Resolución N.° 9717-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) La nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones”. Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7682/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor HJR Inversiones Gavilan S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 005-2026EP/UO 0808-1, para la “contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura del BIS PA N° 111- San Ignacio AF-2026”; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 4 de septiembre de 2026, el Ejército Peruano, en lo sucesivo la Entidad, convocó

el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 005-2026EP/UO 0808-1, para la “contratación del servicio de mantenimiento de infraestructura del BIS PA N° 111- San Ignacio AF-2026”, con una cuantía de S/ 484 000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil con 00/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• Del 18 al 21 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de

ofertas, y el 9 de octubre de 2026 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor CONSORCIO SAN IGNACIO, conformado por la EMPRESA KENDAY S.A.C. y GRUPO RG CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 483 370.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil trescientos setenta con 00/100 soles), a partir de los siguientes resultados: Postor Etapas Buena Pro Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje Total Orden de Prelación Consorcio San Ignacio Admitida Calificada (Adjudicatario) 483 370.00 87.73 1 SÍ HJR Inversiones Gavilan S.A.C. Admitida Calificada 444 000.00

• - NO
• Mediante Escrito N° 1, presentado el 16 de octubre de 2026, en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor HJR Inversiones Gavilan S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario, solicitando que: i) se revoque la admisión y calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro, y ii) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Cuestiona la admisión de la oferta presentada por el Consorcio San Ignacio,

señalando que contendría defectos formales en diversos documentos de presentación obligatoria. Al respecto, sostiene que las firmas atribuidas a su representante común, señor Juan Carlos Tapia Salas, consignadas en los Anexos N° 1, 3, 6, 11, 12, 13, 17 y 19, así como en el Pacto de Integridad (Anexo N° 2), habrían sido insertadas mediante imágenes copiadas y pegadas, en lugar de corresponder a firmas manuscritas o digitales válidamente emitidas. En sustento de ello, refiere que dichas imágenes presentarían coincidencias gráficas y milimétricas, así como características de recorte y superposición, por lo que solicita que se evalúe la validez formal de tales documentos conforme a las bases integradas y a la normativa sobre firmas y certificados digitales.

• Asimismo, cuestiona la información consignada en el documento de

identidad del representante común del Consorcio San Ignacio, toda vez que, en los documentos de la oferta, se consignó el DNI N° 43300372 como correspondiente al señor Juan Carlos Tapia Salas; sin embargo, de la consulta efectuada en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sostiene que dicho número correspondería a una tercera persona, identificada como Marilyn López Lozada. En ese sentido, afirma que la información de identificación consignada en los documentos del Consorcio Adjudicatario sería inexacta y que tal situación se presentaría reiteradamente en nueve oportunidades dentro de su oferta.

• De otro lado, el Impugnante cuestiona el Pacto de Integridad (Anexo N° 2)

presentado por el Consorcio Adjudicatario, debido a que no se habrían consignado los nombres y apellidos de las personas que lo suscriben, pese a que el documento contendría firmas. Alega que dicha omisión impediría identificar plenamente a los suscriptores y verificar la manifestación de voluntad correspondiente, por lo que considera que el documento no cumpliría con las formalidades previstas en el numeral 2.3.6 de la sección general de las bases integradas. Adicionalmente, cuestiona que el referido Pacto de Integridad haya sido suscrito por el señor José Luis Rodríguez Guzmán en representación de Grupo RG Constructora e Inmobiliaria S.A.C., integrante del Consorcio San Ignacio. Señala que, conforme a la información registrada en la Ficha Única del Proveedor (FUP), dicho señor no figuraría como representante legal ni como gerente de la citada empresa, atribuciones que corresponderían al señor Luis Miguel Rodríguez Guzmán. Sobre la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Sostiene que, aun cuando se considere admitida la propuesta del

Consorcio Adjudicatario, esta debería ser descalificada por no acreditar válidamente el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad. Al respecto, cuestiona cuatro órdenes de servicio presentadas para sustentar dicha experiencia, conforme al siguiente detalle:

• Orden de Servicio N° 33-2020, por el monto de S/ 58 915,95, refiere

que el documento estaría referido a un servicio de remodelación de oficinas, actividad que, a su criterio, no correspondería a los servicios de mantenimiento de infraestructura, mantenimiento y/o adecuación y/o acondicionamiento de oficinas, viviendas familiares, multifamiliares o locales comerciales y/o locales de atención al público contemplados en las bases integradas. ii. Orden de Servicio N° 7390-2019-S, por el monto de S/ 16 000,00. Sostiene que la constancia de prestación presentada para acreditar su ejecución carecería de firma manuscrita o digital válida de su emisor, por lo que cuestiona su validez para sustentar la experiencia invocada. iii. Orden de Servicio N° 3694-2019-S, por el monto de S/ 7 636,00. El Impugnante indica que la constancia de prestación acompañada sería la misma presentada para acreditar la Orden de Servicio N.° 7390-2019- S y que tampoco contaría con firma válida de su emisor, por lo que cuestiona que pueda acreditar la ejecución del servicio correspondiente. iv. Orden de Servicio N° 3061-2019-S, por el monto de S/ 33 400,00. Señala que el servicio estaría referido a la rehabilitación y mantenimiento de una losa de concreto para el parqueo de bicicletas, actividad que, según afirma, no se encontraría comprendida en los supuestos de experiencia previstos en las bases integradas. Asimismo, cuestiona la constancia de prestación presentada para sustentar su ejecución, por carecer de una firma válida de la entidad emisora.

• En atención a tales cuestionamientos, el Impugnante sostiene que los

documentos antes señalados no acreditarían válidamente la experiencia del Consorcio Adjudicatario en la especialidad, por lo que solicita que se evalúe su incidencia en el cumplimiento del requisito de calificación correspondiente y, de ser el caso, se disponga la descalificación de su oferta.

• Con decreto del 19 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 26 de octubre de 2026. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• A través del Escrito N° 001-2026, presentado el 22 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso, solicitando que: i) se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor; ii) se le permita subsanar su oferta; iii) se descalifique la oferta del Impugnante y, en consecuencia, se disponga la apertura de un procedimiento administrativo sancionador contra el Impugnante, por la presunta presentación de información inexacta. Respecto de los cuestionamientos formulados contra su oferta:

• El Consorcio Adjudicatario reconoce haber incorporado imágenes de

firmas en diversos anexos y en la declaración jurada de garantía comercial, así como haber consignado erróneamente el DNI N° 43300372 en la postfirma de varios documentos. No obstante, sostiene que ambos hechos constituyen errores formales subsanables, precisando que en la promesa de consorcio identificó correctamente a su representante común. Asimismo, señala que las facultades del señor José Luis Rodríguez Guzmán para suscribir el Pacto de Integridad se acreditarían con la vigencia de poder presentada y que la omisión de nombres y apellidos en la postfirma de dicho documento constituiría una formalidad no esencial, al encontrarse identificados los suscriptores en su contenido.

• Con relación a la Orden de Servicio N° 33-2020, sostiene que las actividades

ejecutadas corresponderían a servicios similares a los requeridos, por lo que solicita valorar integralmente las prestaciones realizadas. Respecto de las Órdenes de Servicio N° 7390-2019-S y N° 3694-2019-S, señala que la Constancia de Prestación N° 1145-2023-MTC/10.02 fue emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y solicita verificar su validez ante dicha entidad; además, sostiene que el mantenimiento y reparación de servicios higiénicos se encontraría comprendido en la definición de servicios similares.

• Finalmente, respecto de la Orden de Servicio N° 3061-2019-S, referida a la

rehabilitación y mantenimiento de una losa de concreto para el parqueo de bicicletas, solicita evaluar las actividades efectivamente ejecutadas conforme a la definición de servicios similares de las bases integradas.

Respecto de los cuestionamientos a la oferta del Impugnante

• El Consorcio Adjudicatario cuestiona la acreditación de la disponibilidad de

la camioneta 4x4, debido a que el vehículo de placa W7I-854 tendría otros copropietarios, según la consulta vehicular de la SUNARP, por lo que solicita la descalificación de la oferta del Impugnante.

• Asimismo, solicita la apertura de un expediente administrativo

sancionador contra el Impugnante por la presunta presentación de información inexacta en dos constancias de trabajo del personal propuesto como personal clave (ingeniero civil). Respecto de la constancia emitida por el Consorcio Cubanto, señala discrepancias entre la fecha de participación del profesional y la información registrada en Infobras; mientras que, respecto de la constancia emitida por Marisur E.I.R.L., advierte presuntas inconsistencias con la información del SEACE y diferencias entre la firma consignada y la que figura en el contrato de servicio.

• El 22 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico Legal

N°012/1° BRIG SVA PA/SEC ABSTO/03.00, a través del cual absuelve el recurso impugnativo, indicando lo siguiente:

• Respecto de los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario,

la Entidad señaló que la utilización de imágenes de firmas en los anexos y el error en el DNI de su representante común debían ser evaluados por el Tribunal conforme al principio de presunción de veracidad y a los elementos obrantes en el expediente. Asimismo, indicó que las facultades de representación de José Luis Rodríguez Guzmán se encontraban acreditadas mediante la vigencia de poder presentada.

• Sobre la omisión de nombres y apellidos en el Pacto de Integridad,

consideró que dicha observación no era relevante, pues la declaración jurada contenía esa información.

• Con relación a la experiencia del postor en la especialidad, sostuvo que los

servicios acreditados compartían características esenciales con los servicios similares requeridos; asimismo, precisó que el Consorcio Adjudicatario acreditó una experiencia superior a S/ 300 000,00, pese a que, por su condición de consorcio integrado por empresas MYPE, correspondía acreditar S/ 100 000,00. Añadió que la evaluación se realizó conforme al principio de presunción de veracidad.

• De otro lado, la Entidad consideró que el compromiso de alquiler de la

camioneta 4x4 no tenía valor legal, debido a que el vehículo ofertado sería de propiedad compartida, por lo que concluyó que HJR Inversiones Gavilán S.A.C. no acreditó correctamente el equipamiento estratégico y correspondía su descalificación. Asimismo, respecto de la presunta presentación de documentación con información inexacta, señaló que corresponde al Tribunal determinar si existen elementos suficientes para considerar vulnerado el principio de presunción de veracidad.

• Mediante decreto del 26 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado, considerando que es el ganador de la buena pro; asimismo, se dispuso tener por absuelto el traslado del recurso de apelación del Impugnante.

• El 26 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación

de los representantes del Impugnante; asimismo, se dejó constancia de la inasistencia del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad, conforme consta en el acta correspondiente.

• Con decreto del 26 de octubre de 2026, la Cuarta Sala del Tribunal identificó un

posible vicio que ameritaría declarar la nulidad del procedimiento de selección, y corrió traslado del mismo al Impugnante, al tercero administrado y la Entidad a fin de que expongan sus posiciones sobre el particular, en los siguientes términos: “AL EJERCITO PERUANO (Entidad), HJR INVERSIONES GAVILAN S.A.C. (Impugnante) y CONSORCIO SAN IGNACIO, conformada por la EMPRESA KENDAY S.A.C. y GRUPO RG CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. (Consorcio Adjudicatario) El literal C.1. “Experiencia del personal clave” del numeral 3.5.2 “Requisitos de calificación adicionales” del Capítulo III de las bases integradas, se solicita acreditar lo siguiente:

Al respecto, se advierte que las bases integradas no precisan qué tipo de experiencia debe acreditar el ingeniero civil, pues únicamente señalan que debe contar con dos (2) años de experiencia como mínimo, sin especificar las actividades o funciones en las que esta debe haberse adquirido. Asimismo, respecto del ingeniero civil y del especialista en seguridad y salud en el trabajo, se han incorporado exigencias referidas a diplomados o cursos, las cuales corresponden a capacitación y no a experiencia profesional. En tal sentido, no se identifica con claridad el alcance de la experiencia requerida para dichos profesionales. Asimismo, el numeral 4.1.2. “Factores de evaluación facultativos” del Capítulo IV de las bases integradas, especifica la especialidad y subespecialidad de la obra, conforme al siguiente detalle:

Sobre el particular, se advierte que el factor de evaluación comprende a cuatro (4) profesionales —ingeniero civil, especialistas de seguridad y salud en el trabajo, técnico profesional en construcción civil y técnico electricista—; sin embargo, contempla un único rango de puntuación, sin precisar cómo debe evaluarse la experiencia adicional de cada profesional ni cómo se asignará el puntaje cuando se considere a los cuatro. Por tanto, la metodología prevista no permite determinar de manera clara y objetiva la asignación del puntaje correspondiente a dicho factor. En ese sentido, las deficiencias advertidas en las bases integradas no permitirían identificar con claridad las condiciones que deben cumplir los postores para acreditar la experiencia requerida del personal clave, lo que podría contravenir el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme al cual las actuaciones del proceso de contratación deben basarse en reglas y criterios claros y accesibles, así como el principio de legalidad, previsto en el literal a) de dicho artículo. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, se les solicita emitir pronunciamiento en el que precisen si dicha situación, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección. En ese sentido, se les otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que manifiesten lo que consideren pertinente respecto al supuesto vicio de nulidad identificado, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos”.

• Mediante Informe Técnico Legal N° 014/1° BRIG SVA PA/SEC ABSTO/03.00 del 29

de octubre de 2026, presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad señalando, principalmente, lo siguiente:

• Indica que las bases integradas establecieron que el ingeniero civil debía

acreditar dos años de experiencia como mínimo, contabilizados desde su colegiatura, mientras que el especialista en seguridad y salud en el trabajo debía acreditar el mismo periodo de experiencia en dicha especialidad. Asimismo, precisó que los diplomados y cursos exigidos correspondían a los conocimientos que debía poseer el personal propuesto.

• Por otro lado, respecto del factor de evaluación referido a la experiencia

adicional del personal clave, indicó que las bases permitían otorgar veinte (20) puntos cuando los cuatro profesionales acreditaran, cada uno, más de un año de experiencia adicional respecto del mínimo exigido, y cuarenta (40) puntos cuando acreditaran más de dos años adicionales. En ese sentido, sostuvo que la metodología de evaluación era objetiva y se ajustaba a las Bases Estándar aprobadas mediante Resolución Directoral N° 001-2026-EF-54/01.

• Finalmente, manifestó que los posibles vicios advertidos por el Tribunal no

habían sido cuestionados por el Impugnante ni por el Consorcio Adjudicatario, por lo que una eventual declaración de nulidad afectaría los principios de eficacia y eficiencia, celeridad y favor acti (preservación del acta administrativo). Por tales consideraciones, concluyó que no se configuraba ningún vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Con Escrito N° 2, presentado el 2 de noviembre de 2026, el Impugnante absolvió

el traslado de los posibles vicios de nulidad advertidos por el Tribunal, indicando lo siguiente:

• Refiere que las bases integradas eran claras respecto de la experiencia

mínima del ingeniero civil y del especialista en seguridad y salud en el trabajo, al establecer que esta debía contabilizarse desde su colegiatura. Asimismo, precisó que los diplomados y cursos exigidos constituían requisitos de capacitación y no de experiencia profesional.

• De otro lado, respecto del factor de evaluación referido a la experiencia

adicional del personal clave, señaló que la metodología de asignación de puntaje era objetiva, pues los veinte (20) o cuarenta (40) puntos se otorgaban cuando los cuatro (4) profesionales propuestos acreditaran, conjuntamente, más de uno (1) o dos (2) años de experiencia adicional, respectivamente.

• Finalmente, reiteró sus pretensiones formuladas en su recurso de

apelación y solicitó que se descarten los posibles vicios de nulidad advertidos de oficio y, en consecuencia, se declare fundado su recurso de apelación.

• A través del decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo

para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (valor superior a 50 UIT)1. Concurso Público Abreviado de Servicios N°

005-2026EP/UO 0808-1

con una cuantía de S/484 000.00 Sí 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente.

2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2. El recurso se dirige contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3. La notificación del acto impugnado fue el 9 de octubre de 2026, venciendo el plazo de 5 días recurso de apelación se presentó el 16 de octubre de 2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor Iván Gavilán Tito en calidad de gerente general del Impugnante, conforme a la vigencia poder anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. La oferta del Impugnante fue admitida y calificada. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. La oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:

• Se revoque la admisión y calificación de la oferta del Consorcio

Adjudicatario

• Se revoque el otorgamiento de la buena pro.

El Consorcio Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:

• Se declare infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, se

confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Se le permita subsanar su oferta.
• Se descalifique la oferta del Impugnante.
• Se disponga la apertura de un procedimiento administrativo sancionador

contra el Impugnante, por la presunta presentación de información inexacta.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 19 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE4, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 22 del mismo mes y año. Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante el escrito presentado el 22 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario presentó su escrito, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. Debido a lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante en la determinación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo expuesto, los puntos controvertidos que serán materia de

análisis consisten en: ➢ Determinar si corresponde revocar la admisión y calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Impugnante, en atención a los argumentos expuestos por el Consorcio Adjudicatario. 4 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión Previa vinculada con el tercer punto controvertido: Sobre los presuntos vicios de nulidad advertido en el procedimiento de selección.

• Previamente al análisis de los puntos controvertidos, este Tribunal estima

necesario pronunciarse sobre los posibles vicios de nulidad advertidos de oficio en las bases integradas del procedimiento de selección, referidos a la formulación del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” y del factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”. Cabe precisar que dichas deficiencias se encuentran vinculadas con el análisis del tercer punto controvertido, referido al cuestionamiento formulado por el Consorcio Adjudicatario respecto de la experiencia del ingeniero civil propuesto como personal clave por el Impugnante.

• Al respecto, en el marco del presente procedimiento recursivo, el Consorcio

Adjudicatario cuestionó, entre otros aspectos, la documentación presentada por el Impugnante para acreditar la experiencia del personal clave propuesto, específicamente, los certificados obrantes a folio 120 y 123, correspondiente al ingeniero civil.

• Considerada dicha posición, este Tribunal, de oficio, procedió a verificar la

regulación de las bases recaída sobre el requisito de calificación de experiencia del personal clave, advirtiéndose la incidencia de posibles vicios de nulidad por quebrantamiento de los principios de legalidad establecido en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.

• En ese sentido, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases estándar del

Concurso Público Abreviado de Servicios, aplicables al presente procedimiento de selección, respecto del requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave. Al respecto, estas establecen que la Entidad debe consignar el tiempo mínimo de experiencia requerido, los trabajos o prestaciones en la actividad requerida que deberá acreditar el personal clave, así como la denominación del puesto, cargo y/o posición que este desempeñará en la ejecución de la prestación objeto de la convocatoria, tal como se aprecia a continuación:

• Sin embargo, de la revisión del literal C.1. “Experiencia del personal clave” del

numeral 3.5.2 “Requisitos de calificación adicionales” del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se advierte que, respecto del ingeniero civil, la Entidad únicamente estableció que debía acreditar una experiencia mínima de dos (2) años, contabilizada desde su colegiatura, sin precisar los trabajos o prestaciones en la actividad requerida en los cuales debía contar con dicha experiencia. Asimismo, en el mismo acápite, la Entidad incorporó exigencias referidas a diplomados o cursos en temas de elaboración de costos y presupuestos, así como de diseño de redes de alcantarillado, las cuales no corresponden a la acreditación de experiencia profesional, sino a aspectos relacionados con la capacitación del personal. Por tanto, su inclusión dentro del requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave evidencia que la Entidad no habría establecido dicho requisito conforme a lo previsto en las Bases Estándar. Para mayor detalle se reproduce lo establecido en las bases integradas:

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que la misma deficiencia se advierte respecto de los demás profesionales considerados como personal clave en las bases integradas. En efecto, para el especialista en seguridad y salud en el trabajo, el técnico profesional en construcción civil y el técnico electricista o electromecánico o electrotecnia, la Entidad tampoco precisó los trabajos o prestaciones en la actividad requerida en los cuales debían acreditar la experiencia mínima exigida, limitándose a establecer el periodo de experiencia correspondiente. De igual manera, se advierte que, respecto del especialista en seguridad y salud en el trabajo, se incorporó como parte del requisito de experiencia la exigencia de contar con un diplomado en temas de seguridad y salud en el trabajo o prevención de riesgos, con una duración mínima de doscientas (200) horas, aspecto que corresponde a la capacitación del personal y no a la acreditación de su experiencia profesional.

• Adicionalmente, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases estándar

del Concurso Público Abreviado de Servicios, aplicables al presente procedimiento de selección, respecto del factor de evaluación facultativo referido a la experiencia adicional del personal clave, el cual se reproduce a continuación:

• Como se observa, las bases estándar establecen que la evaluación de la

experiencia adicional del personal clave se realiza en función del tiempo de experiencia, para lo cual la Entidad debe consignar la denominación del puesto, cargo y/o posición, así como los trabajos o prestaciones en la actividad requerida respecto de los cuales se evaluará dicha experiencia. Asimismo, establecen que la metodología de asignación de puntaje debe contemplar rangos de experiencia expresados en años, claramente delimitados (por ejemplo, «más de […] años» y «más de […] hasta […] años»), asignando a cada rango un puntaje determinado.

• Sin embargo, se advierte que, en las bases integradas del presente procedimiento

de selección, la Entidad estableció lo siguiente:

• Como se aprecia, la Entidad consideró a cuatro (4) profesionales para la evaluación

de la experiencia adicional del personal clave: i) ingeniero civil; ii) especialista en seguridad y salud en el trabajo; iii) técnico profesional en construcción civil; y iv) técnico electricista. No obstante, estableció una única escala de asignación de puntaje, consistente en otorgar cuarenta (40) puntos por acreditar más de dos (2) años de experiencia y veinte (20) puntos por acreditar más de uno (1) hasta dos (2) años, sin precisar cómo debía aplicarse dicha escala respecto de cada uno de los profesionales considerados. Ello implica que la Entidad ha estructurado los rangos de evaluación, desnaturalizando el criterio establecido por las bases estándar. Asimismo, se advierte que las bases integradas tampoco identificaron los trabajos o prestaciones en la actividad requerida respecto de los cuales debía evaluarse la experiencia adicional de cada uno de los cuatro (4) profesionales, conforme a lo establecido en las Bases Estándar del Concurso Público Abreviado de Servicios.

• En ese sentido, se advierte que las bases integradas no fueron elaboradas

conforme a las reglas previstas en las bases estándar de Concurso Público Abreviado de Servicios, debido a que no se precisaron los trabajos o prestaciones en la actividad requerida en los cuales debía acreditarse la experiencia del personal clave y se incluyeron exigencias de capacitación dentro del requisito de calificación referido a dicha experiencia. Cabe señalar que estas deficiencias también se presentan respecto de los demás profesionales requeridos como personal clave, y no únicamente en el caso del ingeniero civil, cuya experiencia ha sido cuestionada en el presente procedimiento recursivo. Además, se advierte que se incluyó como factor de evaluación a cuatro integrantes del personal clave, sin precisar cómo debía aplicarse los rangos de puntuación respecto de cada uno de los profesionales considerados.

• En consecuencia, considerando que dichas situaciones vulnerarían el principio de

transparencia y las bases estándar aprobada por el OECE y, con ello, lo dispuesto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento; en virtud de lo dispuesto del numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento5, mediante Decreto del 26 de 5 “Artículo 313. Alcances de la resolución (…) 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal

• del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo

previsto para resolver.” octubre de 2026, se dispuso correr traslado a las partes y a la Entidad, a fin de que se pronuncien sobre los posibles vicios de nulidad identificados en el procedimiento de selección.

• Al respecto, la Entidad sostiene que las disposiciones contenidas en las bases

integradas no presentan deficiencias, toda vez que considera que el periodo de experiencia exigido para el ingeniero civil y el especialista en seguridad y salud en el trabajo se encontraba suficientemente determinado. Asimismo, señala que los diplomados y cursos incorporados en dicho acápite corresponden a los conocimientos que debía poseer el personal propuesto. De otro lado, respecto del factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave, manifiesta que la metodología establecida permitía determinar objetivamente el puntaje, en tanto los cuatro (4) profesionales debían acreditar individualmente más de un (1) año de experiencia adicional para obtener veinte (20) puntos, o más de dos (2) años adicionales para obtener cuarenta (40) puntos. Finalmente, sostiene que los posibles vicios advertidos no fueron cuestionados por las partes, por lo que no se configura un vicio de nulidad.

• Por su parte, el Impugnante refiere que las bases integradas eran claras respecto

de la experiencia mínima exigida al ingeniero civil y al especialista en seguridad y salud en el trabajo, al establecer que esta debía contabilizarse desde su colegiatura. Asimismo, precisa que los diplomados y cursos exigidos constituían requisitos de capacitación y no de experiencia profesional. De otro lado, respecto del factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave, señala que los veinte (20) o cuarenta (40) puntos se otorgaban cuando los cuatro (4) profesionales propuestos acreditaran, conjuntamente, más de uno (1) o dos (2) años de experiencia adicional, respectivamente.

• Sobre el particular, corresponde precisar que el artículo 55 del Reglamento

establece que las bases son los documentos del procedimiento de selección cuyo objetivo es establecer sus reglas. Dichas bases son elaboradas por el oficial de compra o el comité, según corresponda, o por la DEC, en caso de haberse designado un jurado, a partir de la información contenida en el expediente de contratación, conforme se transcribe a continuación: “Artículo 55 Bases 55.1. Las bases son los documentos del procedimiento de selección que tienen como objetivo establecer sus reglas y son elaboradas por el oficial de compra o el comité, según corresponda, o la DEC, en caso se hubiera designado un jurado, a partir de la información del expediente de contratación. 55.2. Los evaluadores pueden establecer factores de evaluación adicionales o modificaciones a los factores de evaluación propuestos en la estrategia de contratación, para que sean incluidos en las bases. 55.3. El contenido de las bases depende del tipo y modalidad del procedimiento de selección, e incluye, como mínimo, lo siguiente: el requerimiento, los documentos necesarios para la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Las bases estándar se aprueban mediante directiva emitida por la DGA, las cuales son de uso obligatorio para los evaluadores”. (El resaltado es agregado).

• En tal sentido, las bases —que deben estar alineadas con las bases estándar

aprobadas por el OECE y elaboradas debidamente a partir de la información contenida en el expediente de contratación— constituyen las reglas a las cuales deben someterse tanto los participantes y postores, como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• En ese contexto, corresponde señalar que los argumentos expuestos por la

Entidad y el Impugnante no desvirtúan las deficiencias advertidas en la formulación del requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave. En efecto, si bien la Entidad sostiene que la experiencia mínima exigida al ingeniero civil y al especialista en seguridad y salud en el trabajo se encontraba determinada al haberse establecido que debía contabilizarse desde su colegiatura, dicha precisión únicamente establece el momento a partir del cual se computaría el periodo de experiencia, pero no identifica los trabajos o prestaciones en la actividad requerida en los cuales los profesionales debían haberla adquirido, conforme lo exigen las bases estándar. Esta observación no solo se circunscribe a la experiencia del ingeniero civil que ha sido objeto de cuestionamiento, sino que la deficiencia también abarca a los demás profesionales. Asimismo, el hecho de que la Entidad considere que los diplomados y cursos incorporados en dicho acápite corresponden a conocimientos que debía poseer el personal propuesto no desvirtúa que tales exigencias fueron incluidas dentro del requisito de calificación referido a la experiencia profesional, pese a que corresponden a aspectos de capacitación, por lo que no correspondía sea acreditados como parte de la experiencia del personal. Por su parte, el Impugnante tampoco desvirtúa estas deficiencias, pues el hecho de que las bases establezcan un periodo mínimo computable desde la colegiatura no permite determinar, por sí solo, el tipo de experiencia que debía acreditar el personal propuesto. En este estado, es importante subrayar que para el adecuado desarrollo del procedimiento de selección, resulta importante que las bases integradas establezcan disposiciones claras, precisas y objetivas, particularmente aquellas referidas a la experiencia del personal clave, de manera que los postores puedan conocer de manera inequívoca el alcance de las exigencias establecidas por la Entidad. Además, la inexistencia de actividades en las cuales se debía acreditar la experiencia desnaturaliza la propia exigencia de experiencia, al vaciar de contenido la finalidad de este requisito, consistente en contar con profesionales idóneos para desarrollar el objeto de la contratación.

• De otro lado, respecto del factor de evaluación referido a la experiencia adicional

del personal clave, tampoco resulta atendible el argumento señalado por la Entidad y el impugnante, en el sentido de que los cuatro (4) profesionales debían acreditar individualmente más de un (1) año o más de dos (2) años de experiencia adicional para obtener veinte (20) o cuarenta (40) puntos, respectivamente, toda vez que dicha interpretación no se desprende de manera expresa de las bases integradas, en las que únicamente se estableció una escala única de puntuación para los cuatro (4) profesionales considerados, sin precisar cómo debía aplicarse respecto de cada uno de ellos. Aunado a ello, cabe precisar que las bases estándar no identifican este esquema de puntuación, según el cual se evaluaría a un grupo de profesionales en conjunto, ya que ello podría resultar restrictivo a la competencia. Aunado a ello, debe reiterarse que las bases integradas tampoco identificaron los trabajos o prestaciones en la actividad requerida respecto de los cuales debía evaluarse la experiencia adicional de cada profesional. Por tanto, los argumentos formulados con ocasión del traslado de nulidad no subsanan las omisiones advertidas en las reglas del procedimiento de selección.

• En consecuencia, se advierte que la Entidad no elaboró las bases integradas

conforme a las disposiciones previstas en las bases estándar del Concurso Público Abreviado de Servicios, cuyo uso es obligatorio para los evaluadores, de acuerdo con el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento. Dicha situación no solo evidencia el incumplimiento de una disposición de carácter obligatorio, sino que también afecta el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal

• del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, en tanto las reglas establecidas no

permiten identificar con claridad las condiciones para acreditar la experiencia del personal clave ni los parámetros para la asignación del puntaje correspondiente. Asimismo, se configura una vulneración del principio de legalidad, previsto en el literal a) del citado numeral, al haberse establecido disposiciones contrarias a las reglas obligatorias contenidas en las Bases Estándar.

• Así, las deficiencias advertidas no permiten determinar con claridad los

parámetros bajo los cuales debía calificarse y evaluarse la experiencia adicional del personal clave ni la asignación del puntaje correspondiente, lo que podría generar interpretaciones y afectar la objetividad y transparencia del procedimiento de selección.

• En este punto, cabe traer a colación el artículo 70 de la Ley, el cual dispone que el

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos dentro del procedimiento de selección, si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección.

• La nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades,

en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración.

• En tal sentido, en el presente caso, las bases se encuentran incursas en causal de

nulidad por contravención de normas legales, lo que acarrea la nulidad de los actos del procedimiento de selección desde la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases.

• El vicio advertido, por otro lado, impide la aplicación de los supuestos de

conservación previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, puesto que la infracción normativa de las bases se encuentra vinculada con uno de los puntos controvertidos planteados por el Consorcio Adjudicatario, relativo a la eventual descalificación de la oferta del Impugnante por presunto incumplimiento del requisito de calificación de experiencia del personal clave en el perfil requerido por las bases integradas (ingeniero civil), siendo este un extremo de la controversia que no puede ser valorado a partir de una regla de las bases indebidamente formulada. De este modo, este Tribunal considera que el vicio de nulidad de las bases es trascendente en la definición de la materia controvertida y en los resultados del procedimiento; motivo por el cual no procede su convalidación bajo la figura de la conservación del acto administrativo. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables, al haberse identificado vicios trascendentes vinculados con la controversia puesta en conocimiento de esta instancia. En ese sentido, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo; razón por la cual corresponde se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección.

• Por lo expuesto, en atención a la potestad otorgada a este Tribunal en el artículo

70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases, pues el mismo vicio de las bases integradas se encuentra en las bases primigenias del procedimiento de selección.

• Asimismo, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá y que,

de considerarlo pertinente, los postores presentarán nuevamente sus ofertas, carece de objeto analizar los puntos controvertidos fijados.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente Resolución, a fin que conozcan de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte a quienes intervienen en la elaboración de las bases, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado. Asimismo, toda vez que el Consorcio Adjudicatario ha cuestionado la presunta presentación de información inexacta en la oferta del Impugnante, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la documentación correspondiente, tomando en consideración las observaciones expuestas en la absolución del recurso de apelación. En ese sentido, la Entidad deberá remitir a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la

nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por éste, para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Christian Cesar Chocano Davis, y la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Jefferson Augusto Bocanegra Diaz, en reemplazo del vocal César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 2025 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 005-

2026EP/UO 0808-1, convocado por el Ejército Peruano, para la contratación del Servicio de Mantenimiento de Infraestructura del BIS PA N° 111- San Ignacio AF- 2026, y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, a fin de que se

realicen las acciones de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 34.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta del

Impugnante, conforme a lo señalado en el fundamento 34, y remita los resultados a este Tribunal en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

• Devolver la garantía presentada por HJR Inversiones Gavilan S.A.C., para la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE6.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JEFFERSON AUGUSTO

BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CESAR CHOCANO DAVID

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

6 “n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección”.

VOTO SINGULAR DEL VOCAL JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado en la parte resolutiva de la Resolución del recurso de apelación [Expediente 7682/2026.TCP]; sin embargo, disiente, respetuosamente, de los fundamentos abordados por la mayoría en los fundamentos 14 al 17 en el extremo referido a declarar la nulidad del procedimiento por la forma de asignación de puntaje en el factor de evaluación “experiencia adicional del personal clave”, por los siguientes motivos: Cuestión Previa vinculada con el tercer punto controvertido: Sobre los presuntos vicios de nulidad advertido en el procedimiento de selección. (…)

• Adicionalmente, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases estándar

del Concurso Público Abreviado de Servicios, aplicables al presente procedimiento de selección, respecto del factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave, el cual se reproduce a continuación:

• Como se observa, las bases estándar establecen que la evaluación de la

experiencia adicional del personal clave se realiza en función del tiempo de experiencia, para lo cual la Entidad debe consignar la denominación del puesto, cargo y/o posición, así como los trabajos o prestaciones en la actividad requerida respecto de los cuales se evaluará dicha experiencia. Asimismo, establecen que la metodología de asignación de puntaje debe contemplar rangos de experiencia expresados en años, claramente delimitados (por ejemplo, «más de […] años» y «más de […] hasta […] años»), asignando a cada rango un puntaje determinado.

• Asimismo, se advierte que, en las bases integradas del presente procedimiento de

selección, la Entidad estableció lo siguiente:

• Como puede apreciarse, la Entidad consideró a cuatro (4) profesionales para la

evaluación de la experiencia adicional del personal clave: i) ingeniero civil; ii) especialista en seguridad y salud en el trabajo; iii) técnico profesional en construcción civil; y iv) técnico electricista. Asimismo, estableció una metodología de asignación de puntaje que contempla cuarenta (40) puntos por acreditar más de dos (2) años de experiencia y veinte (20) puntos por acreditar más de uno (1) hasta dos (2) años. Sobre el particular, se advierte que la asignación de puntuación establecidos por la Entidad se encuentra conformes con lo previstos en las bases estándar del Concurso Público Abreviado de Servicios. Bajo tales premisas, a consideración del suscrito, no se advierte un vicio de nulidad respecto de la metodología de asignación de puntaje del factor de evaluación referido a la experiencia adicional del personal clave, toda vez que los rangos establecidos por la Entidad en las bases integradas se encuentra distribuido conforme con lo previsto en las bases Estándar del Concurso Público Abreviado de Servicios, asimismo, las referidas bases estándar tampoco limitan a la Entidad a consignar un solo personal para dicho factor. En ese sentido, no corresponde considerar dicho extremo como sustento para declarar la nulidad del procedimiento de selección.