Resolución N.° 9721-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, la subsanación es posible siempre que se trate de errores materiales o formales y no se altere el contenido esencial de la oferta. En el caso concreto, no resulta posible aplicar dicha disposición por cuanto, al no identificarse los documentos cuestionados por ser borrosa su numeración, con ocasión de la subsanación no sería posible advertir que el documento presentado para subsanar corresponde al presentado en la oferta, siendo así se estaría habilitando al postor a reemplazar información que no se tiene certeza si se presentó en la oferta, lo cual alteraría su contenido esencial y constituiría una trasgresión al principio de igualdad de trato (...)”. Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7795/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACION CASB E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 004-2026-GRL-DRSL/30.01, efectuado por el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - SALUD LORETO Y PERIFERICOS, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 22 de

setiembre de 2026, el Gobierno Regional de Loreto - Salud Loreto y Periféricos1, en adelante la Entidad contratante, convocó la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 004-2026-GRL-DRSL/30.01, para la "Contratación de bienes adquisición de productos de primera necesidad (alimentos) para los hogares protegidos de la ESR Salud Mental de la Diresa-Loreto X 12 meses", con una cuantía de la contratación de S/ 325,924.73 (trescientos veinticinco mil novecientos veinticuatro con 73/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 1 Dirección Regional de Salud de Loreto, según Ficha SEACE

• El 1 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica); y, el 14

de octubre del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Bienes & Servicios Generales Emma E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 241,982.80 (doscientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y dos con 80/100 soles), conforme al cuadro siguiente:

• Mediante escrito s/n, subsanado con escrito s/n, presentados el 21 y 23 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa CORPORACION CASB E.I.R.L., en adelante el Impugnante, presentó recurso de apelación contra la evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección, argumentando fundamentalmente lo siguiente:

• Cuestionó la asignación de cinco (5) puntos al Adjudicatario en cada uno de los

factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública”, señalando que las certificaciones presentadas para acreditar dichos factores contienen información ilegible, lo que impediría verificar su validez.

• Precisó que en las certificaciones presentadas por el Adjudicatario no se logra

identificar el número del certificado, las fechas de emisión, vencimiento o actualización, ni el alcance de la certificación, información que considera indispensable para verificar el cumplimiento de los factores de evaluación establecidos en las bases integradas.

• Alegó que el comité no aplicó el mismo criterio en la revisión de las ofertas, pues

observó las certificaciones presentadas por su representada y determinó que una de ellas no era válida, mientras que aceptó las certificaciones del Adjudicatario pese a que estas presentarían deficiencias que impedirían verificar su validez.

• Sostuvo que las deficiencias advertidas en las certificaciones del Adjudicatario no

son susceptibles de subsanación, conforme al artículo 78 del Reglamento, por lo que no correspondía otorgarle los diez (10) puntos correspondientes a los factores de evaluación cuestionados. Postor Admisión Calificación de oferta Evaluación Resultado Precio ofertado (S/) Puntaje total con bonificación Mype Orden de prelación

BIENES & SERVICIOS

GENERALES EMMA

E.I.R.L.

Si CALIFICA 241,982.80 79.32 1 Adjudicado

CORPORACION

CASB E.I.R.L.

Si CALIFICA S/ 215,000.00 78.75 2 -

• Señaló que, de retirarse dichos puntos, el puntaje total del Adjudicatario se

reduciría de 79.32 a 68.25 puntos, mientras que su representada mantendría los 78.75 puntos obtenidos, por lo que pasaría a ocupar el primer lugar en el orden de prelación.

• En ese sentido, solicitó que se declare fundado su recurso de apelación, se deje

sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, se retrotraiga el procedimiento de selección a la etapa de evaluación de ofertas y, como consecuencia de la corrección de los puntajes, se le otorgue la buena pro a su representada.

• Con Decreto del 26 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón Electrónico

del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación existente. Finalmente, se programó audiencia pública para el 2 de noviembre de 2026, precisándose que la misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

• Por Escrito N° 1, presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal,

el Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente:

• Señaló que la presunta ilegibilidad de las certificaciones no determina su

invalidez, pues corresponde evaluar los documentos originales de su oferta y verificar su contenido, vigencia y alcance conforme a las bases integradas.

• Sostuvo que no se vulneró el principio de igualdad de trato, dado que las

certificaciones de cada postor deben evaluarse individualmente, según los requisitos establecidos en las bases integradas.

• Indicó que no corresponde retirar los diez (10) puntos otorgados en los factores

de evaluación cuestionados, pues el Impugnante no ha demostrado qué requisitos incumple cada certificación.

• Precisó que la verificación de la autenticidad y contenido de los certificados

presentados no constituye una subsanación de la oferta, dado que no implica incorporar nuevos documentos ni modificar las condiciones ofertadas.

• Finalmente, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación, se confirme

el otorgamiento de la buena pro a su favor y se desestime la pretensión del Impugnante de obtenerla.

• El 29 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe N° 225-2026-GRL-

DRSL/30.06 a través del cual absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente:

• Indicó que las certificaciones presentadas por el Adjudicatario para acreditar los

factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública” corresponden a las normas ISO 14001:2015 e ISO 37001:2025, respectivamente, y cumplen las exigencias de las bases integradas.

• Señaló que, si bien las copias digitalizadas presentan dificultades de lectura en

determinados datos, ello no demuestra su invalidez, toda vez que el comité verificó con el emisor la autenticidad, vigencia, titularidad y alcance de las certificaciones, mediante los mecanismos de consulta disponibles.

• Sostuvo que no corresponde retirar los diez (10) puntos otorgados al

Adjudicatario, debido a que las certificaciones fueron verificadas y cumplen los requisitos establecidos en las bases integradas. Por tanto, corresponde mantener su puntaje de 79.32 puntos y el primer lugar en el orden de prelación.

• Finalmente, concluyó que no existen razones suficientes para declarar la nulidad

del procedimiento de selección ni modificar los puntajes asignados, por lo que recomendó mantener el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario.

• Por Decreto del 29 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por

absuelto el recurso de apelación.

• Mediante escrito s/n, presentado el 30 de octubre de 2026, el Impugnante acreditó a su

representante para el uso de la palabra.

• El 2 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con la participación de los

representantes del Impugnante y del Adjudicatario, dejándose constancia la insistencia de la Entidad contratante.

• El 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada para bienes, cuya cuantía total asciende al monto de S/ 325,924.73 (trescientos veinticinco mil novecientos veinticuatro con 73/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada. Por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 2 Unidad Impositiva Tributaria.

pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del comité de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario se notificó el 14 de octubre de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, considerando que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada para bienes, el Impugnante contaba con el plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 21 de octubre de 2026. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito s/n, subsanado con escrito s/n, presentados el 21 y 23 de octubre de 2026 a través de la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos -referidos a la presentación y subsanación, respectivamente- descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por el gerente general, César Augusto Salas Barrera, cuyo certificado de vigencia obra en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda concluirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. La presente causal de improcedencia no es aplicable al presente caso, pues el Impugnante quedó en segundo lugar en orden de prelación, solicitando que se revoquen los puntajes asignados al Adjudicatario y se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, el Impugnante no es el ganador de la buena pro, sino que quedó en segundo lugar en orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

El Impugnante interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario del procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto y, por su efecto, se revoquen los puntajes asignados a aquel. Por tanto, de la revisión a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante formuló las siguientes pretensiones:

• Se revoquen los puntajes otorgados al Adjudicatario en los factores de evaluación

“Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública” y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se le otorgue la buena pro. Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se confirme la evaluación de su oferta; y, en consecuencia, el otorgamiento de la

buena pro del procedimiento de selección.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de

selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 26 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 29 de octubre de 2026. Sobre el particular, de la revisión del expediente se aprecia que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento mediante Escrito N° 1, presentado el 28 de octubre de 2026, esto es, dentro del plazo legal para proponer puntos controvertidos. Por lo tanto, se tomarán en cuenta los alegatos del Impugnante y del Adjudicatario, para determinar los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a

dilucidar son los siguientes:

• Determinar si corresponde dejar sin efecto los puntajes otorgados al

Adjudicatario en los factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Además de lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se

rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado

se avocará al análisis de los puntos controvertidos determinados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto los puntajes otorgados al Adjudicatario en los factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• El Impugnante cuestiona el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario,

señalando que el comité evaluador le asignó indebidamente diez (10) puntos en los factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública”, pese a que las certificaciones presentadas contienen información ilegible respecto de su numeración, fechas de emisión, vencimiento o actualización y alcance, lo que impediría verificar su validez. Asimismo, sostiene que dichas deficiencias no son susceptibles de subsanación y que el comité aplicó criterios distintos en la revisión de las ofertas. En consecuencia, solicita que se retiren los puntos cuestionados y se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro.

• Por su parte, la Entidad indicó que las certificaciones ISO 14001:2015 e ISO 37001:2025

presentadas por el Adjudicatario cumplen las exigencias establecidas en las bases integradas para acreditar los factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública”. Asimismo, reconoció que dichos documentos presentan dificultades de legibilidad en determinados datos; sin embargo, sostuvo que ello no determina su invalidez, toda vez que el comité verificó su autenticidad, vigencia, titularidad y alcance mediante consultas al organismo emisor, códigos QR y otros mecanismos de verificación. En ese sentido, concluyó que no corresponde retirar los diez (10) puntos cuestionados y confirmar la buena pro a favor del Adjudicatario.

• A su turno, el Adjudicatario sostuvo que las dificultades de legibilidad de las certificaciones

presentadas no determinan, por sí solas, su invalidez, pues corresponde evaluar los documentos originales y verificar su contenido, vigencia y alcance conforme a las bases integradas.

• A efectos de resolver este extremo de la controversia, corresponde examinar lo previsto

en las bases integradas del procedimiento de selección, las cuales constituyen las reglas que vinculan tanto a los participantes y postores como al comité durante la conducción del procedimiento y la evaluación de las ofertas. En los literales C. Sostenibilidad ambiental y D. Integridad en la contratación pública del

integradas se establece lo siguiente: De acuerdo con las bases integradas, para la asignación de los cinco (5) puntos correspondientes al factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental”, los postores debían presentar copia de una certificación que acredite la implementación de un sistema de gestión ambiental conforme al estándar ISO 14001 o su equivalente, la cual debía corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y encontrarse vigente a la fecha de presentación de ofertas.

Conforme lo antes mostrado, para la asignación de los cinco (5) puntos correspondientes al factor de evaluación “Integridad en la Contratación Pública”, los postores debían presentar copia simple de una certificación ISO 37001:2025 o su equivalente, emitida por un organismo de certificación acreditado por el INACAL u otro organismo acreditador con reconocimiento internacional. Asimismo, dicha certificación debía corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y encontrarse vigente a la fecha de presentación de ofertas.

• En ese sentido, corresponde determinar si las certificaciones presentadas por el

Adjudicatario en los folios 64, 65, 67 y 68 de su oferta permiten acreditar los factores de evaluación de “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública”,

Respecto al factor de evaluación sostenibilidad ambiental Folios 64 y 65 de la oferta del Adjudicatario:

• En los folios 64 y 65 de la oferta del Adjudicatario, antes reproducidos, obra la certificación

ISO 14001:2015 y su Anexo 1, emitidos a favor de BIENES & SERVICIOS GENERALES EMMA E.I.R.L. por International Certification Organization (ICO). Al respecto, se advierte que, en el folio 64, el número del certificado y las fechas consignadas, resaltados en color morado, no resultan legibles; situación que también se presenta en el folio 65 respecto de las fechas y la descripción del alcance de la certificación. En consecuencia, la falta de legibilidad de dicha información impide verificar si el certificado se encontraba vigente al 1 de octubre de 2026, fecha de presentación de ofertas, así como determinar si comprende la sede, filial u oficina encargada de la prestación, condiciones expresamente exigidas en el literal C del Capítulo IV de las bases integradas para la asignación de los cinco (5) puntos correspondientes al factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental”.

• En ese sentido, corresponde señalar que las deficiencias de legibilidad advertidas en la

certificación ISO 14001:2015 y su Anexo 1 impiden verificar la vigencia del documento a la fecha de presentación de ofertas y si este comprendía la sede, filial u oficina encargada de la prestación, conforme a lo exigido en las bases integradas. En consecuencia, al no haberse acreditado el cumplimiento de dichas condiciones, corresponde revocar los cinco (5) puntos otorgados al Adjudicatario en el factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental”. Respecto al factor de evaluación integridad en la contratación pública Folios 67 y 68 de la oferta del Adjudicatario:

• En los folios 67 y 68 de la oferta del Adjudicatario, antes reproducidos, obra la certificación

ISO 37001:2025 y su Anexo 1, emitidos por International Certification Organization (ICO). Al respecto, se advierte que el número del certificado, las fechas de emisión y vencimiento, así como la descripción del alcance de la certificación, no resultan legibles, lo que impide verificar si dicho documento se encontraba vigente a la fecha de presentación de ofertas y si comprendía la sede, filial u oficina encargada de la prestación. Asimismo, si bien se aprecia un distintivo alusivo al INACAL, este, por sí solo, no permite corroborar que el organismo certificador contaba con la acreditación exigida en el literal D del Capítulo IV de las bases integradas.

• En ese sentido, las deficiencias advertidas en la certificación ISO 37001:2025 y su Anexo 1

impiden verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las bases integradas, referidas a la vigencia del certificado, su correspondencia con la sede, filial u oficina encargada de la prestación y la acreditación del organismo certificador. En consecuencia, al no haberse acreditado el cumplimiento de dichas condiciones, corresponde revocar los cinco (5) puntos otorgados al Adjudicatario en el factor de evaluación “Integridad en la Contratación Pública”.

• Cabe señalar que la Entidad sostuvo que verificó las certificaciones mediante consultas al

emisor, códigos QR y otros mecanismos. Sin embargo, aunque el Informe Técnico N° 682- 2026-GRL-DRSL/30.07.01 menciona constancias de verificación como anexos, estas no fueron incorporadas a la documentación examinada, por lo que no es posible corroborar los resultados de dichas consultas.

• En relación con lo expuesto, cabe precisar que, conforme al numeral 78.1 del artículo 78

del Reglamento, la subsanación es posible siempre que se trate de errores materiales o formales y no se altere el contenido esencial de la oferta. En el caso concreto, no resulta posible aplicar dicha disposición por cuanto, al no identificarse los documentos cuestionados por ser borrosa su numeración, con ocasión de la subsanación no sería posible advertir que el documento presentado para subsanar corresponde al presentado en la oferta, siendo así se estaría habilitando al postor a reemplazar información que no se tiene certeza si se presentó en la oferta, lo cual alteraría su contenido esencial y constituiría una trasgresión al principio de igualdad de trato.

• Ahora bien, según el cuadro de evaluación de ofertas del 13 de octubre de 2026, se

advierte que el Adjudicatario obtuvo un puntaje general de 75.54 puntos, que incluye los diez (10) puntos cuestionados, conforme se muestra a continuación:

• En ese sentido, al descontar los diez (10) puntos correspondientes a los factores de

evaluación cuestionados, el puntaje general del Adjudicatario se reduce de 75.54 a 65.54 puntos. Asimismo, corresponde recalcular la bonificación del cinco por ciento (5 %) por su condición de MYPE, obteniéndose 3.28 puntos. En consecuencia, el puntaje total del Adjudicatario se reduce a 68.82 puntos, mientras que el Impugnante mantiene los 78.75 puntos obtenidos, pasando a ocupar el primer lugar en el orden de prelación, conforme se detalla en el siguiente cuadro: Postor Puntaje general original

• Sost.

ambiental D. Integridad Puntaje general corregido Bono MYPE (5 %) Total corregido Nuevo orden

CORPORACIÓN CASB

E.I.R.L. (Impugnante) 75.00 5.00 0.00 75.00 3.75 78.75 1°

BIENES & SERVICIOS

GENERALES EMMA

E.I.R.L. (Adjudicatario) 75.54 0.00 0.00 65.54 3.28 68.82 2°

• En atención a lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación respecto

de la evaluación cuestionada; revocar la asignación de cinco (5) puntos en cada uno de los factores “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública” al Adjudicatario; y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• Como segunda pretensión, el Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del

procedimiento de selección.

• Al respecto, de acuerdo con el análisis efectuado en el primer punto controvertido,

corresponde dejar sin efecto los cinco (5) puntos otorgados al Adjudicatario por el factor de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” y los cinco (5) puntos correspondientes al factor “Integridad en la Contratación Pública”, así como revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. En consecuencia, su puntaje general se reduce a 65.54 puntos y, aplicada la bonificación del cinco por ciento (5 %) por su condición de MYPE, obtiene un puntaje total de 68.82 puntos.

• En ese contexto, se aprecia que la oferta del Impugnante fue admitida, calificada y

evaluada, obteniendo 78.75 puntos. Por tanto, al superar el puntaje reevaluado del Adjudicatario, pasa a ocupar el primer lugar en el orden de prelación, conforme al cuadro desarrollado en el primer punto controvertido, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. Por consiguiente, la pretensión planteada en este extremo resulta amparable y debe declararse fundada.

• En este punto, cabe anotar que, todo acto administrativo goza, en principio, de la

presunción de validez, según lo previsto en el artículo 9 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que, los actos no cuestionados deben presumirse válidos.

• Conforme a lo analizado precedentemente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo

313 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante, al resultar fundadas sus pretensiones.

• Por otra parte, dado que este Colegiado ha concluido declarar fundado el recurso de

apelación, en virtud al literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante.

• Por último, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y con la intervención de los vocales Erick Joel Mendoza Merino y Lupe Mariella Merino de la Torre, en reemplazo del vocal Marlon Luis Arana Orellana, según rol de turnos de la Sala vigente, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN

CASB E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 004-2026-GRL- DRSL/30.01, para la "Contratación de bienes adquisición de productos de primera necesidad (alimentos) para los hogares protegidos de la ESR Salud Mental de la Diresa- Loreto X 12 meses", convocada por el Gobierno Regional de Loreto - Salud Loreto y Periféricos, en consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar la asignación de puntaje otorgada en los factores de evaluación “Sostenibilidad Ambiental” e “Integridad en la Contratación Pública” sobre la oferta de la empresa BIENES & SERVICIOS GENERALES EMMA E.I.R.L.; y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro en su favor. 1.2. Otorgar la buena pro del procedimiento de selección a la empresa CORPORACIÓN

CASB E.I.R.L.

• Devolver la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN CASB E.I.R.L., por la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad registre en el SEACE, al día siguiente de publicada la resolución,

las actuaciones que correspondan al cumplimiento de lo resuelto, de conformidad con la normativa aplicable.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Paz Winchez. Mendoza Merino. Merino de la Torre.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

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