contratos N° 3 (folio 386) y N° 5 (folios 329 y 321) del Anexo N° 11 contienen información ilegible que impide revisar la totalidad de sus obligaciones, por lo que también deben desestimarse de manera similar al Contrato N° 2, correspondiendo reconfirmar la descalificación del Consorcio Impugnante.

Sobre el personal clave “Especialista ambiental”

• Señala que, respecto de la especialista ambiental propuesta por el Consorcio

Impugnante, Ing. Rossana Yaneth Lezama Abanto, con relación a la experiencia N° 1, el certificado presentado contiene incongruencias al calificar su labor como “personal de apoyo” y en otro extremo como especialista. Añade que, de la revisión del Contrato N° 012-2016- UNACH/OAB, el profesional considerado para el cargo fue otro profesional (Ing. César Baruch Muñoz Sánchez); asimismo, la dirección consignada en el certificado emitido el 22 de julio de 2018 fue dada de baja en la SUNAT desde el 21 de junio de 2017. Manifiesta que, conforme a los fundamentos 41 al 47 de la Resolución N° 07620-2026-TCP-S1, dicha experiencia debe desestimarse. Agrega que, respecto a la experiencia N° 2, se pretende acreditar 300 días en el cargo, pese a que el desagregado de gastos generales del expediente técnico contemplaba una participación del 20%, por lo que la profesional habría laborado un máximo de sesenta (60) días calendario.

• Sostiene que, bajo la figura de tutela del interés público desarrollada en las

Resoluciones N° 05401-2026-TCP-S2 y N° 06200-2026-TCP-S1, corresponde desestimar la oferta del Consorcio Impugnante y disponer el inicio de procedimiento administrativo sancionador por el quebrantamiento de los principios de presunción de veracidad e integridad, al haberse presentado información inexacta para acreditar la experiencia de la Especialista Ambiental.

• Finalmente, señala que, resultaría inoficioso pronunciarse sobre los

cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario, al considerar que el recurso será declarado improcedente o infundado; no obstante, precisa que, confirmó su idoneidad bajo el principio de presunción de veracidad y efectuará la verificación posterior conforme al artículo 83 del Reglamento.

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 21 de octubre ante la Mesa de Partes [Digital]

del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó a la presente instancia y absolvió el recurso de apelación, señalando los siguientes argumentos:

De la descalificación del Consorcio Impugnante Sobre la inexistencia de contradicción en el puntaje técnico asignado al Consorcio Impugnante

• Señala que, el Consorcio Impugnante pretende sustentar una aparente

contradicción en el Acta del comité, debido a que en un primer párrafo se consignó que habría obtenido 90 puntos y estaría calificado para la evaluación económica, mientras que en las precisiones y en el cuadro comparativo se le asignó 65 puntos, con el resultado de «NO PASA».

• Sostiene que, dicha inconsistencia constituye un error tipográfico de

arrastre que no genera incertidumbre sobre la decisión del comité, toda vez que la suma de los puntajes parciales consignados en el propio párrafo (35 puntos por experiencia adicional del personal clave, 25 puntos por certificaciones ISO y 5 puntos por experiencia adicional del postor) arroja un total de 65 puntos, cifra que coincide con el cuadro oficial de evaluación técnica publicado en el acta y en el SEACE.

• Agrega que, las razones por las cuales no se otorgaron los cinco (5) puntos

del factor “Capacitación” ni se validó el Contrato N° 2 del Anexo N° 11 fueron explicadas expresamente por el comité en el apartado de precisiones del acta. Sobre la correcta asignación de cero (0) puntos en el factor de evaluación “Capacitación”

• Indica que, el Consorcio Impugnante cuestiona la decisión de no otorgarle

cinco (5) puntos en dicho factor, alegando que ofreció seis (6) horas lectivas de capacitación en temas relacionados con la operatividad y mantenimiento de la obra, lo que, a su criterio, cumpliría con las bases integradas.

• Sostiene que, las bases integradas establecieron expresamente que la

capacitación debía versar sobre la materia específica de «mantenimiento de la obra», asignándose cinco (5) puntos a quienes ofrecieran más de cinco (5) horas en dicha materia; por tanto, considera que el Consorcio Impugnante pretende extender indebidamente el alcance del factor al incorporar también la operatividad de la obra.

• Precisa que, la referencia contenida en el recuadro denominado

“Advertencia” corresponde a una nota de las bases estándar sobre las calificaciones máximas del perfil del capacitador cuando se exige experiencia previa, exigencia que no habría sido establecida en el presente procedimiento de selección.

• Señala que” el compromiso presentado por el Consorcio Impugnante en el

literal a) de su declaración jurada, obrante a folio 243, resulta ambiguo e impreciso, pues comprende seis (6) horas lectivas para dos materias distintas: operatividad y mantenimiento de la obra, sin precisar cuántas horas corresponderían exclusivamente a esta última materia. Por ello, considera que no es posible determinar si cumple con el mínimo exigido en las bases integradas.

• Añade que, los postores son responsables de presentar ofertas claras,

precisas y congruentes con las exigencias de las bases, por lo que ni el comité ni el Tribunal pueden interpretar o presumir el alcance de compromisos formulados de manera ambigua.

• Finalmente, advierte que el Consorcio Impugnante declaró que su

capacitador contaba con más de ciento cuarenta (140) horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones; sin embargo, el certificado presentado a folio 236 acredita exactamente ciento cuarenta (140) horas lectivas, lo que evidenciaría otra inconsistencia en la documentación presentada. Sobre la correcta exclusión del Contrato N° 2 del Anexo N° 11

• Señala que el Consorcio Impugnante cuestiona que no se haya validado el

Contrato N.° 007-2023-MPS-GM-GAyF/SGL-EJECUTOR DE OBRA, suscrito con la Municipalidad Provincial de Sechura, por un monto de S/ 3 024 940.24, alegando que la página 13 del contrato sí habría sido presentada a folio 196 de su oferta, aunque con un supuesto error de digitación; asimismo, sostiene que, aun sin dicha experiencia, habría alcanzado un puntaje suficiente para superar los 70 puntos requeridos.

• Sostiene que, la documentación correspondiente a dicho contrato, obrante

a folios 182 al 208 de la oferta del Consorcio Impugnante, presenta defectos de legibilidad e integridad, pues la numeración correlativa se interrumpe en la página 12 y continúa con una página identificada como «3», cuyo código identificatorio del formato de riesgos se encuentra manchado e irreconocible.

• Agrega que, las páginas 5 y 12 del contrato contienen textos superpuestos e

ilegibles respecto de las causas generadoras de riesgos y las obligaciones contractuales, lo que impide efectuar una lectura integral y fehaciente de las obligaciones pactadas.

• Considera que, dicha documentación incumple el numeral 2.2.4 del Capítulo

II de la sección general de las bases integradas, que establece que el postor es responsable de verificar que los archivos presentados puedan descargarse y que su contenido sea completamente legible. De los cuestionamientos formulados contra la oferta del Consorcio Impugnante Sobre la ilegibilidad de los Contratos N° 3 y N° 5 del Anexo N° 11 del Consorcio Impugnante

• Señala que, de la revisión integral de los documentos presentados por el

Consorcio Z&B para acreditar su experiencia, advierte que los defectos de ilegibilidad identificados en el Contrato N° 2 también se presentan en los

• Respecto del Contrato N° 3, correspondiente al Contrato de Obra N° 08-

2025-GR.CAJ.GSRC, suscrito con la Gerencia Sub Regional de Cutervo, por un monto declarado de S/ 1 599 797.14, indica que el Anexo N° 3, obrante a folio 386 de la oferta, presenta un contenido mayoritariamente borroso e ilegible, lo que impide su lectura integral y, por ende, su validación como documento acreditativo de experiencia.

• Respecto del Contrato N° 5, correspondiente al Contrato de Ejecución de

Obra N° 017-2025-MDM, suscrito con la Municipalidad Distrital de Marcona, por un monto declarado de S/ 1 272 699.97, señala que los anexos de identificación, análisis y respuesta a riesgos, obrantes a folios 321 y 329 de la oferta, presentan manchas y textos difuminados que impiden verificar las obligaciones asumidas por el contratista.

• Sostiene que, los Contratos N° 2, 3 y 5 no deben ser validados, por incumplir

las exigencias de legibilidad e integridad documental establecidas en las bases integradas.

• Precisa que, al descontar los montos correspondientes a dichos tres

contratos del total declarado por el Consorcio Impugnante (S/ 6’940 775.31), únicamente quedarían acreditados los Contratos N° 1 y 4, por los montos de S/ 290,590.07 y S/ 752,747.89, respectivamente, alcanzando un monto acumulado de S/ 1’043,337.96.

• Por tanto, sostiene que dicho monto no alcanza el mínimo de S/ 1’864,

514.66 exigido para el requisito de calificación “A. Experiencia del postor en la especialidad”, por lo que corresponde confirmar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. Sobre el presunto quebrantamiento de los principios de presunción de veracidad e integridad

• Indica que el Consorcio Impugnante propuso a la ingeniera Rossana Yaneth

Lezama Abanto, con CIP N° 159956, para el cargo de Ingeniera Especialista Ambiental, acreditando dos (2) experiencias que acumularían 619 días calendario; sin embargo, sostiene que ambas constancias presentan inconsistencias que afectarían su veracidad e idoneidad. Respecto de la Experiencia N° 1, señala lo siguiente:

• Sobre la presunta suplantación del plantel profesional clave: sostiene que,

el certificado presentado por el Consorcio Impugnante señala que la ingeniera Rossana Yaneth Lezama Abanto se desempeñó como Ingeniera Especialista en Medio Ambiente en una obra ejecutada para la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH). No obstante, de la revisión del Contrato de Ejecución de Obra N.° 012-2016-UNACH/OAB, advierte que el profesional oficialmente designado para dicho cargo fue el ingeniero César Baruch Muñoz Sánchez, sin que obre autorización o resolución de la Entidad que acredite el cambio de profesional.

• Sobre la información inexacta: considera que, la presentación de un

certificado que atribuye a una profesional un cargo que, según los registros de la Entidad, fue ocupado por otro ingeniero constituye información no concordante con la realidad, conforme a los criterios establecidos por el Tribunal respecto de la imposibilidad de que las relaciones privadas del contratista contradigan las condiciones de los contratos públicos sin autorización previa y expresa de la Entidad.

• Sobre la incongruencia en el cargo certificado advierte que, el certificado

señala, en un primer momento, que la profesional se desempeñó como personal de apoyo en el cargo de Ingeniera Especialista en Medio Ambiente, mientras que en su párrafo final indica que prestó servicios como Ingeniera Especialista en Medio Ambiente, generando incertidumbre respecto de las funciones efectivamente desempeñadas.

• Sobre el domicilio fiscal consignado: señala que, el certificado, de fecha 22

de julio de 2018, consigna como dirección del Consorcio Los Andes el Jr. Jorge Chávez 450 – Cajamarca; sin embargo, de acuerdo con la información histórica de SUNAT, dicho domicilio fiscal habría sido dado de baja el 21 de junio de 2017, fecha desde la cual el consorcio registraba como domicilio fiscal una dirección ubicada en el distrito de Comas, Lima. Respecto de la Experiencia N° 2, señala lo siguiente:

• Indica que el Consorcio Impugnante pretende acreditar que la profesional

habría laborado de manera continua e ininterrumpida durante los 300 días calendario de ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de educación primaria en las I.E. N° 10894, N° 11171 y N° 10715, distrito de Ninabamba, provincia de Santa Cruz – Cajamarca”.

• Sostiene que, de acuerdo con el desagregado de gastos generales del

expediente técnico publicado en el SEACE, el cargo de Ingeniero Especialista en Medio Ambiente fue presupuestado con una participación del 20 % durante los diez (10) meses de ejecución de la obra, lo que equivaldría a un periodo máximo de prestación efectiva de dos (2) meses o sesenta (60) días calendario

• En consecuencia, considera que pretender computar los 300 días de

ejecución de la obra como experiencia de la profesional constituye una distorsión de la realidad, toda vez que su participación contractual habría estado limitada al 20 % del plazo de ejecución.

• Finalmente, concluye que, al haberse desvirtuado la presunción de

veracidad de la Experiencia N° 1 y carecer de validez la Experiencia N° 2, el Consorcio Impugnante no acreditaría la experiencia mínima exigida para el personal clave ni el puntaje técnico mínimo de 70 puntos, por lo que correspondería descalificar su oferta. De la improcedencia de los cuestionamientos formulados contra su oferta Sobre la falta de interés para obrar y legitimidad procesal del Consorcio Impugnante

• Señala que, conforme al literal g) del artículo 308 del Reglamento, el recurso

de apelación resulta improcedente cuando el proveedor cuestiona la adjudicación de la buena pro sin cuestionar previamente la no admisión o descalificación de su oferta, o cuando, pese a cuestionarla, no logra revertir dicha condición.

• Sostiene que, la normativa establece una secuencia lógica y preclusiva,

según la cual el postor descalificado únicamente adquiere legitimidad e interés para cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario cuando previamente logra revertir su propia descalificación y reincorporarse al procedimiento como postor hábil.

• Agrega que, en el presente caso, el Consorcio Impugnante no ha logrado

revertir su descalificación y, por el contrario, se han identificado nuevas causales que afectarían la validez de su oferta, referidas a la ilegibilidad de contratos y a la presentación de documentación presuntamente inexacta.

• Considera que el Consorcio Impugnante carece de interés para obrar y

legitimidad procesal para cuestionar su oferta, por lo que correspondería declarar improcedentes dichos cuestionamientos. Sobre la defensa subsidiaria de la calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario Sin perjuicio de sostener la improcedencia de los cuestionamientos formulados contra su oferta, el Consorcio Adjudicatario absuelve subsidiariamente las observaciones planteadas por el Consorcio Impugnante respecto de su personal clave, conforme a lo siguiente:

Respecto de la Especialista Ambiental Sobre la Experiencia N° 1:

• Señala que el Consorcio Impugnante cuestiona que el certificado no

consigna fecha, que utiliza la expresión «servicio», que habría computado nueve (9) días correspondientes a una suspensión del plazo de ejecución y que los gastos generales de las bases solo habrían previsto tres (3) meses para dicho cargo.

• Al respecto, sostiene que no computó los nueve (9) días de suspensión

comprendidos entre el 13 y el 21 de marzo de 2023, pues, si bien el certificado acredita un periodo de labores comprendido entre el 8 de octubre de 2022 y el 24 de junio de 2023, equivalente a 260 días calendario, su representada únicamente declaró 230 días de experiencia, descontando incluso treinta (30) días del periodo total acreditado.

• Señala que el Acta de Recepción de Obra y el Informe de Valorización N° 09

permiten verificar que la obra «Recuperación de la infraestructura de la I.E. N.° 11010 Mariano Melgar Valdivieso, distrito de José Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque» fue ejecutada por contrata a suma alzada por el Consorcio Perú, por un monto contractual de S/ 6 708 685.03.

• Agrega que la previsión inicial de los gastos generales no impide que,

durante la ejecución efectiva de una obra cuyo plazo fue de 240 días, ampliado por once (11) días adicionales, la especialista ambiental preste servicios durante el desarrollo de las partidas que generan impacto ambiental. Sobre la Experiencia N° 2:

• Indica que el Consorcio Impugnante cuestiona dicha experiencia porque las

bases de la Adjudicación Simplificada N.° 17-2024-GR.LAMB1 y el Contrato N.° 000010-2024-GR.LAMB/ORAD no incluyeron a la Especialista Ambiental dentro del listado de personal profesional clave.

• Al respecto, sostiene que el hecho de que las bases de un procedimiento de

selección no identifiquen a un profesional como personal clave no significa que este no pueda intervenir en la ejecución de la obra, pues, tratándose de infraestructura educativa, el contratista tiene la obligación técnica de implementar el Plan de Manejo Ambiental mediante la participación de un Ingeniero Especialista Ambiental.

• Señala que el Certificado de Trabajo del 16 de septiembre de 2025, obrante

a folio 220 de su oferta, fue emitido por el contratista Beta Koncret S.A.C. y acredita únicamente los periodos de trabajo efectivo comprendidos entre el 25 de mayo y el 31 de julio de 2024 (68 días), y entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2025 (153 días), excluyendo el periodo de paralización de la obra.

• Considera que, dicho documento es válido y goza de presunción de

veracidad. Respecto del Residente de Obra

• Señala que el Residente de Obra propuesto por su representada acredita

doce (12) experiencias que acumulan 2 472 días calendario, equivalentes a 6.77 años de experiencia en residencia y supervisión de obras de edificaciones educativas; por lo que considera que los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante carecen de trascendencia, conforme al siguiente detalle:

• Experiencias N° 4, 5, 7 y 9: indica, que estas experiencias, que acumulan 768

días calendario, no fueron objeto de cuestionamiento probatorio por parte del Consorcio Impugnante, por lo que deben considerarse válidamente acreditadas.

• Experiencia N° 6: señala que, el Consorcio Impugnante advierte una

diferencia entre la fecha de término consignada en el certificado (2 de noviembre de 2015) y la fecha de término real de la obra que figura en el Acta de Recepción (31 de octubre de 2015). No obstante, sostiene que dicha diferencia es de apenas dos (2) días y que el acta acredita que el ingeniero Juan José Muñoz Araujo se desempeñó como Residente de Obra desde el inicio de la ejecución. Por tanto, aun descontando dichos días, acreditaría 209 días de experiencia efectiva.

• Experiencia N° 8: indica que, el Acta de Recepción de Obra identifica al

ingeniero Juan José Muñoz Araujo como Residente de Obra y consigna como fecha de término real el 27 de mayo de 2018, coincidente con la del certificado. Asimismo, señala que, aun descontando los 34 días de suspensión comprendidos entre el 28 de marzo y el 1 de mayo de 2018, acreditaría 194 días efectivos de experiencia.

• Experiencia N° 10: sostiene que, el certificado acredita un periodo menor al

plazo total de ejecución de la obra, comprendido entre el 20 de junio y el 11 de septiembre de 2019, equivalente a 84 días calendario. Agrega que el Acta de Recepción se encuentra firmada y sellada en todas sus hojas por el propio profesional como Residente de Obra, por lo que considera que no existe información inexacta.

• Experiencia N° 11: señala que, el Consorcio Impugnante presenta un Acta de

Entrega de Terreno del 18 de diciembre de 2020, en la que figura otro profesional como residente inicial de la obra. Sin embargo, precisa que el certificado de su representada acredita la participación del ingeniero Juan José Muñoz Araujo desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 24 de agosto de 2022 (481 días), periodo posterior a su incorporación como nuevo residente de obra; por tanto, considera que no existe contradicción entre ambos documentos.

• Experiencia N° 12: indica que, el propio Consorcio Impugnante adjuntó como

captura de pantalla en su recurso de apelación (extraído de la oferta del Consorcio Adjudicatario) el Acta de Inicio de Obra en la que consta el ingeniero Juan José Muñoz Araujo como Residente de Obra, reconociendo incluso que, luego de descontar las suspensiones producidas antes de su reemplazo para la etapa final, acredita 170 días efectivos de experiencia.

• Finalmente, sostiene que, considerando únicamente los periodos

respaldados por las actas oficiales, el Residente de Obra acredita 1 906 días calendario, equivalentes a 5.22 años de experiencia. En consecuencia, afirma que supera tanto el requisito mínimo de calificación como los dos (2) años adicionales exigidos en el factor de evaluación “A. Experiencia específica adicional del personal clave”, por lo que se mantiene el puntaje máximo de 35 puntos y, en consecuencia, los 90 puntos obtenidos por su representada en la evaluación técnica.

• Con fecha 21 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la

participación de los representantes del Consorcio Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Mediante Decreto del 21 de octubre de 2026, considerando que, de la información

obrante en el expediente, se ha advertido la existencia de posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección, se corrió traslado de tales circunstancias a las partes, a efectos de obtener su pronunciamiento:

A LA ENTIDAD, AL CONSORCIO IMPUGNANTE [CONSORCIO Z&B] Y AL CONSORCIO

ADJUDICATARIO [CONSORCIO CONSTRUCTOR RAZSA]

Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la no asignación del puntaje de cinco (5) puntos en el factor de evaluación facultativo “Capacitación”. Sobre el particular, conforme se advierte del Acta de Evaluación2, el comité justificó la no asignación del referido puntaje señalando, entre otros argumentos, que el postor declaró bajo juramento —mediante la Declaración Jurada de Compromiso de Capacitación— que el profesional propuesto como capacitador, el Ing. Jherson Leonides Zamora Cubas contaba con una capacitación mayor a ciento cuarenta (140) horas en mantenimiento de edificaciones. Sin embargo, precisó el Comité que del certificado obrante a folios 236 a 239 de la oferta se desprende que dicho profesional acreditó exactamente ciento cuarenta (140) horas de capacitación. Frente a ello, el Consorcio Impugnante sostiene que, aun cuando la declaración jurada refiera textualmente una duración "mayor" a 140 horas, con la documentación presentada en la oferta técnica se acreditó fehacientemente el número mínimo de horas exigido en las bases integradas. A lo expuesto, corresponde revisar en primer término las bases integradas del procedimiento de selección. De su contenido se aprecia que en el literal E. “Capacitación” del numeral 4.1.1. “Factores de evaluación facultativos”, se señaló lo siguiente: 2 Acta de Admisión, Calificación, Evaluación de Ofertas y Otorgamiento de la Buena pro del 18 de agosto de 2026 y Acta Complementaria de Verificación de la Situación Registral, Adecuación del Orden de Prelación y Otorgamiento de la Buena Pro del 31 de agosto de 2026.

De la lectura del referido literal se desprende que la Entidad contempló en el factor de evaluación facultativo "Capacitación", que se evalúa en función de la oferta de dictado de capacitación a un total de cinco (5) personas en materia de mantenimiento de la obra. Asimismo, se estableció la modalidad presencial (a desarrollarse en las instalaciones de la obra) y se previó el siguiente perfil para el capacitador:

• Ser ingeniero civil de profesional
• Contar con capacitación de 140 horas en mantenimiento de edificaciones.

En cuanto a la metodología de asignación del puntaje, se regula lo siguiente:

• Cinco (5) puntos por más de cinco (5) horas,
• Tres (3) puntos por más de tres (3) horas y menos de cinco (5) horas, y
• Un (1) punto por más de un (1) hora y menos de tres (3) horas.

Asimismo, se precisó que las horas indicadas pueden ser lectivas, académicas o pedagógicas, sin distinción entre estas. Por último, se indicó que para la acreditación de dicho factor únicamente debía presentarse una declaración jurada. Ahora bien, corresponde examinar las disposiciones contenidas en las Bases Estándar dictadas por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en tanto constituyen el marco normativo vinculante de obligatorio cumplimiento que limita y parametriza la actuación de las Entidades en la elaboración de las reglas del procedimiento de selección. Al respecto, el literal E. “Capacitación” del numeral 4.1.1. “Factores de evaluación facultativos” de las Bases Estándar para la Licitación Pública Abreviada de Obras aplicables al presente caso, establece expresamente lo siguiente:

Como puede apreciarse, para el factor de evaluación facultativo “Capacitación”, las Bases Estándar exigen que las Entidades consignen únicamente lo siguiente:

• Rango de cantidad de personas a consignar
• Materia o área de capacitación relacionada con la operatividad y/o mantenimiento de

la obra

• Modalidad de la capacitación (virtual o presencial)
• En caso de consignar una modalidad presencial, el lugar de la capacitación.
• Sobre el perfil del capacitador, se puede requerir Calificaciones (bachiller o título

profesional) y de ser el caso, Experiencia no mayor de dos (2) años vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad y/o mantenimiento de la obra. De lo descrito, se aprecia que en dichas bases no se ha previsto facultad ni parámetro alguno para que las Entidades exijan que el capacitador deba acreditar un número específico o mínimo de horas de capacitación como requisito dentro de su perfil. En ese contexto, se tiene que la regulación contenida en las Bases Integradas respecto al factor de evaluación facultativo “Capacitación” se habría apartado de los parámetros establecidos en las Bases Estándar, al incorporar exigencias adicionales (específicamente, un número mínimo de horas de capacitación para el capacitador) no autorizadas por las mismas. En consecuencia, se advierte la posible configuración de un vicio en las reglas del procedimiento de selección, al haberse consignado un requisito que no se encuentra previsto en las Bases Estándar. Es preciso remarcar que, conforme a lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, las Bases Estándar aprobadas por la DGA resultan de uso estrictamente obligatorio y vinculante para las Entidades y sus órganos de evaluación. Por consiguiente, una vez fijadas las pautas y formatos estandarizados por la autoridad competente, las Entidades contratantes se encuentran jurídicamente impedidas de modificar, incluir o adecuar discrecionalmente requisitos adicionales o condiciones distintas a las expresamente tipificadas. En esa línea, la estructura y el contenido de las Bases Estándar estipulan taxativamente la información requerida para la evaluación de los factores técnicos, prohibiendo explícitamente a las Entidades exigir requerimientos o documentos adicionales no contemplados en dichas bases. Pretender incorporar exigencias no previstas vulneraría el precepto según el cual las Bases Estándar delimitan de forma cerrada y exhaustiva el marco de actuación de los evaluadores y las obligaciones de los postores en la presentación de documentos. En tal sentido, la situación expuesta habría quebrantado lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069: “(…) Las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores.”, así como el Principio de Libertad de Concurrencia, al imponer barreras o requisitos no normados que distorsionarían la evaluación de las ofertas técnicas presentadas. En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el numeral 70.1 del Art. 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, por una posible contravención a las normas legales antes citadas.

• Mediante Decreto del 22 de octubre de 2026, se declaró no ha lugar la solicitud

del Consorcio Adjudicatario referido a la entrega de la videograbación de la audiencia pública realizada el 21 de octubre de 2026, precisando que dicha grabación se encontrará disponible para su visualización a través del Toma Razón Electrónico del presente expediente.

• Mediante Decreto del 22 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario en calidad de tercero administrativo y se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación.

• Mediante Informe N° D28-2026-GR-CAJ-DRA/DA, presentado el 28 de octubre

ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad, señalando lo siguiente: Sobre la configuración del vicio en el factor de evaluación “Capacitación”

• Señala que, del análisis del Decreto N° 770513, advierte que el Tribunal ha

identificado que la exigencia de un número específico de horas de capacitación no se encuentra prevista en las bases estándar, por lo que reconoce la configuración de un vicio en el factor de evaluación cuestionado.

• Precisa que, la Entidad consideró conveniente exigir que el capacitador cuente

con determinada capacitación, decisión que habría respondido a la necesidad técnica de garantizar que el profesional encargado de instruir al personal posea competencias comprobadas y específicas en la materia.

• Sostiene que, la intención del comité no fue vulnerar el principio de libertad

de concurrencia ni establecer barreras de acceso al procedimiento, sino asegurar la calidad de la instrucción que se impartiría, garantizando que el capacitador domine los aspectos técnicos relacionados con el mantenimiento de la obra. Sobre la posibilidad de conservación de los actos y la trascendencia del vicio

• Señala que, la existencia de la observación formulada no exime al Tribunal de

analizar la posibilidad de conservar los actos del procedimiento, conforme a las reglas aplicables a la resolución de los recursos de apelación.

• En ese sentido, considera necesario determinar la incidencia concreta de la

exigencia cuestionada en la concurrencia, evaluación y resultado del procedimiento de selección, a efectos de establecer si el vicio advertido tiene trascendencia suficiente para justificar la nulidad.

• Agrega que, la controversia relacionada con la asignación de los cinco (5)

puntos del factor de evaluación “Capacitación” debe examinarse

acreditación la presentación de una declaración jurada.

• Por tanto, solicita al Tribunal que evalúe prioritariamente la posibilidad de

conservar las actuaciones y que no disponga la nulidad del procedimiento sin determinar previamente la trascendencia del vicio identificado y la imposibilidad de conservar los actos correspondientes.

• Reconoce que, el Tribunal ha advertido un vicio en el factor de evaluación

facultativo «Capacitación»; sin embargo, deja constancia de que la exigencia de determinada capacitación para el capacitador respondió a la necesidad de asegurar su idoneidad y garantizar la calidad del servicio formativo en beneficio de la Entidad.

• Finalmente, reconoce que la incorporación de un requisito no previsto en las

bases estándar constituye una contravención a la normativa de contrataciones públicas y que, por tanto, se configura un supuesto de nulidad previsto en la Ley General de Contrataciones Públicas, correspondiendo al Tribunal emitir el pronunciamiento respectivo.

• Con Escrito N° 3, presentado el 28 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado de nulidad, señalando lo siguiente: Sobre el factor de evaluación “Capacitación”

• Señala que, conforme al numeral 72.2 del artículo 72 del Reglamento de la

Ley General de Contrataciones Públicas, los evaluadores revisan los requisitos de calificación de las ofertas admitidas; asimismo, la normativa y las bases estándar establecen los tipos de requisitos aplicables a cada procedimiento, así como su forma y oportunidad de acreditación.

• Precisa que, de acuerdo con las bases integradas, para obtener puntaje en el

factor de evaluación «Capacitación» se debía presentar una declaración jurada ofreciendo una capacitación presencial en mantenimiento de la obra,

civil y contar con 140 horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones.

• Sostiene que la exigencia de acreditar un determinado número de horas de

capacitación del profesional propuesto como capacitador no se encuentra prevista en las bases estándar aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento; por tanto, su incorporación en las bases integradas contraviene dichas disposiciones.

• Cuestiona que el comité haya utilizado esa exigencia para no asignarle puntaje

en el referido factor, pese a que presentó la declaración jurada obrante a folio 243 de su oferta, en la que se consignó que el profesional propuesto contaba con más de 140 horas de capacitación. A su criterio, dicha circunstancia resultaba irrelevante, pues las bases integradas condicionaban la asignación del puntaje a las horas de capacitación ofrecidas y no a las horas de capacitación del profesional propuesto.

• Agrega que las bases estándar únicamente contemplan, como condiciones

referidas al capacitador, la acreditación de su grado o título y de una experiencia no mayor de dos años vinculada con la materia de capacitación, mas no la exigencia de un número determinado de horas de capacitaciones similares.

• En ese sentido, sostiene que el comité actuó de manera incorrecta al no

asignarle puntaje por el factor “Capacitación”, sobre la base de una exigencia incorporada en contravención a las bases estándar y a la normativa de contrataciones públicas. Sobre las actuaciones realizadas durante la etapa de evaluación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro

• Señala que, el procedimiento de selección fue convocado el 17 de junio de

2026 y que su representada presentó su oferta a través del SEACE el 3 de julio de 2026. Asimismo, precisa que, pese a que el cronograma establecía el 18 de agosto de 2026 como fecha para el otorgamiento de la buena pro, dicho acto fue publicado el 6 de octubre de 2026

• Refiere que, conforme al «Acta de admisión, calificación, evaluación de

ofertas y otorgamiento de la buena pro», el comité de Selección admitió su oferta y la de otros postores; sin embargo, posteriormente la descalificó al considerar que no cumplía con acreditar el puntaje mínimo requerido para acceder a la evaluación económica.

• Indica que, en dicha primera acta, el comité determinó que únicamente las

ofertas de Emanuel Ingeniería y Construcción S.R.L. y del Consorcio Constructor Razsa, con 95 y 90 puntos, respectivamente, pasarían a la evaluación económica. Luego de esta etapa, se estableció el orden de prelación y se otorgó inicialmente la buena pro a Emanuel Ingeniería y Construcción S.R.L.

• No obstante, señala que, mediante una segunda acta denominada “Acta

complementaria de verificación de la situación registral, adecuación del orden de prelación y otorgamiento de la buena pro”, de fecha 31 de agosto de 2026, el comité advirtió que Emanuel Ingeniería y Construcción S.R.L. no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras al 18 de agosto de 2026, sino que la obtuvo recién el 20 de agosto de 2026; por lo que decidió no admitir su oferta y otorgar la buena pro al Consorcio Constructor Razsa.

• Cuestiona que, a través de esta segunda acta, el comité haya efectuado, en

los hechos, una nueva evaluación de la oferta de Emanuel Ingeniería y Construcción S.R.L., pese a que afirmó que no estaba realizando una nueva evaluación, por tratarse de una etapa que ya había precluido.

• Sostiene que, al advertir que el postor inicialmente adjudicado no contaba

con inscripción vigente en el RNP en la fecha del otorgamiento de la buena pro, el comité debió declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa correspondiente; sin embargo, optó por no admitir la oferta de dicho postor y modificar el orden de prelación, sin observar el procedimiento previsto en la normativa de contrataciones públicas.

• Finalmente, cuestiona que el comité haya emitido las dos actas antes

mencionadas, pues considera que, además de haber descalificado erróneamente su oferta, realizó actuaciones que implicaron retrotraer una etapa precluida únicamente respecto de uno de los postores, con la finalidad de justificar su no admisión y el posterior otorgamiento de la buena pro al Consorcio Constructor Razsa. Sobre la veracidad de los documentos presentados por el Consorcio Z&B

• Niega haber presentado documentación falsa o información inexacta en su

oferta, en particular, respecto de la experiencia del personal clave propuesto, cuestionada tanto por el tercero administrado como por la Entidad.

• Señala que, frente a los cuestionamientos formulados, requirió a los

profesionales propuestos que acreditaran la experiencia cuyos certificados fueron incorporados en su oferta, a raíz de lo cual recibió documentación complementaria destinada a demostrar la veracidad de la información presentada.

• Indica que, el 22 de octubre de 2026, la ingeniera Lezama Abanto, propuesta

como especialista ambiental, remitió documentación complementaria sobre la experiencia acreditada en la oferta, incluyendo documentos emitidos por el supervisor de obra y registros fotográficos.

• En consecuencia, sostiene que los cuestionamientos referidos a la supuesta

falsedad o inexactitud de los certificados presentados carecen de sustento, toda vez que la documentación complementaria remitida permite corroborar que la experiencia de la profesional propuesta corresponde a la realidad.

• Mediante Decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y numeral 313.2. del artículo 313 del Reglamento.

• SITUACIÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que: El Consorcio Impugnante:

• La empresa ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L. con R.U.C N° 20453695957, cuenta

con inscripción vigente como ejecutor de obras; asimismo, no cuenta con suspensión o inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

• La empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA COTA CERO ZAMORA S.R.L. con

R.U.C N° 20610520236, cuenta con inscripción vigente como ejecutor de obras; asimismo, no cuenta con suspensión o inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. El Consorcio Adjudicatario:

• La EMPRESA ZRR & ASOCIADOS S.R.L. con R.U.C N° 20600979192, cuenta con

inscripción vigente como ejecutor de obras; asimismo, no cuenta con suspensión o inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

• La empresa JF CONSTRUCTORES SAC con R.U.C N° 20495675611, cuenta con

inscripción vigente como ejecutor de obras; asimismo, no cuenta con suspensión o inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT3 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada de obra, cuya cuantía de contratación asciende al monto de S/ 1’864,514.66 (un millón ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos catorce con 66/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT4 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando i) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y iii) se le otorgue la buena pro. En consecuencia, se advierte que los actos materia de impugnación no se encuentran comprendidos dentro de la relación de actos inimpugnables. 3 Unidad Impositiva Tributaria. 4 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En aplicación a lo dispuesto en los precitados artículos, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 6 de octubre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 14 de octubre5 del año en curso. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1 presentado el 14 de octubre de 2026, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro del plazo descrito en los artículos 304 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

5 Cabe señalar que para el cómputo de plazo impugnatorio no se toma en cuenta el 8 de octubre de 2026 por ser feriado nacional.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece

suscrito por el representante común, Ing. Jherson Leónides Zamora Cubas.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De los resultados del procedimiento de selección, se advierte que el Consorcio

Impugnante quedó en el segundo orden de prelación. Por otra parte, de la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este ha impugnado la adjudicación de la buena pro, solicitado la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y y el otorgamiento de la buena pro a favor de este.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro

del procedimiento de selección, por cuanto su oferta quedó descalificada.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que: i)

se revoque la descalificación de su oferta, ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario iii) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y iv) se le otorgue la buena pro. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Sobre el particular, la decisión de la Entidad contratante de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Adjudicatario le causa agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar dicho acto. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta.

ii. Se revoque el otorgamiento del buen pro al Consorcio Adjudicatario. iii. Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. iv. Se otorgue la buena pro al Consorcio Impugnante.

• FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de aquel. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso.” (el subrayado es agregado) Dichas disposiciones resultan concordantes con lo dispuesto en el literal c) del

artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado inicialmente

a la Entidad y a los demás postores el 15 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 20 de octubre de 2026.

• De la revisión del expediente administrativo, se advierte que el Consorcio

Adjudicatario se apersonó a esta instancia el 20 de octubre de 2026; por lo que, a fin de determinar los puntos controvertidos, es preciso indicar que serán considerados los cuestionamientos que el Consorcio Impugnante y el Consorcio Adjudicatario hayan formulado en su recurso de apelación y escrito de absolución, respectivamente.

• Dado que el 30 de octubre de 2026 se declaró el expediente como listo para

resolver, en el presente caso, los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida este Tribunal, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Por lo tanto, en el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer

son:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante; y, si como consecuencia de ello, debe revocarse el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades Contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• De manera previa a efectuar el análisis de fondo de los puntos controvertidos, es

necesario dilucidar primero si se ha producido el posible vicio de nulidad en las bases integradas que se trasladó mediante Decreto del 21 de octubre de 2026, el cual fue advertido a partir del cuestionamiento realizado por el Consorcio Impugnante con motivo de la interposición del recurso de apelación, quien cuestionó que el comité no le asignó el puntaje de cinco (5) puntos en el factor de evaluación facultativo “Capacitación”. Al respecto, señala que el comité sustentó dicha decisión en que, si bien en la Declaración Jurada de Compromiso de Capacitación se indicó que el profesional propuesto como capacitador contaba con más de 140 horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones, no obstante, del certificado presentado en su oferta se desprendía que este acreditaba exactamente 140 horas.

• En atención a ello, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del

procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• Así, se advirtió que en el literal E. “Capacitación” del numeral 4.1.1. “Factores de

evaluación facultativos” de las bases integradas, se señaló lo siguiente:

• Por su parte, en las bases estándar aprobadas por la Dirección General de

Abastecimiento (DGA) en el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aplicables a la Licitación Pública Abreviada para Obras6, se establecen las directrices obligatorias para la elaboración de las bases de los procedimientos de selección y, específicamente, sobre el factor de evaluación “Capacitación”, se contempla lo siguiente: 6 Bases estándar de Licitación Pública Abreviada de obras, incluida en Directiva N° 0005-2025-EF/54.01 – Directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley N.º 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas, aprobada con Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01, modificada con Resolución Directoral N.° 001-2026-EF- 54/01.

• Como puede verse, de acuerdo a la regulación de las bases estándar aplicables al

procedimiento de selección, se aprecia que se ha establecido directrices específicas para acreditar el factor de evaluación “Capacitación”. Así, se dispone que la Entidad debe consignar únicamente lo siguiente:

• Rango de cantidad de personas a consignar
• Materia o área de capacitación relacionada con la operatividad y/o

mantenimiento de la obra

• Modalidad de la capacitación (virtual o presencial)
• En caso de consignar una modalidad presencial, el lugar de la

capacitación.

• Sobre el perfil del capacitador, se puede requerir Calificaciones (bachiller

o título profesional) y, de ser el caso, Experiencia no mayor de dos (2) años vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad y/o mantenimiento de la obra.

• Ahora bien, de la revisión de las bases integradas, se advierte que la Entidad

contempló en el factor de evaluación facultativo "Capacitación", que se evalúa en función de la oferta de dictado de capacitación a un total de cinco (5) personas en materia de mantenimiento de la obra. Asimismo, se estableció la modalidad presencial (a desarrollarse en las instalaciones de la obra) y se previó el siguiente perfil para el capacitador:

• Ser ingeniero civil de profesional
• Contar con capacitación de 140 horas en mantenimiento de

edificaciones. En cuanto a la metodología de asignación del puntaje, se regula lo siguiente:

• Cinco (5) puntos por más de cinco (5) horas,
• Tres (3) puntos por más de tres (3) horas y menos de cinco (5) horas, y
• Un (1) punto por más de un (1) hora y menos de tres (3) horas.

Asimismo, se precisó que las horas indicadas pueden ser lectivas, académicas o pedagógicas, sin distinción entre estas. Por último, se indicó que para la acreditación de dicho factor únicamente debía presentarse una declaración jurada.

• De acuerdo a ello, se aprecia que las referidas exigencias de las bases integradas

no se enmarcan dentro de las directrices previstas en las bases estándar, dado que en dichas bases no se ha previsto facultad ni parámetro alguno para que las Entidades exijan que el capacitador deba acreditar un número específico o mínimo de horas de capacitación como requisito dentro de su perfil. En ese contexto, se tiene que la regulación contenida en las bases integradas respecto del factor de evaluación facultativo “Capacitación” se habría apartado de los parámetros establecidos en las bases estándar, al incorporar exigencias adicionales (específicamente, un número mínimo de horas de capacitación para el capacitador) no autorizadas por las mismas.

• Ante lo señalado, se corrió traslado a la Entidad, al Consorcio Impugnante y al

Consorcio Adjudicatario, concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de considerarlo, emitan pronunciamiento sobre una posible contravención a las bases estándar aplicables, por consiguiente, al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, así como al principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, conforme a la facultad otorgada a este Tribunal en el numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, en concordancia con lo establecido en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento.

• A lo expuesto, la Entidad señaló que, si bien reconoce que el Tribunal ha advertido,

mediante el Decreto N° 770513, la existencia de un posible vicio en las bases integradas, debido a que la exigencia de acreditar un número específico de horas de capacitación para el profesional propuesto como capacitador no se encuentra prevista en las bases estándar, dicha condición fue incorporada porque consideró técnicamente conveniente que el capacitador contara con una formación específica en la materia. Al respecto, precisa que la finalidad de dicha exigencia fue asegurar que el profesional encargado de impartir la capacitación tuviera las competencias necesarias para instruir adecuadamente al personal sobre los aspectos técnicos del mantenimiento de la obra, y no vulnerar el principio de libertad de concurrencia ni establecer barreras para la participación de los postores. Asimismo, la Entidad sostiene que la identificación de dicha observación no exime al Tribunal de evaluar la posibilidad de conservar los actos del procedimiento de selección. En ese sentido, considera necesario determinar la incidencia concreta de la exigencia cuestionada en la concurrencia, la evaluación de las ofertas y el resultado del procedimiento, teniendo en cuenta que las bases integradas establecieron como único medio de acreditación del factor «Capacitación» la presentación de una declaración jurada. Finalmente, solicita al Tribunal que evalúe prioritariamente la conservación de las actuaciones y que no disponga la nulidad del procedimiento de selección sin determinar previamente la trascendencia del vicio advertido y la imposibilidad de conservar los actos correspondientes.

• Por su parte, al absolver el traslado de nulidad, el Consorcio Impugnante, con

ocasión del traslado de nulidad, indicó que conforme al numeral 72.2 del artículo 72 del Reglamento, la normativa y las bases estándar establecen los requisitos aplicables a cada procedimiento de selección, así como su forma y oportunidad de acreditación. En ese contexto, sostiene que las bases integradas incorporaron, para el factor de evaluación facultativo “Capacitación”, la exigencia de que el profesional propuesto como capacitador fuera ingeniero civil y contara con 140 horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones. Al respecto, cuestiona que dicha exigencia referida al número de horas de capacitación del profesional no se encuentra prevista en las Bases Estándar aprobadas por la Dirección General de Abastecimiento, las cuales únicamente contemplan como condiciones relativas al perfil del capacitador la acreditación de su grado o título profesional y, de ser el caso, una experiencia no mayor de dos (2) años vinculada con la materia de capacitación. Por ello, considera que las bases integradas contravienen las Bases Estándar al incorporar una condición adicional no autorizada. Asimismo, sostiene que el comité utilizó dicha exigencia para no asignarle los cinco (5) puntos correspondientes al referido factor, pese a que presentó la declaración jurada obrante a folio 243 de su oferta y acreditó que el capacitador contaba con las 140 horas exigidas. Precisa que, si bien en la declaración jurada se consignó que el profesional tenía más de 140 horas de capacitación, dicha circunstancia resultaba irrelevante, pues, a su criterio, la asignación del puntaje dependía de las horas de capacitación ofrecidas y no de las horas de capacitación del profesional propuesto. En consecuencia, considera que el comité rechazó indebidamente su acreditación, sustentándose en una exigencia incorporada en contravención a las Bases Estándar y a la normativa de contrataciones públicas.

• Cabe precisar que el Consorcio Adjudicatario no absolvió el traslado del vicio

identificado por este Tribunal.

• Sobre el particular, en el marco de los procedimientos de selección, las Entidades

se encuentran obligadas a observar las disposiciones contenidas en las bases estándar, sin que una consideración de conveniencia técnica las habilite a incorporar requisitos o condiciones adicionales a las expresamente previstas. En ese sentido, aun cuando la finalidad perseguida por la Entidad hubiera sido garantizar la calidad de la capacitación, esta debía alcanzarse dentro de los parámetros establecidos en las bases estándar, sin apartarse de sus disposiciones.

• En el presente caso, se advierte que la Entidad incorporó en las bases integradas

una exigencia adicional en el factor de evaluación facultativo “Capacitación”, consistente en requerir que el profesional propuesto como capacitador acredite un número mínimo de horas de capacitación en mantenimiento de edificaciones, pese a que dicha condición no se encuentra contemplada en las bases estándar aplicables. Por tanto, se aprecia que la Entidad estableció una exigencia contraria a las reglas que rigen el procedimiento de selección.

• Ahora bien, corresponde determinar si el vicio advertido reviste trascendencia

suficiente para afectar la validez del procedimiento de selección o si, por el contrario, resulta susceptible de conservación. Al respecto, debe considerarse que la exigencia cuestionada fue incorporada en las bases integradas y aplicada durante la evaluación de las ofertas, por lo que su incidencia no puede considerarse irrelevante. En efecto, al tratarse de una condición que formó parte de las reglas bajo las cuales los postores formularon sus ofertas y que fue utilizada para determinar la asignación del puntaje, su incorporación pudo afectar tanto la participación de los postores como la evaluación y el resultado del procedimiento de selección.

• En consecuencia, considerando que el vicio advertido supone la incorporación de

una exigencia adicional en el factor de evaluación facultativo “Capacitación”, contraria a las disposiciones de las bases estándar aplicables, y que esta pudo incidir en las condiciones bajo las cuales los proveedores prepararon y presentaron sus ofertas, así como en la evaluación y asignación de puntajes, este Colegiado considera que se trata de un vicio trascendente que no resulta susceptible de conservación.

• Ahora bien, por las consideraciones expuestas, en atención a la potestad otorgada

a este Tribunal en el artículo 70 de la Ley y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las Bases, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

• El factor de evaluación facultativo “Capacitación” deberá incorporarse en las

bases integradas conforme a las disposiciones previstas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección.

• La Entidad deberá procurar que, en la etapa correspondiente del

procedimiento de selección, el Acta de evaluación cuente con una debida motivación, de modo que las decisiones adoptadas respecto de la calificación y evaluación de las ofertas se encuentren correctamente sustentadas y no presenten contradicciones.

• Con ocasión de la reformulación de las bases del procedimiento de selección,

se deberá verificar que las demás disposiciones de dichas bases se encuentren acorde a los lineamientos que prevén las bases estándar aplicables, a efectos de no incurrir en mayores vicios que puedan generar nuevamente la nulidad del procedimiento de selección, en observancia de los principios que rigen la contratación pública enumerados en el artículo 5 de la Ley. Así, corresponde que la Entidad contratante efectúe una revisión integral del texto de las bases, considerando las disposiciones de las bases estándar, procurando que no se incluyan exigencias que vulneren la normativa de contratación pública, especialmente los principios que la regulan Lo expuesto determina que la Entidad deberá verificar el cumplimiento de todas las disposiciones aplicables al caso concreto, sin que la presente resolución implique la convalidación de otros extremos que no hayan sido objeto de análisis.

• En consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los demás

cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante respecto de su descalificación y de las actuaciones que determinaron el otorgamiento de la buena pro, al haber devenido en inoficioso su análisis.

• De otro lado, en cuanto a los argumentos del Consorcio Impugnante referidos a

las actuaciones posteriores a la evaluación de ofertas, cuestionando tanto la decisión inicial de otorgar la buena pro a Emanuel Ingeniería y Construcción S.R.L. como la posterior emisión del Acta Complementaria, mediante la cual se otorgó la buena pro al Consorcio Constructor Razsa, corresponde señalar que dichos cuestionamientos se encuentran vinculados con actuaciones cuya validez depende de las reglas que rigieron el procedimiento de selección. En ese sentido, al haberse advertido un vicio en las bases integradas que amerita declarar la nulidad del procedimiento y retrotraerlo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de dichas bases, carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de las actuaciones cuestionadas, pues estas quedarán comprendidas dentro de los actos que deberán renovarse como consecuencia de la nulidad.

• Por otra parte, en base a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que tomen conocimiento del vicio advertido y adopten las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones. Asimismo, corresponde exhortar a las áreas que intervienen en el procedimiento de selección a que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, de producirse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo señalado en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde ordenar la devolución de la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante con motivo de la interposición de su recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad deberá

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007- 2025-OECE-CD, «Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE». Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui y la intervención de los vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Danny William Ramos Cabezudo y, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 5-2026-

GR.CAJ-1, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca Sede Central, para la “Ejecución de la obra: Construcción de cobertura, graderías y servicios higiénicos y/o vestidores; en el (la) I.E. 82530 en la localidad de Contumaza, provincia Contumaza, departamento Cajamarca con CUI 2595042”, debiéndose retrotraer a la etapa de su convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los alcances señalados en la fundamentación.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO Z&B integrado por las

empresas CONSTRUCTORA & CONSULTORA COTA CERO ZAMORA S.R.L. e ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Comunicar la presente resolución a la Entidad y a su Órgano de Control

Institucional, para que en mérito a sus atribuciones adopten las acciones que correspondan, conforme al fundamento 37.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.