Resolución N.° 9727-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la infracción contemplada en la normativa, establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos hechos en la realidad: i) que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. (…)” Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 4969/2025.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la señora CENTENO ZAVALA EVA MARINA por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida, conforme al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la FACTURA ELECTRÓNICA F002-00001311 del 1 de septiembre de 2023, emitida por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 1 de septiembre de 2023, la señora Eva Marina Centeno Zavala, en adelante la

Contratista, emitió la Factura Electrónica F002-0001311 a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A., en adelante la Entidad, por el importe de S/ 738.00 (setecientos treinta y ocho con 00/100 soles), en adelante la Factura Electrónica. La presunta contratación, si bien comprendería un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, por haberse efectuado por un monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); cabe resaltar que en la oportunidad en que se habría realizado se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Mediante Carta N° 123-2025-ELPU/GA-DL1 del 28 de mayo de 2025, presentado el

4 de junio de 2025 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones 1 Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Públicas (antes Tribunal de Contrataciones del Estado), en adelante el Tribunal, la Entidad informó que la Contratista estaría impedido de contratar con el Estado, motivo por el cual remitió el Informe N° 186-2025-ELPU/GA-DL2, detallando lo siguiente:

• El Órgano de Control Institucional – OCI, realizo una Acción de Oficio Posterior

N° 009-2024-OCI/5182-AOP, relacionado con la contratación de los servicios notariales 2021-2023, identificó el impedimento de la Notaria de Eva Marina Centeno Zavala para contratar con la Entidad, debido a que el señor Juan José Granado Centeno labora en Electro Puno S.A.A, y tiene primer grado de parentesco de consanguinidad. ii) Refiere que conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 259, numeral 259.3 y, la Acción de Oficio Posterior N° 009-2024-OCI/5182-AOP, es necesario remitir la información al Tribunal.

• A través del Decreto3 del 6 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del

artículo 11 del TUO de la Ley en el marco de la Factura Electrónica.

Asimismo, se le otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• Con Escrito s/n4 del 20 de mayo de 2026, presentado el 21 de mayo de 2026 en la

Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos en los siguientes términos:

• Sostuvo que, conforme a los principios de legalidad y tipicidad, la

configuración de la infracción imputada exige acreditar tanto el perfeccionamiento de una relación contractual con la Entidad como la existencia de un impedimento para contratar con el Estado al momento de dicho perfeccionamiento. 2 Obrante a folios 4 al 5 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 3 Obrante a folios 49 al 52 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 4 Obrante a folios 56 al 66 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

ii) Señaló que la documentación obrante en el expediente no permite acreditar el perfeccionamiento de la relación contractual, toda vez que únicamente se cuenta con la Factura Electrónica N° F003-00001311 del 1 de septiembre de 2023, sin que se haya incorporado una orden de servicio, requerimiento del área usuaria, términos de referencia, conformidad de servicio u otro documento que permita determinar fehacientemente la existencia y fecha de perfeccionamiento de la contratación. iii) Alegó que la factura electrónica constituye un comprobante de pago y no acredita, por sí misma, el momento en que se habría perfeccionado la relación contractual. Asimismo, indicó que los servicios notariales consignados en dicho documento corresponden a prestaciones de ejecución sucesiva y acumulativa, sin que exista documentación que permita establecer las fechas en que fueron efectivamente ejecutadas. iv) Cuestionó que se haya acreditado el periodo durante el cual su hijo, Juan José Granados Centeno, habría ejercido funciones en la Entidad, pues la Transcripción del Acuerdo de Directorio N° 01.671/2020 del 17 de diciembre de 2020 únicamente establecería que sus funciones se iniciarían conforme al contrato laboral respectivo, sin que obre en el expediente dicho contrato, sus adendas u otros documentos que permitan determinar la vigencia efectiva de su designación al momento de la contratación cuestionada.

• Invocó el principio de presunción de licitud, señalando que, ante la ausencia

de medios probatorios suficientes para acreditar el perfeccionamiento contractual y la configuración del impedimento en dicho momento, corresponde resolver a su favor. Asimismo, invocó el principio de predictibilidad o confianza legítima, señalando que, mediante las Resoluciones N° 4847-2026-TCE-S4 y N° 01916- 2026-TCE-S1, el Tribunal habría declarado no ha lugar a la imposición de sanción en procedimientos seguidos en su contra por contrataciones de servicios notariales con la misma Entidad, debido a la falta de documentación suficiente para acreditar el perfeccionamiento de las respectivas relaciones contractuales.

• Mediante Decreto del 27 de mayo de 2026 se dispuso requerir a la Entidad la

siguiente información adicional:

“A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A

Sírvase remitir la copia completa y legible de la Orden de Servicio y/o contrato que generó la FACTURA ELECTRÓNICA F002-00001311 del 1 de septiembre de 2023 [cuya copia se adjunta al presente]. Sírvase remitir la cotización presentada para la emisión de la Orden de Servicio y/o contrato que generó la FACTURA ELECTRÓNICA F002-00001311 del 1 de septiembre de 2023. Sírvase informar de forma clara y precisa el cargo que ocupó el señor Juan José Granados Centeno y el periodo laborado (precisando la fecha de inicio y finalización) en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD - ELECTRO PUNO S.A.A, y de ser el caso adjuntar la copia legible del documento que acredite su nombramiento o designación en el cargo (oficio, carta, resolución, etc.) Sírvase remitir la copia completa y legible de la Orden de Servicio N° 4500070775-2023 del 2 de octubre de 2023, así como de la cotización presentada para la emisión de dicha orden de servicio. Sírvase informar de forma clara y precisa si la FACTURA ELECTRÓNICA F002-00001311 del 1 de septiembre de 2023 fue girada en mérito de la Orden de Servicio N° 4500070775-2023 del 2 de octubre de 2023”.

• A través del Decreto del 10 de agosto de 2026, se tuvo por apersonado al presente

procedimiento administrativo sancionador a la Contratista y por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

• Con Decreto del 13 de agosto de 2026 se efectuó el registro del Informe de

Instrucción N° 170-2026/CPCV/ST1 del 13 de agosto de 2026 en el sistema informático del Tribunal; en el cual la Secretaría Técnica 1 del Tribunal, recomendó lo siguiente: “(…)

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de sanción

contra la señora CENTENO ZAVALA EVA MARINA (con R.U.C N° 10012128521), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, en el marco de la FACTURA ELECTRÓNICA F002-00001311 del 01.09.2023, emitida por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, por los fundamentos expuestos.

• Recomendar al órgano sancionador poner en conocimiento del Titular de la EMPRESA DE

SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A y su Órgano de Control Institucional, lo expuesto en los fundamentos 12 y 19 del presente Informe, a fin de que evalúe la adopción de las acciones que correspondan.

• Remítase a Sala el presente expediente administrativo sancionador y el correspondiente

Informe Final de Instrucción para su registro en el Sistema Informático del Tribunal, y su posterior notificación, conforme a lo establecido en el literal l) del artículo 361 del Reglamento. (…)”.

• Mediante Decreto del 17 de agosto de 2026 se dispuso remitir el expediente a la

Segunda Sala del Tribunal.

III. FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable.

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado estando impedido; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025 entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley General, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento de la Ley General; por tanto, es preciso verificar si dicha normativa resulta más beneficiosa al administrado, en aplicación del principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa el contratar con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

• Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección5 que llevan a cabo las Entidades del 5 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Esas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no hayan sido expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse la

Orden de Compra, la Contratista tenía el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción.

• Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista incurrió

en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración:

• Que, se haya perfeccionado contrato con una Entidad del Estado (según sea

el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio); y ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley. diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Sobre el hecho de que se haya celebrado y/o perfeccionado la relación contractual

• Mediante Decreto del 27 de mayo de 2026, iniciado el procedimiento

administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal requirió a la Entidad la remisión, entre otros, de la Orden de Servicio y/o contrato que generó la Factura Electrónica N° 002-00001311 del 1 de septiembre de 2023. Sin embargo, hasta la fecha y vencido el plazo otorgado, la Entidad no ha cumplido con remitir lo solicitado; por lo que, este Colegiado no puede determinar fehacientemente el documento que dio inicio a la relación contractual con la Entidad.

• En ese sentido, precisado lo anterior, en el presente caso, no se cuenta con

elementos suficientes para determinar con que documento y en que fecha se inició la relación contractual entre la Contratista y la Entidad.

• En esa línea, de la revisión del expediente administrativo, no se advierten

documentos aportados por la Entidad que permitan acreditar de manera fehaciente el perfeccionamiento de la relación contractual, por lo que no es posible determinar con que documento y en que fecha la Contratista habría contratado con el Estado. En relación a ello, el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o analógica, asimismo, el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principio del debido procedimiento, en virtud del cual las Entidades aplicarán sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando las garantías inherentes al debido procedimiento.

• Por tanto, este Colegiado no cuenta con elementos de convicción suficientes para

determinar que se ha perfeccionado una relación contractual entre la Entidad y la Contrista, consecuentemente, no puede proseguirse con el análisis correspondiente, a efectos de identificar si la Contratista habría contratado con la Entidad estando impedido para ello, toda vez que la Entidad no ha cumplido con remitir la documentación que permita tener por perfeccionada la relación contractual.

• Ahora bien, la falta de colaboración por parte de la Entidad, al no haber cumplido

con remitir la información y documentación solicitada, debe ponerse en conocimiento de su Titular y del Órgano de Control Institucional de la misma, a efectos de que adopten las medidas que resulten pertinentes en el marco de sus respectivas competencias. Teniendo en cuenta además que la información requerida permitiría verificar si, en el presente caso, se ha vulnerado la normativa de contratación pública, los principios que la rigen, así como el adecuado uso de los recursos públicos.

• En mérito a lo expuesto, este Colegiado considera que no ha quedado acreditado

el primer elemento del tipo infractor; es decir, no se encuentra acreditado el perfeccionamiento de una relación contractual.

• Consecuentemente, en el caso concreto, bajo responsabilidad de la Entidad, no

corresponde imponer sanción a la Contratista, pues no se ha determinado fehacientemente que haya contratado con el Estado estando impedido, debiéndose archivar el expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Juan Carlos Cortez Tataje en reemplazo del vocal Marlon Luis Arana Orellana en atención al Rol de Presidentes de Turno vigente, y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de

sanción contra la señora CENTENO ZAVALA EVA MARINA (con R.U.C N° 10012128521), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida, conforme al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la FACTURA ELECTRÓNICA F002-00001311 del 1 de septiembre de 2023, emitida por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.; por los fundamentos expuestos.

• Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y al Órgano de Control

Institucional de la misma para que dispongan las acciones que resulten pertinentes, en virtud de lo señalado en la fundamentación.

• Disponer el archivamiento del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.