Resolución N.° 9678-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la incongruencia advertida entre la fecha de suscripción del compromiso de alquiler y la identificación del procedimiento de selección al que hace referencia impide considerar dicho documento como un medio de acreditación válido para demostrar la disponibilidad de la infraestructura estratégica exigida en las bases integradas (...)”. Lima, 6 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7405/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PAMPA BLANCA, integrado por la empresa P & M LOGISTICA E.I.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl-PJ, efectuado por la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas -

PLADICOP, el 10 de setiembre de 2026, la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, en adelante la Entidad contratante, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl-PJ, para el “Servicio de mensajería y encomiendas para las dependencias jurisdiccionales y administrativas de la Corte Superior de Justicia de Piura por el periodo de 24 meses”, con una cuantía de S/ 908,583.60 (novecientos ocho mil quinientos ochenta y tres con 60/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 22 de setiembre de 2026, se presentaron las ofertas y, el 28 del mismo mes y año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa MULTISERVICIOS LAM- CARGO S.A.C. -MSLC-SAC, en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 855,144.00 (ochocientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

Orde n Resultado Admisión Calificación Precio ofertado (S/) Ev. Tec. Puntaj e Eco. Puntaje Total

MULTISERVIC

IOS LAM-

CARGO S.A.C.

• MSLC-SAC

Admitida Califica 855,144.00 100.00 100 105.00 1 Adjudicatario P & M

LOGISTICA

E.I.R.L.

Admitida Califica 898,970.40 100.00 95.12 103.47 2 - Nota: Según acta de evaluación registrada en el SEACE.

• Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 5 y 7 de octubre de

2026, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa P & M LOGISTICA E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; en base a los siguientes argumentos: Sobre el incumplimiento del requisito de calificación C.3 – Equipamiento estratégico

• El Impugnante señaló que las Bases Integradas establecieron, como parte del

equipamiento estratégico, la disponibilidad de dos (2) computadoras, cuya acreditación debía efectuarse mediante documentos que sustentaran su propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que demostrara su disponibilidad para la ejecución del contrato.

• Al respecto, cuestionó que el Adjudicatario haya presentado las facturas electrónicas

E001-366 y E001-377, obrantes en los folios 70 y 71 de su oferta, respectivamente, toda vez que la primera acredita la adquisición de una unidad central de procesamiento HP 400 G7 SFF, junto con un escáner y un lector de código de barras, sin monitor, teclado ni mouse; mientras que la segunda acredita una unidad central del mismo modelo con un monitor de 24 pulgadas, pero sin teclado ni mouse.

• En ese sentido, sostuvo que dichos documentos únicamente acreditan dos unidades

centrales de procesamiento, una de ellas con monitor, mas no dos computadoras completas y operativas. Por tanto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar el requisito de calificación C.3, correspondiendo descalificar su oferta. Sobre la falta de motivación en la calificación de la oferta del Adjudicatario

• El Impugnante manifestó que el Comité calificó la oferta del Adjudicatario

consignando únicamente la expresión “sí cumple” respecto de los requisitos de calificación, incluidos los literales C.3 y C.4, sin precisar los documentos evaluados, los folios correspondientes ni las razones que sustentaron dicha decisión.

• Por ello, sostuvo que la calificación efectuada carece de una motivación suficiente

que permita verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en las Bases Integradas, lo que, a su criterio, vulnera el deber de motivación de los actos administrativos. Sobre la doble valoración de la experiencia del postor en la especialidad

• El Impugnante cuestionó que el Adjudicatario haya utilizado los mismos contratos

para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, que exigía un monto facturado acumulado de S/ 1,000,000.00, y para obtener los 70 puntos correspondientes al factor de evaluación - Experiencia adicional del postor en la especialidad.

• Precisó que, en los folios 30 y 98 de su oferta, el Adjudicatario presentó el mismo

Anexo N° 11, consignando los contratos N° 118-2023-MP-FN-GG-OGLOG y N° 184- 2023-MP-FN-GG-OGLOG, suscritos con el Ministerio Público, por los montos ejecutados de S/ 988,127.10 y S/ 1,664,503.10, respectivamente, que suman S/ 2,652,630.20.

• En ese contexto, sostuvo que la experiencia considerada para cumplir el requisito

mínimo de calificación no debería utilizarse nuevamente para obtener puntaje como experiencia adicional, pues ello desnaturalizaría la finalidad del factor de evaluación.

• Asimismo, argumentó que, si se excluyera el contrato de Huánuco, utilizado para

cumplir el requisito mínimo de calificación, únicamente quedaría el contrato de Ica, cuyo monto no alcanza el mínimo requerido para obtener puntaje adicional. De manera alternativa, señaló que, si se descontara únicamente S/ 1,000,000.00 del monto facturado acumulado, la experiencia adicional sería de S/ 1,652,630.20, correspondiéndole 35 puntos.

• En ambos escenarios, sostuvo que el Adjudicatario no alcanzaría el puntaje técnico

mínimo de 70 puntos exigido para acceder a la evaluación económica, por lo que solicitó revisar el puntaje asignado. Sobre las incongruencias en la acreditación del Contrato N° 184-2023-MP-FN-GG-

OGLOG

• El Impugnante cuestionó la experiencia acreditada mediante el Contrato N° 184-2023-

MP-FN-GG-OGLOG, correspondiente al servicio de mensajería local para el Ministerio Público en Huánuco, debido a que la Constancia de Prestación N° 289-2026-MP- OSERGE, obrante en el folio 57 de la oferta, consigna como fecha de culminación del servicio el 5 de mayo de 2025 y un monto total ejecutado de S/ 1,664,503.10.

• Sin embargo, advirtió que la prestación adicional por S/ 333,000.00 fue autorizada

recién el 9 de mayo de 2025, mientras que la Adenda N° 01 fue suscrita el 16 de mayo de 2025, es decir, con posterioridad a la fecha de culminación señalada en la constancia.

• Por ello, consideró incongruente que se haya reconocido como ejecutado un monto

adicional cuya autorización y formalización se produjeron después de la fecha de término de la prestación. En consecuencia, solicitó verificar la documentación y el monto efectivamente acreditado para la asignación del puntaje correspondiente a la experiencia adicional. Sobre el incumplimiento del requisito de calificación C.4 – Infraestructura estratégica

• El Impugnante cuestionó el compromiso de alquiler exclusivo condicionado al

otorgamiento de la buena pro, presentado por el Adjudicatario en los folios 90 al 92 de su oferta, debido a una presunta incongruencia entre su fecha de suscripción y la convocatoria del procedimiento de selección.

• Al respecto, señaló que dicho documento figura suscrito con fecha 19 de agosto de

2026 y que, en su cláusula primera, se indicó que el futuro arrendatario venía participando como postor en el procedimiento de selección. Sin embargo, precisó que el concurso público abreviado fue convocado el 10 de setiembre de 2026 y que el Adjudicatario se registró como participante el 14 de setiembre de 2026. En ese sentido, sostuvo que el compromiso de alquiler habría sido suscrito antes de la convocatoria del procedimiento en el que se afirmaba participar, situación que, a su criterio, genera dudas sobre la fecha real de elaboración del documento y su autenticidad.

• Por consiguiente, consideró que dicho documento no resultaba idóneo para acreditar

el requisito de calificación C.4, mientras no se verificara su autenticidad, por lo que solicitó descalificar la oferta del Adjudicatario. Sobre la presunción de veracidad y la verificación posterior de los documentos cuestionados

• En ese sentido, solicitó verificar los documentos obrantes en los folios 30, 54 al 57, 69

al 71, 90 al 92 y 98 de la oferta del Adjudicatario, así como el monto de S/ 2,652,630.20 considerado para la asignación del puntaje correspondiente al factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”, por presentar incongruencias.

Sobre la revocatoria de la buena pro y el otorgamiento a favor de su representada

• Finalmente, el Impugnante sostuvo que las irregularidades advertidas en la

calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario afectan la validez del otorgamiento de la buena pro, dado que este no habría cumplido los requisitos de equipamiento e infraestructura estratégicos y habría obtenido indebidamente el puntaje máximo por experiencia adicional.

• Por tanto, solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del

Adjudicatario, se descalifique su oferta y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su representada por el monto de S/ 898,970.40, al ocupar el segundo lugar en el orden de prelación.

• Subsidiariamente, solicitó que se recalcule el puntaje de la experiencia adicional del

Adjudicatario y que, de no alcanzar el puntaje técnico mínimo exigido, se excluya su oferta de la evaluación económica.

• Por Decreto del 9 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 19 de octubre de 2026 a las 14:30 horas.

• A través del Escrito N° 1, presentado el 14 de octubre de 2026, en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente: Sobre el cuestionamiento al requisito de calificación C.3 – Equipamiento estratégico

• El Adjudicatario señaló que las Bases Integradas únicamente exigían acreditar la

disponibilidad de dos (2) computadoras, sin establecer características técnicas específicas ni requerir que se acreditaran individualmente sus componentes periféricos, tales como monitor, teclado o mouse.

• Al respecto, indicó que, en los folios 69 al 71 de su oferta, presentó una declaración

de equipamiento estratégico y las facturas electrónicas E001-366 y E001-377, correspondientes a dos computadoras personales HP 400 G7 SFF, identificadas con el código de producto PCHP400G7SFFCI5, con lo cual considera acreditado el requisito exigido.

• Asimismo, sostuvo que el Impugnante pretende incorporar exigencias que no fueron

previstas en las Bases Integradas, lo que contravendría las reglas del procedimiento de selección. En respaldo de su posición, invocó la Resolución N° 07463-2025-TCP-S1, referida a la imposibilidad de exigir condiciones documentales no contempladas expresamente en las Bases. Sobre la supuesta falta de motivación en la calificación de su oferta

• El Adjudicatario manifestó que el Comité de Selección consignó expresamente en el

acta del 28 de setiembre de 2026 el cumplimiento de los requisitos de calificación, utilizando la expresión “sí cumple” tanto para su oferta como para la del Impugnante.

• Asimismo, indicó que el Comité sustentó las decisiones que determinaron la

descalificación de MACROPOST LOGISTICS S.A.C. y la no admisión del CONSORCIO PERÚ COURIER, por lo que considera que no existió una actuación arbitraria ni un trato diferenciado entre los postores.

• En ese sentido, sostuvo que la exigencia de una motivación específica resultaba

aplicable a las decisiones que determinaban el incumplimiento de un requisito y no necesariamente a aquellas que verificaban su cumplimiento, por lo que rechazó el cuestionamiento formulado. Sobre la supuesta doble valoración de la experiencia del postor en la especialidad

• El Adjudicatario sostuvo que las Bases Integradas establecieron que el factor de

evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad” debía evaluarse

otorgándose 70 puntos cuando dicho monto fuera igual o superior a S/ 2,000,000.00.

• Al respecto, señaló que en el factor de evaluación se precisó que el monto debía ser

mayor al requerido como requisito de calificación, sin establecer que debían presentarse contratos distintos ni que correspondiera descontar del monto acumulado la experiencia utilizada para cumplir el requisito mínimo.

• En ese sentido, indicó que acreditó una experiencia acumulada de S/ 2,652,630.20,

superior al monto exigido para obtener el puntaje máximo. Por ello, consideró que los 70 puntos asignados por el Comité de Selección fueron otorgados conforme a las Bases Integradas, rechazando que se haya producido una doble valoración indebida. Sobre las presuntas incongruencias en la acreditación del Contrato N° 184-2023-MP-

FN-GG-OGLOG

• El Adjudicatario señaló que el cuestionamiento del Impugnante parte de una

interpretación incorrecta de la fecha consignada en la Constancia de Prestación N° 289-2026-MP-OSERGE, pues el 5 de mayo de 2025 correspondería al agotamiento del monto originalmente contratado y no a la culminación definitiva del contrato.

• Al respecto, precisó que la cláusula cuarta de la Adenda N° 01 estableció que la

ejecución de la prestación adicional comenzaría el 10 de mayo de 2025, día siguiente de la notificación de la resolución que autorizó dicha prestación, y que el trámite para su aprobación se inició el 29 de abril de 2025, mediante Oficio N° 003254-2025-MP-

FN-ADMDFHUAN.

• Asimismo, indicó que la constancia de prestación, emitida el 27 de enero de 2026,

consignó expresamente el monto de la Adenda N° 01 por S/ 333,000.00 y el monto total ejecutado de S/ 1,664,503.10, lo que, a su criterio, acredita la ejecución efectiva del servicio.

• En consecuencia, sostuvo que no existe incongruencia que invalide la experiencia

presentada, pues la prestación adicional fue ejecutada después de su autorización y dentro del plazo contractual. Sobre el cuestionamiento al requisito de calificación C.4 – Infraestructura estratégica

• El Adjudicatario sostuvo que el compromiso de alquiler presentado en los folios 90 al

92 de su oferta cumple con las condiciones establecidas en las Bases Integradas, toda vez que acredita la disponibilidad de un local ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura.

• Respecto de la fecha de suscripción del documento, precisó que el compromiso fue

celebrado el 19 de agosto de 2026, fecha en la cual se encontraba participando en el Concurso Público de Servicios N° 001-2026-CS-CSJPI, procedimiento del cual derivó el concurso público abreviado materia de controversia.

• En ese sentido, indicó que el procedimiento original había sido convocado el 10 de

julio de 2026 y que la presentación de ofertas se encontraba programada para el 19 de agosto de 2026, por lo que la afirmación contenida en el compromiso de alquiler respecto de su participación como postor resultaba correcta.

• Asimismo, sostuvo que las Bases Integradas no exigían que dicho compromiso contara

con fecha cierta ni establecían formalidades adicionales para su acreditación. Por tanto, consideró que el cuestionamiento del Impugnante se sustentaba en una interpretación incompleta del documento y carecía de medios probatorios que demostraran su falta de autenticidad. Cuestionamientos adicionales formulados por el Adjudicatario: Sobre el presunto impedimento del Impugnante para contratar con el Estado

• Como cuestión previa, el Adjudicatario solicitó que se declare improcedente el

recurso de apelación, al considerar que el Impugnante se encontraría impedido para contratar con el Estado, conforme al numeral 3.E del artículo 30 de la Ley y al literal

• del artículo 308 de su Reglamento.
• Al respecto, señaló que la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C. fue sancionada

con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal mediante Resolución N° 4117- 2023-TCE-S1, sanción confirmada por Resolución N° 4498-2023-TCE-S1, del 27 de noviembre de 2023.

• Asimismo, sostuvo que existirían vínculos familiares y coincidencias en las actividades

económicas de dicha empresa y P & M LOGÍSTICA E.I.R.L., destacando que ambas desarrollarían actividades vinculadas al servicio de mensajería y que el Impugnante inició actividades durante el año 2023.

• En ese sentido, argumentó que el Impugnante habría sido utilizado para eludir los

efectos de la sanción impuesta a P & M COURIER EXPRESS S.A.C., por lo que solicitó declarar improcedente el recurso de apelación. Sobre el incumplimiento del requisito de calificación C.3 – Equipamiento estratégico por parte del Impugnante

• El Adjudicatario cuestionó la calificación de la oferta del Impugnante, señalando que

las Bases Integradas exigían acreditar una (1) balanza electrónica debidamente calibrada.

• Al respecto, indicó que el Impugnante presentó en el folio 32 de su oferta una

declaración jurada de equipamiento estratégico y, en el folio 52, la factura electrónica E001-195, del 29 de enero de 2024, emitida por ALIZZ DISTRIBUCIONES E.I.R.L., en la que se consignó la adquisición de balanzas electrónicas a batería y corriente, con capacidad de pesaje de hasta 100 kg.

• Sin embargo, sostuvo que dicho comprobante no contiene información sobre la

calibración de las balanzas ni identifica marca, modelo o número de serie que permita relacionarlas con algún certificado de calibración.

• Por ello, consideró que el Impugnante únicamente acreditó la adquisición de balanzas

electrónicas, mas no que estas se encontraran debidamente calibradas, condición expresamente exigida por las Bases Integradas.

• En consecuencia, solicitó revocar la calificación de la oferta del Impugnante respecto

del requisito C.3 y disponer su descalificación.

• El 14 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 000251-2026-UAL-

CSJPI-PJ, mediante el cual la Unidad de Asesoría Legal hizo referencia al Informe Técnico N° 000004-2026-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ, de la misma fecha, que contiene el sustento técnico respecto de los cuestionamientos formulados por el Impugnante, señalando lo siguiente: Sobre el requisito de calificación C.3 – Equipamiento estratégico

• La Entidad señaló que las Bases Integradas exigían acreditar la disponibilidad de dos

(2) computadoras, sin establecer una descripción técnica detallada de sus componentes ni exigir que el monitor, teclado y mouse fueran acreditados individualmente.

• Al respecto, indicó que el Adjudicatario presentó, en los folios 69 al 71 de su oferta,

una declaración de equipamiento estratégico y las facturas electrónicas E001-366 y E001-377, mediante las cuales acreditó la adquisición de los equipos requeridos.

• Asimismo, precisó que no correspondía incorporar exigencias adicionales a las

previstas en las Bases Integradas, por lo que consideró que la documentación presentada resultaba suficiente para acreditar el requisito C.3. Sobre la falta de motivación en la calificación de la oferta del Adjudicatario

• La Entidad manifestó que el Comité de Selección efectuó la revisión de la

documentación presentada por los postores y dejó constancia de los resultados en el acta correspondiente, indicando expresamente si cumplían o no con los requisitos de calificación.

• Asimismo, señaló que, cuando se identificaron incumplimientos, el Comité sustentó

las razones de sus decisiones en las respectivas actas, garantizando, a su criterio, la transparencia, objetividad y trazabilidad de la evaluación.

• Por ello, consideró que la calificación de la oferta del Adjudicatario se realizó

conforme a las Bases Integradas. Sobre la doble valoración de la experiencia del postor en la especialidad

• La Entidad sostuvo que las Bases Integradas establecieron que las disposiciones

correspondientes al requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” también resultaban aplicables al factor de evaluación.

• Al respecto, señaló que no se estableció la obligación de descontar del monto

facturado acumulado la experiencia utilizada para cumplir el requisito mínimo de calificación.

• Para sustentar su posición, invocó la Resolución N° 8520-2026-TCP-S6, del 4 de

setiembre de 2026, en la cual se indicó que, cuando las Bases Integradas no contemplan dicha deducción, no corresponde descontar automáticamente el monto utilizado para acreditar el requisito de calificación.

• En ese sentido, consideró que el Adjudicatario acreditó una experiencia acumulada

de S/ 2,652,630.20, por lo que correspondía mantener los 70 puntos asignados en el factor de evaluación A. Sobre las presuntas incongruencias en la acreditación del Contrato N° 184-2023-MP-

FN-GG-OGLOG

• La Entidad señaló que el referido contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2023 por

S/ 1,332,000.00, con un plazo de ejecución de 730 días calendario y/o hasta agotar el monto contratado.

• Asimismo, precisó que, mediante Resolución de Gerencia N.º 000031-2025-MP-FN-

GG-OGLOG, del 9 de mayo de 2025, se aprobó una prestación adicional equivalente al 25 % del monto contractual, ascendente a S/ 333,000.00, formalizada mediante la Adenda N° 01, suscrita el 16 de mayo de 2025.

• En ese sentido, indicó que la Constancia de Prestación N° 289-2026-MP-OSERGE,

emitida el 27 de enero de 2026, contiene información sobre el contrato, la prestación adicional y el monto total ejecutado de S/ 1,664,503.10, por lo que consideró que dicho documento resultaba suficiente para acreditar la experiencia declarada por el Adjudicatario. Sobre el requisito de calificación C.4 – Infraestructura estratégica

• La Entidad manifestó que el compromiso de alquiler presentado por el Adjudicatario

fue evaluado de manera integral, considerando su contenido, finalidad y correspondencia con las condiciones establecidas en las Bases Integradas.

• Al respecto, señaló que dicho documento identificaba adecuadamente el inmueble,

las partes intervinientes y la obligación de poner el local a disposición para la ejecución contractual.

• Asimismo, indicó que la fecha consignada en el compromiso de alquiler no afectaba

el cumplimiento del requisito de calificación, dado que su cláusula sexta establecía un plazo de arrendamiento de tres (3) años, computado desde el inicio efectivo de la prestación del servicio.

• Por tanto, concluyó que el Adjudicatario cumplió el requisito de calificación C.4.

Sobre la solicitud de verificación posterior de los documentos cuestionados.

• La Entidad señaló que, conforme al principio de presunción de veracidad reconocido

en el artículo 5 de la Ley, se presume que los documentos y declaraciones presentados por los administrados responden a la verdad de los hechos que afirman, sin perjuicio de que dicha presunción admita prueba en contrario.

• Asimismo, precisó que, conforme al numeral 83.1 del artículo 83 del Reglamento de

la citada Ley, corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones iniciar la verificación posterior de los documentos de la oferta del postor ganador de la buena pro dentro de los diez días hábiles posteriores a su consentimiento, respecto de aquellos que no consten o no hayan sido verificados mediante la Ficha Única del Proveedor.

• En ese sentido, indicó que realizaría la verificación posterior de la documentación del

Adjudicatario conforme a la normativa aplicable.

• Mediante Oficio N° 000693-2026-UAF-GAD-CSJPI-PJ, presentado el 15 de octubre de 2026

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a su representante para el uso de la palabra.

• A través del Decreto del 15 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario

y por absuelto el recurso de apelación.

• Con Decreto del 15 de octubre de 2026, al verificarse que no figuraba el abono de la

garantía requerida en la normativa, se dejó sin efecto el Decreto del 9 de octubre de 2026 de admisión y pase a sala. No obstante, el 16 de octubre de 2026, la Unidad de Finanzas, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría Técnica 2, comunicó que, a solicitud de la empresa interesada, se habían verificado nuevamente los movimientos bancarios y se había logrado validar el abono correspondiente.

• Por Decreto del 16 de octubre de 2026, se remitió el expediente a la Segunda Sala del

Tribunal y convocó audiencia para el 22 de octubre de 2026 a las 12:00 pm.

• Mediante escrito s/n, presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante solicitó se restituya el trámite del recurso interpuesto, incluida la audiencia pública; asimismo, acredita a su representante para que ejerza el uso de la palabra en la audiencia pública.

• Con Oficio N° 000706-2026-UAF-GAD-CSJPI-PJ, presentado el 20 de octubre de 2026 en la

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a su representante para el uso de la palabra.

• A través del escrito s/n, presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante solicitó la remisión del enlace de acceso a la audiencia pública virtual al correo electrónico que se indica en el escrito presentado.

• Por Decreto del 22 de octubre de 2026, se declaró no ha lugar a la solicitud efectuada por

el Impugnante con el escrito s/n, presentado el 21 de octubre de 2026.

• El 22 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con la participación del Impugnante,

Adjudicatario y de la Entidad.

• Mediante Decreto del 22 de octubre de 2026, se requirió lo siguiente:

“(…)

A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

Sírvase remitir un informe técnico legal mediante el cual emita un pronunciamiento sobre cada uno de los cuestionamientos formulados por la empresa MULTISERVICIOS LAM-CARGO S.A.C. (Adjudicatario) contra la oferta de la empresa P & M LOGÍSTICA E.I.R.L. (Impugnante), en su escrito de absolución del recurso de apelación, precisando su posición y los fundamentos técnicos y legales que la sustentan, así como adjuntando la documentación correspondiente. (…)”.

• Por escrito s/n, presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, el

Impugnante remitió información adicional para ser tomada en cuenta al momento de resolver.

• A través del Informe Técnico N° 000005-2026-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ, presentado el 27 de

octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada con el Decreto del 22 de octubre de 2026.

• El 2 de noviembre de 2026 se declaró el expediente listo para resolver.
• Mediante escrito s/n, presentado el 3 de noviembre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante remitió información adicional para ser tomada en cuenta al momento de resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público Abreviado de Servicios, cuya cuantía asciende a S/ 908,583.60 (novecientos ocho mil quinientos ochenta y tres con 60/100 soles), monto superior a cincuenta (50) UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada. Por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del comité de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario se notificó el 28 de setiembre de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, considerando que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público abreviado para servicios, el Impugnante contaba con el plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 5 de octubre de 2026. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 5 y 7 de octubre de 2026 a través de la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos -referidos a la presentación y subsanación, respectivamente- descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el titular- gerente, el señor Owen Lander Peña Mateo.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. En relación con esta causal, el Adjudicatario solicitó declarar improcedente el recurso de apelación, al considerar que el Impugnante estaría comprendido en el impedimento Tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley. Para ello, alegó su vinculación con la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C., la cual fue sancionada según la Resolución N° 4117-2023- TCE-S1, y destacó la coincidencia de apellidos entre las personas identificadas en ambas empresas, la similitud de sus actividades económicas y el inicio de actividades del Impugnante durante 2023. A su juicio, este último habría sido utilizado para eludir los efectos de la inhabilitación impuesta a aquella sociedad. Por su parte, el Impugnante rechazó el cuestionamiento y sostuvo que el Adjudicatario no acreditó la existencia de integrantes comunes entre ambas empresas en la fecha de comisión de la infracción. Precisó que su titular-gerente, Owen Lander Peña Mateo, no figura en la relación de accionistas ni de representantes de la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C. Añadió que la coincidencia de apellidos, el ejercicio de actividades económicas similares y el inicio de operaciones en 2023 no constituyen, por sí mismos, los presupuestos exigidos por el impedimento, cuya aplicación no puede extenderse por analogía. A su turno, mediante Informe Técnico N° 000005-2026-CL-UAF-GAD-CSJPI-PJ, la Entidad informó que la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C. registra una inhabilitación temporal del 28 de noviembre de 2023 al 28 de noviembre de 2026. Señaló, además, coincidencias en actividades económicas y apellidos, así como la existencia de un contrato de arrendamiento de motocicletas entre ambas empresas, aportado en los folios 44, 45, 47, 49 y 51 de la oferta del Impugnante. A partir de ello estimó que existirían indicios de continuidad operativa para eludir la sanción. Sin embargo, el informe no identifica a una persona que haya integrado simultáneamente, en los términos exigidos por la Ley, a ambas personas jurídicas. Sobre el particular, el literal e) del artículo 308 del Reglamento establece como causal de improcedencia que el Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Por consiguiente, corresponde examinar si los hechos alegados permiten subsumir al Impugnante en el supuesto específico invocado, sin equiparar únicamente la vinculación familiar o comercial con un impedimento legal. El impedimento Tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley regula lo siguiente: “Personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes (representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30 % del capital o patrimonio social) formen o hayan formado parte, en la fecha cuando se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva”.

De la citada disposición, se desprende que corresponde evaluar, de manera conjunta, (i) la existencia de una persona jurídica sancionada y la vigencia de la sanción; (ii) la coincidencia de las actividades conforme al objeto social; y (iii) la identidad de al menos un integrante de la persona jurídica cuestionada con quien formaba parte de la sancionada en la fecha de comisión de la infracción, bajo las condiciones de participación establecidas por la norma. En cuanto al primer presupuesto, de la información proporcionada por la Entidad y de la consulta efectuada al Registro Nacional de Proveedores (RNP), se verifica que la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C. fue sancionada con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal mediante la Resolución N° 4117-2023-TCE-S1 del 25 de octubre de 2023, sanción confirmada mediante la Resolución N° 4498-2023-TCE-S1 del 27 de noviembre de 2023. Asimismo, se advierte que dicha inhabilitación comprende el periodo del 28 de noviembre de 2023 al 28 de noviembre de 2026. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de una sanción de inhabilitación temporal vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, efectuada el 10 de setiembre de 2026. Respecto del segundo presupuesto, de la revisión de las consultas de SUNAT, se advierte que ambas empresas registran actividades económicas vinculadas al transporte y la mensajería. Además, el asiento A00001 de constitución del Impugnante, correspondiente a la partida electrónica N° 11260258, permite verificar directamente su objeto social, que comprende servicios postales y de comunicación, transporte de carga terrestre, aéreo y marítimo, servicios de mensajería, carga y paquetería, entre otros. Por su parte, el asiento registral B00002 de P & M COURIER EXPRESS S.A.C., partida N° 13772237, incluye en su objeto social la prestación de servicios de transporte de carga, a nivel local, nacional e internacional. Así, los documentos registrales permiten corroborar una coincidencia relevante en el rubro de transporte, sin que ello, por sí solo, determine la configuración del impedimento, el cual requiere verificar además el vínculo personal previsto en el Tipo 3.E. En relación con el tercer presupuesto, de la revisión del asiento A00001 de constitución del Impugnante, inscrito en la partida electrónica N° 11260258, se advierte que, mediante escritura pública del 31 de octubre de 2022, se constituyó la empresa, identificándose expresamente al señor Owen Lander Peña Mateo como titular. Esta información coincide con el certificado de vigencia de poder aportado, en el cual aparece como titular-gerente. En cambio, los asientos de constitución de P & M COURIER EXPRESS S.A.C., partida N° 13772237, identifican como accionistas fundadores a Elizabeth Peña Mateo, Ramón Peña Mateo y Reyber Casimiro Peña Mateo, figurando este último como gerente general.

En ese sentido, la comparación del asiento constitutivo del Impugnante con los asientos registrales de la empresa sancionada evidencia que las personas identificadas son distintas. Aunque comparten los apellidos Peña Mateo, no se ha acreditado que Owen Lander Peña Mateo haya integrado la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C. en la fecha de comisión de la infracción, ni que alguno de los integrantes identificados de esta última haya ostentado la titularidad del Impugnante en las condiciones exigidas por la Ley. Asimismo, de los documentos registrales revisados no se advierte que ambas empresas hayan tenido integrantes en común, sin perjuicio de que puedan existir modificaciones posteriores que no se encuentren reflejadas en la documentación examinada. A efectos de ilustrar lo expuesto, se incorporan a continuación extractos del asiento A00001 de constitución del Impugnante del certificado de vigencia de poder de dicha empresa y de los asientos de constitución de la empresa P & M COURIER EXPRESS S.A.C. Aspecto P & M LOGÍSTICA E.I.R.L. (Impugnante)

P & M COURIER EXPRESS

S.A.C. (sancionada) RUC / partida 20610342966 / 11260258 20601701503 / 13772237 Forma jurídica Empresa individual de responsabilidad limitada Sociedad anónima cerrada Personas registralmente identificadas Owen Lander Peña Mateo (titular-gerente) Elizabeth Peña Mateo; Ramón Peña Mateo; Reyber Casimiro Peña Mateo (accionistas fundadores); este último figura como gerente Constitución documentada Escritura pública del 31/10/2022, asiento A00001 (titular: Owen Lander Peña Mateo) Escritura pública: 10/11/2016 Inicio de actividades

(SUNAT) 01/08/2023 02/12/2016

Situación respecto de la sanción No registra inhabilitación propia en el RNP según la consulta citada en el informe Inhabilitación informada del 28/11/2023 al 28/11/2026 Extracto 1. Asiento A00001 de constitución de P & M LOGÍSTICA E.I.R.L., partida N.º 11260258: titular y objeto social (escritura pública del 31/10/2022). Extracto 2. Certificado de vigencia de poder de P & M LOGÍSTICA E.I.R.L., partida N.º 11260258, asiento A00001.

Extracto 3. Asiento de constitución de P & M COURIER EXPRESS S.A.C., partida N.º 13772237; identificación de accionistas fundadores. Ahora bien, de los documentos registrales antes mostrados se identifica al señor Owen Lander Peña Mateo como titular-gerente del Impugnante, mientras que en la sociedad sancionada figuran otras personas como accionistas fundadores. En ese sentido, la coincidencia de apellidos no acredita, por sí misma, el elemento de conexión societaria exigido por el Tipo 3.E. Del mismo modo, el contrato de arrendamiento de motocicletas señalado por la Entidad revela una relación comercial entre ambas empresas, pero no constituye un elemento que permita determinar la configuración del supuesto de impedimento antes descrito. Por lo tanto, con los elementos obrantes en el expediente, no se acredita que el Impugnante se encuentre comprendido en el impedimento Tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley. En consecuencia, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario y concluir que no se configura la causal de improcedencia prevista en el literal e) del artículo 308 del Reglamento, debiendo continuarse con el examen de los restantes requisitos de procedencia y, de corresponder, con el análisis de fondo del recurso de apelación. Ello es sin perjuicio de las verificaciones o actuaciones que correspondan a las autoridades competentes respecto de otros posibles supuestos, de contar con nuevos elementos objetivos.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. La presente causal de improcedencia no es aplicable al presente caso, pues el Impugnante quedó en segundo lugar en orden de prelación, solicitando que se declare descalificada la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante no fue ganador de la buena pro, sino que quedó en segundo lugar en orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

El Impugnante interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario del procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto y, por su efecto, se tenga por descalificada la oferta de aquel. Por tanto, de la revisión a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

IV. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se declare descalificada la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque

el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se le otorgue la buena pro.

• Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme la calificación de su oferta; y, en consecuencia, el otorgamiento de la

buena pro del procedimiento de selección. ii. Se declare descalificada la oferta del Impugnante.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 9 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 14 de octubre del mismo año. Sobre el particular, se aprecia que el 14 de octubre de 2026, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando cuestionamientos contra la oferta del Impugnante; por lo que, corresponde tomar en consideración los argumentos del Adjudicatario para la fijación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en

consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el análisis

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante ha formulado los

siguientes cuestionamientos contra la calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario:

• Sobre el requisito de calificación C.4 - Infraestructura estratégica: Cuestiona que el

compromiso de alquiler presentado por el Adjudicatario consigne como fecha de suscripción el 19 de agosto de 2026, pese a que identifica expresamente el procedimiento de selección convocado recién el 10 de setiembre de 2026.

• Sobre el requisito de calificación C.3 – Equipamiento estratégico: Cuestiona que el

Adjudicatario haya acreditado la disponibilidad de dos (2) computadoras.

• Sobre la falta de motivación en la calificación de la oferta: Sostiene que el Comité de

Selección se limitó a consignar la expresión “Sí cumple” respecto de los requisitos de calificación, sin precisar los fundamentos ni la documentación que sustentaría dicha decisión, particularmente en lo referido a los requisitos C.3 y C.4.

• Sobre el factor de evaluación “Experiencia adicional del postor en la especialidad”:

Cuestiona que el Adjudicatario haya utilizado los mismos contratos para acreditar el requisito de calificación y obtener los 70 puntos del referido factor de evaluación. Asimismo, advierte una incongruencia en la documentación del Contrato N° 184- 2023-MP-FN-GG-OGLOG, debido a que la constancia de prestación reconoce un monto que incluye una prestación adicional aprobada después de la fecha consignada como culminación del servicio. En ese sentido, corresponde analizar cada uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante, a fin de determinar si la documentación presentada por el Adjudicatario cumple con las exigencias establecidas en las Bases Integradas y si corresponde mantener o dejar sin efecto la calificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sobre el requisito de calificación C.4 - Infraestructura estratégica:

• El Impugnante cuestiona que el Adjudicatario haya cumplido con acreditar el requisito de

calificación Infraestructura estratégica, debido a que el compromiso de alquiler presentado en los folios 90 al 92 de su oferta, suscrito el 19 de agosto de 2026, señala que venía participando en el Concurso Público Abreviado N° 003-2026-CS-CSJPI, pese a que dicho procedimiento fue convocado recién el 10 de setiembre de 2026 y que el Adjudicatario se registró como participante el 14 del mismo mes y año. Asimismo, advierte que el documento hace referencia a las condiciones establecidas en las Bases del referido procedimiento, cuya integración se produjo el 17 de setiembre de 2026. En ese sentido, sostiene que dichas circunstancias generan dudas sobre la fecha real de elaboración y autenticidad del compromiso de alquiler, por lo que considera que dicho documento no resulta idóneo para acreditar el requisito exigido en las Bases Integradas y solicita la descalificación de la oferta del Adjudicatario.

• Por su parte, el Adjudicatario señaló que el compromiso de alquiler presentado en los

folios 90 al 92 de su oferta cumple con las exigencias establecidas en las Bases Integradas, toda vez que acredita la disponibilidad de un local ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura. Respecto de la fecha de suscripción del documento, indicó que este fue celebrado el 19 de agosto de 2026, cuando se encontraba participando en el Concurso Público de Servicios N° 001-2026-CS-CSJPI, procedimiento del cual derivó el concurso público abreviado materia de controversia. Precisó que el procedimiento original fue convocado el 10 de julio de 2026 y que la presentación de ofertas estaba programada para el 19 de agosto de 2026, por lo que consideró correcta la referencia a su participación como postor. Asimismo, sostuvo que las Bases Integradas no exigían que el compromiso de alquiler contara con fecha cierta ni establecían formalidades adicionales para su acreditación.

• A su turno, la Entidad indicó que el compromiso de alquiler presentado por el

Adjudicatario cumple con las exigencias establecidas en las bases integradas, toda vez que identifica el inmueble, las partes intervinientes y la obligación de poner el local a

• Asimismo, indicó que la fecha de suscripción del compromiso no afecta el cumplimiento

del requisito de calificación C.4 “Infraestructura estratégica”, considerando que la cláusula sexta establece un plazo de arrendamiento de tres (3) años, computado desde el inicio efectivo de la prestación del servicio.

• A fin de resolver la controversia, corresponde revisar el numeral 2.5.2. literal C, apartado

C.4, del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, que estableció para la infraestructura estratégica lo siguiente:

• De la revisión del requisito de calificación infraestructura estratégica, se advierte que las

bases integradas establecieron que el contratista debía contar, como mínimo, con un local propio o alquilado, ubicado dentro de la zona urbana de los distritos de Piura, Castilla o Veintiséis de Octubre. Asimismo, respecto de su acreditación, se estableció la presentación de copia simple de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida para la ejecución del contrato.

• De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, en los folios 90 al 92, presentó

un contrato de compromiso de alquiler de fecha 19 de agosto de 2026.

• Nótese que el compromiso de alquiler tiene como fecha 19 de agosto de 2026 y menciona

como futuro arrendatario del local para el CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO DE SERVICIOS N° 003-2026-CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl- PJ, al Adjudicatario, representado por el gerente general Luis Alberto Ayala Pacora.

• Se aprecia que la cláusula primera del compromiso de alquiler señala que el futuro

arrendatario venía participando como postor en el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-CS-CSJPI. Sin embargo, al final del referido documento se consigna como fecha de suscripción el 19 de agosto de 2026. En ese sentido, corresponde contrastar dicha información con las fechas registradas en el SEACE, a fin de determinar si existe congruencia entre lo declarado en el compromiso y el desarrollo del procedimiento de selección.

• De la ficha del SEACE y del cronograma del procedimiento de selección se verifica que el

concurso público abreviado fue convocado el 10 de setiembre de 2026, y que el registro de participantes se inició el 11 de setiembre de 2026. En consecuencia, al 19 de agosto de 2026 aún no se había convocado el procedimiento abreviado expresamente identificado en el compromiso de alquiler. Fuente: Ficha del SEACE – Cronograma del Concurso Público Abreviado N° 003-2026-CS-CSJPI.

• Si bien el Adjudicatario manifestó que a esa fecha participaba en el concurso público

originario, debe advertirse que el documento presentado no se limita a identificar aquel procedimiento, sino que menciona de manera expresa la nomenclatura del concurso público abreviado derivado. En tal sentido, la explicación ofrecida no permite superar la incongruencia advertida en la falta de correspondencia entre la fecha de suscripción consignada y la identificación del procedimiento al que se encuentra condicionado el compromiso.

• Cabe precisar que, si bien las bases integradas permitían acreditar la disponibilidad de la

infraestructura estratégica mediante un compromiso de alquiler, ello no exime de que dicho documento presente información coherente respecto de la contratación para la cual se ofrece el inmueble.

• En el presente caso, se advierte una incongruencia entre la fecha de suscripción

consignada en el compromiso de alquiler, esto es, el 19 de agosto de 2026, y la identificación expresa del Concurso Público Abreviado N° 003-2026-CS-CSJPI, convocado recién el 10 de setiembre de 2026. Dicha circunstancia no ha sido esclarecida con los argumentos expuestos por el Adjudicatario.

• En consecuencia, la incongruencia advertida entre la fecha de suscripción del compromiso

de alquiler y la identificación del procedimiento de selección al que hace referencia impide considerar dicho documento como un medio de acreditación válido para demostrar la disponibilidad de la infraestructura estratégica exigida en las bases integradas.

• Por lo tanto, corresponde amparar este extremo del recurso y revocar la decisión de tener

por calificada la oferta del Adjudicatario, quedando descalificada y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• En consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación

interpuesto por el Impugnante.

• Asimismo, considerando que se ha determinado que corresponde descalificar la oferta del

Adjudicatario por el incumplimiento del requisito de calificación C.4 infraestructura estratégica, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados por el Impugnante contra dicha oferta, toda vez que su análisis no modificaría la decisión adoptada por este Colegiado. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante.

• El Adjudicatario, mediante su escrito de absolución del recurso de apelación, cuestionó

que el Impugnante haya cumplido con acreditar el requisito de calificación C.3 Equipamiento estratégico, referido a la disponibilidad de una (1) balanza electrónica debidamente calibrada, pues sostuvo que la documentación presentada en su oferta únicamente acreditaría la adquisición de balanzas electrónicas, mas no que estas se encontraran debidamente calibradas, conforme a lo exigido en las Bases Integradas. En consecuencia, solicitó que se descalifique la oferta del Impugnante.

• Por su parte, el Impugnante únicamente indicó que se desestime el cuestionamiento

formulado por el Adjudicatario respecto de la acreditación de la balanza electrónica exigida como equipamiento estratégico. No obstante, no desarrolló argumentos sobre el cuestionamiento planteado por el Adjudicatario.

• A fin de resolver la controversia, corresponde revisar el numeral 2.5.2. literal C, apartado

C.3, del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, que estableció para el equipamiento estratégico, lo siguiente:

• De la revisión del requisito de calificación C.3 – Equipamiento estratégico, se advierte que

las Bases Integradas exigían, entre otros equipos, contar con una (1) balanza electrónica debidamente calibrada. Asimismo, establecieron que su acreditación debía realizarse mediante copia simple de documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que demuestre la disponibilidad del equipamiento para ejecutar el contrato.

• De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que, en el folio 32, presentó una

declaración jurada en la que manifestó contar con una (1) balanza electrónica calibrada;

asimismo, en el folio 52, adjuntó la factura electrónica E001-195 del 29 de enero de 2024, que acredita la adquisición de balanzas electrónicas. Conforme se muestra a continuación:

• Al respecto, si bien la factura no contiene una referencia expresa a la calibración, las Bases

Integradas establecieron como forma de acreditación documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta, alquiler u otro documento que acredite de modo fehaciente la disponibilidad del equipamiento, en ese sentido, los documentos presentados por el Impugnante, permiten tener por acreditada la disponibilidad de la balanza electrónica. Sin perjuicio de ello cabe precisar que la calibración no constituye una característica técnica propia del equipamiento requerido, sino el resultado de una evaluación realizada al equipo que puede ser verificada durante la ejecución contractual.

• Por consiguiente, corresponde desestimar el cuestionamiento del Adjudicatario en este

extremo, toda vez que no se advierte incumplimiento de la forma de acreditación establecida en las Bases Integradas; en consecuencia, no corresponde descalificar la oferta del Impugnante por este motivo. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• Como última pretensión, el Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del

procedimiento de selección.

• Al respecto, corresponde mencionar que, a partir del análisis efectuado en el primer punto

controvertido se ha determinado tener por descalificada la oferta del Adjudicatario, razón por la cual, se dispuso revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• En ese sentido, considerando que la oferta del Impugnante cumple con la condición de

calificada y que, conforme al acta de evaluación correspondiente, ocupa el segundo lugar en el orden de prelación, esta Sala determina que, en atención a lo previsto en el literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. Por consiguiente, la pretensión planteada en este extremo resulta amparable y debe declararse fundada.

• En este punto, cabe anotar que, todo acto administrativo goza, en principio, de la

presunción de validez, según lo previsto en el artículo 9 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que, los actos no cuestionados deben presumirse válidos.

• Conforme a lo analizado precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo

313 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante, al resultar fundadas sus pretensiones.

• Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido declarar fundado el recurso de

apelación, en virtud al literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante.

• Por último, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad

contratante debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007- 2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Por estos fundamentos, de conformidad con el acuerdo adoptado por los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE- PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa P & M LOGISTICA

E.I.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl-PJ, para el “Servicio de mensajería y encomiendas para las dependencias jurisdiccionales y administrativas de la Corte Superior de Justicia de Piura por el periodo de 24 meses”. En consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar la buena pro otorgada a la empresa MULTISERVICIOS LAM-CARGO S.A.C. -MSLC-SAC, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026- CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl-PJ, teniéndose su oferta por descalificada. 1.2. Otorgar la buena pro a la empresa P & M LOGISTICA E.I.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003-2026-CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl-PJ.

• Devolver la garantía presentada por la empresa P & M LOGISTICA E.I.R.L., por la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al

día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

VOCAL

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL ERICK JOEL MENDOZA MERINO

El Vocal que suscribe el presente voto manifiesta respetuosamente su desacuerdo con la decisión adoptada en mayoría, en base a lo siguiente: PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta presentada por el Impugnante 1 Según el numeral 2.5.2. literal C, apartado C.3, del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas, que estableció para el equipamiento estratégico, lo siguiente: De la revisión del requisito de calificación C.3 - Equipamiento estratégico, se advierte que las bases integradas exigían, entre otros equipos, contar con una (1) balanza electrónica debidamente calibrada, para su acreditación, contemplaron la presentación de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que demuestre la disponibilidad del equipamiento requerido para ejecutar el contrato. La exigencia de contar con una balanza debidamente calibrada comprende una condición técnica que no podría acreditarse con una factura, un contrato o un compromiso de alquiler, sino que por su naturaleza, la calibración se sustenta en documentación específica, como un certificado de calibración emitido por un laboratorio competente y responde a ciertos parámetros; sin embargo, las bases integradas solo requieren documentos que acrediten la adquisición o disponibilidad de la balanza, lo cual no podría ser acreditado con un certificado de calibración.

Por lo tanto, el Vocal que suscribe el presente voto, considera que dicha situación constituiría un vicio de nulidad, pues afecta directamente los principios de libertad de concurrencia, transparencia y facilidad de uso, establecidos en el artículo 5 de la Ley. En atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, se considera que, en el presente caso correspondía correr traslado a las partes, para que, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, emitan su pronunciamiento en el que precisen si dicha situación, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección; y, de corresponder, declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, pues el presunto vicio advertido, deviene desde las bases primigenias. En consecuencia, considerando que el suscrito tiene la posición que debía correrse traslado a las partes por la existencia de un vicio de nulidad que afecta el procedimiento de selección, también considera que carece de objeto pronunciarse sobre los demás cuestionamientos; por lo que su

Correr traslado a las partes, para que, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, emitan su pronunciamiento en el que precisen si la situación advertida, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 003- 2026-CS-CS JPI - Derivado del Concurso Público de servicios N° 001-2026-P-CSJPl-PJ, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL