Resolución N.° 9716-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la infracción contemplada en la normativa, establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos hechos en la realidad: i) que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. (…)” Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 2949/2026.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la señora ESPINOZA OLIVARES MARGOT por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmersa en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 1294 del 23 de mayo de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, para la “Contratación de servicio"; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 23 de mayo de 2023, la Municipalidad distrital de Asunción - Cajamarca, en

adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 1294 por el monto de S/ 1,000.00 (mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio, a favor de la señora Margot Espinoza Olivares, en adelante la Contratista.

contratación comprendería un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, por haberse efectuado por un monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); estando en vigencia en aquel momento el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

• Mediante Oficio N° 000751-2026-CG/GRCU1, presentado ante el Tribunal de

Contrataciones Públicas (antes Tribunal de Contrataciones del Estado), en adelante el Tribunal, la Gerencia Regional de Control de Cusco informó que la 1 Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Contratista estaría impedido de contratar con el Estado, motivo por el cual remitió el Informe de acción de oficio posterior N° 12285-2025-CG/GRCU-AOP2, detallando lo siguiente:

• Durante el año 2023, la Entidad contrató a la Contratista mediante la Orden

de Servicio N° 1294 del 23 de mayo de 2023, para la prestación del servicio de publicidad, por el monto de S/ 1,000.00 (mil con 00/100 soles), el cual fue pagado el 25 de julio de 2023, conforme al Comprobante de Pago N° 3895 y su respectiva detracción. ii) De la revisión de la Declaración Jurada de Intereses del año 2021 de Elizban Ganoza Espinoza y de la información registrada en el RENIEC, el órgano de control identificó que la Contratista sería cónyuge de Santiago Ganoza Gutiérrez, quien ejerció el cargo de regidor de la Entidad durante el periodo 2019-2022. iii) En ese sentido, el órgano de control concluyó que la Contratista se habría encontrado impedida para contratar con la Entidad durante el año 2023, conforme al literal h), en concordancia con el literal d), del numeral 11.1 del

artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, debido al vínculo conyugal identificado y al periodo durante el cual resultaba aplicable dicho impedimento. iv) Finalmente, el órgano de control recomendó al Titular de la Entidad adoptar las acciones correspondientes para atender los hechos advertidos y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades.

• A través del Decreto3 del 14 de mayo de 2026, de manera previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, entre otros, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir: i) un informe técnico legal de su asesoría en el cual se pronuncie sobre la supuesta responsabilidad de la Contratista por haber contratado con el Estado estando impedido; ii) copia completa y legible de la Orden de Servicio, en la cual se advierta la fecha en la que fue recibida por la Contratista.

• Con Decreto4 del 14 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la Contratista por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, en el 2 Obrante a folios 3 al 10 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 3 Obrante a folios 13 al 15 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 4 Obrante a folios 16 al 18 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio. Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante Decreto5 del 16 de julio de 2026, a fin que la Secretaría Técnica 3 del

Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió lo siguiente:

“A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS:

Remitir copia legible de la Orden de Servicio N° 1294-2023 del 23 de mayo de 2023, emitida por su representada a favor de la señora ESPINOZA OLIVARES MARGOT (con R.U.C. N° 10248061818), donde se aprecie que fue debidamente recibida por la referida proveedora (constancia de recepción). En caso la citada orden de servicio haya sido tramitada por medio electrónico, cumpla con remitir el correo electrónico mediante el cual se notificó la citada orden de servicio, donde se advierta la fecha de remisión y acuse recibo. Precisar si la Orden de Servicio N° 1294-2023 del 23 de mayo de 2023 proviene de un contrato o de un procedimiento de selección, de ser el caso, adjuntarlo o señalarlo. Remitir copia legible y completa de la cotización y/o oferta presentada por la señora ESPINOZA OLIVARES MARGOT (con R.U.C. N° 10248061818) en el cual se pueda advertir el sello de recepción de la Entidad. En caso haya sido recibida de manera electrónica deberá remitir copia del correo electrónico donde se pueda advertir la fecha de remisión de la misma. Señalar si el proveedor como parte de su cotización y/o para efectos de su contratación, presentó algún anexo o declaración jurada, mediante el cual haya manifestado no tener impedimento para contratar con el Estado; de ser así, cumpla con adjuntar dicha documentación, debiendo acreditar la oportunidad en la que fue recibida por la Entidad”.

• A través del Decreto6 del 31 de julio de 2026, se hizo efectivo el apercibimiento

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante debido a que la Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos.

• Con Decreto7 del 31 de julio de 2026 se efectuó el registro del Informe de

Instrucción N° 127-2026-ST3-CSCH del 31 de julio de 2026 en el sistema 5 Obrante a folios 20 al 21 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 6 Obrante a folio 22 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 7 Obrante a folio 23 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

informático del Tribunal; en el cual la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, recomendó lo siguiente: “(…)

• Recomendar al órgano sancionador declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción

contra la señora MARGOT ESPINOZA OLIVARES (con R.U.C. N° 10248061818), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, el marco de la Orden de Servicio N° 1294 del 23 de mayo de 2023, emitida por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Recomendar al órgano sancionador poner en conocimiento del Órgano de Control

Institucional de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas lo expuesto en los fundamentos 11 y 12 del presente informe, a fin de que evalúe la adopción de las acciones que correspondan.

• Disponer que, una vez efectuada la notificación del presente Informe de Instrucción al

imputado, el expediente administrativo sancionador sea remitido, conjuntamente con el citado informe, a la Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas que corresponda, en su calidad de órgano sancionador, conforme a lo establecido en el literal l) del numeral 361.1 del artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. (…)”

• Mediante Decreto del 13 de agosto de 2026 se dispuso remitir el expediente a la

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si

la Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo, el cual se encontraba vigente al momento de suscitados los hechos.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el análisis de la comisión de la infracción se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se aplicará en atención al principio de retroactividad benigna. Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello: Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa el contratar con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

• Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado, ha consagrado, como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección8 que llevan a cabo las Entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). 8 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Esas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no hayan sido expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse la

relación contractual derivada de la Orden de Servicio, la Contratista tenía el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción.

• Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si la Contratista incurrió

en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración:

• Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado (según sea

el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la Orden de compra o de servicio); y ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, la Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley. Sobre el hecho de que se haya celebrado y/o perfeccionado la Orden de Servicio

• Mediante Decreto del 14 de mayo de 2026, previo al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, y el 16 de julio de 2026, iniciado el procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal requirió a la Entidad la remisión, entre otros, de la Orden de Servicio emitida a favor de la Contratista donde se aprecie que fue debidamente recibida por el proveedor. Sin embargo, hasta la fecha y vencido el plazo otorgado, la Entidad no ha cumplido con remitir lo solicitado; por lo que, este Colegiado no puede determinar fehacientemente que la Contratista haya recibido la Orden de Servicio y, por ende, perfeccionado la relación contractual con la Entidad.

• En ese sentido, precisado lo anterior, en el presente caso, no se cuenta con

elementos suficientes para determinar que la Contratista efectivamente recibió la Orden de Servicio ni, por ende, la fecha exacta en que se habría producido tal hecho.

• Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena

N° 008-2021/TCE, mediante el cual se establecieron criterios para acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a 8 UIT como es el presente caso, donde se estableció lo siguiente: “1. En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados para determinar la responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, o en otra norma derogada que la tipifique con similar descripción, la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la Orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. Al respecto, queda evidenciado que el Tribunal, por mayoría, ha establecido como criterio que es posible acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a 8 UIT, en mérito de:

• La constancia de recepción de la Orden de Servicio (constancia de notificación

debidamente recibida por la Contratista); u,

• Otros medios de prueba que permitan identificar de manera fehaciente que se

trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor.

• En cuanto al primer criterio, referido a la constancia de recepción de la Orden de

Servicio, cabe señalar que la Secretaría del Tribunal, mediante Decreto del 16 de julio de 2026, requirió a la Entidad la remisión de los documentos idóneos que acreditaran el perfeccionamiento de dicha Orden. No obstante, como ya se ha indicado, la Entidad no cumplió con atender dicho requerimiento, motivo por el cual no obra en el expediente administrativo documento alguno que acredite el cumplimiento de este primer criterio.

• Respecto del segundo criterio, relacionado con la posibilidad de verificar por

cualquier otro medio probatorio la existencia de una relación contractual, el Acuerdo señala que, “ante la ausencia de una regulación expresa para determinar cuándo debe entenderse perfeccionado el contrato en estos casos, y en aplicación del principio de verdad material, previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del

Procedimiento Administrativo General (en adelante, la LPAG), la Sala a cargo del procedimiento sancionador puede recurrir a la verificación de otros documentos que permitan afirmar la existencia de una relación contractual entre la Entidad y el proveedor imputado”.

• En esa línea, de la revisión del expediente administrativo, no se advierten

documentos aportados por la Entidad que permitan acreditar de manera fehaciente el perfeccionamiento de la Orden de Servicio, por lo que no es posible determinar si esta fue efectivamente recibida por la Contratista, ni si se concretó la relación contractual entre las partes. En relación a ello, el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o analógica, asimismo, el numeral 2 del mismo artículo hace referencia al principio del debido procedimiento, en virtud del cual las Entidades aplicarán sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando las garantías inherentes al debido procedimiento.

• Por tanto, este Colegiado no cuenta con elementos de convicción suficientes para

determinar que se ha perfeccionado la Orden de Servicio, consecuentemente, no puede proseguirse con el análisis correspondiente, a efectos de identificar si la Contratista habría contratado con la Entidad estando impedido para ello en el marco de la Orden de Servicio, toda vez que la Entidad no ha cumplido con remitir la documentación que permita tener por perfeccionada la relación contractual.

• Ahora bien, la falta de colaboración por parte de la Entidad, al no haber cumplido

con remitir la información y documentación solicitada, debe ponerse en conocimiento de su Titular y del Órgano de Control Institucional de la misma, a efectos de que adopten las medidas que resulten pertinentes en el marco de sus respectivas competencias. Teniendo en cuenta además que la información requerida permitiría verificar si, en el presente caso, se ha vulnerado la normativa de contratación pública, los principios que la rigen, así como el adecuado uso de los recursos públicos.

• En mérito a lo expuesto, este Colegiado considera que no ha quedado acreditado

el primer elemento del tipo infractor; es decir, no se encuentra acreditado el perfeccionamiento de un contrato a través de la Orden de Servicio, al no acreditarse la notificación al Contratista ni se han evidenciado otros medios de prueba que permitan identificar de manera fehaciente que se trata de una contratación por la que se pueda atribuir responsabilidad al Contratista.

• Consecuentemente, en el caso concreto, bajo responsabilidad de la Entidad, no

corresponde imponer sanción al Contratista, pues no se ha determinado fehacientemente que haya contratado con el Estado estando impedido, debiéndose archivar el expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y la intervención de los vocales Juan Carlos Cortez Tataje en reemplazo del vocal Marlon Luis Arana Orellana en atención al Rol de Turnos de Presidentes de Sala vigente, y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de

sanción contra la señora ESPINOZA OLIVARES MARGOT (con R.U.C. N° 10248061818), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmersa en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 1294 del 23 de mayo de 2023, emitida por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, para la “Contratación de servicio"; por los fundamentos expuestos.

• Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y al Órgano de Control

Institucional de la misma para que dispongan las acciones que resulten pertinentes, en virtud de lo señalado en la fundamentación.

• Disponer el archivamiento del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Mendoza Merino. Paz Winchez.