Resolución N.° 9715-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) el numeral 362.2 de dicho artículo dispone que la suspensión debe ser declarada por la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador (ST-PAS) o por la Sala correspondiente, según la etapa en que se encuentre el procedimiento, y se mantiene hasta que se comunique y remita el laudo respectivo.” Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 1306-2026.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa Grupo Piedra Azul Sociedad Anónima Cerrada por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N.º 011-2022-MINAM/OA (Primera Convocatoria), efectuada por el Ministerio del Ambiente; y atendiendo a lo siguiente; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado (SEACE), el 22 de agosto de 2022, el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N.º 011-2022-MINAM/OA (Primera Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra “Construcción de cerco perimétrico y sistema de riego, en el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi distrito de Ancón, provincia de Lima, departamento de Lima, CUI N.º 2443101”, con un valor referencial de S/ 2'727,668.77 (dos millones setecientos veintisiete mil seiscientos sesenta y ocho con 77/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N.º 30225, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. El 20 de setiembre de 2022 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 21 de octubre del mismo año, se otorgó la buena pro a la empresa Grupo Piedra Azul Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el Contratista, por el monto de su oferta ascendente a S/ 2'454,901.90 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos uno con 90/100 soles). El 21 de noviembre de 2022, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N.º 019-2022-MINAM-OGA, en adelante el Contrato, para la ejecución de la obra antes indicada, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario. Posteriormente, el 2 de octubre de 2024, las partes suscribieron la Adenda N.º 01 al Contrato.

• Mediante Oficio N.º D000023-2026-MINAM-SG-OGA-OA, presentado el 4 de

marzo de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción al haber ocasionado que se resuelva el Contrato. A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N.º D000019-2026- MINAM-SG-OGA-MDFM, en el cual señaló, principalmente, lo siguiente:

• El 5 de mayo de 2023, mediante Carta N.º 080-2023-GRUPO PIEDRA AZUL

SAC/GG, el Contratista comunicó su decisión de resolver el Contrato por incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad. Por su parte, mediante Carta Notarial N.º 054-2023-MINAM/SG/OGA, notificada el 8 de mayo de 2023, la Entidad comunicó su decisión de resolver el Contrato en forma total, por demoras injustificadas en la ejecución de la obra.

• Mediante laudo arbitral del 18 de julio de 2024, recaído en el Caso Arbitral N.º

0312-2023-CCL, el Tribunal Arbitral declaró la invalidez de la resolución contractual efectuada por el Contratista y no declaró la validez ni la confirmación de la resolución contractual efectuada por la Entidad.

• En atención a dicho pronunciamiento, el 2 de octubre de 2024 las partes

suscribieron la Adenda N.º 01, en mérito de la cual la obra se reinició el 7 de octubre de 2024, con fecha prevista de culminación el 1 de diciembre de 2024, en un plazo total de cincuenta y seis (56) días calendario.

• Posteriormente, mediante Acta de Mutuo Acuerdo, las partes suspendieron

temporalmente la ejecución de la obra. Luego, mediante las Cartas N.º 0052- 2025-MINAM/SG/OGA y N.º 00053-2025-MINAM/SG/OGA, la Entidad programó el reinicio de la obra para el 7 de agosto de 2025; sin embargo, en dicha fecha, el Contratista no se presentó en el frente de obra.

• El 19 de agosto de 2025, la Entidad notificó por conducto notarial al Contratista

la Carta N.º 00817-2025-MINAM/SG/OGA/AO, mediante la cual le comunicó la resolución parcial del Contrato, por haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. Asimismo, el 3 de setiembre de 2025 se realizó la constatación física e inventario de la obra.

• Mediante Oficio N.º D000688-2025-JUS/PGE-MINAM-PP, la Procuraduría

Pública de la Entidad informó que no había sido notificada con el inicio de algún mecanismo de solución de controversias contra la resolución del Contrato. Por tal motivo, la Entidad concluyó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa.

• Con Decreto del 14 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción tipificada en el literal j) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N.º 32069. En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante Escrito N.º 1, presentado el 24 de abril de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes términos:

• Sostiene que la determinación de su responsabilidad depende de la validez de

la resolución contractual, aspecto que es materia de controversia en el proceso arbitral seguido en el Expediente Principal N.º 015-2024 ante el Centro de Arbitraje y de la Administración de la Junta de Resolución de Disputas – La Solución S.A.C., en el cual se discute la aprobación de una ampliación de plazo y que se deje sin efecto la resolución parcial del Contrato.

• En ese sentido, solicita que se suspenda el procedimiento administrativo

sancionador hasta que se emita el laudo en el referido arbitraje.

• Por Decreto del 8 de mayo de 2026, se tuvo por apersonado al Contratista y por

presentados sus descargos.

• Mediante Decreto del 5 de junio de 2026, la Secretaría Técnica del Tribunal

requirió al Centro de Controversias Centro de Arbitraje y de la Administración de la Junta de Resolución de Disputas – La Solución S.A.C., en adelante el Centro Arbitral, que precise, entre otros aspectos, si el arbitraje se tramita en el Expediente Principal N.º 015-2024 o en el Expediente Principal N.º 015-2025, si deriva de la resolución del Contrato comunicada mediante la Carta N.º 00817- 2025-MINAM/SG/OGA/AO, cuál es su estado actual y cuáles son los puntos controvertidos. Asimismo, requirió a la Entidad que informe el estado actual del arbitraje, la fecha de la solicitud de arbitraje o de la presentación de la demanda, y los puntos controvertidos. Cabe indicar que el Centro Arbitral no remitió la información solicitada, pese a haber sido notificado el 10 de junio de 2026.

• A través del Oficio N.º D000092-2026-MINAM-SG-OGA, presentado el 11 de junio

de 2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N.º D000064-2026-MINAM-SG-OGA-MDFM, en el cual señaló lo siguiente:

• El arbitraje seguido en el Expediente N.º 015-2024 fue iniciado por el

Contratista el 29 de noviembre de 2024, con el objeto de cuestionar la improcedencia de la Ampliación de Plazo N.º 01, por treinta y tres (33) días. Dicho arbitraje se encuentra en trámite, y la Procuraduría Pública de la Entidad solicitó su suspensión por falta de pago de los honorarios arbitrales.

• La resolución del Contrato, notificada el 19 de agosto de 2025, no ha sido

sometida a ningún mecanismo de solución de controversias, conforme a lo informado por la Procuraduría Pública; por lo que el plazo para cuestionarla venció el 30 de setiembre de 2025.

• Mediante Escrito N.º 2, presentado el 30 de junio de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Contratista señaló lo siguiente:

• Precisa que el arbitraje se tramita en el Expediente N.º 015-2024 y que la

referencia al Expediente N.º 015-2025 se debió a un error material.

• Indica que el arbitraje se encuentra en trámite, que la solicitud de arbitraje se

presentó el 29 de noviembre de 2024 y que, mediante Resolución N.º 001 del 7 de marzo de 2025, se instaló el Tribunal Arbitral Unipersonal, a cargo del árbitro Armando Flores Bedoya. Asimismo, señala que aún no se han fijado los puntos controvertidos.

• Refiere que el 26 de setiembre de 2025 presentó una ampliación de su

petitorio para incluir la resolución del Contrato, la cual fue puesta en conocimiento de la Entidad mediante Resolución N.º 006 del 25 de junio de 2026.

• A través del Decreto del 8 de julio de 2026, se dispuso el registro del Informe Final

de Instrucción N.º 077-2026/HSVC/ST2 de la misma fecha, en el Sistema Informático del Tribunal, por medio del cual la Secretaría Técnica 2 del Tribunal recomendó lo siguiente: “(…)

• SANCIONAR a la empresa GRUPO PIEDRA AZUL SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA (con RUC N.º 20542408562), por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de par5cipar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado que el MINISTERIO DEL AMBIENTE resuelva el Contrato N.º19-2022-MINAM- OGA del 21.11.2022 y la Adenda N.º 1, derivado de la Adjudicación Simplificada N.º 011-2022-MINAM/OA (Primera Convocatoria); infracción administra5va prevista en el literal j) del numeral 87.1 del arUculo 87 de la Ley de Contrataciones Públicas, aprobada mediante Ley N.º 32069, por los fundamentos expuestos. (…)”.

• Mediante Escrito s/n, presentado el 13 de julio de 2026 ante la Mesa de Partes

[Digital] del Tribunal, el Contratista reiteró su solicitud de suspensión del procedimiento y señaló lo siguiente:

• El 26 de setiembre de 2025, dentro del plazo de caducidad, presentó ante el

Centro Arbitral el escrito de ampliación de pretensiones, en el cual solicitó, entre otros aspectos, que se declare la nulidad e invalidez de la Carta N.º 00817-2025-MINAM/SG/OGA/AO, mediante la cual se resolvió parcialmente el Contrato. Para acreditarlo, adjuntó copia del referido escrito.

• Mediante Resolución N.º 006, el Árbitro Único puso en conocimiento de la

Entidad la ampliación de pretensiones; por ello, afirma que la Entidad tenía conocimiento de que la resolución del Contrato había sido cuestionada y que brindó información inexacta al Tribunal.

• Solicita que se reitere el requerimiento de información a la Entidad y al Centro

Arbitral, y que se comunique al Órgano de Control Institucional de la Entidad la omisión de esta.

• Con Decreto del 8 de julio de 2026 se dejó constancia de la notificación del Informe

Final de Instrucción N.º 077-2026/HSVC/ST2 de la misma fecha y se remitió el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento.

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-

2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día], se formalizó el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo, que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Tercera Sala se conforma por los vocales Steven Aníbal Flores Olivera (Presidente), César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en

responsabilidad administrativa al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción tipificada en el literal j) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069, normativa vigente al momento de la presunta comisión de la infracción. Normativa aplicable

• La resolución del Contrato fue comunicada al Contratista el 19 de agosto de 2025,

esto es, durante la vigencia de la Ley N.º 32069 y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, en adelante el Reglamento vigente, que entraron en vigor el 22 de abril de 2025. Por ello, la infracción imputada se analizará conforme a dicha normativa. Sin perjuicio de ello, el procedimiento de resolución contractual y los plazos para someter dicha decisión a los mecanismos de solución de controversias se rigen por el TUO de la Ley N.º 30225 y el Reglamento, al ser la normativa vigente a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección, conforme a lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.º 32069. Naturaleza de la infracción

• El literal j) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069 establece lo

siguiente: “87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)

• Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos

aquellos contratos que se perfeccionen a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, siempre que dicha resolución no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. (…)”. (El resaltado es agregado)

• Por tanto, para la configuración de la infracción, este Colegiado debe verificar la

concurrencia de dos requisitos:

• Que el contrato haya sido resuelto por causa atribuible al contratista,

conforme al procedimiento previsto en la normativa aplicable. ii) Que dicha decisión no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias dentro del plazo previsto o que, habiendo sido sometida a estos, haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

• En cuanto al primer requisito, el artículo 36 del TUO de la Ley N.º 30225 dispone

que cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva su continuación, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

• A su vez, el numeral 164.1 del artículo 164 del Reglamento señala que la Entidad

puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 del TUO de la Ley N.º 30225, en los casos en que el contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

• Por su parte, el artículo 165 del Reglamento establece que, si alguna de las partes

falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato; plazo que, en el caso de obras, es necesariamente de quince (15) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial; en tal caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. Asimismo, el numeral 165.2 del citado artículo precisa que no es necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

• De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios aplicados

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la Entidad haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De este modo, aun cuando se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no resolvió el contrato con observancia de las normas citadas y del debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción.

• En cuanto al segundo requisito, corresponde verificar si el contratista sometió

oportunamente la decisión de resolver el contrato a los mecanismos de solución de controversias, esto es, a la conciliación y/o al arbitraje. Para ello, el numeral 45.1 del artículo 45 del TUO de la Ley N.º 30225, en concordancia con el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento, establece que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado alguno de dichos mecanismos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.

• A mayor abundamiento, el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena N.º 002-

2022/TCE1, estableció lo siguiente: “(…) 6. En el procedimiento administrativo sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para determinar responsabilidad administrativa, verificar que esa decisión ha quedado consentida por no haberse iniciado los medios de solución de controversias, o que, habiéndose sometido a estos, haya quedado firme, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento”. Por ello, para la imposición de sanción por esta infracción, es imprescindible verificar ambas condiciones: que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el contrato y que dicha decisión no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias dentro del plazo previsto, o que haya quedado firme en vía conciliatoria o arbitral. Configuración de la infracción Sobre el procedimiento formal de resolución contractual

• Del expediente administrativo se aprecia que, mediante Carta Notarial N.º 00817-

2025-MINAM/SG/OGA/AO del 19 de agosto de 2025, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver parcialmente el Contrato, por haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 1 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 7 de mayo de 2022.

Dicha carta fue diligenciada por el Notario Público de Huánuco Erik Morales Canelo en la misma fecha, en el domicilio del Contratista ubicado en el Pasaje Eva Soberón N.º 122, Huánuco, conforme se aprecia de la certificación notarial que obra en el documento: (…) Cabe indicar que según el artículo 165.4 del artículo 165 del TUO de la Ley N.º 30225, la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba -entre otros- a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades, siendo que, en dichos casos, basta comunicar al Contratista la decisión de resolver el contrato.

• Por tanto, estando a lo señalado, se aprecia que la Entidad ha seguido el

procedimiento para la resolución del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento, pues ha comunicado a través de conducto notarial, su decisión de resolver el vínculo contractual, al haber alcanzado el Contratista el monto máximo de penalidad por mora. Asimismo, se aprecia que la carta notarial antes mencionada fue remitida a la dirección indicada por el Contratista, según la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato; tal como se advierte a continuación:

• Por lo expuesto, habiéndose verificado que, en el presente caso, la Entidad

cumplió con el procedimiento de resolución de contrato, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual

• Al respecto, corresponde señalar que el tipo infractor imputado establece

expresamente que, para determinar la configuración de la conducta, debe verificarse que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse sometido la controversia a los mecanismos de solución previstos en la normativa de contrataciones del Estado, conforme al TUO de la Ley N.° 30225 y su Reglamento.

• En ese sentido, el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley establece que las

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

• Por su parte, el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento dispone que

cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de dicha decisión. Asimismo, establece que, vencido dicho plazo sin que se haya iniciado alguno de estos mecanismos de solución de controversias, la resolución contractual queda consentida.

• En ese contexto, considerando que la decisión de resolver parcialmente el

Contrato fue notificada al Contratista el 19 de agosto de 2025, este contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles, computado desde el día siguiente de dicha notificación, para someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, el cual vencía el 30 de setiembre de 2025.

• Ahora bien, si bien el inicio del presente procedimiento administrativo

sancionador se sustentó en la información proporcionada por la Entidad mediante el Informe N.° D000019-2026-MINAM-SG-OGA-MDFM del 2 de febrero de 2026, en el cual se indicó que el Contratista no había sometido la resolución contractual a ningún mecanismo de solución de controversias dentro del plazo de caducidad, dicha información fue posteriormente reiterada por la propia Entidad a través del Informe N.° D000064-2026-MINAM-SG-OGA-MDFM del 11 de junio de 2026, y recogida por el Órgano Instructor en el Informe de Instrucción N.° 077- 2026/HSVC/ST2 del 8 de julio de 2026, al considerar que no se había acreditado que la ampliación de pretensiones formulada por el Contratista comprendiera el cuestionamiento de la resolución contractual.

• No obstante, mediante escrito presentado el 13 de julio de 2026, el Contratista

adjuntó copia del escrito de ampliación de pretensiones presentado el 26 de setiembre de 2025 en el proceso arbitral seguido en el Expediente N.° 015-2024, iniciado con anterioridad a la resolución contractual materia de análisis. De la revisión de dicho documento, se advierte que una de las pretensiones estaba expresamente dirigida a cuestionar la resolución parcial del Contrato comunicada mediante Carta N.° 00817-2025-MINAM/SG/OGA/AO del 19 de agosto de 2025, al solicitar que se declare la nulidad e invalidez de dicha decisión, conforme se aprecia a continuación:

• Asimismo, obra en el expediente la Resolución N.° 006 del 25 de junio de 2026,

mediante la cual el Árbitro Único dispuso poner en conocimiento de la Entidad el escrito de ampliación de pretensiones presentado el 26 de setiembre de 2025, para que formule su absolución en el plazo de quince (15) días hábiles; tal como se aprecia a continuación:

• Conforme a lo expuesto, se advierte que el Contratista controvirtió la resolución

parcial del Contrato mediante la ampliación de pretensiones presentada el 26 de setiembre de 2025, esto es, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles previsto en el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento, cuyo vencimiento operaba el 30 de setiembre de 2025. Asimismo, dicha solicitud fue puesta en conocimiento de la Entidad mediante Resolución N° 006 del Árbitro Único, por lo que se verifica que el cuestionamiento de la decisión contractual fue planteado oportunamente en la vía arbitral.

• Sobre el particular, el artículo 362 del Reglamento de la Ley N.° 32069 establece

que el TCP suspende el procedimiento administrativo sancionador, en el estado en que se encuentre, cuando, a solicitud de parte o de oficio, considere necesario contar previamente con una decisión arbitral o judicial para determinar la responsabilidad del administrado, siempre que, tratándose de un arbitraje, este se haya iniciado dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley o el Reglamento. Asimismo, el numeral 362.2 de dicho artículo dispone que la suspensión debe ser declarada por la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador (ST-PAS) o por la Sala correspondiente, según la etapa en que se encuentre el procedimiento, y se mantiene hasta que se comunique y remita el laudo respectivo.

• En consecuencia, considerando que la controversia relacionada con la resolución

contractual fue sometida oportunamente a arbitraje y que su resultado resulta necesario para determinar la responsabilidad administrativa del Contratista, este Colegiado considera que corresponde suspender el presente procedimiento administrativo sancionador, así como el plazo de prescripción de la infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 362 del Reglamento de la Ley N° 32069, hasta que se emita el laudo arbitral correspondiente. Para tal efecto, la Entidad, el Contratista y el Centro Arbitral deberán informar oportunamente a este Tribunal sobre la conclusión del proceso arbitral y remitir la documentación que acredite su resultado. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres y la intervención de los Vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Héctor Ricardo Morales González atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la

empresa GRUPO PIEDRA AZUL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N.º 20542408562), por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que el Ministerio del Ambiente resuelva el Contrato N.º 019-2022-MINAM-OGA del 21 de noviembre de 2022, derivado de la Adjudicación Simplificada N.º 011-2022- MINAM/OA (Primera Convocatoria); infracción tipificada en el literal j) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; hasta que la Entidad, el Contratista o el Centro de Controversias Centro de Arbitraje y de la Administración de la Junta de Resolución de Disputas – La Solución S.A.C. informen al Tribunal de Contrataciones Públicas, que el resultado del proceso arbitral seguido por las partes ha quedado firme, en mérito a la publicación del Laudo Arbitral correspondiente y la resolución que resuelve pedidos contra este, en el SEACE.

• SUSPENDER el plazo de prescripción de la infracción objeto del presente

procedimiento administrativo sancionador, hasta que se levante la suspensión dispuesta en el numeral precedente.

• PONER la presente resolución en conocimiento de la Entidad, del Contratista y del

Centro de Controversias, Conciliación, Arbitraje y de la Administración de la Junta de Resolución de Disputas – La Solución S.A.C., para que informen oportunamente a este Tribunal sobre la conclusión del proceso arbitral y remitan el laudo correspondiente, debidamente registrado en la Pladicop, así como las decisiones que se emitan respecto de las solicitudes de interpretación, integración, rectificación o exclusión que pudieran formularse contra este.

• Archívese provisionalmente el presente expediente, por los argumentos

expuestos. Regístrese, comuníquese y publíquese,

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

ss. Flores Olivera Llanos Torres Morales González