Resolución N.° 9738-2026-TCP-S3

Sumilla: “Consecuentemente, este Colegiado considera que, en el presente caso, corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción en contra del residente de obra, respecto a la infracción que estuvo prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, toda vez que los hechos imputados no se encuentran tipificados como conducta infractora en la norma vigente, correspondiendo el archivo del presente expediente administrativo”. Lima, 10 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 85/2025.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor Franklin Welington Luján Esquivel por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente de obra, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 46-2023- MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria), efectuada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 4 de

setiembre del 2023, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 46-2023-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra denominada: “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la av. peru entre la av. jose pardo y la Av. Enrique Meiggs del distrito de Nuevo Chimbote de la Provincia de Santa del Departamento de Áncash”, con un valor referencial de S/ 148,409.69 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos nueve con 69/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N.º 30225; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. De acuerdo al respectivo cronograma, el 3 de setiembre del 2023 se llevó a cabo la presentación de ofertas vía electrónica; y, el 14 del mismo mes y año, se realizó el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Supervisor Amelie, integrado por los señores Ulises Aníbal Mendoza Cadillo y Johan Humberto Espinosa Orellana, en adelante el Consorcio, por el monto ofertado de S/ 148,409.69 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos nueve con 69/100 soles). El 22 de setiembre del 2023, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de N.º 0267-2023-SGLYCP-MDNCH, por el monto adjudicado, en lo sucesivo el Contrato.

• Mediante Carta N.º 1127-2024-MDNCH-OLCP del 19 de diciembre de 2024,

presentado el 2 de enero de 2025 ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal de Contrataciones del Estado (actualmente, Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento la presunta infracción cometida por el señor Franklin Welington Luján Esquivel, consistente en incumplir con su obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, toda vez que laboró de manera simultánea en dos (2) obras, siendo una de ellas la ejecutada por el Consorcio en el marco del procedimiento de selección convocado por la Entidad, durante el periodo del 24 de noviembre al 31 de diciembre del 2023 (20 días calendario). A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe N.º 4198-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL del 12 de diciembre de 2024, a través del cual comunicó, principalmente, lo siguiente:

• El señor Franklin Welington Luján Esquivel participó, de forma simultánea, en

las siguientes obras: (i) obra ejecutada por la Municipalidad de Nuevo Chimbote, denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV.

PERU ENTRE LA AV. JOSE PARDO Y LA AV ENRIQUE MEIGGS DEL DISTRITO DEN

UEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE

ANCASH”, con CUI N.º 2577465, en el periodo comprendido del 5 de octubre al 13 de diciembre de 2023; y (ii) la obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Yautan, denominada: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) I.E

AGROPECUARIO YAUTAN EN LA LOCALIDAD YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN”, en el periodo comprendido del 24 de noviembre al 31 de diciembre al 2023.

• El señor Franklin Welington Luján Esquivel se desempeñó en el cargo de

residente de obras, de manera simultánea, en dos (2) obras durante el periodo de 20 días.

• Mediante Decreto del 24 de marzo de 2026, previamente al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal requirió a la Entidad remita, entre otros documentos, (i) Informe Técnico Legal donde deberá señalar la procedencia y supuesta responsabilidad del señor Franklin Welington Luján Esquivel al haber incumplido la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, (ii) documentación que acredite que el señor Franklin Welington Luján Esquivel se desempeñó como residente o supervisor en el marco del procedimiento de selección, y (iii) copia de la oferta presentada por el Consorcio. Asimismo, se dispuso notificar al Órgano de Control Institucional de La Entidad para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información y documentación requerida.

• Mediante Informe Técnico Legal N.º 11-2026-MDNCH-OGA/OLCP del 10 de abril

de 2026 y presentado el 20 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes [Digital] del Tribunal, la Entidad reiteró lo indicado en el Informe N.º 4198-2024-MDNCH- GEIN-SGOPU/BJVL del 12 de diciembre de 2024.

• A través del Decreto del 8 de julio de 2026, se dispuso incorporar la siguiente

documentación:

• Incorpórese en el presente expediente el Acta de Recepción de la Obra

denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA

AV. PERU ENTRE LA AV. JOSE PARDO Y LA AV ENRIQUE MEIGGS DEL DISTRITO

DEN UEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE

ANCASH”, con CUI N.º 2577465 extraído del portal INFOBRAS.

• Incorpórese en el presente expediente el Acta de Recepción de la Obra

denominada “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) I.E

AGROPECUARIO YAUTAN EN LA LOCALIDAD YAUTAN, DISTRITO DE YAUTAN”,

CUI N.º 2596240 extraído del portal INFOBRAS. Asimismo, se dispuso iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra del señor Franklin Welington Luján Esquivel, en adelante el residente de obra, por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente de obra, en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225. En ese sentido, se dispuso notificar al residente de obra para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante Decreto del 1 de julio de 2026, habiéndose verificado que el residente

de obra no cumplió con presentar sus descargos, pese a haber sido válidamente notificado vía Casilla Electrónica el 15 de junio del mismo año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• A través del Decreto del 8 de julio de 2026, se tuvo por emitido el Informe de

Instrucción N.º 076-2026/HSVC/ST2 de la misma fecha, por medio del cual la Secretaría Técnica 2 del Tribunal recomendó lo siguiente: “(...)

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor LUJAN

ESQUIVEL FRANKLIN WELINGTON (con RUC N° 10328859926), por su supuesta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente de obra, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 46-2023-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria), convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, para la contratación de la ejecución de obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

EN LA AV. PERU ENTRE LA AV. JOSE PARDO Y LA AV. ENRIQUE MEIGGS DEL

DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH”; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numera 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.º 082-2019- EF; por los fundamentos expuestos. (...)”

• Con Decreto del 17 de julio de 2026, se tuvo por registrado el Informe de

Instrucción N.º 076-2026/HSVC/ST2 del 8 del mismo mes y año en el Sistema Informático del Tribunal y notificado vía Casilla Electrónica el mismo día. Asimismo, se dispuso remitir el presente expediente administrativo a la Tercera Sala para que emita pronunciamiento, efectivizándose el pase a vocal el mismo día.

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-

2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se dispuso formalizar a través de la cual se formalizó el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Tercera Sala del Tribunal se conforma por los vocales Steven Anibal Flores Olivera (Presidente), César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la

supuesta responsabilidad del residente de obra, por haber incumplido su obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente de obra, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, norma vigente al momento de producirse los hechos denunciados.

Cuestión previa: sobre la normativa aplicable al caso concreto y el principio de retroactividad benigna

• De forma previa al análisis de fondo, corresponde determinar la normativa

aplicable al caso concreto, para lo cual cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta infractora, salvo que las posteriores le sean más favorables.

• Asimismo, como marco referencial, el Tribunal Constitucional, a través de

reiterada jurisprudencia [véase Expedientes N.º 2389-2007-PHC/TC, N.º 2744- 2010-PHC/TC, entre otros] ha señalado lo siguiente: “…el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”. En base a dicha disposición constitucional, y considerando que tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son manifestaciones del poder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable a la norma administrativa sancionadora, al formar parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N.º 3988-2011-Lima, ha reconocido, con carácter de precedente vinculante, la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, señalando lo siguiente: “…la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante.”

• En virtud de ello, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG que contempla

el principio de irretroactividad: “…son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición” (El resaltado y subrayado es agregado). Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador.

• En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado. Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG ha precisado en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

• En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque, conservándose éste, se contempla ahora una menor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.

• En ese contexto, corresponde analizar si, en el presente caso, existe una nueva

normativa de contratación pública vigente que resulte más beneficiosa a la situación actual del administrado, respecto al procedimiento administrativo sancionador que ha sido iniciado en su contra.

• En el presente caso, si bien el procedimiento se inició por la presunta comisión de

la infracción establecida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, norma vigente al momento de ocurridos los hechos denunciados, actualmente se encuentra vigente la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante Ley N.º 32069 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente; siendo así, corresponde verificar si la aplicación de la referida norma resulta más beneficiosa al residente de obra, atendiendo al principio de retroactividad benigna.

• Al respecto, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley

N.º 30225, establecía lo siguiente:

Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)

• Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o

supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita. (…)”. (El resaltado y subrayado es agregado). No obstante, de la revisión de la Ley N.º 32069, se advierte que la norma vigente no ha mantenido el tipo infractor materia de análisis del presente procedimiento administrativo sancionador, toda vez que el artículo 87 del referido cuerpo normativo no ha establecido como conducta sancionable el “incumplir con la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita”, a diferencia del TUO de la Ley N.º 30225, conforme se aprecia a continuación: Norma vigente al momento de la presunta infracción Norma vigente a la fecha de emisión del presente pronunciamiento TUO de la Ley N.º 30225 Ley N.º 32069

Artículo 50. Infracciones y sanciones

administrativas 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones:

• Desistirse o retirar injustificadamente su

oferta.

• Incumplir injustificadamente con su

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.

• Contratar con el Estado estando impedido

conforme a Ley.

• Subcontratar prestaciones sin

autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional

Artículo 87. Infracciones administrativas a

participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes:

• Desistirse o retirar injustificadamente su

propuesta de manera reiterada.

• Incumplir injustificadamente con su

obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar acuerdos marco.

• Subcontratar prestaciones sin

autorización de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

• Negarse injustificadamente a cumplir las

obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

• Incumplir la obligación de prestar

servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita.

• Ocasionar que la Entidad resuelva el

contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

• No proceder al saneamiento de los vicios

ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral.

• Negarse injustificadamente a cumplir las

obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

• Presentar información inexacta a las

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas – Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada

• Suscribir contratos o acuerdos marco sin

contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP.

• Elaborar expedientes técnicos de obra

con deficiencias o información equivocada, aun cuando se haya otorgado la conformidad respectiva, siempre que estos hayan generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados, o no absolver oportunamente las consultas formuladas por la entidad contratante respecto del expediente técnico durante la ejecución contractual de la obra, de modo que ocasionen retraso en su ejecución.

• Supervisar la ejecución de obras de

manera negligente, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes.

• Perfeccionar el contrato, luego de

notificada la suspensión en la Pladicop o recomendación de nulidad por el OECE o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones.

• Contratar con el Estado estando

impedido conforme a ley, con independencia del régimen legal de contratación aplicable, conforme al

artículo 30 de la presente ley.

• Ocasionar que la entidad contratante

resuelva el contrato, incluidos aquellos contratos que se perfeccionen a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, siempre que dicha con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Presentar documentos falsos o

adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas – Perú Compras.

• Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin

contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

• Perfeccionar el contrato, luego de

notificada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones

• Formular fichas técnicas o estudios de pre

inversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las Entidades.

• Presentar cuestionamientos maliciosos o

manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones. resolución no haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

• No proceder al saneamiento de los vicios

ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la entidad contratante, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en vía arbitral.

• Presentar información inexacta a las

entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras. En el caso de las entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio concreto debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Presentar documentos falsos o

adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OECE o a Perú Compras. De lo expuesto con anterioridad, se tiene que la conducta infractora imputada [incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra], no se encuentra tipificada en la norma vigente.

• En relación con ello, es pertinente mencionar que, en virtud del principio de

tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica.

• En ese sentido, no encontrándose actualmente tipificada en la normativa vigente

la infracción que estuviera prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, nos encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna a favor del administrado.

• Por tanto, en aplicación del referido principio, y considerando que, de acuerdo al

TUO de la Ley N.º 30225, los hechos por los cuales se inició el procedimiento administrativo sancionador, a la fecha, no resultan actualmente punibles administrativamente por no encontrarse tipificada como conducta infractora sancionable en la norma vigente y en el marco jurídico al cual se sujeta esta, corresponde desestimar la imposición de sanción.

• Consecuentemente, este Colegiado considera que, en el presente caso,

corresponde declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción en contra del residente de obra, respecto a la infracción que estuvo prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.º 30225, toda vez que los hechos imputados no se encuentran tipificados como conducta infractora en la norma vigente, correspondiendo el archivo del presente expediente administrativo. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción en contra del señor FRANKLIN

WELINGTON LUJAN ESQUIVEL (con RUC N.º 10328859926), por su presunta responsabilidad al haber incumplido con su obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente de obra, en el marco de la Adjudicación Simplificada N.º 46-2023-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote para la ejecución de la obra denominada: “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la av. peru entre la av. jose pardo y la Av. Enrique Meiggs del distrito de Nuevo Chimbote de la Provincia de Santa del Departamento de Áncash”; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Archivar definitivamente el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

ss. Flores Olivera Llanos Torres Morales González