Resolución N.° 9690-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege.” Lima, 9 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 9 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7240/2024.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador contra la proveedora Erika Motta Castillo, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 238-2023 del 5 de octubre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Huaquirca; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 5 de octubre de 2023, la Municipalidad Distrital de Huaquirca, en adelante la

Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 238-2023, para el “Servicio prestado como asistente administrativo de obra del proyecto denominado: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana de la transitabilidad peatonal y vehicular del Jr. Miguel Grau, Calle San Martín, Calle Rosario, Calle Abancay y Calle San José del Centro Poblado de Huaquirca”, por el monto de S/ 1 133.00 (mil ciento treinta y tres con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio, a favor de la señora Erika Motta Castillo, en adelante la Proveedora. Dicha contratación se llevó a cabo bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Mediante Memorando N° D000184-2024-OSCE-DGR1 del 20 de mayo de 2024,

presentado el 28 de junio del mismo año en la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas2), en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (ahora Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica del OECE3), comunicó que la Proveedora habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedida para ello. A fin de sustentar su comunicación, remitió el Reporte N° 263-2024/DGR-SIRE4 del 29 de febrero de 2024, a través del cual expuso lo siguiente:

• La señora Erika Motta Castillo fue elegida regidora distrital de Huaquirca, para

el periodo 2019-2022, quien, contrató por montos individuales inferiores a ocho (8) UITs, dentro de los doce meses posteriores a partir del cual cesaron sus funciones en dicho distrito.

• Advirtió indicios de la posible comisión de una infracción a la normativa de

contrataciones del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, el cual establece que contratar con el Estado encontrándose impedido constituye una infracción sancionable por el Tribunal.

• Mediante decreto del 28 de octubre de 2025, de manera previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que, en el plazo de diez (10) días hábiles, remita un informe técnico legal, en el que se pronuncie sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de la Proveedora, al haber contratado con el Estado estando impedida, así como información adicional relacionada con el expediente de contratación. De igual manera, se dispuso comunicar el citado decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información solicitada. 1 Documento obrante a folio 2 del expediente administrativo. 2 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”. 3 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”. 4 Documento obrante a folios 11 a 13 del expediente administrativo.

• Mediante decreto del 20 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la Proveedora, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, de acuerdo al supuesto de impedimento previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 238-2023 del 5 de octubre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Huaquirca; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo. En tal sentido, se otorgó a la Proveedora el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. El decreto fue notificado a la Proveedora el 1 de junio de 2026, a través de la casilla electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores), conforme a la constancia de lectura obrante en el toma razón electrónico. Asimismo, se requirió a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con remitir la copia de la Orden de Servicio y de aquellos documentos que acrediten su efectiva recepción y/o la ejecución de sus prestaciones.

• Mediante decreto del 30 de julio de 2026, se hizo efectivo el apercibimiento

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante decreto del 30 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal

dispuso que se realice el registro del Informe de Instrucción N° 105-2026-ST3- CSCH de la misma fecha, en el Sistema Informático del Tribunal. Conforme al mencionado Informe de Instrucción, el Órgano Instructor recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la Proveedora, al considerar que no se cuenta con los elementos necesarios que permitan acreditar el perfeccionamiento de la relación contratación, ni medio probatorio sobre la prestación y ejecución del objeto de la Orden de Servicio.

• Mediante decreto del 12 de agosto de 2026, considerando que el Informe de

Instrucción N° 105-2026-ST3-CSCH del 30 de julio de 2026, fue notificado a la Proveedora vía casilla electrónica el 11 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para resolver, siendo recibido en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

la Proveedora incurrió en la infracción administrativa por contratar con el Estado estando inmersa en el impedimento previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo (norma vigente al momento de la ocurrencia del hecho imputado). Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores y/o contratistas contraten con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

• Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico, en materia de

contrataciones del Estado, ha consagrado, como regla general la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección5 que llevan a cabo las Entidades del Estado. 5 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los

procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus

ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Dichas restricciones o incompatibilidades se encuentran previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si, al perfeccionarse

el contrato o al establecer el vínculo contractual, la Proveedora incurrió en los impedimentos que se le imputan. Configuración de la infracción

• Conforme a la descripción del tipo infractor imputado, para que se configure

resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, y;

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, la Proveedora esté incursa en alguno de los impedimentos establecidos en el

artículo 11 del TUO de la Ley.

• Cabe precisar que considerando la naturaleza de la contratación del caso concreto

(por un monto menor a 8 UIT), para acreditar el perfeccionamiento de la relación contractual, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación. En ese sentido, el Acuerdo de Sala Plena N° 008- 2021/TCE, establece el siguiente criterio:

“(…) En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados para determinar la responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, o en otra norma derogada que la tipifique con similar descripción, la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la Orden de Servicio o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”.

• Teniendo ello en cuenta, sobre el primer elemento de necesaria verificación para

determinar la configuración de la infracción imputada (perfeccionamiento de la relación contractual), en el caso concreto este Colegiado aprecia que la información de la Orden de Servicio ha sido registrada por la Entidad en el SEACE6, y cuenta con estado “emitida”, conforme se aprecia a continuación: Sin embargo, no obra en el expediente copia de la referida Orden de Servicio, con la constancia de recepción por parte de la Proveedora, o con la documentación que acredite que las prestaciones derivadas de ella hayan sido ejecutadas, por lo que no se puede acreditar el perfeccionamiento de la contratación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE.

• Cabe precisar que, mediante decreto del 20 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica

3 del Tribunal requirió a la Entidad copia de la Orden de Servicio y de aquellos documentos que acrediten su efectiva recepción y/o la ejecución de sus prestaciones; sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no ha presentado la información requerida, motivo por el cual corresponde comunicar dicho incumplimiento a su Órgano de Control Institucional, para que adopte las medidas que correspondan.

• En atención a lo expuesto, se debe tener presente que, para establecer la

6 Obra a folio 20 del expediente administrativo, la captura del registro en el SEACE.

responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de licitud que lo protege. Ello significa que, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de la Proveedora, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ7: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, se reconoce el principio de presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• En consecuencia, al no haberse podido verificar el perfeccionamiento de una

relación contractual entre la Proveedora y la Entidad, este Colegiado considera que no se cuenta con los elementos de convicción suficientes que acrediten que la Proveedora hubiera incurrido en la causal de infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; por lo que, bajo responsabilidad de la Entidad, corresponde eximir de responsabilidad administrativa a la Proveedora y declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, archivándose de manera definitiva el presente expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino y con la intervención de los vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto y, atendiendo a la conformación dispuesta mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la 7 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009, pág. 253.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE, del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de

sanción contra la señora Erika Motta Castillo (RUC. N° 10464302803), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 238-2023 del 5 de octubre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Huaquirca; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los fundamentos expuestos.

• Poner el presente pronunciamiento en conocimiento del Órgano de Control

Institucional de la Entidad, para que adopte las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, de conformidad con lo señalado en el fundamento 9.

• Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto.

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ureta Aquino.