Resolución N.° 9704-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) la motivación del acto administrativo debe contener una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, así como la exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada (…)”. Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7098/2026.TCP sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO INTERSHOPLAB, integrado por las empresas INTERSHOPLAB S.A.C. y DELTALAB PERÚ S.A.C., en el marco de la Licitación Pública para Bienes N° 04-2026-UTES N° 06-SPT/C-Primera Convocatoria; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 2 de junio de 2026, el

Gobierno Regional de La Libertad - Salud UTES Trujillo Este, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes N° 04-2026-UTES N° 06-SPT/C-Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: “Adquisición de hemogramas de 5 estirpes con equipos de cesión en uso para la Red de Salud Trujillo”, con una cuantía de la contratación ascendente a S/ 1 095 000.00 (un millón noventa y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 1 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 14 del mismo mes y año se notificó a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor W.P. Biomed S.A., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el importe de S/ 1 350 000.00 (un millón trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), obteniéndose los siguientes resultados: Postor Etapas Admisión Evaluación Orden de prelación Resultados Precio Puntaje total obtenido W.P. BIOMED S.A. Admitido S/ 1 350 000.00 95.00 1° Adjudicatario (Calificado)

CONSORCIO

INTERSHOPLAB Admitido - - - Descalificado

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 24 de septiembre de 2026 ante la Mesa de

Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, y subsanado mediante el Escrito N° 02 presentado el 28 del mismo mes y año, el postor Consorcio Intershoplab, integrado por las empresas Intershoplab S.A.C. y Deltalab Perú S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando como pretensiones que se revoque la descalificación de su oferta, se disponga su calificación, se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se le otorgue la misma Para sustentar las pretensiones que realiza, ofrece los siguientes fundamentos: Sobre la descalificación de su oferta

• Indica que, el comité reconoció un monto acreditado de S/ 1 334 937.00, pese

a que en el Anexo N° 11 de su oferta declaró una experiencia acumulada de S/ 1 934 113.80, existiendo una diferencia de S/ 599 176.80 que correspondería exactamente a dos contrataciones: el Contrato N° 11-2019- HRDT, por S/ 139 216.80 y el Contrato N° 058-2021-INMP, por S/ 459 960.00.

• Cuestiona que, el acta no haya identificado cuáles de las veinte contrataciones

declaradas fueron desestimadas, ni los montos ni las razones específicas que justificaron su exclusión, limitándose a consignar una observación general.

• Sostiene que, dicha omisión evidencia una motivación insuficiente, pues

trasladó a su representada la carga de reconstruir las razones de la decisión del comité mediante operaciones aritméticas, impidiéndole conocer con claridad los fundamentos concretos de la descalificación.

• Por otro lado, cuestiona que el criterio aplicado por el comité contradiga lo

establecido por la Entidad al absolver las consultas y observaciones e integrar las bases, pues considera que durante la etapa de calificación se habría aplicado un alcance más restrictivo del requisito de experiencia del postor en la especialidad.

• Señala que, la expresión “todo tipo de reactivos para analizadores

hematológicos” del literal B del numeral 3.5 de las bases integradas comprende también los reactivos destinados a pruebas de coagulación o hemostasia, siempre que sean utilizados en analizadores hematológicos. Sobre la calificación de la oferta del Adjudicatario

• Indica que, el Adjudicatario declaró en su Anexo N° 11 una experiencia

acumulada de S/ 1 966 981.60, correspondiente a diez contrataciones; sin embargo, cuestiona la acreditación de siete de ellas, sustentadas mediante comprobantes de pago y estados de cuenta bancarios, puesto que, a su criterio, dichos documentos no permitirían verificar fehacientemente la cancelación de los importes declarados.

• Señala que, algunos importes consignados en la referida documentación

resultan ilegibles, que en otros casos los abonos no corresponden a los montos declarados y que, en una de las contrataciones, únicamente se habría acreditado un segundo abono por S/ 75 140.00, distinto del importe de la experiencia declarada.

• A través del decreto del 29 de septiembre de 2026, debidamente notificado en el

SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la Oficina de Administración y Finanzas, la constancia de transferencia interbancaria expedida por el Banco BBVA, para su verificación y custodia. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal y se programó audiencia para el 6 de octubre de 2026.

• El 2 de octubre de 2026, la Entidad presentó ante el Tribunal, el Informe Técnico

Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE y el Informe Técnico N° 000002-2026-GRLL-GRS- RSTE-CLPNN, a través de los cuales se pronunció sobre el recurso de apelación, señalando lo siguiente:

• Señala que, no se advierte falta de motivación en el acta respectiva, toda vez

que el comité identificó las razones por las cuales no consideró las experiencias correspondientes a los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011- 2019-HRDT, precisando que estos comprendían reactivos destinados a equipos de coagulometría y no a analizadores hematológicos, conforme a la definición de bienes similares establecida en las bases integradas.

• Indica que, el monto de experiencia finalmente reconocido, ascendente a S/

1 334 937.00, se obtuvo de descontar del monto total declarado por el Consorcio Impugnante (S/ 1 934 113.80) los importes correspondientes a las mencionadas contrataciones, por lo que considera que el comité expresó las razones de su decisión y el cálculo efectuado.

• Afirma que, la definición de bienes similares prevista en las bases integradas

debe interpretarse de manera integral, comprendiendo no solo la expresión “todo tipo de reactivos”, sino también la precisión “para analizadores hematológicos”, que delimita los bienes cuya experiencia resulta admisible.

• Sostiene que, los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT

corresponden a la adquisición de reactivos para pruebas de coagulación, asociados a equipos de coagulometría, por lo que no acreditan experiencia en los bienes similares requeridos.

• Agrega que, la similitud no puede determinarse únicamente porque los

productos pertenezcan al ámbito de los laboratorios clínicos o al área de Hematología, sino que debe evaluarse atendiendo a sus características técnicas, finalidad diagnóstica, metodología analítica y funcionalidad.

• El 2 de octubre de 2026, la Entidad acreditó a su representante que efectuará el

uso de la palabra en la audiencia programada.

• Mediante el Escrito N° 01 presentado el 2 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Adjudicatario solicitó su apersonamiento al procedimiento administrativo como tercero administrado, y absolvió el traslado del recurso de apelación, de acuerdo a lo siguiente: Sobre la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante

• Agrega que, no existe falta de motivación en el acta, toda vez que, de la

revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se identificó que los únicos contratos cuya documentación hacía referencia a reactivos destinados a equipos de coagulometría eran los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-

2019-HRDT.

• Sostiene que, el comité explicó expresamente que dichos reactivos se utilizan

para realizar pruebas de coagulación, mientras que los bienes requeridos corresponden a reactivos destinados a analizadores hematológicos para la realización de hemogramas.

• Señala que, el monto de S/ 1 334 937.00 corresponde a la experiencia

reconocida luego de excluir los importes de las dos contrataciones observadas, por lo que considera que la motivación consignada permite conocer las razones de la descalificación.

• Indica que, la definición de bienes similares contenida en las bases integradas

debe interpretarse conjuntamente con las absoluciones de las consultas N° 7 y N° 50, mediante las cuales la Entidad precisó que la experiencia debía estar directamente relacionada con el suministro de reactivos destinados al funcionamiento de analizadores hematológicos y que dicha experiencia debía guardar relación con el componente principal de la contratación, consistente en la adquisición de hemogramas de cinco estirpes con equipo de cesión en uso.

• Menciona que, los reactivos para pruebas de coagulación y los reactivos para

hemogramas presentan diferencias en cuanto a su naturaleza, principio de funcionamiento, mecanismo de acción, finalidad diagnóstica y aplicación analítica. Sobre cuestionamientos adicionales a la oferta del Consorcio Impugnante

• Señala que, para los controles, calibradores, soluciones de limpieza,

consumibles y otros complementos necesarios para el funcionamiento del sistema ofertado, debía presentarse la documentación que sustente que dichos productos no se encuentran sujetos a Registro Sanitario; asimismo, debía presentarse el listado de dispositivos médicos que, por su naturaleza, no requieren dicho registro, emitido por la autoridad sanitaria competente.

• Alega que, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante se advierte

que este únicamente presentó el listado de dispositivos médicos emitido por DIGEMID, en el cual identificó el ítem 596, correspondiente a equipos analizadores de hematología, sin incluir los controles, calibradores y soluciones de limpieza que también forman parte de dicho listado. Sobre la calificación de su oferta

• Refiere que, el Consorcio Impugnante carece de legitimidad e interés para

cuestionar la calificación de su oferta, debido a que su condición de postor descalificado implica que perdió su calidad de participante en el procedimiento de selección.

• Sostiene que, mientras el Consorcio Impugnante no revierta su

descalificación, no se encuentra habilitado para cuestionar actos posteriores, como la evaluación de las ofertas y el otorgamiento de la buena pro, por lo que solicita que dicho extremo del recurso sea declarado improcedente.

• Indica que, los cuestionamientos formulados contra la documentación

presentada para acreditar las contrataciones declaradas en las órdenes de compra N° 450356545, N° 4503965542, N° 4503963852, N° 4503871403, N° 4503650758, N° 4503542108 y N° 4503218007 carecen de sustento, pues los importes consignados en los documentos cuestionados sí serían legibles y concordarían con los montos que figuran en las constancias de retención electrónica presentadas en su oferta.

• Menciona que, las diferencias advertidas por el Consorcio Impugnante

respecto de algunos abonos obedecen a que los pagos efectuados por las entidades contratantes comprendieron más de una factura.

• Con el decreto del 5 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al presente

procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso impugnativo.

• Por el decreto del 5 de octubre de 2026, se dejó a consideración de la Sala la

información remitida por la Entidad.

• El 6 de octubre de 2026, la Entidad registró en la ficha SEACE del procedimiento

de selección, el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE y el Informe Técnico N° 000002-2026-GRLL-GRS-RSTE-CLPNN, mediante los cuales se pronunció sobre el recurso de apelación, conforme a lo señalado en el numeral 4.

• A través del decreto del 9 de octubre de 2026, atendiendo a lo dispuesto en la

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE y en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2020/TCE, dada la reconformación de las Salas y la reasignación de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a la Tercera Sala para que resuelva. Asimismo, se programó audiencia pública para el 16 de octubre de 2026.

• El 16 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con la participación del

representante del Consorcio Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Mediante decreto del 10 de septiembre de 2026, se requirió a la Entidad que

remita el informe técnico-legal en el que exprese su posición respecto de los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario, contra la oferta del Consorcio Impugnante, contenidos en su escrito de absolución al traslado del recurso de apelación.

• Con el Escrito N° 3 presentado el 23 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Impugnante remitió alegatos adicionales.

• El 23 de octubre de 2026, El 23 de octubre de 2026, la Entidad remitió el Informe

Técnico N° 000003-2026-GRLL-GGR-GRS-RSTE-CLPNN y la Opinión Legal N° 219- 2026-UTES 6-TE/ALE, en atención a lo requerido mediante decreto del 10 del mismo mes y año.

• Por medio del decreto del 26 de octubre de 2026, se advirtió un posible vicio de

nulidad relacionado con la debida motivación del acta de evaluación, debido a que, el comité habría descalificado la oferta del Consorcio Impugnante sin individualizar las contrataciones cuya experiencia fue excluida ni precisar las razones específicas por las cuales los bienes comprendidos en ellas no calificaban como similares al objeto de la convocatoria.

• Mediante el Informe N° 000003-2026-GRLL-GGR-GRS-RSTE-CLPNN y la Opinión

Legal N° 223-2026-UTES-6-TE/ALE ambos presentados el 30 de octubre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad se pronunció sobre el posible vicio de nulidad advertido, bajo los siguientes términos:

• Indica que, el acta sí expresó las razones que sustentaron la descalificación del

Consorcio Impugnante, pues consignó tanto el importe de experiencia declarado como aquel que consideró fehacientemente acreditado, precisando que la diferencia obedecía a que parte de la documentación correspondía a reactivos destinados a equipos de coagulometría y no a analizadores hematológicos.

• Sostiene que, la falta de individualización de las contrataciones observadas en

el acta no implica una ausencia de motivación, toda vez que tanto el Consorcio Impugnante como el Adjudicatario identificaron, durante el trámite del recurso de apelación, los Contratos N° 058-2021-INMP, por S/ 459 960.00, y N° 011-2019-HRDT, por S/ 139 216.80, respecto de los cuales formularon sus argumentos.

• Considera que, la controversia quedó delimitada y el criterio técnico aplicado

por el comité pudo ser comprendido y cuestionado por los participantes; además, señala que el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE desarrolló los fundamentos de la evaluación, sin sustituir una motivación inexistente.

• Cuestiona que, la eventual insuficiencia de motivación justifique la nulidad del

procedimiento de selección, pues considera que, de estimarse la existencia de algún defecto, correspondería evaluar su trascendencia y aplicar el principio de conservación del acto administrativo.

• Sostiene que, una nueva evaluación de las dos contrataciones observadas,

bajo las mismas condiciones establecidas en las bases integradas, no modificaría el resultado de la calificación, dado que los bienes comprendidos en ellas no corresponderían a la definición de bienes similares.

• Indica que, una eventual retroacción del procedimiento podría retrasar la

atención de la necesidad pública que motivó la contratación, referida a la adquisición de hemogramas para la Red de Salud Trujillo, cuya oportunidad cobra especial relevancia frente a la situación epidemiológica del dengue.

• Mediante Escrito N° 2 presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Adjudicatario se pronunció sobre el posible vicio de nulidad advertido, bajo los siguientes términos:

• Indica que, no se configura un defecto de motivación que justifique declarar

la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que el acta respectiva consignó el importe de experiencia declarado por el Consorcio Impugnante, el monto reconocido por el comité y la razón técnica por la cual no se validó la totalidad de aquella, referida a que determinadas contrataciones comprendían reactivos destinados a equipos de coagulometría y no a analizadores hematológicos.

• Señala que, las contrataciones excluidas podían identificarse a partir de la

diferencia entre ambos importes, la cual coincidía con la suma de los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT, cuyos objetos fueron identificados tanto por el Consorcio Impugnante como por su representada durante el procedimiento impugnatorio.

• Sostiene que, el eventual defecto advertido no tendría carácter trascendente,

pues la individualización de las contrataciones observadas y el mayor desarrollo de las razones de su exclusión no habrían impedido ni cambiado el sentido de la decisión adoptada.

• Afirma que, una nueva evaluación de dichas contrataciones, bajo las mismas

condiciones establecidas en las bases integradas, conduciría al mismo resultado, debido a que los reactivos destinados a pruebas de coagulación no corresponden a reactivos para analizadores hematológicos.

• Con Escrito N° 3 presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Adjudicatario remitió el material de presentación utilizado durante la audiencia realizada.

• Mediante Escrito N° 4 presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Impugnante se pronunció sobre el posible vicio de nulidad advertido, bajo los siguientes términos:

• Afirma que, no niega la existencia del defecto de motivación advertido por el

Tribunal, pues reconoce que el acta respectiva no individualizó las contrataciones cuya experiencia fue excluida ni expuso las razones particulares de cada exclusión. No obstante, se opone a que dicho defecto determine la nulidad del procedimiento de selección, al considerar que constituye un vicio no trascendente, comprendido en el supuesto de motivación insuficiente o parcial.

• Indica que, corresponde aplicar el principio de conservación del acto

administrativo, ya que mediante el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE, la Entidad individualizó las dos contrataciones excluidas — Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT— y desarrolló el análisis específico de sus respectivos objetos, con lo cual, a su criterio, se habría subsanado la insuficiencia de motivación advertida.

• Sostiene que, no se produjo indefensión material, pues identificó dichas

contrataciones y cuestionó su exclusión desde la interposición del recurso de apelación, habiéndose desarrollado plenamente el contradictorio entre las partes. Por ello, considera que el expediente cuenta con los elementos necesarios para que el Tribunal emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sin necesidad de retrotraer el procedimiento.

• Solicita que, en caso el Tribunal considere necesario declarar la nulidad,

establezca expresamente el criterio interpretativo que deberá observar la Entidad al reformular las bases integradas, precisando que la definición de bienes similares referida a “todo tipo de reactivos para analizadores hematológicos” no debe restringirse únicamente a los reactivos destinados a la realización de hemogramas, sino comprender el universo de reactivos destinados a dichos analizadores, incluyendo los de coagulación y hemostasia.

• Con el decreto del 2 de noviembre de 2026, se dispuso rectificar la información

consignada en el Toma Razón, respecto de la fecha y el número de registro de ingreso del escrito mediante el cual el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación.

• Por el decreto del 3 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto respecto de una licitación pública para bienes, cuya cuantía asciende a S/ 1 095 000.00 (un millón noventa y cinco mil con 00/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de 1 El procedimiento de selección fue convocado el 2 de junio de 2026; por lo cual el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable al caso concreto es el que se aprobó para el año 2026, el cual asciende a S/ 5 550.00 soles, según lo determinado en el Decreto Supremo N° 301-2025- EF. En dicho caso, cincuenta (50) UIT equivalen a S/ 275 000.00 soles.

actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. De igual modo, según el literal c) del artículo 307 del Reglamento, la omisión de los requisitos señalados en los literales a), c), d), e) y f) del artículo 306 – identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía por interposición del recurso y la inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación. En aplicación a lo dispuesto en los citados artículos, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública para bienes, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 24 de septiembre de 2026, considerando que la buena pro fue publicada en el SEACE el 14 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Consorcio Impugnante presentó el Escrito N° 01 el 24 de septiembre de 2026, siendo subsanado el 28 del mismo mes y año; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro de los plazos descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por la señora Aymé Yanina Zurita Rojas, en calidad de representante común del Consorcio Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda inferirse y determinarse que alguno de los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del recurso de apelación y su respectiva subsanación, se advierte que el Consorcio Impugnante ha cuestionado la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, por lo que la impugnación no se encuentra inmersa en el presente supuesto de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue descalificada en el procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. El Consorcio Impugnante solicitó como pretensiones que se revoque la descalificación de su oferta, se disponga su calificación, se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se le otorgue la misma; por tanto, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. El artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en lo sucesivo TUO de la LPAG, regula la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de fondo planteados.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta.
• Se descalifique la oferta del Adjudicatario.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro.
• Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

De la revisión de la absolución del recurso de apelación se advierte que el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se confirme la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante.
• Se desestime la oferta del Consorcio Impugnante por los cuestionamientos

adicionales formulados contra esta.

• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.
• Se declare infundado el recurso de apelación.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con lo que estuvo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través de la Pladicop. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se tiene que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 29 de septiembre de 2026, con el escrito del recurso impugnativo, por lo cual el traslado del recurso de apelación podía hacerse hasta el 2 de octubre del mismo año. Precisamente, se aprecia que, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento el 2 de octubre de 2026, es decir, dentro del plazo reglamentario previsto; cabe mencionar que, dicho postor además de plantear argumentos de defensa efectuó cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante, los cuales deben tenerse en cuenta al momento de formular los puntos controvertidos.

• En atención a ello, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:

➢ Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, revocar la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, conforme a los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante. ➢ Determinar si corresponde desestimar la oferta del Consorcio Impugnante, en atención a los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario. ➢ Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante y, en consecuencia, revocar la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario.

• Considerando que el Consorcio Impugnante cuestiona la decisión del comité de no

calificar su oferta, corresponde traer a colación el “Acta de la etapa de admisión, calificación y evaluación de ofertas”, en la cual se consignaron las razones que sustentaron dicha decisión, conforme se aprecia a continuación:

Según se desprende del acta, el comité consideró que, si bien el Consorcio Impugnante declaró una experiencia de S/ 1 934 113.80, únicamente acreditaba S/ 1 334 937.00. Para sustentar dicha conclusión, señaló que la documentación presentada correspondía a reactivos destinados a equipos de coagulometría, utilizados para realizar pruebas de coagulación, los cuales no correspondían a reactivos para analizadores hematológicos, empleados para la realización de hemogramas, conforme a la definición de bienes similares establecida en las bases integradas.

• Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante sostuvo que el comité reconoció

un monto acreditado de S/ 1 334 937.00, pese a que en el Anexo N° 11 de su oferta declaró una experiencia acumulada de S/ 1 934 113.80, existiendo una diferencia de S/ 599 176.80 que correspondería exactamente a dos contrataciones: el Contrato N° 11-2019-HRDT, por S/ 139 216.80 y el Contrato N° 058-2021-INMP, por S/ 459 960.00. Asimismo, cuestionó que el acta no hubiera identificado expresamente cuáles de las veinte contrataciones declaradas fueron desestimadas, ni los montos correspondientes a cada una, ni las razones específicas que justificaron su exclusión, limitándose a consignar una observación de carácter general. En ese sentido, sostuvo que dicha omisión evidencia una motivación insuficiente, pues trasladó a su representada la carga de reconstruir las razones de la decisión del comité mediante operaciones aritméticas, impidiéndole conocer con claridad los fundamentos concretos de la descalificación.

• Por su parte, la Entidad sostuvo que no se advierte falta de motivación en el acta

respectiva, toda vez que el comité identificó las razones por las cuales no consideró las experiencias correspondientes a los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT, precisando que estos comprendían reactivos destinados a equipos de coagulometría y no a analizadores hematológicos, conforme a la definición de bienes similares establecida en las bases integradas. Además, indicó que el monto de experiencia finalmente reconocido, ascendente a S/ 1 334 937.00, se obtuvo de descontar del monto total declarado por el Consorcio Impugnante (S/ 1 934 113.80) los importes correspondientes a las mencionadas contrataciones, por lo que considera que el comité expresó las razones de su decisión y el cálculo efectuado. De otro lado, señaló que la definición de bienes similares prevista en las bases integradas debe interpretarse de manera integral, comprendiendo no solo la expresión “todo tipo de reactivos”, sino también la precisión “para analizadores hematológicos”, que delimita los bienes cuya experiencia resulta admisible. De igual modo, refirió que los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT corresponden a la adquisición de reactivos para pruebas de coagulación, asociados a equipos de coagulometría, por lo que no acreditan experiencia en los bienes similares requeridos.

• A su turno, el Adjudicatario manifestó que no existe falta de motivación en el acta,

toda vez que, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se identificó que los únicos contratos cuya documentación hacía referencia a reactivos destinados a equipos de coagulometría eran los Contratos N° 058-2021-INMP y N°

011-2019-HRDT.

Adicionalmente, sostuvo que el comité había explicado que dichos reactivos se utilizaban para realizar pruebas de coagulación, mientras que los bienes requeridos corresponden a reactivos destinados a analizadores hematológicos para la realización de hemogramas. Aunado a ello, señaló que el monto de S/ 1 334 937.00 corresponde a la experiencia reconocida luego de excluir los importes de las dos contrataciones observadas, por lo que considera que la motivación consignada permite conocer las razones de la descalificación.

• Ahora bien, a efectos de dilucidar la controversia planteada, es necesario recurrir

a las bases integradas, pues estas recogen las reglas definitivas del procedimiento de selección a las que se someten los postores y que debe observar el comité en el análisis de las propuestas. Así, en el literal B del numeral 2.5.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se establecieron las condiciones para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, conforme se aprecia a continuación:

Del citado acápite, se advierte que las bases integradas exigían que el postor acreditara un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 500 000.00 (un millón quinientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según correspondiera.

Asimismo, se estableció que se considerarían bienes similares a los siguientes: todo tipo de reactivos para analizadores hematológicos. Finalmente, respecto de la acreditación de la experiencia, se estableció que esta podía sustentarse con un máximo de veinte contrataciones, mediante copia simple de: (i) contratos u órdenes de compra, acompañados de su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acreditara documental y fehacientemente, mediante constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por una entidad del sistema financiero que acreditara el abono o mediante la cancelación consignada en el mismo comprobante de pago.

• Precisado ello, corresponde revisar la documentación presentada por el Consorcio

Impugnante para acreditar el mencionado requisito de calificación. Para tal efecto, resulta pertinente traer a colación el Anexo N° 11 “Experiencia del Postor en la Especialidad”, el cual se reproduce a continuación:

• Como puede verse, el Consorcio Impugnante declaró veinte (20) contrataciones

para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, por un monto total de S/ 1 934 113.80. Sin embargo, de la revisión del acta respectiva, se advierte que el comité no individualizó cuáles de las contrataciones declaradas no correspondían a bienes similares al objeto de la convocatoria, ni precisó qué documentos sustentatorios fueron objeto de observación en cada caso. En su lugar, se limitó a señalar, de manera general, que la documentación presentada correspondía a reactivos destinados a equipos de coagulometría, razón por la cual no reconoció la totalidad del monto de experiencia declarado por el Consorcio Impugnante.

• Asimismo, cabe precisar que recién mediante el Informe Técnico Legal N° 214-

2026-UTES 6-TE/ALE del 2 de octubre de 2026, registrado en la ficha SEACE del procedimiento de selección el 6 del mismo mes y año, la Entidad precisó que había excluido los importes correspondientes al Contrato N° 058-2021-INMP, por S/ 459 960.00, y al Contrato N° 11-2019-HRDT, por S/ 139 216.80, al considerar al considerar que los reactivos comprendidos en dichas contrataciones no correspondían a bienes similares al objeto de la convocatoria. Asimismo, señaló que, como resultado de dicha exclusión, el monto de experiencia reconocido ascendía a S/ 1 334 937.00. Adicionalmente, en el referido informe, la Entidad desarrolló el análisis específico del objeto de cada una de las contrataciones observadas, detallando las determinaciones y los reactivos comprendidos en ellas, a partir de lo cual concluyó que estos estaban destinados a realizar pruebas de coagulación y asociados a equipos de coagulometría. Para mayor detalle, a continuación, se reproduce el extracto pertinente del Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE: (…) (…)

• Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala advirtió una eventual afectación al deber

de debida motivación de la decisión adoptada por el comité, en tanto el acta no habría individualizado las contrataciones cuya experiencia fue excluida ni desarrollado las razones específicas por las cuales los bienes comprendidos en ellas no calificaban como similares al objeto de la convocatoria. En efecto, tales precisiones fueron expuestas recién mediante el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE, presentado durante la tramitación del recurso de apelación, en el cual la Entidad identificó las dos contrataciones observadas y desarrolló el análisis específico de sus respectivos objetos, aspectos que no se encontraban expresamente desarrollados en el acta que contenía la decisión cuestionada.

• En tal sentido, por medio del decreto del 26 de octubre de 2026, se trasladó el

referido vicio a las partes, a efectos de que se pronuncien en un plazo de cinco (5) días hábiles, en atención a la disposición prevista en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante señaló que no niega la existencia del defecto

de motivación advertido por el Tribunal, pues reconoce que el acta respectiva no individualizó las contrataciones cuya experiencia fue excluida ni expuso las razones particulares de cada exclusión. No obstante, se opone a que dicho defecto determine la nulidad del procedimiento de selección, al considerar que constituye un vicio no trascendente, comprendido en el supuesto de motivación insuficiente o parcial. Además, indicó que corresponde aplicar el principio de conservación del acto administrativo, ya que mediante el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6- TE/ALE, la Entidad individualizó las dos contrataciones excluidas —Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT— y desarrolló el análisis específico de sus respectivos objetos, con lo cual, a su criterio, se habría subsanado la insuficiencia de motivación advertida. Así también, sostuvo que no se produjo indefensión material, pues identificó dichas contrataciones y cuestionó su exclusión desde la interposición del recurso de apelación, habiéndose desarrollado plenamente el contradictorio entre las partes. Por ello, considera que el expediente cuenta con los elementos necesarios para que el Tribunal emita un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Asimismo, solicitó que en caso el Tribunal considere necesario declarar la nulidad, establezca expresamente el criterio interpretativo que deberá observar la Entidad al reformular las bases integradas, precisando que la definición de bienes similares referida a “todo tipo de reactivos para analizadores hematológicos” no debe restringirse únicamente a los reactivos destinados a la realización de hemogramas, sino comprender el universo de reactivos destinados a dichos analizadores, incluyendo los de coagulación y hemostasia.

• A su turno, la Entidad indicó que el acta sí expresó las razones que sustentaron la

descalificación del Consorcio Impugnante, pues consignó tanto el importe de experiencia declarado como aquel que consideró fehacientemente acreditado, precisando que la diferencia obedecía a que parte de la documentación correspondía a reactivos destinados a equipos de coagulometría y no a analizadores hematológicos. Además, sostuvo que la falta de individualización de las contrataciones observadas en el acta no implica una ausencia de motivación, toda vez que tanto el Consorcio Impugnante como el Adjudicatario identificaron, durante el trámite del recurso de apelación, los Contratos N° 058-2021-INMP, por S/ 459 960.00, y N° 011-2019- HRDT, por S/ 139 216.80, respecto de los cuales formularon sus argumentos. Asimismo, considera que la controversia quedó delimitada y el criterio técnico aplicado por el comité pudo ser comprendido y cuestionado por los participantes; además, señala que el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE desarrolló los fundamentos de la evaluación, sin sustituir una motivación inexistente. De igual forma, cuestiona que la eventual insuficiencia de motivación justifique la nulidad del procedimiento de selección, pues considera que, de estimarse la existencia de algún defecto, correspondería evaluar su trascendencia y aplicar el principio de conservación del acto administrativo.

Aunado a ello, sostuvo que una nueva evaluación de las dos contrataciones observadas, bajo las mismas condiciones establecidas en las bases integradas, no modificaría el resultado de la calificación, dado que los bienes comprendidos en ellas no corresponderían a la definición de bienes similares. Finalmente, indicó que una eventual retroacción del procedimiento podría retrasar la atención de la necesidad pública que motivó la contratación, referida a la adquisición de hemogramas para la Red de Salud Trujillo, cuya oportunidad cobra especial relevancia frente a la situación epidemiológica del dengue.

• Por su parte, el Adjudicatario refirió que no se configura un defecto de motivación

que justifique declarar la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que el acta respectiva consignó el importe de experiencia declarado por el Consorcio Impugnante, el monto reconocido por el comité y la razón técnica por la cual no se validó la totalidad de aquella, referida a que determinadas contrataciones comprendían reactivos destinados a equipos de coagulometría y no a analizadores hematológicos. Además, señaló que las contrataciones excluidas podían identificarse a partir de la diferencia entre ambos importes, la cual coincidía con la suma de los Contratos N° 058-2021-INMP y N° 011-2019-HRDT, cuyos objetos fueron identificados tanto por el Consorcio Impugnante como por su representada durante el procedimiento impugnatorio. Asimismo, sostuvo que el eventual defecto advertido no tendría carácter trascendente, pues la individualización de las contrataciones observadas y el mayor desarrollo de las razones de su exclusión no habrían impedido ni cambiado el sentido de la decisión adoptada. De igual forma, afirmó que una nueva evaluación de dichas contrataciones, bajo las mismas condiciones establecidas en las bases integradas, conduciría al mismo resultado, debido a que los reactivos destinados a pruebas de coagulación no corresponden a reactivos para analizadores hematológicos.

• Al respecto, es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el numeral 6.1 del

artículo 6 del TUO de la LPAG, la motivación del acto administrativo debe contener una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, así como la exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada. Asimismo, el numeral 6.3 del citado artículo establece que no son admisibles como motivación las fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto, ni aquellas que, por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras. En ese sentido, en el marco de un procedimiento de selección, dicha exigencia implica que los evaluadores deben exteriorizar las razones concretas por las cuales consideran que la documentación presentada por un postor acredita o no los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, de manera que la decisión adoptada permita conocer y verificar el razonamiento seguido durante la evaluación.

• Ahora bien, atendiendo a las particularidades del caso, al evaluar el requisito de

calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, correspondía al comité identificar las contrataciones o documentos sustentatorios que fueron objeto de observación y explicar las razones por las cuales los bienes comprendidos en ellos no calificaban como similares al objeto de la convocatoria, conforme a las bases integradas. Bajo dicha premisa, si bien en el acta el comité señaló que la documentación presentada correspondía a reactivos destinados a equipos de coagulometría, no identificó las contrataciones ni los documentos sustentatorios a los que se refería dicha observación, ni detalló las determinaciones y los reactivos comprendidos en cada una de ellas. En consecuencia, la motivación consignada no permitía establecer de qué manera la observación formulada justificaba que al Consorcio Impugnante únicamente se le reconociera una experiencia de S/ 1 334 937.00.

• Asimismo, el hecho de que, a partir de la revisión de la oferta y de los montos

consignados en el acta, las partes hayan podido identificar las contrataciones que serían objeto de observación no enerva la deficiencia advertida. Ello, debido a que dicha identificación fue producto de una inferencia efectuada por los propios postores y no de una precisión realizada por el comité en su decisión, en la que correspondía identificar las contrataciones cuya experiencia no sería reconocida y sustentar las razones de su exclusión.

• De ese modo, tampoco corresponde considerar que el Informe Técnico Legal N°

214-2026-UTES 6-TE/ALE haya subsanado la deficiencia advertida, toda vez que dicho documento fue emitido con posterioridad a la decisión cuestionada y durante la tramitación del recurso de apelación. Al respecto, conforme al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG, la motivación puede efectuarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, siempre que estos sean identificados de modo certero y, por dicha circunstancia, constituyan parte integrante del respectivo acto administrativo. Asimismo, los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión deben ser notificados al administrado conjuntamente con esta. Sin embargo, en el presente caso, el informe en cuestión fue emitido con posterioridad al acta respectiva, por lo que el comité no pudo haberlo considerado como sustento de su decisión ni incorporado sus fundamentos a esta. En consecuencia, las precisiones técnicas desarrolladas posteriormente por la Entidad no pueden suplir la motivación que correspondía expresar al comité al momento de adoptar su decisión.

• Por otro lado, el hecho de que el Consorcio Impugnante haya podido cuestionar

las contrataciones observadas durante la tramitación del recurso de apelación tampoco permite concluir que no se produjo una afectación a su derecho de defensa.

En efecto, si bien pudo identificar tales contrataciones y cuestionar su exclusión, no contó oportunamente con el sustento técnico específico de dicha decisión, pues el acta no detalló las determinaciones ni los reactivos comprendidos en cada contratación, ni explicó cómo, a partir de sus características, se concluyó que estaban destinados a realizar pruebas de coagulación mediante equipos de coagulometría. Tales precisiones fueron desarrolladas recién por la Entidad en el Informe Técnico Legal N° 214-2026-UTES 6-TE/ALE. Por tanto, el ejercicio del derecho de contradicción durante la tramitación del recurso de apelación no subsana la omisión en que incurrió el comité ni enerva la obligación de dicho órgano de motivar oportunamente las decisiones que adopta durante el procedimiento de selección.

• Por otra parte, tampoco resulta posible afirmar que, de haberse observado el

deber de motivación, la decisión adoptada por el comité necesariamente habría sido la misma. Ello, debido a que el acta no permite conocer a qué documentación correspondía la observación formulada ni cómo esta justificaba que únicamente se reconociera al Consorcio Impugnante una experiencia de S/ 1 334 937.00. En efecto, dicho monto fue inferior a los S/ 1 500 000.00 exigidos en las bases integradas, lo que determinó la descalificación de su oferta. En ese sentido, al no encontrarse debidamente sustentada la exclusión de la experiencia que dio lugar a dicho resultado, no es posible verificar, a partir de la motivación consignada en el acta, si la descalificación del Consorcio Impugnante se encontraba justificada. En consecuencia, no corresponde presumir que una evaluación debidamente motivada habría conducido necesariamente al mismo resultado, ni que esta Sala sustituya al comité en la evaluación que le corresponde efectuar conforme a las bases integradas.

• En ese contexto, esta Sala considera que el defecto advertido reviste carácter

trascendente y no resulta susceptible de conservación. Ello, debido a que la omisión identificada no recae en aspectos accesorios o complementarios de una justificación ya expuesta, sino en la falta de exteriorización de los fundamentos concretos que permitan conocer y verificar las razones por las cuales determinadas contrataciones fueron excluidas de la experiencia del Consorcio Impugnante. De ese modo, la motivación consignada en el acta no permite establecer la correspondencia entre la documentación evaluada y la observación formulada, ni conocer el razonamiento técnico que sustentó la exclusión de la experiencia. Por tanto, se ha afectado un elemento esencial de validez de la decisión adoptada por el comité, así como la posibilidad de que los postores conozcan oportunamente las razones de la evaluación y ejerzan adecuadamente su derecho de contradicción.

• Por otro lado, si bien la Entidad ha señalado que una eventual retroacción podría

retrasar la atención de la necesidad pública que motivó la contratación, cabe indicar que dicha circunstancia no justifica mantener una decisión adoptada sin observar las exigencias de motivación previstas en el ordenamiento jurídico. La atención oportuna de las necesidades públicas debe desarrollarse dentro del marco de legalidad que rige las contrataciones públicas, lo que exige que las decisiones de evaluación se encuentren debidamente sustentadas.

• De otra parte, en cuanto a la solicitud del Consorcio Impugnante para que esta

Sala establezca un criterio interpretativo sobre el alcance de la definición de bienes similares contenida en las bases integradas, corresponde señalar que, al haberse advertido un vicio que determina la nulidad de la decisión del comité respecto de la descalificación de su oferta, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre el fondo de dicha cuestión.

• Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de

corregir actos contrarios a sus disposiciones. Sobre dicho aspecto, la nulidad constituye una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

Además, debe advertirse que el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las Entidades, cuando contravengan normas legales, debiéndose expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración.

• En el mismo sentido, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento

prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae la fase de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.

• Por lo expuesto, en atención a la potestad otorgada a este Tribunal en el artículo

70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de calificación de ofertas, a fin de que el comité efectúe una nueva evaluación de la documentación presentada por el Consorcio Impugnante para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” y, en caso decida no considerar alguna de las contrataciones declaradas, identifique la contratación y los documentos sustentatorios correspondientes, exponiendo las razones concretas por las cuales los bienes comprendidos en ella no califican como iguales o similares al objeto de la convocatoria, conforme a las bases integradas y a la normativa aplicable.

• En consecuencia, la nulidad declarada deja sin efecto el otorgamiento de la buena

pro al Consorcio Adjudicatario; asimismo, carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

• Adicionalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin de que conozca el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte al comité, para que actúe de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Por último, toda vez que se ha declarado la nulidad del procedimiento de

selección, en atención de lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, corresponde devolver la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres, y la intervención del Vocal Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE- PRE del 5 de octubre de 2026, y con la intervención de la Vocal Jimy Robert Ureta Aquino, en reemplazo del Vocal Héctor Ricardo Morales González, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública para Bienes N° 04-2026-UTES

N° 06-SPT/C-Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: “Adquisición de hemogramas de 5 estirpes con equipos de cesión en uso para la Red de Salud Trujillo”, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de calificación de ofertas, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Disponer que presente resolución se ponga en conocimiento del Titular de la

Entidad, para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, conforme a la fundamentación.

• Devolver la garantía presentada por el postor Consorcio Intershoplab, integrado

por las empresas Intershoplab S.A.C. y Deltalab Perú S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE