Resolución N.° 9714-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) para que se configure la causal de infracción imputada resulta necesario que se verifiquen dos requisitos: i) que se haya perfeccionado una relación contractual entre el proveedor imputado y una entidad del Estado; y ii) que, al momento de perfeccionarse el contrato, el proveedor imputado se haya encontrado incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley.” Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7799/2025.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la empresa INVERSIONES & CONSTRUCCIONES PGL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido por Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 1238 del 30 de octubre de 2023, emitida por el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SALUD AIS. UTES. CHANCHAMAYO; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 30 de octubre de 2023, el Gobierno Regional de Junín – Salud AIS UTES

Chanchamayo, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 1238 a favor de Inversiones & Construcciones PGL Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en adelante el Contratista, para la contratación del “Servicio de fotocopiado para el Centro de Salud San Ramón, meses de agosto y setiembre de 2023”, por el monto de S/ 1,484.10 (mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 10/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. Dicha contratación se efectuó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• Mediante Oficio N° 001207-2025-CG/OC53411 presentado el 29 de agosto de 2025

1 Obrante a folios 2 del expediente administrativo en PDF.

ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Junín remitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 047-2025-OCI/5341-AOP2 del 19 de agosto de 2025, mediante el cual comunicó presuntas irregularidades relacionadas con las contrataciones efectuadas por el Contratista, señalando, entre otros aspectos, lo siguiente:

• El Contratista tiene como titular y gerente general a la señora María Luz

Pariona Oré, y habría realizado contrataciones con diversas entidades públicas desde el año 2019.

• Mediante Resolución Directoral N° 5104 del 26 de abril de 2002, la señora

María Luz Pariona Oré fue nombrada como docente en la Institución Educativa Belén Anapiari, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local de Chanchamayo. Posteriormente, desempeñó funciones de coordinación pedagógica durante los años 2017, 2018 y 2019; asimismo, fue destacada a la Institución Educativa José Faustino Sánchez Carrión, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo.

• La referida señora mantiene la condición de docente nombrada bajo los

alcances de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, habiéndosele otorgado dieciséis (16) licencias sin goce de remuneraciones durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que no habría extinguido su vínculo laboral con la administración pública.

• En ese contexto, el Contratista habría efectuado contrataciones con el Estado

pese a encontrarse impedido para ello, debido a que su titular y gerente general mantenía la condición de docente nombrada y, además, se habría desempeñado como consultora del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del Gobierno Regional de Junín.

• En atención a lo expuesto, el órgano de control advirtió indicios de que el

Contratista habría incurrido en la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. 2 Obrante a folios 4 al 19 del expediente administrativo en PDF.

• A través del Decreto3 del 17 de marzo de 2026, previo al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, se corrió traslado de la denuncia a la Entidad, a fin de que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con remitir diversa información relacionada con la Orden de Servicio, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante Decreto4 del 15 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, al encontrarse comprendido en los supuestos previstos en los literales i) y k), en concordancia con los literales e) y f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha norma. Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para presentar descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.

• Con Decreto5 del 15 de mayo de 2026, se requirió a la Entidad, entre otros

documentos, copia legible de la Orden de Servicio y su constancia de recepción, la cotización y los documentos que acrediten la ejecución del servicio. La documentación requerida no fue remitida, según lo consignado por el órgano instructor.

• Con Decreto6 del 31 de julio de 2026, habiéndose verificado que el Contratista no

presentó sus descargos en el plazo otorgado, pese a haber sido válidamente notificado vía casilla electrónica el 27 de mayo de 2026, según constancia de acuse de recibo publicada en el Toma Razón electrónico, se hace efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, respecto del Contratista.

• A través del Decreto7 del 31 de julio de 2026, se dispuso registrar en el Sistema

Informático del Tribunal y notificar a las partes del procedimiento el Informe de 3 Obrante a folios 378 al 380 del expediente administrativo en PDF. 4 Obrante a folios 386 al 389 del expediente administrativo en PDF. 5 Obrante a folios 391 y 392 del expediente administrativo en PDF. 6 Obrante a folios 393 del expediente administrativo en PDF. 7 Obrante a folios 394 del expediente administrativo en PDF.

Instrucción N° 124-2026/CSCH-ST3 del 31 de julio de 2026, por medio del cual la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal formuló las siguientes recomendaciones: “(…)

• Recomendar al órgano sancionador declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción

contra la empresa INVERSIONES & CONSTRUCCIONES PGL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N° 20604044015), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, el marco de la Orden de Servicio N° 1238 del 30 de octubre de 2023, emitida por el Gobierno Regional de Junin-Salud AIS. UTES. Chanchamayo, infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Recomendar al órgano sancionador poner en conocimiento del Órgano de Control

Institucional del Gobierno Regional de Junin-Salud AIS. UTES. Chanchamayo lo expuesto en los fundamentos 11 y 12 del presente informe, a fin de que evalúe la adopción de las acciones que correspondan. (…)” [Sic]

• Mediante Decreto del 13 de agosto de 2026, habiéndose verificado que el

Contratista fue válidamente notificado vía casilla electrónica el 12 del mismo mes y año con el Informe de Instrucción N° 124-2026/CSCH-ST3, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal para que resuelva, efectivizándose el pase al Vocal el 17 de agosto de 2026.

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-

2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se dispuso formalizar el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE- CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Quinta Sala del Tribunal se conforma por los vocales Juan Carlos Cortez Tataje (Presidente), Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui.

III. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, al encontrarse incurso en el supuesto de impedimento de los literales i) y k) concordancia con los literales e) y

• del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; infracción tipificada en el

literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

Naturaleza de la infracción

• En virtud del literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, constituía

infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, contraten con el Estado estando impedidos para ello conforme a las causales previstas en el artículo 11 de la misma norma.

• Al respecto, el artículo 11 del TUO de la Ley establecía que cualquiera que sea el

régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5.

• Cabe precisar en este punto que, el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO

de la Ley establecía como un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del OSCE, lo siguiente: “Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco”. En ese orden de ideas, el numeral 50.2 del artículo 50 de la misma ley, señalaba que para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, sólo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del mismo artículo. De acuerdo con lo expuesto, constituían conductas administrativas sancionables la comisión de las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del numeral 50.1 del referido artículo, aun cuando el monto de la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT.

• En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación pública, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia.

• Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley establecía el listado de impedimentos

para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.

• Por la restricción de derechos que su aplicación implica, los impedimentos deben

ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en la Ley o norma con rango de ley.

• Bajo tal contexto, en el presente caso, corresponde verificar si, a la fecha en que

se perfeccionó la relación contractual, el Contratista estaba inmerso en algún impedimento para contratar con el Estado. Configuración de la infracción

• Conforme a la descripción del tipo infractor imputado, para que se configure la

causal de infracción imputada resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:

• que se haya perfeccionado una relación contractual entre el proveedor

imputado y una entidad del Estado; y ii) que, al momento de perfeccionarse el contrato, el proveedor imputado se haya encontrado incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

• Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, respecto del primer

requisito, de la revisión del expediente administrativo y de la plataforma SEACE8 8 https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml se aprecia el registro de información vinculada a la Orden de Servicio materia de la imputación, expedida aparentemente por la Entidad a favor del Contratista, conforme se aprecia a continuación: Sin embargo, de la revisión del expediente administrativo, no obra copia de la Orden de Servicio, ni de documentación que permita verificar la recepción efectiva de la orden por parte del Contratista, con la cual se acredite el perfeccionamiento de la relación contractual.

• En atención a ello, con decreto del 15 de mayo de 2026, se requirió a la Entidad,

entre otros documentos, copia legible de la Orden de Servicio en la cual se aprecie que fue debidamente recibida por el Contratista, y que, en caso se haya remitido a través de correo electrónico, remita la constancia de recepción; asimismo, se le solicitó los documentos que acrediten el cumplimiento de la prestación objeto de la Orden de Servicio. Sin embargo, hasta la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir lo solicitado; por lo que este Colegiado no puede determinar fehacientemente que el Contratista haya recibido la Orden de Servicio y, por ende, perfeccionado la relación contractual con la Entidad.

• No obstante, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena

N° 008- 2021.TCE, mediante el cual se establecieron criterios para acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a 8UIT como es el presente caso, donde se estableció lo siguiente: “1. En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados para determinar la responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, o en otra norma derogada que la tipifique con similar descripción, la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la Orden de Servicio o de compra, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor.” Teniendo ello en cuenta, este Tribunal estableció como criterio que es posible acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a 8 UIT, en mérito de:

• La constancia de recepción de la Orden de Servicio o Compra (constancia de

notificación debidamente recibida por el Contratista); u, ii. Otros medios de prueba que permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor

• Sobre el particular, con relación al primer criterio, se reitera que no obra en el

expediente administrativo elementos que acrediten la recepción de la Orden de Servicio por parte del Contratista.

• Por otro lado, respecto del segundo criterio, sobre el hecho de verificar bajo

cualquier otro medio de prueba que permita identificar de manera fehaciente la contratación, el Acuerdo señala que “ante la ausencia de una regulación expresa para determinar cuándo debe entenderse por perfeccionado el contrato en estos casos, y en aplicación del principio de verdad material previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 (…) la Sala a cargo del procedimiento sancionador puede recurrir a la verificación de otros documentos que permiten afirmar que existe una relación contractual entre la Entidad y el proveedor imputado”.

• En ese punto, cabe precisar que, de la revisión del expediente, no se advierten

elementos aportados por la Entidad que permitan concluir la existencia del contrato, toda vez que, si bien se cuenta con el registro en el SEACE de información de la Orden de Servicio, ello no es suficiente para determinar si dicho contrato se perfeccionó cuando el Contratista se encontraba impedido para contratar con el Estado. Además, no se aprecian medios de prueba que permitan corroborar la existencia de la relación contractual entre el Contratista y la Entidad en virtud de la Orden de Servicio, al no contar con elementos adicionales que valorar. Siendo así, cabe traer a colación el principio de tipicidad, regulado en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO LPAG, en virtud del cual las conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o analógica.

• Por tanto, en el caso concreto, este Colegiado no cuenta con elementos de

convicción suficientes para determinar que se ha perfeccionado un vínculo contractual entre el Contratista y la Entidad en virtud de la Orden de Servicio, consecuentemente, no puede proseguirse con el análisis correspondiente, a efectos de identificar si el Contratista habría contratado con la Entidad estando impedido.

• Ahora bien, la falta de colaboración por parte de la Entidad, al no haber cumplido

con remitir la información y documentación solicitada, debe ponerse en conocimiento de aquella y de su Órgano de Control Institucional, a efectos que adopten las medidas que resulten pertinentes en el marco de sus respectivas competencias

• Considerando lo señalado de manera precedente, cabe señalar que, en virtud del

principio de presunción de licitud, regulado en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por lo tanto, en aplicación de los principios de tipicidad y de presunción de licitud

que rigen la actuación de este Tribunal al ejercer la potestad sancionadora que la Ley le otorga, corresponde eximir de responsabilidad al Contratista por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley y, en consecuencia, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, archivándose de manera definitiva el presente expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Juan Carlos Cortez Tataje, y la intervención de los vocales Danny William Ramos Cabezudo Y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de

sanción contra la empresa Inversiones & Construcciones PGL Empresa Individual De Responsabilidad Limitada (RUC N° 20604044015), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, según los supuestos previstos en los literales i) y k) en concordancia con los literales e) y f) del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la Orden de Servicio N° 1238 del 30 de octubre de 2023, emitida por el Gobierno Regional de Junin - Salud AIS. UTES. Chanchamayo, para la contratación del “Servicio de fotocopiado para el Centro de Salud San Ramón, meses de agosto y setiembre de 2023”; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la misma norma; por los fundamentos expuestos.

• Comunicar la presente resolución a la Entidad y a su Órgano de Control

Institucional, para que adopten las acciones que estimen pertinentes en virtud de lo señalado en la fundamentación.

• Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.