Resolución N.° 9730-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) corresponde remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección, las cuales constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y, como tales, son de obligatorio cumplimiento tanto para los postores como para el comité, quien debe efectuar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas con estricta sujeción a las condiciones y exigencias establecidas en ellas”. Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7819/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ANDES, integrado por las empresas J & D LIDER COMPANY S.R.L. y DAMBEZ COMPANY E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de obras Nº 13-2026-MDPL-CS-1, para el “Mejoramiento y ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el caserío de Cruz de Mayo distrito de Pueblo Libre de la provincia de Huaylas del departamento de Ancash” CUI N° 2665020, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 23 de septiembre de 2026, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PUEBLO LIBRE - HUAYLAS, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de obras Nº 13-2026-MDPL-CS-1, para el “Mejoramiento y ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el caserío de Cruz de Mayo distrito de Pueblo Libre de la provincia de Huaylas del departamento de Ancash” CUI N° 2665020, con una cuantía de S/ 2,094,265.11 (Dos millones noventa y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 11/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento.

Según el cronograma del procedimiento de selección, el 2 de octubre de 2026 se presentaron las ofertas y, el 15 del mismo mes y año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO CRUZ DE MAYO integrado por las empresas D´COMPANY SAN SANTIAGO S.R.L. y CONSULTORA HIPERINGENIERIA E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de la cuantía, conforme a los siguientes resultados: Postor

ETAPAS

Orden Resultado Admisión Calificación Precio ofertado Puntaje Técnico MYPE Puntaje Total

CONSORCIO

CRUZ DE

MAYO

Admitido Califica S/ 2,094,265.11 100 - 100 1 Adjudicado

CONSORCIO

ANDES Admitido Descalificad Fuente: Acta de Evaluación publicada en el SEACE.

• Mediante escrito N° 1, subsanado con escrito N° 2, presentados el 22 y 26 de

octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO ANDES, integrado por las empresas J & D LIDER COMPANY S.R.L. y DAMBEZ COMPANY E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y se tenga por calificada su oferta; asimismo, se declare no admitida o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; en razón a los siguientes fundamentos: Sobre la descalificación de su oferta

• Señala que, durante la evaluación y calificación de las ofertas, el comité de

selección formuló observaciones a la documentación presentada para acreditar los requisitos de calificación, las cuales considera carentes de sustento legal, toda vez que, respecto de la experiencia del profesional SSOMA, considera que los certificados cuestionados por el comité permiten acreditar la experiencia exigida en las bases integradas. Asimismo, sostiene que las observaciones relacionadas con aspectos formales de dichos documentos no justifican su descalificación.

En cuanto a la experiencia del postor en la especialidad, cuestiona que el comité haya desconocido la documentación presentada para acreditar las prestaciones ejecutadas, pese a que, esta permitiría verificar los contratos, sus montos y la ejecución de las obras correspondientes. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario ii. Señala que el comité no formuló observaciones a la oferta del Consorcio Cruz de Mayo, pese a que, a su criterio, presenta diversas inconsistencias en los documentos utilizados para acreditar los requisitos de admisión y calificación. iii. Sostiene que el Anexo N.° 3 – Declaración jurada, obrante a folios 36 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, contiene adiciones que no estarían permitidas en el formato establecido en las bases integradas. Para sustentar su cuestionamiento, reproduce el documento presentado por dicho postor y lo compara con el formato correspondiente. Asimismo, cuestiona el Anexo N.° 6 – Oferta económica, obrante a folios 43 de la oferta, señalando que los detalles de los formatos habrían sido modificados respecto de lo establecido en las bases integradas. iv. Sobre la experiencia del postor en la especialidad, señala que el Consorcio Adjudicatario declaró cuatro experiencias en el Anexo N.° 11 – Experiencia del postor en la especialidad, respecto de las cuales formula los siguientes cuestionamientos:

• Primera experiencia: Cuestiona la documentación correspondiente al

Contrato N.° 028-2024-GRA-SRP-G, de fecha 10 de octubre de 2024, y su acta de inicio de obra, pues, según la información consultada en INFOBRAS, el avance físico registrado y la identificación del contratista no guardarían correspondencia con la documentación presentada. Asimismo, señala que existirían diferencias entre las fechas consignadas en los documentos y la información publicada sobre el inicio de la ejecución de la obra, para lo cual reproduce el acta de inicio correspondiente.

• Segunda experiencia: Cuestiona el Contrato N.° 098-2024-GM-MPS, de

fecha 9 de octubre de 2024, y la documentación relacionada con su ejecución y liquidación, en la medida que, el contrato habría tenido un plazo de 90 días calendario, con ampliaciones posteriores, y que el monto consignado en la resolución de liquidación sería de S/ 1,170,061.83. Alega que dicho importe no coincide con el monto declarado en el Anexo N.° 11, por lo que cuestiona la experiencia acreditada. Además, señala que, según la consulta efectuada en INFOBRAS, el contratista sería el Consorcio Santa Rosa.

• Tercera experiencia: Cuestiona la experiencia derivada del Contrato de

Ejecución de Obra N.° 015-2022-MDP, de fecha 27 de septiembre de 2022, pues sostiene que existen diferencias entre el monto contractual consignado en el contrato y el declarado en el Anexo N.° 11. Asimismo, observa la distribución de las obligaciones de los integrantes del consorcio ejecutor y considera que los porcentajes de participación no guardarían correspondencia con los montos atribuidos a cada integrante. Añade que, conforme a la promesa de consorcio reproducida, determinadas obligaciones vinculadas con la ejecución de la obra y la presentación de documentos habrían sido asignadas a distintos integrantes, aspecto que, a su criterio, debe considerarse al validar la experiencia.

• Cuarta experiencia: Cuestiona el Contrato de Ejecución de Obra N.° 01-

2024-MDM/GM, de fecha 4 de enero de 2024, pues, señala que la resolución de liquidación consigna un monto que no correspondería con el importe declarado como experiencia, por lo que cuestiona el cálculo realizado en el Anexo N.° 11. Asimismo, indica que, de acuerdo con INFOBRAS, el contratista registrado sería el Consorcio Yuracyacu y que el avance físico publicado no coincidiría con la ejecución declarada. Para sustentar su posición, reproduce información de INFOBRAS y documentación relacionada con la liquidación de la obra.

• Sobre la experiencia del personal clave – Residente de obra, cuestiona la

experiencia acreditada por el profesional propuesto como residente de obra, ingeniero Chávez Graza Julián Víctor, señalando que los documentos presentados contienen inconsistencias en la identificación del profesional, los periodos de prestación de servicios y las fechas de emisión de las constancias.

• Respecto del certificado de trabajo correspondiente a la obra de

mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego de los sistemas de riego de Ahuashata, Toropuru y Purushomonte, señala que existe una discrepancia entre el número de DNI consignado en dicho certificado y el documento de identidad que obra en la oferta, por lo que cuestiona su validez para acreditar la experiencia del profesional.

• Asimismo, cuestiona el certificado de trabajo emitido por el Consorcio

Posidón, al advertir diferencias entre el profesional identificado en la documentación contractual y el señalado en el certificado. Agrega que existirían inconsistencias entre el periodo de prestación del servicio y las fechas consignadas en los documentos que sustentan la experiencia.

• También observa diversas conformidades de servicio presentadas para

acreditar la experiencia del residente de obra, señalando que algunas no consignan una fecha exacta de emisión, sino únicamente el mes y año, lo cual, a su criterio, incumple las exigencias de las bases integradas. Entre ellas, identifica documentos obrantes a folios 226, 230, 234, 237 y 241 de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Por decreto del 27 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación.

Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en autos, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, el comprobante de depósito en Cta. Cte. N° 036000139 expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 2 de noviembre de 2026.

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 28 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y acreditó a sus representantes para la audiencia pública.

• Con decreto del 29 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por acreditado a sus representantes.

• Mediante escrito N° 2, presentado el 30 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante

• Respecto del certificado de Gladys Geovani Villachica Toscano, obrante a

folio 293 de la oferta del Consorcio Impugnante, señala que el comité actuó correctamente al no considerar la experiencia acreditada mediante el certificado emitido por el Consorcio Santa Ana, debido a que la obra corresponde a sistemas de riego tecnificado, clasificados dentro de la subespecialidad de obras rurales, y no a infraestructura para riego. Sostiene que dicha distinción se encuentra sustentada en la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, que establece las tipologías y clasificaciones aplicables. Agrega que el Consorcio Impugnante no ha demostrado que los sistemas de riego tecnificado se encuentren comprendidos expresamente en la subespecialidad exigida por las bases integradas. Considera que admitir una interpretación extensiva de dichas clasificaciones contravendría el principio de legalidad y las reglas definitivas del procedimiento.

ii. Respecto del certificado obrante a folio 292 de la oferta del Consorcio Impugnante, sostiene que el comité aplicó correctamente la clasificación establecida en la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, al distinguir la subespecialidad de infraestructura para encauzamiento de la correspondiente a infraestructura para riego. Invoca la Opinión N.° D000009-2026-OECE-DTN, señalando que la experiencia debe corresponder a la especialidad, subespecialidad y tipología exigidas. Añade que el Consorcio Impugnante no ha demostrado técnicamente que ambas subespecialidades sean funcionalmente equivalentes. Por ello, considera que no corresponde modificar la decisión del comité sobre la base de interpretaciones distintas de las previstas en la normativa y en las bases integradas. iii. Respecto del certificado o constancia de trabajo obrante a folio 289 de la oferta del Consorcio Impugnante, señala que el documento presenta inconsistencias sustanciales relacionadas con la identidad del emisor y la referencia contractual, pues se consignaría al Consorcio Canlasbamba y al Consorcio Obral, lo que impediría determinar con certeza su autenticidad y validez. Además, rechaza que dicha inconsistencia constituya un error formal subsanable, pues considera que afecta un elemento esencial del documento. Invoca el artículo 78 del Reglamento, señalando que únicamente pueden subsanarse errores materiales o formales que no alteren el contenido esencial de la oferta. Agrega que el postor es responsable de la veracidad de la documentación presentada, aun cuando los errores provengan de terceros. iv. Respecto del certificado obrante a folio 287 de la oferta del Consorcio Impugnante, emitido por ENCOTEC S.A.C., alega que el certificado no permite acreditar fehacientemente la experiencia del profesional, debido a que su suscriptor no contaría con facultades de representación de ENCOTEC S.A.C., circunstancia que, según indica, fue verificada mediante información de SUNAT. Asimismo, señala que no se presentó poder o delegación que lo autorizara a emitir certificaciones en nombre de dicha empresa.

Agrega que tampoco se presentó documentación que permita corroborar la participación del profesional, como contratos, designaciones o cuadernos de obra. Considera que estas deficiencias son sustanciales y no subsanables conforme al artículo 78 del Reglamento. Invoca la Opinión N.° 118-2018/DTN para sostener que la experiencia debe acreditarse documentalmente y de manera fehaciente.

• Respecto del certificado obrante a folio 295 de la oferta del Consorcio

Impugnante, manifiesta que el comité verificó en el Banco de Inversiones de Invierte.pe, mediante el Formato N.° 08-A, que la obra corresponde a riego tecnificado, clasificado en la subespecialidad de obras rurales, distinta de infraestructura para riego. Sostiene que la denominación de la obra o la referencia genérica al agua para riego no resultan suficientes para equiparar ambas subespecialidades. Invoca la Resolución N.° 1472-2017-TCE-S1 para sostener que los documentos deben acreditar expresamente la experiencia exigida. Añade que reconocer una equivalencia contraria a la clasificación oficial vulneraría el principio de transparencia y desnaturalizaría las disposiciones de la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01. vi. Respecto del certificado obrante a folio 296 de la oferta del Consorcio Impugnante, sostiene que la denominación de la obra, referida al mantenimiento y mejoramiento de un sistema de agua, no permite determinar objetivamente que corresponda a infraestructura para riego, pues podría encontrarse comprendida en otras tipologías. Considera necesaria su verificación en Invierte.pe e invoca las Resoluciones N.° 00936- 2025-TCE-S1 y N.° 0870-2025-TCE-S1, relacionadas con la acreditación de experiencia mediante documentos que permitan identificar las actividades efectivamente ejecutadas. vii. Agrega que la experiencia válida reconocida al profesional sería de un año y tres meses, insuficiente frente a los veinticuatro meses exigidos. Por ello, sostiene que el Consorcio Impugnante presenta un incumplimiento tanto cuantitativo como cualitativo, que no puede revertirse mediante la subsanación de su oferta. Sobre los cuestionamientos contra su oferta viii. Respecto del Anexo N.° 3 – Declaración jurada, sostiene que debe analizarse

fue presentado. Señala que no basta identificar expresiones o datos aislados, sino que debe demostrarse qué exigencia concreta de las bases integradas habría sido incumplida y cómo ello afectaría la validez del documento. ix. Respecto del Anexo N.° 6 – Oferta económica, menciona que el Consorcio Impugnante no habría identificado una omisión o contradicción sustancial respecto de las exigencias de las bases integradas. Agrega que, aun cuando existiera algún error, este no alteraría el contenido esencial de la oferta, por lo que considera que se trata de aspectos intrascendentes que no justifican su exclusión.

• Respecto de la primera experiencia – Contrato N.° 028-2024-GRA-SRP-G,

alega que las diferencias observadas entre la fecha del contrato, el acta de inicio de obra, la resolución contractual y la liquidación no demuestran, por sí mismas, que la experiencia sea inválida. Señala que dichos documentos cumplen finalidades distintas y deben examinarse conjuntamente para determinar si existe una contradicción efectiva sobre la ejecución, culminación o monto de la prestación. xi. Respecto de la información de INFOBRAS, que identificaría a Constructora EDSARE E.I.R.L. como ejecutora de la obra y le atribuiría una participación del 90 %, señala que dicha información debe contrastarse con los documentos contractuales y de ejecución. Añade que corresponde verificar el contrato de consorcio y la participación de sus integrantes, pues la sola referencia a un porcentaje no demuestra una indebida atribución de experiencia. xii. Respecto de la segunda experiencia – Contrato N.° 098-2024-GM-MPS, manifiesta que la diferencia entre el monto contractual de S/ 1,047,007.04 y el importe de liquidación de S/ 1,170,061.13 no constituye automáticamente una irregularidad. Explica que ambos documentos pueden reflejar momentos y conceptos económicos distintos, por lo que corresponde revisar los conceptos que integran el monto liquidado y determinar cuál puede ser reconocido como experiencia conforme a las bases integradas.

Agrega que el Consorcio Impugnante no ha demostrado que dicha diferencia afecte el cumplimiento del requisito de calificación, ni que el comité haya efectuado una evaluación incorrecta. xiii. Respecto de la tercera experiencia – Contrato N.° 015-2022-MDP, en cuanto a las diferencias entre el monto contractual y el monto de liquidación, sostiene que estas deben analizarse considerando los conceptos reconocidos durante la ejecución contractual, sin presumir que toda diferencia constituye una irregularidad. Señala que corresponde demostrar que el monto utilizado para acreditar la experiencia carece de sustento o contraviene las bases integradas. Respecto de los porcentajes de participación de los integrantes del consorcio ejecutor, indica que debe revisarse el documento de conformación del consorcio y la distribución de obligaciones y responsabilidades. Considera que no basta cuestionar la suma de porcentajes, sino que debe explicarse cómo estos afectan la experiencia atribuible al integrante correspondiente. documento específico, la naturaleza de la firma y las exigencias normativas aplicables. Señala que una observación sobre la firma no determina automáticamente la inexistencia de manifestación de voluntad ni la invalidez del documento. xiv. Respecto de la cuarta experiencia – Contrato N.° 01-2024-MDM/GM, manifiesta que las diferencias entre los montos contractuales y de liquidación deben examinarse a partir de los documentos que sustentan la ejecución de la obra. Considera necesario identificar si los importes corresponden al monto contratado, ejecutado o liquidado, y demostrar cómo la diferencia afectaría la acreditación de la experiencia. Respecto de la información registrada en INFOBRAS, señala que debe contrastarse con los documentos contractuales y de ejecución presentados en su oferta. Añade que las diferencias registrales no invalidan automáticamente la experiencia y cuestiona que el Consorcio Impugnante pretenda sustentar sus afirmaciones únicamente mediante capturas de pantalla.

En cuanto al porcentaje de participación del 55 %, sostiene que corresponde revisar los documentos de conformación del consorcio y la distribución de obligaciones entre sus integrantes, a fin de determinar la experiencia atribuible a cada uno. Considera que el Consorcio Impugnante no ha demostrado una contradicción efectiva que afecte el cumplimiento de las bases integradas. xv. Respecto de la experiencia del personal clave – Residente de obra, señala que la experiencia del profesional propuesto como residente de obra debe evaluarse considerando conjuntamente los documentos presentados, los periodos de prestación de servicios y las funciones efectivamente desempeñadas, sosteniendo que su oferta cumple las exigencias de las bases integradas. Respecto de la diferencia entre el certificado que consigna el periodo del 22 de abril de 2025 al 30 de enero de 2026, equivalente a 284 días, y la adenda que comprendería del 3 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026, equivalente a 149 días, sostiene que ambos documentos deben examinarse conjuntamente. Considera que la existencia de una adenda no demuestra necesariamente que el periodo anterior haya quedado sin efecto ni que el certificado sea inválido. En cuanto a la supuesta discrepancia en el documento de identidad del profesional, señala que corresponde contrastar el certificado de experiencia, el documento de identidad y los demás documentos de la oferta. Considera que una diferencia formal no permite concluir automáticamente que se trate de una persona distinta, salvo que se demuestre que afecta su identificación o la atribución de la experiencia. Respecto de las conformidades obrantes a folios 225, 226, 230, 234, 237 y 241, sostiene que deben analizarse individualmente para determinar si respaldan los periodos y funciones consignados en los certificados. Señala que el Consorcio Impugnante no ha precisado qué información concreta de dichos documentos sería incompatible con la experiencia declarada ni por qué impediría su acreditación. Finalmente, respecto del certificado obrante a folio 192 y el documento de identidad de folio 112, reitera que debe verificarse directamente la información consignada en ambos documentos y determinar si existe una discrepancia real que afecte la identificación del profesional. Considera que no corresponde atribuir consecuencias invalidantes a observaciones que no han sido debidamente demostradas.

• Mediante Informe Técnico Legal N.° 001-2026-MDPL/ULAYCE, presentado el 30 de

octubre de 2026, por la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad remitió su posición respecto del recurso de apelación, sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante

• Respecto del certificado obrante a folio 293, indica que el comité no

consideró la experiencia debido a que corresponde a una obra de riego tecnificado, clasificada dentro de la subespecialidad de obras rurales, y no de infraestructura para riego, exigida en las bases integradas. Sustenta su posición en la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, que aprueba el listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obras. Precisa que el procedimiento de selección corresponde a la especialidad de represas, irrigaciones y afines, subespecialidad de infraestructura para riego. Por ello, considera que la experiencia presentada no cumple con la tipología requerida y que corresponde mantener la decisión del comité. ii. Respecto del certificado obrante a folio 292, indica que corresponde a una obra de encauzamiento y rehabilitación de una bocatoma, clasificada dentro de la subespecialidad de infraestructura para encauzamiento, distinta de infraestructura para riego. Sostiene que dicha clasificación se encuentra expresamente diferenciada en la Resolución Directoral N.° 0016-2025- EF/54.01, por lo que la experiencia no puede ser considerada válida. iii. Respecto de la constancia obrante a folio 289, señala que presenta una contradicción en la identificación de la organización emisora, pues en su contenido se hace referencia al Consorcio Canlasbamba, mientras que se encuentra suscrita por el Consorcio Obral. Considera que dicha inconsistencia impide identificar de manera clara y objetiva a la organización que emitió y respaldó el documento.

iv. Respecto del certificado obrante a folio 287, sostiene que no permite acreditar fehacientemente la experiencia del profesional propuesto, debido a que el suscriptor no tendría representación legal vigente de dicha empresa. Señala que, de la consulta efectuada a SUNAT, se advierte que el representante legal registrado sería otra persona y que no se presentó poder, delegación o documento que acredite las facultades del firmante. Añade que, conforme a la Opinión N.° 130-2015/DTN, los documentos que acreditan experiencia deben ser emitidos por el órgano o persona competente. Asimismo, invoca la Directiva N.° 006-2021-EF/54.01, el Decreto Supremo N.° 016-2021-TR y el Decreto Supremo N.° 001-96-TR, relacionados con la emisión de certificados y constancias laborales. Concluye que el documento no permite verificar objetivamente la experiencia declarada.

• Respecto del certificado obrante a folio 295, indica que el certificado emitido

por el Consorcio J & V corresponde a una obra de creación del servicio de provisión de agua para riego en el sector Huacchischuccha, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash. Indica que, conforme a la información registrada en el Formato N.° 08-A de Invierte.pe, dicha intervención corresponde a un proyecto de riego tecnificado. En ese sentido, sostiene que la experiencia corresponde a la subespecialidad de obras rurales y no a infraestructura para riego, conforme a la clasificación aprobada mediante la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, por lo que no debe computarse para acreditar la experiencia del personal clave. vi. Respecto del certificado obrante a folio 296, indica que corresponde a una obra de mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua Anquillo Matara, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash, el cual no corresponde a la subespecialidad exigida, pues se trataría de una intervención de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura, que no puede equipararse a infraestructura para riego. Agrega que el certificado presenta deficiencias respecto de la acreditación del periodo laborado, por lo que tampoco resultaría suficiente para cumplir con la experiencia mínima requerida.

vii. Concluye que no corresponde computar los certificados obrantes a folios 287, 292, 293, 295 y 296, ni la constancia de folio 289. Precisa que, excluidos dichos documentos, el profesional propuesto acredita únicamente un año, tres meses y tres días de experiencia, insuficientes para cumplir los veinticuatro meses exigidos en las bases integradas. Por ello, considera correcta la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario viii. Respecto del Anexo N.° 3 – Declaración jurada, sostiene que el cuestionamiento referido a que el Anexo N.° 3 se encuentra dirigido al área usuaria, en lugar de la dependencia correspondiente, constituye un error material que no afecta la validez del documento ni modifica la declaración efectuada por el postor. Por ello, considera que no corresponde declarar la no admisión de la oferta. Asimismo, respecto de la denominación consignada en el documento y la referencia al domicilio legal y correo electrónico común del consorcio, señala que dichas observaciones no afectan el contenido esencial de la declaración jurada ni constituyen incumplimientos sustanciales de las bases integradas. ix. Respecto del Anexo N.° 6 – Oferta económica, señala que la diferencia advertida en la denominación del documento constituye un error material que no altera el contenido de la oferta económica, ni los montos, partidas, metrados o precios consignados. Por tanto, considera que no corresponde invalidar la oferta por dicha observación.

• Respecto de la primera experiencia – Contrato N.° 028-2024-GRA-SRP-G, en

cuanto a la diferencia entre la fecha de suscripción del contrato y la consignada en la liquidación, señala que el contrato registrado en la plataforma OECE fue suscrito el 10 de octubre de 2024, mientras que en la liquidación figura el 11 de octubre de 2024. Considera que se trata de un error material que no altera la existencia ni validez de la experiencia. Asimismo, en relación a la información de INFOBRAS y la participación del Consorcio Gerencial, sostiene que el contrato presentado corresponde a la ejecución de la obra cuestionada y que la experiencia debe evaluarse conforme a la documentación contractual y la liquidación presentada.

En relación con la fecha de culminación de la obra, sostiene que corresponde considerar la documentación de recepción, liquidación o constancia de prestación, conforme a la Resolución Directoral N.° 001-2026-EF/54.01 y a las bases estándar aplicables. Sobre la diferencia advertida en el número de contrato consignado en la resolución de liquidación, señala que se trata de un error material que no invalida la experiencia, pues la documentación permite identificar la prestación ejecutada. xi. Respecto de la segunda experiencia – Contrato N.° 098-2024-GM-MPS, señala que la diferencia entre el monto contractual y el monto consignado en la resolución de liquidación se explica por los conceptos reconocidos durante la ejecución de la obra. Precisa que la resolución de liquidación constituye el documento que determina el monto final ejecutado y que este debe considerarse para acreditar la experiencia. xii. Respecto de la tercera experiencia – Contrato N.° 015-2022-MDP, en cuanto a la diferencia entre el monto contractual y el monto liquidado, señala que el importe consignado en la resolución de liquidación corresponde al monto final de ejecución de la obra, por lo que debe prevalecer para efectos de acreditar la experiencia, conforme a las bases integradas. En cuanto a la participación de los integrantes del consorcio ejecutor, precisa que el contrato de consorcio establece la siguiente distribución de obligaciones: Consorciada Hiperingeniería E.I.R.L., 90 %; Company E.I.R.L., 5 %; y Santo Domingo S.A.C., 5 %. Sostiene que dichos porcentajes permiten determinar la experiencia atribuible a cada integrante. resolución de liquidación contiene información que permite verificar su autenticidad y que el cuestionamiento no acredita la invalidez del documento. xiii. Respecto de la cuarta experiencia – Contrato N.° 01-2024-MDM/GM, sostiene que el monto consignado en la resolución de liquidación corresponde al costo real de ejecución de la obra y debe considerarse para acreditar la experiencia. Señala que las diferencias respecto del monto contractual se explican por las variaciones reconocidas durante la ejecución. En cuanto a la información registrada en INFOBRAS, indica que la resolución de liquidación fue emitida por la Entidad contratante y constituye documentación oficial que respalda la ejecución y culminación de la obra. Agrega que el cuestionamiento formulado respecto de la participación de los integrantes del consorcio debe analizarse considerando las obligaciones asumidas y la documentación contractual, sin que las diferencias alegadas determinen automáticamente la invalidez de la experiencia. xiv. Respecto de la experiencia del personal clave – Residente de obra, señala que las diferencias advertidas entre los periodos consignados en los certificados de experiencia y los documentos contractuales no determinan, por sí mismas, su invalidez. Considera que los documentos deben evaluarse conjuntamente y que corresponde verificar la experiencia efectivamente acreditada. xv. Respecto de las conformidades de residente de obra obrantes a folios 192, 225, 226, 230, 234, 237 y 241, sostiene que constituyen documentos emitidos por la Entidad contratante y permiten acreditar la participación del profesional en la ejecución de las prestaciones. Añade que, conforme a la Resolución Directoral N.° 001-2026-EF/54.01, las bases estándar no establecen como requisito obligatorio consignar la fecha de emisión de los certificados para acreditar experiencia, siempre que permitan verificar el periodo laborado y las funciones desempeñadas. Asimismo, en relación a la discrepancia en el número de documento de identidad del profesional, señala que se trata de un error material que no altera su identificación ni la experiencia obtenida. Agrega que la información puede verificarse mediante los registros correspondientes y que dicha observación no constituye motivo suficiente para invalidar el certificado.

• Mediante escrito N° 3, presentado el 2 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario presentó mayores alegatos, reiterando su posición expuesta en la absolución del recurso de apelación y añadiendo las siguientes precisiones:

• Señala que la información registrada en la plataforma INFOBRAS comprende

tres etapas: i) datos generales, que incluyen la información básica de la obra, ubicación, convenio de ejecución y expediente técnico; ii) datos de ejecución, que comprenden información del contratista, residente, supervisor, avances, modificaciones de plazo, adicionales, deductivos y ejecución financiera; y iii) datos de cierre, referidos a la finalización, recepción, liquidación y transferencia de la obra. Precisa que dicha información es registrada por los responsables de las áreas competentes de las entidades públicas. ii. Respecto de la identificación del contratista en INFOBRAS, sostiene que la plataforma requiere registrar el tipo de empresa y su RUC, por lo que, tratándose de consorcios sin RUC independiente, se registran las empresas consorciadas. En consecuencia, señala que en la búsqueda avanzada puede visualizarse únicamente el nombre de una de las empresas integrantes y no necesariamente la denominación del consorcio ejecutor. iii. En cuanto al avance físico de las obras, explica que el apartado correspondiente de INFOBRAS registra las valorizaciones vinculadas al monto contractual y al cronograma de ejecución. Sin embargo, los adicionales, deductivos vinculantes y adelantos se registran en apartados distintos. Por ello, sostiene que el avance mostrado en la plataforma podría no reflejar el 100 % de la ejecución, al existir cronogramas y conceptos independientes del monto contractual original. iv. Respecto de las fechas de culminación de las obras, indica que INFOBRAS calcula automáticamente la fecha de término programada a partir de la fecha de inicio y el plazo contractual. No obstante, cuando se producen paralizaciones o ampliaciones de plazo, corresponde actualizar el apartado de modificaciones de plazo. De no efectuarse dicha actualización, la plataforma puede mostrar una fecha de culminación que no coincide con la ejecución real. Por tal motivo, considera que deben verificarse las fechas consignadas en las actas de recepción y resoluciones de liquidación, documentos que también se encuentran publicados en INFOBRAS.

Asimismo, precisa que las diferencias entre los montos contractuales y los consignados en las resoluciones de liquidación pueden explicarse por la ejecución de adicionales de obra y por los reajustes calculados conforme a los índices unificados publicados en el diario oficial El Peruano, los cuales pueden incrementar o reducir el monto contractual. En ese sentido, sostiene que el monto total ejecutado puede diferir del importe inicialmente contratado.

• Finalmente, considera que la información de INFOBRAS utilizada por el

Consorcio Impugnante para cuestionar su experiencia es incorrecta o inexacta, debido a una interpretación inadecuada de los registros de dicha plataforma, pues las eventuales deficiencias o errores en su actualización son responsabilidad de las entidades encargadas de registrar la información, por lo que solicita que la evaluación de su experiencia se efectúe sobre la base de los documentos presentados en su oferta.

• Mediante escrito N° 3 presentado el 3 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante, presentó alegatos finales, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de apelación respecto de la descalificación de su oferta y los cuestionamientos contra el Consorcio Adjudicatario. Asimismo, formuló las siguientes precisiones y argumentos adicionales:

• Señala que, durante la audiencia pública del 2 de noviembre de 2026, se

evidenció que el comité habría vulnerado el principio de igualdad de trato, pues efectuó una revisión rigurosa de las seis experiencias presentadas para acreditar la experiencia de su personal clave, formulando observaciones que considera de carácter formal y subsanable, mientras que no habría aplicado el mismo criterio a la oferta del Consorcio Adjudicatario, pese a las inconsistencias advertidas en su documentación. Agrega que, durante dicha audiencia, la defensa del Consorcio Adjudicatario habría pretendido hacer creer que el Consorcio Impugnante no cuestionó su descalificación; no obstante, rechaza dicha afirmación y precisa que solicitó expresamente que se validen las seis experiencias observadas, por considerar que cumplen las exigencias de las bases integradas.

ii. Respecto del certificado obrante a folio 292, emitido por el Consorcio Toma I Yupash, sostiene que, si bien la denominación de la obra hace referencia al encauzamiento y rehabilitación de una bocatoma, también comprende el servicio de agua para riego. Por ello, considera que la experiencia corresponde a la tipología de conducción y distribución de agua para riego, comprendida en la subespecialidad de infraestructura para riego, conforme a la clasificación aprobada mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025- EF/54.01, y no a infraestructura para encauzamiento, como sostuvo el comité. iii. En cuanto a la constancia obrante a folio 289, señala que la supuesta contradicción entre el Consorcio Canlasbamba y el Consorcio Obral constituye un error formal subsanable. Precisa que, en la documentación presentada con su oferta, adjuntó un contrato de prestación de servicios de fecha 13 de abril de 2018, suscrito entre el Consorcio Obral, representado por Elder Yordi Jaimes Espinoza, y la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, para desempeñarse como ingeniera de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en la obra de mejoramiento del canal de riego Huchcumachay-Puracpuco, durante el periodo comprendido entre el 18 de abril y el 17 de agosto de 2018; por ello, considera que dicho documento permite identificar a la organización contratante y esclarecer la inconsistencia observada. iv. Respecto de los certificados obrantes a folios 287, 293, 295 y 296, reitera que las experiencias acreditadas deben ser consideradas válidas, al sostener que corresponden a la subespecialidad de infraestructura para riego o que las observaciones formuladas carecen de sustento suficiente. En cuanto al certificado de ENCOTEC S.A.C., señala que la observación sobre las facultades del firmante no cuenta con sustento legal y no afecta su validez; por ello, solicita que dichos documentos sean evaluados conforme a las bases integradas.

• Finalmente, formula observaciones al expediente técnico y a las bases

integradas, señalando que en la página 35 del expediente técnico se habrían incrementado partidas que no figuran en el resumen de metrados, entre ellas, concreto simple y revestimientos. Asimismo, indica que en la página 6 se habría aumentado la partida de capacitación ambiental por instalación de letrinas sanitarias, mientras que en la página 35 de las bases integradas no se habría considerado dicha partida en el resumen de metrados. Además, añade que también se habría omitido el monitoreo arqueológico. Por ello, solicita que estas observaciones sean tomadas en cuenta para evitar controversias y riesgos durante la ejecución contractual.

• Por decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y se tenga por calificada su oferta; asimismo, se declare no admitida o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada para obras, cuya cuantía es de S/ 2,094,265.11 (Dos millones noventa y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 11/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y se tenga por calificada su oferta; asimismo, se declare no admitida o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 22 de octubre de 2026,

fue publicado en el SEACE el 15 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación mediante escrito N° 1, subsanado con escrito N° 2, presentados el 22 y 26 de octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Consorcio Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que fue suscrito por el representante común del Consorcio Impugnante, el señor Milton Paul Aredo Cabrera.

• El Consorcio Impugnante se encuentre impedido para participar en los

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos

civiles. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Consorcio Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta, la admisión y calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a favor de dicho postor, solicitando se revoquen dichos actos y se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante fue descalificado.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

De la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Consorcio Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 109.1 del artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta, habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. Cabe precisar que, la legitimidad procesal e interés para obrar del Consorcio Impugnante para cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, estará supeditada a que revierta su condición de descalificado.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó a este Tribunal que:

• Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia se revoque la

buena pro del procedimiento de selección.

ii. Se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. iv. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó a este Tribunal que:
• Se confirme la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante y, en

consecuencia se confirme la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se confirme su admisión y calificación, así como el otorgamiento de la buena pro a su favor.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 27 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 30 de octubre del mismo año. Sobre el particular, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso impugnativo, el 30 de octubre de 2026; es decir, dentro del plazo otorgado; por lo tanto, corresponde tener en cuenta sus argumentos para la fijación de los puntos controvertidos. Cabe precisar que, de la revisión del escrito de absolución del recurso de apelación presentado por el Consorcio Adjudicatario, se advierte que este no formuló cuestionamientos adicionales contra la oferta del Consorcio Impugnante, distintos de aquellos que sustentaron su descalificación por parte del comité. Asimismo, se advierte que, mediante el Escrito N.° 3, de fecha 3 de noviembre de 2026, el Consorcio Impugnante formuló observaciones relacionadas con presuntas inconsistencias en las partidas de concreto simple, revestimientos y capacitación ambiental por instalación de letrinas sanitarias, así como con la omisión del monitoreo arqueológico en el expediente técnico y las bases integradas. Al respecto, corresponde señalar que tales cuestionamientos no fueron formulados en su recurso de apelación, sino con posterioridad al plazo previsto para establecer las pretensiones y los puntos controvertidos del procedimiento impugnativo. Asimismo, en la medida en que se encuentran dirigidos a cuestionar el contenido de las bases integradas y del expediente técnico, dichos aspectos no constituyen materia impugnable mediante el recurso de apelación.

En consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento sobre tales cuestionamientos; sin perjuicio de ello, corresponde disponer que la Entidad tome conocimiento del Escrito N.° 3, presentado por el Consorcio Impugnante, a fin de que, en el marco de sus competencias, evalúe las observaciones formuladas y adopte las acciones que resulten pertinentes.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación del Consorcio

Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. iv. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del “Acta de presentación, apertura, admisión de las ofertas, revisión

de los requisitos de calificación, evaluación técnica, evaluación económica y otorgamiento de la buena pro”, del 12 de octubre de 2026, publicada en el SEACE, en adelante, el Acta de evaluación, se advierte que el comité determinó descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por no acreditar el requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, correspondiente al Ingeniero Especialista en SSOMA, según se aprecia a continuación:

Conforme puede apreciarse, el comité descalificó la oferta del Consorcio Impugnante, al observar los certificados de trabajo obrantes a folios 287, 289, 292, 293, 295 y 296 de su oferta, presentados para acreditar la experiencia Ingeniero Especialista en SSOMA, conforme al siguiente detalle: Folio Emisor Motivo de observación consignado por el comité 287 ENCOTEC S.A.C. Falta de acreditación suficiente de las facultades del suscriptor del certificado 289 Consorcio Obral Inconsistencia en la identificación de la organización emisora 292 Consorcio Toma I Yupash La obra corresponde a infraestructura para encauzamiento y no a infraestructura para riego 293 Consorcio Santa Ana La obra corresponde a sistemas de riego tecnificado, comprendidos en obras rurales 295 Consorcio J & V La obra corresponde a la tipología de riego tecnificado, distinta de la subespecialidad requerida

296 ZETAMS S.A.C.

La obra corresponde a mantenimiento y mejoramiento de un sistema de agua, sin acreditarse su correspondencia con la subespecialidad requerida De manera específica, respecto de los certificados obrantes a folios 293 y 292, el comité sustentó su decisión en el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01,

distintas de infraestructura para riego, exigida en las bases integradas. Asimismo, el comité formuló observaciones respecto de los demás certificados, vinculadas con la identificación de la organización emisora, las facultades del suscriptor y la correspondencia de las obras acreditadas con la subespecialidad requerida. En consecuencia, concluyó que los certificados observados no permitían acreditar íntegramente la experiencia declarada por el Consorcio Impugnante y determinó que este únicamente había acreditado un (1) año, tres (3) meses y tres (3) días de experiencia válida, periodo inferior a los veinticuatro (24) meses exigidos en las bases integradas. Por tal motivo, dispuso la descalificación de su oferta.

• Conforme se aprecia de los antecedentes, el Consorcio Impugnante cuestiona la

decisión del comité de descalificar su oferta, al considerar que los documentos presentados para acreditar la experiencia de la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, propuesta como Ingeniero Especialista en SSOMA, cumplen con las exigencias establecidas en las bases integradas, pues, sostiene que el comité efectuó una interpretación restrictiva de las exigencias de las bases integradas y de la documentación presentada, al excluir experiencias adquiridas en obras vinculadas con la provisión de agua para riego, sin considerar adecuadamente la naturaleza de las prestaciones ejecutadas.

• En particular, respecto del certificado obrante a folio 292, emitido por el Consorcio

Toma I Yupash, señala que, si bien la denominación de la obra hace referencia al encauzamiento y rehabilitación de una bocatoma, también comprende el servicio de agua para riego, por lo que considera que corresponde a la subespecialidad de infraestructura para riego. Asimismo, respecto del certificado obrante a folio 293, emitido por el Consorcio Santa Ana, sostiene que la obra acreditada se encuentra relacionada con la provisión de agua para riego, por lo que su experiencia debe ser reconocida para el cumplimiento del requisito de calificación. De otro lado, el Consorcio Impugnante cuestiona las observaciones formuladas contra los demás certificados de trabajo, al considerar que no existen elementos suficientes para desconocer la experiencia de la profesional propuesta. En tal sentido, solicita que se reconozcan los periodos acreditados mediante los seis certificados observados por el comité.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicita que se confirme la descalificación

de la oferta del Consorcio Impugnante, al considerar que los certificados presentados no acreditan experiencia conforme a las exigencias establecidas en las bases integradas. En particular, sostiene que la correspondencia de las obras debe verificarse conforme al Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, sin que resulte suficiente que las obras tengan una finalidad general vinculada con el aprovechamiento del agua para riego.

• A su turno, la Entidad, mediante el Informe Técnico Legal N.° 001-2026-

MDPL/ULAYCE, ratificó la decisión del comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante. Al respecto, sostuvo que los certificados obrantes a folios 292 y 293 corresponden a obras comprendidas en subespecialidades distintas de infraestructura para riego, específicamente infraestructura para encauzamiento y obras rurales — sistemas de riego tecnificado—, respectivamente. Asimismo, respecto del certificado de folio 295, señaló que la obra también corresponde a la tipología de riego tecnificado; en cuanto al certificado de folio 296, indicó que no se acreditó su correspondencia con la subespecialidad requerida. Por otro lado, respecto de los certificados de folios 287 y 289, respaldó las observaciones relacionadas con las facultades del suscriptor y la inconsistencia en la identificación de la organización emisora, respectivamente.

En ese sentido, concluyó que el Consorcio Impugnante únicamente acreditó un (1) año, tres (3) meses y tres (3) días de experiencia, periodo inferior a los veinticuatro (24) meses exigidos para el Ingeniero Especialista en SSOMA, por lo que correspondía mantener la descalificación de su oferta.

• A efectos de resolver la controversia, corresponde remitirnos a las bases

integradas del procedimiento de selección, las cuales constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y, como tales, son de obligatorio cumplimiento tanto para los postores como para el comité, quien debe efectuar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas con estricta sujeción a las condiciones y exigencias establecidas en ellas.

• Así, en el literal B.2 del numeral 3.4 del Capítulo III de la sección específica,

correspondiente al requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, se estableció lo siguiente respecto del Ingeniero Especialista en SSOMA:

Conforme se desprende de las bases integradas, para el “Ingeniero especialista en SSOMA” los postores debían acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses, desempeñándose como jefe de seguridad de obra y/o jefe de salud ocupacional, supervisor de seguridad en obra, jefe supervisor en seguridad de obra y salud ocupacional, especialista en seguridad, especialista en seguridad de obra y salud y/o cargos similares, en obras correspondientes a la especialidad y subespecialidad de la contratación. En cuanto a la acreditación del requisito, las bases integradas establecieron que el postor debía declarar la denominación del puesto, cargo y/o posición, así como el tiempo de experiencia del personal clave propuesto, mediante el Anexo N.° 19. Asimismo, al haberse previsto la experiencia específica adicional del personal clave como factor de evaluación, correspondía presentar la documentación que acreditara la experiencia declarada, mediante contratos y sus respectivas conformidades, constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demostrara la experiencia del profesional propuesto.

• Sobre el particular, cabe precisar que, conforme a las bases integradas, la obra

objeto de la convocatoria corresponde a la especialidad de: “Represas, irrigaciones y afines” y subespecialidad de “Infraestructura para riego”, de acuerdo con el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01. Véase el apartado de la “Experiencia del postor en la especialidad” de las bases integradas, donde se consigna la especialidad y sub especialidad: En ese sentido, considerando que las bases exigieron que la experiencia del personal clave corresponda a la especialidad y subespecialidad de la contratación, los documentos presentados para acreditar dicho requisito deben demostrar que la experiencia fue adquirida en obras comprendidas en la referida clasificación.

• De lo expuesto, se advierte que, para acreditar el requisito de calificación

cuestionado, no resulta suficiente demostrar que el profesional desempeñó funciones vinculadas con la seguridad y salud ocupacional, sino que también debe verificarse que dicha experiencia haya sido adquirida en obras correspondientes a la especialidad y subespecialidad exigidas en las bases integradas. Por tanto, correspondía verificar concurrentemente el cargo desempeñado, el periodo de experiencia acreditado y la correspondencia de las obras en las cuales se desarrollaron las funciones del profesional propuesto.

• De otro lado, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte que,

a folios 284 al 286, presentó un cuadro resumen de la experiencia de la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, propuesta como Ingeniera Especialista en SSOMA, en el cual declaró diez (10) experiencias que acumulan un total de mil ciento cincuenta y tres (1,153) días, equivalentes a 3.16 años, según lo consignado por el propio postor, conforme se aprecia a continuación:

• Ahora bien, considerando que el comité sustentó la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante en diversas observaciones contra los seis (6) certificados presentados para acreditar la experiencia de la referida profesional, como son: la Experiencia N° 1, 3, 6, 7, 9 y 10, este Colegiado considera pertinente analizar dichas observaciones, a efectos de determinar si corresponde reconocer los periodos de experiencia cuestionados y si estos permiten alcanzar el tiempo mínimo de veinticuatro (24) meses exigido en las bases integradas.

Sobre el certificado emitido por el Consorcio Toma I Yupash, obrante a folio 292 de la oferta

• De la revisión del certificado de trabajo obrante a folio 292 de la oferta, emitido

por el Consorcio Toma I Yupash el 13 de noviembre de 2022, se advierte que la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano se desempeñó como Ingeniero de Salud y Seguridad Ocupacional durante la ejecución de la obra denominada “Encauzamiento y rehabilitación de la bocatoma de Toma I Yupash, río Pira y del servicio de agua para riego en el centro poblado de Yupash, distrito de Pira, provincia de Huaraz, departamento de Áncash”, desde el 26 de agosto hasta el 11 de noviembre de 2022. A continuación se reproduce dicho documento:

• Al respecto, conforme se indicó anteriormente, el comité determinó que dicha

experiencia correspondía a la subespecialidad de infraestructura para encauzamiento, comprendida en la especialidad de obras de encauzamiento de ríos, protección de quebradas y afines, de acuerdo con el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, por lo que no correspondía computar el periodo acreditado.

• Frente a ello, se advierte que el Consorcio Impugnante, en el numeral 3.3 de su

recurso de apelación, reprodujo en un cuadro la observación formulada por el comité respecto del certificado obrante a folio 292 de su oferta y, en la columna denominada “Justificación”, se limitó a señalar lo siguiente: “Experiencia si corresponde a la subespecialidad de infraestructura para riego, debiendo validarse dicha experiencia”. Véase el extracto correspondiente: Como puede apreciarse, en el cuadro precedente, el Consorcio Impugnante se limitó a señalar, de manera general, que la experiencia acreditada mediante el certificado obrante a folio 292 sí correspondía a la subespecialidad de “Infraestructura para riego”, por lo que solicitó su validación, sin desarrollar mayores argumentos destinados a desvirtuar la clasificación efectuada por el comité. No obstante, cabe precisar que, mediante el Escrito N.° 3, presentado el 3 de noviembre de 2026, el Consorcio Impugnante expuso argumentos adicionales, señalando que la obra comprendía la rehabilitación de una bocatoma y el servicio de agua para riego, por lo que, a su criterio, correspondía a la tipología de “Conducción y distribución de agua para riego”, comprendida en la subespecialidad de “Infraestructura para riego”.

• Sobre el particular, corresponde señalar que, conforme a las bases integradas, la

experiencia del personal clave debía corresponder a la especialidad y subespecialidad de la contratación. En ese contexto, la verificación de dicho requisito debe efectuarse considerando la tipología de las obras acreditadas, de acuerdo con la clasificación prevista en el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado por la autoridad competente.

• En el presente caso, de la revisión del certificado cuestionado, se advierte que la

obra se denomina “Encauzamiento y rehabilitación de la bocatoma de Toma I Yupash, río Pira y del servicio de agua para riego en el centro poblado de Yupash, distrito de Pira, provincia de Huaraz, departamento de Áncash”. Al respecto, conforme al Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, la subespecialidad “Infraestructura para encauzamiento” comprende expresamente las obras de encauzamiento de ríos y protección de quebradas, presas de laminación y defensas ribereñas; mientras que la subespecialidad “Infraestructura para riego” comprende, entre otras tipologías, estructuras de almacenamiento hídrico con fines de riego, captación de agua para riego, conducción y distribución de agua para riego e infraestructura de riego menor.

• En ese sentido, de la denominación de la obra acreditada se advierte que esta se

encuentra referida principalmente al encauzamiento del río Pira y a la rehabilitación de una bocatoma, siendo que el encauzamiento de ríos constituye una tipología expresamente comprendida en la subespecialidad de “Infraestructura para encauzamiento”, distinta de la exigida en las bases integradas.

• Ahora, si bien también se hace referencia al servicio de agua para riego, dicha

mención no resulta suficiente para establecer que la obra corresponda a la subespecialidad de “Infraestructura para riego”, pues no se identifican de manera concreta las prestaciones o componentes ejecutados que permitan vincularla con alguna de las tipologías comprendidas en esta última. En efecto, el certificado presentado únicamente consigna la denominación de la obra, sin proporcionar información adicional que permita verificar dicha correspondencia.

• En ese contexto, resulta relevante señalar que el Consorcio Impugnante, al

cuestionar la decisión del comité, se limitó a afirmar que la experiencia correspondía a la subespecialidad de infraestructura para riego, sin desarrollar argumentos específicos ni aportar elementos que permitan identificar los componentes de la obra que justificarían dicha clasificación. Por tanto, no se cuenta con elementos suficientes para establecer objetivamente la correspondencia a la que hace alusión el Consorcio Impugnante, por lo que no se ha desvirtuado la observación formulada por el comité.

• En consecuencia, este Colegiado considera que no corresponde computar el

periodo de experiencia acreditado mediante el certificado obrante a folio 292 de la oferta del Consorcio Impugnante, debiendo mantenerse la decisión del comité en este extremo. Sobre el certificado emitido por el Consorcio Santa Ana, obrante a folio 293 de la oferta

• De la revisión del certificado de trabajo obrante a folio 293 de la oferta, emitido

por el Consorcio Santa Ana el 30 de junio de 2023, se advierte que la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano se desempeñó como Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de la obra denominada “Creación del servicio de provisión de agua para riego tecnificado en el sector Huacchiquechua de la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis, provincia de Huari, departamento de Áncash”, con CUI N.° 2475446, desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 23 de junio de 2023. A continuación se reproduce dicho documento:

• Al respecto, conforme se indicó anteriormente, el comité determinó que la obra

acreditada correspondía a la tipología de sistemas de riego tecnificado, comprendida en la subespecialidad de obras rurales, conforme al Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01, por lo que no correspondía computar el periodo acreditado.

• Frente a ello, se advierte que el Consorcio Impugnante, en el numeral 3.3 de su

recurso de apelación, reprodujo en un cuadro la observación formulada por el comité respecto del certificado obrante a folio 293 de su oferta y, en la columna denominada “Justificación”, se limitó a señalar lo siguiente: “Experiencia si corresponde a la subespecialidad de infraestructura para riego, debiendo validarse dicha experiencia”, según se aprecia a continuación:

• Sobre el particular, corresponde señalar que el Listado de Subespecialidades y

Tipologías de Obras distingue las obras correspondientes a “Infraestructura para riego” de aquellas comprendidas en la subespecialidad de “obras rurales”, dentro de la cual se encuentran los sistemas de riego tecnificado, conforme se aprecia a continuación:

• En ese sentido, de la denominación de la obra consignada en el certificado

cuestionado, se advierte expresamente que esta corresponde a la creación de un servicio de provisión de agua para riego tecnificado, tipología comprendida en la subespecialidad de obras rurales, distinta de la subespecialidad de infraestructura para riego exigida en las bases integradas.

• En ese contexto, si bien ambas subespecialidades se encuentran relacionadas con

el aprovechamiento del recurso hídrico para actividades agrícolas, ello no determina que puedan considerarse equivalentes para acreditar la experiencia del personal clave, toda vez que las bases integradas exigieron expresamente que dicha experiencia corresponda a la especialidad y subespecialidad de la contratación.

• Por tanto, no corresponde extender el alcance de la subespecialidad de

infraestructura para riego a una tipología que el listado aprobado por la autoridad competente comprende en otra subespecialidad.

• En consecuencia, este Colegiado considera que la experiencia acreditada

mediante el certificado emitido por el Consorcio Santa Ana, obrante a folio 293 de la oferta, no cumple con la subespecialidad exigida en las bases integradas, por lo que corresponde mantener la decisión del comité de no computar el periodo correspondiente. Sobre la experiencia acreditada mediante el certificado obrante a folio 296

• De la revisión del acta de evaluación y calificación de ofertas, se advierte que el

comité no consideró la experiencia acreditada mediante el certificado de trabajo obrante a folio 296 de la oferta del Consorcio Impugnante, emitido por la empresa ZETAMS S.A.C. a favor de la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, por su participación como especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2025, en el proyecto denominado “Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua Pincullo Matará, distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash”. A continuación se reproduce dicho documento:

• Al respecto, el comité señaló que la experiencia acreditada mediante el certificado

obrante a folio 296 correspondía al proyecto denominado “Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua Pincullo Matará”, cuya denominación no permitía identificar que las prestaciones ejecutadas correspondieran a la subespecialidad de “Infraestructura para riego”, exigida en las bases integradas.

En ese sentido, consideró que no se encontraba acreditada la correspondencia de dicha experiencia con la subespecialidad requerida para el personal clave, por lo que decidió no computar el periodo consignado en el referido certificado.

• Por su parte, el Consorcio Impugnante sostuvo que la experiencia acreditada

mediante el certificado cuestionado corresponde a la subespecialidad de “Infraestructura para riego”, por lo que solicitó su reconocimiento. No obstante, se advierte que dicha afirmación fue formulada de manera general, sin desarrollar argumentos que permitan establecer la correspondencia del proyecto ejecutado con alguna de las tipologías comprendidas en la subespecialidad exigida en las bases integradas.

• Sobre el particular, corresponde recordar que, conforme a las bases integradas, la

experiencia del personal clave propuesto debía haberse adquirido en obras correspondientes a la especialidad “Represas, irrigaciones y afines” y a la subespecialidad “Infraestructura para riego”, de acuerdo con el listado aprobado mediante Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01.

• En ese contexto, de la revisión del certificado cuestionado se aprecia que la

experiencia corresponde al proyecto denominado “Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua Pincullo Matará”. No obstante, de dicha denominación no es posible identificar si el sistema de agua intervenido estaba destinado al riego agrícola o a una finalidad distinta, ni se precisan las prestaciones o componentes ejecutados que permitan establecer su correspondencia con alguna de las tipologías comprendidas en la subespecialidad de “Infraestructura para riego”.

• Además, cabe señalar que el Consorcio Impugnante no ha aportado argumentos

que permitan verificar que las prestaciones ejecutadas corresponden a la subespecialidad requerida o que se encuentran directamente relacionadas con sus tipologías. En consecuencia, no se cuenta con elementos que permitan establecer que la obra corresponda a la subespecialidad exigida en las bases integradas.

• Por lo expuesto, este Colegiado considera que no corresponde reconocer la

experiencia acreditada mediante el certificado obrante a folio 296 de la oferta del Consorcio Impugnante, por lo que debe mantenerse la decisión del comité de no computar los 90 días declarados respecto de dicha experiencia. En consecuencia, el cuestionamiento formulado por el Consorcio Impugnante en este extremo no resulta amparable.

• En este punto, es importante recalcar que las bases integradas constituyen las

reglas definitivas del procedimiento de selección y son de obligatorio cumplimiento para todos los postores. En consecuencia, correspondía al Consorcio Impugnante actuar con la debida diligencia al elaborar su oferta y presentar documentación suficiente e idónea que permitiera verificar el cumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, particularmente en lo referido a la correspondencia de las obras acreditadas con la especialidad y subespecialidad de la contratación.

• En esa línea, cuando la denominación de una obra no permite establecer con

claridad su correspondencia con la subespecialidad requerida, corresponde al postor proporcionar, como parte de su oferta, los elementos documentales necesarios para acreditar dicha circunstancia, sin que corresponda al comité presumir la ejecución de componentes o prestaciones que no se desprenden de la documentación presentada.

• En el presente caso, respecto de los certificados obrantes a folios 292, 293 y 296,

no se advierte que el Consorcio Impugnante haya presentado documentación complementaria que permita identificar las características o componentes de las obras ejecutadas y establecer su correspondencia directa con alguna de las tipologías comprendidas en la subespecialidad de “Infraestructura para riego”. Asimismo, al formular su recurso de apelación, se limitó a afirmar que dichas experiencias correspondían a dicha subespecialidad, sin desarrollar argumentos específicos ni aportar elementos técnicos que permitieran desvirtuar las observaciones formuladas por el comité. Sobre la experiencia acreditada mediante la constancia de trabajo obrante a folio 289

• De la revisión del acta de evaluación y calificación de ofertas, se advierte que el

comité no consideró la experiencia acreditada mediante la constancia de trabajo de fecha 28 de agosto de 2018, obrante a folio 289 de la oferta del Consorcio Impugnante, emitida a favor de la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, por su desempeño como ingeniera de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la obra denominada “Mejoramiento del canal de riego Huchcumachay-Puracpuco en la comunidad campesina de Puñun, distrito de Checras, provincia de Huaura, departamento de Lima”, durante el periodo comprendido entre el 18 de abril y el 17 de agosto de 2018. A continuación se reproduce dicho documento:

• Al respecto, el comité advirtió una contradicción en la identificación de la

organización emisora del documento, toda vez que, en su parte introductoria, el suscriptor se identifica como representante legal común del Consorcio Canlasbamba; sin embargo, en el contenido referido a la experiencia laboral, así como en el sello y firma consignados al final, se identifica al Consorcio Obral. En ese sentido, consideró que dicha inconsistencia impedía determinar de manera clara y objetiva qué organización emitió la constancia, por lo que decidió no computar los 120 días de experiencia declarados.

• Por su parte, el Consorcio Impugnante sostuvo que la observación constituía un

error de forma subsanable con el propio documento. Asimismo, mediante el Escrito N.° 3, del 3 de noviembre de 2026, reiteró que la contradicción podía ser aclarada y adjuntó un contrato de prestación de servicios de fecha 13 de abril de 2018, celebrado entre el Consorcio Obral y la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, con la finalidad de sustentar que dicha organización fue la que contrató los servicios de la profesional.

• Sobre el particular, corresponde señalar que las bases integradas establecieron

que la experiencia del personal clave debía acreditarse mediante copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demostrara la experiencia del profesional propuesto. Asimismo, dispusieron que dichos documentos debían consignar, como contenido mínimo, entre otros datos, el nombre de la entidad u organización emisora y los nombres y apellidos de quien los suscribe.

• En ese contexto, la identificación de la entidad u organización emisora no

constituye una exigencia meramente formal, sino un elemento necesario para determinar quién certifica la experiencia del profesional y, por consiguiente, verificar la procedencia y el respaldo de la información consignada en el documento. Así, tratándose de una constancia de trabajo, resulta indispensable que pueda identificarse de manera clara e inequívoca a la organización que da cuenta de la prestación de los servicios.

• Ahora bien, de la revisión de la constancia obrante a folio 289 se advierte que, si

bien en el contenido del documento se hace referencia al Consorcio Obral y se consigna un sello correspondiente a dicha organización, en su parte introductoria el suscriptor se identifica expresamente como representante legal común del Consorcio Canlasbamba. Por tanto, no se trata únicamente de una diferencia ortográfica o de un error material evidente, sino de una contradicción entre dos organizaciones distintas, ambas identificadas en un mismo documento destinado a acreditar la experiencia del personal clave.

• En tal sentido, este Colegiado considera que la información contenida en la propia

constancia no permite establecer de manera inequívoca la identidad de su emisor, pues para determinar cuál de las organizaciones mencionadas expidió efectivamente el documento sería necesario recurrir a información adicional que permita esclarecer dicha contradicción. En consecuencia, la constancia no satisface la exigencia de identificación clara de la organización emisora prevista en las bases integradas.

• En cuanto al argumento del Consorcio Impugnante referido a que la inconsistencia

constituye un error subsanable, corresponde precisar que, conforme al artículo 78 del Reglamento, la subsanación de ofertas no puede implicar la alteración del contenido esencial de estas ni permitir que, con posterioridad a su presentación, se incorporen o modifiquen elementos sustanciales destinados a acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases integradas.

• En el presente caso, la contradicción advertida recae precisamente sobre la

identificación de la organización que certifica la experiencia del profesional propuesto, información expresamente exigida por las bases integradas para acreditar un requisito de calificación. Por tanto, su corrección no supondría únicamente enmendar un aspecto accesorio del documento, sino esclarecer un elemento esencial para determinar la validez de la experiencia presentada. En ese sentido, no corresponde considerar dicha inconsistencia como un defecto meramente formal susceptible de subsanación.

• Asimismo, debe tenerse presente que la evaluación y calificación de las ofertas

debe efectuarse sobre la base de la documentación presentada por los postores dentro del plazo establecido para tal efecto. Ello garantiza que todos los participantes sean evaluados bajo las mismas condiciones y conforme a las reglas previstas en las bases integradas, sin que resulte procedente permitir que alguno de ellos complete posteriormente la acreditación de un requisito de calificación mediante documentación que no formó parte de su oferta.

• Bajo esa consideración, respecto del contrato de prestación de servicios de fecha

13 de abril de 2018, corresponde señalar que, si bien el Consorcio Impugnante sostuvo que dicho documento formaba parte de su oferta, de la revisión integral de esta no se advierte su presentación. El Consorcio Impugnante, para acreditar la experiencia cuestionada, presentó a folio 289 de su oferta, la constancia de trabajo de fecha 28 de agosto de 2018, en la cual se identificó la contradicción respecto de la organización emisora. Por su parte, el referido contrato fue adjuntado mediante el Escrito N.° 3, presentado el 3 de noviembre de 2026, en cuyo apartado referido al certificado del folio 289 el propio Consorcio Impugnante señaló que adjuntaba el contrato de prestación del servicio. En consecuencia, dicho documento no puede ser considerado para subsanar la contradicción advertida en la constancia, pues ello supondría incorporar documentación adicional, no presentada oportunamente, para completar la acreditación de un requisito de calificación que debía encontrarse debidamente sustentado al momento de presentar la oferta. Admitir lo contrario implicaría otorgar al Consorcio Impugnante la posibilidad de corregir, durante la tramitación del recurso de apelación, una deficiencia sustancial de la documentación presentada para acreditar la experiencia del personal clave, oportunidad que no corresponde reconocer en esta etapa del procedimiento. Además, ello resultaría contrario al principio de igualdad de trato, en tanto permitiría que un postor complemente posteriormente la acreditación de su experiencia, en condiciones distintas de aquellas aplicadas a los demás participantes durante la calificación de sus ofertas.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que no corresponde

reconocer la experiencia acreditada mediante la constancia de trabajo obrante a folio 289 de la oferta del Consorcio Impugnante, por lo que debe mantenerse la decisión del comité de no computar los 120 días declarados respecto de dicha experiencia. En consecuencia, el cuestionamiento formulado por el Consorcio Impugnante en este extremo no resulta amparable.

• Por consiguiente, conforme al análisis desarrollado en los numerales precedentes,

este Colegiado ha determinado que no corresponde reconocer las experiencias acreditadas mediante los certificados obrantes a folios 292, 293, 296 y 289 de la oferta del Consorcio Impugnante, por no cumplir con las exigencias del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” – Ingeniero especialista en SSOMA de las bases integradas.

• Ahora bien, considerando que las bases integradas exigieron acreditar una

experiencia mínima de veinticuatro (24) meses para la Ingeniera Especialista en SSOMA, corresponde determinar si, aun en el supuesto de reconocer íntegramente las demás experiencias presentadas por el Consorcio Impugnante, este alcanzaría el tiempo mínimo requerido.

• Al respecto, de la revisión del cuadro resumen de experiencia obrante a folios 284

al 286 de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte que declaró diez (10) experiencias correspondientes a la ingeniera Gladys Geovani Villachica Toscano, las cuales, según los periodos consignados por el propio postor, acumulan un total de mil ciento cincuenta y tres (1,153) días, equivalentes aproximadamente a 3.16 años de experiencia. Sin embargo, conforme al análisis efectuado, este Colegiado ha determinado que no corresponde reconocer las experiencias N.° 3, 6, 7 y 10 del referido cuadro, acreditadas mediante los documentos obrantes a folios 289, 292, 293 y 296, respectivamente, cuyos periodos suman cuatrocientos noventa y cinco (495) días.

• En ese sentido, aun considerando válidas las seis (6) experiencias restantes,

incluidas aquellas que también fueron observadas por el comité, el Consorcio Impugnante no alcanzaría los veinticuatro (24) meses de experiencia mínima exigidos para la Ingeniera Especialista en SSOMA, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: Concepto Días de experiencia Total declarado por el Consorcio Impugnante (10 experiencias) 1,153 Experiencia N.° 3 – Consorcio Obral (folio 289) −120 Experiencia N.° 6 – Consorcio Toma I Yupash (folio 292) −75 Experiencia N.° 7 – Consorcio Santa Ana (folio 293) −210 Experiencia N.° 10 – ZETAMS S.A.C. (folio 296) −90 Total de experiencia restante (6 experiencias) 658 (1 AÑO, 9 MESES Y 23

DÍAS)

• Como se aprecia, aun reconociendo íntegramente las seis (6) experiencias

restantes, el tiempo máximo que podría acreditarse asciende a seiscientos cincuenta y ocho (658) días, periodo inferior a los veinticuatro (24) meses exigidos en las bases integradas. Por tanto, el Consorcio Impugnante no cumple con la experiencia mínima requerida para la profesional propuesta como Ingeniera Especialista en SSOMA.

• En consecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las demás

observaciones formuladas por el comité respecto de los certificados obrantes a folios 287 y 295 de la oferta del Consorcio Impugnante, toda vez que, incluso si dichos cuestionamientos fueran acogidos y se reconocieran íntegramente ambas experiencias, ello no permitiría alcanzar el tiempo mínimo requerido ni modificaría su condición de descalificado.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el Consorcio

Impugnante no ha logrado revertir la descalificación de su oferta, al no acreditar los veinticuatro (24) meses de experiencia mínima exigidos en las bases integradas para la Ingeniera Especialista en SSOMA. En consecuencia, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación y confirmar la decisión del comité de descalificar su oferta.

• Por otra parte, considerando que el Consorcio Impugnante no ha logrado revertir

su condición de descalificado, en atención de lo dispuesto en el literal g) del

artículo 308 del Reglamento, corresponde declarar improcedente el recurso de

apelación en el extremo que cuestiona la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, mediante el Escrito N.° 2,

presentado el 26 de octubre de 2026, el Consorcio Impugnante formuló cuestionamientos contra la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, señalando presuntas inconsistencias en las fechas, montos contractuales, liquidaciones y demás información correspondiente a las experiencias declaradas. En ese sentido, si bien no corresponde emitir pronunciamiento sobre tales cuestionamientos, al haberse confirmado la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, este Colegiado considera pertinente disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la documentación cuestionada, a fin de verificar su autenticidad y veracidad, debiendo comunicar a este Tribunal los resultados obtenidos en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

• Asimismo, teniendo en cuenta que algunos de estos cuestionamientos están

referidos a la presunta presentación de información falsa o inexacta en la documentación presentada para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la oferta del Consorcio Adjudicatario, debiendo comunicar a este Tribunal los resultados obtenidos en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

• Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado infundado,

en atención de lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante como requisito de admisibilidad de su medio impugnativo.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO

ANDES, integrado por las empresas J & D LIDER COMPANY S.R.L. y DAMBEZ COMPANY E.I.R.L., en el extremo que solicita revertir la decisión de la descalificación de su oferta; e IMPROCEDENTE, en el extremo que cuestiona la oferta del CONSORCIO CRUZ DE MAYO integrado por las empresas D´COMPANY SAN SANTIAGO S.R.L. y CONSULTORA HIPERINGENIERIA E.I.R.L., así como el otorgamiento de la buena pro, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 1 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

308 del Reglamento, en el marco de la Licitación Pública Abreviada de obras Nº 13-2026-MDPL-CS-1, para el “Mejoramiento y ampliación del servicio de provisión de agua para riego en el caserío de Cruz de Mayo distrito de Pueblo Libre de la provincia de Huaylas del departamento de Ancash”. En consecuencia, corresponde: 1.1 Confirmar la descalificación de la oferta del CONSORCIO ANDES, integrado por las empresas J & D LIDER COMPANY S.R.L. y DAMBEZ COMPANY E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de obras Nº 13-2026-

MDPL-CS-1.

• Ejecutar la garantía otorgada por el CONSORCIO ANDES, integrado por las

empresas J & D LIDER COMPANY S.R.L. y DAMBEZ COMPANY E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner en conocimiento de la Entidad los cuestionamientos formulados por el

CONSORCIO ANDES contra la oferta del CONSORCIO CRUZ DE MAYO, a fin de que adopte las acciones que correspondan en el marco de sus competencias. Asimismo, deberá efectuar la fiscalización posterior de la oferta del CONSORCIO CRUZ DE MAYO, debiendo comunicar a este Tribunal los resultados obtenidos en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, conforme a lo dispuesto en los fundamentos.

• Poner en conocimiento de la Entidad, el Escrito N.° 3, del 3 de noviembre de

2026, del CONSORCIO ANDES, a fin de que, en el marco de sus competencias, efectúe las verificaciones correspondientes y adopte las acciones que resulten pertinentes, conforme a lo dispuesto en los fundamentos.

• Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en

el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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