Resolución N.° 9728-2026-TCP-S3

Z Sumilla: “Ahora bien, de la revisión efectuada por este Colegiado a certificados obrantes en los folios 167 y 169, si bien señalan ser suscritos por los representantes de las empresas

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE

EDIFICACIONES EN GENERAL S.A.C. y

SOLUCIONES DE VIVIENDA INMOBILIARIA

SOLVIV S.A.C., respectivamente, se advierte que los mismos no consignan de manera clara y legible los nombres y apellidos de las personas que suscriben, no siendo posible identificarlas”. Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7647/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, integrado por las empresas FEMSYCON S.A.C. y J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 11-2026-MDS/CS-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, para la contratación de la “Ejecución de la obra: Creación del Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM Centro Poblado de Subtanjalla – distrito de Subtanjalla – provincia de Ica – región Ica, con CUI N° 2403602”; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 15

de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 11-2026-MDS/CS-1, para la contratación de la “Ejecución de la obra: Creación del Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM Centro Poblado de Subtanjalla – distrito de Subtanjalla – provincia de Ica – región Ica, con CUI N° 2403602”; con una cuantía de contratación de S/ 2´524,152.82 (dos millones quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta y dos con 82/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.

Z Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 29 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica y el 7 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, la buena pro al postor CONSORCIO C Y D, integrado por las empresas JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. y ANSA INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 2´524,152.82 (dos millones quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta y dos con 82/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

ADMISIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN

TÉCNICA EVALUACIÓN ECONÓMICA BON.

REMYPE

PUNTAJE

TOTAL RESULTADO

CONSORCIO C Y D Admitido Calificado 97 100 (S/ 2´524,152.82) 4.85 115 Adjudicatario

CONSORCIO

VIRGEN DE

GUADALUPE

EMOBYSER

CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C.

CONSORCIO

NEXUS

No De acuerdo con el “Acta de Admisión, Calificación, Evaluación y Buena Pro” del 7 de octubre de 2026, publicada en el SEACE en la misma fecha, el comité dispuso descalificar la oferta del postor CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, integrado por las empresas FEMSYCON S.A.C. y J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C., debido a los siguientes motivos:

Z Z Z

• Mediante Escrito N° 01 del 15 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha,

subsanado con Escrito N° 02 del 19 de octubre de 2026 en la misma fecha, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, integrado por las Z empresas FEMSYCON S.A.C. y J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor. Para dicho efecto, el Consorcio Impugnante expuso los siguientes argumentos: Respecto a la descalificación de su oferta

• Señala que el comité descalificó su oferta al considerar que los certificados

obrantes en los folios 167 y 169 no permitían identificar los nombres y apellidos de las personas que suscriben, descontando dichos períodos de la experiencia del personal clave “Ingeniero Residente”. No obstante, alega que se debe incorporar dicha experiencia, con la cual se superan los cuarenta y ocho (48) meses requeridos en las bases integradas y, en consecuencia, corresponde declarar calificada su oferta.

• Por otro lado, respecto a la experiencia del personal clave “Ingeniero de

Seguridad y Salud en el Trabajo”, el comité cuestionó la constancia de trabajo obrante en el folio 173 por no consignar lugar ni fecha de emisión. No obstante, alega que el comité habría excedido su criterio técnico debido a que no consignar la fecha de emisión no invalida un documento. Asimismo, señala que el Tribunal ha establecido que la ausencia de fecha de emisión en certificados constituye un defecto formal que impide acreditar válidamente la experiencia del personal clave, cuando las bases integradas así lo exigen expresamente. En el caso concreto, indica que la experiencia es plenamente demostrable a través de otros documentos de la oferta que permiten verificar la certeza de su vigencia y autenticidad.

• Asimismo, respecto al factor de evaluación “Experiencia del Personal Clave”,

indica que le corresponde sesenta y cinco (65) puntos. Por otro lado, respecto a los factores de evaluación “Integridad en la Contratación Pública”, “Sostenibilidad Ambiental”, alega que le corresponde el puntaje máximo en ambos casos. Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario Z

• Señala que el Consorcio Adjudicatario declara en su Anexo N° 4 – Promesa

de Consorcio que ambos consorciados aportarán experiencia del postor en la especialidad, lo cual no se ha plasmado en el Anexo N° 11, donde solo uno aportó experiencia, por lo que existe información inexacta. Asimismo, precisa que la inconsistencia advertida no es subsanable, de acuerdo con la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD y las Resoluciones N° 1002-2025-TCE-S5 y N° 00552-2025-TCE-S4. Por tanto, corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Por otro lado, indica que el Consorcio Adjudicatario no habría acreditado la

capacitación de ciento veinte (120) horas académicas en sostenibilidad ambiental del personal clave, por lo que le corresponde cero (0) puntos.

• Asimismo, alega que el Consorcio Adjudicatario ofertó en forma integral el

Anexo N° 6 – Oferta Económica, acompañándola con la oferta técnica, por lo que debe ser observada.

• Por otra parte, señala que el Consorcio Adjudicatario habría presentado,

para acreditar la experiencia del personal clave “Residente de Obra”, la Conformidad de Servicio del 17 de agosto de 2021 (folio 178), emitida por la empresa TACTICAL IT S.A.C., acreditando experiencia hasta esa misma fecha. No obstante, alega que el Acta de Recepción de Obra demuestra que el término ocurrió el 15 de junio de 2021, habiéndose subsanado las observaciones el 15 de agosto de 2021 y ocurriendo la recepción final el 15 de setiembre de 2021. Por lo expuesto, el referido documento vulnera el principio de presunción de veracidad, debiendo descalificarse la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Respecto al personal clave “Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo”,

indica que el Consorcio Adjudicatario presentó la Conformidad de Servicio del 17 de noviembre de 2020 (folio 186), el cual consigna el inició de labores el 13 de enero de 2020. No obstante, alega que dicha información se contradice con el contrato original y las actas oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), toda vez que fue suscrito el 3 de enero de 2020, la entrega física real del terreno se ejecutó el 10 de marzo de 2020 y, debido al Estado de Emergencia por COVID-19, el plazo de ejecución inició el 1 de Z julio de 2020. Invoca el criterio empleado por el Tribunal a través de la Resolución N° 787-2026-TCP-S2. Por tanto, el documento cuestionado contiene información inexacta y la oferta del Consorcio Adjudicatario debe ser descalificada.

• Respecto al personal clave “Especialista en Estructura”, indica que el

Consorcio Adjudicatario presentó un Certificado de Trabajo del 28 de noviembre de 2024 (folio 198), el cual consigna una experiencia hasta el 22 de noviembre de 2024. No obstante, alega que el Acta de Recepción de Obra emitida por la Municipalidad Distrital de Salas consigna la fecha de término el 9 de octubre de 2024. Agrega que el Consorcio Adjudicatario acredita la experiencia del personal clave “Especialista Ambiental” señalando las fechas de ejecución real de la misma obra (folio 209). Por tanto, se habría vulnerado el principio de presunción de la veracidad.

• Con Decreto del 20 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 27 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el mismo 20 de octubre de 2026.

Z

• Mediante Escrito N° 03 presentado el 21 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a sus representantes para hacer el uso de la palabra en la audiencia programada.

• El 23 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° 001-2026-LP-ABR-11-2026-MDS/CS-1 de la misma fecha, en el cual expuso su posición respecto al recurso de apelación, misma que se resume a continuación: Respecto a la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante

• Indica que el Consorcio Impugnante no rebate el hecho objetivo constatado

por el comité, consistente en que los folios 167 y 169 no permiten identificar los nombres y apellidos de quien suscribe, limitándose a solicitar que se incorpore la experiencia sin explicar cómo se cumple con lo requerido en las bases integradas, el cual no es un formalismo, pues sirve para verificar la autenticidad de los referidos documentos. Asimismo, la constancia obrante en el folio 173 no consigna lugar ni fecha de emisión, el cual es un contenido obligatorio expreso en las bases integradas, siendo que la Resolución N° 680-2025-TCE-S5 confirma dicho criterio de descalificación de ofertas.

• Reitera que corresponde mantener el puntaje otorgado por los factores de

evaluación “Experiencia Específica Adicional del Personal Clave”, “Integridad en la Contratación Pública” y “Sostenibilidad Ambiental”, por lo que, incluso en el escenario más favorable, el Consorcio Impugnante únicamente obtendría treinta (30) puntos con lo que no podría acceder a la buena pro. Respecto a los cuestionamientos en contra de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Sobre la supuesta incongruencia entre el Anexo N° 4 y el Anexo N° 11, indica

que las bases integradas solo exigen que se consigne a los integrantes del consorcio, el representante común, el domicilio, el correo y las obligaciones con su porcentaje. Asimismo, solo se considera la experiencia de los integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato, mientras que ninguna norma obligan a que ambos asuman efectivamente dicha obligación, siendo un compromiso de distribución interna. Agrega que el Z Consorcio Impugnante se basa en normas derogadas y no aporta el texto ni los fundamentos de las resoluciones que cita.

• Respecto a la capacitación de ciento veinte (120) horas académicas en

sostenibilidad ambiental del personal clave del Consorcio Adjudicatario, indica que el comité ya asignó cero (0) puntos, por lo que el cuestionamiento efectuado por el Consorcio Impugnante no tiene ningún efecto.

• Sobre la presentación del Anexo N° 6 junto a la oferta técnica, indica que la

misma fue requerida en las bases integradas, siendo cumplido por todos los postores admitidos, por lo que no existe ninguna afectación ni se ha vulnerado regla alguna.

• Respecto a la conformidad de servicio del Ingeniero Residente, indica que

no hay inexactitud porque el período certificado guarda coherencia con los documentos mencionados por el Consorcio Impugnante, no existiendo una contradicción en la participación del residente en la recepción, levantamiento de observaciones y ejecución física. Agrega que, incluso descontando el referido documento, el Consorcio Adjudicatario cumple con la experiencia mínima requerida por las bases integradas.

• Sobre la conformidad de servicio del Especialista en Seguridad, alega que no

existe inexactitud debido a que el documento se ubica dentro de un contrato vigente suscrito el 3 de enero de 2020, distinto a lo sucedido en la Resolución N° 787-2026-TCP-S2 donde el contrato todavía no se había suscrito. Además, antes del inicio del plazo de ejecución, existen obligaciones propias del especialista en seguridad como la elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. Por tanto, no se ha desacreditado la presunción de veracidad que ampara al documento cuestionado, lo cual será materia de verificación posterior.

• Finalmente, respecto al certificado obrante en folios 198 correspondiente al

personal clave Especialista en Estructuras, indica que el cuestionamiento del Consorcio Impugnante es irrelevante, dado que el propio Consorcio Adjudicatario computó dicho período con cero (0) días al encontrarse traslapado con la experiencia consignada en el folio 197. Por tanto, dicho aspecto no tiene incidencia en el resultado final.

Z

• Con Escrito S/N del 23 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha ante la

Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento recursivo, solicitando que se declare infundado el petitorio del Consorcio Impugnante, y se ratifique la buena pro a favor de su representada, en base a los siguientes argumentos: Cuestionamientos efectuados por el Consorcio Impugnante

• Indica que la discrepancia entre la Promesa de Consorcio y el Anexo N° 11

no invalida el primero de estos documentos.

• Respecto a la conformidad de servicio del Ingeniero Residente, indica que la

participación del Residente de Obra puede abarcar hasta la suscripción del Acta de Recepción de Obra, realizando anotaciones en el Cuaderno de Obra. Por tanto, la fecha de suscripción del Acta (14 de setiembre de 2021) no contradice la fecha de término del servicio consignada en el documento cuestionado (17 de agosto de 2021).

• Respecto a la conformidad de servicio del Especialista en Seguridad, indica

que el Consorcio Impugnante no ha aportado ningún medio probatorio de lo que afirma respecto a la fecha de entrega del terreno, por lo que el documento cuestionado sigue siendo veraz. Cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante

• Señala que el Consorcio Impugnante presentó, para acreditar la experiencia

del personal clave “Ingeniero Residente”, el Certificado de Trabajo del 11 de agosto de 2017 (folio 168), el cual consigna experiencia en tres (3) obras en el período comprendido entre el 1 de febrero de 2015 al 31 de mayo de 2017. No obstante, las obras se ubican en las provincias de Trujillo y Chepén de la región de La Libertad y en la provincia de Jaén en Cajamarca, existiendo una distancia considerable entre dichas localidades, lo cual impide que las mismas sean supervisadas de forma permanente y directa por un mismo profesional. En todo caso, alega que debió consignarse la fecha de inicio y termino de cada obra, para así determinar si fueron ejecutadas de manera paralela, continuada o descontinuada.

Z Asimismo, indica que no es posible que la construcción de diez (10) módulos, consignada el Certificado de Trabajo del 11 de agosto de 2017, hubiera abarcado una experiencia de ochocientos cincuenta y un (851) días calendario, dado que se trata de construcciones de pequeña envergadura. Por lo expuesto, el certificado cuestionado no puede ser considerado para acreditar experiencia del personal clave propuesto, al no consignar la fecha de inicio y término de cada obra consignada.

• Por otro lado, indica que el Certificado de Trabajo del 3 de julio de 2019 (folio

191) consigna experiencia como Residente de Obra en “Proyectos de construcción de viviendas de urbanización Camino Real – Condomio El Palmar” por el período de setecientos cincuenta y cuatro (754) días calendario. No obstante, de la lectura del referido documento, se verifica que no se trata de un solo proyecto, sino de varios, en los que no se ha consignado la fecha de inicio y fin de cada uno. Por tanto, no puede considerarse dicha experiencia.

• Por lo expuesto, solicita que se ratifique la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante, en base a los cuestionamientos efectuados adicionalmente a las observaciones realizadas por el comité.

• Mediante Carta S/N del 26 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha ante

la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer el uso de la palabra en la audiencia programada.

• Con Decreto del 26 de octubre de 2026, visto el Escrito S/N presentado el 23 del

mismo mes y año ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, se tuvo por apersonado al Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el recurso de apelación interpuesto.

• Mediante Escrito S/N del 26 de octubre de 2026, presentado el 27 del mismo mes

y año ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a sus representantes para hacer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

Z

• El 27 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Consorcio Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Con Decreto del 27 de octubre de 2026, a fin de que la Tercera Sala del Tribunal

tenga mayores elementos al momento de emitir pronunciamiento, se requirió a la Entidad para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla con registrar en el SEACE y/o presentar ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal el informe técnico legal complementario en el que se pronuncie sobre los cuestionamientos adicionales efectuados por el Consorcio Adjudicatario en contra de la oferta del Consorcio Impugnante.

• El 29 de octubre de 2026, la Entidad presentó ante la Mesa de Partes Digital del

Tribunal el Informe Técnico Legal Complementario N° 002-2026-LP-ABR-11-2026 MDS/CS-1 de la misma fecha, a través del cual manifestó lo siguiente:

• Indica que los documentos obrantes en los folios 190 y 191 de la oferta del

Consorcio Impugnante son idénticos a los obrantes en los folios 168 y 169, siendo que su reiteración no subsana el defecto advertido. Por tanto, señala que coincide con el cuestionamiento del Consorcio Adjudicatario.

• Por otro lado, reitera los cuestionamientos efectuados con anterioridad en

contra de la oferta del Consorcio Impugnante, debiendo confirmarse su descalificación.

• Mediante Escrito N° 02 del 3 de noviembre de 2026, presentado en la misma fecha

ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante señaló que las afirmaciones de la Entidad no poseen motivación alguna, limitándose a reiterar los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario en contra de su oferta. Agrega que, de acuerdo al reciente Acuerdo de Sala Plena N° 04-2026 del Tribunal, si se acredita la existencia de documentación inexacta la oferta debe ser declarada no admitida, por lo que reitera sus cuestionamientos en contra de la Conformidad de Servicio del 17 de agosto de 2021.

• Con Decreto del 4 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

Z

II. FUNDAMENTACIÓN

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia de los recursos de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, está inmerso en alguna de las referidas causales.

• La entidad contratante o el Tribunal carezca de competencia para resolverlo.

Z

• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada de obras, cuya cuantía de contratación total asciende a S/ 2´524,152.82 (dos millones quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta y dos con 82/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT2 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; iii) las bases y/o su integración; iv) las actuaciones referidas al registro de participantes; v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario y la calificación de este último. Por 1 Unidad Impositiva Tributaria. 2 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

Z consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso de apelación no está comprendido en la lista de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos deben interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro; en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles contados a partir de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de la Subasta Inversa Electrónica, el numeral 304.3 del referido artículo establece que el plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles desde la notificación del acto que se desea impugnar, salvo que su cuantía corresponda al de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los plazos establecidos con anterioridad, contabilizados desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En el presente caso, considerando que se trata de una licitación pública abreviada de obras, corresponde aplicar el plazo de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 7 de octubre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 15 del mismo mes y año. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 01 presentado el 15 de octubre de 2026 y subsanado a través del Escrito N° 02 el 19 del mismo mes y año, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación;

Z por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
• De la revisión al recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece

suscrito por el señor Jhelsin Sixto Rivera Oyola, representante común del Consorcio Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• En el presente caso, el Consorcio Impugnante ha cuestionado la descalificación de

su oferta. Asimismo, solicita que se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario y la calificación de la oferta de este último, por lo que el presente recurso de apelación no incumple la presente causal de procedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro

del procedimiento de selección, por cuanto su oferta fue descalificada.

Z

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Consorcio Impugnante solicita que se revoque la descalificación de su oferta, el

otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario, así como la calificación de la oferta de este último y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.
• El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, en virtud de la cual, frente a un acto administrativo que viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. En ese contexto, de determinarse que la decisión adoptada por la Entidad contratante resultó irregular, ello generaría un agravio al interés legítimo del Consorcio Impugnante de acceder a la buena pro. En ese sentido, el Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro; sin embargo, su pretensión respecto a que se revoque la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario, se revoque la calificación de la oferta de esta última y se otorgue la buena pro a su favor, está sujeta a que, de manera previa, revierta la condición de descalificación de propia oferta.

• Por tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la Z ocurrencia de alguno estos, este Colegiado encuentra que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo del recurso de apelación.

• PRETENSIONES
• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicita al Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.
• Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.
• Se otorgue la buena pro a su favor.

Por otro lado, el Consorcio Adjudicatario solicitó lo siguiente:

• Se declare infundado el recurso de apelación.
• Se confirme la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante.
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.
• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que: “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. (El resaltado y subrayado son agregados). Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento: “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la Z subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “…todos los actos que emite el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• Así, debe tenerse en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante fue notificado a la Entidad contratante y a los demás postores el 20 de octubre de 2026 a través de la Pladicop, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días hábiles para absolverlo; es decir, hasta el 23 de octubre de 2026.

• Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, el 23 de

octubre de 2026, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante; es decir, dentro del plazo establecido por la norma. Asimismo, este formuló cuestionamientos adicionales en contra de la oferta del Consorcio Impugnante, distintos a los expuestos en el recurso de apelación, consistente en que se descalifique esta última debido a que la experiencia acreditada en los folios 168 y 191 no resulta válida. Por tanto, corresponde tomar en cuenta dichos cuestionamientos para la determinación de los puntos controvertidos.

• En este punto, es importante señalar que debe quedar claramente establecido

que, para la determinación de los puntos controvertidos, en el presente caso, se considerarán el escrito de apelación (lo que incluye la subsanación del mismo) y la absolución del traslado del recurso impugnativo.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos

controvertidos a dilucidar son los siguientes: ➢ Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, tenerla por calificada Z y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, tener por descalificada la misma. ➢ Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, en virtud a los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Impugnante o, en su defecto, confirmar la misma a favor del Consorcio Adjudicatario.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del Z comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, tenerla por calificada y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro.

• En primer lugar, es necesario resaltar que, en el numeral 1 del acápite de los

“Acta de Admisión, Calificación, Evaluación y Buena Pro” publicada el 7 de octubre de 2026 en el SEACE, en la cual se pueden advertir los motivos que expuso el comité para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, consistentes en que no habría cumplido con acreditar la experiencia del personal clave “Ingeniero Residente de Obra”, requerida en las bases integradas.

• En la mencionada acta, el comité señaló que los certificados presentados por el

Consorcio Impugnante, obrantes en los folios 167 y 169 de su oferta, no permiten identificar de manera legible los nombres y apellidos de las personas que suscriben dichos documentos, por lo que no pueden ser considerados para el cómputo de la experiencia declarada y, en consecuencia, el profesional propuesto no cumpliría con la experiencia mínima establecida.

• Al respecto, con ocasión de la presentación de su recurso de apelación, el

Consorcio Impugnante cuestionó dicha decisión, alegando que se debe incorporar dicha experiencia para el personal clave “Ingeniero Residente de Obra”, con la cual se superan los cuarenta y ocho (48) meses requeridos en las bases integradas y, en consecuencia, corresponde declarar calificada su oferta.

• Ante ello, la Entidad ratificó la decisión del comité de descalificar la oferta del

Consorcio Impugnante por los mismos argumentos, indicando que este último no ha rebatido el hecho objetivo consistente en que los folios 167 y 169 no permiten identificar los nombres y apellidos de quien suscribe, limitándose a solicitar que se incorpore la experiencia sin explicar cómo se cumple con lo requerido en las bases integradas, el cual no es un formalismo, pues sirve para verificar la autenticidad de los referidos documentos.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario se limitó a señalar que el Tribunal debe

ratificar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Precisado lo anterior, corresponde revisar las bases integradas que rigen el

presente procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales Z se debieron someter los participantes y/o postores, así como el órgano evaluador al momento de analizar las ofertas y conducir el procedimiento. Al respecto, en el literal B.2 Experiencia del Personal Clave del Capítulo III de la

Residente de Obra”, lo siguiente: Como se advierte, los postores debían acreditar, para el personal clave “Ingeniero Residente de Obra”, una experiencia efectiva mínima de cuarenta y ocho (48) meses como residente, supervisor, inspector de obra y/o jefe de supervisión de obra en la especialidad y subespecialidades indicadas en el requisito “Experiencia del postor en la Especialidad”. Asimismo, dicha experiencia deberá acreditarse a través de cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o, iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, tal como se muestra a continuación:

Z Nótese que los documentos presentados por los postores para acreditar la experiencia del personal clave deben incluir, entre otros datos, los nombres y apellidos de quien suscribe los mismos.

• Ahora bien, de la revisión a la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte que

este presentó, como personal clave “Ingeniero Residente de Obra”, a la Ing. Edith Claudia Huamani Canales, declarando una experiencia de cinco (5) años, dos (2) meses y diecisiete (17) días, tal como se muestra a continuación:

Z Asimismo, para acreditar dicha experiencia, el Consorcio Impugnante adjuntó copia de los siguientes certificados:

• Certificado de Trabajo del 8 de diciembre de 2014, emitido por el

representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN GENERAL S.A.C., por haber laborado como “INGENIERO RESIDENTE DE OBRA” en la ejecución de la obra “Construcción de viviendas de la habilitación urbana IV Etapa Las Palmeras de Ica” entre el 6 de febrero de 2014 y el 1 de diciembre de 2014 (Folio 167).

• Certificado de Trabajo del 11 de agosto de 2017, emitido por la señora

Edhirt Hoyos Pinillos, Gerente General de la empresa KHORSAL S.A.C., por haber laborado como “INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA” en la “Construcción de 75 Módulos de Techo Propio – Programa en Sitio Propio” entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de mayo de 2017 (Folio 168).

• Certificado de Trabajo del 3 de julio de 2019, emitido por el representante

de la empresa SOLUCIONES DE VIVIENDA INMOBILIARIA SOLVIV S.A.C., por haber laborado como “INGENIERO RESIDENTE DE OBRA” en el proyecto “Construcción de viviendas de urbanización Camino Real – Condomio El Palmar” entre el 5 de junio de 2017 y el 28 de junio de 2019 (Folio 169).

• Expuesto lo anterior, de acuerdo con el “Acta de Admisión, Calificación, Evaluación

Z y Buena Pro” del 7 de octubre de 2026, los certificados obrantes en los folios 167 y 169 no permiten identificar los nombres y apellidos de los que suscriben, no siendo posible validar dicha experiencia y, en consecuencia, el personal clave propuesto acredita únicamente dos (2) años, tres (3) meses y treinta (30) días de experiencia, no cumpliendo con los cuarenta y ocho (48) meses mínimos requeridos en las bases integradas. Para mayor detalle, se reproducen los referidos certificados a continuación:

Z Z

• Ahora bien, de la revisión efectuada por este Colegiado a certificados obrantes en

Z los folios 167 y 169, si bien señalan ser suscritos por los representantes de las empresas CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES EN GENERAL S.A.C. y SOLUCIONES DE VIVIENDA INMOBILIARIA SOLVIV S.A.C., respectivamente, se advierte que los mismos no consignan de manera clara y legible los nombres y apellidos de las personas que suscriben, no siendo posible identificarlas. Cabe recordar que las bases integradas establecieron de manera expresa que los documentos presentados para acreditar la experiencia del personal clave propuesto deben incluir, necesaria y obligatoriamente, los nombres y apellidos de quien suscribe los mismos. En el caso concreto, ello no ha sido cumplido por el Consorcio Impugnante, toda vez que, si bien los documentos aparecen suscritos, los nombres y apellidos son ilegibles.

• Llegado este punto, resulta pertinente resaltar que el Consorcio Impugnante, con

ocasión de la interposición de su recurso de apelación, se limitó a solicitar que los certificados obrantes en los folios 167 y 169 de su oferta sean validados y computados como parte de la experiencia del personal clave “Ingeniero Residente de Obra”, sin esgrimir mayor argumentación al respecto.

• Por tanto, a criterio de este Colegiado, no existen argumentos que respalden la

solicitud efectuada por el recurrente, debiendo desestimarse y, en consecuencia, confirmar la decisión del comité de descalificar su oferta, al no haber cumplido con el requisito de experiencia mínimo para el personal clave propuesto. En ese sentido, el presente extremo del recurso de apelación interpuesto debe ser declarado infundado.

• Asimismo, en vista de que el Consorcio Impugnante no ha revertido la condición

de su oferta, manteniéndose como descalificada, no resulta posible proceder con el análisis del segundo punto controvertido, al carecer de interés y legitimidad para obrar, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo 308 del Reglamento. Por tanto, dicha pretensión deberá declararse improcedente.

• A su vez, carece de objeto pronunciarse sobre el tercer punto controvertido,

consistente en determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante en virtud de los cuestionamientos adicionales efectuados por el Consorcio Adjudicatario, dado que dicho análisis no tendrá ninguna repercusión en la condición actual del recurrente.

Z

• Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabe precisar que, con ocasión de la

interposición de su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante efectuó cuestionamientos en contra de la oferta del Consorcio Adjudicatario, indicando que, para acreditar la experiencia del personal clave “Residente de Obra”, “Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Especialista en Estructura”, habría presentado tres (3) documentos que vulneran el principio de presunción de veracidad, al contener fechas que no coinciden con la realidad (folios 178, 186 y 198, respectivamente), por lo que el mismo debía ser descalificado. En esa línea, es pertinente resaltar que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver los procedimientos que conoce, los cuales muchas veces dificultan desplegar todas las actuaciones necesarias para generarse certeza sobre ciertos aspectos materia de cuestionamiento y, por tanto, alcanzar la verdad material.

• Por tanto, a efectos de verificar si los documentos cuestionados contienen o no

información discordante con la realidad, corresponde disponer que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior a la oferta del Consorcio Adjudicatario, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles de publicada la presente resolución, bajo responsabilidad. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Impugnante o, en su defecto, confirmar la misma a favor del Consorcio Adjudicatario.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante ha solicitado que se le otorgue la buena pro

del procedimiento de selección. En ese sentido, resulta oportuno mencionar que su oferta fue descalificada por el comité y, en el marco del presente recurso de apelación, se ha confirmado dicha condición, por lo que no resulta posible amparar su pretensión y, en consecuencia, este extremo del recurso de apelación debe ser declarado improcedente.

• Cabe precisar que, todos los aspectos que no han sido objeto de cuestionamiento

en el presente procedimiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de validez previsto en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

• En atención a los argumentos expuestos, este Colegiado concluye que, en virtud

Z del análisis efectuado, y en aplicación del literal a) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar infundado e improcedente el recurso de apelación presentado por el Impugnante, al resultar infundada su pretensión consistente en que se revoque la descalificación de su oferta, e improcedentes sus pretensiones consistentes en que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y se otorgue la buena pro a su favor en esta instancia administrativa.

• Atendiendo a ello, corresponde ejecutar el íntegro de la garantía presentada por

el Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007- 2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Alejandro Llanos Torres, y la intervención de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Héctor Ricardo Morales González, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, integrado por las empresas FEMSYCON 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

Z S.A.C. y J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 11-2026-MDS/CS-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, para la “Ejecución de la obra: Creación del Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM Centro Poblado de Subtanjalla – distrito de Subtanjalla – provincia de Ica – región Ica, con CUI N° 2403602”, en el extremo referido a que se revoque la descalificación de su oferta, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Confirmar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 11-2026-MDS/CS-1 al postor CONSORCIO C Y D, integrado por las empresas JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. y

ANSA INVERSIONES Y ASOCIADOS S.A.C.

• Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el postor

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, integrado por las empresas FEMSYCON S.A.C. y J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 11-2026-MDS/CS-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, para la “Ejecución de la obra: Creación del Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM Centro Poblado de Subtanjalla – distrito de Subtanjalla – provincia de Ica – región Ica, con CUI N° 2403602”, en el extremo referido a que se descalifique la oferta del adjudicatario y se otorgue la buena pro a su favor en esta instancia administrativa, por los fundamentos expuestos.

• Disponer que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior, conforme a

lo indicado en el fundamento 35, e informe los resultados a este Colegiado en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

• Ejecutar la garantía presentada por el postor CONSORCIO VIRGEN DE

GUADALUPE, integrado por las empresas FEMSYCON S.A.C. y J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con su obligación de registrar en el

SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva Z N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución da por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

ss. Flores Olivera. Llanos Torres. Morales González.