Resolución N.° 9687-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege.” Lima, 9 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 9 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 6042/2025.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Emiliano Angel Borda Chipana, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 119-2023 del 31 de mayo de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 31 de mayo de 2023, la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, en

adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 119-2023, para el “Servicio prestado para la actualización de la base de dato (DBF) del sistema de rentas y caja (visual Sitmuni v.5v0) de acuerdo con las normas legales vigentes para el año 2023 y capacitación del personal responsable de rentas y caja en manejo del visual Sitmuni v.5.0 de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac”, por el importe de S/ 2 500.00 (dos mil quinientos con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio, a nombre del señor Emiliano Angel Borda Chipana, en adelante el Proveedor. Dicha contratación se llevó a cabo bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Mediante denuncia1 del 23 de febrero de 2025, presentada el 3 de julio del mismo

año ante la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas2), en adelante el Tribunal, el señor Máximo Pérez Onzueta, en adelante el Denunciante, comunicó que el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio. Para sustentar su denuncia señaló, principalmente, lo siguiente:

• El Proveedor sería servidor público nombrado por la Municipalidad Distrital

de Talavera y ejercería el cargo de jefe de la Oficina de Administración Tributaria y Rentas.

• Pese a dicha condición, habría contratado con diversas entidades públicas,

entre ellas, la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, mediante la Orden de Servicio.

• Para sustentar sus afirmaciones, adjuntó información obtenida del CONOSCE,

respecto de las contrataciones registradas a favor del Proveedor.

• Con decreto del 5 de setiembre de 2025, de manera previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que, en el plazo de diez (10) días hábiles, remita un informe técnico legal, en el que debía pronunciarse sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Proveedor por haber contratado con el Estado estando impedido, así como información adicional relacionada con el expediente de contratación. De igual manera, se dispuso comunicar el citado decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información solicitada.

• Mediante decreto del 9 de abril de 2026, se reiteró el requerimiento de

información a la Entidad. 1 Documento obrante a folios 2 a 3 del expediente administrativo. 2 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”.

• Con decreto del 8 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo con el supuesto de impedimento previsto en el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 119-2023 del 31 de mayo de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo. En tal sentido, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. El decreto fue notificado al Proveedor el 19 de mayo de 2026, a través de la casilla electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores), conforme a la constancia de lectura obrante en el toma razón electrónico. Asimismo, se requirió a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles remita la copia de la Orden de Servicio y de aquellos documentos que acrediten su efectiva recepción y/o la ejecución de sus prestaciones.

• Mediante escritos s/n presentados el 25 de mayo y 11 de junio de 2026, el

Denunciante remitió nuevamente la documentación de su denuncia.

• Con decreto del 31 de julio de 2026, habiéndose verificado que el Proveedor no

presentó descargos en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso que se realice el registro del Informe de Instrucción N° 118-2026-ST3-CSCH de la misma fecha, en el Sistema Informático del Tribunal. Conforme al mencionado Informe de Instrucción, el Órgano Instructor recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Proveedor, al considerar que no se cuenta con los elementos necesarios que permitan acreditar el perfeccionamiento de la relación contratación, ni medio probatorio sobre la prestación y ejecución del objeto de la Orden de Servicio.

• Con decreto del 12 de agosto de 2026, considerando que el Informe de Instrucción

N° 118-2026-ST3-CSCH del 31 de julio de 2026 fue notificado al Proveedor vía casilla electrónica el 12 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 14 de agosto por el vocal ponente.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

el Proveedor incurrió en la infracción administrativa por contratar con el Estado estando inmerso en el impedimento previsto en el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo (norma vigente al momento de la ocurrencia del hecho imputado). Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores y/o contratistas contraten con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

• Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico, en materia de

contrataciones del Estado, ha consagrado, como regla general la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección3 que llevan a cabo las Entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos 3 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los

procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus

ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Dichas restricciones o incompatibilidades se encuentran previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si, al perfeccionarse

el contrato o al establecer el vínculo contractual, el Proveedor incurrió en los impedimentos que se le imputan. Configuración de la infracción

• Conforme a la descripción del tipo infractor imputado, para que se configure

resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, y;

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el Proveedor esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el

artículo 11 del TUO de la Ley.

• Cabe precisar que considerando la naturaleza de la contratación del caso concreto

(por un monto menor a 8 UIT), para acreditar el perfeccionamiento de la relación contractual, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación. En ese sentido, el Acuerdo de Sala Plena N° 008- 2021/TCE, establece el siguiente criterio: “(…) En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados para determinar la responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, o en otra norma derogada que la tipifique con similar descripción, la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la Orden de Servicio o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”.

• Teniendo ello en cuenta, sobre el primer elemento de necesaria verificación para

determinar la configuración de la infracción imputada (perfeccionamiento de la relación contractual), en el caso concreto este Colegiado aprecia que la información de la Orden de Servicio ha sido registrada por la Entidad en el SEACE4, y cuenta con estado “devengada”, conforme se aprecia a continuación: Sin embargo, no obra en el expediente copia de la referida Orden de Servicio, con la constancia de recepción por parte del Proveedor, o con la documentación que acredite que las prestaciones derivadas de ella hayan sido ejecutadas, por lo que no se puede acreditar el perfeccionamiento de la contratación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE.

• Cabe precisar que, mediante decreto del 8 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica

3 del Tribunal requirió a la Entidad copia de la Orden de Servicio y de aquellos documentos que acrediten su efectiva recepción y/o la ejecución de sus prestaciones; sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no ha presentado la información requerida, motivo por el cual corresponde comunicar dicho incumplimiento a su Órgano de Control Institucional, para que adopte las medidas que correspondan.

• En atención a lo expuesto, se debe tener presente que, para establecer la

4 Obra a folio 15 del expediente administrativo, la captura del registro en el SEACE.

responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de licitud que lo protege. Ello significa que, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del Proveedor, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ5: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, se reconoce el principio de presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• En consecuencia, al no haberse podido verificar el perfeccionamiento de una

relación contractual entre el Proveedor y la Entidad, este Colegiado considera que no se cuenta con los elementos de convicción suficientes que acrediten que el Proveedor hubiera incurrido en la causal de infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; por lo que, bajo responsabilidad de la Entidad, corresponde eximir de responsabilidad administrativa al Proveedor y declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, archivándose de manera definitiva el presente expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Alfredo Quispe Crovetto y con la intervención de los vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la conformación dispuesta mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la 5 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009, pág. 253.

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE, del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de

sanción contra el señor Emiliano Angel Borda Chipana (RUC N° 10311720614), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 119-2023 del 31 de mayo de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los fundamentos expuestos.

• Comunicar la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad,

para que adopte las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, de conformidad con lo señalado en el fundamento 9.

• Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto. Ureta Aquino.

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

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