Resolución N.° 9723-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)“. Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7638/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa INNOVARE E-BUSINESS S.A.C., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 3-2026-MTPE-1, convocado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 22 de junio de 2026, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en

adelante la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios N° 3-2026-MTPE-1, para la “Contratación del servicio de implementación de una solución integral de Endpoint Detection and Response”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 603,100.00 (seiscientos tres mil cien con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección.

• El procedimiento de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Públicas, modificada por las Leyes N° 32103, 32187 y 32515, así como por el Decreto Legislativo N° 1715, en adelante la Ley; y de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, en adelante el Reglamento.

• El 17 de agosto de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y el

31 del mismo mes y año, a través del SEACE, se notificó el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa INNOVARE E-BUSINESS S.A.C., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 295,500.00 (doscientos noventa y cinco mil quinientos con 00/100 soles), conforme a los siguientes resultados: Postor Admisión Calif. Evaluación Resultado Precio ofertado (S/) Eval. Técnica Eval. Econ. Puntaje total Orden de prelación

INNOVARE E-

BUSINESS S.A.C.

Si Cumple 295,500.00 100.00 84.60 95.38 1 Adjudicatario

THINK NETWORKS

PERÚ S.A.C.

Si Cumple 250,000.00 90.00 100.00 93.00 2 Segundo lugar

VILSOL LATAM

EMPRESA

INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA - VILSOL

LATAM E.I.R.L.

Si Cumple 599,000.00 100.00 41.74 82.52 3 Tercer lugar

• El 11 de septiembre de 2026, la Entidad registró el consentimiento de la buena pro

y el 2 de octubre del mismo año publicó la pérdida de la buena pro. Asimismo, el 12 de octubre de 2026 adjudicó la buena pro a la empresa THINK NETWORKS PERÚ S.A.C. (segundo lugar).

• Mediante escrito N° 1, subsanado con escrito N° 2, recibidos el 15 y 19 de octubre

de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa INNOVARE E-BUSINESS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la declaratoria de pérdida de la buena pro, solicitando que dicho acto sea revocado y que, en consecuencia, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar y se ordene a la Entidad perfeccionar el contrato, en razón de los siguientes argumentos: Respecto de la declaratoria de pérdida de la buena pro:

• El 21 de septiembre de 2026 presentó la Carta N° 161-2026/INNO, con los

requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, a través de la Carta N° 1530-2026-MTPE/4/11.2, notificada el 24 del mismo mes y año, la Entidad observó la documentación presentada, otorgando cuatro (4) días hábiles para su subsanación.

• El 30 de septiembre de 2026 presentó la Carta N° 166-2026/INNO, a fin de

subsanar las observaciones formuladas. Sin embargo, mediante el Informe N° 2332-2026-MTPE/4/11.2 del 2 de octubre de 2026, basado en el Informe N° 2055-2026-MTPE/4/13.2, se declaró la pérdida de la buena pro y se dispuso la adjudicación al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• Considera que la Entidad no revisó correctamente la documentación que fue

presentada y que se le habría exigido documentos adicionales que no fueron establecidos en las bases integradas, además, no existiría una motivación clara y suficiente de los incumplimientos, por lo siguientes motivos:

• En el literal j) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de

las bases integradas se estableció que el postor ganador debía contar con un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CyberSOC) para la prestación del servicio de seguridad gestionada, precisándose que dicho centro no necesariamente debía encontrarse a nombre del postor. Asimismo, se dispuso que este requisito sería acreditado con la copia del certificado y/o carta de la entidad oficial certificadora, o mediante la certificación ISO 27001 cuyo alcance hiciera referencia a un CyberSOC para la prestación del servicio solicitado. Según refiere, tanto en la presentación inicial de la documentación como al atender el requerimiento de subsanación formulado por la Entidad, adjuntó una declaración jurada y el certificado ISO 27001. Sin embargo, dicha documentación fue observada porque la certificación presentada no constituía una copia certificada, pese a que tal exigencia no se encontraba prevista en las bases integradas. ii) En el literal k) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas se indicó que el postor ganador debía contar con la certificación ISO 27001. Señala que, dicho documento fue presentado; sin embargo, la Entidad lo observó al advertir una supuesta inconsistencia entre la fecha de registro del certificado (29 de septiembre de 2026) y las fechas de inicio de certificación y de emisión del certificado (29 de octubre de 2025), sin brindar mayor sustento al respecto. iii) En el literal n) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas se dispuso que el postor ganador debía presentar, en un formato libre, los siguientes datos: marca, versión del producto, características y funcionalidades principales. Según sostiene, la Entidad cuestionó diversas características técnicas, previstas en los numerales 5.2.6 y 5.2.7 de los términos de referencia, al considerar que la información presentada no cumplía con lo exigido y que, además, no provenía de documentación pública del fabricante, pese a que tal exigencia no había sido incluida en las bases integradas.

iv) Sobre la identificación de la solución tecnológica, señala que las bases integradas permitían la integración de componentes de distintos fabricantes, siempre que se garantice la integralidad del servicio. A su vez, sostiene que la identificación del software a utilizar constituía una exigencia prevista para la suscripción del contrato y su evaluación correspondía realizarla durante la fase piloto.

• Afirma que la Entidad otorgó la buena pro al postor que ocupó el segundo

lugar sin observar el procedimiento legalmente establecido, dado que dicha adjudicación se efectuó cuando aún no había quedado consentida la pérdida de la buena pro.

• Por Decreto del 19 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

presentado en el procedimiento de selección y se dispuso lo siguiente:

• Efectuar el traslado a la Entidad para que registre en el SEACE el informe

técnico legal, indicando su posición respecto de los fundamentos del recurso impugnativo, dentro del plazo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación; bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad.

• Que el postor o los postores emplazados, distintos al Impugnante, absuelvan

el traslado del recurso impugnativo en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de su notificación.

• Remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas

para que evalúe la información y documentación que obra en el mismo.

• Programar la audiencia pública para el 26 de octubre de 2026.
• El 22 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Oficio N° 1234-2026-

MTPE/4/11.2, el Informe N° 2200-2026-MTP/4/13.2, el Informe N° 2513-2026- MTPE/4/11.2 y el Informe N° 215-2026/MTPE/4/8, mediante los cuales señaló lo siguiente:

Sobre la declaratoria de pérdida de la buena pro:

• En el Informe N° 2200-2026-MTP/4/13.2 se señaló que la única observación

determinante para concluir el incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual estaba referida al literal n), debido a que la solución inicialmente identificada como WITHSECURE fue sustituida por CYNET, respecto de la cual no era posible verificar la correspondencia de las características y funcionalidades exigidas en los numerales 5.2.1 al 5.2.7 de los términos de referencia. Asimismo, se precisó que los requisitos previstos en los literales j), k), l) y m) se encontraban acreditados. De igual modo, se indicó que la expresión “copia certificada” debía entenderse como “copia del certificado” y que la referencia efectuada al literal m) correspondía, en realidad, al literal n).

• En el Informe N° 2513-2026-MTPE/4/11.2 se concluyó que la subsanación

vinculada al literal n) debía considerarse atendida, ya que la verificación de su cumplimiento debía efectuarse sobre la base de la documentación exigida en las bases integradas.

• A través del escrito s/n, recibido el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante designó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada.

• El 26 de octubre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal realizó la audiencia pública

con la participación de los representantes del Impugnante, dejándose constancia de que la Entidad no se presentó a dicha audiencia, pese a haber sido debidamente notificada el 19 de octubre de 2026, conforme consta en el Toma Razón Electrónico del Tribunal.

• Por Decreto del 26 de octubre de 2026, la Quinta Sala del Tribunal corrió traslado

del posible vicio de nulidad identificado, conforme a lo siguiente: “Al MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (Entidad), a la empresa INNOVARE E-BUSINESS S.A.C. (Impugnante) y a la empresa THINK NETWORKS PERÚ S.A.C (Adjudicatario): Mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la declaratoria de pérdida de la buena pro, pues considera que la Entidad no revisó correctamente la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato.

De la revisión del “Acta de otorgamiento de la buena al segundo postor por pérdida de buena pro” y del Informe N° 2332-2026-MTPE/4/11.2, se advierte que la Entidad sustenta el incumplimiento del Impugnante, entre otros aspectos, en la supuesta falta de acreditación de las especificaciones técnicas de la solución ofertada, toda vez que inicialmente se habría ofrecido el producto WITHSECURE - ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE EDR y, en la subsanación, se presentó el producto CYNET XDR. Asimismo, se señaló que para acreditar ciertas características no se habría presentado “información pública del fabricante ofertado”. Al respecto, en el literal n) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, la Entidad requirió lo siguiente: (…) Conforme se aprecia, las bases integradas establecieron que el postor ganador de la buena pro debía presentar, entre otros documentos, los datos de la marca, versión del producto, características y funcionalidades principales de la solución ofertada mediante un “formato libre”. Sobre el particular, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante el Reglamento, establece que las bases estándar aprobadas por la DGA son de uso obligatorio por los evaluadores. En ese sentido, las Bases Estándar del Concurso Público para la Contratación de Servicios prevén que la Entidad puede requerir, para la suscripción del contrato, documentación adicional a la contemplada en el numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica, siempre que la necesidad de dicha documentación haya sido sustentada en la estrategia de contratación y que el postor ganador cuente con un plazo razonable para obtenerla,

En el presente caso, se advierte que el formato de estrategia de contratación que obra publicado en la ficha del SEACE consigna, de manera genérica, la necesidad de contar con documentación adicional para perfeccionar el contrato, sin precisar cuáles eran los documentos requeridos para tal efecto, conforme se muestra en el siguiente extracto:

A ello se suma que las bases del procedimiento de selección no precisaron cuáles eran las características ni las funcionalidades principales de la solución ofertada que debían ser acreditadas para el perfeccionamiento del contrato, limitándose a requerir, en “formato libre”, la presentación de la marca, versión, características y funcionalidades principales. Asimismo, tampoco definieron el alcance de la expresión “formato libre” ni la forma en que debía satisfacerse dicha exigencia, esto es, si bastaba la sola declaración del postor o si resultaba necesaria la presentación de documentación de sustento emitida por el fabricante u otra fuente. En ese contexto, se advierte que la referida exigencia habría sido formulada en términos genéricos, sin delimitar de manera objetiva el contenido de la información a presentar ni los aspectos específicos que serían materia de verificación por parte de la Entidad, lo que podría generar incertidumbre respecto del alcance de la obligación a cargo del postor adjudicatario y de los parámetros empleados para evaluar su cumplimiento. Cabe mencionar que, en el Informe N° 2055-2026-MTPE/4/13.2 del 1 de octubre de 2026, adjunto al acta que declaró la pérdida de la buena pro del Impugnante, se indicó en diversos extremos, sobre la información presentada por el Impugnante para suscribir el contrato, la siguiente observación “debiendo presentar información pública del fabricante del producto ofertado”, lo que evidenciaría la necesidad de que se presentara documentación técnica, pese a que aquella no habría sido requerida en el literal n) del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” de las bases. En relación con ello, en el Informe N° 2200-2026-MTPE/4/13.2 del 21 de octubre de 2026, presentado por la Entidad al absolver el recurso de apelación, aquella precisó que, sobre la acreditación del citado literal n), el Impugnante adjuntó extractos de resultados de consultas a plataformas de búsqueda, señalando que “En dichas páginas, no identifican su fuente ni permiten vincular la funcionabilidad declarada con el producto y la versión ofertados”. Además, indicó que cuando se aludió a la “información pública del fabricante” en el Informe N° 2055-2026-MTPE/4/13.2, precisó que es el “estándar mínimo para verificar que la información presentada corresponde al producto”, lo que permitiría corroborar que la Entidad tendría la necesidad de que se presente documentación técnica, denominada “información pública del fabricante”, a fin de corroborar si lo ofertado corresponde a lo requerido en las bases. Así, esta Sala apreciaría que, en el presente caso, no se habría justificado debidamente la exigencia de documentos adicionales a los previstos en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” de las bases estándar, menos aún se habrían detallado en su literal

• las características o funcionalidades principales que debían presentarse por el postor

ganador de la buena pro, así como tampoco se habría exigido la acreditación de las mismas, pese a que al declarar la pérdida de la buena pro y al absolver el recurso de apelación, la Entidad habría evidenciado la necesidad de corroborar las características técnicas del requerimiento con “información pública del fabricante”. En razón de lo expuesto, se advierte una posible vulneración de lo establecido en las Bases Estándar, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, así como de los principios de legalidad, transparencia y facilidad de uso, regulados en los literales a) e i), respectivamente, del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.”

• Con el Oficio N° 1242-2026-MTPE/4/11.2, recibido el 2 de noviembre de 2026 en

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 2271-2026- MTPE/4/13.2, mediante el cual sostiene que la exigencia prevista en el literal n) de los requisitos para perfeccionar el contrato se encuentra debidamente justificada por la necesidad técnica de identificar con precisión la solución de ciberseguridad que será implementada. Asimismo, señala que la referencia a un documento en “formato libre” fue incorporada con la finalidad de otorgar flexibilidad respecto de la documentación que debía presentar el postor ganador, permitiéndole sustentar el cumplimiento de dicha exigencia mediante fichas técnicas, catálogos, manuales o enlaces oficiales. Añade que la información pública del fabricante no constituye un requisito adicional, sino un mecanismo de validación técnica objetiva orientado a verificar el cumplimiento oportuno del objeto contractual.

• Mediante escrito s/n, recibido el 2 de noviembre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante señaló que el presunto vicio advertido no es trascendente, toda vez que las bases exigieron únicamente un formato libre y no se estableció la necesidad de presentar información pública del fabricante. Asimismo, refiere que el defecto se encuentra en la evaluación de los documentos presentados, por lo que únicamente corresponde invalidar la declaratoria de pérdida de la buena pro, sin afectar actuaciones anteriormente realizadas.

• Por Decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• En principio, corresponde señalar que es materia del presente análisis el recurso

de apelación interpuesto por el Impugnante en el procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones resultan aplicables para la resolución del caso.

• Procedencia del recurso
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Asimismo, no se pueden impugnar las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni las actuaciones que establece el Reglamento.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a fin de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, ya que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

• En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolverlo, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley.

• El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley, delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo en su literal a) que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Asimismo, los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal.

• Bajo dicha premisa, se advierte que el recurso de apelación ha sido interpuesto en

un Concurso Público de Servicios, cuya cuantía asciende a S/ 603,100.00, siendo dicho monto superior a cincuenta (50) UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento establece taxativamente que no son impugnables:
• los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias,

incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; c) las bases y/o su integración; d) las actuaciones referidas al registro de participantes; e) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y

• los procedimientos no competitivos.
• En el presente caso, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra

la declaratoria de pérdida de la buena pro. En tal sentido, se advierte que el acto impugnado no se encuentra comprendido en la lista de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El numeral 304.4 del artículo 304 del Reglamento, en concordancia con lo previsto

en el numeral 304.1, establece que la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, así como contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, el cual debe encontrarse notificado a través de la Pladicop.

• Adicionalmente, el numeral 6 de la Décimo Tercera Disposición Complementaria

Transitoria del Reglamento señala que, en las disposiciones referidas al registro de información de la fase de selección que mencionen a la Pladicop, debe entenderse que dicha referencia corresponde al SEACE de la Pladicop.

• En tal sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que la declaratoria de pérdida

de la buena pro, se publicó el 2 de octubre de 2026; por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, es decir, hasta el 15 de octubre de 20261.

• Del análisis del expediente, se advierte que el recurso de apelación fue interpuesto

mediante el escrito N° 1, recibido el 15 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado con el escrito N° 2, el 19 del mismo mes y año. Por tanto, dicho recurso fue presentado dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
• En este caso, se verifica que el recurso de apelación fue debidamente suscrito por

el señor Linck Tello Flores, gerente general del Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• En el presente expediente no se aprecia elemento alguno que permita determinar

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• En el presente expediente no se advierte elemento alguno que permita inferir que

el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 1 Cabe precisar que, el 8 de octubre de 2026 fue feriado nacional por la conmemoración del Combate de Angamos.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• En el presente caso, no se aprecia la concurrencia de la presente causal, toda vez

que la buena pro fue otorgada al Impugnante, pero, en forma posterior, la Entidad decidió declarar la pérdida de dicha buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• Si bien el Impugnante resultó adjudicado con la buena pro, se advierte que, con

posterioridad, la Entidad declaró la pérdida de dicha buena pro.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• De la revisión de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia

que estos se encuentran orientados a sustentar las pretensiones formuladas por el Impugnante; por tanto, no se configura la causal de improcedencia bajo análisis.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

• En tal caso, de determinarse irregular la decisión de la Entidad, causaría agravio al

Impugnante en su interés legítimo de perfeccionar el contrato, puesto que –según indica– la declaratoria de pérdida de la buena pro se realizó transgrediendo las disposiciones previstas en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, este cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• De lo antes expuesto, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de

improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por consiguiente, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:
• Se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro.
• Se ordene a la Entidad continuar con el procedimiento para perfeccionar el

contrato.

• Fijación de puntos controvertidos
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso de apelación presentado y el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. (El subrayado es agregado).

• Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de este.

• Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento, según el cual “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. (El subrayado es agregado).

• Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo

312 del Reglamento, según el cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, lo siguiente: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.

• Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los

actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 19 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 22 del mismo mes y año para absolverlo.

• De la revisión del presente expediente, no se advierte que algún postor con interés

legítimo, distinto al Impugnante, se haya apersonado al procedimiento recursivo.

• Por consiguiente, el único punto controvertido que será materia de análisis es el

siguiente:

• Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida de la buena

pro y, por su efecto, ordenar a la Entidad que continúe con el procedimiento para perfeccionar el contrato con el Impugnante.

• Análisis

Consideraciones previas:

• Con el propósito de resolver la controversia planteada, resulta pertinente señalar

que el análisis que realice este Tribunal debe partir de la premisa que la normativa de contrataciones públicas tiene como finalidad que las entidades contratantes adquieran bienes, servicios y obras en las condiciones más favorables posibles, en términos de eficacia, eficiencia y economía.

• En adición a lo anterior, cabe destacar que las contrataciones públicas se rigen por

principios que cumplen una función esencial en el establecimiento de parámetros que orientan la actuación de aquellos involucrados en el proceso de contratación, así como en el control de la discrecionalidad administrativa en la interpretación de las normas aplicables y en la integración jurídica ante aspectos no regulados. En este marco, resultan particularmente relevantes –entre otros– los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, e igualdad de trato, recogidos en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.

• De esta manera, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal deberá avocarse al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida de la buena pro y, por su efecto, ordenar a la Entidad que continúe con el procedimiento para perfeccionar el contrato con el Impugnante.

• En relación con ello, el Impugnante cuestionó la declaración de pérdida de la buena

pro, señalando que esta se sustentó en observaciones basadas en exigencias no previstas en las bases integradas respecto de la acreditación del CyberSOC, la certificación ISO 27001 y la información técnica de la solución ofertada. Asimismo, sostuvo que la Entidad no motivó adecuadamente los incumplimientos atribuidos y que la adjudicación de la buena pro al postor ubicado en segundo lugar se realizó sin que hubiera quedado consentida dicha decisión.

• Por su parte, mediante el Informe N° 2200-2026-MTPE/4/13.2, la Entidad sostuvo

que el único incumplimiento relevante para sustentar la pérdida de la buena pro estaba vinculado al literal n) de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, precisando además que los requisitos previstos en los literales j), k), l) y

• se encontraban acreditados. No obstante, a través del Informe N° 2513-2026-

MTPE/4/11.2, señaló que la subsanación presentada respecto de dicho literal debía considerarse atendida conforme a lo establecido en las bases integradas.

• En ese contexto, corresponde determinar si la declaratoria de pérdida de la buena

pro se encontraba justificada o si, por el contrario, resultaba procedente continuar con el perfeccionamiento del contrato.

• Para tal efecto, resulta necesario revisar el procedimiento seguido por la Entidad,

así como las reglas establecidas en las bases integradas.

• En esa línea, de la revisión de la lista de acciones realizadas por la Entidad en la

ficha del SEACE se advierte lo siguiente:

• Como se aprecia, la buena pro del procedimiento de selección fue otorgada al

Impugnante el 31 de agosto de 2026, siendo registrado el consentimiento el 11 de septiembre del mismo año. No obstante, el 2 de octubre de 2026 la Entidad declaró la pérdida de la referida buena pro y el 12 del mismo mes y año adjudicó dicha buena pro al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• Al respecto, de la revisión del “Acta de otorgamiento de la buena al segundo postor

por pérdida de buena pro” y del Informe N° 2332-2026-MTPE/4/11.2, sustentado en el Informe N° 2055-2026-MTPE/4/13.2, se advierte que la decisión de declarar la pérdida de la buena pro se sustentó en los siguientes incumplimientos atribuidos al Impugnante:

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

• De acuerdo con lo indicado en la documentación expuesta, la Entidad menciona

observaciones correspondientes a la documentación presentada para acreditar los requisitos de los literales j), k), l), m) y n) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, precisando respecto del literal n) que, en vía de subsanación, el Impugnante ofreció una solución distinta a la inicialmente declarada y que la documentación presentada tenía un pronunciamiento técnico desfavorable del área usuaria. Sobre esto último, en el Informe N° 2055-2026- MTPE/4/13.2 del 1 de octubre de 2026, adjunto al acta que declaró la pérdida de la buena pro del Impugnante, se indicó en diversos extremos correspondientes al análisis del cumplimiento de las características y funcionalidades exigidas en los numerales 5.2.1 al 5.2.7 del requerimiento, la siguiente observación “debiendo presentar información pública del fabricante del producto ofertado”, por lo que se indicó que el Impugnante no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

• En relación con ello, corresponde revisar las disposiciones previstas en las bases

integradas referidas a la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, por resultar relevantes para el análisis del presente caso, en particular al haberse identificado un posible vicio de nulidad en dicho extremo.

• En ese sentido, el numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases

integradas dispuso lo siguiente respecto de los requisitos para perfeccionar el contrato:

(…) (…)

• Conforme se aprecia, las bases integradas establecieron que el postor adjudicado

con la buena pro debía presentar la documentación prevista en los literales a) al o) del numeral 2.3 antes citado. En particular, el literal n) requirió la presentación, en formato libre, de la marca, versión del producto, características y funcionalidades principales de la solución ofertada.

• Con relación a las reglas dispuestas en las bases integradas, el numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento indica lo siguiente: “El contenido de las bases depende del tipo y modalidad del procedimiento de selección, e incluyen como mínimo lo siguiente: el requerimiento, los documentos necesarios para la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores”. (El subrayado es agregado).

• En concordancia con lo expuesto, y conforme a las bases estándar del Concurso

Público de Servicios, la Entidad puede requerir, para la suscripción del contrato, documentación adicional a la contemplada en el numeral 2.3 del capítulo II de la

sustentada en la estrategia de contratación y que el postor ganador cuente con un plazo razonable para obtenerla, considerando los plazos previstos para el perfeccionamiento del contrato, conforme puede verificarse a continuación:

(…)

• En el presente caso, se advierte que el formato de estrategia de contratación

publicado en la ficha del SEACE incorporó la exigencia de documentación adicional para el perfeccionamiento del contrato; no obstante, la justificación consignada se limitó a consideraciones generales sobre la mitigación de riesgos y la adecuada ejecución contractual, sin especificar los documentos concretos que debían ser requeridos al postor adjudicado, conforme se aprecia en el siguiente extracto:

• Asimismo, se advierte que las bases integradas, al igual que las bases de la

convocatoria, no precisaron cuáles eran las características ni las funcionalidades principales de la solución ofertada que debían ser acreditadas para el perfeccionamiento del contrato, limitándose a requerir, en “formato libre”, la presentación de la marca, versión, características y funcionalidades principales. Del mismo modo, tampoco definieron el alcance de la expresión “formato libre” ni la forma en que debía cumplirse dicha exigencia, esto es, si bastaba la sola declaración del postor o si resultaba necesaria la presentación de documentación de sustento emitida por el fabricante u otra fuente. En tales condiciones, la exigencia prevista en el literal n) fue formulada en términos genéricos, sin delimitar objetivamente el contenido de la información que debía presentarse ni los aspectos específicos que serían objeto de verificación por parte de la Entidad, generando incertidumbre respecto del alcance de la obligación a cargo del postor adjudicado y de los parámetros aplicables para evaluar su cumplimiento.

• Esta conclusión se ve corroborada por lo consignado en el Informe N° 2055-2026-

MTPE/4/13.2, que sustentó la declaración de pérdida de la buena pro, en el cual se observó reiteradamente que el Impugnante debía presentar “información pública del fabricante del producto ofertado”, pese a que dicha exigencia no se encontraba prevista en el literal n) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, lo que evidenciaba que la Entidad requería o tenía la necesidad de corroborar las características técnicas del requerimiento con “información pública del fabricante”.

• A su vez, en el Informe N° 2200-2026-MTPE/4/13.2, emitido durante la tramitación

del recurso de apelación, la propia Entidad señaló que la información presentada por el Impugnante no permitía vincular las funcionalidades declaradas con el producto y la versión ofertados, precisando además que la denominada “información pública del fabricante” constituía el “estándar mínimo” para verificar que la información presentada correspondía al producto. Ello evidencia que, para la Entidad, la acreditación del literal n) suponía la presentación de documentación técnica que permitiera contrastar las características de la solución ofertada, exigencia que no fue incorporada ni desarrollada en las bases.

• Por consiguiente, se advierte que la Entidad tenía la necesidad de que el postor

ganador de la buena pro acredite las exigencias técnicas de las bases, pese a ello, no precisó aquellas características o funcionalidades a acreditar, ni la documentación que se debía emplear para dicho fin.

• Bajo dichas consideraciones, y en virtud de la facultad prevista en el numeral 313.2

del artículo 313 del Reglamento2, este Tribunal corrió traslado del vicio advertido al Impugnante y a la Entidad, mediante Decreto del 26 de octubre de 2026.

• En respuesta, mediante el Informe N° 2271-2026-MTPE/4/13.2, la Entidad sostuvo

que la exigencia prevista en el literal n) de los requisitos para perfeccionar el contrato estaba debidamente justificada por la necesidad técnica de identificar con precisión la solución de ciberseguridad que sería implementada. Asimismo, señaló que la referencia a un documento en “formato libre” fue incorporada con la 2 “Artículo 313. Alcances de la resolución (…) 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.” (El subrayado es agregado).

finalidad de otorgar flexibilidad respecto de la documentación que debía presentar el postor ganador, permitiéndole sustentar el cumplimiento de dicha exigencia mediante fichas técnicas, catálogos, manuales o enlaces oficiales. Añadió que la información pública del fabricante no era un requisito adicional, sino un medio de validación técnica objetiva orientado a verificar el cumplimiento oportuno del objeto contractual.

• Por su parte, el Impugnante señaló que el presunto vicio advertido no resultaba

trascendente, toda vez que las bases exigieron únicamente un formato libre y no se incluyó la necesidad de presentar información pública del fabricante. Asimismo, refirió que el defecto estaba en la evaluación de los documentos presentados, por lo que únicamente correspondía invalidar la declaratoria de pérdida de la buena pro, sin afectar actuaciones anteriormente realizadas.

• Al respecto, corresponde señalar que los argumentos expuestos por la Entidad no

desvirtúan el vicio advertido. Aun cuando aquella sostiene que la exigencia prevista en el literal n) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases respondía a la necesidad de identificar con precisión la solución de ciberseguridad que sería implementada y que la referencia a un “formato libre” únicamente otorgaba flexibilidad al postor para acreditar dicha información mediante diversos documentos, lo cierto es que las bases integradas (al igual que las bases de la convocatoria) no especificaron cuáles eran las “características y funcionalidades principales” del producto que debían ser acreditadas ni señalaron con claridad la documentación que acreditaría su cumplimiento.

• Del mismo modo, aun cuando la Entidad afirmó que la denominada “información

pública del fabricante” constituía únicamente un mecanismo de validación técnica y no un requisito adicional, se verifica que dicho elemento fue empleado como parámetro determinante para evaluar la documentación presentada por el Impugnante, pese a no encontrarse previsto en las bases ni sustentado en la estrategia de contratación, pese a ello, en esta instancia impugnativa, la Entidad ha señalado que debe “verificar de manera razonable el cumplimiento oportuno del objeto contractual y la protección de la infraestructura tecnológica institucional”, lo que evidencia que las bases no contemplaron tales exigencias necesarias para la validación de lo ofertado por el postor ganador de la buena pro, corroborando ello la deficiencia de las bases que ha sido advertida por este Tribunal en el traslado de nulidad.

• De otro lado, tampoco resulta amparable lo señalado por el Impugnante en el

sentido de que el vicio advertido se circunscribe únicamente a la evaluación de la documentación presentada en vía de subsanación. En efecto, conforme se ha desarrollado precedentemente, el vicio identificado no está referido a la aplicación de una regla válidamente establecida en las bases, sino a la propia configuración del requisito previsto en el literal n) antes referido, cuyo contenido, alcance y forma de acreditación no fueron definidos con la precisión necesaria. En tal sentido, la deficiencia advertida incide directamente en las reglas del procedimiento de selección y en la forma en que debía verificarse el cumplimiento de dicho requisito durante el perfeccionamiento del contrato, por lo que no resulta posible conservar los actos posteriores sustentados en dicha regulación.

• En otras palabras, el vicio de nulidad advertido no puede soslayarse, pues la

Entidad en la evaluación de los documentos para la suscripción del contrato y en esta instancia impugnativa ha señalado que requiere corroborar lo ofertado, de manera técnica y fehaciente; en consecuencia, este Tribunal no puede desconocer dicha necesidad, sobre todo cuando las bases ni siquiera han señalado las “características o funcionalidades principales” de lo ofertado, no pudiendo ello ser determinado por el Impugnante, la Entidad o este Tribunal, pues ello no deber ser materia de interpretación o inferencia.

• Por otra parte, el vicio de nulidad no se ciñe a que la exigencia del literal n) del

numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas no se definió debidamente en la estrategia de contratación, sino en su contenido tal como ha sido abordado en fundamentos previos.

• Por último, esta Sala aprecia que el Impugnante pretende que este Tribunal aplique

las bases de manera que, con la documentación presentada, se entienda por cumplido lo previsto en el literal n) del numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, pese a que dicho literal es impreciso y genérico. Además, aun cuando las bases son las reglas del procedimiento de selección, aquellas no pueden aplicarse sin antes analizar si, por lo menos, resultan comprensibles y objetivas, aspectos que no se reúnen en el presente caso, sobre todo cuando la Entidad ha evidenciado con su actuar la necesidad de corroborar documentalmente lo ofertado por el Impugnante antes de suscribir el contrato, circunstancia que no puede ser omitida o soslayada por este Tribunal y que, finalmente, permite concluir que las bases fueron elaboradas de manera deficiente.

• En consecuencia, la exigencia prevista en el literal n) del numeral 2.3 del capítulo

II de la sección específica de las bases integradas fue incorporada sin una definición objetiva de su contenido ni de los medios para acreditar su cumplimiento, pese a que su observancia resultaba determinante para la suscripción del contrato. Asimismo, se verifica que la Entidad evaluó dicho requisito empleando criterios que no habían sido expresamente establecidos en las bases.

• Por tales razones, el vicio advertido resulta trascendente y no es susceptible de

conservación, toda vez que se ha vulnerado lo establecido en las bases estándar, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento y los principios de legalidad, transparencia y facilidad de uso, regulados en los literales a) e i), respectivamente, del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley3.

• En este contexto, el numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de

la Ley establece que el Tribunal, solo en los casos que conozca por interposición del recurso de apelación, puede declarar nulos los actos expedidos dentro del procedimiento de selección que hayan sido dictados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección.

• Ahora bien, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a

las entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación que se realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella. 3 “Art. 5. Principios rectores de la contratación pública” 5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios: (…)

• Legalidad: las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del

Perú, la Ley y al derecho dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos.

• Transparencia y facilidad de uso: son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso

de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia. El acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil. (…)”. (El subrayado es agregado).

• Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 70.1 y el literal
• del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con lo dispuesto en el

literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del presente procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin de que la Entidad establezca reglas claras, objetivas y debidamente sustentadas durante la estrategia de contratación, conforme a lo dispuesto en las bases estándar, respecto de la documentación adicional exigible para el perfeccionamiento del contrato.

• En tal sentido, considerando que, en el presente caso debe declararse la nulidad

del procedimiento de selección, no corresponde pronunciarse sobre el presente punto controvertido.

• Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de

la LPAG, corresponde poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que adopte las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias, así como para que exhorte a los evaluadores y a las áreas que intervengan en la elaboración de las bases a actuar en estricta observancia de la normativa de contratación pública, con el propósito de evitar futuras nulidades que puedan comprometer la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Por último, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto

declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad del Concurso Público de Servicios N° 3-2026-MTPE-1,

convocado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la “Contratación del servicio de implementación de una solución integral de Endpoint Detection and Response”, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases; por los fundamentos expuestos;

• Devolver la garantía presentada por la empresa INNOVARE E-BUSINESS S.A.C., para

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del Ministerio de Trabajo

y Promoción del Empleo, a fin de que proceda conforme a lo señalado en el fundamento 67.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.