Resolución N.° 9697-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) corresponde precisar que, la responsabilidad objetiva prescinde de cualquier evaluación o análisis del factor subjetivo del infractor, es decir, le resulta irrelevante analizar la intencionalidad, imprudencia, negligencia o falta de diligencia, pues basta verificar la conducta calificada como infractora, que, en el presente caso, en principio, es presentar información inexacta (…)”. Lima, 10 de noviembre del 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre del 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 1664/2024.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor BALTAZAR NAVARRO WALDO FELIX (con R.U.C. N° 10200423611), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 y por haber presentado información inexacta, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1. del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, en el marco de la contratación perfeccionada mediante Orden de Servicio N° 0001080 de 22 de setiembre de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - HUANCAYO; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Mediante decreto del 8 de mayo de 2026, se inició el procedimiento administrativo

sancionador contra el señor BALTAZAR NAVARRO WALDO FELIX (con R.U.C. N°10200423611), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante Orden de Servicio N° 0001080 de 22 de setiembre de 2023, en adelante la Orden de Servicio, emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo, en adelante la Entidad; y por haber presentado información inexacta infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1. del artículo 50 del TUO de la Ley. En ese sentido, se dispuso notificar al Contratista para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal de Contrataciones Públicas, valoró la denuncia realizada por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (ahora OECE), mediante Memorando N° D00020-2024-OSCE-DGR1, presentado el 13 de febrero de 2024 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, al cual adjuntó el Dictamen N° 1976-2023/DGR-SIRE2 del 31 de diciembre de 2023 en el que se señaló que el Contratista habría incurrido en infracción al contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, dado que, en el año 2018 fue elegido Regidor Provincial de Huancayo, región Junín, por el periodo 2019 – 2022; y, dentro de los doce (12) meses posteriores a partir del cual cesó en el cargo de regidor contrató con una Entidad dentro del ámbito de su competencia territorial.

• Con decreto del 30 de junio de 2026, la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal dejó

constancia sobre la notificación del decreto de inicio al Contratista, mediante casilla electrónica el 20 de mayo de 2026, según constancia de acuse de recibo publicada en el Toma Razón Electrónico. Asimismo, dejó constancia que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos, haciendo efectivo el apercibimiento en su contra.

• Con decreto de 30 de junio de 2026, la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal dispuso

el registro del Informe de Instrucción N° 065-2026-ST3-CSCH de 30 de junio de 2026 en el Sistema Informático del Tribunal.

• Mediante decreto de 10 de julio de 2026, la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal

dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala para que resuelva, siendo recibido por el vocal ponente el 10 de julio de 2026.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la

presunta responsabilidad del Contratista por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley y por haber presentado documentación con información inexacta en el marco de la Orden de Servicio; infracciones que se encontraban tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos imputados. 1 Obrante a folios 2 del expediente adjunto al decreto de inicio. 2 Obrante a folios 6 al 9 del expediente adjunto al decreto de inicio.

Cuestión previa: Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna

• En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la

normativa de contratación pública, es necesario evaluar si, en el presente caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (Subrayado es agregado). En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente al momento de la comisión de la infracción; también se admite la aplicación de una norma posterior, si esta resultase más favorable para el administrado. En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” implica una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso concreto, tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o un plazo de prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun cuando el proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del procedimiento administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio. En atención a ello, corresponde que, en el caso objeto de evaluación, se determine si, en aplicación del principio de retroactividad benigna, las nuevas normas en materia sancionadora resultan aplicables, por ser más favorables a los imputados.

• En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició

por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los hechos materia de imputación; cabe mencionar que, el 22 de abril de 2025 entró en vigor la nueva Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N° 32069, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009- 2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento.

• Por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la nueva normativa en el presente

caso resulta más beneficiosa al administrado, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. Naturaleza y configuración de la infracción

• Cabe resaltar que la infracción por contratar estando impedido estuvo prevista en

el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya tipificación es similar a la contenida en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la nueva Ley.

• Al respecto, cabe señalar que, mediante decreto del 8 de mayo de 2026, se dispuso

iniciar procedimiento sancionador por la supuesta responsabilidad del Contratista al haber contratado con el Estado, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO Ley, el cual señalaba lo siguiente: “Artículo 11. Impedimentos 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (…)

• Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose

de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. (…)”. (El énfasis es agregado).

• De acuerdo con las disposiciones citadas, la norma vigente al momento de la

comisión de la presunta infracción establecía que los regidores no podían contratar con el Estado en el ámbito de su competencia durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.

• Por su parte, el Tipo 1.C del numeral 30.1 del artículo 30 de la nueva Ley ha

contemplado el impedimento imputado al Contratista de la siguiente manera:

“Artículo 30. Impedimentos para contratar 30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes: (…)

• Impedimentos de carácter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o

servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en siete tipos: (…)”.

• De acuerdo con las disposiciones citadas, la normativa vigente establece que los

regidores se encuentran impedidos de participar, contratar y/o subcontratar en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, mientras ejercen el cargo y hasta seis (6) meses después de haber culminado el cargo.

• En otras palabras, la nueva Ley delimita el impedimento aplicable a los regidores

en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio de cargo y únicamente hasta los seis (6) meses posteriores a su culminación.

• Lo expuesto, representa una modificación respecto de la normativa anterior, que

establecía un plazo de impedimento de doce (12) meses a la culminación del cargo.

Por lo tanto, en observancia del principio de retroactividad benigna, este Colegiado considera que, para el caso en concreto, las disposiciones contenidas en la nueva normativa, en el extremo de la configuración del impedimento imputado, resultan más favorables al administrado.

• En atención a lo expuesto, se advierte que, en el presente caso, la presunta

comisión de la infracción atribuida al Contratista consiste en haber contratado con la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo encontrándose impedido de acuerdo a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001080 de 22 de setiembre de 2023.

• Al respecto, obra en el expediente la copia de la referida Orden de Servicio, la cual

contiene firma de recepción por parte del Contratista, conforme se muestra a continuación:

• Ahora bien, considerando que la Orden de Servicio, objeto de análisis del presente

procedimiento administrativo sancionador, fue emitida y recepcionada el 22 de setiembre de 2023; por lo que se observa que este acto ocurrió con posterioridad al vencimiento del plazo de seis (6) meses en el que subsistía el impedimento previsto en la nueva Ley.

• En efecto, dado que el señor Waldo Félix Baltazar Navarro ejerció el cargo de

Regidora Provincial de Huancayo, región Junín desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022, el impedimento, conforme a los alcances de la nueva Ley, se extendía únicamente hasta el 30 de junio de 2023. Se reproduce a continuación los resultados oficiales del proceso electoral 20183:

• En este sentido, considerando que la orden de servicio se formalizó el 22 de

setiembre de 2023, fecha posterior al periodo en el que resultaba aplicable el impedimento legal, corresponde que, en aplicación del principio de retroactividad benigna, declarar no ha lugar a la comisión de la infracción imputada. 3 Véase en: https://infogob.jne.gob.pe/ Cabe precisar que las modificaciones normativas al régimen de contratación pública han sido incorporadas por el legislador; por lo que, en observancia del principio de legalidad, corresponde a este Tribunal aplicar la nueva Ley. Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta Naturaleza de la infracción.

• Según el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el Tribunal impone

sanción, por presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Al respecto, cabe tener en cuenta que uno de los principios que rige la potestad

sancionadora del Tribunal es el de culpabilidad, previsto en el numeral 10 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual “la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva”.

• En tal contexto, debe tenerse presente que, conforme al numeral 50.3 del artículo

50 de la Ley, la responsabilidad derivada de la infracción referida a la presentación de información inexacta es objetiva.

• Sobre este punto, corresponde precisar que, la responsabilidad objetiva prescinde

de cualquier evaluación o análisis del factor subjetivo del infractor, es decir, le resulta irrelevante analizar la intencionalidad, imprudencia, negligencia o falta de diligencia, pues basta verificar la conducta calificada como infractora4, que, en el presente caso, en principio, es presentar información inexacta. 4 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima, 2021, p. 474.

• Aunado a lo anterior, y conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la

información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma.

• Ahora bien, respecto al principio de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo

230 del TUO de la LPAG, solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

• Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad

sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso, en primer lugar, corresponde verificar que

los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), o al Tribunal, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas (Perú Compras), en el marco del procedimiento que se siga en dichas instancias.

• En segundo lugar, a efectos de determinar la configuración de la infracción,

corresponde verificar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello, en atención a la responsabilidad objetiva de la presente infracción.

• En tercer lugar, en el caso de la documentación presentada ante Entidades, deberá

verificarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, independientemente de que ello se logre; mientras que en los demás casos (OSCE, Tribunal y RNP), deberá estar vinculado al cumplimiento del procedimiento correspondiente.

• En relación con lo indicado, y al amparo del principio de verdad material

consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados, así como de la inexactitud imputada. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre otros. Configuración de la infracción

• En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado, ante la

Entidad, como parte de su cotización, documentación con información inexacta, en el marco de la Orden de Servicio, consistente en el siguiente documento:

• Anexo N° 07 y 08 Declaración Jurada de Proveedor, suscrito por el señor

Baltazar Navarro Waldo Félix a través del cual declaró, entre otros, no estar impedido para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos cuestionados ante la Entidad y ii) la inexactitud de los documentos presentados; siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

• De la presentación del documento
• En el presente caso, de la documentación obrante en el expediente y conforme a

lo señalado por la Entidad, el documento cuestionado habría sido presentado como parte de la cotización en el marco de la Orden de Servicio. A continuación, se muestra el citado documento:

Sin embargo, como puede apreciarse, si bien en el expediente obra el documento supuestamente presentado por el Contratista, del contenido del mismo no se advierte ningún sello de recepción u otro medio que permita verificar de manera fehaciente la fecha de su presentación ante la Entidad como parte de la cotización del Contratista.

En adición a lo expuesto, dado que no se ha podido acreditar el impedimento imputado, ello limita también la posibilidad de determinar la existencia de inexactitud en el documento cuestionado.

• En dicho escenario, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción

administrativa contra el Contratista por la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Steven Aníbal Flores Olivera y la intervención de los vocales César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, publicada el 5 de octubre del 2026 en el diario oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, en aplicación del principio de retroactividad benigna, NO HA LUGAR a la

imposición de sanción contra el señor BALTAZAR NAVARRO WALDO FELIX (con R.U.C. N° 10200423611), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido de acuerdo a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001080 de 22 de setiembre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo, infracción que se encontraba establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por los fundamentos expuestos.

• Declarar, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor BALTAZAR

NAVARRO WALDO FELIX (con R.U.C. N° 10200423611), por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 0001080 de 22 de setiembre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Chilca - Huancayo, infracción que se encontraba establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Flores Olivera. Morales González. Llanos Torres.