Resolución N.° 9724-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege (…)”. Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026, de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 6480/2025.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra el señor CACHIQUE BARDALEZ ROYER GIUSSEPE, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000407 del 7 de junio de 2023, emitida por la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Huallaga; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 7 de junio de 2023, la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto

Huallaga, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 0000407, a favor del señor Cachique Bardalez Royer Giussepe, en adelante el Contratista, para la realización del “Servicio en inspección de control vectorial en la OGESS- AH, correspondiente al periodo del 1 al 16 de mayo de 2023”, por el importe de S/ 800.00 (ochocientos con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. En la oportunidad en que se realizó dicha contratación, se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF, y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• Mediante Oficio N° 000093-2025-CG/FIS1 del 4 de marzo de 2025, presentado

el 14 de julio del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Contraloría General de la República comunicó que se tomó conocimiento de la contratación de proveedores con impedimentos para contratar con el Estado, en el marco de, entre otras, la Orden de Servicio emitida por la Entidad a favor del Contratista, en base a los siguientes argumentos: ➢ Señala que el señor Royer Cachique Upiachihua ejerció el cargo de jefe de la Unidad de Presupuesto de la Entidad hasta septiembre de 2022. ➢ No obstante, el señor Royer Giussepe Cachique Bardalez (el Contratista), pese a poseer parentesco en primer grado con el señor Royer Cachique Upiachihua (hijo – padre), contrató con la Entidad a través de, entre otras, la Orden de Servicio. ➢ Por lo expuesto, se advierten indicios de que el Contratista habría incurrido en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley.

• Con Decreto del 9 de febrero de 20262, previamente al inicio del presente

procedimiento administrativo sancionador, se dispuso requerir a la Entidad para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con remitir diversa información relacionada a la Orden de Servicio, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• Mediante Decreto del 21 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal

• del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la

contratación perfeccionada mediante el Contrato; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del mencionado cuerpo normativo. 1 Documento obrante a folio 2-3 del expediente administrativo. 2 Documento obrante a folios 18 al 19 del expediente administrativo.

En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

• A través de Decreto del 31 de julio de 2026, tras verificar que el Contratista no

se apersonó ni presentó descargos a las imputaciones en su contra, a pesar de haber sido válidamente notificada, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• Con Decreto del 31 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal

dispuso el registro del Informe de Instrucción N° 130-2026- ST3-CSCH de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual se recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción.

• Por Decreto del 13 de agosto de 2026, habiéndose verificado que el

Contratista fue válidamente notificado vía casilla electrónica en la misma fecha con el Informe de Instrucción N° 130-2026- ST3-CSCH, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso remitir el expediente administrativo a la Quinta Sala del Tribunal para que resuelva, efectivizándose el pase a la Vocal 17 de agosto de 2026.

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º

D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se dispuso formalizar el Acuerdo N.º 001- 014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Quinta Sala del Tribunal se conforma por los vocales Juan Carlos Cortez Tataje (Presidente), Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador,

determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber contratado con el Estado estando inmerso en el impedimento establecido en el literal h), en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo (norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos imputados). Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del

TUO de la Ley, constituye infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra contraten con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el

artículo 11 del TUO de la Ley.

En la misma línea, el referido artículo 11 del TUO de la Ley establece que cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la referida norma.

• Cabe precisar en este punto que el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del

TUO de la Ley establece como un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del OSCE lo siguiente: “Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco”. En ese orden de ideas, cabe advertir que el numeral 50.2 del artículo 50 del TUO de la Ley señala que para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, sólo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del mismo artículo. De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la norma ha previsto que constituirá una conducta administrativa sancionable la comisión de las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del numeral 50.1 del referido artículo, aun cuando el monto de la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT.

• A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempla como supuestos de hecho

necesarios e indispensables para la configuración de la infracción imputada en el presente caso, los siguientes: i) el perfeccionamiento de una relación contractual entre el proveedor y una entidad; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el proveedor se encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la mencionada normativa.

• Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selección que llevan a cabo las entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procedimientos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que tienen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Dichas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación. Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. En este contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse el contrato, el Contratista tenía el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la comisión de la

infracción imputada al Contratista, es necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado una relación contractual entre el proveedor

imputado y una Entidad; y ii. Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el Contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley. Al respecto, corresponde tener en consideración lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE, mediante el cual el Tribunal precisó que, tratándose de contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, comprendidas en el supuesto previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30225, no existe en la normativa de contratación pública un procedimiento específico para su formalización, por lo que la acreditación de la existencia de una relación contractual no se encuentra supeditada exclusivamente a la presentación de un contrato escrito o de una orden de compra o de servicio debidamente recibida por el proveedor. En ese sentido, en aplicación del principio de verdad material, dicho Acuerdo estableció que la existencia del contrato puede acreditarse mediante la recepción de la respectiva orden de compra o de servicio, así como a través de otros medios probatorios que evidencien actuaciones vinculadas con la contratación, tales como cotizaciones, facturas, recibos por honorarios, conformidades, constancias de prestación o documentación relacionada con el procedimiento de pago, los cuales pueden ser valorados individual o conjuntamente, según las particularidades del caso concreto, siempre que permitan identificar de manera fehaciente la contratación por la cual se atribuye responsabilidad al proveedor.

• Por consiguiente, la determinación de la existencia de la relación contractual

exige una valoración integral de los medios probatorios obrantes en el expediente, sin que la ausencia de un contrato escrito o de una orden de compra o de servicio constituya, por sí sola, un elemento suficiente para descartar su existencia.

• Sobre el primer requisito para la configuración de la infracción materia de

análisis, en el expediente administrativo obra la copia de la Orden de Servicio N° 00004073, de fecha 7 de junio de 2023, emitida a favor del Contratista; sin embargo, no se aprecia el cargo de recepción por parte del Proveedor, conforme se verifica de la siguiente imagen:

• Al respecto, si bien la Orden de Servicio fue emitida el 7 de junio de 2023, de

la descripción de la misma se desprende expresamente lo siguiente:

“PRIMER ENTREGABLE: 01 AL 16 DE MAYO DE 2023 (…)”

• Bajo dicha premisa, de la revisión al expediente administrativo, se verifica la

copia del Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-22 del 8 de junio de 2023 y el Comprobante de Pago N° 1227 del 15 de junio de 2023, ambos emitidos por el monto y por el servicio descrito en la Orden de Servicio. Asimismo, en ambos documentos se precisa que el servicio corresponde al mes de mayo de 2023, conforme se verifica a continuación:

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la Orden de Servicio, se advierte

que esta fue emitida el 7 de junio de 2023 y que, respecto del plazo de ejecución, se consignó que este comprendía del 1 al 15 de mayo de 2023, correspondiente al mes de mayo de 2023. En ese sentido, considerando que la Orden de Servicio fue emitida recién el 7 de junio de 2023, se puede determinar que dicho documento habría tenido por finalidad regularizar servicios prestados durante dicho periodo, y no para formalizar una contratación cuya ejecución debía desarrollarse por el período restante hasta su conformidad. Aunado a ello, la Entidad no ha aportado mayores elementos probatorios que permitan determinar que la Orden de Servicio dio origen a la relación contractual entre las partes. Por consiguiente, no resulta posible concluir que se encuentre acreditada la contratación en los términos de la imputación efectuada.

• En consecuencia, corresponde, además, comunicar dicha situación a su

Órgano de Control Institucional para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes a fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar.

• Tal indeterminación no permite identificar cuál es el contrato del cual deriva

la orden de servicio imputada en el presente procedimiento administrativo sancionador; ni la oportunidad en que se perfeccionó, lo cual incluso podría haberse producido en un momento en el cual el Contratista no se encontraba impedido, e inclusive respecto del cómputo del plazo de prescripción de la infracción imputada.

• En atención a ello, debe tener presente que, para establecer la

responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del Contratista, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ3: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, se reconoce la presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• En atención a lo expuesto, al no poder determinarse la oportunidad en que se

habría perfeccionado la relación contractual a la que alude la Orden de Servicio, no es posible siquiera tener certeza del primer requisito que compone el tipo infractor, esto es el perfeccionamiento de una relación contractual entre la Entidad y el Contratista, y menos la fecha en que ello habría ocurrido (imprescindible para verificar la concurrencia de algún impedimento para contratar con el Estado). 3 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.

• En ese sentido, en el presente caso, corresponde declarar NO HA LUGAR la

imposición de sanción en contra del Contratista por su supuesta responsabilidad de contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley, infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225 [actualmente prevista en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069]. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui, y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Juan Carlos Cortez Tataje, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025- EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor CACHIQUE

BARDALEZ ROYER GIUSSEPE (R.U.C. N° 10741573224) por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la Orden de Servicio N° 0000407 del 7 de junio de 2023, emitida por la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Huallaga; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del citado cuerpo normativo; por los fundamentos expuestos.

• Poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad la

presente resolución, a efectos de la adopción de las medidas que correspondan, conforme a lo señalado en el fundamento 12.

• Disponer el archivo definitivo del expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

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SONIA TATIANA ANGULO

REÁTEGUI

VOCAL

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JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

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