Resolución N.° 9683-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) es importante señalar que, para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable.” Lima, 9 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 9 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 1611-2024-TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra CIRO ENOC PAREDES DIAZ, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 0003671 del 31 de agosto de 2023 por el concepto de “Contrato de servicios para vigilancia y control vectorial en el ámbito de la UNGETS RIOJA; FTE” emitida por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN - SALUD ALTO MAYO; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Con Decreto del 6 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el señor CIRO ENOC PAREDES DIAZ (con RUC N° 10761921474), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal c) del numeral 11.1 del

artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley; , por haber presentado información inexacta como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 0003671 del 31 de agosto de 2023 por el monto ascendente a S/ 1,800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles), por el concepto de “Contrato de servicios para vigilancia y control vectorial en el ámbito de la UNGETS RIOJA; FTE”, en lo sucesivo la Orden de Servicio, emitida por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN - SALUD ALTO MAYO, en adelante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. El documento con supuesta información inexacta consiste en:

• Anexo N° 05 - Declaración Jurada de no tener impedimento de contratar

con el Estado, de agosto de 2023, suscrito por el Contratista, en la cual declaró bajo juramento, entre otros, no tener impedimento para contratar con el Estado. Dicho Decreto dispuso notificar al Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.1 Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, valoró la denuncia efectuada por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hoy Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), mediante el Memorando N° D000010-2024-OSCE-DGR2, presentado el 13 de febrero de 2024, al cual adjuntó el Dictamen N° 1795-2023/DGR-SIRE del 30 de diciembre de 20233, en el que señaló que el señor Eliseo Paredes Díaz fue elegido consejero regional de San Martín para el periodo 2023-2026 y que, según su Declaración Jurada de Intereses, el Contratista es su hermano, esto es, pariente en segundo grado de consanguinidad; y que, no obstante ello, la Entidad contrató con el Contratista mediante la Orden de Servicio, dentro del ámbito de competencia territorial de dicha autoridad. Asimismo, a través del Oficio N° 728-DIRESA-OGESS-AM/D del 15 de marzo de 2024, presentado el 20 de marzo de 20244, la Entidad adjuntó el Informe Legal N° 69-2024-DIRESA-OGESS-AM/O.A.L. del 12 de marzo de 2024 y el Informe N° 018- 2024-GRSM/DIRESA-OGESS-AM/UEGA-AL del 21 de febrero de 20245, en los que señaló que el Contratista, pese a estar impedido, aceptó contratar con la Entidad 1 Obrante a folios 218-221 del expediente administrativo. 2 Obrante a folios 1 a 4 del expediente administrativo. 3 Obrante a folios 5 a 10 del expediente administrativo. 4 Obrante a folios 11 y 54 del expediente administrativo. 5 El Informe Legal N° 69-2024-DIRESA-OGESS-AM/O.A.L. obra a folios 14-23 y el Informe N° 018-2024-GRSM/DIRESA-OGESS- AM/UEGA-AL a folios 24-35 del expediente administrativo.

y adjuntó a su cotización el formato de declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado.

• Por Decreto del 9 de julio de 20266, a fin de contar con mayores elementos de

juicio, se requirió a la Entidad que, en el plazo de tres (3) días hábiles, remita: i) copia de la Orden de Servicio donde pueda apreciarse que fue debidamente recibida por el Contratista o, de ser el caso, el correo electrónico de remisión con su constancia de recepción; ii) la constancia de recepción o documento análogo que acredite la recepción por parte de la Entidad del Anexo N° 05 - Declaración jurada de no tener impedimento de contratar con el Estado de agosto de 2023; y iii) copia completa y legible de la cotización presentada por el Contratista, donde se aprecie la fecha de recepción, así como el documento mediante el cual la presentó, con el sello de recepción de la Entidad o, si fue recibida de manera electrónica, el correo electrónico de remisión. Sin embargo, de la revisión del Toma Razón Electrónico se verifica que la Entidad no cumplió con remitir la información y documentación solicitada.

• Con Decreto del 3 de agosto de 2026, se hizo efectivo el apercibimiento de

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, al verificarse que el Contratista no presentó sus descargos pese a haber sido válidamente notificado vía casilla electrónica el 15 de mayo de 2026.

• A través del Decreto del 3 de agosto de 2026, se dispuso el registro y comunicación

a las partes del Informe de Instrucción N° 158-2026/HSVC-ST1 del 3 de agosto de 2026, conforme a lo prescrito en el artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante, el Reglamento de la Ley General, mediante el cual la Secretaría Técnica N° 1 recomendó lo siguiente: i) declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de sanción contra el Contratista por haber contratado con el Estado estando impedido; y, ii) declarar no ha lugar a la imposición de sanción por haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, respectivamente; así como poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional y del Titular de la Entidad los hechos advertidos. 6 Obrante a folios 224 a 225 del expediente administrativo.

• Mediante Decreto del 13 de agosto de 2026, se tuvo por notificado el Informe de

Instrucción N° 158-2026/HSVC-ST1, registrado en el Sistema Informático del Tribunal, al Contratista vía casilla electrónica el 13 de agosto de 2026, conforme acredita con la constancia de lectura publicada en el Toma Razón Electrónico. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, el cual fue recibido por el vocal ponente el 14 del mismo mes y año.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la

supuesta responsabilidad del Contratista, por haber contratado con el Estado estando impedido para ello y haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de producirse los hechos y a su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 2018-EF, en adelante el Reglamento. Respecto de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley Naturaleza de la infracción

• Sobre el particular, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley

N° 30225, establecía que serán pasibles de sanción quienes contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del mencionado cuerpo normativo. A partir de lo anterior, se aprecia que la Ley contempla dos circunstancias que deben concurrir de forma necesaria e indispensable para la configuración de la infracción, las cuales son las siguientes: i) el perfeccionamiento del contrato o de la Orden de Copra o de servicio; y, ii) que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, la Contratista se encontrara incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225.

• En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de contratación en el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225.

• Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 ha establecido distintos alcances de los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.

• Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participantes, postor o

contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, por la restricción de derechos que implica su aplicación a las personas, dichos impedimentos deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado o norma con rango de ley; razón por la cual, debe verificarse, en cada caso, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 o su Reglamento, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en un procedimiento de selección o contratar con el Estado; o de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se encontraba con impedimento vigente para tal efecto.

En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si, a la fecha en que se perfeccionó la relación contractual a través de la Orden de Servicio, el Contratista estaba inmerso en algún impedimento para contratar con el Estado. Configuración de la infracción

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la comisión de la

infracción imputada al Contratista, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado; y,

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, la Contratista esté incursa en alguno de los impedimentos establecidos en el

artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225.

Cabe precisar que, para las contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT, por estar excluidas de su ámbito de aplicación, no son aplicables las disposiciones previstas en el TUO de la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la realización de la contratación y, además, que permita identificar si, al momento de dicho perfeccionamiento, la Contratista se encontraba inmerso en alguna de las causales de impedimento.

• Considerando tal contexto, respecto del primer requisito, de la revisión del

expediente administrativo se aprecia la Orden de Servicio N° 0003671 emitida por la Entidad a favor del Contratista el 31 de agosto de 2023, por el concepto de “Contrato de servicios para vigilancia y control vectorial en el ámbito de la UNGETS RIOJA; FTE”, por el importe de S/ 1,800.00 (mil ochocientos con 00/100 soles), conforme se reproduce a continuación7: 7 Obrante a folios 36 a 37 del expediente administrativo.

Nótese que, de la revisión de dicha Orden de Servicio, se advierte que la descripción del servicio consigna que este corresponde al “periodo del 20 de julio al 18 de agosto”, es decir, a un periodo anterior a la fecha de emisión de la propia orden (31 de agosto de 2023).

• En esa misma línea, obra en el expediente Informe N° 001-2023-C.E.P.D. de agosto

de 2023 suscrita por el propio Contratista, en el que consigna como inicio del servicio realizado fue el 20 de julio de 2023 y como término el 18 de agosto de 2023, tal como se observa a continuación8: 8 Obrante a folio 86 del expediente administrativo.

• Asimismo, obra el Informe N° 001-2023-C.E.P.D. de agosto de 2023, suscrito por

el Contratista, en el que informó sobre los servicios prestados correspondientes al periodo del 20 de julio al 18 de agosto de 2023, el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-1 del 14 de septiembre de 2023 por S/ 1,800.00 y el Comprobante de Pago N° 6076 del 22 de septiembre de 2023 por el mismo monto9.

• De esta manera, se advierte que la Orden de Servicio fue emitida con el fin de

regularizar el pago a favor del Contratista, verificándose que el servicio se prestó en un periodo (del 20 de julio al 18 de agosto de 2023) previo a la emisión de la Orden de Servicio del 31 de agosto de 2023.

• Entonces, queda claro que la Orden de Servicio que fundamenta la presente

imputación se emitió para regularizar el pago de servicios que se habían ejecutado previamente; por ende, dicha Orden de Servicio no constituye el contrato, sino que este se materializó con anterioridad, en una oportunidad que no se conoce ni ha sido acreditada por la Entidad, aspecto que también fue advertido por la Secretaría Técnica en su Informe de Instrucción. En ese sentido, de la información proporcionada por la Entidad se desprende que la Orden de Servicio que fundamenta la presente imputación no tuvo por objeto perfeccionar el contrato, sino regularizar el pago de prestaciones que ya se habían ejecutado. Por consiguiente, dicha Orden de Servicio no constituye el contrato en sí mismo, sino que este se habría configurado con anterioridad, en una fecha que no ha sido precisada. Tal indeterminación no permite identificar cuál es el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada en el presente procedimiento administrativo sancionador; ni la oportunidad en que se perfeccionó y, por tanto, tampoco verificar si en dicha oportunidad el Contratista se encontraba impedido para contratar, lo cual inclusive podría tener impacto en el cómputo del plazo de prescripción de la infracción imputada, previsto en el numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley. Ante ello, considerando que la prestación a la que hace referencia la Orden de Servicio se habría ejecutado sin que obre en el expediente documento que acredite la formalización previa de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, corresponde remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad y ponerla en conocimiento del Titular de la 9 El Informe N° 001-2023-C.E.P.D. obra a folios 86 y 172; el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-1, a folios 53, 89 y 175; y el Comprobante de Pago N° 6076, a folios 68 y 154 del expediente administrativo.

Entidad, a fin de que, en el ejercicio de sus facultades, adopten las acciones que consideren pertinentes.

• En atención a ello, debe tenerse presente que, para establecer la responsabilidad

de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de licitud que lo protege. Ello significa que, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del Contratista, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual, según OSSA ARBELÁEZ10, cuando la prueba válidamente ingresada al expediente administrativo resulta insuficiente y el operador jurídico no puede superar esa insuficiencia, al no existir elementos de juicio serios e indispensables para atribuir la infracción al investigado, corresponde aplicar el indubio pro reo. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006- 2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se reconoce la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por tanto, acogiendo la propuesta formulada por la Secretaría Técnica,

corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Contratista, por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Respecto de la infracción consistente en presentar documentación con información inexacta ante la Entidad Naturaleza de la infracción.

• El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley establecía que se

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente 10 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.

o supervisor de obra, que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), y, en caso de Entidades, siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que

los documentos cuestionados (con información inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas (Perú Compras). Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otros.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. En ese orden de ideas, basta con verificar la presentación del documento cuestionado para que se configure la responsabilidad del agente, siendo irrelevante para estos efectos identificar a la persona que introdujo la inexactitud.

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, este será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones públicas por el proveedor, participante, postor, contratista, subcontratista y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la TUO de la Ley N° 30225, pues son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante o tercero, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte la inexactitud en su contenido de la documentación presentada.

• En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la

información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre11, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018/TCE, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018.

• En cualquier caso, la presentación de documentación con información inexacta

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. Cabe precisar, que el tipo infractor se sustentan en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, está regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO la 11 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.

LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la administración presume verificadas todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

• Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción

• Sobre el particular, se imputa al Contratista haber presentado, como parte de su

cotización, supuesta información inexacta, contenida en el siguiente documento:

• Anexo N° 05 - Declaración Jurada de no tener impedimento de contratar

con el Estado, de agosto de 2023, suscrito por el Contratista, en la cual declaró bajo juramento, entre otros, no tener impedimento para contratar con el Estado.

• Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud del documento presentado, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• Con relación a la primera de dichas circunstancias, debe tenerse presente que, de

los actuados del expediente administrativo, no se verifica la presentación efectiva del documento cuestionado, ya que el ejemplar de la declaración jurada remitido por la Entidad no cuenta con sello de recepción por parte de esta última ni con una fecha cierta de presentación (consigna únicamente la referencia “Rioja, agosto de 2023”), tal como se advierte a continuación:

• Ahora bien, del análisis de la documentación remitida por la Entidad (Oficio N°

706-2026-DIRESA-OGESS-ALTO MAYO/DG) se aprecia que si bien remitió los documentos que conformarían la cotización del Contratista, entre ellos el Anexo N° 08 - Carta de propuesta económica12, lo cierto es que estos tampoco cuentan con sello de recepción de la Entidad, con fecha cierta de presentación ni con el correo electrónico u otro documento de remisión, ni detallan referencia alguna a su recepción, por lo que no se evidencia elemento de convicción alguno que permita establecer de manera fehaciente que el documento cuestionado como inexacto formó parte de la documentación presentada por el Contratista ante la Entidad, ni en qué oportunidad, tal como se muestra a continuación:

• A ello se suma que la Entidad no atendió el requerimiento formulado mediante el

Decreto del 9 de julio de 2026, en el cual se le solicitó expresamente remitir la constancia de recepción de la declaración jurada, la cotización con su fecha de recepción y el documento de presentación con el sello de la Entidad o, de ser el 12 La cotización presentada por el Contratista, conformada por los Anexos N° 05 a 08 y otros documentos (consulta de código de cuenta interbancario, currículo vitae, constancias académicas, constancia del RNP y ficha RUC, entre otros), obra a folios 38 al 54 del expediente administrativo.

caso, el correo electrónico de remisión; con lo cual, en aplicación del principio de verdad material, no es posible acreditar la presentación del documento cuestionado.

• Tal incumplimiento debe ser puesto en conocimiento de la Entidad, así como de

su Órgano de Control Institucional, al haber faltado a su deber de colaboración establecido en el artículo 76 del TUO de la LPAG, la cual señala que las entidades deben, entre otros, proporcionar directamente los datos e información que posean, sin más limitación que la establecida por la Constitución. Debe tenerse en cuenta, además, que la información requerida permitiría verificar si, en el presente caso, se ha vulnerado la normativa de contratación pública, los principios que la rigen, así como el adecuado uso de los recursos públicos.

• En consecuencia, no obra en el expediente documentación que genere certeza

respecto de la efectiva presentación del documento cuestionado ante la Entidad como parte de la cotización presentada en el marco de la referida Orden de Servicio.

• En esa medida, corresponde enfatizar que el verbo rector o elemento principal

que describe la infracción bajo análisis es “presentar”, el cual, según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como “Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien”13.

• Por ende, para la configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral

50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley se requiere que el administrado haya presentado la documentación, es decir, que “ponga en presencia o entregue ante la Entidad”, los documentos aludidos. Ello, precisamente, porque la conducta tipificada como infracción administrativa está estructurada en función a la “presentación de los documentos”, siendo por tanto indispensable para la determinación de la responsabilidad administrativa la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que el administrado a quien se imputa responsabilidad haya presentado a la Entidad la documentación que se cuestiona. 13 Diccionario de la Real Academia Española.

• En tal sentido, no es posible acreditar el primer elemento constitutivo del tipo

infractor; por lo tanto, conforme al principio de tipicidad y a la presunción de licitud, no corresponde continuar con el análisis orientado a determinar si el documento cuestionado contiene información inexacta ni si ello le habría representado al Contratista una ventaja o beneficio.

• Estando a lo expuesto y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría

Técnica, esta Sala concluye que no se cuenta con elementos para afirmar que la conducta del Contratista ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por lo que corresponde eximirlo de responsabilidad administrativa y, por ende, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra en el presente extremo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor CIRO ENOC

PAREDES DIAZ (con R.U.C. N° 10761921474), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio N° 0003671 del 31 de agosto de 2023 por el concepto de “Contrato de servicios para vigilancia y control vectorial en el ámbito de la UNGETS RIOJA; FTE” emitida por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN - SALUD ALTO MAYO; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional y del Titular de la

Entidad la presente resolución, a efectos de la adopción de las medidas pertinentes, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Archivar de manera definitiva el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.