Resolución N.° 9682-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no hayan sido expresamente contemplados en la Ley”. Lima, 9 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 9 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 6460/2025.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la señora HUERTA SUAREZ MARCELA GIOVANNA (con RUC N° 10316669170), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del inciso 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, por haber presentado, como parte de su cotización2, documentación con información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 1924-2023 del 17 de agosto de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, para el “Servicio de defensa de la entidad”; y, atendiendo lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Con decreto del 11 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la señora Marcela Giovanna Huerta Suarez (RUC N° 10316669170), en adelante la Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal

• del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-019-EF en adelante el TUO de la Ley y, por haber presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 1924-2023 del 17 de agosto de 2023, por el monto de S/ 3,000.00 (tres mil con 00/100 soles) para la contratación del “Servicio de defensa de la Entidad”, en adelante la Orden de Servicio; emitida por la Municipalidad Provincial de Huaraz, en adelante la Entidad, infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. Asimismo, se dispuso notificar a la Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, valoró la denuncia realizada por la Supervisión de Fiscalización de la Contraloría General Republica, mediante Oficio N° 000093- 2025-CG/FIS1 del 4 de marzo de 2025, presentado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, en el que sustenta que la Contratista habría incurrido en infracción por contratar con la Entidad encontrándose impedida para ello, debido a que es pariente en segundo grado de afinidad del señor Daniel Álvaro Diestro, quien ejercicio el cargo de gerente de asesoría jurídica de la Entidad, del 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, indicó que la Contratista habría presentado, como parte de su cotización, documentación con información inexacta.

• Mediante Oficio N° 00012-2026-GAF-SAG, presentado el 22 de abril de 2026 ante

de la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información realizado previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

• Con decreto del 11 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica del Tribunal solicitó al

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informar sobre el estado civil del señor Daniel Álvaro Diestra Vivar y de la señora Huerta Suárez Haydee Roxanna; asimismo, de corresponder, remitir copia certificada de la partida o acta matrimonial correspondiente, a fin de contar con mayores elementos de juicio para la emisión del informe final de instrucción.

• A través del Oficio N° 000284-2026/DRI/SDVAR/RENIEC, de fecha 22 de mayo de

2026, presentado el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) atendió el requerimiento de información formulado por la Secretaría Técnica del Tribunal.

• Mediante decreto del 4 de agosto de 2026, habiéndose verificado que la

Contratista no presentó sus descargos en el plazo otorgado, se dispuso hacer 1 Obrante a folio 99 al 100 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos.

• El 4 de agosto de 2026, a través del Toma Razón Electrónico, se publicó el Informe

de Instrucción N° 159-2026/-HSVC-ST1, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, mediante el cual la Secretaría Técnica N° 1 recomendó que correspondía declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de sanción contra la Contratista.

• Con decreto del 14 de agosto de 2026, se dispuso tener por notificado el Informe

de Instrucción N° 159-2026/-HSVC/ST1, registrado en el Sistema Informático del Tribunal, a la Contratista vía casilla electrónica el 14 de agosto de 2026, conforme se acredita con la constancia de lectura publicada en el Toma Razón Electrónico. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable.

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si

la Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h), en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio y por haber presentado información inexacta, como parte de su cotización; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo, el cual se encontraba vigente al momento de suscitados los hechos.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que el 22 de abril de 2025 entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una

retroactividad benigna.

Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley: Naturaleza de la infracción.

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa al contratar con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

• Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección2 que llevan a cabo las Entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). 2 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Esas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no hayan sido expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse el

Contrato, la Contratista tenía el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción.

• Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si la Contratista incurrió

en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración:

• Que, se haya perfeccionado contrato con una Entidad del Estado (según sea

el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio); y ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225. En relación al perfeccionamiento del contrato entre la Contratista y la Entidad

• Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, en relación con el

primer requisito, en el expediente administrativo obra copia de la Orden de Servicio N° 1924-2023 del 17 de agosto de 2023, emitida por la Entidad a favor de la Contratista, por el monto de S/ 3 000.00 (tres mil con 00/100 soles). Para mejor análisis, a continuación, se reproduce la referida Orden de Servicio3: 3 Obrante a folio 155 al 156 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

• Como se aprecia, si bien la Orden de Servicio fue emitida el 17 de agosto de 2023,

del concepto de esta se desprende expresamente lo siguiente: “(…) Correspondiente del mes de agosto del 2023. (…)”. (El resaltado es agregado).

• Aunado a ello, obra en el expediente administrativo los siguientes documentos

relacionados a la contratación materia de análisis, entre estos, lo siguiente: i) el Acta de Conformidad de Servicios N° 2721-2023 del 4 de setiembre de 20234, emitida por la Entidad, correspondiente al mes de agosto de 2023 y ii) el Informe de Labores N° 005-2023-MPH-PPM/MGHS del 4 de setiembre de 20235, mediante el cual la Contratista comunica a la Entidad las actividades realizadas por el periodo correspondiente al mes de agosto de 2023, tal como se muestra a continuación: Para una mejor apreciación, a continuación, se muestran dichos documentos: 4 Obrante a folio 157 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 5 Obrante a folio 159 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

• Conforme se aprecia de los documentos reproducidos, se advierte que la Orden

de Servicio N° 1924-2023 del 17 de agosto de 2023, se habría emitido para regularizar la prestación de un servicio que habría sido ejecutado durante el mes de agosto de 2023, sin que exista un vínculo contractual por todo el citado mes.

Asimismo, tampoco obra en el presente expediente ningún otro documento que acredite que la ejecución de esta prestación se realizó a partir del perfeccionamiento de la Orden de Servicio N° 1924-2023 que fue emitida el 17 de agosto de 2023. Por el contrario, se verifica que los documentos señalan labores realizadas previo a la emisión de la Orden de Servicio, esto es, en el mes de agosto de 2023.

• Entonces, de la información de la propia Orden de Servicio, se evidencia que se

emitió para regularizar el pago de prestaciones que ya se habían ejecutado (en el mes de agosto), por ende, el documento materia de imputación no constituye el contrato ni da cuenta del perfeccionamiento de una relación contractual entre la Contratista y la Entidad, sino que esta se habría materializado con anterioridad, en una oportunidad que se desconoce y que este Colegiado precisa identificar con precisión a fin de determinar la responsabilidad administrativa materia de imputación. En ese sentido, de la información proporcionada por la Entidad se desprende que la Orden de Servicio que fundamenta la presente imputación no tuvo por objeto perfeccionar el contrato, sino regularizar el pago de prestaciones que ya se habían ejecutado. Por consiguiente, dicha Orden de Servicio no constituye el contrato en sí mismo, sino que éste se habría configurado con anterioridad, en una fecha que no ha sido precisada y que corresponde a este Colegiado determinar. Tal indeterminación no permite identificar cuál es el contrato del cual deriva la Orden de Servicio imputada en el presente procedimiento administrativo sancionador; ni la oportunidad en que se perfeccionó, lo cual inclusive podría tener impacto en la prescripción de la infracción imputada. Ante ello, considerando que la prestación a la que hace referencia la Orden de Servicio se habría ejecutado sin haberse formalizado previamente la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, corresponde remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el ejercicio de sus facultades, adopten las acciones que consideren pertinentes

• En atención a ello, debe tenerse presente que, para establecer la responsabilidad

de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de inocencia que lo protege.

Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ6:“Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se reconoce el principio de presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por lo tanto, en aplicación de los principios de tipicidad y de presunción de licitud

que rigen la actuación de este Tribunal al ejercer la potestad sancionadora que la Ley le otorga, corresponde eximir de responsabilidad a la Contratista por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del

artículo 50 del TUO de la Ley y, en consecuencia, declarar no ha lugar a la

imposición de sanción en su contra. Respecto a la infracción consistente en presentar documentación con información inexacta Naturaleza de la infracción.

• El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece que

incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento

6 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.

administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de integración jurídica. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar que el documento

cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP, el Tribunal, el OSCE o ante Perú Compras.

• Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

• Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a la inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. En ese orden de ideas, cabe recordar que la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, deberá acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

• Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar

del TUO de la LPAG lo dispone, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción

• En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa a la Contratista,

por haber presentado, como parte de su cotización, información inexacta ante la Entidad, consistente en:

• ANEXO N° 1 – Declaración jurada del postor del 21 de julio de 20237, suscrito

por la señora HUERTA SUAREZ MARCELA GIOVANNA (con RUC N° 10316669170), a través del cual declaró, entre otros, no estar impedido para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Para un mejor detalle, se reproduce la referida declaración:

• Conforme a lo señalado, en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar

la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad; y, ii) la inexactitud de la información presentada, en este último caso, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 7 Obrante a folio 169 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• En relación al primer requisito, en el expediente administrativo obra el

documento cuestionado; sin embargo, no se evidencia el documento a través del cual la Contratista habría adjuntado el referido documento como parte de su cotización, en el marco de la orden de servicio de fecha 17 de agosto de 2023, por ende, no se advierte ningún registro de presentación ya sea a Mesa de Partes de la Entidad o algún correo electrónico. Asimismo, cabe precisar que, de la revisión de la documentación aportada por la Entidad, a través del Oficio N° 00012-2026- GAF-SAG8 del 21 de abril de 2026, presentado el 22 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, se advierte que obra el Anexo N° 4 – Propuesta Económica de Bienes y Servicios del 21 de julio de 2023 a través del cual la Contratista habría presentado, entre otros documentos, el documento materia de análisis; sin embargo, dicho formato no cuenta con el respectivo sello de recepción por parte de la Entidad, que permita acreditar la presentación de la documentación cuestionada.

• En tal sentido, del análisis integral de los actuados que obran en el expediente

administrativo sancionador, no se advierten elementos objetivos que permitan acreditar de manera indubitable la presentación efectiva del documento observado, ya sea mediante constancia de recepción en la Mesa de Partes de la Entidad o a través de otro medio válido. Por lo tanto, al no haberse configurado el primer elemento con relación a la infracción de presentar documento con información inexacta, con los medios probatorios objetivos requeridos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción. Asimismo, habiendo quedado desvirtuado uno de los presupuestos exigidos para la configuración de la infracción administrativa, resulta innecesario efectuar un pronunciamiento respecto de los demás elementos constitutivos de la misma.

• Por tales consideraciones, en el presente caso, no corresponde imponer sanción,

en este extremo a la Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti, y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la 8 Obrante a folio 151 al 152 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025- EF publicado el 12 de abril de 2025 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• DECLARAR NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora HUERTA

SUAREZ MARCELA GIOVANNA (con RUC N° 10316669170), por su presunta responsabilidad al haber contratado con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, estando impedida conforme a Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 1924-2023 de fecha 17 de agosto de 2023, para la contratación del “Servicio de defensa de la Entidad”, y por haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su cotización; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y al Órgano de Control

Institucional de la misma para que dispongan las acciones que resulten pertinentes, en virtud de lo señalado en el fundamento 12.

• Archivar DEFINITIVAMENTE el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CESAR CHOCANO DAVID

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti