Resolución N.° 9710-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) mediante la absolución de la consulta N° 15, la Entidad ratificó que el plazo de ejecución previsto para la contratación era de veinticuatro (24) meses, exponiendo las razones técnicas y económicas que sustentaban dicha duración. Sin embargo, dicha precisión coexistía con el Anexo N° 12 incorporado en las bases, en cuyo contenido se consignaba un plazo de doce (12) meses, generándose así una contradicción entre dos disposiciones que formaban parte de las mismas bases integradas.” Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7677/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Arturo Carlos Hurtado Rojas, en el marco del Licitación Pública para Bienes N° 01-2026-UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA - Primera Convocatoria, ítem N° 4, convocada por la Policía Nacional del Perú–XI Dirección Territorial Arequipa, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 31 de agosto de 2026, la Policía Nacional del Perú–XI Dirección Territorial

Arequipa, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 01- 2026-UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA - Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la “Contratación de bienes suministro de alimento para animales equinos y canes de la Regpol Arequipa y Tacna AF 2026-2028”, con una cuantía de S/ 4,160,513.52 (cuatro millones ciento sesenta mil quinientos trece con 52/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. El ítem N° 4 tiene por objeto la adquisición de “Alfalfa verde en pampa (ración y media ración)”, cuya cuantía asciende a S/ 2,463,618.00 (dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos dieciocho con 00/100 soles). Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias. El 30 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 6 de octubre del mismo año se publicó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 al postor Bio Tecnología Genética Estrella S.A.C., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo con lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

BIO TECNOLOGIA GENETICA

ESTRELLA S.A.C. 2,395,812.00 100 1 Calificado

HURTADO ROJAS ARTURO

CARLOS - - - Descalificado

• Mediante escrito s/n presentado el 16 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Arturo Carlos Hurtado Rojas, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 4 del procedimiento de selección, solicitando: i) que se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro; ii) que se le otorgue la buena pro; y, subsidiariamente, iii) que se retrotraiga el ítem N° 4 del procedimiento de selección a la etapa de evaluación de ofertas. Para dichos efectos, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. Refiere que las bases integradas fijan un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses; sin embargo, el Anexo N° 12 de las bases integradas, ya tenía transcrito el plazo de doce (12) meses, permitiendo al postor únicamente consignar el ítem al que se postula, además de la ciudad, la fecha y la firma. 2.2. Asimismo, indica que el Anexo N° 12 no se encontraba comprendido entre los documentos obligatorios para la admisión de ofertas, los requisitos de calificación ni los factores de evaluación del ítem N° 04. Añade que el plazo de entrega no era objeto de evaluación, por lo que la Entidad no podía utilizar el referido anexo como fundamento para descalificar su propuesta. 2.3. Refiere que, mediante su Anexo N° 6, ofertó la totalidad de las cantidades requeridas: 85,374 raciones completas y 10,068 medias raciones, por un monto total de S/ 1,690,629.60, sin IGV. Asimismo, indica que, mediante el Anexo N° 3, declaró cumplir las condiciones del requerimiento y, en el Anexo N° 12, se remitió al cronograma de entrega establecido en las bases integradas. 2.4. Señala que el acta del 6 de octubre de 2026 consignó la descalificación de su oferta; sin embargo, el reporte de evaluación técnica del SEACE, generado en la misma fecha, registró su propuesta como «Calificada», con cero puntos. A su juicio, dicha discrepancia evidencia una contradicción en el registro de los resultados del procedimiento. 2.5. Sostiene que la decisión del comité contraviene los numerales 70.2 y 72.1 de los artículos 70 y 72 del Reglamento de la Ley N° 32069, respectivamente, toda vez que la descalificación debe sustentarse en el incumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las bases. En ese sentido, afirma que no correspondía excluir su oferta por un documento que no constituía requisito de admisión, calificación ni evaluación. 2.6. Alega que la información presentada permitía determinar que su oferta comprendía la totalidad de las prestaciones correspondientes a los veinticuatro (24) meses de ejecución contractual. Para sustentar dicha posición, invoca las cantidades consignadas en el Anexo N° 6, el monto ofertado, la remisión al cronograma de entregas y la declaración de cumplimiento del requerimiento contenida en el Anexo N° 3. Por ello, considera que la mención de doce meses en el Anexo N° 12 no generaba incertidumbre sobre el alcance de su oferta económica. 2.7. Invoca las Resoluciones N° 173-2022-TCE-S4 y N° 03755-2026-TCP-S6, para sostener que la exclusión de una oferta por incongruencia solo procede cuando la información contradictoria impide tener certeza sobre su alcance y que la documentación presentada por los postores debe interpretarse evitando exclusiones sustentadas en razones que no evidencien un incumplimiento real del requerimiento. En ese sentido, afirma que el alcance de su oferta podía determinarse a partir del Anexo N° 6, que contenía las cantidades totales requeridas. Asimismo, cuestiona la aplicación de la Resolución N° 06827-2026-TCP-S6 por considerar que el supuesto analizado en dicho pronunciamiento difiere del presente caso, en el que, según afirma, el precio y las cantidades ofertadas se encuentran claramente determinados. 2.8. Manifiesta que, ante las dudas sobre el alcance de su propuesta, el comité pudo solicitar el detalle de su composición, conforme a los numerales 132.5 y 132.6 del artículo 132 del Reglamento, o requerir la corrección de un eventual error material o formal al amparo del numeral 78.1 del artículo 78 del mismo cuerpo normativo. Añade que, en el procedimiento de selección, se concedió un plazo de dos días hábiles al postor del ítem N° 03 para subsanar su promesa de consorcio, por lo que considera que recibió un trato distinto, contrario al principio de igualdad de trato.

2.9. Argumenta que la Entidad no podía perjudicarlo por una discrepancia incorporada en un formato elaborado por ella misma y cuyo error había sido reconocido por el comité. Asimismo, señala que su oferta era inferior en S/ 705,182.40 a la del adjudicatario, aproximadamente un 29.4 % menos, por las mismas cantidades requeridas y durante el mismo plazo contractual; por ello, considera que su exclusión afecta la libre concurrencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 2.10. Sostiene que las consultas N° 14 y 15, referidas al sustento de la cuantía y del plazo de veinticuatro meses, no constituyen una negativa a someterse a las bases integradas, pues la Entidad mantuvo dicho plazo y su oferta comprendió la totalidad de las raciones requeridas, además de declarar, mediante el Anexo N° 3, el cumplimiento de las condiciones del requerimiento. Afirma que la interpretación del comité respecto del plazo de doce meses consignado en el Anexo N° 12 constituye una conjetura sin respaldo documental, más aún cuando la propia Entidad reconoció que dicho dato provenía de un error de tipeo. Asimismo, invoca la Resolución N° 00001-2026-TCP-S2 para señalar que la diligencia exigible al postor se limita a lo establecido en las bases integradas, las cuales no exigían dicho anexo ni contemplaban la evaluación del plazo consignado en este. Finalmente, precisa que la consulta N° 09, formulada durante la difusión del requerimiento, no constituye una oferta ni un compromiso y quedó superada por las bases integradas 2.11. De manera subsidiaria, solicita que se declare la nulidad de su descalificación y del otorgamiento de la buena pro del ítem N° 04, por contravención de las bases integradas y del Reglamento, falta de motivación y contradicción interna del acta, así como por la omisión de los mecanismos de subsanación y revisión de la oferta previstos en el Reglamento. Asimismo, sostiene que, si el Tribunal considera que el formato del Anexo N° 12 constituye un vicio de las bases, corresponde conservar los actos que no se encuentren afectados, dado que dicho formato no determinó ninguna regla de admisión, calificación o evaluación y su exigencia no resulta necesaria. 2.12. En consecuencia, solicita que el procedimiento se retrotraiga únicamente a la etapa de calificación o evaluación del ítem N° 04 en la que se produjo el vicio, sin extenderse a la convocatoria ni a la integración de las bases, y que se disponga que el Anexo N° 12 no constituya causal de descalificación ni sea considerado para la admisión, calificación o evaluación de las ofertas, debiendo evaluarse la suya conforme a las bases integradas. Subsidiariamente, para el supuesto de que el Tribunal estime necesario aclarar el contenido de dicho anexo, solicita que se le otorgue un plazo para subsanarlo, conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, sin alterar el contenido esencial de su oferta.

• A través del decreto del 19 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados por la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 26 de octubre del 2026 a las 11:00 horas.

• Mediante escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado, que se ratifique la descalificación del impugnante y el otorgamiento de la buena pro, indicando que sus argumentos serán expuestos en audiencia pública.

• Mediante escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 22 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 698-2026-

REGPOL-AQP/UNIADM-UE-022-AREABA-PROC., mediante el cual expuso su opinión técnico legal frente al recurso de apelación, en los siguientes términos:

7.1. Sostiene que el postor incurrió en una incongruencia insubsanable al consignar en el Anexo N° 12 un plazo de doce meses, pese a que las bases integradas establecían un plazo de veinticuatro meses. Afirma que dicha contradicción impide determinar con certeza el alcance de la oferta económica y compromete un elemento esencial de esta, por lo que no constituye un simple error material susceptible de subsanación. 7.2. Señala que las bases integradas establecieron de manera clara y concordante el plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, tanto en el requerimiento, el cronograma de entregas y las especificaciones técnicas como en la proforma del contrato. Asimismo, sostiene que las consultas N° 14 y 15 fueron absueltas sin modificación del plazo contractual, por lo que el postor conocía las condiciones definitivas del procedimiento. Añade que sus consultas no lo eximían de formular una oferta congruente con las bases integradas. 7.3. Afirma que el postor tenía la obligación de revisar integralmente los documentos de su oferta antes de presentarlos a través de la Pladicop. En ese sentido, sostiene que no puede atribuirse a un error involuntario de la Entidad la contradicción entre el plazo consignado en el Anexo N° 12 y las cantidades ofertadas en el Anexo N° 6, pues correspondía al postor verificar la coherencia de su propuesta y asumir la responsabilidad por su contenido. 7.4. Invoca las Resoluciones N° 08823-2026-TCP-S1, N° 7102-2026-TCP-S2 y N° 6586-2026-TCP-S3 para sostener que las ofertas deben evaluarse conforme a la documentación presentada, sin que el comité pueda reconstruir su contenido mediante interpretaciones externas ni permitir subsanaciones que impliquen modificar aspectos sustanciales de la propuesta o superar incongruencias manifiestas. 7.5. Señala que las bases integradas no contemplaban la evaluación del Anexo N° 12 como documento independiente de admisión, pero que la contradicción advertida impedía tener certeza sobre el alcance de la propuesta económica y técnica. 7.6. Sostiene que no corresponde privilegiar el menor precio ofertado cuando existe incertidumbre sobre el alcance de la prestación comprometida, pues la oferta adjudicada garantiza el suministro durante los veinticuatro meses, conforme a las bases integradas. En consecuencia, considera que aceptar la propuesta impugnante supondría permitir una reformulación posterior de su oferta y afectaría la igualdad de condiciones entre los participantes.

• Mediante Oficio N° 731-2026-REGPOL AQP/UNIADM-UE-022-AREABA presentado

el 22 de octubre de 2026 al Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante decreto del 23 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

Adjudicatario y se dejó a consideración de la Sala su absolución del recurso de apelación.

• Con escrito s/n presentado el 26 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Impugnante acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Mediante decreto del 26 de octubre de 2026, se corrió traslado a las partes para

que se pronuncien sobre posibles vicios de nulidad advertidos, referentes a la incorporación del Anexo N° 12 en las bases integradas y al plazo de entrega consignado en el mismo.

• Con escrito s/n presentado el 29 de octubre de 2026 al Tribunal, el Impugnante

absolvió el traslado de los posibles vicios de nulidad advertidos, señalando lo siguiente: 13.1. Respecto de la incorporación del Anexo N° 12 en las bases, señala que dicho documento no era exigible, toda vez que el factor de evaluación «plazo de entrega» no fue previsto para el ítem N° 04. Asimismo, sostiene que el plazo de ejecución aplicable era de veinticuatro (24) meses, conforme al requerimiento y las bases integradas, y que los doce (12) meses consignados en el referido anexo correspondían a un error de tipeo de la Entidad. 13.2. Por otro lado, afirma que no existió incertidumbre respecto del alcance de su oferta, pues cotizó la totalidad de las cantidades requeridas para las veinticuatro (24) entregas mensuales. Asimismo, señala que las consultas formuladas sobre la cuantía y el plazo de ejecución no constituyeron una negativa a someterse a las bases integradas, sino el ejercicio de su derecho como participante del procedimiento de selección. 13.3. Finalmente, sostiene que no corresponde declarar la nulidad del procedimiento, pues el defecto advertido puede conservarse sin afectar los actos válidamente realizados. Para ello, invoca las Resoluciones N° 06827- 2026-TCP-S6, N° 5392-2026-TCP-S4 y N° 4782-2026-TCP-S5, referidas a la conservación de los actos y los límites de la retroacción. Asimismo, destaca que su oferta económica era inferior a la del adjudicatario y obtuvo un mayor puntaje, por lo que solicita que se revoque su descalificación y se le otorgue la buena pro; subsidiariamente, que cualquier retroacción se limite a las etapas de calificación y evaluación.

• Mediante escrito s/n presentado el 2 de noviembre de 2026 en el Tribunal, el

Adjudicatario absolvió el traslado de los posibles vicios de nulidad advertidos, indicando lo siguiente: 14.1. Señala que no considera que exista una irregularidad que justifique declarar la nulidad del procedimiento de selección, pues el error de tipeo consignado en el Anexo N° 12 no habría impedido que los postores diligentes elaboraran correctamente sus ofertas. Asimismo, indica que los demás participantes de los distintos ítems no incurrieron en el mismo error que el impugnante. 14.2. Por otro lado, sostiene que la pretensión del impugnante no está dirigida a obtener la nulidad del procedimiento, sino a que se admita su oferta, pese a que habría declarado un plazo de entrega distinto al establecido en las bases del procedimiento de selección. En ese sentido, considera que dicha circunstancia justifica mantener su descalificación. 14.3. Finalmente, solicita que se declare infundado el recurso de apelación en todos sus extremos y se ratifique la descalificación de la oferta del impugnante, al considerar que no cumplió con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases respecto del plazo de entrega del ítem N° 04.

• Mediante Informe Legal N° 719-2026-REGPOL-AQP/UNIADM-UE-022-AREABA-

PROC presentado al Tribunal el 2 de noviembre de 2026, la Entidad absolvió el traslado de los posibles vicios de nulidad advertidos, indicando lo siguiente: 15.1. Sostiene que no existe un vicio de nulidad que afecte la validez del procedimiento de selección, pues no se configuran los supuestos previstos en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069 ni en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento. Señala que la incorporación del Anexo N° 12 constituye una imprecisión formal que no afectó la claridad del requerimiento ni las condiciones definitivas del procedimiento, toda vez que las bases establecieron de manera expresa un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses.

15.2. Asimismo, señala que el OECE, mediante el Informe IVN N° 052-2026/DSAT, emitido durante la primera convocatoria, no advirtió irregularidades respecto de la incorporación del Anexo N° 12. Añade que el impugnante conocía el plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, pues este fue ratificado por la Entidad al absolver las consultas N° 14 y 15. En ese sentido, considera que correspondía al postor actuar diligentemente al elaborar su oferta y asumir la responsabilidad por el contenido de los documentos presentados. 15.3. Respecto de la actuación del comité, sostiene que este actuó diligentemente al advertir la contradicción entre el plazo consignado en el Anexo N° 12 y el establecido en las bases integradas, por lo que solicitó asistencia técnica al OECE. Señala que los especialistas consultados indicaron que dicha incongruencia afectaba la certeza de la oferta y que correspondía descalificar al postor, al tratarse de una contradicción insubsanable. Asimismo, afirma que el Anexo N° 12 de las bases estándar no contiene restricciones expresas que limiten su utilización exclusivamente al factor de evaluación «plazo de entrega». 15.4. Por otro lado, sostiene que la incorporación del referido anexo no afectó la libre concurrencia ni generó ambigüedad en el procedimiento, pues participaron siete (7) postores y seis (6) presentaron ofertas considerando el plazo de veinticuatro (24) meses. Asimismo, señala que ya se suscribieron contratos correspondientes a los ítems N° 1, 2 y 3, por lo que declarar la nulidad del ítem N° 04 podría afectar la continuidad del abastecimiento de alimentos para los equinos del Centro de Remonta PNP Locumba. Cita la Opinión N° 064-2023/DTN del OSCE respecto de la necesidad de verificar objetivamente las causales de nulidad.

• Mediante Oficio N° 824-2026-REGPOL AQP/UNIADM-UE-022-AREABA presentado

el 3 de noviembre de 2026 en el Tribunal, la Entidad adjuntó los anexos de su absolución del traslado de los posibles vicios de nulidad advertidos.

• Con decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, mediante el recurso de apelación pueden impugnarse los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación Pública para Bienes N° con una cuantía de S/ 4,160,513.52. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 publicó el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, por lo que el Impugnante contaba con plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es hasta el 19 de octubre de 2026. El recurso de apelación fue interpuesto mediante el escrito s/n presentado el 16 de octubre de 2026, esto es dentro del plazo legal. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el propio impugnante, es decir por el señor Arturo Carlos Hurtado Rojas. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona expresamente su descalificación. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro, pues su oferta fue descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. El Impugnante ha cuestionado los motivos de su descalificación señalados en el Acta de admisión, calificación y evaluación de propuestas del procedimiento de selección, exponiendo argumentos sobre ello. Asimismo, ha solicitado que se le otorgue la buena pro, al haber ofertado un precio inferior al del Adjudicatario. En consecuencia, se aprecia que existe conexión lógica entre las pretensiones y los hechos expuestos. Sí 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la descalificación de su propia oferta. Sí

• Por las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las

causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro. ✓ Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare infundado el recurso de apelación.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 19 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 22 de octubre de 2026 para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación el 22 de octubre de 2026; sin embargo, no expresó argumentos en contra de las pretensiones del recurso de apelación. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos solo serán considerados los argumentos formulados por el Impugnante en su recurso de apelación. En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Impugnante y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro

• El Impugnante sostiene que su oferta fue indebidamente descalificada, toda vez

que el Anexo N° 12 – Declaración jurada de plazo de entrega, incorporado en las bases integradas, consignaba previamente un plazo de doce (12) meses, pese a que el requerimiento establecía un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses. Señala que dicho anexo no constituía un documento obligatorio para la admisión, calificación ni evaluación de las ofertas, pues el factor de evaluación «plazo de entrega» no había sido previsto para el ítem N° 4. Asimismo, afirma que su oferta comprendía la totalidad de las cantidades requeridas para las veinticuatro (24) entregas mensuales, conforme a lo consignado en el Anexo N° 6, por lo que no existía incertidumbre sobre el alcance de su propuesta.

• Al respecto, mediante el Acta de admisión, calificación y evaluación de ofertas del

6 de octubre de 2026, en adelante el Acta, el comité descalificó la oferta del Impugnante al advertir una incongruencia entre el plazo de doce (12) meses, consignado en el Anexo N° 12 y el plazo de veinticuatro (24) meses, establecido en las bases integradas, considerando que dicha contradicción impedía determinar con certeza el alcance de la oferta presentada:

• Por su parte, la Entidad, mediante el Informe N° 698-2026-REGPOL-AQP/UNIADM-

UE-022-AREABA-PROC, sostiene que la oferta del Impugnante presentaba una incongruencia insubsanable, pues consignaba un plazo distinto al establecido en las bases integradas. Señala que estas establecían claramente un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, condición que fue ratificada al absolver las consultas N° 14 y 15, por lo que correspondía al postor verificar la coherencia de la documentación presentada. Asimismo, considera que el comité no podía reconstruir la oferta ni permitir una subsanación que modificara sus aspectos sustanciales, por lo que solicita mantener la descalificación, conforme a lo señalado en los numerales 2.1 al 2.10 y 7.1 al 7.6 de los antecedentes

• Cabe precisar que este Colegiado advirtió la existencia de un posible vicio de

nulidad, en virtud del cual efectuó el traslado a las partes mediante decreto del 26 de octubre de 2026, a fin de que emitan pronunciamiento al respecto.

• En ese sentido, es pertinente evaluar la existencia de posibles vicios de nulidad en

el procedimiento de selección, relacionados con la incorporación del Anexo N° 12 – Declaración jurada de plazo de entrega en las bases integradas.

• Sobre el particular, se advierte que la incorporación del referido anexo habría

tenido incidencia en el resultado del procedimiento de selección, toda vez que constituyó el motivo por el cual el Comité descalificó la oferta del Impugnante. En ese sentido, corresponde determinar si su inclusión en las bases integradas se efectuó conforme a las disposiciones previstas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección.

• Al respecto, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento establece que las bases

estándar son aprobadas mediante directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento (DGA) y son de uso obligatorio por parte de los evaluadores.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio de transparencia y facilidad de

uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley, establece que las actuaciones y decisiones de quienes intervienen en el proceso de contratación deben encontrarse sustentadas en reglas y criterios claros, accesibles y comprensibles para los participantes. Sobre el posible vicio de nulidad, consistente en la incorporación del Anexo N° 12 – declaración jurada de plazo de entrega en las bases integradas

• De la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se advierte

que estas incorporaron el Anexo N° 12 – Declaración jurada de plazo de entrega, cuyo formato consignaba un plazo de doce (12) meses, dejando únicamente espacios para que los postores completaran otros datos, tales como el ítem al que postulaban, la ciudad, la fecha, sus nombres y apellidos, y la firma, conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, las bases estándar aplicables a las Licitaciones Públicas para bienes

establecen que, cuando la Entidad contemple el factor de evaluación «plazo de entrega», este debe acreditarse mediante la presentación de la declaración jurada de plazo de entrega - Anexo N° 12:

• Sobre el particular, de la revisión del apartado correspondiente a los factores de

evaluación de las bases integradas del procedimiento de selección, se advierte que la Entidad consignó expresamente que el factor de evaluación «plazo de entrega» «no corresponde», conforme se aprecia a continuación:

• Ahora bien, de la revisión del requerimiento correspondiente al ítem N° 4 del

procedimiento de selección, se advierte que la contratación contempla un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, distribuido en veinticuatro (24) entregas mensuales. Dicho plazo se encuentra previsto en las condiciones establecidas por la propia Entidad para la ejecución de la prestación y constituye un elemento que debía guardar correspondencia con los demás documentos que conforman las bases del procedimiento de selección: Extractos del requerimiento Ítem N° 04 del procedimiento de selección

• Ahora bien, mediante decreto del 26 de octubre de 2026, se corrió traslado a la

Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario de los posibles vicios de nulidad advertidos, relacionados con la incorporación del Anexo N° 12 en las bases integradas y el plazo de entrega consignado en dicho formato, a efectos de que manifiesten lo que consideren pertinente.

• Frente a ello, el Impugnante, mediante escrito s/n presentado el 29 de octubre de

2026 al Tribunal, señaló que el Anexo N° 12 no era exigible, toda vez que el factor de evaluación «plazo de entrega» no había sido previsto para el ítem N° 04. Asimismo, sostuvo que no existía incertidumbre sobre el alcance de su oferta, pues había cotizado la totalidad de las cantidades requeridas para las veinticuatro (24) entregas mensuales. Finalmente, indicó que el defecto advertido podía conservarse sin afectar los actos válidamente realizados y solicitó que se revoque su descalificación y se le otorgue la buena pro; subsidiariamente, que cualquier retroacción se limite a las etapas correspondientes (conforme a los numerales 13.1 al 13.3 de los antecedentes).

• Por su parte, el Adjudicatario, mediante escrito s/n presentado el 2 de noviembre

de 2026 ante el Tribunal como absolución al traslado del vicio de nulidad, manifestó que no existía una irregularidad que justificara declarar la nulidad del procedimiento de selección, pues el error de tipeo consignado en el Anexo N° 12 no habría impedido que los postores formularan correctamente sus ofertas. Asimismo, sostuvo que el Impugnante había declarado un plazo distinto al establecido en las bases, por lo que correspondía mantener su descalificación. En consecuencia, solicitó que se declare infundado el recurso de apelación (conforme a los numerales 14.1 al 14.3 de los antecedentes).

• Asimismo, la Entidad, mediante Informe Legal N° 719-2026-REGPOL-

AQP/UNIADM-UE-022-AREABA-PROC, presentado ante el Tribunal el 2 de noviembre de 2026, sostuvo que no existía un vicio de nulidad que afectara la validez del procedimiento, pues la incorporación del Anexo N° 12 constituía una imprecisión formal que no había alterado las condiciones definitivas establecidas en las bases. Añadió que el Impugnante conocía el plazo de veinticuatro (24) meses y que el comité actuó diligentemente al solicitar asistencia técnica al OECE, cuyos especialistas habrían señalado que la contradicción advertida afectaba la certeza de la oferta y justificaba su descalificación. Finalmente, alegó que la incorporación del referido anexo no afectó la libre concurrencia y que correspondía preservar los actos realizados (conforme a los numerales 15.1 al 15.3 de los antecedentes).

• En ese contexto, este Colegiado advierte que la incorporación del Anexo N° 12 –

Declaración jurada de plazo de entrega en las bases integradas no se encontraba justificada, toda vez que la Entidad no contempló el factor de evaluación «plazo de entrega» para el ítem N° 04, supuesto para el cual las bases estándar prevén la presentación del referido documento. Por tanto, se incorporó un documento que no resultaba necesario para acreditar alguna exigencia de admisión, calificación o evaluación, considerando que las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, prohíben expresamente que los evaluadores exijan a los postores la presentación de documentos que no fueron indicados en los acápites de “documentos para la admisión de la oferta”, “requisitos de calificación” y “factores de evaluación”, conforme se aprecia del siguiente extracto:

• La situación antes descrita, comprometió la transparencia en la elaboración de las

ofertas, pues el Anexo N° 12 se incorporó a pesar de las reglas de las bases estándar, generando reglas poco claras para los postores, lo cual afectó en la presentación de ofertas, tal como se ha evidenciado en el presente caso.

• A ello se suma que el formato que se incorporó contenía un plazo de doce (12)

meses, pese a que el requerimiento y las demás disposiciones de las bases integradas establecían un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, sin que se hubiera habilitado un espacio para que los postores consignaran o modificaran dicho dato, con lo cual, su propio contenido introdujo una contradicción en las reglas del procedimiento de selección, atribuible a la Entidad. De este modo, la Entidad introdujo en las bases un dato predeterminado que no guardaba correspondencia con el plazo de veinticuatro (24) meses, establecido en el requerimiento, lo que podía inducir a error a los participantes al completar sus ofertas, al presentarles un formato cuyo contenido ya contenía un plazo distinto al efectivamente exigido.

• En tal sentido, la incorporación de dicho anexo, que no correspondía que fuera

considerado en las bases integradas, y cuyo contenido no era acorde al requerimiento, concretizó la descalificación del Impugnante. En consecuencia, dicha actuación resulta contraria al principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley.

• Sobre lo señalado por la Entidad, esta sostiene que la incorporación del Anexo N°

12 no generó ambigüedad, debido a que el plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses se encontraba expresamente establecido en las bases integradas y había sido ratificado al absolver las consultas N° 14 y 15; por lo que correspondía a los postores actuar diligentemente al elaborar sus ofertas. Sin embargo, dicho argumento no desvirtúa el vicio advertido, pues el cuestionamiento no radica en que el plazo previsto en el requerimiento hubiera sido poco claro, sino en que la propia Entidad incorporó en las bases un formato que consignaba un plazo distinto al exigido. Asimismo, el hecho de que el OECE no hubiera advertido esta situación durante la primera convocatoria, que otros postores hubieran consignado el plazo de veinticuatro (24) meses o que el comité hubiera solicitado asistencia técnica para evaluar la oferta del Impugnante, no subsana la inconsistencia introducida por la Entidad ni modifica el contenido del Anexo N° 12. Tampoco resulta determinante que las bases estándar no establezcan una restricción expresa sobre la utilización de dicho anexo, pues su incorporación debía responder a las condiciones del procedimiento y, en este caso, no correspondía incluirlo al no haberse previsto el factor de evaluación «plazo de entrega» para el ítem N° 4.

• Asimismo, los vicios advertidos no resultan conservables conforme al artículo 14

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, pues no constituyen defectos formales o procedimentales no esenciales ni se trata de supuestos en los que pueda concluirse que, de no haberse producido el vicio, el acto habría tenido el mismo contenido. Por el contrario, la incorporación indebida del Anexo N° 12 tuvo incidencia directa en el desarrollo del procedimiento y, particularmente, en la descalificación del Impugnante. En efecto, de no haberse incorporado dicho anexo en las bases integradas, no se habría generado la contradicción entre los plazos de doce (12) y veinticuatro (24) meses que posteriormente fue invocada por el comité en el Acta para descalificar al Impugnante. Por tanto, tal acto produjo efectos distintos a los esperables de no haber sido incorporado el referido anexo, pues la oferta del Impugnante no habría sido descalificada por dicha circunstancia. En consecuencia, los vicios identificados trascienden una mera irregularidad formal y afectan las condiciones bajo las cuales se desarrolló la calificación de las ofertas, por lo que no corresponde conservar los actos afectados por estos.

• Cabe precisar que, mediante la consulta N° 15 del pliego de absolución de

consultas y obligaciones, el Impugnante solicitó que se precisara el sustento técnico y económico del plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses; asimismo, solicitó que se detallen los beneficios económicos de dicha duración. En respuesta, el comité declaró que la consulta no se acogía y expuso las razones por las cuales consideraba técnica y económicamente justificado el plazo de veinticuatro (24) meses, conforme se aprecia a continuación:

• Sobre el particular, este Colegiado advierte que, mediante la absolución de la

consulta N° 15, la Entidad ratificó que el plazo de ejecución previsto para la contratación era de veinticuatro (24) meses, exponiendo las razones técnicas y económicas que sustentaban dicha duración. Sin embargo, dicha precisión coexistía con el Anexo N° 12 incorporado en las bases, en cuyo contenido se consignaba un plazo de doce (12) meses, generándose así una contradicción entre dos disposiciones que formaban parte de las mismas bases integradas. Esta circunstancia evidenciaba la necesidad de que, al momento de absolver la referida consulta y precisar el plazo de ejecución, la Entidad también armonizara el contenido de las bases con dicha precisión, a fin de evitar que subsistiera una

• En ese sentido, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección,

respecto del ítem N° 4, y retrotraerlo hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones, a efectos de que la Entidad publique el pliego conforme a lo establecido en las bases estándar y retire el Anexo N° 12 – Declaración jurada de plazo de entrega, cuya incorporación y contenido dieron lugar a los vicios advertidos, en virtud de la absolución de la consulta N° 15, y continúe con el procedimiento de selección conforme a la Ley, el Reglamento y las bases estándar

• En esa línea, en la medida en que el vicio de nulidad incide en el análisis de fondo

del recurso de apelación, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los puntos controvertidos.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de que conozca los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones.

• Por lo expuesto, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procede a declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y la intervención de los Vocales Jimy Robert Ureta Aquino y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la NULIDAD de oficio de ítem N° 4 de la Licitación Pública para Bienes N°

01-2026-UE 022 XI DIRTEPOL AREQUIPA – Primera Convocatoria, convocada por la Policía Nacional del Perú – XI Dirección Territorial Arequipa, para la “Contratación de bienes suministro de alimento para animales equinos y canes de la Regpol Arequipa y Tacna AF 2026-2028”, debiendo retrotraerse hasta la etapa deabsolución de consultas y observaciones, conforme a los fundamentos expuestos.

• DEVOLVER la garantía presentada por el postor Arturo Carlos Hurtado Rojas, para

la interposición de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de

que realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo señalado en el fundamento 37 de la presente resolución.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ss. Merino de la Torre. Ureta Aquino. Quispe Crovetto.

JIMY ROBERT

URETA QUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO

QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

LUPE MARIELLA

MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE