Resolución N.° 9731-2026-TCP-S3

Sumilla: “(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades contratantes, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación...” Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7505/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa JLA Ingeniería y Construcción S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-ADINELSA – Primera Convocatoria, convocado por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según obra en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -

SEACE, el 25 de agosto de 2026, la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., en adelante la Entidad contratante, convocó el Concurso Público de Servicios N° 02-2026-ADINELSA – Primera Convocatoria, para el “Servicio de reparación de barraje en la bocatoma de la central hidroeléctrica Santa Leonor”, con una cuantía de contratación de S/ 590,000.00 (quinientos noventa mil con 00/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue realizado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. De acuerdo al respectivo cronograma, el 24 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica y, el 28 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al postor Constructora Torre Viales S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 479,265.44 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco con 44/100 soles); conforme al siguiente detalle:

POSTOR

ETAPAS

RESULTADO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PUNTAJE TOTAL OP.PRECIO

OFERTADO

S/

PUNTAJE

OTORGADO

CONSTRUCTORA

TORRE VIALES

S.A.C.

ADMITIDO CALIFICADO 100

(70)* 479,265.44 100.00

(30.00)* 100 1 ADJUDICATARIO.

CONSORCIO LUDE ADMITIDO CALIFICADO 100

(70)* 505,697.65 94.77 (28.43)* 98.43 2 2do.

JLA INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN

S.A.C.

ADMITIDO CALIFICADO 100

(70)* 507,714.33 94.40 (28.32)* 98.32 3 3ero

• Mediante escrito s/n del 9 de octubre de 2026 [con registro N° 38588], presentado

en la misma fecha a través de la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa JLA Ingeniería y Construcción S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la calificación de las ofertas que presentó el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación [Consorcio Lude, integrado por las empresas Contratistas Generales Lude E.I.R.L. y Project Services H & G S.A.C.] y el Adjudicatario, solicitando que se revoquen dichos actos y que, como consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. Para dicho efecto, el Impugnante expresó los siguientes argumentos: Cuestionamientos a la calificación de la oferta del Consorcio Lude (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) Respecto del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”

• Respecto de la experiencia 1 [Contrato N° 617-2023-MDV-GM]: sostiene

que el Consorcio Lude presentó como única experiencia una contratación ejecutada por el Consorcio Tambo, integrado por las empresas Ricapal E.I.R.L. y Project Services H&G S.A.C., esta última integrante del Consorcio Lude. Al respecto, señala que, para acreditar dicha experiencia, presentó el Contrato N° 617-2023-MDV/GM del 14 de noviembre de 2023, el Contrato de Colaboración Empresarial del 4 de noviembre de 2023, la conformidad de servicio del 26 de noviembre de 2024 y la Resolución de Alcaldía N.° 254- 2024-MDV/A del 18 de octubre de 2024. En ese sentido, cuestiona que el Consorcio Lude no haya presentado la promesa formal o el contrato de consorcio correspondiente, sino un documento denominado “Contrato de Colaboración Empresarial”, el cual, según manifestó, no sustituye a los documentos exigidos en las bases integradas y contraviene la normativa de contrataciones públicas. Asimismo, cita las Opiniones N° D000033-2026-OECE-DTN y N° D000072- 2026-OECE-DTN, mediante las cuales, según refiere, la Dirección Técnico Normativa del OECE estableció que, para acreditar experiencia obtenida mediante la ejecución de contrataciones en consorcio, es obligatorio presentar la promesa formal o el contrato de consorcio; de lo contrario, dicha experiencia no puede ser computada. Finalmente, cita la Resolución

N° 06568-2026-TCP-S6.

Respecto del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” Personal clave Ingeniero Responsable del Servicio ii. Presunta información inexacta contenida en el Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme (folio 97) [experiencia 3]: indica que en el folio 97 de la oferta del Consorcio Lude obra el Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme, por haber laborado como Ingeniero Residente de Obra en el proyecto “Recuperación y rehabilitación de Camino Vecinal de Trajin - Ccarhuaccocco – Iglesiahuasi, distrito de Paras – Cangallo – Ayacucho” del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019. Al respecto, indica que, de la información obtenida de la plataforma Infobras, identificó el Acta de Recepción de Obra del 25 de octubre de 2021, en la que se consigna que la obra estuvo suspendida del 8 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. En tal sentido, sostiene que el certificado cuestionado contiene información inexacta, pues consigna un periodo continuo de experiencia que comprende fechas en las que la obra se encontraba paralizada y/o suspendida, lo que no se condice con la realidad. Personal clave Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente iii. Presunta información inexacta contenida en la Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 87) [experiencia 1]: señala que en el folio 87 de la oferta del Consorcio Lude obra la Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris por haber laborado como Ingeniero SSOMA en el proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal entre los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso del Distrito de Villa Kintiarina - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco” del 18 de marzo hasta el 6 de septiembre de 2024. Al respecto, indica que, de la información obtenida de la plataforma Infobras, identificó el Acta de Verificación y Recepción de Obra del 17 de octubre de 2024, en la que se consigna que existieron dos periodos de suspensión: i) del 6 de junio al 8 de julio de 2024 y, ii) del 12 al 20 de agosto de 2024. En tal sentido, sostiene que la constancia cuestionada contiene información inexacta, pues consigna un periodo continuo de experiencia que comprende fechas en las que la obra se encontraba paralizada y/o suspendida, lo que no se condice con la realidad. iv. Presunta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 86) [experiencia 2]: indica que en el folio 86 de la oferta del Consorcio Lude obra el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris por haber laborado como Especialista en Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho” del 14 de mayo al 30 de junio de 2025 y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025.

Al respecto, indica que, de la información obtenida de la plataforma Infobras, en la Resolución de Alcaldía N° 053-2026-MDA-LM/A del 25 de febrero de 2026 se aprecia que la mencionada obra tuvo un periodo de suspensión del 1 de junio al 16 de julio de 2025. En tal sentido, sostiene que el certificado cuestionado contiene información inexacta, pues consigna un periodo continuo de experiencia que comprende fechas en las que la obra se encontraba paralizada y/o suspendida, lo que no se condice con la realidad.

• Agrega que el Consorcio Lude ha incumplido con el Anexo N° 2 – Pacto de

integridad, mediante el cual se comprometió a mantener una conducta proba e íntegra en todas las actuaciones vinculadas al proceso de contratación. Asimismo, sostiene que habría vulnerado los principios de integridad y presunción de veracidad. Cuestionamientos a la calificación de la oferta del Adjudicatario Respecto del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” Personal clave Ingeniero Responsable del Servicio vi. Presunta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos (folio 99): sostiene que en el folio 99 de la oferta del Adjudicatario obra el Certificado de trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos por haber laborado como Supervisor en la obra “Mejoramiento del servicio de agua sistema de riego en los sectores de Anta Pampa Ocrañaunin, Simachi y Cconchayocc de la localidad de Ccayau, Distrito de Jaquira – provincia de Cotabambas – del departamento Apurímac” desde el 10 de enero de 2025 hasta el 30 de mayo de 2026. Al respecto, señala que, de la información recabada en la plataforma del SEACE, identificó el Contrato N° 14-2026-GM-MPC-T de fecha 29 de abril de 2026, suscrito entre la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba y el Consorcio J&J Ingenieros Constructores S.R.L., mediante el cual este último habría asumido la supervisión de la referida obra. Sin embargo, advierte que el certificado cuestionado acredita una supuesta experiencia desde el 10 de enero de 2025, es decir, en un período anterior a la suscripción del contrato de supervisión e incluso a la adjudicación de la buena pro. Asimismo, precisa que el referido concurso público fue convocado por segunda vez, debido a que la primera convocatoria fue declarada desierta al no haberse presentado ninguna oferta, conforme se desprendería del acta correspondiente. En ese sentido, sostiene que resulta imposible que el citado profesional haya desempeñado el cargo de supervisor de obra desde el 10 de enero de 2025, considerando que la primera convocatoria del procedimiento de selección para la contratación de dicho servicio se efectuó el 30 de junio de 2025, mientras que la segunda convocatoria se realizó el 26 de agosto del mismo año. En consecuencia, cuestiona la veracidad de la experiencia acreditada mediante el certificado cuestionado. Personal clave Especialista de Seguridad y Medio Ambiente vii. Presunta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (folio 119) [experiencia 1]: sostiene que en el folio 119 de la oferta del Adjudicatario obra el Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente en la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Taurija, distrito de Taurija, provincia de Pataz, La Libertad” desde el 25 de septiembre de 2018 al 19 de febrero de 2019 y del 6 de mayo de 2019 al 28 de enero de 2020. Al respecto, señala que de la información obtenida del SEACE, advierte que las bases integradas de la Licitación Pública N° 01-2018-MDT/CS exigían, como parte del plantel profesional clave, un Especialista en Medio Ambiente, con una experiencia mínima de cuatro (4) años, y un Especialista en Seguridad, con una experiencia mínima de dos (2) años. Sin embargo, indica que, conforme a la constancia de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) presentada en la oferta del Adjudicatario y a la información publicada en la página web del CIP Virtual, el citado profesional recién se incorporó a dicho colegio el 11 de octubre de 2018. En ese sentido, cuestiona la veracidad del certificado, pues resulta imposible que el citado personal clave haya ocupado el cargo de Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente en la mencionada obra, toda vez que las bases integradas del citado procedimiento solicitan un cargo de Especialista en Medio Ambiente y otro cargo de Especialista en Seguridad, siendo que ambos cargos no recaerían en una sola persona, sino dos profesionales distintos; y que, además, el mencionado profesional recién se habría colegiado el 11 de octubre de 2018, mientras que el procedimiento fue convocado el 9 de agosto de 2018, y las bases solicitaban que los profesionales requeridos tengan una experiencia de 4 y 2 años, respectivamente. viii. Presunta información inexacta contenida en el Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (folio 120) [experiencia 2]: sostiene que en el folio 120 de la oferta del Adjudicatario obra el Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Ingeniero en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la obra “Mejoramiento del servicio de saneamiento básico en el Anexo de Gochapita, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz – La Libertad” del 3 de diciembre de 2020 al 3 de abril de 2021. Al respecto, señala que de la información obtenida de la plataforma de Infobras, identificó el Acta de Inicio de Obra, en la que se consigna que la ejecución de la referida obra comenzó formalmente el 7 de diciembre de 2020. En ese sentido, cuestiona que el citado profesional acredite experiencia desde el 3 de diciembre de 2020, es decir, con anterioridad al inicio formal de la obra. Añade que en las bases integradas de la Adjudicación Simplificada D.U. 114- 2020 N° 001-2020-MPP - T/CS se requirió como parte de la formación académica y experiencia del plantel profesional clave, entre otros, los cargos de Ingeniero en Medio Ambiente e Ingeniero de Seguridad, por lo que cuestiona que el mencionado profesional haya ocupado el cargo de Ingeniero en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, siendo ambos cargos distintos en dicho procedimiento. ix. Presunta información inexacta contenida en la Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (folios 121) [experiencia 3]: indica que en el folio 121 de la oferta del Adjudicatario obra la Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en ejecución del servicio “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal EMP. 105 Suro – La Morada – Tres Ríos, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco – La Libertad” del 15 de junio de 2021 al 20 de octubre de 2021. Al respecto, señala que, de la información obtenida de la plataforma Infobras, identificó el Acta de Acuerdos – Suspensión de Plazo de Ejecución N° 4 del 18 de febrero de 2022, en la que se consigna que la ejecución de la obra estuvo suspendida del 4 al 18 de junio de 2021 y del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2021. En ese sentido, cuestiona que la constancia acredite un periodo de experiencia continuo, pese a las suspensiones registradas durante la ejecución de la obra.

• Agrega que el Adjudicatario ha incumplido con el Anexo N° 2 – Pacto de

integridad, mediante el cual se comprometió a mantener una conducta proba e íntegra en todas las actuaciones vinculadas al proceso de contratación. Asimismo, sostiene que habría vulnerado los principios de integridad y presunción de veracidad. xi. Solicita la buena pro a su favor.

• Por Decreto del 12 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante, y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por el vocal ponente en la misma fecha. Finalmente, se programó audiencia pública para el 20 del referido mes y año, precisándose que la misma se realizará a través de la plataforma Google Meet.

• Mediante Decreto del 13 de octubre de 2026, se rectificó el Decreto del 12 del

mismo mes y año, al advertirse un error material en los siguientes términos: en donde dice: “Remítase el expediente a la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas”, debe decir: “Remítase el expediente a la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas”.

• El 15 de octubre de 2026, la Entidad contratante registró en el SEACE el Informe

N° 001-COMITÉ-CP-02-2026-ADINELSA-1 (emitido por el comité) y el Informe Técnico Legal N° 001-2026-DLOG-ADILNELSA (emitido por su Jefe del Dpto. de Logística y su Especialista Legal de su Gerencia Legal), mediante los cuales expuso su posición respecto al recurso de apelación, en los siguientes términos: Respecto de los cuestionamientos a la calificación de la oferta del Consorcio Lude (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) Respecto del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”

• Respecto de la experiencia 1 [Contrato N° 617-2023-MDV-GM]: de la

revisión del documento denominado “Contrato de Colaboración Empresarial”, advierte que las empresas Project Services H & G S.A.C. y Ricapal E.I.R.L. acordaron conformar el Consorcio Tambo, con la finalidad de participar conjuntamente en una contratación pública determinada. Asimismo, el instrumento identifica a las empresas integrantes, establece su objeto contractual, regula la representación común y contiene cláusulas relacionadas con la participación, administración, ejecución y responsabilidades contractuales. Particularmente, en su cláusula séptima se establece una participación del 50% para cada una de las empresas integrantes, mientras que en su cláusula décima tercera se identifican las obligaciones asumidas, incluyendo expresamente obligaciones de ejecución del servicio a cargo de Project Services H & G S.A.C. En consecuencia, el documento presentado contiene elementos sustanciales compatibles con la naturaleza jurídica de un contrato de consorcio, por lo que su denominación como “Contrato de Colaboración Empresarial” no constituye una razón suficiente para desconocerlo. El comité no puede descalificar una oferta basándose en la ausencia de una "frase literal" o un formato específico si la información necesaria fluye del documento. Respecto del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” ii. Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme (folio 97) [experiencia 3]: la existencia de un acta de suspensión no constituye prueba de que el profesional cesó sus funciones. La suspensión del plazo de ejecución es un efecto de la paralización, pero no implica necesariamente la interrupción de las labores del personal clave, quienes pueden continuar prestando servicios para viabilizar la suspensión o gestionar trámites del contrato. Por tanto, no puede calificarse como información inexacta la omisión de una suspensión en un certificado si no se acredita que el profesional efectivamente dejó de laborar. La inexactitud requiere un falseamiento de la realidad, mientras que la falta de mención de una suspensión, cuando el profesional siguió trabajando, no altera la verdad de la prestación. iii. Sobre la supuesta información inexacta contenida en la Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 87) [experiencia 1]: la sola existencia de periodos de suspensión en una obra no determina que un certificado de trabajo sea falso o inexacto. La normativa vigente y el Tribunal han precisado que la experiencia se computa sobre el tiempo de prestación efectiva. Sin embargo, existen cargos (como el de Seguridad) que pueden requerir labores incluso en periodos de paralización. iv. Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 86) [experiencia 2]: la suspensión del plazo de ejecución de una obra no implica necesariamente el cese de la prestación de servicios del personal clave, especialmente en cargos de gestión y seguridad. En el caso concreto, el certificado emitido por el Consorcio Chaupimayo es transparente al identificar los periodos de prestación, lo cual denota buena fe y concordancia con la realidad operativa del proyecto. Resulta técnicamente válido que un Ingeniero de Seguridad mantenga su vínculo durante la suspensión para realizar labores de gabinete, actualización de planes de seguridad y salud, y gestiones de reinicio. La superposición parcial entre un certificado de trabajo y una suspensión de obra no constituye información inexacta automática si el documento reconoce la paralización. Debe prevalecer la presunción de veracidad y evaluarse si el profesional de seguridad realizó labores de gestión o preventivas durante la suspensión, procediendo únicamente al descuento de días en caso de insuficiencia probatoria, sin afectar la validez integral de la oferta. Respecto de los cuestionamientos a la calificación de la oferta del Adjudicatario

• Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Certificado de

trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos (folio 99): de conformidad con el literal e) del artículo 5 de la Ley, la actuación del comité se rige por la presunción de que los documentos presentados por los postores responden a la verdad de los hechos que afirman. Esta presunción solo puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario que sea objetiva, fehaciente y concluyente. La jurisprudencia del Tribunal ha establecido que la mera existencia de inconsistencias entre un certificado y la información registrada en el SEACE (como fechas de suscripción de contratos u órdenes de servicio) no constituye, por sí sola, una prueba de inexactitud. Estas discrepancias pueden obedecer a regularizaciones administrativas, inicios de prestación anticipada o ejecuciones efectivas previas a la formalización documental, las cuales no invalidan la experiencia real adquirida. El comité, durante la fase de evaluación, no tiene la facultad de declarar la inexactitud de un documento basándose en indicios externos si el documento cumple formalmente con los requisitos de las bases. La labor de contrastar la veracidad material de los documentos corresponde a la fiscalización posterior, la cual es competencia de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) una vez otorgada la buena pro. No existe una comunicación oficial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas que invalide el certificado de folio 99. Por el contrario, al ser un documento emitido por la propia administración, este goza de una presunción de legalidad y veracidad reforzada, no pudiendo el comité asumir una falsedad basada en una interpretación “aritmética” de las fechas del SEACE. vi. Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (folio 119) [experiencia 1]: el comité, siguiendo la línea doctrinaria del Tribunal, considera que la evaluación de la experiencia debe realizarse de manera integral y sustancial, priorizando las actividades efectivamente realizadas sobre la nomenclatura formal del puesto. En el sector construcción, es técnicamente razonable que un profesional desempeñe facetas integrales de una misma especialidad técnica. La denominación “Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (SSOMA) describe funciones que, por su naturaleza, son compatibles con los cargos de especialista en medio ambiente y especialista en seguridad. Un certificado emitido por un privado (Consorcio COINSO) da fe de las labores que el profesional efectivamente realizó. El hecho de que las bases de la obra de Taurija exigieran dos especialistas no impide que, en la ejecución real, un solo profesional haya asumido ambas funciones o que el consorcio empleador haya decidido certificarlo así por las labores desempeñadas. El Impugnante debe probar que el profesional no trabajó en las fechas indicadas, y no simplemente que no cumplía con el perfil de un proceso antiguo. La supuesta falta de experiencia en 2018 es una controversia que debió agotarse en aquel entonces; hoy, el certificado es un documento que acredita hechos cumplidos. Si el profesional se colegió el 11 de octubre de 2018, el periodo válido para este proceso inicia en esa fecha. Los días previos (del 25 de septiembre al 10 de octubre) se consideran no computables, pero no constituyen información inexacta, ya que el certificado describe una relación laboral real que simplemente empezó antes de la habilitación profesional. vii. Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (folio 120) [experiencia 2]: el Tribunal ha reconocido que existen actividades de gabinete previas que validan la participación del personal clave antes del hito físico de inicio. Si la discrepancia es mínima (3 o 4 días) y responde a labores de planificación (como la elaboración del Plan de Seguridad y Salud), no se destruye automáticamente la presunción de veracidad, a menos que se demuestre la imposibilidad física de la prestación. Respecto de los puestos separados, las bases históricas muestran participación del 100% para seguridad y medio ambiente y establecen perfiles propios. Corresponde esclarecer si fue personal clave, una sustitución o personal adicional, y qué funciones realizó efectivamente. Sobre el cuestionamiento al Ing. Gian Marco Castillo Ávila, considera que la diferencia de cuatro (4) días entre el inicio del certificado (03/12/2020) y el Acta de Inicio de Obra (07/12/2020) no constituye, per se, información inexacta. Conforme al criterio del Tribunal en la Resolución N° 004907-2026- TCP-S2, es técnicamente válido que un Especialista en Seguridad inicie funciones antes del hito de inicio físico para realizar la compatibilización del expediente y la actualización del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

(PSSO).

Por tanto, al no haber acreditado el Impugnante que el profesional no realizó dichas labores de gabinete, y considerando que la experiencia relevante es la adquirida en trabajos efectivamente ejecutados vinculados a la obra (Resolución N° 006935-2025-TCP-S6), se mantiene la validez del documento en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad, procediendo únicamente al descuento del tiempo en caso de que se demuestre una paralización posterior, lo cual no afecta el cumplimiento del mínimo requerido en las bases. viii. Sobre la supuesta información inexacta contenida en la Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (folios 121) [experiencia 3]: si bien la información de Infobras es un indicio relevante, el comité, en observancia del Principio de Privilegio de Controles Posteriores, determina que para que una imputación de inexactitud genere certeza y justifique la descalificación, se requiere una verificación directa con la fuente emisora.

• Mediante Escrito N° 1 del 15 de octubre de 2026 [con registro N° 39355],

presentado en la misma fecha a través de la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Lude (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso, solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre los cuestionamientos a la calificación de su oferta Respecto del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”

• Respecto de la experiencia 1 [Contrato N° 617-2023-MDV-GM]: sostiene

que el documento denominado “Contrato de Colaboración Empresarial” constituye, por su contenido, un contrato de consorcio, pues sus cláusulas desarrollan las características y exigencias propias de esta modalidad asociativa en el ámbito de la contratación pública. Al respecto, señala que dicho documento invoca expresamente la Ley de Contrataciones del Estado, cita su artículo 36 e identifica a los integrantes del consorcio, así como las obligaciones que corresponden a cada uno. Por tanto, considera que se trata de un auténtico contrato de consorcio, regulado por la Ley General de Sociedades y la normativa de contrataciones públicas.

Respecto del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” Personal clave Ingeniero Responsable del Servicio ii. Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme (folio 97) [experiencia 3]: cita la Carta N° 002-2026- Consorcio Ares del 15 de octubre de 2026, emitida por el Consorcio Ares (emisor del certificado cuestionado), mediante el cual confirma y valida que el Ing. Raúl Laurente Misarayme se desempeñó como Residente de Obra en el proyecto “Recuperación y rehabilitación de Camino Vecinal de Trajin - Ccarhuaccocco – Iglesiahuasi, distrito de Paras – Cangallo – Ayacucho” del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019, precisando que la obra registró una suspensión temporal entre el 8 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019, periodo durante el cual el mencionado profesional permaneció en las instalaciones de la obra realizando las actividades de custodia y gestión de informes, y que, tras las ampliaciones de plazo aporbadas, culminó realmente el 29 de diciembre de 2019. Asimismo, hace referencia a la Carta N° 066-2026-MDP-GIDUR/AMO-G del 15 de octubre de 2026, emitida por la Municipalidad Distrital de Paras, mediante la cual dicha entidad comunica que, tras revisar la documentación obrante en sus archivos, confirma que el Ing. Raúl Laurente Misarayme desempeñó las funciones propias del cargo de residente de obra durante las fechas consignadas en el certificado cuestionado, hasta la recepción total de la obra. Personal clave Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente iii. Sobre la supuesta información inexacta contenida en la Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 87) [experiencia 1]: cita la carta s/n del 15 de octubre de 2026, emitida por la empresa Grupo Alova S.A.C. integrante del Consorcio Vial Villasol (emisor de la constancia cuestionada), mediante la cual ratifica la plena validez de la constancia, manifestando que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios continuos y efectivos a favor del consorcio durante el 18 de marzo al 6 de septiembre de 2024, inclusive en los lapsos de suspensión temporal de la obra (del 6 de junio al 8 de julio de 2024, y del 12 al 20 de agosto de 2024), ejecutando labores permanentes de actualización y seguimiento del Plan SSOMA, monitoreo preventivo y control ambiental en el área del proyecto. Indica que en obras viales de selva y sierra, como el caso de Villa Kintiarina, cuando las partidas constructivas físicas se suspenden temporalmente por factores climáticos (precipitaciones pluviales, desbordes o contingencias geológicas), las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente no desaparecen ni se suspenden; por el contrario, se intensifican. Sostiene que por mandato legal y contractual, el Consorcio Vial Villasol requirió el mantenimiento ininterrumpido de los servicios de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris a fin de no incurrir en infracciones ambientales ni de seguridad laboral frente a los entes fiscalizadores (OEFA, SUNAFIL, OSINERGMIN o la propia entidad). En consecuencia, señala que la constancia cuestionada refleja con absoluta exactitud la realidad material del servicio efectivamente contratado, ejecutado y pagado. iv. Sobre la supuesta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 86) [experiencia 2]: cita la Carta N° 006-2026-CCH/KWLS-RC del 15 de octubre de 2026, emitida por el Consorcio Chaupimayo, emisor del certificado cuestionado, mediante la cual confirma la autenticidad y veracidad de la información contenida en dicho documento, así como los periodos laborados por la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris, precisando que, durante la suspensión temporal de la obra, la referida profesional permaneció en sus instalaciones, realizando labores de custodia, actividades preventivas y gestión documental. Asimismo, hace referencia a la Carta N° 044-2026-MDA-LM-DURL/IFAA-G del 15 de octubre de 2026, emitida por la Municipalidad Distrital Anco – La Mar, mediante la cual dicha entidad comunica que, la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios como Especialista en Seguridad y Salud en la Obra en la ejecución de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho”, durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo hasta la culminación de obra, conforme al Informe N° 06-2025/LLCA-ESST presentado el 4 de diciembre de 2026.

Indica que la obra correspondía a una infraestructura vial crítica, pues se trataba de la obra “Renovación de Puente; en la Red Vial AY-569 Rosario Pampa – San Vicente 'Puente Chaupimayo” (CUI 2640381). Al respecto, señala que un puente sobre un cauce hídrico activo que conecta dos comunidades no puede ser abandonado intempestivamente al decretarse la suspensión de las partidas constructivas. Sostiene que al suspenderse el avance constructivo físico el 01 de junio de 2025 (por factores de caudal hídrico y adecuación técnica), el consorcio ejecutor mantuvo en campo y en gabinete a la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris hasta el 30 de junio de 2025 para cumplir con obligaciones legales y ambientales de estricto cumplimiento. Añade que el Impugnante no ha demostrado que la Ing. Cayllahua Auris no haya trabajado para el consorcio en junio de 2025, por cuanto únicamente ha citado un cuadro de fechas de suspensión de obra física. Cuestionamientos a la evaluación técnica de la oferta del Impugnante Respecto del puntaje otorgado en el factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”

• Respecto de la experiencia 2 del personal clave propuesto como Ingeniero

Responsable del Servicio: indica que, en el folio 122 de la oferta del Impugnante, obra el certificado del 8 de enero de 2016, emitido por Inversiones Ladiud E.I.R.L. a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza, en el que se consigna, entre los servicios realizados, la reparación y el mantenimiento de una cámara de carga. Al respecto, sostiene que dicho documento no permite acreditar experiencia en obras civiles hidráulicas, pues no detalla actividades que vinculen objetivamente el servicio con la subespecialidad exigida en las bases. En ese sentido, señala que la sola mención de una “cámara de carga”, sin precisar si las intervenciones correspondieron a obras civiles (estructural) o electromecánicos, no permite al comité validar dicha experiencia en la subespecialidad requerida. Asimismo, cuestiona la determinación del periodo de experiencia, pues el certificado consigna tres actividades distintas dentro de un único periodo global comprendido entre 2012 y 2015, sin especificar las fechas de inicio y fin de cada servicio. Por ello, sostiene que no es posible determinar cuánto tiempo de experiencia corresponde específicamente a las labores de la “cámara de carga”. vi. Respecto de la experiencia 3 del personal clave propuesto como Ingeniero Responsable del Servicio: sostiene que, en el folio 123 de la oferta del Impugnante, obra la Orden de Servicio N° 2018-OS 18100198 del 25 de julio de 2018, emitida por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (Adinelsa) a favor del señor Gustavo Felipe Vega Meza, para la supervisión de la obra “Mantenimiento y reparación de daños producidos por el fenómeno del Niño en L.C. Santa Leonor”. Asimismo, indica que, en los folios 124 al 126, obra el Acta de Recepción de Obra, en la que se identifica al referido profesional como supervisor y se consigna que la ejecución de la obra se inició el 3 de agosto de 2018 y culminó el 13 de octubre del mismo año. De igual manera, señala que, en el folio 127, obra la Constancia de Prestación N° 0059-2024-ADINELSA del 9 de abril de 2024, emitida por Adinelsa, en la que se deja constancia de que la Orden de Servicio N° 18100198, correspondiente al señor Gustavo Felipe Vega Meza, tuvo un plazo de ejecución de 75 días calendario, computados a partir del 2 de agosto de 2018. Al respecto, sostiene que los documentos presentados no cumplen con las exigencias de las bases integradas, pues no consignan expresamente la fecha de culminación de la prestación (día, mes y año). Agrega que no corresponde que el evaluador determine dicha fecha mediante el cómputo de los 75 días calendario señalados en la constancia, pues ello supondría interpretar o reconstruir la información de la oferta. vii. En este punto, señala que, de la revisión de los certificados obrantes en los folios 121, 128, 129, 130, 131, 132 y 133 de la oferta del Impugnante, se contabilizan 1,232 días calendario de experiencia, equivalentes a 3.38 años. Por tanto, sostiene que correspondería asignarle diez (10) puntos en el factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”, al ubicarse en el rango de más de tres (3) hasta cinco (5) años. En consecuencia, sumados a los 60 puntos obtenidos en los demás factores de evaluación, el Impugnante alcanzaría un puntaje total de 70 puntos.

Cuestionamientos a la calificación de la oferta del Impugnante viii. Presunta información inexacta contenida en el Certificado del 22 de noviembre de 2021, emitido por el Impugnante a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza (folio 130): sostiene que realizó una fiscalización posterior ante la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (Adinelsa), respecto del Certificado del 22 de noviembre de 2021, emitido por el Impugnante a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza; sin embargo, señala que, a la fecha, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de dicha entidad. ix. Presunta información inexacta contenida en el Certificado del 29 de mayo de 2023, emitido por el Impugnante a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza (folio 132): sostiene que realizó una fiscalización posterior ante la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (Adinelsa), respecto del Certificado del 29 de mayo de 2023, emitido por el Impugnante a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza; sin embargo, señala que, a la fecha, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de dicha entidad.

• Por Decreto del 16 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al presente

procedimiento administrativo al Consorcio Lude en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso impugnativo.

• Mediante escrito s/n del 19 de octubre de 2026 [con registro N° 39673],

presentado en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Escrito N° 2 del 20 de octubre de 2026 [con registro N° 39760], presentado en

la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Consorcio Lude acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 20 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación del representante designado del Impugnante1 y del Consorcio Lude2, dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad contratante.

• A través del Decreto del 20 de octubre de 2026, a efectos que la Tercera Sala del

Tribunal cuente con mayores elementos al momento de resolver, se requirió la siguiente información:

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución de la obra “Recuperación y rehabilitación de Camino

Vecinal de Trajin - Ccarhuaccocco – Iglesiahuasi, distrito de Paras – Cangallo – Ayacucho”, el Ing. Raúl Laurente Misarayme laboró en el cargo de Ingeniero Residente de Obra del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019 (según lo consignado en el certificado cuestionado, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). Asimismo, sírvase precisar si el citado profesional continuó laborando en las paralizaciones/suspensiones de la mencionada obra; y, sírvase remitir la documentación que acredite su participación como tal. ii. Sírvase precisar si la información contenida en el Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme, por haber laborado como Ingeniero Residente de Obra en el proyecto “Recuperación y rehabilitación de Camino Vecinal de Trajin - Ccarhuaccocco – Iglesiahuasi, distrito de Paras – Cangallo – Ayacucho” del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución de la obra “Mejoramiento del Camino Vecinal entre

los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso del Distrito de Villa Kintiarina - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco, CUI 2570117”, la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris laboró en el cargo de Ingeniero SSOMA del 18 de marzo hasta el 6 de septiembre de 2024 (según lo consignado en la constancia cuestionada, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). Asimismo, sírvase precisar si la citada profesional continuó laborando en paralizaciones/suspensiones de la mencionada obra; y, sírvase remitir la documentación que acredite su participación como tal. ii. Sírvase precisar si la información contenida en la Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris, por haber laborado como Ingeniero SSOMA en el proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal entre los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso del Distrito de Villa Kintiarina - Provincia de La Convención - Departamento 1 En representación del Impugnante, el abogado Osmar Augusto Naquiche Chuyes expuso el informe legal. 2 En representación del Consorcio Lude, el señor Johny Randy Guillen Moore tuvo a cargo el informe de hechos.

de Cusco, CUI 2570117” del 18 de marzo hasta el 6 de septiembre de 2024, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO – LA MAR:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial

AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho”, la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris laboró en el cargo de Especialista en Seguridad y Salud del 14 de mayo al 30 de junio de 2025 y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025 (según lo consignado en el certificado cuestionado, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). Asimismo, sírvase precisar si la citada profesional continuó laborando en paralizaciones/suspensiones de la mencionada obra; y, sírvase remitir la documentación que acredite su participación como tal. ii. Sírvase precisar si la información contenida en el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris por haber laborado como Especialista en Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho” del 14 de mayo al 30 de junio de 2025 y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua sistema

de riego en los sectores de Anta Pampa Ocrañaunin, Simachi y Cconchayocc de la localidad de Ccayau, Distrito de Jaquira – provincia de Cotabambas – del departamento Apurímac”, el Ing. Elder Arturo Yañez Campos laboró en el cargo de Supervisor desde el 10 de enero de 2025 hasta el 30 de mayo de 2026 (según lo consignado en el certificado cuestionado, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). ii. Sírvase precisar si la información contenida en el Certificado de trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por su entidad a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos por haber laborado como Supervisor en la obra “Mejoramiento del servicio de agua sistema de riego en los sectores de Anta Pampa Ocrañaunin, Simachi y Cconchayocc de la localidad de Ccayau, Distrito de Jaquira – provincia de Cotabambas – del departamento Apurímac” desde el 10 de enero de 2025 hasta el 30 de mayo de 2026, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios

de agua potable y alcantarillado en la localidad de Taurija, distrito de Taurija, provincia de Pataz, La Libertad”, el Ing. Gian Marco Castillo Ávila laboró en el cargo de Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente desde el 25 de septiembre de 2018 al 19 de febrero de 2019 y del 6 de mayo de 2019 al 28 de enero de 2020 (según lo consignado en el certificado cuestionado, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). ii. Sírvase precisar si la información contenida en el Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente en la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Taurija, distrito de Taurija, provincia de Pataz, La Libertad” desde el 25 de septiembre de 2018 al 19 de febrero de 2019 y del 6 de mayo de 2019 al 28 de enero de 2020, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de saneamiento

básico en el Anexo de Gochapita, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz – La Libertad”, el Ing. Gian Marco Castillo Ávila laboró en el cargo de Ingeniero en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del 3 de diciembre de 2020 al 3 de abril de 2021 (según lo consignado en el certificado cuestionado, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). ii. Sírvase precisar si la información contenida en el Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Ingeniero en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la obra “Mejoramiento del servicio de saneamiento básico en el Anexo de Gochapita, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz – La Libertad” del 3 de diciembre de 2020 al 3 de abril de 2021, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO:

• Sírvase informar si, en el marco de la ejecución del proyecto “Mejoramiento y rehabilitación del

camino vecinal EMP. 105 Suro – La Morada – Tres Ríos, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco – La Libertad”, el Ing. Gian Marco Castillo Ávila laboró en el cargo de Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del 15 de junio de 2021 al 20 de octubre de 2021 (según lo consignado en la constancia cuestionada, cuya copia se adjunta a la presente comunicación para su verificación). Asimismo, sírvase precisar si el citado profesional continuó laborando en las paralizaciones/suspensiones de la mencionada obra; y, sírvase remitir la documentación que acredite su participación como tal. ii. Sírvase precisar si la información contenida en la Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en ejecución del proyecto “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal EMP. 105 Suro – La Morada – Tres Ríos, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco – La Libertad” del 15 de junio de 2021 al 20 de octubre de 2021, se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. (...)”.

• Mediante Oficio N° 395-2026-MDA-LM/AL del 22 de octubre de 2026 [con registro

N° 40202], presentado el 23 del mismo mes y año a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, que adjunta el Informe N° 364-2026-MDA-LM-GDRI/JFAA-G, la Municipalidad Distrital de Anco – La Mar dio respuesta a la solicitud de información adicional contenida en el Decreto del numeral anterior, para lo cual manifestó, principalmente, que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios como Especialista en Seguridad y Salud en la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho”, desde el 14 de mayo de 2025 hasta la culminación de la obra, tal como se muestra en el Informe N° 06-2025/LLCA-ESST del 4 de diciembre de 2025 que adjunta. Asimismo, señaló que la participación de la referida profesional se encuentra respaldada por los informes correspondientes a las actividades que desarrolló en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En ese sentido, confirmó la veracidad de la información relativa a su participación en dicha obra, así como la correspondencia de los informes presentados con los antecedentes documentarios que obran en su poder.

• A través del Decreto del 26 de octubre de 2026, se requirió a las partes y a la

Entidad contratante su pronunciamiento respecto a presuntos vicios de nulidad en el procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

“A LA ENTIDAD CONTRATANTE [EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

S.A.], AL IMPUGNANTE [LA EMPRESA JLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.], AL CONSORCIO LUDE

[POSTOR QUE OCUPÓ EL SEGUNDO LUGAR], Y AL ADJUDICATARIO [CONSTRUCTORA TORRE VIALES

S.A.C.]: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento, sírvase emitir un pronunciamiento respecto de los siguientes posibles vicios de nulidad en el procedimiento de selección: Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la calificación de la oferta del Consorcio Lude, integrado por las empresas Contratistas Generales Lude E.I.R.L. y Project Services H & G S.A.C., postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, concretamente, sobre el cumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. En ese contexto, este Colegiado procedió a revisar lo previsto en las bases integradas del mencionado procedimiento, específicamente en el acápite correspondiente a la experiencia del postor en la especialidad. Al respecto, de acuerdo a las bases estándar aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (para el Concurso Público de Servicios), los postores deben acreditar un monto facturado acumulado que no podrá ser mayor a tres (3) veces la cuantía de la contratación o del ítem, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, como requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, tal como se advierte a continuación: Asimismo, la entidad convocante debe consignar los “servicios” que considera similares al objeto de la convocatoria. Ahora bien, al revisar las bases integradas del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-ADINELSA – Primera Convocatoria, se advierte que el objeto de la convocatoria es la contratación del servicio de reparación de barraje en la bocatoma de la central hidroeléctrica Santa Leonor, por una cuantía ascendente a S/ 590,000.00 (quinientos noventa mil con 00/100 soles). Por tanto, los postores debían acreditar, para el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” un monto facturado equivalente a S/ 1’500,000.00 (un millón con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, definiéndose estos de la siguiente manera: “Construcción, y/o Creación, y/o Instalación, y/o Rehabilitación, y/o Mejoramiento, y/o Mantenimiento, y/o Reparación y/o Ampliación de: obras civiles (carretera, puentes, hidráulicas) y/o hidráulicas, y/o estabilización de taludes, y/o movimiento de tierras, y/o encauzamiento de ríos y/o defensas ribereñas y/o construcción rehabilitación de bocatomas”, tal como se advierte a continuación:

Cabe resaltar que, de acuerdo al Anexo I. - Definiciones del Reglamento, un servicio es una “actividad o labor que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general y consultoría de obras”. Por otro lado, una obra es definida como “Construcción, reconstrucción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, demolición, remodelación, refacción y cualquier contratación que requiera expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y/o equipos, relacionados al componente de edificación o infraestructura”. Conforme a lo expuesto, se advierte que las bases integradas del Concurso Público de Servicios N° 02- 2026-ADINELSA – Primera Convocatoria establecen, en el apartado referido a la experiencia del postor en la especialidad, que se consideran “servicios similares”, la “Construcción, y/o Creación, y/o Instalación, y/o Rehabilitación, y/o Mejoramiento, y/o Mantenimiento, y/o Reparación y/o Ampliación de: obras civiles (carretera, puentes, hidráulicas) y/o hidráulicas, y/o estabilización de taludes, y/o movimiento de tierras, y/o encauzamiento de ríos y/o defensas ribereñas y/o construcción rehabilitación de bocatomas, los cuales corresponde a una obra, a pesar de que el objeto de la convocatoria es la contratación de un “servicio”. En ese sentido, las bases integradas habrían establecido como “servicios similares” trabajos que corresponden a una obra, por lo que estarían incumpliendo con las citadas disposiciones del Reglamento y de las bases estándar. Siendo así, la situación expuesta, revelaría que las bases integradas contravendrían a las bases estándar aplicables, lo cual, vulneraría lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, en virtud del cual las bases estándar son de uso obligatorio por los evaluadores al elaborar las bases del procedimiento de selección. Asimismo, se habría vulnerado el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en virtud del cual las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a la información, basados en reglas y criterios claros y accesibles. Cabe precisar que, lo expuesto de manera precedente tendría incidencia en la controversia que es materia del presente recurso de apelación.”

• Con Escrito N° 3 (sin fecha) [con registro N° 40585], presentado el 26 de octubre

de 2026 a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, remitió alegatos complementarios a su absolución, mediante los cuales solicitó que se disponga la descalificación de la oferta del Impugnante, por la presunta presentación de información inexacta. Al respecto, cuestionó el Certificado del 22 de noviembre de 2021, emitido por el Impugnante a favor del ingeniero Gustavo Felipe Vega Meza (folio 130), en el que se consigna que este último prestó servicios durante el periodo comprendido del 15 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Sobre el particular, señaló que, mediante el Informe Técnico N° 164, la Entidad contratante señaló que la fecha real de culminación fue el 28 de octubre de 2021. En ese sentido, sostuvo que la discrepancia advertida no constituiría un error material, sino una alteración de la realidad fáctica. Asimismo, agregó que, mediante la Resolución N° 07354-2026-TCP-S1, se descalificó al Impugnante por la presentación de información inexacta relacionada con el mismo profesional, el ingeniero Vega Meza, lo que, a su criterio, evidenciaría un modus operandi orientado a obtener ventajas indebidas en los procedimientos de selección.

• Mediante Oficio N° 0637-2026-MDVK/A del 23 de octubre de 2026 [con registro

N° 40877], que adjunta el Informe N° 0280-2026-MDVK/ULSA-EMQH, presentados el 28 del mismo mes y año a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Municipalidad Distrital Villa Kintiarina dio respuesta a la solicitud de información adicional contenida en el Decreto del 20 del referido mes y año, para lo cual manifestó que su Unidad de Logística y Servicios Auxiliares realizó una búsqueda exhaustiva en los expedientes de contratación correspondientes a la Adjudicación Simplificada N° 38-2023-MDVK/CS-1, convocada para la ejecución de la obra “Mejoramiento del camino vecinal entre los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso del distrito de Villa Kintiarina”. Al respecto, indicó que, luego de revisar las ofertas presentadas, los contratos de ejecución, los informes mensuales de supervisión de obra, los tareos de personal, las planillas y los asientos del cuaderno de obra, determinó que no existe documento, registro ni aprobación formal que acredite que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris haya laborado o prestado servicios en la referida obra ni en su entidad municipal. Asimismo, precisó que el documento objeto de fiscalización consiste en una constancia de trabajo de carácter privado, emitida y suscrita por la Sra. Nancy Quispe Najarro, en su condición de representante común del Consorcio Vial Villasol. Sobre el particular, indicó que no existe constancia ni aprobación de designación interna que vincule formalmente a la referida profesional con el contratista ante su Municipalidad. En ese sentido, manifestó que, al no haber sido emitida la constancia por alguna unidad orgánica o funcionario de la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, se encuentra imposibilitada de ratificar o certificar su contenido, toda vez que no cuenta con documentación en sus archivos que respalde la prestación de servicios alegada.

• Con Escrito N° 4 (sin fecha) [con registro N° 40998], presentado el 28 de octubre

de 2026 a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, se pronunció sobre lo manifestado por la Municipalidad Distrital Villa Kintiarina, señalando lo siguiente:

• Sobre la presunta información inexacta contenida en la Constancia de

trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 87) [experiencia 1]: señala que el cuestionamiento formulado contra la experiencia de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris se sustenta en una supuesta falta de exclusividad o incompatibilidad horaria. Al respecto, sostiene que la profesional mantuvo una relación contractual de naturaleza privada con el Consorcio Vial Villasol, contratista ejecutor de la obra, y no con la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, por lo que la inexistencia de un vínculo directo con dicha entidad no constituye un elemento suficiente para desconocer la experiencia acreditada. Asimismo, respecto de la respuesta remitida por la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, señala que la ausencia de registros institucionales que acrediten la participación de la profesional no demuestra necesariamente que los servicios no se hayan prestado ni que la constancia de trabajo carezca de respaldo contractual. De igual modo, precisa que la suspensión del plazo de ejecución de la obra no implica necesariamente la extinción del vínculo contractual con el contratista. Finalmente, invoca el principio de presunción de veracidad y sostiene que el Impugnante no ha presentado medios probatorios idóneos que desvirtúen la información consignada en la constancia de trabajo. Por ello, solicita que se valore conjuntamente la documentación presentada y distinga entre la falta de acreditación de un requisito de calificación y la presentación de información inexacta, por tratarse de supuestos distintos.

• A través del Oficio N° 029-2026-MPO-OGA/OA del 30 de octubre de 2026 [con

registro N° 41258], que adjunta el Informe N° 007-2026- MPO/OGACyGC/AC/MASR, presentados en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Municipalidad Provincial de Otuzco, dio respuesta a la solicitud de información adicional contenida en el Decreto del 20 del referido mes y año, para lo cual manifestó que su responsable de archivo central realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en el acervo documentario fisico y digital disponible, y como resultado de la búsqueda realizada, informó que no se logró ubicar documentación que permita acreditar la participación efectiva del Ing. Gian Marco Castillo Ávila en la ejecución de la obra en mención. Asimismo, señaló que no fue posible verificar la información consignada en la constancia de trabajo de fecha 26 de octubre de 2021, emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. No obstante, indicó que el archivo central informó que se encontró un Contrato de Locación de Servicios correspondiente al señor Monzón de la Cruz José Artemio, profesional de Ingeniería Civil, quien habría prestado servicios como Ingeniero Especialista en Seguridad de la obra consultada.

• Mediante Informe Técnico N° 01109-2026-DOM-GT-ADINELSA e Informe N° 002-

COMITÉ-CP-02-2026-ADINELSA-1 [con registro N° 41481], presentados el 2 de noviembre de 2026 a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad contratante se pronunció sobre el traslado de presuntos vicios de nulidad, manifestando, principalmente, lo siguiente:

• Señala que el comité no aplicó el sistema de clasificación de especialidades

y subespecialidades previsto para las contrataciones de obras, sino que estableció la definición de servicios similares atendiendo a un criterio de similitud técnica, sustentado por el Departamento de Operación y Mantenimiento, en su condición de área usuaria. Al respecto, precisa que el objeto de contratación corresponde a un servicio especializado de reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica existente, cuya finalidad es recuperar las condiciones de funcionamiento del barraje, colchón disipador, compuerta de limpia y demás componentes afectados por procesos de erosión y socavación, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Central Hidroeléctrica Santa Leonor. Asimismo, indica que el requerimiento contempla el sistema de entrega de gestión de instalaciones, previsto en el literal e) del artículo 129 del Reglamento, el cual comprende prestaciones relacionadas con la operación y/o mantenimiento de infraestructura. ii. En cuanto a la complejidad técnica, indica que, conforme a las partidas y metrados previstos en los términos de referencia, la ejecución del servicio comprende actividades especializadas de excavación, demolición controlada, sostenimiento de estructuras, colocación de concreto armado, acero de refuerzo, protección hidráulica y desvío temporal del cauce. Por ello, sostiene que, si bien la contratación se denomina servicio, requiere capacidades especializadas en ingeniería civil e hidráulica, tecnología del concreto, estabilidad estructural, control de erosión y socavación, gestión de maquinaria, personal técnico y seguridad durante la ejecución. En ese sentido, considera que la definición de servicios similares consignado en las bases integradas, responden a las capacidades técnicas necesarias para ejecutar la prestación. Añade que la experiencia es la destreza adquirida por la habitual ejecución de una prestación, independientemente de su denominación formal, conforme al criterio recogido en el Pronunciamiento N° 000071-2026/OECE-DSAT. iii. De otro lado, respecto de las actuaciones preparatorias, señala que efectuó una indagación básica de mercado, obtuvo cotizaciones de proveedores del rubro y contó con declaraciones de cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, precisa que no se registraron consultas ni observaciones, ni durante las cotizaciones ni en la etapa correspondiente del procedimiento de selección, respecto del requisito de experiencia del postor en la especialidad o de la definición de servicios similares.

iv. Como antecedentem señala que en el Concurso Público de Servicios N° 01- 2026-ADINELSA – Primera Convocatoria, correspondiente al servicio de enrocado de protección de la Central Hidroeléctrica Gorgor, en las bases se contemplaron una definición de servicios similares técnicamente comparable con la del procedimiento de selección. Al respecto, indica que en dicho procedimiento se presentaron 5 ofertas, de las cuales 4 fueron admitidas, cumplieron los requisitos de calificación y accedieron a la evaluación técnica. Asimismo, precisa que entre los postores calificados se encontraban el Adjudicatario y el Impugnante, empresas que también participan en la controversia actual. Por tanto, considera que dicho antecedente evidencia que una definición de experiencias similares de características comparables permitió la concurrencia efectiva de proveedores.

• En consecuencia, sostiene que la definición de servicios similares cuenta con

justificación técnica objetiva, pues responde a la naturaleza y complejidad de las prestaciones requeridas y a las capacidades especializadas necesarias para su ejecución. Asimismo, considera que dicha definición favorece la concurrencia de proveedores. Finalmente, considera que no corresponde declarar la nulidad del procedimiento sin que se identifique un vicio trascendente que afecte su validez, debiendo privilegiarse la conservación del acto y los principios de libertad de concurrencia, competencia y valor por dinero.

• Con escrito s/n del 2 de noviembre de 2026 [con registro N° 41551], presentado

en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre el traslado de presuntos vicios de nulidad, manifestando, principalmente, lo siguiente:

• Sostiene que no existe vicio que justifique una eventual declaratoria de

nulidad, pues las bases integradas detallaron los servicios similares, conforme al criterio del área usuaria, los cuales guardan relación con el objeto de contratación, referido a la reparación del barraje de una bocatoma. Por tanto, considera que no existió omisión en la definición de servicios similares ni vulneración de las bases estándar, toda vez que no se agregó ni omitió ningún requisito previsto en estas.

ii. Asimismo, señala que la definición de servicios similares busca garantizar el cumplimiento de los fines de la Entidad y promover una mayor concurrencia y competencia, al permitir que los postores acrediten experiencia tanto en servicios como en obras similares. Añade que dicha definición comprende expresamente actividades de reparación, vinculadas con el objeto de contratación, por lo que no corresponde limitar la experiencia únicamente a servicios u obras. iii. De otro lado, sostiene que no se vulneraron los principios de transparencia y facilidad de uso, pues las bases integradas contenían reglas claras y accesibles, que fueron aceptadas por los participantes. Al respecto, indica que, durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, ningún participante cuestionó la definición de servicios similares, conforme consta en el Acta de no Formulación de Consultas y Observaciones del 9 de septiembre de 2026. iv. En ese sentido, considera que las bases no contenían reglas ambiguas, contradictorias o confusas que restringieran la concurrencia; por el contrario, permitieron una mayor participación de proveedores al admitir experiencia tanto en servicios como en obras similares. Por ello, solicita que prevalezcan los principios de eficacia y eficiencia, evitando una declaratoria de nulidad que ocasionaría gastos y retrasos en la contratación, incluso con el riesgo de que el procedimiento no pueda convocarse nuevamente durante el presente año por razones presupuestales o por los efectos del Fenómeno El Niño.

• En consecuencia, considera que no existe un vicio trascendente que

justifique la nulidad del procedimiento de selección, por lo que solicita conservar el acto administrativo y continuar con el procedimiento de apelación, a fin de que, en su oportunidad, se declare fundado su recurso de apelación.

• Mediante escrito s/n del 2 de noviembre de 2026 [con registro N° 41574],

presentado en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre lo manifestado por el Consorcio Lude con Escrito N° 3, y sobre los cuestionamientos a su oferta; argumentos que se resumen a continuación:

Sobre los cuestionamientos efectuados a la oferta del Consorcio Lude

• Sobre la presunta información inexacta contenida en el Certificado del 2

de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme (folio 97) [experiencia 3]: señala que el Consorcio Lude presentó las Cartas N° 002-2026-CONSORCIO ARES y N° 006-2026-MDP- GIDUR/AMO-G, ambas del 15 de octubre de 2026, para acreditar que el ingeniero Raúl Laurente Misarayme prestó servicios efectivos durante todo el periodo certificado. Al respecto, sostiene que los periodos de suspensión de una obra no pueden computarse automáticamente como experiencia, salvo que existan elementos objetivos que acrediten que el profesional continuó desempeñando las funciones propias de su cargo. En ese sentido, considera que la primera carta no está respaldada por documentación que demuestre las labores realizadas durante la suspensión, mientras que la segunda únicamente identifica al Consorcio Ares como empleador del ingeniero, sin acreditar su participación durante dichos periodos. Finalmente, precisa que su cuestionamiento se refiere a la falta de exclusión de los periodos de suspensión en el cómputo de la experiencia y no a si el ingeniero se desempeñó como residente durante la ejecución y recepción de la obra. Por ello, considera que la documentación presentada no acredita objetivamente su participación efectiva durante los periodos cuestionados. ii. Sobre la presunta información inexacta contenida en la Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 87) [experiencia 1]: señala que el Consorcio Lude presentó una carta s/n del 15 de octubre de 2026, suscrita por Nancy Quispe Navarro, en calidad de gerente general de Grupo Alova S.A.C., para acreditar que la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris continuó desempeñando funciones durante los periodos de suspensión de la obra. Al respecto, cuestiona la congruencia de dicho documento, pues se identifica inicialmente como emitido por el Consorcio Villasol, pero aparece suscrito por la representante de Grupo Alova S.A.C. Añade que, si bien Nancy Quispe Navarro suscribió el certificado cuestionado, lo hizo en calidad de representante común del Consorcio Villasol y no de Grupo Alova S.A.C.

Asimismo, sostiene que la carta contiene una declaración unilateral que no está respaldada por documentación objetiva que acredite las labores supuestamente realizadas durante la suspensión. De otro lado, respecto de la experiencia de la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris, precisa que su cuestionamiento no está referido a una supuesta falta de exclusividad o incompatibilidad horaria, sino a que la constancia consigna un periodo ininterrumpido de prestación efectiva sin excluir los periodos de suspensión. En ese sentido, señala que la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, mediante Oficio N° 637-2026- MDVK/A, del 28 de octubre de 2026, informó que no existe documentación, registro ni aprobación formal que acredite que la citada profesional haya laborado o prestado servicios en dicha obra. Finalmente, sostiene que el contrato de locación de servicios presentado por el Consorcio Lude no desvirtúa la inexactitud de la información contenida en la constancia de trabajo, pues considera que existe evidencia suficiente de que la ingeniera no participó como especialista SOMMA en la obra cuestionada. iii. Sobre la presunta información inexacta contenida en el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (folio 86) [experiencia 2]: señala que el Consorcio Lude presentó las Cartas N° 006-2026-CCH/KWS-RC y N° 044-2026-MDA-LM-GRURI/IFAA-G, ambas del 15 de octubre de 2026, para acreditar que la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios efectivos durante todo el periodo certificado. Al respecto, sostiene que la primera carta constituye una declaración unilateral que no está respaldada por documentación objetiva que acredite las labores realizadas durante la suspensión de la obra; mientras que la segunda únicamente confirma que la profesional se desempeñó como especialista en seguridad, sin precisar si continuó ejerciendo sus funciones durante dicho periodo. Asimismo, respecto del Oficio N° 395-2026-MDA-LM/AL del 23 de octubre de 2026, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Anco-La Mar confirmó que la ingeniera prestó servicios desde el 14 de mayo de 2025 hasta la culminación de la obra, precisa que los informes presentados como sustento corresponden al 31 de mayo y 4 de diciembre de 2025, fechas que no comprenden el periodo de suspensión, ocurrido entre el 1 y el 16 de julio de 2025. En consecuencia, considera que tanto las cartas presentadas por el Consorcio Lude como la documentación remitida por la Municipalidad no acreditan objetivamente que la ingeniera continuara desempeñando las funciones propias de su cargo durante el periodo de suspensión de la obra. Sobre los cuestionamientos efectuados a su oferta iv. Señala que, mediante escrito del 26 de octubre de 2026, el Consorcio Lude presentó un supuesto informe interno de la Entidad contratante, obtenido a través de una solicitud de acceso a la información, con el cual cuestionaría la fecha de culminación de uno de los servicios acreditados en sus certificados. Al respecto, sostiene que el Consorcio Lude no sustentó oportunamente la supuesta inexactitud de dichos certificados, pues en su escrito de absolución únicamente formuló afirmaciones genéricas, sin aportar elementos objetivos que acreditaran sus cuestionamientos. Asimismo, considera que el documento presentado posteriormente es extemporáneo y carece de valor probatorio, pues no constituye una respuesta oficial de la Entidad contratante, no cuenta con firma ni sello de algún funcionario y el trámite de acceso a la información aún figuraba como “en proceso”.

• De otro lado, respecto del certificado cuestionado, señala que su contenido

se encuentra respaldado por el Acta de Inicio del Servicio, suscrita el 14 de septiembre de 2021, en la que se estableció un plazo de 45 días calendario, cuya culminación correspondía al 29 de octubre de 2021. Por ello, considera que dicho documento desvirtúa el supuesto informe presentado por el Consorcio Lude. Finalmente, solicita que el cuestionamiento sea desestimado por extemporáneo y carente de sustento probatorio, y cuestiona la actuación del Consorcio Lude por considerar que habría incurrido en mala fe procesal, reservándose el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.

• Por Decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del numeral 311.1 del

artículo 311 y numeral 313.2. del artículo 313 del Reglamento.

II. FUNDAMENTACIÓN

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT3 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuya cuantía de contratación asciende al monto de S/ 590,000.00 (quinientos noventa mil con 00/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT4 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación de las ofertas del Consorcio Lude (postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) y del Adjudicatario, y la buena pro otorgada a favor de este último. En consecuencia, se advierte que los actos materia de impugnación no se encuentran comprendidos dentro de la relación de actos inimpugnables 3 Unidad Impositiva Tributaria. 4 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En aplicación a lo dispuesto en los precitados artículos, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 28 de septiembre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de octubre del mismo año. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito s/n presentado el 9 de octubre de 2026 a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo descrito en el artículo 304 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece

suscrito por el gerente general del Impugnante, el señora Luis Alberto Aguilar Huamán, conforme al certificado de vigencia de poder cuya copia obra en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De los resultados del procedimiento de selección, se advierte que el Impugnante

ocupó el tercer lugar en el orden de prelación, es decir, no tiene la condición de no admitido o descalificado; razón por la cual, carece de objeto analizar la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador

de la buena pro del procedimiento de selección, por cuanto su oferta ocupó el tercer lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que: i) se

descalifique la oferta del Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, ii) se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y, iii) se otorgue la buena pro a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Sobre el particular, la decisión de la Entidad contratante de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar dicho acto.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PETITORIO
• El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente:
• Se descalifique la oferta del Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo

lugar en el orden de prelación.

• Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se revoque el

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Se otorgue la buena por a su favor.

Por su parte, de la revisión de la absolución del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Lude (quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque el puntaje otorgado al Impugnante en el factor de evaluación

“Experencia adicional del personal clave”.

• Se descalifique la oferta del Impugnante.
• Se declare infundado el recurso.

Debe precisarse que, hasta la fecha en que se emite la presente Resolución, el Adjudicatario no presentó su absolución al presente procedimiento recursivo.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad contratante y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través de la Pladicop.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 12 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE5, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 del mismo mes y año. Sobre el particular, de la revisión del expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 1 presentado el 15 de octubre de 2026 a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, el Consorcio Lude presentó su escrito de apersonamiento, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando argumentos a fin de rebatir los cuestionamientos formulados a su oferta, así como nuevos cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante en la determinación de los puntos controvertidos. Sin perjuicio de lo señalado, se advierte que el Consorcio Lude cuestionó la veracidad del Certificado del 22 de noviembre de 2021 y del Certificado del 29 de mayo de 2023, presentados en la oferta del Impugnante, alegando presunta información inexacta. No obstante, al respecto, únicamente manifestó que se encontraba a la espera de la respuesta de la Entidad contratante, sin desarrollar las razones que sustentarían su cuestionamiento. Por tanto, al no haber expuesto, en su escrito de absolución presentado en el plazo establecido, argumentos concretos que permitan analizar dicho extremo, estos no serán considerados para la determinación de los puntos controvertidos. 5 De acuerdo al literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos

controvertidos a dilucidar son los siguientes:

• Determinar si el Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo lugar en el

orden de prelación, presentó en su oferta documentación que vulnere el principio de presunción de veracidad; y si, como consecuencia de ello, debe descalificarse la misma. ii. Determinar si corresponde descalificar de la oferta del Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, por incumplir el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. iii. Determinar si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que vulnere el principio de presunción de veracidad; y si, como consecuencia de ello, debe descalificarse la misma; y, por su efecto, revocar la buena pro del procedimiento de selección. iv. Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado a la oferta del Impugnante, en el factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”; en atención al cuestionamiento efectuado por el Consorcio Lude.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el

procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. No obstante, resulta pertinente analizar en forma previa, la existencia de un posible vicio en la convocatoria del procedimiento de selección, que podría afectar su validez, y el cual tiene incidencia en el análisis del segundo punto controvertido. Cuestión Previa: Sobre el presunto vicio de nulidad advertido en el procedimiento de selección.

• De manera previa a efectuar el análisis de fondo de los puntos controvertidos, es

necesario dilucidar primero si se ha producido el posible vicio de nulidad en las bases integradas que se trasladó mediante Decreto del 26 de octubre de 2026; por cuanto, está vinculado con el análisis del segundo punto controvertido.

• Al respecto, cabe señalar que, durante el transcurso del presente procedimiento

recursivo, el Impugnante cuestionó la oferta del Consorcio Lude, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, concretamente, sobre el cumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”.

• En ese contexto, este Colegiado procedió a revisar lo previsto en las bases

integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el comité al momento de analizar las ofertas y conducir el procedimiento. Al respecto, en el literal A “Experiencia del postor en la especialidad” del numeral 3.5. “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se estableció lo siguiente:

Conforme se aprecia, los postores debían acreditar para dicho requisito de calificación un monto facturado equivalente a S/ 1’500,000.00 (un millón con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, definiéndose estos de la siguiente manera: “Construcción, y/o Creación, y/o Instalación, y/o Rehabilitación, y/o Mejoramiento, y/o Mantenimiento, y/o Reparación y/o Ampliación de: obras civiles (carretera, puentes, hidráulicas) y/o hidráulicas, y/o estabilización de taludes, y/o movimiento de tierras, y/o encauzamiento de ríos y/o defensas ribereñas y/o construcción rehabilitación de bocatomas”. Cabe resaltar que el objeto de la convocatoria del procedimiento de selección es la contratación del servicio de reparación de barraje en la bocatoma de la central hidroeléctrica Santa Leonor.

• Bajo tal contexto, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo dispuesto

en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la Dirección General de Abastecimiento (DGA) de Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores.

• Atendiendo a dicha disposición, es importante verificar en las bases estándar para

el concurso público de servicios, aplicables al presente caso, lo establecido respecto al requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. Para ello, corresponde citar la parte pertinente de dicho documento estándar, el cual se reproduce a continuación: Como se advierte, las bases estándar aplicables para el presente caso sobre las cuales se debían elaborar las bases integradas del procedimiento de selección establecen expresamente que se deben consignar los servicios similares al objeto convocado para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

• Ahora bien, de acuerdo al Anexo I. - Definiciones del Reglamento, un servicio es

una “actividad o labor que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. La mención a consultoría se entiende que alude a consultoría en general y consultoría de obras”. Por otro lado, una obra es definida como “Construcción, reconstrucción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, demolición, remodelación, refacción y cualquier contratación que requiera expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y/o equipos, relacionados al componente de edificación o infraestructura”.

• De esa manera, se evidencia que las bases integradas establecieron como objeto

de la convocatoria la contratación de un servicio, consistente en el “Servicio de reparación de barraje en la bocatoma de la central hidroeléctrica Santa Leonor”, no obstante, se consideraron como “servicios similares”, trabajos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y ampliación de obras civiles, que, atendiendo a su naturaleza, corresponden a la ejecución de obras. En ese sentido, se aprecia que la Entidad contratante incorporó como servicios similares prestaciones que no comparten la naturaleza del objeto de la convocatoria, apartándose de lo establecido en las bases estándar aplicables, las cuales exigen consignar los servicios similares al objeto convocado para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. Por tanto, dicha situación evidencia una deficiencia en la elaboración de las bases integradas.

• En esa línea, queda claro que dicho defecto advertido en las bases integradas, esto

es, haber consignado como objeto de la convocatoria la contratación de un servicio y como “servicios similares” trabajos correspondientes a una obra, incide en la observancia del principio de transparencia y facilidad de uso, regulado en el literal i) del artículo 5 de la Ley, en virtud del cual las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a la información, basados en reglas y criterios claros y accesibles, lo cual no puede alcanzarse con deficiencias en las bases, como aquellas reseñadas. Es importante acotar que, entre otros, dicho principio sirve no solo de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su Reglamento, sino también de parámetro para la actuación de quienes intervienen en las diferentes etapas de la contratación pública, entre ellos, de los órganos evaluadores como el comité, el cual, al momento de elaborar las bases del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe observar que la información contenida en las bases sea clara y coherente en todos sus extremos, máxime si se tiene en cuenta que, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha enfatizado que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones.

• En ese contexto, en virtud de la facultad dispuesta en el numeral 313.2 del artículo

313 del Reglamento, este Tribunal requirió a las partes y a la Entidad contratante, con Decreto del 26 de octubre de 2026, pronunciarse sobre el posible vicio de nulidad advertido en las bases del procedimiento de selección.

• Al respecto, la Entidad contratante manifestó que el comité no aplicó el sistema

de clasificación de especialidades y subespecialidades previsto para las contrataciones de obras, sino que estableció la definición de servicios similares atendiendo a un criterio de similitud técnica, sustentado por el Departamento de Operación y Mantenimiento, en su condición de área usuaria. Precisó que el objeto de contratación corresponde a un servicio especializado de reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica existente, cuya finalidad es recuperar las condiciones de funcionamiento del barraje, colchón disipador, compuerta de limpia y demás componentes afectados por procesos de erosión y socavación, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Central Hidroeléctrica Santa Leonor. Asimismo, indicó que el requerimiento contempla el sistema de entrega de gestión de instalaciones, previsto en el literal e) del artículo 129 del Reglamento, el cual comprende prestaciones relacionadas con la operación y/o mantenimiento de infraestructura. En cuanto a la complejidad técnica, indicó que, conforme a las partidas y metrados previstos en los términos de referencia, la ejecución del servicio comprende actividades especializadas de excavación, demolición controlada, sostenimiento de estructuras, colocación de concreto armado, acero de refuerzo, protección hidráulica y desvío temporal del cauce. Por ello, sostuvo que, si bien la contratación se denomina servicio, requiere capacidades especializadas en ingeniería civil e hidráulica, tecnología del concreto, estabilidad estructural, control de erosión y socavación, gestión de maquinaria, personal técnico y seguridad durante la ejecución. En ese sentido, consideró que la definición de servicios similares consignado en las bases integradas, responden a las capacidades técnicas necesarias para ejecutar la prestación. Añade que la experiencia es la destreza adquirida por la habitual ejecución de una prestación, independientemente de su denominación formal, conforme al criterio recogido en el Pronunciamiento N° 000071-

2026/OECE-DSAT.

De otro lado, respecto de las actuaciones preparatorias, señaló que efectuó una indagación básica de mercado, obtuvo cotizaciones de proveedores del rubro y contó con declaraciones de cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, precisó que no se registraron consultas ni observaciones, ni durante las cotizaciones ni en la etapa correspondiente del procedimiento de selección, respecto del requisito de experiencia del postor en la especialidad o de la definición de servicios similares. Señaló que en el Concurso Público de Servicios N° 01-2026-ADINELSA – Primera Convocatoria, correspondiente al servicio de enrocado de protección de la Central Hidroeléctrica Gorgor, en las bases se contemplaron una definición de servicios similares técnicamente comparable con la del procedimiento de selección. Al respecto, indicó que en dicho procedimiento se presentaron 5 ofertas, de las cuales 4 fueron admitidas, cumplieron los requisitos de calificación y accedieron a la evaluación técnica. Asimismo, precisó que entre los postores calificados se encontraban el Adjudicatario y el Impugnante, empresas que también participan en la controversia actual. Por tanto, consideró que dicho antecedente evidencia que una definición de experiencias similares de características comparables permitió la concurrencia efectiva de proveedores. En consecuencia, sostuvo que la definición de servicios similares cuenta con justificación técnica objetiva, pues responde a la naturaleza y complejidad de las prestaciones requeridas y a las capacidades especializadas necesarias para su ejecución. Asimismo, consideró que dicha definición favorece la concurrencia de proveedores. Finalmente, consideró que no corresponde declarar la nulidad del procedimiento sin que se identifique un vicio trascendente que afecte su validez, debiendo privilegiarse la conservación del acto y los principios de libertad de concurrencia, competencia y valor por dinero.

• Por su parte, el Impugnante sostuvo que no existe vicio que justifique una eventual

declaratoria de nulidad, pues las bases integradas detallaron los servicios similares, conforme al criterio del área usuaria, los cuales guardan relación con el objeto de contratación, referido a la reparación del barraje de una bocatoma. Por tanto, consideró que no existió omisión en la definición de servicios similares ni vulneración de las bases estándar, toda vez que no se agregó ni omitió ningún requisito previsto en estas.

Asimismo, señaló que la definición de servicios similares busca garantizar el cumplimiento de los fines de la Entidad y promover una mayor concurrencia y competencia, al permitir que los postores acrediten experiencia tanto en servicios como en obras similares. Añadió que dicha definición comprende expresamente actividades de reparación, vinculadas con el objeto de contratación, por lo que no corresponde limitar la experiencia únicamente a servicios u obras. De otro lado, sostuvo que no se vulneraron los principios de transparencia y facilidad de uso, pues las bases integradas contenían reglas claras y accesibles, que fueron aceptadas por los participantes. Al respecto, indicó que, durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, ningún participante cuestionó la definición de servicios similares, conforme consta en el Acta de no Formulación de Consultas y Observaciones del 9 de septiembre de 2026. En ese sentido, consideró que las bases no contenían reglas ambiguas, contradictorias o confusas que restringieran la concurrencia; por el contrario, permitieron una mayor participación de proveedores al admitir experiencia tanto en servicios como en obras similares. Por ello, solicitó que prevalezcan los principios de eficacia y eficiencia, evitando una declaratoria de nulidad que ocasionaría gastos y retrasos en la contratación, incluso con el riesgo de que el procedimiento no pueda convocarse nuevamente durante el presente año por razones presupuestales o por los efectos del Fenómeno El Niño. En consecuencia, consideró que no existe un vicio trascendente que justifique la nulidad del procedimiento de selección, por lo que solicita conservar el acto administrativo y continuar con el procedimiento de apelación, a fin de que, en su oportunidad, se declare fundado su recurso de apelación.

• Al respecto, en cuanto a lo señalado por la Entidad contratante, referido a que la

definición de servicios similares fue establecida atendiendo a un criterio de similitud técnica, sustentado por el área usuaria, cabe precisar que, si bien corresponde a esta última determinar las condiciones de la prestación requerida, dicha facultad debe ejercerse observando las disposiciones normativas y las bases estándar aplicables al procedimiento de selección. En esa línea, corresponde distinguir entre las actividades necesarias para ejecutar el servicio objeto de contratación y la naturaleza de las prestaciones que pueden ser consideradas como experiencias similares para acreditar el requisito de calificación. En tal sentido, el hecho de que el servicio comprenda actividades de carácter constructivo no habilita a la Entidad a considerar indistintamente experiencias correspondientes a ejecución de obras, pues las bases estándar aplicables exigen que la experiencia del postor en la especialidad esté referida a servicios similares al objeto convocado. Asimismo, la incorporación del sistema de entrega de gestión de instalaciones, previsto en el literal e) del artículo 129 del Reglamento, no exime a la Entidad de observar las disposiciones que regulan la elaboración de las bases. En igual sentido, el hecho de que en otro procedimiento de selección se haya utilizado la definición de servicios similares al igual que en el procedimiento convocado y se haya obtenido concurrencia de proveedores no acredita la legalidad de las disposiciones cuestionadas en el presente caso ni subsana la deficiencia advertida por esta Sala. De otro lado, respecto al Pronunciamiento N° 000071-2026/OECE-DSAT citado, cabe precisar que este fue emitido en el marco de un caso particular, por lo que sus consideraciones deben analizarse atendiendo a las circunstancias que lo sustentaron. Por su parte, respecto a lo señalado por el Impugnante, cabe precisar que el cuestionamiento de este Colegiado no radica en la falta de vinculación técnica de las prestaciones incorporadas con el objeto de contratación, sino en que, habiéndose convocado un procedimiento para la contratación de servicios, se incluyeron como experiencias similares actividades propias de la ejecución de obras. En ese sentido, la finalidad de promover la concurrencia de postores no habilita a la Entidad contratante a apartarse de las disposiciones de las bases estándar, las cuales exigen que la experiencia del postor en la especialidad esté referida a servicios similares al objeto convocado.

• De acuerdo a lo expuesto, ha quedado acreditada la vulneración a lo dispuesto en

el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, pues, como se ha indicado, en las bases integradas del procedimiento de selección se contravino lo expresamente prohibido en las bases estándar para la experiencia el postor en la especialidad.

• En este punto, es pertinente traer a colación que, del artículo 70 de la Ley, se

desprende que la nulidad puede ser declarada por el Tribunal, solo en los casos que conozca por interposición de recurso de apelación, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento y prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco.

• Siendo así, en el presente caso, se ha verificado que, con ocasión de la elaboración

de las bases, se ha vulnerado el principio de transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, además de la disposición prevista en el artículo 55 del Reglamento.

• En dicho escenario, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pueda viciar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la nulidad del acto administrativo puede encontrarse motivada por la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha situación afecte la decisión final tomada por la administración. Al respecto, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional”6. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 6 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo I; p. 566.

• Cabe señalar, que el vicio advertido por este Tribunal resulta trascendente y, por

tanto, no es posible conservarlo, toda vez que, en principio se trata de una vulneración normativa. El vicio advertido se encuentra materializado en la inobservancia de lo dispuesto en una disposición expresa del Reglamento, contenida en el artículo 55 del Reglamento; es decir, el vicio se configura, no solo por el hecho de no haber observado las instrucciones contenidas en las bases estándar, sino por haber, con ello, inobservado normas reglamentarias. Cabe señalar que la figura de la conservación del acto administrativo está referida a vicios intrascendentes referidos a los requisitos de validez del acto administrativo (considerados como causal de nulidad por el literal c) del artículo 10 del TUO de la LPAG), lo que no ocurre cuando la afectación está referida a incumplimientos de normas reglamentarias (considerados como causal de nulidad por el literal a) del artículo 10 del TUO de la LPAG). Entonces, más allá de las afectaciones o incidencias que haya ocasionado el vicio en el procedimiento de selección, un incumplimiento a una norma reglamentaria, además de estar referida a una causal de nulidad no conservable (literal a del artículo 10 del TUO de la LPAG: contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias), evidentemente, sí resulta trascendente.

• Por tanto, en atención a la potestad otorgada a este Tribunal en el artículo 70 de

la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del

artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del

procedimiento de selección y retrotraerlo hasta su etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, para lo cual la Entidad contratante deberá tener en consideración lo siguiente:

• Con ocasión de la reformulación de las bases del procedimiento de

selección, se deberá verificar que las demás disposiciones de dichas bases se encuentren acorde a los lineamientos que prevén las bases estándar aplicables, a efectos de no incurrir en mayores vicios que puedan generar nuevamente la nulidad del procedimiento de selección, en observancia de los principios que rigen la contratación pública enumerados en el artículo 5 de la Ley.

Así, corresponde que la Entidad contratante efectúe una revisión integral del texto de las bases, considerando las disposiciones de las bases estándar, procurando que no se incluyan exigencias que vulneren la normativa de contratación pública, especialmente los principios que la regulan

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá a la

etapa de su convocatoria y que, eventualmente, de considerarlo, los postores presentarán sus ofertas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad contratante la presente Resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte al comité y a las áreas que intervengan en la elaboración de los documentos que recogen las bases, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la

nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Tutela de interés público

• Sin perjuicio de la nulidad del procedimiento de selección según lo señalado en los

fundamentos precedentes, el Impugnante ha señalado que el Consorcio Lude (quien inicialmente ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) y el Adjudicatario habrían presentado documentación con información inexacta como parte de sus ofertas, a efectos de acreditar el requisito de calificación experiencia del personal clave. Dichos documentos serían los siguientes:

[Cuadro 1] Oferta del Consorcio Lude N° Documento Folio 1 Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme. 2 Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris. 3 Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris. [Cuadro 2] Oferta del Adjudicatario N° Documento Folio 1 Certificado de trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos. 2 Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila. 3 Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila. 4 Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila.

• Preliminarmente, resulta necesario recordar que el TUO de la LPAG, consagra el

principio de presunción de veracidad de los documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento administrativo, debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos que afirman. No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida presunción. De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los documentos y declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan de la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo que exista prueba en contrario. En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa de contrataciones del Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en los documentos y/o declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por los administrados, dando lugar a las acciones previstas

• En este punto, es preciso indicar que la información inexacta supone un contenido

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. Respecto del constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024 obrante en el folio 87 de la oferta del Consorcio Lude [consignado en el numeral 2 del Cuadro 1]

• Al respecto, el Impugnante señaló que, de la información obtenida de la

plataforma Infobras, identificó el acta de verificación y recepción de obra del 17 de octubre de 2024, en la que se consigna que existieron dos periodos de suspensión en la obra “Mejoramiento del Camino Vecinal entre los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso del Distrito de Villa Kintiarina - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco”, siendo los siguientes: i) del 6 de junio al 8 de julio de 2024 y, ii) del 12 al 20 de agosto de 2024. En tal sentido, sostuvo que la constancia cuestionada contiene información inexacta, pues consigna un periodo continuo de experiencia que comprende fechas en las que la obra se encontraba paralizada y/o suspendida, lo que no se condice con la realidad.

• Frente a dicho cuestionamiento, el Consorcio Lude presentó la carta s/n del 15 de

octubre de 2026, emitida por la empresa Grupo Alova S.A.C. integrante del Consorcio Vial Villasol (emisor de la constancia cuestionada), mediante la cual ratifica la plena validez de la constancia, manifestando que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios continuos y efectivos a favor del consorcio durante el 18 de marzo al 6 de septiembre de 2024, inclusive en los lapsos de suspensión temporal de la obra (del 6 de junio al 8 de julio de 2024, y del 12 al 20 de agosto de 2024), ejecutando labores permanentes de actualización y seguimiento del Plan SSOMA, monitoreo preventivo y control ambiental en el área del proyecto. Indicó que en obras viales de selva y sierra, como el caso de Villa Kintiarina, cuando las partidas constructivas físicas se suspenden temporalmente por factores climáticos (precipitaciones pluviales, desbordes o contingencias geológicas), las obligaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente no desaparecen ni se suspenden; por el contrario, se intensifican. Sostuvo que por mandato legal y contractual, el Consorcio Vial Villasol requirió el mantenimiento ininterrumpido de los servicios de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris a fin de no incurrir en infracciones ambientales ni de seguridad laboral frente a los entes fiscalizadores (OEFA, SUNAFIL, OSINERGMIN o la propia entidad). En consecuencia, señaló que la constancia cuestionada refleja con absoluta exactitud la realidad material del servicio efectivamente contratado, ejecutado y pagado.

• En ese contexto, este Colegiado efectuó un requerimiento de información a la

Municipalidad Distrital Villa Kintiarina, a fin de que, como entidad contratante de la mencionada obra, confirme la participación de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris, así como los periodos de suspensión de plazo que hubieran tenido lugar. En respuesta, mediante Oficio N° 0637-2026-MDVK/A del 23 de octubre de 2026 [con registro N° 40877], que adjunta el Informe N° 0280-2026-MDVK/ULSA- EMQH, presentados el 28 del mismo mes y año a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Municipalidad Distrital Villa Kintiarina manifestó que su Unidad de Logística y Servicios Auxiliares realizó una búsqueda exhaustiva en los expedientes de contratación correspondientes a la Adjudicación Simplificada N° 38-2023-MDVK/CS-1, convocada para la ejecución de la obra “Mejoramiento del camino vecinal entre los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso del distrito de Villa Kintiarina”, siendo que, luego de revisar las ofertas presentadas, los contratos de ejecución, los informes mensuales de supervisión de obra, los tareos de personal, las planillas y los asientos del cuaderno de obra, determinó que no existe documento, registro ni aprobación formal que acredite que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris haya laborado o prestado servicios en la referida obra ni en su entidad municipal. Asimismo, precisó que el documento objeto de fiscalización consiste en una constancia de trabajo de carácter privado, emitida y suscrita por la Sra. Nancy Quispe Najarro, en su condición de representante común del Consorcio Vial Villasol. Sobre el particular, indicó que no existe constancia ni aprobación de designación interna que vincule formalmente a la referida profesional con el contratista ante su Municipalidad. En ese sentido, manifestó que, al no haber sido emitida la constancia por alguna unidad orgánica o funcionario de la Municipalidad Distrital de Villa Kintiarina, se encuentra imposibilitada de ratificar o certificar su contenido, toda vez que no cuenta con documentación en sus archivos que respalde la prestación de servicios alegada.

• En tal sentido, conforme a la respuesta proporcionada por la Municipalidad

Distrital de Villa Kintiarina, no resulta posible establecer que la constancia cuestionada contenga información inexacta, toda vez que la ausencia de registros en los archivos de dicha entidad no acredita, por sí misma, que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris no haya participado en la ejecución de la obra, más aún cuando el Consorcio Lude ha presentado la carta s/n del 15 de octubre de 2026, emitida por Grupo Alova S.A.C., integrante del Consorcio Vial Villasol, mediante la cual se ratifica el contenido de la constancia cuestionada y sostiene que la referida profesional prestó servicios durante el periodo consignado, incluso durante las suspensiones de la obra. En ese contexto, este Colegiado considera que la información disponible no permite determinar, con certeza, la inexactitud de la constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, obrante en el folio 87 de la oferta del Consorcio Lude,

amparada, en principio, por la presunción de veracidad, cuya desvirtuación requiere contar con elementos probatorios suficientes. Por tanto, este Colegiado considera pertinente disponer que la Entidad contratante efectúe la fiscalización posterior del referido certificado, a fin de esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló la prestación de servicios alegada, especialmente durante los periodos de suspensión de la obra, y determine su veracidad, considerando tanto la información proporcionada por la Municipalidad Distrital Villa Kintiarina como la documentación presentada por el Consorcio Lude. Respecto del certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2027, obrante en el folio 86 de la oferta del Consorcio Lude [consignado en el numeral 3 del Cuadro 1]

• Sobre este cuestionamiento, el Impugnante indicó que en el folio 86 de la oferta

del Consorcio Lude obra el Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris por haber laborado como Especialista en Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho” del 14 de mayo al 30 de junio de 2025 y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025. Al respecto, señaló que, de la información obtenida de la plataforma Infobras, en la Resolución de Alcaldía N° 053-2026-MDA-LM/A del 25 de febrero de 2026 se aprecia que la mencionada obra tuvo un periodo de suspensión del 1 de junio al 16 de julio de 2025. En tal sentido, sostuvo que el certificado cuestionado contiene información inexacta, pues consigna un periodo continuo de experiencia que comprende fechas en las que la obra se encontraba paralizada y/o suspendida, lo que no se condice con la realidad.

• Frente a dicho cuestionamiento, el Consorcio Lude presentó la Carta N° 006-2026-

CCH/KWLS-RC del 15 de octubre de 2026, emitida por el Consorcio Chaupimayo, emisor del certificado cuestionado, mediante la cual confirma la autenticidad y veracidad de la información contenida en dicho documento, así como los periodos laborados por la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris, precisando que, durante la suspensión temporal de la obra, la referida profesional permaneció en sus instalaciones, realizando labores de custodia, actividades preventivas y gestión documental. Asimismo, hizo referencia a la Carta N° 044-2026-MDA-LM-DURL/IFAA-G del 15 de octubre de 2026, emitida por la Municipalidad Distrital Anco – La Mar, mediante la cual dicha entidad comunica que, la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios como Especialista en Seguridad y Salud en la Obra en la ejecución de la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho”, durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo hasta la culminación de obra, conforme al Informe N° 06-2025/LLCA-ESST presentado el 4 de diciembre de 2026.

Indicó que la obra correspondía a una infraestructura vial crítica, pues se trataba de la obra “Renovación de Puente; en la Red Vial AY-569 Rosario Pampa – San Vicente 'Puente Chaupimayo” (CUI 2640381). Al respecto, señala que un puente sobre un cauce hídrico activo que conecta dos comunidades no puede ser abandonado intempestivamente al decretarse la suspensión de las partidas constructivas. Sostuvo que al suspenderse el avance constructivo físico el 01 de junio de 2025 (por factores de caudal hídrico y adecuación técnica), el consorcio ejecutor mantuvo en campo y en gabinete a la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris hasta el 30 de junio de 2025 para cumplir con obligaciones legales y ambientales de estricto cumplimiento. Añadió que el Impugnante no ha demostrado que la Ing. Cayllahua Auris no haya trabajado para el consorcio en junio de 2025, por cuanto únicamente ha citado un cuadro de fechas de suspensión de obra física.

• En ese contexto, este Colegiado efectuó un requerimiento de información a la

Municipalidad Distrital de Anco – La Mar, a fin de que, como entidad contratante de la mencionada obra, confirme la participación de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris, así como los periodos de suspensión de plazo que hubieran tenido lugar. En respuesta, mediante Oficio N° 395-2026-MDA-LM/AL del 22 de octubre de 2026 [con registro N° 40202], presentado el 23 del mismo mes y año a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, que adjunta el Informe N° 364-2026-MDA- LM-GDRI/JFAA-G, la Municipalidad Distrital de Anco – La Mar manifestó que la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris prestó servicios como Especialista en Seguridad y Salud en la obra “Renovación de Puente; en el (la) Red Vial AY-569 Rosario Pampa- San Vicente “Puente Chaupimayo” distrito de Anco, provincia La Mar, departamento Ayacucho”, desde el 14 de mayo de 2025 hasta la culminación de la obra, tal como se muestra en el Informe N° 06-2025/LLCA-ESST del 4 de diciembre de 2025 que adjunta. Asimismo, indicó que la participación de la referida profesional se encuentra respaldada por los informes correspondientes a las actividades que desarrolló en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. En ese sentido, confirmó la veracidad de la información relativa a su participación en dicha obra, así como la correspondencia de los informes presentados con los antecedentes documentarios que obran en su poder.

• En tal contexto, en autos no se cuentan con elementos de juicio de los cuales se

advierta inexactitud del certificado cuestionado; por lo tanto, en virtud del principio de presunción de veracidad, este Tribunal debe presumir su veracidad, en tanto no se cuenta con evidencia en contrario. Respecto de la Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021, obrante en el folio 121 de la oferta del Adjudicatario [consignado en el numeral 4 del Cuadro 2]

• Al respecto, el Impugnante indicó que en el folio 121 de la oferta del Adjudicatario

obra la Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila por haber laborado como Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en ejecución del servicio “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal EMP. 105 Suro – La Morada – Tres Ríos, distrito de Otuzco, provincia de Otuzco – La Libertad” del 15 de junio de 2021 al 20 de octubre de 2021. Señaló que, de la información obtenida de la plataforma Infobras, identificó el Acta de Acuerdos – Suspensión de Plazo de Ejecución N° 4 del 18 de febrero de 2022, en la que se consigna que la ejecución de la obra estuvo suspendida del 4 al 18 de junio de 2021 y del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2021. En ese sentido, cuestionó que la constancia acredite un periodo de experiencia continuo, pese a las suspensiones registradas durante la ejecución de la obra.

• Cabe precisar que, el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento

recursivo; por lo que, en el expediente administrativo, no obra alegatos frente al cuestionamiento planteado por el Impugnante a su oferta.

• Ahora bien, atendiendo a lo señalado por el Impugnante, este Colegiado efectuó

un requerimiento de información a la Municipalidad Provincial de Otuzco, a fin de que, como entidad contratante de la mencionada obra, confirme la participación del Ing. Gian Marco Castillo Ávila, así como los periodos de suspensión de plazo que hubieran tenido lugar. En respuesta, a través del Oficio N° 029-2026-MPO-OGA/OA del 30 de octubre de 2026 [con registro N° 41258], que adjunta el Informe N° 007-2026- MPO/OGACyGC/AC/MASR, presentados en la misma fecha a través de la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Municipalidad Provincial de Otuzco manifestó que su responsable de archivo central realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en el acervo documentario fisico y digital disponible, y como resultado de la búsqueda realizada, informó que no se logró ubicar documentación que permita acreditar la participación efectiva del Ing. Gian Marco Castillo Ávila en la ejecución de la obra en mención. Asimismo, señaló que no fue posible verificar la información consignada en la constancia de trabajo de fecha 26 de octubre de 2021, emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. No obstante, indicó que el archivo central informó que se encontró un Contrato de Locación de Servicios correspondiente al señor Monzón de la Cruz José Artemio, profesional de Ingeniería Civil, quien habría prestado servicios como Ingeniero Especialista en Seguridad de la obra consultada.

• Conforme se aprecia, la Municipalidad Provincial de Otuzco ha señalado que, pese

a la búsqueda efectuada en su acervo documentario, no encontró documentación que permita acreditar la participación del Ing. Gian Marco Castillo Ávila en la ejecución de la obra consultada. Asimismo, informó que encontró un contrato de locación de servicios suscrito con otro profesional, quien habría desempeñado funciones como Ingeniero Especialista en Seguridad. En ese contexto, este Colegiado considera que la información proporcionada por la Municipalidad Provincial de Otuzco constituye un elemento que amerita una mayor verificación respecto de la participación del referido profesional. Por tanto, resulta necesario contar con mayores elementos de juicio, considerando que los documentos que conforman la oferta se encuentran amparados, en principio, por la presunción de veracidad.

• En este punto, cabe señalar que este Colegiado requirió información a las

entidades contratantes de las obras vinculadas con los demás documentos cuestionados en el Cuadro 1 y 2, a fin de contar con mayores elementos de juicio para su análisis. Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, no han remitido respuesta a los requerimientos efectuados.

• Asimismo, cabe señalar que el Consorcio Lude, mediante Escrito N° 3 presentado

el 26 de octubre de 2026, manifestó que el Impugnante transgredió el principio de presunción de veracidad mediante la presentación del Certificado del 22 de noviembre de 2021, emitido a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza (folio 130 de la oferta del Impugnante).

• En ese contexto, cabe indicar que la perentoriedad y brevedad de los plazos de un

procedimiento de recurso de apelación, limita en gran medida la actividad probatoria que puede desplegar el Tribunal para llegar a la verdad material; motivo por el cual es necesario que, cuando en dicho procedimiento se ventilen supuestas transgresiones al principio de presunción de veracidad, las mismas sean evidentes, o se cuenten con elementos probatorios que acrediten, con fehaciencia, la inexactitud de un determinado documento. Por consiguiente, considerando que resulta relevante contar con suficientes medios de prueba que logren desvirtuar la presunción de veracidad de la que gozan, en principio, los documentos conformantes de una oferta; y atendiendo a lo expuesto en los fundamentos anteriores, la Sala considera pertinente disponer que la Entidad contratante realice el procedimiento de fiscalización de los siguientes documentos:

• Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del

Ing. Raúl Laurente Misarayme (obrante en el folio 97 de la oferta del Consorcio Lude). ii) Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris (obrante en el folio 87 de la oferta del Consorcio Lude). iii) Certificado de trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos (obrante en el folio 99 de la oferta del Adjudicatario). iv) Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (obrante en el folio 119 de la oferta del Adjudicatario).

• Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol

S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (obrante en el folio 120 de la oferta del Adjudicatario) vi) Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila (obrante en el folio 121 de la oferta del Adjudicatario). vii) Certificado del 22 de noviembre de 2021, emitido a favor del Ing. Gustavo Felipe Vega Meza (folio 130 de la oferta del Impugnante). Para dichos efectos, se le otorgará a la Entidad contratante el plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente resolución para que presente al Tribunal los resultados de dicha fiscalización, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad contratante, en caso de incumplimiento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres, y la intervención del Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y con la intervención de la Vocal Sonia Tatiana Angulo Reátegui, en reemplazo del Vocal Héctor Ricardo Morales González, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la NULIDAD del Concurso Público de Servicios N° 02-2026-

ADINELSA – Primera Convocatoria, convocado por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., para el “Servicio de reparación de barraje en la bocatoma de la central hidroeléctrica Santa Leonor”; por los fundamentos expuestos, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de su convocatoria, previa reformulación de las bases; conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por la empresa JLA Ingeniería y Construcción

S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante, a fin de

que se realicen las acciones de su competencia, conforme al fundamento 38, así como para las acciones de fiscalización posterior, conforme a lo señalado en el fundamento 57.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

ss. Flores Olivera, Llanos Torres, Angulo Reátegui.

VOTO EN SINGULAR DE LA VOCAL SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

La vocal que suscribe el presente voto, si bien comparte la decisión y los fundamentos de la posición mayoritaria; sin embargo, tiene una posición singular respecto de la tútela de interés público, por lo que estima necesario dejar constancia de la misma: “(...)

TUTELA DE INTERÉS PÚBLICO.

(…)

• Según lo señalado en los fundamentos precedentes, el Impugnante ha señalado

que el Consorcio Lude (quien inicialmente ocupó el segundo lugar en el orden de prelación) y el Adjudicatario habrían presentado documentación con información inexacta como parte de sus ofertas, a efectos de acreditar el requisito de calificación experiencia del personal clave. Dichos documentos serían los siguientes: [Cuadro 1] Oferta del Consorcio Lude N° Documento Folio 1 Certificado del 2 de enero de 2020, emitido por el Consorcio Ares a favor del Ing. Raúl Laurente Misarayme. 2 Constancia de trabajo del 8 de septiembre de 2024, emitida por el Consorcio Vial Villasol a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris. 3 Certificado de trabajo del 7 de noviembre de 2025, emitido por el Consorcio Chaupimayo a favor de la Ing. Lizbeth Cirila Cayllahua Auris. [Cuadro 2] Oferta del Adjudicatario N° Documento Folio 1 Certificado de trabajo del 1 de junio de 2026, emitido por la Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba a favor del Ing. Elder Arturo Yañez Campos. 2 Certificado de trabajo del 30 de enero de 2020, emitido por el Consorcio COINSO a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila. 3 Acta de conformidad de prestación de servicio (sin fecha) emitido por Jensol S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila. 4 Constancia de trabajo del 26 de octubre de 2021 emitida por la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. a favor del Ing. Gian Marco Castillo Ávila.

• Al respecto, se advierte que, en trascurso del recurso de apelación, la Sala requirió

información destinada a corroborar la supuesta inexactitud de los documentos descritos en los cuadros precedentes, de los cuales respecto del segundo y tercer documento del cuadro 1 y el cuarto documento del cuadro 2, las entidades remitieron parcialmente la información solicitada. No obstante, la suscrita no comparte la conclusión arribada por la mayoría, por cuanto considera un importante elemento a valorar la información y los documentos recabados de Infobras, por cuanto constituye información pública emanada de la ejecución misma de la obra, la cual es registrada por la propia Entidad contratante; sin embargo, en el caso en concreto, la suscrita considera inoficioso realizar dicho análisis, por cuanto no tendrá efecto sobre la decisión de la mayoría.

• Finalmente, respecto de los demás documentos cuestionados por el Impugnante,

cuya presunta inexactitud se sustenta en los cargos atribuidos a los profesionales, la suscrita concuerda con que se disponga continuar con la fiscalización posterior de dichos documentos; para tales efectos, se le otorgará a la Entidad contratante el plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente resolución para que presente al Tribunal los resultados de dicha fiscalización, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad contratante, en caso de incumplimiento

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

Vocal