Resolución N.° 9725-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) este Colegiado concluye que el comité efectuó una interpretación restrictiva de las exigencias previstas en las bases integradas, al requerir que la fecha de emisión de los certificados consignara necesariamente el día, mes y año, pese a que tal condición no fue establecida expresamente (…). Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 10 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7911/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor JRS Constructora e Inmobiliaria S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 003-2026-UE-405-RSH-C-1, convocado por el Gobierno Regional Huánuco - Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Huamalíes, para la “Contratación de servicio a todo costo de mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud del P.S. Cascanga, P.S. Poque, P.S. Punchao, P.S. Quiprán, C.S. Singa, C.S. Chavín De Pariarca, De La Provincia De Huamalíes, Departamento de Huánuco, y P.S. Santa Ana de Pirushto y P.S. Quichirragra, de la Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco”, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 4 de setiembre de 2026, el Gobierno Regional Huánuco - Unidad Ejecutora 405 Red

de Salud Huamalíes, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios N° 003-2026-UE-405-RSH-C-1, para la “Contratación de servicio a todo costo de mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud del P.S. Cascanga, P.S. Poque, P.S. Punchao, P.S. Quiprán, C.S. Singa, C.S. Chavín De Pariarca, De La Provincia De Huamalíes, Departamento de Huánuco, y P.S. Santa Ana de Pirushto y P.S. Quichirragra, de la Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco”, con una cuantía de S/ 546 882.20 (quinientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos con 20/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 9 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 15 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor Transportes y Constructora Luchin Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 544 882.20 (quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos con 20/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total Orden de prelación

TRANSPORTES Y

CONSTRUCTORA

LUCHIN EMPRESA

INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Admitida Calificada 544 882.20 105 1 Sí

JRS CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA S.A.C. Admitida Descalificada

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor JRS Constructora e Inmobiliaria S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, y iv) se le otorgue la buena pro; asimismo, de manera subsidiaria, v) se deje sin efecto la bonificación 5% otorgada al Adjudicatario por no corresponder al procedimiento de selección, y vi) se declare la nulidad del procedimiento de selección por vicios de motivación y trato desigual; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta.

• Señala que, a fin de acreditar la capacitación del personal clave II, su representada

presentó el diplomado expedido por el Centro de Altos Estudios Ambientales del Perú a favor de la Ing. Gretty Marilu Collque Espinoza, denominado “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, Municipales, Industriales y Hospitalarios”, desarrollado del 3 de setiembre al 8 de octubre de 2019, con un total de 200 horas académicas.

• Refiere que la descalificación se sustentó exclusivamente en que el certificado no

reproduce literalmente la palabra “Integral”, pese a que acredita una formación especializada que comprende residuos municipales, industriales y hospitalarios, con una carga horaria diez veces superior a la exigida en las bases integradas.

• Al respecto, sostiene que la evaluación debió considerar el contenido y alcance de

la capacitación, y no limitarse a la coincidencia literal de su denominación. En ese sentido, considera que el comité incurrió en un formalismo excesivo que vulnera los principios de eficacia, eficiencia, libre concurrencia y razonabilidad (cita la Resolución N° 7164-2025-TCP-S3 del 23 de octubre de 2025).

• En consecuencia, considera que el diplomado presentado acredita la capacitación

exigida para el Personal Clave II, por lo que solicita que se revoque la descalificación en este extremo.

• Por otro lado, respecto de la experiencia del Personal Clave I, señala que presentó

diversas constancias, de las cuales el comité descartó tres (3), correspondientes a los folios 84, 98 y 106, por supuestamente no consignar el día de emisión. Sin embargo, sostiene que las bases integradas exigen expresamente que los periodos de inicio y culminación se consignen con día, mes y año, pero no establecen dicha precisión respecto de la fecha de emisión.

• En ese sentido, manifiesta que no existe ausencia de fecha de emisión, sino una

interpretación restrictiva de un requisito al que las bases no atribuyeron el nivel de detalle exigido por el comité. Asimismo, precisa que la Resolución N° 9159- 2026-TCP-S4, invocada por este último, analiza un supuesto de ausencia de fecha de emisión, distinto al presente caso, en el que las constancias sí consignan el mes y año de expedición.

• Asimismo, cuestiona la aplicación desigual de los criterios de evaluación, toda vez

que el comité aceptó la constancia del folio 92, que consigna “Huánuco, Julio del 2014”, pero rechazó las de los folios 98 y 106, que presentan el mismo formato de fecha. Añade que el Acta señala que estas últimas no contienen fecha alguna, pese a que las imágenes incorporadas en dicho documento muestran expresamente “Huánuco, Setiembre del 2014”. A su juicio, ello evidencia una evaluación contradictoria que vulnera el principio de igualdad de trato.

• Adicionalmente, sostiene que la finalidad de consignar la fecha de emisión es

verificar que el documento haya sido expedido con posterioridad a los servicios que certifica, condición que se cumple en las constancias cuestionadas. Sin perjuicio de ello, señala que, de considerarse necesaria alguna precisión adicional, el comité pudo evaluar la aplicación del mecanismo de subsanación previsto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, al tratarse de un aspecto formal que no modifica el contenido esencial de la oferta.

• Respecto del cómputo de la experiencia, manifiesta que, considerando las

constancias cuestionadas y evitando duplicar los periodos superpuestos, el profesional acredita un total de 790 días, superando los 730 días equivalentes a los 24 meses exigidos en las bases integradas. Asimismo, cuestiona que el comité no haya explicado el cálculo mediante el cual determinó únicamente 499 días de experiencia.

• Finalmente, advierte inconsistencias en la motivación del Acta, pues el comité

hace referencia a un “especialista Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental” y evalúa al profesional como Ingeniero Ambiental, pese a que el Ing. Lizandro Brancacho Abal fue propuesto como Residente (Personal Clave I – Ingeniero Civil), conforme se reconoce en la página 8 del propio documento. Del mismo modo, señala que el Anexo N° 2 indica que no se acreditó la experiencia de dos profesionales, mientras que el desarrollo del Acta únicamente contiene el análisis de uno de ellos.

• Por lo expuesto, solicita que se revoque la descalificación de su oferta en este

extremo y se tenga por acreditada la experiencia mínima exigida para el Personal Clave I. Sobre la admisión de la oferta del Adjudicatario.

• Señala que el Adjudicatario consignó en su Anexo N° 6, así como en la carátula de

su propuesta, que su oferta económica por S/ 544 882.20 correspondía únicamente al mantenimiento de cinco establecimientos: P.S. Quiprán, C.S. Singa, C.S. Chavín de Pariarca, P.S. Santa Ana de Pirushto y P.S. Quichirragra, excluyendo expresamente los establecimientos de Cascanga, Poque y Punchao. Añade que dicha omisión se reitera en distintos documentos de su oferta.

• Al respecto, sostiene que no se trata de un simple error de transcripción, sino de

una exclusión que afecta tres de los ocho establecimientos comprendidos en la convocatoria, equivalente al 37.5 % del objeto contractual. En ese sentido, considera que el alcance de las prestaciones y el precio ofertado constituyen elementos esenciales de la propuesta económica, por lo que no pueden ser modificados mediante subsanación, conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento.

• Asimismo, invoca el criterio establecido en la Resolución N° 6110-2025-TCP-S6,

fundamento 21, según el cual el comité y el Tribunal deben evaluar las ofertas conforme a lo expresamente declarado por los postores, sin completar omisiones ni deducir alcances que no hayan sido consignados. Por tanto, considera que incorporar posteriormente los tres establecimientos omitidos implicaría reformular la oferta económica después del cierre de la presentación de propuestas, otorgando al Adjudicatario una ventaja indebida.

• De igual manera, sostiene que no resulta aplicable la Resolución N° 7164-2025-

TCP-S3 (fundamentos 20 al 22), debido a que dicho pronunciamiento se refiere a un error mecanográfico en la denominación de un departamento (“Ambo” por “Huánuco”), que no modificaba el alcance de las prestaciones. En cambio, afirma que, en el presente caso, la omisión de tres establecimientos afecta directamente el objeto y la cobertura económica del servicio, configurando un defecto sustancial e insubsanable.

• En consecuencia, considera que, al no existir correspondencia entre el objeto de

la convocatoria y el alcance expresamente consignado en la oferta económica, corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario y revocar la buena pro otorgada a su favor. Sobre la bonificación otorgada indebidamente al Adjudicatario.

• Señala que el comité otorgó al Adjudicatario un puntaje total de 105 puntos, al

adicionar cinco puntos por concepto de bonificación MYPE, sustentada en el Anexo N° 17. Sin embargo, sostiene que dicho beneficio no correspondía, pues el numeral 75.5 del artículo 75 del Reglamento establece su aplicación únicamente en los procedimientos de selección o ítems cuya cuantía se encuentre comprendida en la modalidad abreviada.

• En ese sentido, precisa que, para el ejercicio 2026, en las contrataciones de

servicios dicha modalidad corresponde a cuantías inferiores a S/ 485 000.00. Por tanto, considerando que el presente procedimiento es un Concurso Público y su cuantía supera dicho umbral, afirma que no correspondía otorgar la bonificación MYPE al Adjudicatario.

• Asimismo, refiere que el Adjudicatario solicitó la bonificación por provincia

colindante, pese a que el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento establece condiciones específicas para su aplicación en servicios generales, entre ellas, que la cuantía no supere los S/ 200 000.00. Si bien el comité no otorgó dicho beneficio, considera pertinente señalar que tampoco correspondía su aplicación al presente procedimiento.

• En consecuencia, sostiene que la bonificación MYPE incrementó indebidamente

el puntaje del Adjudicatario y alteró el orden de prelación; por lo que, en caso no se declare no admitida su oferta, solicita que se retire la bonificación de cinco puntos y se efectúe una nueva evaluación. Vicios presentes en el Acta.

• Señala que el Acta presenta inconsistencias que afectan la transparencia y

objetividad de la evaluación. En particular, advierte que, en su página 16, el comité asignó puntajes a un supuesto “Consorcio Grupo Páramo”, pese a que dicho postor no participó en el procedimiento de selección.

• Asimismo, cuestiona que el comité no haya desarrollado suficientemente las

razones que sustentan la asignación de puntajes en los factores facultativos, lo que, a su criterio, impide verificar la objetividad y corrección de la evaluación efectuada.

• Por tales motivos, sostiene que las inconsistencias advertidas vulneran los

principios de transparencia e igualdad de trato, así como el deber de motivación de los actos administrativos, conforme al TUO de la Ley N° 27444; por lo que solicita que dichos vicios sean considerados por el Tribunal al resolver el presente recurso.

• Con decreto del 27 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 2 de noviembre de 2026.

• Mediante Oficio N° 1-GR-DRS-HCO/UE-405-RSH-D-OA/JUL presentado el 29 de

octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico N° 02-GR-DRS-HCO/UE-405-RSH-D-OA/JUL, a través del cual expresó su posición sobre los argumentos del recurso, solicitando se declare infundado el recurso de apelación, en los siguientes términos:

• Señala que la descalificación de la oferta del Impugnante se encuentra arreglada

a derecho y obedece al estricto cumplimiento de las bases integradas. El rechazo de la documentación que acreditaba la capacitación del Personal Clave II (por omitir el término exacto "Integral") y la experiencia del Personal Clave I (por carecer de una fecha de emisión cierta con día, mes y año) responde a la exigencia de certeza documental y a la aplicación irrestricta de las reglas definitivas del procedimiento, las cuales fueron consentidas por los participantes al no ser observadas en la etapa correspondiente.

• Alega que la admisión y evaluación de la oferta del Adjudicatario es válida. Al

tratarse de un procedimiento convocado bajo el sistema a suma alzada, la omisión descriptiva de tres establecimientos de salud en la nomenclatura de su Anexo N° 6 configura un error material o tipográfico pasible de subsanación. Dicho lapsus calami no altera el alcance de la prestación ni modifica el monto total ofertado por la integridad del servicio.

• Respecto a la controversia por el otorgamiento de la bonificación del 5% (MYPE)

a favor del Adjudicatario, se somete a la determinación de puro derecho que disponga el Tribunal sobre su aplicabilidad en función a la cuantía del procedimiento. Cabe precisar que la eventual deducción de este porcentaje únicamente reajustará el puntaje final, sin invalidar la idoneidad de la oferta ganadora ni revertir la condición de descalificado del impugnante.

• Sostiene que la inclusión de la denominación "Consorcio Grupo Paramo" en el

Acta constituye un evidente error material de digitación. Este vicio de forma no acarrea la nulidad del acto administrativo, toda vez que no ha generado derechos indebidos, no ha causado perjuicio a los postores, y carece de nexo causal con la descalificación del Impugnante, la cual se sustentó de manera autónoma en los defectos intrínsecos de su propia propuesta.

• Mediante escrito s/n presentado el 30 de octubre de 2026 a la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes argumentos: Respecto a los cuestionamientos a su oferta.

• Sostiene que la controversia no puede resolverse equiparando automáticamente

una denominación incompleta del servicio con una exclusión expresa de prestaciones. Al respecto, señala que el Impugnante no ha identificado una exclusión afirmativa de establecimientos, un precio parcial por cada uno, una reserva contractual ni una oferta alternativa. Por el contrario, considera que la denominación consignada en el Anexo N° 6 debe evaluarse conjuntamente con el encabezado del procedimiento, el precio total ofertado, la declaración de sometimiento a las bases integradas y los demás documentos presentados oportunamente, a fin de determinar el alcance real de su oferta.

• En esa línea, invoca el Anexo N° 3 (folio 15 de su oferta), suscrito el 9 de octubre

de 2026, mediante el cual declaró expresamente su aceptación de las bases, condiciones y reglas del procedimiento, así como el cumplimiento de todos los requerimientos exigidos por la Entidad. Sostiene que, dado que el objeto de la convocatoria comprendía ocho establecimientos de salud y dicha declaración no contenía reservas ni exclusiones, se encuentra acreditada su aceptación del íntegro del requerimiento.

• Asimismo, señala que la omisión de tres establecimientos en la denominación

descriptiva del servicio consignada en el Anexo N° 6 no equivale necesariamente a una reducción del objeto contractual, especialmente si se considera que ofertó un precio único de S/ 544 882.20 y presentó una declaración expresa de sometimiento a las bases integradas. Por ello, afirma que el Impugnante únicamente ha identificado una diferencia literal, sin demostrar que dicha omisión haya implicado una reducción del precio, de las prestaciones o de las obligaciones contractuales.

• Agrega que su oferta técnica también contiene documentos que identifican los

ocho establecimientos convocados, entre ellos: la “Mejora N° 1 – Uso de equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de ruido, vibraciones y emisiones” (folio 102); la “Mejora N° 2 – Uso de materiales y/o insumos con menor impacto ambiental” (folio 111); y la “Mejora N° 3 – Informe de análisis de gestión de riesgos y estrategia para el desarrollo del servicio” (folio 118). Precisa que estos documentos fueron presentados como parte de su oferta y no constituyen declaraciones elaboradas con posterioridad al cierre de presentación de ofertas.

• En ese sentido, sostiene que la valoración conjunta del Anexo N° 3, el Anexo N° 6

y los documentos técnicos permite concluir que la diferencia advertida corresponde a una transcripción incompleta de la denominación del servicio en el cuadro económico, sin que ello implique una exclusión efectiva de los tres establecimientos cuestionados. Por tanto, afirma que no pretende incorporar nuevas prestaciones, modificar el precio ofertado ni sustituir documentos, sino que se valoren integralmente los documentos que presentó dentro del plazo establecido.

• Por otro lado, cuestiona que el Impugnante considere excluido el 37.5 % de la

infraestructura convocada por la sola omisión de tres establecimientos en la denominación del servicio. A su criterio, dicha conclusión constituye una inferencia que no demuestra que se haya reducido proporcionalmente el precio, los metrados o las obligaciones asumidas, por lo que no corresponde tener por acreditada una exclusión material del objeto contractual.

• Respecto de los precedentes invocados por el Impugnante, señala que la

Resolución N° 7164-2025-TCP-S3 distingue entre interpretar una oferta para suplir una omisión y efectuar una revisión integral de los documentos oportunamente presentados. Asimismo, precisa que sus fundamentos 14 al 16 analizan el contenido exigible del Anexo N° 6 en el marco de la modalidad de suma alzada, por lo que su aplicación requiere verificar que las condiciones de las Bases sean equivalentes a las del presente procedimiento. De igual manera, sostiene que la Resolución N° 6110-2025-TCP-S6 exige evaluar las ofertas conforme a lo expresamente presentado, criterio que, a su entender, respalda la valoración conjunta de sus documentos originales, sin modificar el precio ni las obligaciones ofertadas.

• Finalmente, considera que, si las bases no exigían reproducir literalmente la

totalidad de la denominación del objeto contractual en el campo “concepto” del Anexo N° 6, no corresponde imponer posteriormente una exigencia formal no prevista. En consecuencia, solicita que se desestime el cuestionamiento del Impugnante y se mantenga la admisión de su oferta. Respecto de las bonificaciones otorgadas.

• En cuanto a la bonificación MYPE del 5 %, sostiene que su procedencia debe

determinarse conforme al marco normativo vigente al momento de la convocatoria y a las disposiciones de las bases integradas. Asimismo, solicita que el Tribunal distinga el cuestionamiento referido a la asignación del puntaje de las pretensiones de no admisión de su oferta y revocación de la buena pro.

• Respecto de la bonificación por provincia colindante, señala que el Acta deja

constancia de que dicho beneficio no le fue otorgado, por lo que su sola solicitud no demuestra que haya obtenido un incremento en su puntaje. Añade que cualquier cuestionamiento sobre la bonificación MYPE debe resolverse conforme a la normativa aplicable y que su eventual improcedencia no determina, por sí misma, que la oferta del Impugnante cumpla los requisitos de calificación ni que corresponda otorgarle la buena pro. Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante.

• Sobre la capacitación del Personal Clave II, sostiene que la duración de 200 horas

académicas del diplomado presentado por el Impugnante no acredita, por sí sola, la correspondencia entre su contenido y la capacitación específica exigida en las bases. Asimismo, considera que abordar distintas categorías de residuos no implica necesariamente acreditar una formación en gestión y manejo integral de residuos sólidos, por lo que corresponde verificar el contenido de los documentos efectivamente incorporados en la oferta. Respecto de la Resolución N° 7164-2025-TCP-S3, señala que dicho pronunciamiento no establece que cualquier certificado cuya denominación sea semejante a la requerida deba ser aceptado automáticamente, sino que su aplicación exige examinar las características y el contenido de la documentación presentada en cada caso. En consecuencia, considera que el Impugnante no ha demostrado que el diplomado cuestionado acredite inequívocamente el requisito exigido, por lo que solicita declarar infundado este extremo del recurso y mantener la descalificación.

• Sobre la experiencia del Personal Clave I, sostiene que, en relación con las

constancias cuestionadas, la acreditación de los 24 meses de experiencia exige documentos idóneos que permitan verificar objetivamente la información requerida en las bases. Por ello, considera que la sola consignación del mes y año en la fecha de emisión no desvirtúa los cuestionamientos formulados por el comité ni acredita necesariamente el cumplimiento del periodo mínimo exigido. Asimismo, cuestiona el cómputo de 790 días efectuado por el Impugnante, al considerar que se trata de un cálculo unilateral que no sustituye la verificación individual de cada constancia, los cargos desempeñados y los periodos efectivamente acreditados, incluyendo la exclusión de eventuales superposiciones. Añade que la aceptación de la constancia del folio 92 no determina automáticamente la validez de las demás, pues cada documento debe ser evaluado conforme a sus propios elementos. Finalmente, señala que el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento no permite incorporar extemporáneamente documentación sustancial para acreditar la experiencia ni convierte cualquier deficiencia documental en un aspecto subsanable. Por tales razones, solicita declarar infundado este extremo del recurso y confirmar la descalificación de la oferta del Impugnante. Respecto de los cuestionamientos a la motivación del Acta.

• Reconoce que en el cuadro resumen de los factores de evaluación facultativos,

consignado en la página 16 del Acta, figura la denominación “Consorcio Grupo Páramo”. Sin embargo, dicha inconsistencia no afecta el resultado del procedimiento, pues en la página 18, correspondiente al “Anexo N° 5 – Determinación del puntaje total”, se identifica expresamente al Adjudicatario y se consignan sus puntajes técnicos y económicos, así como el orden de prelación.

• Asimismo, señala que en el apartado III del Acta el comité acordó por unanimidad

otorgarle la buena pro, por lo que la referencia al supuesto “Consorcio Grupo Páramo” constituiría un error material que no demuestra que la adjudicación haya recaído en un postor distinto ni que se hayan alterado los puntajes obtenidos.

• En consecuencia, solicita desestimar la pretensión subsidiaria de nulidad

sustentada en dicha inconsistencia, al considerar que el error advertido no modificó el resultado de la evaluación ni el otorgamiento de la buena pro.

• Mediante escrito N° 2 presentado el 30 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante se pronunció respecto a lo manifestado por la Entidad y el Adjudicatario en su informe y absolución del recurso de apelación, en los siguientes términos: Respecto de los argumentos de la Entidad Sobre la experiencia del personal clave I.

• Señala que la Entidad reconoce los dos aspectos centrales de su cuestionamiento:

las bases integradas no exigían que la fecha de emisión consignara día, mes y año, y el comité aplicó criterios diferenciados al aceptar la constancia del folio 92 y rechazar documentos que presentaban el mismo formato. Pese a ello, pretende justificar posteriormente su decisión alegando que era necesario contar con certeza sobre las facultades del emisor, argumento que no fue desarrollado en el Acta de evaluación.

• Al respecto, sostiene que la motivación de la descalificación debe encontrarse en

el propio acto y no puede ser complementada mediante argumentos posteriores formulados en el Informe Técnico Legal. Además, la consignación del mes y año permite verificar que las constancias fueron emitidas después de culminados los servicios certificados, el folio 84 acredita labores hasta noviembre de 2020 y consigna como fecha de emisión diciembre de 2020, mientras que los folios 98 y 106 acreditan servicios culminados en 2014 y consignan como fecha de emisión setiembre de ese mismo año.

• En consecuencia, indica que no corresponde aplicar la Resolución N° 9159-2026-

TCP-S4, pues esta analiza un supuesto de ausencia de fecha de emisión, mientras que las constancias cuestionadas sí contienen dicha información. Asimismo, aun si el comité consideraba necesaria una precisión adicional, pudo evaluar la aplicación del mecanismo de subsanación previsto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, dado que esta no alteraba el contenido esencial de la oferta.

• Por lo demás, refiere que considerando las constancias cuestionadas y evitando

duplicar los periodos superpuestos, el Personal Clave I acredita 790 días de experiencia, superando los 730 días equivalentes a los 24 meses exigidos por las bases integradas, conforme al siguiente detalle:

• Finalmente, manifiesta que el Acta presenta inconsistencias adicionales, pues

evalúa al Ing. Lizandro Brancacho Abal como especialista en Impacto Ambiental, pese a que fue propuesto como Residente (Personal Clave I – Ingeniero Civil), conforme se reconoce en la página 8. Asimismo, el Anexo N° 2 señala que no se acreditó la experiencia de dos profesionales, aunque el desarrollo del Acta solo analiza a uno. Estas inconsistencias evidencian deficiencias en la motivación de la descalificación. Sobre la capacitación del personal clave II.

• Refiere que la Entidad no ha desvirtuado la aplicación de la Resolución N° 7164-

2025-TCP-S3, mediante la cual la Tercera Sala revocó una descalificación de su representada al considerar que un certificado denominado “Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)” acreditaba la capacitación exigida en “Seguridad y Salud en el Trabajo”. En dicho pronunciamiento, el Tribunal estableció que la evaluación debe considerar integralmente el contenido de los documentos, sin exigir coincidencia literal entre sus denominaciones.

• En ese sentido, señala que su cuestionamiento no constituye una impugnación

extemporánea de las bases integradas, sino que cuestiona que el comité haya incorporado una exigencia de identidad literal que aquellas no contemplan. El diplomado presentado a favor de la Ing. Gretty Marilu Collque Espinoza, denominado “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, Municipales, Industriales y Hospitalarios”, comprende 200 horas académicas, superando ampliamente las 20 horas exigidas y abarcando los distintos ámbitos del manejo de residuos sólidos, incluido el hospitalario, directamente relacionado con el objeto de la contratación.

• Adicionalmente, presenta como nuevo medio probatorio el contenido del

programa académico publicado por la propia institución otorgante en su página web, el cual comprende seis módulos relacionados con la gestión de residuos urbanos, segregación y reaprovechamiento, disposición final, residuos peligrosos, industriales y hospitalarios, evidenciando que la capacitación desarrolla integralmente la materia exigida. Por lo tanto, este medio probatorio no pretende completar ni modificar la oferta, sino acreditar el contenido y alcance del diplomado oportunamente presentado, en aplicación del principio de verdad material. En consecuencia, corresponde aplicar el criterio establecido en la Resolución N° 7164-2025-TCP-S3 y tener por acreditada la capacitación del Personal Clave II. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario.

• Sobre la información inexacta contenida en el Anexo N° 16, indica que conforme

a lo señalado en el literal d) del cuarto agravio del recurso de apelación, advirtió que el Adjudicatario solicitó una bonificación por provincia colindante. En esta oportunidad, precisa que dicha declaración contiene información inexacta, pues en el Anexo N° 16 (folio 126), suscrito el 9 de octubre de 2026 por su representante legal, señor Luis Raúl Aliaga García, manifestó que su domicilio se encontraba ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecutaría la prestación. Sin embargo, el propio formulario establece que, para verificar el cumplimiento de dicha condición, debe considerarse el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la Pladicop. En este caso, el domicilio registrado por el Adjudicatario se encuentra en el Jr. Seichi Izumi 481, provincia de Huánuco, mientras que los servicios objeto de contratación se ejecutarán en las provincias de Huamalíes y Huacaybamba. La provincia de Huánuco no colinda con ninguna de estas, pues entre ellas se encuentra la provincia de Leoncio Prado.

Esta circunstancia fue corroborada por el propio comité, que verificó el domicilio registrado y, precisamente por ello, no otorgó la bonificación solicitada. Por tanto, el Adjudicatario declaró una condición que no correspondía a su domicilio registrado, pese a que el mismo formulario advertía expresamente cuál era la información que sería objeto de verificación. En consecuencia, corresponde aplicar el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP, publicado el 26 de octubre de 2026 y vigente desde el día siguiente, que establece las consecuencias jurídicas de detectar información inexacta en la oferta durante la tramitación de un recurso de apelación. Conforme a dicho criterio, corresponde adoptar la consecuencia pertinente respecto de la oferta —su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda— y disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, sin que resulte necesario acreditar que la información inexacta generó una ventaja o beneficio concreto. El hecho de que el comité no haya otorgado la bonificación no elimina la inexactitud de la declaración presentada.

• Sobre la incongruencia en el alcance de la oferta económica del Adjudicatario,

precisa que las bases integradas establecieron que el objeto de la contratación comprendía el mantenimiento de ocho establecimientos de salud. Sin embargo, el Adjudicatario delimitó expresamente su oferta a cinco establecimientos, omitiendo el P.S. Cascanga, el P.S. Poque y el P.S. Punchao. Esta omisión no solo aparece en la carátula y el Anexo N° 6 de su oferta económica, por S/ 544 882.20, sino también en el folio 132 de su propuesta técnica y en la Declaración Jurada de Cumplimiento de la Garantía Comercial (folio 98), mediante la cual asumió una garantía de 24 meses únicamente respecto de esos cinco establecimientos. Si bien el documento de mejoras menciona los ocho establecimientos, este constituye un factor adicional de evaluación y no puede utilizarse para modificar o completar el alcance expresamente delimitado en los documentos económicos y declaraciones específicas del postor. En ese sentido, el comité no podía optar por la interpretación más favorable al Adjudicatario ni reconstruir el contenido de su oferta a partir de documentos contradictorios. Sostiene que la omisión tiene consecuencias concretas, pues la garantía comercial presentada bajo declaración jurada tampoco comprende los tres establecimientos excluidos. Por ello, no se trata de un simple error material, sino de una inconsistencia que afecta el alcance de las obligaciones asumidas y el contenido esencial de la oferta, cuya modificación se encuentra restringida por el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento. Tampoco resulta aplicable la Resolución N° 7164-2025-TCP-S3, pues en dicho caso se analizó un error en la denominación del departamento que no modificaba el alcance de la prestación. En el presente procedimiento, en cambio, la omisión comprende tres de los ocho establecimientos convocados. Asimismo, la invocación de la modalidad de suma alzada no permite incorporar prestaciones que no fueron expresamente comprendidas en la oferta económica. Finalmente, aun si el comité consideraba que existía algún aspecto susceptible de aclaración o subsanación, no requirió al Adjudicatario efectuarla. Por tanto, corresponde declarar no admitida su oferta, al no existir correspondencia entre el objeto convocado y el alcance expresamente ofertado.

• Sobre la improcedencia de la bonificación MYPE, alega que la propia Entidad

reconoce en su Informe Técnico Legal que la bonificación MYPE otorgada al Adjudicatario resulta legalmente inaplicable. En efecto, el numeral 75.5 del

artículo 75 del Reglamento restringe este beneficio a los procedimientos cuya

cuantía corresponde a una modalidad abreviada, condición que no se cumple en el presente Concurso Público. Además, el propio Anexo N° 17 presentado por el Adjudicatario señala que la bonificación corresponde a los ítems cuya cuantía se encuentra comprendida en dicha modalidad, supuesto que tampoco corresponde al presente procedimiento. En consecuencia, refiere que, al haberse otorgado indebidamente cinco puntos adicionales, corresponde retirar dicha bonificación y recalcular el orden de prelación, de no declararse previamente no admitida la oferta del Adjudicatario. Cabe precisar que esta bonificación fue determinante en el resultado, pues permitió que alcanzara 105 puntos, frente a los 100 puntos que obtendría sin dicho beneficio. Sobre las deficiencias de motivación del acta.

• Precisa que la Entidad reconoce que el comité asignó puntajes a un supuesto

“Consorcio Grupo Páramo”, postor que no participó en el procedimiento, calificando dicha circunstancia como un error material derivado de una operación de “copia y pega”. Este hecho, valorado conjuntamente con la evaluación desigual de las constancias del Personal Clave I, los errores en la identificación del profesional evaluado, la falta de explicación del cómputo de experiencia y el otorgamiento indebido de la bonificación MYPE, evidencia deficiencias en la motivación y consistencia del Acta, que afectan la transparencia y objetividad de la evaluación.

• Por lo tanto, señala vicios deben ser valorados por el Tribunal al resolver el recurso

y, de corresponder, sustentar la pretensión subsidiaria de nulidad del procedimiento y su retroacción a la etapa correspondiente. Respecto de los argumentos del Adjudicatario

• Indica que, en su escrito de absolución del traslado, presentado el 30 de octubre

de 2026, el Adjudicatario no desvirtúa los principales cuestionamientos formulados contra su oferta ni rebate los reconocimientos efectuados por la propia Entidad. En particular: − Respecto de los establecimientos consignados en el documento de mejoras: sostiene que los folios 103, 111 y 118 de su oferta técnica identifican los ocho establecimientos; sin embargo, dichos documentos contienen denominaciones distintas a las previstas en las bases, tales como “P.S. Punuhao”, “P.S. Quirán” y “P.S. Santa Ana de Pushpay”. Por tanto, no pueden utilizarse para completar el alcance expresamente delimitado en su oferta económica y garantía comercial. − Respecto del Anexo N° 3: invoca su declaración general de sometimiento a las bases integradas. No obstante, esta manifestación genérica no subsana las contradicciones contenidas en los documentos específicos de su oferta, en los que delimitó expresamente el alcance de las prestaciones a cinco establecimientos. − Respecto de la modalidad de suma alzada y la Resolución N° 7164-2025-TCP- S3: dicho precedente, en sus fundamentos 14 al 17, establece que, en esta modalidad, el Anexo N° 6 debe consignar el concepto y el precio total. Precisamente por ello, la correspondencia entre el concepto ofertado y el objeto convocado resulta esencial. En el presente caso, el concepto consignado por el Adjudicatario comprende únicamente cinco establecimientos, no los ocho requeridos. − Respecto de la Resolución N° 6110-2025-TCP-S6: el criterio de evaluar las ofertas conforme a lo expresamente presentado, sin reconstruir su contenido mediante interpretaciones hipotéticas, respalda su cuestionamiento, pues los documentos económicos y la garantía comercial del Adjudicatario identifican únicamente cinco establecimientos. − Respecto de la reiteración de la omisión: el Adjudicatario pretende reducir el cuestionamiento a una transcripción incompleta del Anexo N° 6, pero no explica por qué la misma omisión aparece en la carátula, el folio 132 de su oferta técnica y la Declaración Jurada de Cumplimiento de la Garantía Comercial. Sobre este último documento, que delimita expresamente las obligaciones asumidas, no formula respuesta. − Respecto de la bonificación MYPE: no sustenta la legalidad de los cinco puntos adicionales otorgados, limitándose a señalar que se trata de un cuestionamiento referido al puntaje. Ello no desvirtúa el reconocimiento expreso de la Entidad sobre la improcedencia de dicha bonificación. − Respecto de la bonificación por provincia colindante: señala que el beneficio no le fue otorgado y que, por tanto, no incrementó su puntaje. Sin embargo, no desvirtúa el contenido de su declaración en el Anexo N° 16, en la que afirmó que su domicilio se encontraba en una provincia colindante. Conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP, la falta de obtención de un beneficio concreto no elimina las consecuencias jurídicas de presentar información inexacta. − Respecto de la experiencia del Personal Clave I: cuestiona el cómputo de 790 días presentado por su representada, pero no desvirtúa los reconocimientos de la Entidad respecto de la falta de exigencia de día, mes y año para la fecha de emisión, ni la aplicación desigual de criterios al evaluar las constancias.

• En consecuencia, indica que los argumentos expuestos por el Adjudicatario no

desvirtúan los cuestionamientos formulados en su recurso de apelación ni los fundamentos desarrollados en los presentes alegatos, por lo que corresponde que el Tribunal los valore integralmente al momento de resolver.

• El 2 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Impugnante y de la Entidad.

• Con decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público de servicios, cuya cuantía asciende a S/ 546 882.20 (quinientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos con 20/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público de servicios, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 27 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 15 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante presentó el Escrito N° 1 presentado el 26 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el gerente general del Impugnante, el señor José Antonio Malpartida Ávila.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante no fue ganador de la buena pro, sino que su oferta fue descalificada.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta.

ii. Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario. iii. Se deje sin efecto la bonificación de 5% por condición MYPE. iv. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Se le otorgue la buena pro.

vi. Se declare la nulidad del procedimiento de selección.

• Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante.

ii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 27 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 30 del mismo mes y año.

• Sobre el particular, se aprecia que el 30 de octubre de 2026, el Adjudicatario se

apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando cuestionamientos contra la oferta del Impugnante; por lo que, corresponde tomar en consideración los argumentos del Adjudicatario para la fijación de los puntos controvertidos.

• Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde señalar que el Impugnante, en su recurso

de apelación, cuestionó que el Adjudicatario hubiera solicitado la bonificación por provincia colindante mediante la presentación del Anexo N° 16, alegando que no correspondía su aplicación al presente procedimiento de selección, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 75.6 del artículo 75 del Reglamento. No obstante, recién mediante escrito presentado el 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal cuestionó la veracidad de la información consignada en dicho anexo, alegando que contendría información inexacta. Al respecto, esta Sala advierte que ambos cuestionamientos tienen una naturaleza distinta, pues el primero está referido a que el Adjudicatario habría presentado como parte de su oferta el Anexo N° 16, pese a que no correspondía solicitar la bonificación por provincia colindante en el presente procedimiento de selección; mientras que el segundo cuestiona la veracidad de la información consignada en dicho documento. En ese sentido, considerando que este último constituye un cuestionamiento distinto, que no fue formulado en el recurso de apelación, sino mediante un escrito posterior y fuera de la oportunidad legal correspondiente, no corresponde emitir pronunciamiento sobre dicho extremo.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la descalificación de su oferta, y si como

consecuencia de ello, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde restar al Adjudicatario el cinco por ciento (5%) de bonificación en el puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas. iv. Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección a favor del Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de su oferta, y si como consecuencia de ello, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario.

• De la revisión del Acta de apertura, admisión, calificación, evaluación de ofertas y

otorgamiento de la buena pro, publicada en el SEACE, se advierte que, durante la calificación de las ofertas admitidas, el comité dejó constancia de su decisión de descalificar la oferta del Impugnante por no cumplir con acreditar la “Capacidad técnica y profesional del personal clave”, exponiendo para ello la siguiente motivación:

(…)

• Como se aprecia, el comité descalificó la oferta del Impugnante, sobre la base de dos

(2) observaciones, conforme se detalla a continuación: − Incumplimiento de la capacitación del personal clave II: Ingeniero ambiental. Se advierte el incumplimiento del requisito de capacitación del personal clave II (Ingeniero ambiental), debido a que el postor presentó un diplomado en “Gestión y manejo de residuos sólidos municipales, industriales y hospitalarios”, emitido por el Centro de Altos Estudios Ambientales del Perú, a favor de la señora Gretty Marilu Collque Espinoza, con una duración de 200 horas académicas. Sin embargo, las bases integradas establecieron expresamente que la capacitación requerida debía versar sobre “Gestión y manejo integral de residuos sólidos”. En ese sentido, el comité advirtió que la capacitación acreditada por el postor no cumpliría con la denominación específica exigida en las bases integradas, por lo que no correspondería tener por acreditado dicho requisito. − Incumplimiento de la experiencia del personal clave I: Residente del servicio.

Respecto de la experiencia del personal clave I (Residente del servicio), el comité advirtió que algunos de los documentos presentados por el Impugnante no cumplirían con los requisitos mínimos establecidos en las bases integradas para acreditar válidamente la experiencia, específicamente, con consignar la fecha completa de emisión del documento, esto es, el día, mes y año de su suscripción. Al respecto, se observó que los certificados obrantes en los folios 84, 98 y 106 de la oferta únicamente consignan el mes y el año de suscripción, mas no el día en que fueron emitidos. Por tal motivo, el comité consideró que dichos documentos no cumplían con los requisitos exigidos en las bases integradas y, en consecuencia, no correspondía validar la experiencia contenida en ellos. Para sustentar dicha posición, se invocó la Resolución N° 9159-2026-TCP-S4. Asimismo, respecto del documento obrante en el folio 92, el comité señaló que la constancia presentada no consignaba fecha de emisión. No obstante, el Impugnante adjuntó el acta de recepción correspondiente, por lo que dicho documento debía ser valorado conjuntamente con los demás medios probatorios presentados, a efectos de verificar y validar la experiencia acreditada. En consecuencia, se advierte que el postor no habría cumplido con acreditar la experiencia mínima exigida para el personal clave I, toda vez que las bases integradas establecieron que el Residente del servicio debía acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses. Sin embargo, al efectuar la revisión de la documentación presentada, se verifica que únicamente acredita un total de 499 días calendario, periodo que resulta insuficiente para alcanzar el mínimo requerido. Ello obedece a que no se han considerado los periodos de experiencia consignados en los certificados obrantes en los folios 84, 98 y 106 de la oferta del Impugnante, debido a que dichos documentos no consignan la fecha completa de emisión, al omitir el día de suscripción. Por tanto, al excluirse dichos periodos, el Impugnante no alcanza la experiencia mínima exigida en las bases integradas.

• Frente a dicha decisión, conforme se aprecia de los antecedentes, el Impugnante

interpuso recurso de apelación, sustentando su pretensión en los argumentos desarrollados en el numeral 2 de los antecedentes de la presente resolución. Al respecto, manifestó, principalmente, que, en cuanto al certificado de capacitación, la evaluación debió considerar el contenido y alcance de la capacitación acreditada, y no limitarse a verificar la coincidencia literal de su denominación con la exigida en las bases integradas. Asimismo, respecto de la supuesta falta de fecha en las constancias presentadas para acreditar la experiencia del Personal Clave I, señaló que no se trata de una ausencia de fecha de emisión, sino de una interpretación restrictiva de un requisito al que las bases integradas no habrían atribuido el nivel de detalle exigido por el comité. Por su parte, la Entidad y el Adjudicatario expusieron sus respectivas posiciones respecto del recurso impugnativo, en los términos desarrollados en los numerales 4 y 5 de los antecedentes de la presente resolución, respectivamente. Ambos defendieron la decisión del comité de descalificar la oferta del Impugnante, al considerar que no habría cumplido con acreditar los requisitos exigidos respecto de la capacitación y experiencia del personal clave propuesto.

• Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y a las posiciones

formuladas por el Adjudicatario y la Entidad, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases integradas sobre el requisito de calificación, pues aquellas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el órgano conductor del procedimiento al momento de evaluar las ofertas.

• Considerando que el cuestionamiento materia del presente punto controvertido se

encuentra referido al cumplimiento de los requisitos de calificación correspondientes a la “Capacitación del personal clave II: Ingeniero ambiental” y “Experiencia del personal clave I: Residente del servicio”, corresponde, en primer término, remitirnos a las disposiciones previstas en las bases integradas respecto de ambos requisitos. ➢ Capacitación del personal clave II: Ingeniero ambiental

• Así, sobre el requisito de calificación, en el literal C.2.2. Capacitación del personal

clave, del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se establece lo siguiente: (…)

• Como se aprecia, para cumplir con el requisito de calificación “Capacitación del

personal clave”, específicamente respecto del personal clave II (Ingeniero ambiental, colegiado y habilitado), el postor debía acreditar especializaciones y/o cursos de especialización en las siguientes materias:

• Sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medioambiental, con

un mínimo de 120 horas lectivas. ii. Gestión y manejo integral de residuos sólidos, con un mínimo de 20 horas académicas. Asimismo, dicho requisito debía acreditarse mediante la presentación de copias simples de constancias, certificados u otros documentos que permitieran verificar el cumplimiento de las capacitaciones exigidas.

• Ahora bien, al remitirnos a la oferta presentada por el Impugnante, en el folio 129 se

encuentra el diploma emitido a favor de la señora Gretty Marilu Collque Espinoza por haber culminado satisfactoriamente y aprobado el diplomado especializado en: “Gestión y manejo de residuos sólidos, municipales industriales y hospitalarios” con una duración de doscientas (200) horas académicas lectivas, el cual se reproduce a continuación:

• Sobre el particular, corresponde determinar si la capacitación acreditada por el

Impugnante guarda correspondencia con la materia exigida en las bases integradas, esto es, “Gestión y manejo integral de residuos sólidos”. Al respecto, este Colegiado advierte que, si bien la denominación del diplomado presentado no reproduce literalmente la expresión “integral” prevista en las bases integradas, dicha circunstancia no constituye, por sí sola, un elemento suficiente para concluir que la capacitación acreditada no guarda correspondencia con la materia requerida. En efecto, de la propia denominación del diplomado se aprecia que este comprende la gestión y manejo de residuos sólidos municipales, industriales y hospitalarios, es decir, aborda dicha materia respecto de distintas categorías de residuos sólidos. En ese sentido, la capacitación acreditada presenta correspondencia temática con la exigida en las bases integradas, pues ambas se encuentran referidas a la gestión y manejo de residuos sólidos, sin que la diferencia en la denominación permita establecer, por sí misma, que se trate de materias distintas.

• Asimismo, debe considerarse que las bases integradas no establecieron como

condición que el documento acreditativo reprodujera literalmente la denominación de la capacitación requerida, sino que el postor acreditara una especialización y/o curso de especialización en “Gestión y manejo integral de residuos sólidos”, con una duración mínima de veinte (20) horas académicas. Por tanto, exigir una coincidencia literal entre ambas denominaciones supondría incorporar una formalidad adicional que no fue contemplada en las reglas del procedimiento de selección.

• En cuanto a lo señalado por el Adjudicatario, respecto a que la duración de doscientas

(200) horas académicas del diplomado no acredita, por sí sola, la correspondencia de su contenido con la capacitación exigida, cabe precisar que este Colegiado no sustenta su conclusión únicamente en la cantidad de horas acreditadas, sino también en la denominación de la capacitación presentada, la cual comprende expresamente la gestión y manejo de residuos sólidos municipales, industriales y hospitalarios. Por tanto, se advierte una correspondencia temática con la materia requerida en las bases integradas, sin que la ausencia de la palabra “integral” en el título del diplomado permita concluir que se trata de una capacitación distinta. Asimismo, si bien el Adjudicatario sostiene que la Resolución N° 7164-2025-TCP-S3 no establece la aceptación automática de certificados por la sola semejanza de sus denominaciones, corresponde señalar que el análisis efectuado por este Colegiado no se sustenta en una equivalencia nominal automática, sino en la correspondencia objetiva entre la materia de capacitación acreditada y la requerida en las bases integradas. En ese sentido, no resulta atendible pretender que la diferencia en la denominación del diplomado constituya, por sí misma, una razón suficiente para desconocer su validez. En consecuencia, los argumentos del Adjudicatario no desvirtúan la conclusión de este Colegiado respecto del cumplimiento del requisito de capacitación del personal clave II.

• Por otro lado, respecto de lo señalado por la Entidad, en cuanto a que el rechazo de

la documentación responde a la aplicación irrestricta de las bases integradas y a la exigencia de certeza documental, cabe precisar que, si bien dichas bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, su aplicación no supone exigir una coincidencia literal entre la denominación de la capacitación requerida y la consignada en el documento presentado, cuando tal exigencia no fue expresamente prevista. En el presente caso, el diploma acredita una capacitación en gestión y manejo de residuos sólidos municipales, industriales y hospitalarios, materia que guarda correspondencia con la exigida en las bases integradas. Por tanto, la omisión del término “integral” en su denominación no constituye, por sí sola, una razón suficiente para desconocer el cumplimiento del requisito de calificación.

• En consecuencia, atendiendo a la finalidad del requisito de calificación y a la

documentación presentada, este Colegiado considera que la diferencia advertida entre las denominaciones no desvirtúa la correspondencia de la capacitación acreditada con la materia exigida en las bases integradas. A ello se suma que el diplomado cuenta con una duración de doscientas (200) horas académicas lectivas, superando el mínimo de veinte (20) horas académicas requerido. Por las consideraciones expuestas, corresponde tener por acreditado el requisito de capacitación en “Gestión y manejo integral de residuos sólidos” respecto del personal clave II propuesto por el Impugnante. ➢ Experiencia del personal clave I: Residente del servicio

• Así, sobre el requisito de calificación, en el literal C.1. Experiencia del personal clave,

del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se establece lo siguiente:

• Como se aprecia, para acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia

del personal clave I (Residente del servicio), las bases integradas exigieron una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses en el cargo de residente de obra y/o residente de servicio y/o jefe de supervisión y/o jefe de obra, en la ejecución de obras y/o servicios de infraestructura de salud y/o infraestructura educativa; asimismo, el profesional debía ser titulado, colegiado y habilitado. Asimismo, para acreditar dicha experiencia, el postor debía señalar la denominación del puesto, cargo y/o posición, así como el tiempo de experiencia del personal clave propuesto (años, meses y días) en el Anexo N° 19, adjuntando a su oferta copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demostrara la experiencia del personal propuesto. Adicionalmente, las bases establecieron que dichos documentos debían contener los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien lo suscribe.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se advierte que,

en el folio 82, obra el Anexo N° 19 – Experiencia del personal clave, correspondiente al ingeniero civil Lizandro Brancacho Abal, en el cual declara una experiencia acumulada de ochocientos treinta y cinco (835) días calendario, equivalente aproximadamente a 2.29 años, conforme se reproduce a continuación:

• Asimismo, considerando los argumentos expuestos en el recurso de apelación,

corresponde examinar los certificados observados por el comité, obrantes en los folios 84, 98 y 106 de la oferta del Impugnante, los cuales se reproducen a continuación:

• Al respecto, de la revisión de los referidos certificados, se advierte que estos

consignan los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, las fechas de inicio y culminación de las labores, con indicación del día, mes y año, el nombre de la entidad u organización emisora, así como los nombres y apellidos de quien suscribe los documentos. Asimismo, se aprecia que consignan la fecha de emisión, expresada en mes y año, conforme se advierte de los documentos examinados.

• Sobre el particular, cabe precisar que las bases integradas exigieron que los

documentos acreditativos de la experiencia contuvieran la fecha de emisión; sin embargo, no establecieron que esta debiera consignar necesariamente el día, mes y año. Distinta es la exigencia respecto de las fechas de inicio y culminación de la experiencia laboral, para las cuales sí se requirió expresamente la indicación de estos tres datos.

• En ese sentido, contrario a lo manifestado por el Adjudicatario y la Entidad, no

corresponde interpretar que la expresión “fecha de emisión” necesariamente exige consignar el día, mes y año, pues dicho término también comprende la indicación del tiempo en que se produce un determinado acontecimiento. Así, conforme a las acepciones recogidas en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la fecha puede entenderse como el tiempo en que se hace o sucede algo, así como la indicación temporal de un acontecimiento. 1.

• f. Tiempo en que se hace o sucede algo.

Enero de 2001 fue la fecha decidida. Aún no se sabe la fecha del examen. Sinónimos y afines ▪ data - momento - plazo - tiempo

• f. Día completo o día determinado.

Estamos a tres fechas del inicio de la primavera. Navidad y Año Nuevo son fechas muy señaladas.

• f. Tiempo o momento actuales.

No hay una explicación satisfactoria hasta la fecha. Hasta la fecha no hemos tenido noticias de ellos.

• f. Usado en aposición tras un sustantivo que designa el plazo para

el cumplimiento o vencimiento de algo, especialmente una letra o un pago. El crédito vence a un mes fecha.

• f. Indicación del tiempo, y a veces del lugar, en que se hace o sucede algo,

especialmente al principio o al final de un escrito. La fecha de una carta, de un cuadro.

• Bajo dicha interpretación, este Colegiado considera que la fecha de emisión de los

documentos que acreditan la experiencia del personal clave puede encontrarse expresada en mes y año, sin que resulte indispensable consignar el día calendario, siempre que las bases integradas no hayan establecido expresamente dicha exigencia y que la información consignada permita identificar temporalmente la emisión del documento.

• Aunado a ello, debe tenerse presente que la exigencia de consignar el día, mes y año

tiene especial relevancia respecto del periodo de experiencia que se pretende acreditar, pues permite al comité determinar y contabilizar el tiempo efectivamente laborado por el profesional. En cambio, la fecha de emisión del certificado cumple una finalidad distinta, vinculada a identificar temporalmente la expedición del documento. Por consiguiente, no resulta razonable extender a la fecha de emisión una exigencia de precisión que las bases integradas reservaron expresamente para las fechas de inicio y culminación de la experiencia.

• Asimismo, se advierte que los certificados obrantes en los folios 84, 98 y 106

contienen la información exigida en las bases integradas, incluyendo la identificación del profesional, el cargo desempeñado, los periodos de inicio y culminación con indicación del día, mes y año, la entidad emisora, la fecha de emisión y la identificación de quien suscribe los documentos.

• Por otro lado, respecto de la Resolución N° 9159-2026-TCP-S4, invocada por la Entidad

en el acta, corresponde precisar que dicho pronunciamiento analiza un supuesto distinto al que es materia de controversia, toda vez que en aquel caso se cuestionó documentación que no consignaba fecha de emisión, mientras que, en el presente caso, los certificados observados sí contienen dicha información, expresada mediante el mes y año de su expedición. En ese sentido, no resulta válido trasladar automáticamente el criterio de dicho pronunciamiento al presente caso, pues corresponde atender a las circunstancias particulares de cada supuesto y, especialmente, a las exigencias expresamente establecidas en las bases integradas. Así, al haberse consignado el mes y año de emisión de los certificados, y no habiendo exigido las bases que dicha información incluyera necesariamente el día, no corresponde desconocer su validez por tal motivo.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el comité efectuó una

interpretación restrictiva de las exigencias previstas en las bases integradas, al requerir que la fecha de emisión de los certificados consignara necesariamente el día, mes y año, pese a que tal condición no fue establecida expresamente. En consecuencia, correspondía considerar válidos, para efectos de la acreditación de la experiencia, los certificados obrantes en los folios 84, 98 y 106, al cumplir con la información exigida en las bases integradas, y con ello, dar por acreditada toda la experiencia declarada por el Impugnante respecto del personal clave I propuesto, el señor Lizandro Brancacho Abal, esto es, 835 días que equivalen a 2 años, 3 meses y 15 días, superando el mínimo establecido en las bases integradas (24 meses).

• En tal sentido, se concluye que el comité no efectuó una valoración correcta de la

documentación presentada por el Impugnante, respecto de la capacitación del personal clave II y la experiencia del personal clave I, por lo que corresponde revocar la descalificación de su oferta, y tener a su oferta como calificada.

• Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación y

revocar el otorgamiento de la buena pro, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario.

• Conforme se desprende de los antecedentes (numeral 2), el Impugnante cuestiona el

contenido del Anexo N° 6 presentado por el Adjudicatario, debido a que, tanto en dicho documento como en la carátula de su oferta, consignó que su oferta económica, ascendente a S/ 544 882.20, correspondía únicamente al mantenimiento de cinco (5) establecimientos de salud: P.S. Quiprán, C.S. Singa, C.S. Chavín de Pariarca, P.S. Santa Ana de Pirushto y P.S. Quichirragra, omitiendo los establecimientos de Cascanga, Poque y Punchao. Según sostiene, dicha omisión evidenciaría que su oferta no comprende la totalidad de los establecimientos que conforman el objeto de la contratación.

• Por su parte, el Adjudicatario sostiene que la denominación consignada en el Anexo

N° 6 debe evaluarse conjuntamente con la nomenclatura del procedimiento de selección, el precio total ofertado, la declaración de sometimiento a las bases integradas y los demás documentos que conforman su oferta, a efectos de determinar el alcance real de la prestación ofertada (numeral 5 de los antecedentes). Asimismo, la Entidad considera que la omisión advertida constituye un error material o tipográfico susceptible de subsanación, que no altera el alcance de la prestación ni modifica el monto total ofertado por la integridad del servicio (numeral 4 de los

• A fin de resolver la controversia planteada, corresponde precisar que el Anexo N° 6

no constituye, por sí mismo, un requisito de admisión de ofertas, como sostiene el Impugnante al solicitar que se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. Sin perjuicio de ello, resulta necesario examinar si la omisión advertida compromete el alcance de la oferta económica presentada. Para tal efecto, corresponde remitirse a las disposiciones de las bases integradas relativas a la presentación de la oferta económica, específicamente a lo establecido en el literal B del Capítulo II de la Sección Específica, que señala lo siguiente:

• Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se advierte

que, en el folio 132, obra el Anexo N° 6, cuyo contenido se reproduce a continuación:

• Sobre el particular, se aprecia que el Adjudicatario consignó correctamente la

nomenclatura del procedimiento de selección (Concurso Público de Servicios N° 003- 2026-UE-405-RSH-C-1); sin embargo, al describir el objeto de la contratación en el referido anexo, omitió mencionar los establecimientos de salud de Cascanga, Poque y Punchao. Cabe señalar que dicha omisión también se advierte en la carátula de su oferta técnica.

• No obstante, corresponde efectuar una valoración integral de la oferta presentada.

Así, se advierte que el Adjudicatario identificó el procedimiento de selección al que presenta su propuesta y que, en el folio 15, obra el Anexo N° 3 – Declaración jurada, mediante el cual declaró conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, así como cumplir con las condiciones establecidas en el requerimiento para la contratación.

• En ese contexto, si bien se advierte que el Adjudicatario omitió mencionar tres (3)

establecimientos de salud en la descripción consignada en el Anexo N° 6 y en la carátula de su oferta, dicha circunstancia no determina, por sí sola, que su propuesta económica haya excluido tales establecimientos, toda vez que el alcance de la oferta debe desprenderse de una valoración integral de los documentos que la conforman.

• En cuanto a lo señalado por el Impugnante, respecto a que la omisión de tres (3) de

los ocho (8) establecimientos de salud representa una exclusión sustancial que afecta el 37.5 % del objeto contractual, cabe precisar que dicha circunstancia, no acredita que el Adjudicatario haya limitado el alcance de su oferta económica. En efecto, lo determinante no es únicamente la descripción consignada en el Anexo N° 6, sino el contenido de la propuesta en su conjunto, a efectos de establecer si el precio ofertado comprende la totalidad de las prestaciones requeridas por la Entidad.

• Asimismo, respecto de la invocación del numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento

y de la Resolución N° 6110-2025-TCP-S6, corresponde señalar que el criterio referido a la imposibilidad de modificar o completar el contenido de una oferta no resulta incompatible con la valoración integral de los documentos que la conforman. En el presente caso, no se pretende incorporar prestaciones ni modificar el precio ofertado con posterioridad al cierre de la presentación de ofertas, sino determinar el alcance de la propuesta a partir de la documentación presentada oportunamente por el Adjudicatario.

• De otro lado, respecto de la Resolución N° 7164-2025-TCP-S3, si bien el Impugnante

sostiene que dicho pronunciamiento aborda un supuesto distinto, referido a un error en la denominación de un departamento, ello no impide considerar el criterio de valoración de la oferta en su conjunto que subyace a dicho pronunciamiento. En efecto, la relevancia de una imprecisión no depende exclusivamente de su naturaleza formal, sino de si esta modifica o permite identificar un alcance distinto de la prestación ofertada. En consecuencia, la omisión advertida en el presente caso no puede calificarse automáticamente como un defecto sustancial e insubsanable por el solo hecho de comprender tres establecimientos, sino que su trascendencia debe determinarse a partir del contenido objetivo de la propuesta presentada.

• Por consiguiente, los argumentos del Impugnante no resultan suficientes para

concluir que el Adjudicatario excluyó de su oferta los establecimientos de Cascanga, Poque y Punchao, toda vez que, conforme a la documentación presentada con su propuesta, se acredita que el precio ofertado comprende la totalidad del servicio requerido por la Entidad.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde confirmar la admisión de la oferta del

Adjudicatario, y por lo tanto, declarar infundado este extremo del recurso de apelación. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde restar al Adjudicatario el cinco por ciento (5%) de bonificación en el puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas.

• El Impugnante ha cuestionado que el comité no efectuó una adecuada evaluación de

la oferta del Adjudicatario, pues no debió otorgar puntaje del 5% adicional por bonificación de Remype, porque el procedimiento de selección no corresponde a una cuantía con modalidad abreviada.

• Conforme se desprende de los antecedentes (numeral 4), la Entidad deja a disposición

del Tribunal la aplicabilidad de la bonificación en función de la cuantía, mediante su escrito de absolución del recurso de apelación, el Adjudicatario indica que la procedencia de la bonificación debe determinarse conforme al marco normativo vigente al momento de la convocatoria y a las disposiciones de las bases integradas (numeral 5).

• Sobre la base de dichas posiciones, resulta pertinente, en principio, traer a colación

lo dispuesto en el numeral 75.5 del artículo 75 del Reglamento vigente, el cual indica lo siguiente: “En los procedimientos de selección o ítems cuya cuantía corresponda a una modalidad abreviada, las bases estándar contemplan bonificaciones en el puntaje a las micro y pequeñas empresas, o a los consorcios conformados en su totalidad por estas”. (El resaltado es agregado)

• Como se aprecia del texto de la normativa, la bonificación que se otorga a los postores

sobre el puntaje obtenido en la evaluación de ofertas, por tener la condición de micro y pequeñas empresas, solo es aplicable en procedimientos de selección cuya cuantía corresponda a una modalidad abreviada; razón por la cual, tratándose el presente caso de un Concurso Público de Servicios, con una cuantía de S/ 546 882.20 (quinientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y dos con 20/100 soles), el cual supera el monto de la cuantía de la modalidad abreviada, no resulta aplicable la mencionada bonificación.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de

selección se aprecia que en el numeral 2.2.2.3 de la sección específica, denominado “documentación de presentación facultativa”, se establece la presentación de la solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 17), situación que también se contempla en las bases estándar del procedimiento de selección.

• Ahora bien, de la revisión del Anexo N° 17, se contempla que la bonificación del cinco

por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa en el caso cuya cuantía corresponda a una modalidad abreviada, conforme se muestra a continuación:

Nótese que en el anexo N° 17, también contempla que la solicitud de bonificación del 5%, por tener la condición del micro y pequeña empresa, es para el caso correspondiente a una cuantía de modalidad abreviada.

• En ese sentido, queda claro que la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, se otorga para los procedimientos de selección cuya cuantía corresponda a una modalidad abreviada, es así que incluso es posible otorgar tal beneficio en ítems de licitaciones o concursos públicos, cuando su cuantía no supere al tope máximo para convocar una modalidad abreviada. No obstante, en el presente caso la cuantía del procedimiento de selección no reúne los requisitos para asignar dicha bonificación.

• Por las consideraciones expuestas, se colige que la normativa prevé el impulso de la

participación de las micro y pequeñas empresas en procedimientos de selección a través de la asignación de ciertos beneficios previstos para los procedimientos de selección cuyas cuantías correspondan a una modalidad abreviada; lo cual no sucede en las licitaciones y concursos que superan la cuantía requerida, ya que, por el mayor costo que implican y su mayor complejidad, la elección del ganador de la buena pro se sujeta a criterios técnicos y económicos, no vinculados a las condiciones o beneficios del postor, como el ser una MYPE.

• Ahora bien, a fin de poder determinar el puntaje asignado al Adjudicatario en la

evaluación de las ofertas, se muestra el puntaje obtenido según el “Acta de apertura, admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro:

• Como se puede advertir, el comité otorgó puntaje adicional por ser REMYPE al

Adjudicatario. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes expuesto, no correspondía otorgar dicho beneficio de bonificación del cinco por ciento (5%), porque el procedimiento de selección convocado no pertenece a cuantía con modalidad abreviada.

• En ese sentido, sin considerar la bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la

condición de micro y pequeña empresa, el puntaje total del Adjudicatario sería de 100 puntos.

• Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación y

revocar el cinco por ciento (5%) de bonificación otorgado al Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección.

• El Impugnante manifiesta que el Acta contiene inconsistencias que afectarían la

transparencia y objetividad de la evaluación. En particular, señala que, en la página 16, el Comité asignó puntajes a un supuesto “Consorcio Grupo Páramo”, pese a que dicho postor no participó en el procedimiento de selección. Asimismo, cuestiona que no se hayan desarrollado suficientemente las razones que sustentan la asignación de puntajes en los factores de evaluación facultativos, situación que, a su criterio, impediría verificar la objetividad y corrección de la evaluación efectuada. En virtud de ello, sostiene que las inconsistencias advertidas vulneran los principios de transparencia e igualdad de trato, así como el deber de motivación de los actos administrativos, previsto en el TUO de la Ley N° 27444; por lo que solicita que dichos vicios sean considerados por el Tribunal al resolver el presente recurso.

• Por su parte, la Entidad señala que la denominación “Consorcio Grupo Páramo”

consignada en el Acta constituye un error material de digitación que no acarrea la nulidad del acto administrativo, toda vez que no ha generado derechos indebidos, ocasionado perjuicio a los postores ni guarda relación causal con la descalificación del Impugnante (numeral 4 de los antecedentes). En la misma línea, el Adjudicatario sostiene que dicha inconsistencia no afecta el resultado del procedimiento de selección, puesto que, en el apartado correspondiente a la determinación del puntaje total, se identifica expresamente al Adjudicatario, se consignan sus respectivos puntajes técnico y económico y se establece el orden de prelación, otorgándosele la buena pro por unanimidad (numeral 5 de los antecedentes).

• Al respecto, este Colegiado advierte que la referencia al supuesto “Consorcio Grupo

Páramo” en la página 16 del Acta constituye un error material en la consignación de la información, toda vez que dicho postor no participó en el procedimiento de selección. No obstante, dicha inconsistencia no evidencia, por sí misma, que se hayan otorgado puntajes a un postor inexistente ni que haya incidido en la evaluación de las ofertas de los participantes, más aún si en el apartado correspondiente a la determinación del puntaje total se identifica al Adjudicatario, se consignan sus respectivos puntajes y se establece el orden de prelación. Por tanto, dicha referencia constituye una imprecisión que no afecta el contenido esencial del acto ni determina su invalidez. Aunado a ello, cabe señalar que los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo prescrito en el artículo 201 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG.

• Por otro lado, respecto de la alegada falta de motivación en la asignación de puntajes

correspondientes a los factores de evaluación facultativos, cabe señalar que el deber de motivación exige que las razones que sustentan la evaluación sean objetivas, verificables y concordantes con los criterios establecidos en las bases integradas, de modo que los postores puedan conocer cómo se efectuó la calificación de sus ofertas. En ese sentido, de la revisión del acta, el Colegiado no advierte que la sola afirmación del Impugnante respecto de una supuesta insuficiencia en la motivación de la evaluación técnica de la oferta del Adjudicatario resulte suficiente para acreditar una vulneración de los principios de transparencia e igualdad de trato. Por el contrario, se aprecia que dicha evaluación se realizó conforme a los parámetros establecidos en las bases integradas. Asimismo, de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, no se advierte que el Impugnante haya acreditado que la motivación consignada en el acta haya sido insuficiente o que esta le haya impedido conocer o verificar las razones que sustentaron los puntajes otorgados.

• En consecuencia, al no haberse acreditado que la referencia al supuesto “Consorcio

Grupo Páramo” haya incidido en la evaluación de las ofertas ni que las deficiencias alegadas hayan impedido verificar la asignación de los puntajes conforme a los criterios establecidos en las bases integradas, este Colegiado considera que las inconsistencias cuestionadas no constituyen vicios trascendentes que justifiquen declarar la nulidad del procedimiento de selección. Por consiguiente, en aplicación del principio de conservación del acto administrativo, corresponde desestimar la solicitud de nulidad formulada por el Impugnante.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar infundado este extremo del

recurso de apelación. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• Sobre el particular, el Impugnante solicita se le otorgue la buena pro. Al respecto, por

efecto del análisis del primer punto controvertido, se ha determinado que corresponde que el comité revoque la descalificación de la oferta del Impugnante, y se tenga por calificada su oferta, y, en consecuencia, dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, considerando que la oferta del Impugnante no fue evaluada, el comité deberá continuar con la evaluación y el otorgamiento de la buena pro al postor que corresponda.

• Cabe precisar que no corresponde a este Tribunal sustituirse en el ejercicio de las

funciones que la normativa vigente atribuye al comité como órgano encargado de la evaluación de las ofertas.

• Asimismo, en sus extremos no cuestionados, el Acta de apertura, admisión,

calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro publicada en el SEACE, se encuentra premunida de la presunción de validez prevista en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS.

• En consecuencia, el recurso impugnativo será declarado fundado en parte: fundado

en el extremo que solicita revocar la descalificación de su oferta, restar al Adjudicatario el cinco por ciento (5%) de bonificación en el puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas; e infundado en el extremo que solicita se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, se declare la nulidad del procedimiento de selección y se le otorgue la buena pro.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará fundado en parte el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fue otorgada por el Impugnante al interponer su recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Lupe Mariella Merino De La Torre, en reemplazo del Vocal Marlon Luis Arana Orellana, y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, y el Rol de Turnos de Presidentes de Sala vigente, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa JRS

Constructora e Inmobiliaria S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 003-2026-UE-405-RSH-C-1, para la “Contratación de servicio a todo costo de mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de salud del P.S. Cascanga, P.S. Poque, P.S. Punchao, P.S. Quiprán, C.S. Singa, C.S. Cahvín De Pariarca, De La Provincia De Huamalíes, Departamento de Huánuco, y P.S. Santa Ana de Pirushto y P.S. Quichirragra, de la Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco”, convocado por el Gobierno Regional Huánuco - Unidad Ejecutora 405 Red de Salud Huamalíes, siendo fundado en el extremo que solicita revocar la descalificación de su oferta, restar al Adjudicatario el cinco por ciento (5%) de bonificación en el puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas; e infundado en el extremo que solicita se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, se declare la nulidad del procedimiento de selección y se le otorgue la buena pro. 1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público de Servicios N° 003-2026-UE-405-RSH-C-1 a favor del postor Transportes y Constructora Luchin Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 1.2 Revocar la descalificación de la oferta del postor JRS Constructora e Inmobiliaria S.A.C., teniéndose por calificada. 1.3 Revocar el cinco por ciento (5%) de bonificación en el puntaje total obtenido en la evaluación de las ofertas al postor Transportes y Constructora Luchin Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 1.4 Confirmar la admisión, calificación y evaluación de la oferta del postor Transportes y Constructora Luchin Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 1.5 Disponer que el comité continúe con la evaluación de la oferta del postor JRS Constructora e Inmobiliaria S.A.C. y otorgue la buena pro al postor que corresponda.

• Devolver la garantía otorgada por el postor JRS Constructora e Inmobiliaria S.A.C.,

por la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE