Resolución N.° 9726-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) dicho criterio resulta concordante con la libertad de empresa reconocida en el artículo 591 de la Constitución Política del Perú, que comprende la facultad de los proveedores de definir sus estrategias económicas y comerciales, incluida la determinación de los precios de sus prestaciones, siempre que respeten la normativa aplicable y las bases integradas”. Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7785/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A., en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 2-2026-HDNA, para el “Servicio especializado de actividades de mantenimiento de la conexión en baja tensión para Hidrandina S.A., en las UUEE La Libertad, Libertad Norte, Cajamarca, Chimbote, Huaraz y La Unidad Operativa Libertad Sierra”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 23 de abril de 2026, la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO

DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios Nº 2-2026-HDNA, para el “Servicio especializado de actividades de mantenimiento de la conexión en baja tensión para Hidrandina S.A., en las UUEE La Libertad, Libertad Norte, Cajamarca, Chimbote, Huaraz y La Unidad Operativa Libertad Sierra”, con una cuantía de S/ 15´851,741.23 (quince millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y uno con 23/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su 1 “Artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 2 de junio de 2026, se presentaron las ofertas y, el 22 del mismo mes y año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor de la empresa GONZALES Y DE LA CRUZ SAC – GOYDEL. Posteriormente, el 13 de julio de 2026, se publicó en el SEACE la Resolución de Gerencia Regional N.° GR-102-2026, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo hasta la etapa de admisión de ofertas. Como consecuencia de ello, el 11 de agosto de 2026, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP un nuevo otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa GONZALES Y DE LA CRUZ S.A.C. – GOYDEL, por el monto de S/ 15,850,551.43. En dicha oportunidad, el comité evaluador determinó que la oferta económica de CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A. no debía admitirse. Ante dicha decisión, la empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta económica y el otorgamiento de la buena pro, el cual fue tramitado en el Expediente N.° 6145-2026.TCP. Mediante Resolución N.° 8708-2026-TCP-S3, del 16 de septiembre de 2026, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo hasta la etapa de evaluación económica de ofertas, al advertir deficiencias en la motivación de la decisión del comité evaluador respecto de la oferta económica de CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A., así como en la sustentación de las actuaciones relacionadas con la corrección aritmética y negociación de la oferta de GOYDEL. En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal, el comité evaluador realizó una nueva evaluación económica y, el 9 de octubre de 2026, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor de la empresa GONZALES Y DE LA CRUZ S.A.C. – GOYDEL, en adelante, el Adjudicatario, por el monto de S/ 15´850,551.44, conforme a los siguientes resultados: Postor ETAPAS Resultado Admisión Calificación Precio ofertado Ev. Econ Ev. Técnica Puntaje Total Orden

GONZALES Y DE

LA CRUZ S.A.C. -

GOYDEL

Admitido Calificado S/ 20,523,258.812 30 60 90 1 Adjudicatario

CAM SERVICIOS

DEL PERÚ S.A.C. Admitido Calificado S/ 15,104,568.98 - 1003 - - Descalificado en etapa de evaluación técnica Nota: según acta de evaluación registrada en el SEACE.

• Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 21 y 23 de

octubre de 2026, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la decisión del comité evaluador de descalificar su oferta en la etapa de evaluación económica4 y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se verifique la corrección aritmética y negociación de la oferta económica del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro a favor de su representada; o, alternativamente, se declare la nulidad de la evaluación económica y se retrotraiga el procedimiento de selección a dicha etapa; conforme a los siguientes argumentos:

• Señala que mediante Resolución N.° 8708-2026-TCP-S3, del 16 de

septiembre de 2026, el Tribunal declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo a la etapa de evaluación económica, a fin de que el comité evaluador motivara adecuadamente su decisión respecto de la evaluación de su oferta, así como la corrección aritmética y negociación de la oferta del Adjudicatario. ii. Manifiesta que, mediante el acta del 9 de octubre de 2026, el comité mantuvo la descalificación de su oferta económica, ascendente a S/ 15´104,568.98, por haber consignado un precio unitario de S/ 0.00 en la subactividad 111MC28, correspondiente al sector urbano-rural de la Unidad Empresarial Huaraz. Al respecto, el comité consideró que dicha consignación 2 Monto ofertado inicialmente 3 Puntaje sin aplicar formulas de ponderación 4 Cabe precisar que, según el acta del 9 de octubre de 2026, la oferta del Impugnante fue admitida y calificada; sin embargo, durante la evaluación económica, el comité evaluador dispuso su exclusión, denominando dicha decisión como “no admisión de la oferta económica”, razón por la cual el Impugnante la cuestionó en esos términos. No obstante, lo correcto es referirse a su descalificación en la etapa de evaluación económica, denominación que se empleará en adelante en la presente resolución.

constituía un vicio de fondo insubsanable, por contravenir el sistema de precios unitarios, vulnerar el carácter oneroso de la contratación y la sostenibilidad de la oferta, poner en riesgo la ejecución del servicio y alterar el contenido esencial de la propuesta si se pretendiera corregirla. iii. Cuestiona que el comité haya sustentado su decisión en apreciaciones sobre la viabilidad económica de la oferta y referencias generales a principios y disposiciones normativas, sin identificar una regla expresa de las bases integradas o de la normativa vigente que prohíba consignar un precio unitario de S/ 0.00 y establezca dicha circunstancia como causal de descalificación. Invoca el artículo 2, inciso 24, literal a), de la Constitución Política del Perú, y sostiene que no corresponde introducir restricciones que no se encuentren previstas en las reglas del procedimiento. iv. Explica que las bases integradas exigieron presentar la oferta económica mediante el Anexo N.° 6 – Precio de la Oferta, acompañado del Anexo N.° 02 – Metrado de Actividades, sin establecer que cada partida o subactividad debiera tener necesariamente un precio mayor que cero. Agrega que utilizó el archivo proporcionado por la Entidad, respetando su estructura, fórmulas y metodología, por lo que no corresponde atribuirle una omisión sin examinar el funcionamiento del formato original.

• Precisa que la subactividad 111MC28, denominada “Identificación de

deficiencias en conexiones eléctricas en BT (Res. 228-2009-OS/CD)”, sí se encuentra identificada en su oferta, habiendo consignado los precios unitarios de S/ 32.06 para el sector urbano, S/ 0.00 para el urbano-rural y S/ 17.16 para el rural. Siendo que, el valor cero responde a una estrategia técnico-económica de optimización de costos, adoptada en ejercicio de su autonomía comercial, sin que ello implique excluir la prestación, incumplir las obligaciones contractuales o modificar el monto total ofertado. vi. Añade que el signo “–“ que aparece en determinadas celdas del Anexo N.° 02 no representa una omisión ni una celda vacía, sino el resultado de las fórmulas predeterminadas del archivo Excel proporcionado por la Entidad al procesar un precio unitario igual a cero. Por ello, considera necesario examinar conjuntamente el archivo original, sus fórmulas, los precios unitarios y el Anexo N.° 6, en lugar de interpretar aisladamente dicho signo como ausencia de presupuesto.

Al respecto, sostiene que debe distinguirse entre una celda vacía, la ausencia de una prestación y la consignación expresa de un valor numérico. En su caso, no se omitió información económica, pues se registró expresamente S/ 0.00. Asimismo, considera que debe diferenciarse la existencia del precio unitario de su eventual suficiencia económica, dado que la multiplicación de un metrado por cero únicamente determina un importe de cero, sin demostrar por sí misma que la prestación no pueda ejecutarse, valorizarse o liquidarse conforme a las condiciones ofertadas. vii. Argumenta que, si el comité consideraba que la subactividad no se encontraba suficientemente presupuestada o que existía riesgo de incumplimiento, correspondía aplicar el procedimiento previsto en los numerales 132.5 y 132.6 del artículo 132 del Reglamento, pues dichas disposiciones permiten solicitar al proveedor la composición detallada de su oferta, requerir información complementaria y otorgar un plazo mínimo de dos días hábiles, a fin de determinar, mediante razones objetivas, la existencia de un probable incumplimiento. Además, precisa que su oferta se encontraba aproximadamente 4.71 % por debajo de la cuantía de S/ 15,851,741.23, por lo que considera pertinente dicho mecanismo de verificación. Aclara que no pretende modificar el precio originalmente ofertado, sino que se evalúe su viabilidad conforme al procedimiento legal. viii. Invoca la Resolución N.° 05211-2025-TCP-S6, del 1 de agosto de 2025, en la cual, según refiere, el Tribunal analizó un supuesto en el que un postor consignó expresamente S/ 0.00 como precio unitario y total de un subítem, concluyendo que ello no constituía necesariamente una omisión o incongruencia. Así, reconoce que dicha resolución no constituye precedente vinculante, pero considera que contiene un criterio interpretativo relevante para su caso, pues la exclusión de una oferta no puede sustentarse únicamente en apreciaciones hipotéticas sobre su viabilidad.

ix. Respecto de la Opinión N.° 026-2024/DTN, citada por el comité, señala que esta explica que, bajo el sistema de precios unitarios, el pago se determina multiplicando las cantidades ejecutadas por los precios unitarios ofertados; sin embargo, no establece una prohibición general de consignar precios iguales a cero ni determina su descalificación automática. Asimismo, sostiene que el numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento, referido a los conceptos que integran el precio de la oferta, tampoco sustituye la necesidad de verificar objetivamente si una prestación se encuentra insuficientemente presupuestada.

• Alega que la nueva evaluación del comité no habría cumplido

adecuadamente lo dispuesto en la Resolución N.° 8708-2026-TCP-S3, pues, aunque el comité incorporó una motivación más extensa, ello no acredita necesariamente la legalidad de la decisión. En tal sentido, considera que debía identificarse correctamente el dato observado, distinguir entre omisión y precio expresamente consignado, verificar la aplicación del procedimiento de rechazo de ofertas y sustentar con razones objetivas la existencia de un probable incumplimiento. xi. Por otra parte, solicita verificar la corrección aritmética y negociación de la oferta del Adjudicatario. Señala que su oferta inicial fue de S/ 20,522,940.39, corregida a S/ 20,523,258.81; posteriormente, fue negociada a S/ 15,850,196.05 y corregida nuevamente a S/ 15,850,551.44, monto por el cual se otorgó la buena pro. Si bien reconoce que las diferencias numéricas no demuestran necesariamente una irregularidad, considera indispensable comprobar las operaciones efectuadas, los conceptos corregidos, la conservación de los precios unitarios y la documentación de la negociación, conforme a los artículos 78.3 y 132.4 del Reglamento, teniendo en cuenta que estas actuaciones también fueron materia de observación en la anterior resolución del Tribunal. Asimismo, solicita verificar la trazabilidad de la corrección aritmética y negociación de la oferta del Adjudicatario.

• Por decreto del 26 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, la Carta Fianza A Nº 1194217 emitida por el Banco de Crédito del Perú, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 2 de noviembre de 2026.

• El 29 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico, el cual

fue presentado por la mesa de partes el mismo día, a través de la Carta N.° 001- 2026-HDNA/CP-SER-2-2026-HDNA-1. A través del informe se pronunció respecto del recurso de apelación, en base a los siguientes argumentos:

• Señala que, mediante Resolución N.° 8708-2026-TCP-S3, el Tribunal

declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo a la etapa de evaluación económica, a fin de que se motivara adecuadamente la decisión respecto de la oferta del Impugnante y se sustentara la trazabilidad de la corrección aritmética y negociación de la oferta del Adjudicatario. En ese contexto, mediante acta del 9 de octubre de 2026, el comité evaluador mantuvo la descalificación de la oferta del Impugnante, debido a la consignación de S/ 0.00 en la subactividad 111MC28, correspondiente al componente urbano-rural de Huaraz, y a los riesgos económicos y operativos que ello representa para la ejecución contractual. ii. Sostiene que, conforme al sistema de contratación a precios unitarios, el pago al contratista se determina multiplicando las cantidades efectivamente ejecutadas por los precios unitarios ofertados. Por ello, considera que consignar S/ 0.00 como precio unitario de la subactividad 111MC28 implica que cualquier metrado ejecutado tendrá un valor de cero, lo que imposibilitaría legal y materialmente su valorización y liquidación contractual. iii. Asimismo, invoca el numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento, que exige que la oferta económica comprenda la totalidad de los costos que inciden en la prestación del servicio. En ese sentido, sostiene que ejecutar una prestación obligatoria a costo cero contraviene el carácter oneroso de las contrataciones públicas y afecta la sostenibilidad de la oferta, generando un riesgo inminente de incumplimiento o ejecución defectuosa. Agrega que dicha situación también impediría calcular prestaciones adicionales y reducciones durante la ejecución contractual, afectando el equilibrio económico del contrato. iv. Respecto de la posibilidad de subsanar el precio ofertado, señala que el Comunicado N.° 021-2025-OECE y el artículo 78 del Reglamento establecen que el precio y la oferta económica no son materia de subsanación. Por tanto, permitir que el Impugnante modifique, rectifique o sustituya el precio unitario de S/ 0.00 por un importe positivo, después del cierre de la presentación de ofertas, vulneraría los principios de igualdad de trato y libre concurrencia, otorgándole una ventaja indebida frente a los demás postores que formularon sus estructuras de costos. En consecuencia, considera que la oferta presenta un vicio sustancial insubsanable cuya corrección alteraría su contenido esencial.

• En cuanto a las correcciones aritméticas efectuadas a la oferta del

Adjudicatario, sostiene que estas se realizaron conforme al numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, que permite corregir errores aritméticos en contrataciones bajo el sistema de precios unitarios, siempre que no se modifiquen los precios unitarios ofertados. Precisa que, según las hojas de cálculo y los documentos registrados en el SEACE, la oferta inicial fue corregida de S/ 20,522,940.39 a S/ 20,523,258.81, mientras que la oferta negociada fue corregida de S/ 15,850,196.05 a S/ 15,850,551.44, las cuales obedecieron exclusivamente a operaciones matemáticas, manteniéndose invariables los precios unitarios.

vi. Sobre la negociación de la oferta del Adjudicatario, manifiesta que, al superar inicialmente la cuantía del procedimiento de selección, el comité gestionó la disponibilidad de mayores recursos ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la cual ratificó su inexistencia mediante Documento N.° HDNA-GR-PL-JPE-0019-2026. Ante ello, en aplicación del

artículo 132 del Reglamento, convocó formalmente y por escrito al

Adjudicatario para reducir su oferta económica, obteniendo finalmente un importe de S/ 15,850,551.44, ajustado a la disponibilidad presupuestal. En tal sentido, sostiene que dicha negociación respetó el principio de valor por dinero y que las actuaciones se encuentran documentadas y registradas en el SEACE.

• Mediante escrito N° 1, presentado el 29 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme a los siguientes argumentos:

• Señala que el Impugnante pretende reducir la controversia a una cuestión

formal relacionada con la consignación de S/ 0.00 en la subactividad 111MC28, reflejada mediante un guion en el archivo Excel. Sin embargo, sostiene que, bajo el sistema de precios unitarios, cada prestación debe contar con un precio por unidad de medida que permita determinar el pago en función de las cantidades efectivamente ejecutadas. ii. Precisa que la subactividad 111MC28, correspondiente al sector urbano- rural de Huaraz, tiene un metrado de 625 unidades, por lo que necesariamente debía consignarse un precio unitario mayor que cero. Explica que únicamente las actividades sin metrado no requieren precio unitario. En ese sentido, considera que el guion consignado en la oferta del Impugnante evidencia la ausencia de un precio para una prestación obligatoria, lo que impide conocer su valor económico y determina que la oferta se encuentre incompleta. iii. Respecto del argumento de que la actividad 111MC28 se encuentra presupuestada por S/ 61,525.00 y que el guion responde a una fórmula predeterminada del archivo Excel, sostiene que dicho importe no subsana la ausencia de precio en el componente urbano-rural. Agrega que los precios unitarios constituyen elementos esenciales e inmodificables de la oferta, por lo que interpretar posteriormente un guion como una cotización a costo cero implicaría admitir una modificación sustancial de la propuesta, en perjuicio de los demás postores. iv. Manifiesta que el Impugnante confunde la no admisión de una oferta con su rechazo por insuficiencia económica, pues el comité no rechazó la oferta por encontrarse por debajo de la cuantía del procedimiento ni por presumir un incumplimiento contractual, sino que determinó su no admisión por presentar una estructura económica incompleta. Por ello, considera inaplicable el procedimiento previsto en los numerales 132.5 y 132.6 del artículo 132 del Reglamento, pues este se encuentra destinado a verificar la sostenibilidad de ofertas económicamente válidas, y no a subsanar omisiones sustanciales en sus precios unitarios.

• Añade que permitir al Impugnante explicar que los costos de la

subactividad observada fueron absorbidos por otras partidas equivaldría a admitir una redistribución o modificación posterior de su estructura económica. Sostiene que ello contravendría el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento y los principios de igualdad de trato y competencia. vi. Argumenta que la contratación pública tiene naturaleza onerosa y que el numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento exige que la oferta económica comprenda la totalidad de los costos necesarios para ejecutar las prestaciones. En ese sentido, sostiene que la actividad observada genera gastos de personal, transporte, herramientas, equipos de protección y demás recursos operativos, por lo que asignarle un precio de S/ 0.00 desconoce dichos costos, vulnera el principio de valor por dinero y compromete la sostenibilidad de la oferta, generando riesgos de incumplimiento, ejecución defectuosa o abandono contractual. vii. Asimismo, invoca el numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, que permite corregir errores aritméticos sin modificar los precios unitarios ofertados. Por ello, considera que el comité no podía sustituir el valor consignado mediante un guion, equivalente a S/ 0.00, por un importe positivo ni reasignarle montos de otras partidas, pues ello alteraría el contenido esencial de la oferta económica. viii. En cuanto a la Resolución N.° 05211-2025-TCP-S6, invocada por el Impugnante, sostiene que no constituye un precedente administrativo de observancia obligatoria, al haber sido emitida por una Sala del Tribunal y no por su Pleno. Agrega que dicho pronunciamiento respondió a circunstancias fácticas, técnicas y documentales distintas, por lo que sus conclusiones no pueden trasladarse automáticamente al presente procedimiento. Precisa que, en este caso, se cuestiona una prestación autónoma, cuantificada y exigible durante la ejecución contractual, cuya valorización debe respetar el sistema de precios unitarios, la intangibilidad de las ofertas y los principios de competencia, transparencia, igualdad de trato y valor por dinero. ix. Sostiene que la subactividad 111MC28, denominada “Identificación de deficiencias en conexiones eléctricas en baja tensión”, constituye una prestación autónoma y obligatoria prevista en los términos de referencia, que comprende 625 inspecciones individualizadas y que su ejecución requiere desplazamientos a campo, identificación técnica de deficiencias, registros fotográficos georreferenciados, elaboración de fichas independientes, verificación de condiciones técnicas y carga de información en los sistemas de la Entidad. Por tanto, considera que se trata de una prestación ejecutable, cuantificable, verificable y susceptible de conformidad, que necesariamente genera costos.

• Agrega que los términos de referencia exigen personal técnico capacitado

y certificado para trabajos con riesgo eléctrico, equipos de medición y diagnóstico calibrados, equipos de protección personal especializados, cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en salud y pensiones, así como movilización hacia sectores urbano-rurales. En consecuencia, considera que asignar un precio unitario de S/ 0.00 desconoce costos mínimos inevitables y resulta incompatible con las exigencias técnicas y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que no puede justificarse como una simple estrategia económica del postor. xi. Reitera que, bajo el sistema de precios unitarios, la valorización se obtiene multiplicando el metrado ejecutado por el precio unitario ofertado. Por ello, considera que un precio igual a cero siempre producirá una valorización nula, con independencia de la cantidad ejecutada, lo que desnaturaliza dicho sistema y equivale materialmente a no haber cotizado la subactividad obligatoria. En ese sentido, sostiene que la consignación formal de S/ 0.00 no demuestra que la prestación se encuentre efectivamente presupuestada. xii. Por otra parte, señala que los términos de referencia contemplan penalidades y deducciones destinadas a garantizar la ejecución de las inspecciones y la calidad de los entregables. Sin embargo, considera que, si la subactividad tiene un valor de S/ 0.00, cualquier penalidad calculada sobre dicho importe también sería igual a cero, lo que impediría aplicar mecanismos económicos efectivos frente a incumplimientos, retrasos o ejecuciones defectuosas, neutralizando las medidas de control contractual previstas en las bases integradas. xiii. Respecto de la ausencia de una prohibición expresa en las bases integradas para ofertar precios unitarios iguales a cero, sostiene que ello no significa que dicha práctica se encuentre permitida. Argumenta que las bases deben interpretarse conjuntamente con la Ley, el Reglamento y los principios de la contratación pública, por lo que no resulta necesario que reproduzcan expresamente todas las prohibiciones derivadas del ordenamiento jurídico. En ese sentido, considera que el sistema de precios unitarios exige que cada prestación valorizable tenga un contenido económico real, sin que la ausencia de una prohibición literal permita desnaturalizar dicho sistema. xiv. Finalmente, sostiene que el defecto advertido es sustancial e insubsanable, pues cualquier interpretación, aclaración o corrección destinada a otorgar un valor económico positivo a la subactividad observada implicaría modificar la oferta presentada. Por ello, considera que la decisión del comité evaluador resulta necesaria para preservar la igualdad entre postores, la transparencia, la intangibilidad de las ofertas y la protección de los intereses públicos comprometidos en la contratación. En consecuencia, solicita que se declare infundado el recurso de apelación, se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante y se mantenga el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Por decreto del 30 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado el Adjudicatario.
• Mediante escrito N° 4, presentado el 2 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes digital del Tribunal, el Impugnante presentó sus descargos respecto de la absolución del recurso de apelación formulada por el Adjudicatario, reiterando los argumentos expuestos en su recurso. Adicionalmente, señaló lo siguiente:

• Respecto de la naturaleza autónoma y obligatoria de la subactividad

111MC28, reconoce que comprende 625 inspecciones y que su ejecución requiere personal capacitado, equipos, seguros y demás recursos previstos en los términos de referencia. Sin embargo, sostiene que tales exigencias no demuestran que haya omitido la prestación ni que necesariamente incumplirá sus obligaciones contractuales, las cuales deberá ejecutar conforme a las condiciones establecidas, de resultar adjudicatario. ii. En cuanto a la supuesta afectación del régimen de penalidades, señala que el Adjudicatario no identificó la disposición específica de los términos de referencia que resultaría afectada, la base de cálculo de las penalidades ni su relación directa con el precio unitario cuestionado. Por ello, considera que dicho argumento carece de sustento suficiente para justificar la descalificación de su oferta. iii. Finalmente, solicita que el Tribunal emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia y evite nuevas retroacciones que prolonguen el procedimiento de selección, considerando que la Resolución N.° 8708- 2026-TCP-S3 declaró la nulidad sin resolver el cuestionamiento de fondo y que el comité evaluador ha mantenido su decisión de excluir su oferta. Asimismo, sostiene que el Adjudicatario no ha identificado una disposición de las bases integradas que establezca la consignación de S/ 0.00 como causal automática de descalificación, ni ha aportado elementos objetivos que acrediten la imposibilidad de ejecutar la prestación.

• Mediante escrito N° 45, presentado el 2 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes digital del Tribunal, el Impugnante presentó sus descargos respecto del informe técnico-legal de la Entidad, reiterando los argumentos expuestos en su recurso de apelación y en sus escritos posteriores. Adicionalmente, señaló que los argumentos desarrollados por la Entidad en su informe coinciden sustancialmente con los expuestos por el Adjudicatario en la absolución del recurso de apelación, particularmente respecto de la equiparación 5 Así consignado en el escrito presentado por el Impugnante del precio cero con una omisión, la supuesta inviabilidad económica y operativa de la prestación, la intangibilidad de la oferta y las eventuales consecuencias contractuales. No obstante, precisó que dicha coincidencia no constituye, por sí misma, una irregularidad ni evidencia una actuación concertada, sino que refleja una misma línea argumentativa que, a su criterio, no sustituye la obligación de la Entidad de efectuar una evaluación propia, objetiva y debidamente motivada. Finalmente, solicitó que el Tribunal valore sus descargos conjuntamente con los demás actuados del expediente y determine si la decisión de no admitir su oferta se encuentra sustentada en las bases integradas, la normativa aplicable y elementos objetivos y verificables.

• Por decreto del 3 de noviembre de 2026 se declaró el expediente listo para

resolver.

• Mediante escrito s/n, presentado el 4 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes digital del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en la absolución del recurso de apelación, principalmente respecto de que la consignación de S/ 0.00 y un guion en la subactividad 111MC28, correspondiente al sector urbano-rural de Huaraz, constituye una omisión de cotización que desnaturaliza el sistema de precios unitarios, afecta el carácter oneroso y la sostenibilidad de la contratación, impide valorizar la prestación y neutraliza los mecanismos de penalidades y deducciones. Asimismo, reiteró que la Resolución N.° 05211-2025-TCP-S6 no constituye precedente vinculante y que admitir la oferta del Impugnante vulneraría los principios de legalidad, integridad, valor por dinero e intangibilidad de las ofertas. Adicionalmente, señaló que, si el Impugnante hubiera estructurado su oferta

absorbidos por otras partidas, habría aplicado dicho criterio de manera uniforme en las zonas de La Libertad Norte, Cajamarca y La Libertad Sierra, lo cual no ocurrió, pues únicamente consignó el valor de S/ 0.00 en el componente urbano- rural de Huaraz. Por ello, considera que dicha circunstancia evidencia una omisión en la formulación de su oferta económica y no una estrategia de distribución de costos.

Finalmente, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación en todos sus extremos, se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante y se mantenga el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Mediante escrito N° 6, presentado el 4 de noviembre de 2026, por la mesa de

partes digital del Tribunal, el Impugnante presentó sus alegatos finales, reiterando los argumentos sobre la evaluación de su oferta. Adicionalmente, señaló lo siguiente:

• Manifiesta que cuenta con experiencia directa en la ejecución de las

prestaciones objeto de la contratación, al haberse desempeñado como contratista de HIDRANDINA durante el periodo 2024-2026, lo que le permitió conocer las condiciones operativas del servicio, la frecuencia de las actividades y las particularidades de la demanda en la zona. Sobre dicha base, sostiene que estructuró su oferta considerando costos reales y criterios de eficiencia operativa. ii. Precisa que, durante la ejecución del contrato correspondiente al periodo 2024-2026, la partida 114AB36, equivalente a la actual subactividad 111MC28, registró únicamente 77 eventos ejecutados de un metrado contractual de 1,250, equivalente al 6.16 % de lo previsto, generando ingresos de S/ 634.48 frente a los S/ 10,300.00 proyectados. Señala que dicha información evidencia la reducida incidencia económica histórica de la prestación en el componente urbano-rural de Huaraz, por lo que decidió asumir sus costos mediante la integración de las labores de inspección en otras intervenciones realizadas en la zona, sin omitir la actividad ni reducir su alcance. iii. Respecto de la supervisión de la prestación, señala que HIDRANDINA no necesariamente emite órdenes individuales por cada subactividad, sino que agrupa diversas actividades en una misma programación u orden de trabajo. Por ello, sostiene que la subactividad cuestionada puede ser programada, ejecutada, registrada y supervisada conjuntamente con otras intervenciones, sin que la ausencia de una valorización económica independiente impida verificar su cumplimiento o exigir su ejecución. iv. En cuanto a las penalidades, precisa que las bases integradas contemplan el supuesto D05, que establece una penalidad equivalente al 13 % de la UIT por cada actividad programada que no sea ejecutada o sea ejecutada parcialmente, y el supuesto D04, equivalente al 8 % de la UIT por cada suministro cuando el trabajo incumpla la normativa del sector eléctrico. En ese sentido, sostiene que dichas penalidades se calculan en función del incumplimiento verificado y de la unidad de aplicación prevista en cada supuesto, y no sobre el precio unitario de la subactividad 111MC28.

• Asimismo, invoca el numeral 119.3 del artículo 119 del Reglamento, según

el cual las penalidades pueden deducirse de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final y, de ser necesario, del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Por ello, considera que la consignación de S/ 0.00 no impide que la Entidad supervise la prestación, determine eventuales incumplimientos y haga efectivas las penalidades correspondientes.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la decisión del comité evaluador de descalificar su oferta en la etapa de evaluación económica y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se verifique la corrección aritmética y negociación de la oferta económica del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro a favor de su representada; o, alternativamente, se declare la nulidad de la evaluación económica y se retrotraiga el procedimiento de selección a dicha etapa.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público de servicios, cuya cuantía es de S/ 15,851,741.23 (quince millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y uno con 23/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la decisión del comité evaluador de descalificar su oferta en la etapa de evaluación económica y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se verifique la corrección aritmética y negociación de la oferta económica del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro a favor de su representada; o, alternativamente, se declare la nulidad de la evaluación económica y se retrotraiga el procedimiento de selección a dicha etapa; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público de servicios, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 21 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado en el SEACE el 9 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentado el 21 y 23 de octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por su apoderado, el señor Guillermo Martín Sánchez Bravo.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, por lo que no se configura la presente causal.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante fue descalificado en la etapa de evaluación económica.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. Cabe señalar que la legitimidad procesal e interés para obrar del Impugnante, para solicitar la verificación de la evaluación económica del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, estará supeditada a que revierta su condición de descalificado.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se verifique la corrección aritmética y negociación de la oferta económica del Adjudicatario, a fin de determinar si dichas actuaciones se realizaron conforme a la normativa aplicable. iii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del escrito de absolución, se advierte que el Adjudicatario solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante.

ii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 27 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 30 de octubre del mismo año. Sobre el particular, cabe señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 29 de octubre de 2026, es decir, dentro del plazo otorgado; por lo que, corresponde tomar en cuenta sus argumentos para la fijación de los puntos controvertidos. Asimismo, cabe precisar que el Adjudicatario no formuló cuestionamientos contra la oferta del Impugnante distintos de aquellos que sustentaron su descalificación por parte del comité.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Impugnante en la etapa de evaluación económica y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si la corrección aritmética y la negociación de la oferta económica del Adjudicatario se realizaron conforme a la normativa aplicable. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante en la etapa de evaluación económica y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de oferta

y otorgamiento de la buena pro”, Acta N.° 005-CP-SER-2-2026-HDNA, del 9 de octubre de 2026, particularmente en el apartado denominado “Detalle y justificación de la descalificación de las ofertas económicas” y en el Anexo N.° 4 de dicho documento, publicados en el SEACE, en adelante el Acta de evaluación, se advierte que el comité descalificó la oferta del Impugnante por el siguiente motivo: (…)

• Al respecto, el comité evaluador advirtió que el Impugnante consignó un precio

unitario de S/ 0.00 para la actividad 111MC28, denominada “Identificación de deficiencias en conexiones eléctricas en BT (Res. 228-2009-OS/CD)”, correspondiente al ámbito urbano-rural de la Unidad Empresarial Huaraz. Sobre dicha base, consideró que la oferta económica presentaba un vicio de fondo insubsanable, sustentando su decisión, esencialmente, en las siguientes consideraciones:

• El sistema de precios unitarios exige asignar un precio a cada unidad de

medida, a efectos de valorizar y liquidar las prestaciones efectivamente ejecutadas. Por ello, estimó que consignar S/ 0.00 impedía reconocer un pago por la actividad y desnaturalizaba dicho sistema de contratación.

• Invocó la Opinión N.° 026-2024/DTN, referida a la cuantificación de las

prestaciones ejecutadas y su valorización mediante los precios unitarios ofertados.

• Señaló que, conforme al numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento, la

oferta económica debe comprender todos los costos vinculados con la prestación, por lo que consideró incompatible con dicha exigencia asignar un precio de S/ 0.00 a una actividad.

• Sostuvo que dicho precio contravenía el carácter oneroso de las

contrataciones públicas y comprometía la sostenibilidad económica de la oferta, generando riesgos para la ejecución íntegra del servicio.

• Finalmente, indicó que el precio unitario constituye un elemento esencial

de la oferta económica y que su modificación no resultaba subsanable, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento y el Comunicado N.° 021-

2025-OECE.

En atención a dichas consideraciones, el comité evaluador concluyó que la oferta económica del Impugnante presentaba un defecto insubsanable y dispuso su exclusión de la evaluación económica, decisión que denominó “no admisión de la oferta económica”; no obstante, lo correcto es la descalificación del Impugnante.

• Frente a dicha decisión, el Impugnante sostiene que el comité evaluador efectuó

una interpretación incorrecta de su oferta económica, pues el precio unitario de S/ 0.00 fue consignado expresamente para la actividad 111MC28, sin que ello constituya una omisión o error que requiera subsanación. Añade que las bases integradas no establecieron una prohibición de ofertar precios unitarios iguales a cero y que el numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento tampoco exige que cada actividad tenga necesariamente un precio positivo. Asimismo, explica que dicho precio responde a una estrategia comercial de optimización de costos, considerando la reducida ejecución histórica de la actividad y la posibilidad de atenderla conjuntamente con otras prestaciones. En ese sentido, sostiene que mantiene su obligación de ejecutar íntegramente el servicio, sin que la ausencia de una retribución específica por dicha actividad implique su exclusión del contrato.

Agrega que las bases contemplan mecanismos de supervisión y penalidades aplicables ante eventuales incumplimientos, independientemente del precio asignado a la actividad. Finalmente, señala que, si existían dudas sobre la sostenibilidad de su propuesta, correspondía aplicar el procedimiento previsto en los numerales 132.5 y 132.6 del artículo 132 del Reglamento, en lugar de disponer directamente su descalificación.

• Por su parte, la Entidad sostiene que, bajo la modalidad de pago a precios

unitarios, cada actividad debe contar con un precio que permita su valorización y liquidación en función de las cantidades efectivamente ejecutadas. Considera que el importe de S/ 0.00 no constituye un precio válido para una actividad obligatoria, pues impediría reconocer una contraprestación económica por su ejecución. Asimismo, señala que dicho importe resulta incompatible con el carácter oneroso de la contratación y compromete la sostenibilidad de la oferta. Añade que el precio unitario forma parte de su contenido esencial y que no puede modificarse mediante subsanación. Por ello, ratifica la decisión del comité evaluador.

• A su turno, el Adjudicatario coincide con la posición de la Entidad y sostiene que

la consignación de S/ 0.00 para una actividad obligatoria contraviene el sistema de precios unitarios, al impedir su valorización individual y generar riesgos para el cumplimiento contractual. Asimismo, cuestiona la justificación económica del Impugnante, señalando que este no aplicó el mismo criterio de asignar un precio de cero a actividades equivalentes en otras unidades empresariales. En tal sentido, considera que no se trata de una oferta de bajo precio susceptible de justificación, sino de un defecto sustancial de la propuesta económica, por lo que solicita que se confirme su descalificación.

• Atendiendo a las posiciones expuestas, corresponde recordar que las bases

integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las cuales deben sujetarse tanto los postores como el órgano encargado de conducirlo. Por tanto, resulta necesario examinar las disposiciones aplicables a la presentación de la oferta económica, así como verificar el contenido de la documentación presentada por el Impugnante.

• De la revisión del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, en el

apartado 3.3. “Condiciones de contratación”, se advierte que la Entidad estableció que el contrato se regiría por la modalidad de pago de precios unitarios, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

• Asimismo, en el Capítulo IV de la sección específica de las bases integradas, se

estableció el factor de evaluación “Oferta económica”, con un puntaje máximo de cien (100) puntos, precisándose que la evaluación se realiza considerando el precio ofertado por el postor, acreditado mediante el Anexo N.° 6 – Precio de la oferta. Para tal efecto, se dispuso otorgar el mayor puntaje a la oferta de menor monto y asignar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos montos, según se aprecia a continuación:

• Por otra parte, las bases contemplaron la presentación del Anexo N.° 6 – Precio de

la oferta, cuyo formato comprende la identificación del concepto, la cantidad, el precio unitario y el precio total. Dicho anexo hace referencia al Anexo N.° 2 – Metrados de actividades, según se aprecia a continuación:

• Asimismo, en el Anexo N.° 2 – Metrados de actividades, publicado en el SEACE,

junto a las bases integradas, se detallan las actividades, cantidades y precios unitarios correspondientes a las distintas unidades empresariales y ámbitos de ejecución.

En particular, respecto de la Unidad Empresarial Huaraz, el Anexo N.° 2F contempla la actividad 111MC28, denominada “Identificación de deficiencias en conexiones eléctricas en BT (Res. 228-2009-OS/CD)”, para la cual se estableció una cantidad de 625 unidades en el ámbito urbano-rural, rubro que constituye materia de controversia en el presente procedimiento.

• En ese contexto, de la revisión de la oferta económica del Impugnante se advierte

que, a folio 1, presentó el Anexo N.° 6 – Precio de la oferta, consignando un importe total de S/ 15,104,568.98, con el siguiente detalle:

• Asimismo, a folios 14 y 15, presentó el Anexo N.° 2F, correspondiente al cuadro

comparativo de precios por relación de actividades de la Unidad Empresarial Huaraz, en el cual incluyó la actividad 111MC28, consignando expresamente un precio unitario de S/ 0.00 para el ámbito urbano-rural.

• De lo expuesto, se advierte que el Impugnante, lejos de omitir consignar el precio

unitario de la actividad cuestionada, consideró que un valor de S/ 0.00 para la actividad/subactividad 111MC28, en lo urbano rural. Por consiguiente, no debe confundirse la ausencia de información económica exigida en la oferta y la decisión del postor de asignar un valor determinado, incluso cuando este sea igual a cero, como ha sido en el presente caso. Así, de la revisión de la oferta económica del Impugnante, se advierte que, respecto de las actividades correspondientes a la Unidad Empresarial Huaraz, específicamente para la actividad 111MC28, denominada “Identificación de deficiencias en conexiones eléctricas en BT (Res. 228-2009-OS/CD)”, decidió ofertar un precio unitario de S/ 0.00 para el ámbito urbano-rural, manteniendo la cantidad de 625 unidades prevista por la Entidad. Por tanto, no se advierte que haya excluido dicha prestación de su oferta ni condicionado su ejecución, sino que le asignó expresamente un precio unitario igual a cero.

• Ahora bien, si bien el sistema de precios unitarios supone que la retribución se

determine considerando las cantidades efectivamente ejecutadas y los precios unitarios ofertados, ello no implica que cada precio unitario deba ser necesariamente mayor a cero.

• En tal sentido, la aplicación de un precio unitario de S/ 0.00 determina que la

ejecución de la actividad correspondiente no genere una retribución económica individual, pero no impide cuantificar las unidades ejecutadas ni verificar el cumplimiento de la prestación. En consecuencia, no corresponde equiparar la ausencia de pago individual con la imposibilidad de ejecutar, medir o controlar dicha actividad, como alegan el comité, la Entidad y el Adjudicatario.

• En cuanto al numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento, corresponde señalar

que dicha disposición establece que la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo de la contratación. Asimismo, precisa que los postores que gocen de alguna exoneración legal tributaria no deben incluir los tributos respectivos en su oferta. Como se aprecia, dicha disposición tiene por finalidad que la oferta económica comprenda los conceptos necesarios para la ejecución de la prestación, evitando que se excluyan costos que deban ser asumidos durante la ejecución contractual. Sin embargo, no establece que cada actividad deba contar necesariamente con un precio unitario mayor a cero, ni exige que los costos asociados a cada actividad sean recuperados exclusivamente mediante el precio asignado a esta. Por tanto, no corresponde interpretar que la consignación de S/ 0.00 para una actividad determinada constituye un incumplimiento de dicha disposición, como sostienen el comité, la Entidad y el Adjudicatario.

• Asimismo, respecto del carácter oneroso de las contrataciones públicas, debe

tenerse presente que la propuesta económica del Impugnante contempla una contraprestación total de S/ 15,104,568.98 por la ejecución del servicio contratado. Por consiguiente, el hecho de que una actividad específica no genere una retribución individual no convierte a la contratación, considerada en su conjunto, en gratuita, pues es claro que el Impugnante ha ofertado un precio total de S/ 15,104,568.98. En ese sentido, la asignación de un precio unitario de S/ 0.00 a una actividad no permite concluir que el Impugnante desconozca la naturaleza onerosa del contrato, máxime cuando ha ofertado un importe económico por la totalidad del servicio.

• Por otra parte, el comité sostuvo que dicho precio comprometería la

sostenibilidad económica de la oferta y generaría riesgos de incumplimiento contractual. No obstante, tales afirmaciones se sustentan en una apreciación sobre la eventual capacidad del Impugnante para ejecutar la actividad, sin que se haya identificado una disposición de las bases integradas que prohíba expresamente el precio unitario ofertado o un elemento objetivo que permita concluir que su ejecución resulta inviable. Al respecto, corresponde señalar que los riesgos de incumplimiento invocados por el comité, la Entidad y el Adjudicatario constituyen suposiciones sobre situaciones que eventualmente podrían presentarse durante la ejecución contractual, sin que se hayan aportado elementos objetivos que permitan concluir que el precio unitario ofertado impedirá cumplir la prestación. En todo caso, debe tenerse presente que el contratista se encuentra obligado a ejecutar íntegramente las prestaciones asumidas, independientemente del precio asignado a cada actividad. Asimismo, el artículo 119 del Reglamento contempla la aplicación de penalidades ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, las cuales, conforme a su numeral 119.3, pueden deducirse de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, o, de ser necesario, de la garantía de fiel cumplimiento. Por tanto, los eventuales incumplimientos deberán ser atendidos mediante los mecanismos previstos para la ejecución contractual, sin que tales hipótesis constituyan una causal válida para descalificar la oferta económica del Impugnante. En esa línea, cabe precisar que las bases integradas contemplan penalidades por diversos supuestos de incumplimiento, cuyo cálculo se encuentra vinculado, entre otros aspectos, a porcentajes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), sin depender necesariamente del precio unitario asignado a cada actividad. Por tanto, la consignación de un precio unitario de S/ 0.00 no supone que el contratista quede exento de responsabilidad por la inejecución de dicha prestación ni impide, por sí misma, la aplicación de las penalidades que correspondan conforme a las condiciones contractuales. Véase el siguiente extracto de las bases integradas sobre la aplicación de penalidades:

• En relación con ello, el Impugnante ha explicado que la asignación de S/ 0.00

responde a una decisión comercial sustentada en la baja frecuencia histórica de ejecución de la actividad y en la posibilidad de asumir sus costos mediante la organización integral del servicio. En ese sentido, corresponde señalar que la determinación de los precios unitarios forma parte de la estrategia económica y comercial de cada postor, quien asume la responsabilidad de ejecutar íntegramente las prestaciones ofertadas, en las condiciones establecidas en las bases integradas.

• De igual manera, el cuestionamiento del Adjudicatario referido a que el

Impugnante asignó precios positivos a actividades similares en otras unidades empresariales no acredita que la oferta sea incongruente, pues la determinación de los precios unitarios puede responder a distintas consideraciones económicas y operativas del postor, lo cual ha sido explicado por el Impugnante.

• En cuanto a la posibilidad de subsanación, corresponde precisar que el

Impugnante no ha solicitado modificar el precio unitario cuestionado ni incorporar un importe que hubiera omitido. Por el contrario, sostiene expresamente la validez del valor de S/ 0.00 consignado originalmente. Por tanto, las disposiciones sobre subsanación de ofertas y la prohibición de modificar su contenido esencial no resultan determinantes para resolver el presente cuestionamiento, pues no se está ante una solicitud de corrección o sustitución del precio ofertado.

• En este punto, resulta pertinente considerar el criterio desarrollado en la

Resolución N.° 05211-2025-TCP-S6, del 1 de agosto de 2025, en la cual se analizó la consignación de un precio unitario de S/ 0.00 para una prestación comprendida en un servicio contratado. En dicha resolución, el Tribunal distinguió la omisión de consignar un precio de su declaración expresa por un valor igual a cero, considerando que esta última circunstancia no constituía, por sí misma, un incumplimiento de las bases integradas. Asimismo, señaló que la determinación de los precios forma parte de la decisión comercial del postor y que las apreciaciones hipotéticas sobre su viabilidad no justifican automáticamente la exclusión de la oferta. Si bien dicho pronunciamiento fue emitido bajo un marco normativo anterior y respecto de un objeto contractual distinto, este Colegiado comparte el criterio desarrollado, en tanto distingue entre la omisión de consignar un precio y la decisión expresa del postor de ofertar un precio unitario de S/ 0.00. Asimismo, dicho criterio resulta concordante con la libertad de empresa reconocida en el artículo 596 de la Constitución Política del Perú, que comprende la facultad de los proveedores de definir sus estrategias económicas y comerciales, incluida la determinación de los precios de sus prestaciones, siempre que respeten la normativa aplicable y las bases integradas. En consecuencia, este Colegiado considera que dicho razonamiento resulta aplicable al presente caso. 6 “Artículo 59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

• Finalmente, corresponde señalar que la consignación de un precio unitario de S/

0.00 no libera al Impugnante de ejecutar la actividad 111MC28 en las condiciones establecidas en las bases integradas y en su oferta. En caso de resultar contratista, deberá cumplir íntegramente las prestaciones asumidas, quedando sujeto a los mecanismos de supervisión, control y aplicación de penalidades que correspondan. Por consiguiente, las eventuales dificultades que pudieran presentarse durante la ejecución contractual no constituyen, sin elementos objetivos adicionales, una razón suficiente para excluir anticipadamente la propuesta económica.

• Por otra parte, corresponde referirse a la Opinión N.° 026-2024/DTN, citada por el

comité en el acta de evaluación. Al respecto, dicha opinión señala que, en los contratos de servicios bajo el sistema de precios unitarios, el pago se determina en función de las prestaciones efectivamente ejecutadas, multiplicando las cantidades correspondientes por los precios unitarios ofertados. Sin embargo, este Colegiado considera que dicho criterio únicamente explica el mecanismo de valorización y pago, sin establecer que los precios unitarios deban ser necesariamente mayores a cero ni que la consignación expresa de dicho valor constituya una causal de descalificación. En consecuencia, la opinión invocada no sustenta la decisión adoptada por el comité evaluador. Asimismo, tanto el comité, como la Entidad, en el numeral 4.2 de su informe técnico, invocaron el Comunicado N.° 021-2025-OECE, conjuntamente con el

artículo 78 del Reglamento, para sostener que el precio ofertado no puede ser

objeto de subsanación, por constituir un elemento esencial de la oferta económica. Sobre el particular, corresponde precisar que el Impugnante no pretende subsanar, modificar ni sustituir el precio unitario de S/ 0.00 originalmente consignado, sino que solicita que se reconozca su validez. Por consiguiente, la restricción a la modificación de la oferta económica no resulta aplicable al supuesto controvertido y tampoco permite concluir que el precio expresamente ofertado constituye un defecto insubsanable.

• En consecuencia, este Colegiado considera que la decisión del comité de

descalificar la oferta económica del Impugnante no tiene sustento, toda vez que la consignación expresa de S/ 0.00 para la actividad 111MC28 no constituye una omisión del precio unitario ni se ha identificado una disposición de las bases integradas o de la normativa aplicable que prohíba dicha consignación.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde amparar el cuestionamiento

formulado por el Impugnante y revocar la descalificación de su oferta económica, debiendo dejarse sin efecto la decisión adoptada por el comité respecto de dicha oferta.

• En consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de

apelación de revocar la descalificación de su oferta, validar su oferta económica y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• En consecuencia, habiéndose determinado que corresponde revocar la

descalificación de la oferta económica del Impugnante, este recupera su condición de postor hábil para continuar en el procedimiento de selección. Por tanto, corresponde analizar el siguiente punto controvertido, referido a los cuestionamientos formulados contra la corrección aritmética y negociación de la oferta económica del Adjudicatario. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la corrección aritmética y la negociación de la oferta económica del Adjudicatario se realizaron conforme a la normativa aplicable.

• En el numeral 3.8 de su recurso de apelación, el Impugnante señaló expresamente

lo siguiente: “La nueva acta consigna que la oferta inicial de GOYDEL fue de S/ 20,522,940.39 y que, tras la corrección aritmética, ascendió a S/ 20,523,258.81; luego de la negociación, el postor presentó S/ 15,850,196.05, monto que fue corregido a S/ 15,850,551.44. El acta indica que la corrección no modificó los precios unitarios y que las comunicaciones de negociación se realizaron por escrito. CAM no sostiene, sin la verificación de la hoja económica completa, que toda diferencia numérica implique necesariamente una irregularidad. Sin embargo, corresponde que el Tribunal compruebe que el expediente permite reproducir las operaciones efectuadas, identificar los renglones corregidos y verificar que no se alteraron los precios unitarios, conforme al numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento. Asimismo, debe verificarse que las actuaciones y decisiones de la negociación consten debidamente en actas publicadas, de acuerdo con el numeral 132.4 del artículo 132. Este control es especialmente relevante porque la Resolución N°8708-2026-TCP- S3 declaró la nulidad, entre otros motivos, por la falta de trazabilidad de la corrección y de la negociación. En el nuevo acto debe poder comprobarse de manera transparente que esos defectos fueron efectivamente superados.”

• Al respecto, en cuanto al cuestionamiento referido a la corrección aritmética de la

oferta económica del Adjudicatario, este Colegiado advierte que el Impugnante se limita a solicitar que se verifiquen las operaciones efectuadas por el comité evaluador, sin identificar concretamente alguna irregularidad. En particular, no precisa qué partida o precio unitario habría sido objeto de una corrección indebida ni cuál sería el error en las operaciones realizadas. En ese sentido, corresponde señalar que los cuestionamientos formulados mediante un recurso de apelación deben encontrarse debidamente sustentados, identificando los hechos concretos que se consideran contrarios a las bases integradas o a la normativa aplicable. Sin embargo, en el presente caso, el Impugnante no ha proporcionado elementos que permitan identificar algún incumplimiento del numeral 78.3 del artículo 78 del Reglamento, por lo que corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación.

• De otro lado, respecto del cuestionamiento referido al procedimiento de

negociación de la oferta económica del Adjudicatario, debe tenerse presente que, conforme al artículo 132 del Reglamento, dicho procedimiento se encuentra vinculado al postor que obtiene el mejor puntaje total, cuando su oferta económica supera la cuantía del procedimiento de selección.

• Ahora bien, conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, se ha

dispuesto revocar la descalificación de la oferta económica del Impugnante, por lo que el comité evaluador deberá continuar con su evaluación económica, determinar los puntajes totales de las ofertas y establecer el nuevo orden de prelación. En consecuencia, los resultados de dicha evaluación podrían modificar la ubicación de los postores y, por tanto, determinar si corresponde efectuar una negociación y con qué postor debería realizarse.

• En ese contexto, considerando que la negociación cuestionada se efectuó sobre la

base de un orden de prelación que deberá ser nuevamente determinado como consecuencia de lo resuelto por este Tribunal, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados contra dicha negociación, toda vez que corresponderá al comité evaluador establecer, en función de los nuevos resultados, si resulta necesario aplicar el procedimiento previsto en el artículo 132 del Reglamento. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• El Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro del procedimiento de

selección.

• Al respecto, conforme al análisis desarrollado en el primer punto controvertido,

este Colegiado ha determinado que corresponde revocar la descalificación de la oferta económica del Impugnante, asimismo, de la revisión de los resultados del procedimiento de selección, se advierte que la oferta del Impugnante fue admitida y calificada, y obtuvo cien (100) puntos en la evaluación técnica. Por tanto, al haberse revertido su descalificación en la etapa de evaluación económica, corresponde que su oferta sea considerada en dicha evaluación.

• No obstante, de la revisión del Acta de evaluación, se advierte que el comité no

efectuó la evaluación económica de la oferta del Impugnante, debido a que previamente determinó su descalificación, por lo que tampoco estableció el puntaje total que le correspondería ni su ubicación en el orden de prelación.

• En ese sentido, al encontrarse pendiente la evaluación económica de su oferta y

la determinación del puntaje total, corresponde disponer que el comité, conforme a las reglas establecidas en las bases integradas, efectúe la evaluación económica de la oferta del Impugnante, determine los puntajes totales y establezca el nuevo orden de prelación correspondiente, a fin de otorgar la buena pro al postor que resulte ganador. En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante de que este Tribunal le otorgue directamente la buena pro.

• En consecuencia, la pretensión de que se otorgue la buena pro a favor del

Impugnante, debe ser declarada infundada.

• En ese sentido, corresponde declarar fundado en parte el recurso interpuesto por

el Impugnante.

• En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, corresponde, a su vez, disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, para la interposición del recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE7. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por la empresa CAM

SERVICIOS DEL PERÚ S.A., en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 2-2026- HDNA, para el “Servicio especializado de actividades de mantenimiento de la conexión en baja tensión para Hidrandina S.A., en las UUEE La Libertad, Libertad Norte, Cajamarca, Chimbote, Huaraz y La Unidad Operativa Libertad Sierra”, siendo fundado en el extremo que se revoque la descalificación de su oferta en la etapa de evaluación económica e infundado en los demás extremos; en consecuencia, corresponde: 7 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

1.1. Revocar la descalificación de la oferta de la empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A., en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 2-2026-HDNA, debiendo tenerse su oferta por calificada. 1.2. Revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada a la empresa GONZALES Y DE LA CRUZ S.A.C. – GOYDEL, en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 2-2026-HDNA. 1.3. Disponer que el comité evaluador continúe con la evaluación económica de la oferta de la empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A., determine el puntaje total y el orden de prelación correspondiente y, otorgue la buena pro del Concurso Público de Servicios N.° 02-2026-HDNA-1 a quien corresponda.

• Devolver la garantía presentada por la empresa CAM SERVICIOS DEL PERÚ S.A.,

para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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