Resolución N.° 9676-2026-TCP-S5

Sumilla: los sistemas de información pública con carácter oficial pueden permitir identificar, sin lugar a dudas, acerca de la falsedad o adulteración de un documento supuestamente emitido por una Entidad” Lima, 2 de se embre de 2026. VISTO, en sesión del 2 de seembre de 2026, por la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente Nº 2406/2022.TCP, sobre el procedimiento administravo sancionador generado contra la empresa Fmedic E.I.R.L (RUC N° 20600470664), por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de los Ítems 10, 32, 33, 40, 41 y 42 de la Licitación Pública N° 22-2021- CENARES/MINSA-1, convocado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - Cenares; y, atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• Con decreto del 9 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento administrativo

sancionador contra la empresa Fmedic E.I.R.L (RUC N° 20600470664), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco de los Ítems 10, 32, 33, 40, 41 y 42 de la Licitación Pública N° 22-2021-CENARES/MINSA- 1, en lo sucesivo el procedimiento de selección, convocado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - Cenares, en adelante la Entidad, para la “Adquisición de dispositivos médicos y otros productos - compra corporativa sectorial para el abastecimiento 2021 -2022 (92 ítems)”; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante, el TUO de la Ley. El documento cuestionado es el siguiente:

• Vigencia de poder del representante legal de la empresa FMEDIC E.I.R.L: Sr.

Fernando Rogelio Mendoza Chávez de fecha 26 de enero de 2022. La imputación se sustentó en el Memorando N.° D000115-2022-OSCE-SPRI del 8 de abril de 2022, presentado el 12 de abril de 2022 por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE (ahora OECE) ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante, el Tribunal, mediante el cual se trasladó la denuncia formulada en el marco del procedimiento de selección, en la que se informó sobre la presunta adulteración de la vigencia de poder del representante legal de FMEDIC E.I.R.L. En dicha denuncia se cuestionó que el referido documento habría sido adulterado en cuanto a la fecha de solicitud, así como que se habría insertado la firma de una funcionaria de SUNARP. Asimismo, se señaló que, al verificarse el código QR consignado en el documento, se habría constatado que la vigencia correspondía al 14 de octubre de 2021, lo que evidenciaría inconsistencias respecto de la documentación presentada por el Contratista. En ese contexto, se dispuso notificar al Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente administrativo.

• Mediante escrito N° 1 presentado el 24 de abril de 2026, el Contratista presentó

su apersonamiento y se reservó el derecho a ampliar descargos posteriores.

• Con decreto del 13 de mayo de 2026, se dejó a consideración el apersonamiento

del Contratista.

• Mediante decreto del 27 de mayo de 2026, se dispuso el registro del Informe de

Instrucción N° 003-2026-ST3-CSCH del 27 de mayo de 2026, con los principales fundamentos:

• La Secretaría Técnica verificó en la oferta electrónica presentada por FMEDIC

E.I.R.L. que el certificado de vigencia de poder cuestionado fue efectivamente incorporado como parte de la propuesta para los ítems N.° 10, 32, 33, 40, 41 y 42 del procedimiento de selección. Por ello, consideró acreditado el primer elemento de la infracción.

• Asimismo, de la búsqueda del número de solicitud 2022-4926252 en las

plataformas de SUNARP no arrojó resultados correspondientes al año 2022. Sin embargo, al efectuar la búsqueda considerando el año 2021, se encontró un certificado que coincidía en diversos elementos relevantes —número de solicitud, día y mes de presentación, partida registral, certificador registral y número de recibo—, diferenciándose principalmente en el año de la solicitud y la fecha de emisión. Asimismo, el código de verificación permitió identificar que el certificado existía en el año 2021 y no en el 2022.

• A partir de dichas verificaciones, la Secretaría Técnica concluyó que el

documento presentado correspondería a un certificado de vigencia de poder expedido anteriormente por SUNARP, que habría sido modificado en determinados extremos, específicamente el año de la solicitud y la fecha de emisión.

• Concluyó en que se encuentra acreditada la responsabilidad administrativa de

FMEDIC E.I.R.L., al haberse verificado que presentó como parte de su oferta un certificado de vigencia de poder que habría sido adulterado en el año de la solicitud y en la fecha de emisión; conclusión sustentada principalmente en la información obtenida de las plataformas de SUNARP y en la ausencia de elementos aportados por el proveedor que permitan desvirtuar dicha imputación. Asimismo, considera que corresponde aplicar retroactivamente las disposiciones más favorables de la Ley N° 32069 y su Reglamento, por lo que, recomienda imponer veinticuatro (24) meses de inhabilitación temporal, así como comunicar los hechos al Ministerio Público.

• Con decreto del 2 de junio de 2026, se verificó que el Contratista no se apersonó

y se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Quinta Sala de Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha.

• Mediante escrito N° 2 presentado el 17 de junio de 2026, el Contratista presentó

sus descargos, a través de los cuales señaló, principalmente, lo siguiente:

• Sostiene que la vigencia de poder del representante legal, presentada en la

Licitación Pública N.° 22-2021-CENARES/MINSA, contenía determinadas inconsistencias, principalmente respecto de la fecha de solicitud y la información verificable mediante el código QR. No obstante, señala que tales circunstancias no acreditarían la falsedad del documento, toda vez que el supuesto órgano emisor no habría manifestado expresamente que el documento no fue expedido, firmado o emitido en condiciones distintas a las consignadas en este.

• Asimismo, reconoce que la vigencia de poder presentada no correspondía

plenamente con la realidad, pero atribuye dicha circunstancia a un error involuntario de su personal administrativo, generado por la prolongación del procedimiento de selección entre octubre de 2021 y febrero de 2022. En ese sentido, niega la existencia de dolo o intención de engañar a la Entidad y sostiene que, de haber existido una finalidad fraudulenta, no se habría mantenido visible el código QR y código de verificación que permitían comprobar la información registral.

• De otro lado, sostiene que las inconsistencias advertidas podían ser

identificadas por el comité de selección y, de corresponder, ser objeto de subsanación, conforme a los supuestos previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley N° 30225, o ser verificadas mediante interoperabilidad a través de la PIDE. Por ello, considera que los hechos no acreditarían la presentación de un documento falso, sino, en todo caso, la existencia de información que no se correspondía con la realidad.

• Finalmente, invoca el principio de presunción de licitud y la insuficiencia

probatoria, señalando que no existirían elementos que acrediten de manera indubitable su responsabilidad. Asimismo, plantea la prescripción de la infracción de presentación de información inexacta, argumentando que esta habría sido cometida el 15 de febrero de 2022 y que el procedimiento administrativo sancionador se habría iniciado recién el 10 de abril de 2026, por lo que habría transcurrido el plazo de tres años previsto legalmente.

• Con decreto del 3 de agosto de 2026, se programó audiencia para el 17 de agosto

de 2026.

• El 17 de agosto de 2026, se llevó a cabo la audiencia programada con la

participación del representante del Contratista.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento determinar la presunta responsabilidad

administrativa del Contratista, por haber presentado a la Entidad, supuesta documentación falsa o adulterada como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento; normas vigentes al momento de la presunta comisión de la infracción. Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna

• Ante los frecuentes cambios normativos producidos en la normativa de

contratación pública, es necesario evaluar si, en el presente caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual:

“5. Irretroactividad. - Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva

(El subrayado es agregado). En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente al momento de la comisión de la infracción; también se admite la aplicación de una norma posterior, si esta resultase más favorable para el administrado, aquella debe ser aplicada. En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” implica una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso concreto, tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o un plazo de prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun cuando el proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del procedimiento administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio.

• En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició

por la presunta comisión de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, el 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF (en adelante, la “Ley General” y el “Reglamento de la Ley General”, respectivamente), por lo que corresponde evaluar la aplicación del principio de retroactividad benigna.

• En ese contexto, si bien el tipo infractor imputado en el presente caso—esto es, la

presentación de documentos falsos o adulterados— contemplado en el literal j) del artículo 50.1 del TUO de la Ley, no ha experimentado variaciones en su configuración bajo el nuevo régimen legal, sí se evidencia un cambio relevante en cuanto a la sanción aplicable, toda vez que el literal d) del artículo 90 de la Ley General establece que el período de sanción para esta infracción no podrá ser menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses, lo cual representa una reducción respecto del plazo mínimo previsto en el TUO de la Ley (36 meses).

• Por lo tanto, en observancia del principio de retroactividad benigna, este

Colegiado considera que, para el caso concreto, las disposiciones contenidas en la Ley General, en lo relativo a los márgenes de sanción aplicables a la infracción por presentar documentación falsa o adulterada, resultan más favorables al administrado. En consecuencia, corresponde analizar dicho aspecto bajo el marco normativo de la Ley General, según corresponda. Naturaleza de la infracción.

• El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece que el

Tribunal impone sanción, por la presentación de documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al OSCE o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. Así, conforme a los precedentes del Tribunal, un documento falso es aquél cuya emisión o firma no corresponde a la persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor, suscriptor o emisor; por otra parte, un documento adulterado es aquel que, siendo válidamente expedido o suscrito, posteriormente es modificado en su contenido. En consecuencia, para la configuración de la infracción referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, deberán verificarse los siguientes aspectos:

• En primer lugar, corresponde verificar que los documentos cuestionados como

falsos o adulterados fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al OECE o a Perú Compras, en el marco del procedimiento que se siga en dichas instancias.

• En segundo lugar, a efectos de determinar la configuración de la infracción,

corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad (respecto de la emisión del documento) o adulteración (modificación del documento válidamente expedido), independientemente de las circunstancias o autor material de la falsificación o adulteración; ello, en atención a la responsabilidad objetiva de la presente infracción.

• Al respecto, cabe tener en cuenta que uno de los principios que rige la potestad

sancionadora del Tribunal es el de culpabilidad, previsto en el numeral 10 del

artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual “la responsabilidad

administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva”.

• En tal contexto, debe tenerse presente que, conforme al numeral 92.1 del artículo

92 de la Ley General, la responsabilidad derivada de las infracciones referidas a la presentación de documentos falsos o adulterados es objetiva. Lo mismo establecía el TUO de la Ley.

• Sobre este punto, corresponde precisar que la responsabilidad objetiva se centra

en identificar la conducta de presentar documentación falsa o adulterada, sin indagar sobre las motivaciones de tal conducta (dolo o negligencia).

• Ahora bien, respecto al principio de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo

230 del TUO de la LPAG, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

• Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad

sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• En relación con lo indicado, y al amparo del principio de verdad material

consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados, así como de la falsificación o adulteración imputada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otros.

Configuración de la infracción

• En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado a la

Entidad, el siguiente presunto documento falso o adulterado como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección:

• Vigencia de poder del representante legal de la empresa FMEDIC E.I.R.L: Sr.

Fernando Rogelio Mendoza Chávez de fecha 26 de enero de 2022

• Ahora bien, obra en el expediente copia del referido documento, verificándose

que el Contratista lo presentó el 15 de febrero de 2022, como parte de la documentación de su oferta registrada en el SEACE, para los ítems N° 10, 32, 33, 40, 41 y 42, en el marco del procedimiento de contratación, tal como se ilustra a continuación: Por lo tanto, habiéndose advertido la presentación del documento cuestionado a la Entidad por parte del Contratista, corresponde abocarse al análisis para determinar si existen elementos que permitan concluir de manera inequívoca que es falso o adulterado. Respecto de la supuesta falsedad y/o adulteración del documento cuestionado.

• En el presente caso, se cuestiona la veracidad de la Vigencia de Poder del

Representante Legal de la empresa FMEDIC E.I.R.L: Sr. Fernando Rogelio Mendoza Chávez de fecha 26 de enero de 2022, la cual se reproduce a continuación:

• Ahora bien, en concordancia con lo señalado en el Informe de Instrucción N.° 003-

2026-ST3-CSCH de fecha 27 de mayo de 2026, emitido por la Secretaría Técnica del Tribunal, al efectuar la consulta del mismo número de solicitud en la plataforma “Síguelo Plus”, pero considerando el año 2021, se advirtió coincidencia con la mayoría de los datos consignados en el certificado cuestionado, con excepción del año de la solicitud y del año de emisión del certificado. Así, se verificó correspondencia respecto del número de solicitud, el día y mes de presentación, la partida registral, el certificador registral e, incluso, el número de recibo (2021-2036751). Al respecto, el número de recibo correspondiente al pago de los derechos registrales permite advertir que el trámite se efectuó en el año 2021 y no en el año 2022, como se consigna en el documento cuestionado. Del mismo modo, al realizar la búsqueda del referido número de solicitud en el servicio “Verificación del Certificado con firma electrónica/digital”, utilizando el año 2021 y el código de verificación consignado en el certificado cuestionado, se obtuvo como resultado que dicho certificado efectivamente existe. Por el contrario, al efectuar la misma consulta considerando el año 2022, no se obtuvo resultado alguno, lo que permite advertir una inconsistencia entre la información consignada en el documento presentado y aquella que obra en los registros de SUNARP.

• Al respecto, se debe tener en cuenta que, en cuanto al extremo de falsedad o

adulteración, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado, manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. Asimismo, los sistemas de información pública con carácter oficial pueden permitir identificar, sin lugar a dudas, acerca de la falsedad o adulteración de un documento supuestamente emitido por una Entidad.

• En este estado, de la verificación de los documentos obrantes en el expediente

administrativo, se advierte que el documento cuestionado, presentado por el Contratista a la Entidad, contiene información alterada en el extremo referido a su fecha de emisión y la fecha de solicitud. En efecto, mientras que el documento presentado por el Contratista consigna como fecha de solicitud y emisión el 24 de enero de 2022, de la verificación del documento original efectuado a través de la lectura del QR de la plataforma de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP se advierte que la fecha de solicitud que corresponde al documento original es el 14 de octubre de 2021 y la fecha de emisión es el 16 de octubre de 2021. En consecuencia, se evidencia una discrepancia entre la información consignada en el documento presentado ante la Entidad y aquella que obra en los registros oficiales de SUNARP, tal como se ilustra a continuación: Vigencia poder presentada como parte de la oferta Vigencia poder obtenida de la plataforma de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP (a través de la lectura del QR)

• Ahora bien, corresponde traer a colación los descargos presentados por el

Contratista a través de los cuales, sostiene que la vigencia de poder de su representante legal, presentada en la Licitación Pública N.° 22-2021- CENARES/MINSA, contenía determinadas inconsistencias, principalmente respecto de la fecha de solicitud y la información verificable mediante el código QR. No obstante, señala que tales circunstancias no acreditarían la falsedad del documento, toda vez que el supuesto órgano emisor no habría manifestado expresamente que el documento no fue expedido, firmado o emitido en condiciones distintas a las consignadas en este. Asimismo, la empresa reconoce que la vigencia de poder presentada no correspondía plenamente con la realidad, pero atribuye dicha circunstancia a un error involuntario de su personal administrativo, generado por la prolongación del procedimiento de selección entre octubre de 2021 y febrero de 2022. En ese sentido, niega la existencia de dolo o intención de engañar a la Entidad y sostiene que, de haber existido una finalidad fraudulenta, no se habría mantenido visible el código QR y código de verificación que permitían comprobar la información registral. De otro lado, sostiene que las inconsistencias advertidas podían ser identificadas por el Comité de Selección y, de corresponder, ser objeto de subsanación. Finalmente, invoca el principio de licitud y la insuficiencia probatoria, señalando que no existirían elementos que acrediten de manera indubitable su responsabilidad. Asimismo, plantea la prescripción de la infracción de presentación de información inexacta, argumentando que esta habría sido cometida el 15 de febrero de 2022 y que el procedimiento administrativo sancionador se habría iniciado recién el 10 de abril de 2026, por lo que habría transcurrido el plazo de tres años previsto legalmente. Sobre el particular, respecto de lo alegado por el Contratista en el sentido de que las inconsistencias advertidas en la vigencia de poder no acreditarían, por sí mismas, la falsedad o adulteración del documento, toda vez que el supuesto órgano emisor no habría manifestado expresamente que este no fue expedido, firmado o emitido en condiciones distintas a las consignadas, corresponde señalar que la determinación de la adulteración no se sustenta únicamente en la existencia de discrepancias formales, sino en la confrontación objetiva del documento presentado por el Contratista con la información oficial que obra en la plataforma de SUNARP (a través de la lectura del QR que contiene el documento presentado en la oferta); fuente que no genera duda alguna sobre la alteración de la información contenida en el documento original.

Además, al efectuar la consulta del número de solicitud consignado en el documento cuestionado en la plataforma “Síguelo Plus”, considerando el año 2021 que consta en el documento original, se verifica la correspondencia con los datos contenidos en este, tales como el número de solicitud, el día y mes de presentación, la partida registral, el certificador registral y el número de recibo, por lo que no queda duda alguna de la autenticidad del certificado de vigencia de poder a través del código QR emitido en el año 2021. Asimismo, el número de recibo correspondiente al pago de los derechos registrales permite establecer que el trámite se efectuó en el año 2021 y no en el año 2022, como se consignó en el documento presentado por el Contratista. Más aún, en el documento cuestionado, se advierte de manera evidente una fecha y hora de emisión con un tipo de letra inconsistente con los caracteres del documento oficial, tal como se advierte a continuación:

De este modo, la evidencia obtenida permite identificar no solo una diferencia entre la información consignada en el documento presentado y la información registral, sino que permite establecer cuál es la información que corresponde al documento originalmente expedido por SUNARP y, por consiguiente, qué extremo del documento presentado fue modificado. Así, mientras el documento presentado por el Contratista consigna como fecha de solicitud y emisión el 24 de enero de 2022, la información oficial de SUNARP permite verificar que el certificado correspondiente al número de solicitud y código de verificación consignados fue solicitado el 14 de octubre de 2021 y emitido el 16 de octubre de 2021. En consecuencia, se encuentra objetivamente acreditada la modificación de un elemento sustancial del documento original. En ese sentido, carece de sustento la afirmación del Contratista según la cual, ante la ausencia de una manifestación expresa del órgano emisor, no podría determinarse la adulteración del documento. Si bien la declaración del supuesto emisor constituye un elemento probatorio relevante para determinar la falsedad o adulteración, ello no significa que constituya el único medio idóneo para acreditar dicha circunstancia, pues esta también puede ser corroborada mediante el cotejo y la verificación de la información pública administrada por la propia entidad emisora. En el presente caso, precisamente, la información oficial de SUNARP permite establecer que el documento presentado no conserva íntegramente el contenido del documento originalmente expedido. Por otro lado, tampoco resulta atendible la explicación del Contratista referida a que la inconsistencia se habría originado por un supuesto error involuntario de su personal administrativo, derivado de la prolongación del procedimiento de selección entre octubre de 2021 y febrero de 2022. En efecto, dicha alegación no desvirtúa el hecho objetivo de que el documento presentado ante la Entidad consignaba una fecha de emisión distinta de aquella correspondiente al documento original registrado y verificable en SUNARP. La invocación de un supuesto error interno no modifica la naturaleza objetiva del documento presentado ni permite considerar auténtico un documento cuyo contenido fue alterado respecto de su versión original. Asimismo, el argumento referido a que la permanencia del código QR y del código de verificación demostraría la inexistencia de una intención fraudulenta tampoco resulta suficiente para desvirtuar la comisión de la infracción. Por el contrario, la verificación efectuada mediante dichos mecanismos permitió precisamente identificar que el certificado correspondía a un trámite efectuado en el año 2021 y no del año 2022. En consecuencia, la existencia de tales mecanismos de verificación no excluye la adulteración, sino que, en el presente caso, permitió corroborarla al evidenciar la alteración entre la información consignada en el documento presentado y aquella registrada oficialmente por SUNARP. En cuanto a la alegación relativa a que las inconsistencias pudieron ser advertidas por el comité de Selección y, eventualmente, ser objeto de subsanación o verificadas mediante interoperabilidad, corresponde precisar que tales circunstancias tampoco desvirtúan la configuración de la infracción imputada. La responsabilidad administrativa materia de análisis se determina a partir de la conducta efectivamente desplegada por el Contratista, esto es, la presentación ante la Entidad de un documento cuyo contenido había sido modificado respecto del documento originalmente expedido. La eventual posibilidad de que la Entidad hubiera podido detectar dicha irregularidad mediante sus propios mecanismos de verificación no convierte en auténtico el documento presentado, ni excluye la responsabilidad derivada de su presentación. Del mismo modo, la invocación del principio de presunción de licitud y de una supuesta insuficiencia probatoria no resulta amparable, toda vez que en el expediente obran elementos objetivos fehacientes que permiten determinar la adulteración del documento cuestionado. En particular, la coincidencia de los datos registrales del documento presentado con el certificado correspondiente al trámite realizado en 2021, así como la verificación del código consignado y la inexistencia de resultados para el año 2022, permiten concluir razonablemente que el documento originalmente emitido por SUNARP fue modificado en cuanto a su fecha de emisión, consignándose posteriormente una fecha distinta. Por lo tanto, no se trata de una conclusión sustentada en una mera sospecha o en inconsistencias aisladas, sino en la comparación entre el documento presentado ante la Entidad y la información oficial susceptible de verificación en las plataformas administradas por SUNARP. En consecuencia, se encuentra acreditado que el documento presentado por el Contratista contiene información alterada respecto de su versión original, configurándose así la adulteración del documento y, por consiguiente, la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Finalmente, respecto de la prescripción alegada por el Contratista, corresponde señalar que esta ha sido planteada sobre la base de una calificación distinta de la conducta imputada, al sostener que los hechos constituirían una infracción por presentación de información inexacta. Sin embargo, conforme se ha establecido precedentemente, la conducta materia de análisis corresponde a la presentación de un documento adulterado, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. En tal sentido, el cómputo del plazo de prescripción debe efectuarse atendiendo a la infracción efectivamente imputada y cuya configuración ha sido determinada en el presente caso, por lo que el argumento planteado por el Contratista no resulta suficiente para acreditar la prescripción de la potestad sancionadora.

• Por lo tanto, es menester recordar que un documento adulterado es aquel que,

siendo válidamente expedido o suscrito, posteriormente es modificado en su contenido, lo cual ha sido corroborado en el presente caso.

• Siendo así, en concordancia con el Informe de Instrucción N.° 003-2026-ST3-CSCH,

de fecha 27 de mayo de 2026, emitido por la Secretaría Técnica del Tribunal, se concluye que el documento cuestionado presentado por el Contratista a la Entidad, constituye un documento adulterado, por lo que se verifica la comisión de la infracción relativa a la presentación de documento adulterado a la Entidad, tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Graduación de la sanción

• Con relación a la graduación de la sanción imponible, se debe considerar que,

resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

• Ahora bien, en aplicación del principio de retroactividad benigna, corresponde

determinar la sanción a imponer al Contratista, conforme a la Ley General y los criterios previstos en el artículo 366 de su Reglamento, tal como se expone a continuación:

• Naturaleza de la infracción: la presentación de documentación adulterada

reviste gravedad, toda vez que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en

el expediente, no es posible acreditar la intencionalidad en la comisión de la infracción.

• La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad contratante:

se debe tener en consideración que, la presentación de documentación que no resulta veraz conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública y quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de encuentran premunidas de veracidad.

• Reconocimiento de la infracción cometida: de los documentos obrantes no

es posible identificar el presente criterio.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se observa que, a la fecha, el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal.

• Conducta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento sancionador

y presentó sus descargos.

• Multa Impaga: de la revisión de la base de datos del Registro Nacional de

Proveedores (RNP), se observa que, a la fecha, el Contratista no cuenta con multas impagas.

• Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos en

proceso administrativo está prevista y sancionada como delito en el artículo 411 del Código Penal; el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas.

• En tal sentido, considerando que el numeral 371.3 del artículo 371 del Reglamento

de la Ley General, dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, copias de los folios 1 al 123 del expediente administrativo y copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de dichos folios constituye las piezas procesales sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. Finalmente, la infracción cometida por el Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 15 de febrero de 2022, fecha en que fue presentado el documento adulterado a la Entidad. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe el Vocal ponente Chrisan César Chocano Davis, y la intervención del Vocal Jorge Alfredo Quispe CroveQo, y el Vocal Erick Joel Mendoza Merino, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente; atendiendo a la reconformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecuva Nº D000054-2026-OECE-PRE, del 2 de marzo de 2026, publicada el 3 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los arTculos 16 y 87 de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los arTculos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• SANCIONAR al proveedor FMEDIC E.I.R.L (RUC N° 20600470664), por el periodo

de vein cuatro (24) meses de inhabilitación temporal en su derecho de parcipar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado un documento adulterado como parte de su oferta, en el marco de los Ítems 10, 32, 33, 40, 41 y 42 de la Licitación Pública N° 22-2021-CENARES/MINSA-1, efectuada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud- CENARES; infracción pificada en el literal j) del numeral 50.1 del arTculo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF [actualmente en el literal m) del numeral 87.1 del arTculo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas]; por los fundamentos expuestos.

• Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado

administravamente firme, la Unidad Funcional de Gesón de Mesa de Partes y Ejecución del Tribunal registre la sanción en el módulo informáco correspondiente.

• Remir copia de los folios indicados en la fundamentación al Ministerio Público -

Distrito Fiscal de Lima, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que correspondan.

JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO

VOCAL

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

ss. Chocano Davis. Quispe Crovetto

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL ERICK JOEL MENDOZA MERINO

El suscrito discrepa respetuosamente de las consideraciones expuestas por la mayoría en el extremo relacionado con la configuración de la infracción imputada al Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta documentación falsa o adulterada ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. En tal sentido, procede a emitir el presente voto en discordia, sobre la base de los siguientes fundamentos: En ese contexto, resulta pertinente considerar los mecanismos de verificación establecidos por la propia Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) para determinar la autenticidad de los certificados emitidos por dicha entidad. Así, en el marco del Expediente N° 5872/2023-TCP, mediante el Oficio N° 775-2021-SUNARO-Z.R. N° IX/PUB-COORD del 30 de septiembre de 2021, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, indicó entre otros, que a efectos de verificar la autenticidad de un Certificado de Poder emitido por el Registro de Persona Jurídicas de la Zona Registral N° IX que cuente con firma electrónica, se debe ingresar a la página web www.sunarp.gob.pe y realizar la verificación en el módulo de servicio en línea. Asimismo, indicó que la publicidad de dicho certificado solo estará disponible por el plazo de noventa (90) días calendarios contados desde su expedición. Teniendo en cuenta ello, cabe recordar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto hecho, a fin que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable. Al respecto, la SUNARP indicó que para efectos de corroborar la autenticidad de la publicidad otorgada por los abogados certificadores, siempre y cuando contenga firma electrónica, se deberá ingresar a la página web www.sunarp.gob.pe la cual estará disponible en la web por le plazo de noventa (90) días calendarios desde su expedición; no obstante, de la revisión del certificado de vigencia, se advierte que el documento cuestionado no cuenta con firma electrónica; por lo que, la autenticidad y veracidad de dicho documento no podría validarse en la base de datos de la SUNARP.

En ese sentido, se aprecia que de acuerdo a lo señalado por la SUNARP en su Oficio Nº 741-2021-SUNARP-Z.R. Nº IX/PUB-COORD no permite calificar al documento cuestionado como falso o adulterado, debido a que, en constante jurisprudencia emitida por el Tribunal, se requiere que el emisor o suscriptor niegue la emisión y firma del documento o en condiciones distintas al originalmente emitido, situación que no se da en el presente caso. Asimismo, corresponde precisar que si bien, se quiso verificar la autenticidad de dicho certificado a través de su código QR; lo cierto es que, dicha información solo podría corroborarse a través de la base de datos de la página web de la SUNARP, siempre que el documento cuente con firma electrónica. Por tal motivo, considerando que el documento cuestionado no cuenta con firma electrónica, no es posible para el suscrito tener convicción sobre la falsedad o adulteración del mismo. Aunado a ello, tenemos que en el artículo 1 de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 081-2021-SUNARP/SN del 8 de julio de 2021, se aprueba que los certificados compendiosos detallados en dicha resolución, entre los que se encuentra la vigencia de poder de persona jurídica, se expidan en formato electrónico, con firma electrónica, código de verificación y código QR, sin que se haga referencia a documentos firmados a manuscrito como lo es el documento cuestionado. Teniendo en cuenta ello, el Vocal que suscribe considera importante recordar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas que resulten suficientes para determinar, de forma indubitable, la comisión de la infracción administrava que se imputa; es decir, produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y con ello, se logre desvirtuar la presunción de veracidad. Por consiguiente, en caso de duda sobre la responsabilidad administrava del Adjudicatario, deberá prevalecer la presunción de licitud, aplicable también al derecho administravo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 9 del arTculo 248 del TUO de la LPAG. Conforme a lo expuesto, al no exisr elementos que permitan generar convicción en la comisión de la infracción imputada, y por el contrario al exisr elementos que generan la duda razonable sobre la falsedad y/o adulteración del documento cuesonado, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción.

CONCLUSIONES:

• Declarar NO HA LUGAR la sanción contra el proveedor FMEDIC E.I.R.L (RUC N°

20600470664), por su presunta responsabilidad al haber presentado un documento adulterado como parte de su oferta, en el marco de los Ítems 10, 32, 33, 40, 41 y 42 de la Licitación Pública N° 22-2021-CENARES/MINSA-1, efectuada por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud- CENARES; infracción pificada en el literal j) del numeral 50.1 del arTculo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Archívese definivamente

Regístrese, comuníquese y publíquese,

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Mendoza Merino