Resolución N.° 9737-2026-TCP-S3

Z Sumilla: “De esa manera, se evidencia que las bases integradas establecieron, en el apartado de Experiencia del Postor en la Especialidad, que los postores debían acreditar experiencia en la especialidad de Obras de Edificación y subespecialidad de Edificaciones de Salud, la cual “comprende la ejecución de la tipología de establecimientos de salud que incluyan la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación y ampliación de infraestructura de salud”, contrariamente a lo establecido en las bases estándar”. Lima, 10 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 10 de noviembre de 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7678/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor TEJADA & HERMANOS S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 02-2026-MDP/CS-2, convocada por la Municipalidad Distrital de Pimpingos, para la “Ejecución de obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Básicos en Casa Blanca de Centro Poblado Casa Blanca, distrito de Pimpingos de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca”; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 31

de agosto de 2026, la Municipalidad Distrital de Pimpingos, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 02-2026-MDP/CS-2, para la “Ejecución de obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Básicos en Casa Blanca de Centro Poblado Casa Blanca, distrito de Pimpingos de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 761,553.83 (setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y tres con 83/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.

Z Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2026-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 6 de octubre de 2026 se llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica y, el 9 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, la buena pro al postor CONSORCIO EJECUTOR CASA BLANCA, integrado por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES AKUNTA S.R.L. y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES BENKAR S.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 761,553.83 (setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y tres con 83/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

ADMISIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN

TÉCNICA

EVALUACIÓN

ECONÓMICA

BONIF

5%

PUNTAJE

TOTAL RESULTADO

CONSORCIO

EJECUTOR CASA

BLANCA

Admitido Calificado 70 28.50 (S/ 761,553.83) - 98.50 Adjudicatario

TEJADA &

HERMANOS

S.R.L. Admitido Calificado 49 30 (S/ 723,476.14) - 79 2do

• Mediante Escrito N° 1 del 16 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha,

y subsanado con Escrito N° 2 del 20 de octubre de 2026 en la misma fecha, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor TEJADA & HERMANOS S.R.L., en adelante el Impugnante interpuso recurso de apelación, en contra de la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario, así como la calificación de la oferta de este último y la evaluación de su oferta, solicitando que se reviertan dichos actos, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, se asigne a su representada el puntaje máximo por el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad” y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor. En dicho contexto, expuso los siguientes argumentos:

• Señala que corresponde otorgar a su representada el puntaje máximo de

ochenta (80) puntos por el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Z Postor en la Especialidad”, toda vez que cumplió con acreditar el monto facturado acumulado de S/ 2´415,522.96 (dos millones cuatrocientos quince mil quinientos veintidós con 96/100 soles). Precisa que el comité no validó la Experiencia N° 01 presentada, consistente en la ejecución de la obra “Mejoramiento del puesto de salud de Chamis, provincia de Cajamarca – Cajamarca”, arguyendo que los montos en el contrato son distintos a los de la liquidación, que la tipología no correspondería a la solicitada y que existe una insuficiencia de acreditación debido a la ausencia del Código Único de Inversiones (CUI). No obstante, alega que la propia motivación del comité reconoce que, respecto a la diferencia de montos entre el contrato y la liquidación, la falta de una resolución adicional no es causal de exclusión cuando las bases integradas no lo exigen. Asimismo, el comité consideró que la denominación “Puesto de Salud” constituye un indicio de establecimiento de primer nivel, cumpliendo con la definición de especialidad, subespecialidad y tipología. Finalmente, la ausencia del CUI o metas físicas no constituye requisito adicional ni causal de exclusión. Señala que, pese a esta motivación contradictoria, el comité optó por no computar la Experiencia N° 01. Agrega que la Resolución Ministerial N° 546-2011-MINSA aprobó la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 sobre categorías de establecimiento de salud, la cual ubica a los puestos de salud dentro de las categorías I-1 e I-2 del primer nivel de atención, respaldando la correspondencia entre “Puesto de Salud” y establecimientos de salud de primer nivel. Asimismo, invoca el criterio expresado en la Opinión N° D000009-2026-OECE-DTN sobre sustentación de la experiencia de los postores.

• Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario, indica que debe ser

descalificada por incumplir el Anexo N° 03 – Declaración Jurada de Seriedad y Veracidad de la Oferta, al haber presentado documentación adulterada para acreditar el requisito de calificación “Experiencia del Personal Clave”. Señala que el Consorcio Adjudicatario presentó el Certificado de Trabajo emitido por el CONSORCIO NEGROPAMPA (folio 68), a favor del señor Roberto Eduardo Andreu Sánchez por haberse desempeñado como Z “Ingeniero Residente de Obra” en la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de salud en el puesto de salud I-1 Yuracyacu – distrito de Chota – provincia de Chota – región Cajamarca”, consignando los períodos del 20 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023, del 3 de abril de 2023 al 18 de abril de 2023, y del 15 de junio de 2023 al 26 de junio de 2024, con un total de cuatrocientos quince (415) días calendario como experiencia. Sin embargo, alega que el Contrato N° 077-2022-GSRCHOTA del 14 de noviembre de 2022, se verifica que el plazo de ejecución de la prestación es de doscientos cuarenta (240) días calendario, lo que se ve reflejado en la consulta efectuada en el Buscador de Contratos del Estado. Asimismo, indica que el procedimiento de selección fue materia de una impugnación anterior, en la cual el Consorcio Adjudicatario presentó el mismo certificado emitido por el CONSORCIO NEGROPAMPA, pero que es totalmente distinto al presentado en esta ocasión, por lo que se presume que es falso. Por otro lado, indica que el Consorcio Adjudicatario también presentó el Certificado de Trabajo emitido por la empresa CONSTRUIT S.A. (folio 70), a favor del Roberto Eduardo Andreu Sánchez por haberse desempeñado como “Ingeniero Residente” en la ejecución de las obras “Puesto de Salud Chin Chin Ayabaca Piura” y “Puesto de Salud Aragoto Ayabaca Piura”, consignando los períodos de enero de 2000 a abril de 2000, y de mayo de 2000 a setiembre de 2000, respectivamente, con un total de doscientos setenta y cuatro (274) días calendario como experiencia. Sin embargo, las bases integradas solicitan que se acredite treinta (30) meses en el cargo desempeñado, contados desde la colegiatura y que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la presentación de ofertas. Por tanto, indica que no debe computarse la experiencia presentada por el Consorcio Adjudicatario obrante en los folios 68 y 70 de su oferta, por lo que únicamente acredita un total de trescientos treinta y cinco (335) días calendario como experiencia del personal clave propuesto, debiendo ser descalificada y revocarse la buena pro otorgada a su favor.

Z

• Con Decreto del 21 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 28 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría de manera virtual a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el 21 de octubre de 2026.

• El 26 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe N° 067-2026-

MDP – Informe Legal de Defensa de la misma fecha, a través del cual expuso su posición respecto al recurso de apelación, misma que se resume a continuación:

• Respecto al puntaje otorgado al Impugnante por el factor de evaluación

“Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, indica que la Experiencia N° 01 presentada por este no acredita documentalmente la tipología específica a la que pertenece. Precisa que la mención de un “Puesto de Salud” solo constituye un indicio de correspondencia con el primer nivel, pero no implica un reconocimiento de una categoría específica.

• Respecto a la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, señala

que, de acuerdo a la absolución de consultas y observaciones, la experiencia del personal clave “Ingeniero Residente” no quedó prevista como requisito de calificación ni factor de evaluación de las ofertas. Asimismo, respecto a la Z autenticidad de los certificados obrantes en los folios 68 y 70, indica que estos serán objeto de fiscalización posterior.

• Mediante Escrito S/N del 26 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha

ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto, solicitando que se declare infundado, en base a los siguientes argumentos:

• Señala que la Experiencia N° 01 presentada por el Impugnante no acredita

las características técnicas especificas requeridas por las bases integradas como tipología, por lo que no debe computarse la misma. Agrega que la Opinión N° D000009-2026-OECE-DTN citada por el Impugnante exige acreditar la especialidad, subespecialidad y tipología de las obras.

• Respecto al certificado de trabajo obrante en el folio 68 de su oferta, indica

que la sola comparación entre la experiencia declarada y el plazo contractual originario no demuestra una falsificación, pues pueden existir suspensiones o ampliaciones. La existencia de un certificado distinto en otro expediente tampoco demuestra inexactitud ni adulteración, al no haber cotejo entre ambos documentos y confirmación del emisor. Sobre el certificado de trabajo obrante en el folio 70, indica que debe comprobarse si la redacción final de las bases integradas exige experiencia del personal clave “Residente de Obra” como requisito de calificación. Agrega que la fiscalización posterior es una potestad independiente y, de ser necesario, deberá requerirse corroboración a los emisores.

• Con Escrito N° 03 del 27 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha ante

la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada.

• Mediante Decreto del 27 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el recurso de apelación interpuesto.

Z

• Con Escrito N° 03 del 27 de octubre de 2026, presentado en la misma fecha ante

la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia programada.

• Mediante Escrito S/N del 26 de octubre de 2026, presentado el 27 del mismo mes

y año ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada.

• El 28 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Con Decreto del 28 de octubre de 2026, a fin que la Tercera Sala del Tribunal tenga

mayores elementos al momento de emitir pronunciamiento respecto al recurso de apelación, se corrió traslado a la Entidad, al Impugnante y al Consorcio Adjudicatario de los presuntos vicios de nulidad advertidos en las bases integradas para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, cumplan con emitir su pronunciamiento de acuerdo al siguiente detalle:

A LA ENTIDAD [MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS], AL IMPUGNANTE

[TEJADA & HERMANOS S.R.L.], Y AL ADJUDICATARIO [CONSORCIO EJECUTOR

CASA BLANCA, integrado por las empresas EMPRESA CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES AKUNTA S.R.L. y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

BENKAR S.R.L.]:

• En principio, corresponde señalar que, en el marco del recurso de apelación

interpuesto por la empresa TEJADA & HERMANOS S.R.L., el impugnante cuestiona la evaluación de su oferta, alegando que su representada sí cumplió con acreditar el factor “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, conforme a las bases integradas, por lo que solicita se le asigne el puntaje máximo. En ese contexto, este Colegiado procedió a revisar lo previsto en las bases integradas del referido procedimiento, específicamente en el acápite correspondiente al factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”.

• Al respecto, de acuerdo a las bases estándar aprobadas por el Ministerio de

Economía y Finanzas (para la Licitación Pública Abreviada para Obras), los Z postores deben acreditar, para el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, un monto facturado acumulado en la ejecución de obras en la especialidad y subespecialidades previstas en el requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”, tal como se advierte a continuación: Así, al remitirnos a la Experiencia del Postor en la Especialidad de las bases estándar, se aprecia que los postores deben acreditar un monto facturado acumulado en la ejecución de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes; asimismo, se precisa que se deben consignar únicamente la especialidad y subespecialidades correspondiente, no pudiendo consignarse subespecialidades “afines” ni tipologías específicas. Para mayor detalle, se reproduce la siguiente imagen:

Z Ahora bien, al revisar las bases integradas de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 02-2026-MDP/CS-2, se advierte que, en el Literal A. “Experiencia del Postor en la Especialidad” del Capítulo III de la sección específica, se han establecido ciertas tipologías, conforme se aprecia en la siguiente imagen:

Z Como se advierte, las bases integradas de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 02-2026-MDP/CS-2 establecen, para la “Experiencia del Postor en la Especialidad”, la ejecución de la tipología de establecimientos de salud.

• En ese sentido, las bases integradas habrían incorporado exigencias

expresamente prohibidas por las bases estándar, en lo referente a la Experiencia del Postor en la Especialidad, por lo que estarían incumpliendo con las citadas disposiciones de las bases estándar.

• Siendo así, la situación expuesta, revelaría que las bases integradas

contravendrían a las bases estándar aplicables, lo cual, vulneraría lo establecido en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en virtud del cual las bases estándar son de uso obligatorio por los evaluadores al elaborar las bases del procedimiento de selección.

Z Asimismo, se habría vulnerado el principio de transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en virtud del cual las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a la información, basados en reglas y criterios claros y accesibles.

• Mediante Informe Legal N° 71-2026-OALE/MDP del 4 de noviembre de 2026,

presentado tres (3) veces en la misma fecha ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad se pronunció sobre el traslado de presuntos vicios de nulidad, indicando que la mención a “establecimientos de salud” debe leerse a la luz de la especialidad y subespecialidad exigibles, sin excluir experiencias que correspondan a otras tipologías. Asimismo, precisa que dicho aspecto no fue causal de descalificación o exclusión de la experiencia del Impugnante, por lo que debe evaluarse la conservación de las actuaciones.

• Con Decreto del 5 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

Z Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, está inmerso en alguna de las referidas causales.

• La entidad contratante o el Tribunal carezca de competencia para resolverlo.
• El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, se establece que los actos que declaran la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Asimismo, el numeral 302.3 del citado artículo 302, dispone que, con independencia de la cuantía del procedimiento de selección competitivo, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento son impugnadas ante el Tribunal. 1 Unidad Impositiva Tributaria.

Z Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada de obras, cuya cuantía de contratación asciende a S/ 761,553.83 (setecientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y tres con 83/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT2 (S/ 275,000.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; iii) las bases y/o su integración; iv) las actuaciones referidas al registro de participantes; v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario, así como la calificación de la oferta de este y la evaluación de la oferta de su representada. Por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso de apelación no están comprendidos en la lista de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos deben interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro; en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles contados a partir de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de la Subasta Inversa Electrónica, el numeral 304.3 del referido artículo 2 Conforme al valor de la UIT (S/ 5,500.00) para el año 2026 en que fue convocado el procedimiento de selección objeto de impugnación.

Z establece que el plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles desde la notificación del acto que se desea impugnar, salvo que su cuantía corresponda al de una Licitación Pública o Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los plazos establecidos con anterioridad, contabilizados desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En el presente caso, considerando que se trata de una licitación pública abreviada, corresponde aplicar el plazo de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue notificado el 9 de octubre de 2026; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 16 del mismo mes y año. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 1 presentado el 16 de octubre de 2026 y subsanado el 20 del mismo mes y año través de la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
• De la revisión al recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece

suscrito por el señor Reynaldo Tejada Chilón, apoderado del Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

Z advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• En el presente caso, la oferta del Impugnante fue admitida, calificada y evaluada,

ocupando el segundo lugar en el orden de prelación. Asimismo, solicita que se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, cuestionando su calificación y la evaluación de la oferta de su representada, por lo que el recurso de apelación no incumple la presente causal de procedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del

procedimiento de selección, por cuanto su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo.

• El Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se revoque la

calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, la evaluación de su propia oferta, se revoque el otorgamiento de la buena pro y, en consecuencia, se otorgue la misma a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

Z

• El Impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.
• El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, en virtud de la cual, frente a un acto administrativo que viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. En ese contexto, de determinarse que la decisión adoptada por la Entidad contratante resultó irregular, ello generaría un agravio al interés legítimo del Impugnante de acceder a la buena pro. En ese sentido, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro, toda vez que su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• Por tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la ocurrencia de alguno estos, este Colegiado encuentra que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo del recurso de apelación.

• PRETENSIONES
• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita al

Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.
• Se revoque la evaluación de su oferta.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.
• Se otorgue la buena pro a su favor.

Por otro lado, el Consorcio Adjudicatario solicita al Tribunal lo siguiente:

• Se declare infundado el recurso de apelación.

Z

• Se confirme la calificación de su oferta.
• Se confirme la evaluación de la oferta del Impugnante.
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.
• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando

el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que: “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. (El resaltado y subrayado son agregados). Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento: “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “…todos los actos que emite el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• Así, debe tenerse en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante fue notificado a la Entidad contratante y a los demás postores el 21 de octubre de 2026 a través de la Pladicop, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) Z días hábiles para absolverlo; es decir, hasta el 26 de octubre de 2026.

• Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que el

Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto el 26 de octubre de 2026; es decir, dentro de plazo. No obstante, el mismo no ha formulado cuestionamientos adicionales en contra de la oferta del Impugnante que puedan ser tomados en cuenta en la determinación de los puntos controvertidos, distintos a los expuestos en el recurso de apelación.

• En este punto, es importante señalar que debe quedar claramente establecido

que, para la determinación de los puntos controvertidos, en el presente caso, se considerarán el escrito de apelación (lo que incluye la subsanación del mismo) y la absolución del traslado del recurso impugnativo. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo se tendrán en cuenta en lo que concierne a su derecho de defensa.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos

controvertidos a dilucidar son los siguientes: ➢ Determinar si corresponde revocar la evaluación efectuada a la oferta del Impugnante por el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, y por su efecto, establecer un nuevo orden de prelación y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, tener por descalificada la misma. ➢ Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante o, en su defecto, confirmar la misma a favor del Consorcio Adjudicatario.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de Z la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación efectuada a la oferta del Impugnante por el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, por su efecto, establecer un nuevo orden de prelación y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro.

• Al respecto, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, el Impugnante

manifestó que corresponde otorgar a su representada el puntaje máximo de ochenta (80) puntos por el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad”, toda vez que cumplió con acreditar el monto facturado acumulado de S/ 2´415,522.96 (dos millones cuatrocientos quince mil quinientos veintidós con 96/100 soles). En ese sentido, precisó que el comité no validó la Experiencia N° 01 presentada, consistente en la ejecución de la obra “Mejoramiento del puesto de salud de Chamis, provincia de Cajamarca – Cajamarca”, arguyendo que los montos en el contrato son distintos a los de la liquidación, que la tipología no correspondería a la solicitada y que existe una insuficiencia de acreditación debido a la ausencia del Z Código Único de Inversiones (CUI). No obstante, alega que la motivación del comité reconoce que, respecto a la diferencia de montos entre el contrato y la liquidación, la falta de una resolución adicional no es causal de exclusión. Asimismo, el comité consideró que la denominación “Puesto de Salud” constituye un indicio de establecimiento de primer nivel, cumpliendo con la definición de especialidad, subespecialidad y tipología. Finalmente, la ausencia del CUI o metas físicas no constituye requisito adicional ni causal de exclusión. Señala que, pese a esta motivación contradictoria, el comité optó por no computar la Experiencia N° 01. Finalmente, agrega que la Resolución Ministerial N° 546-2011-MINSA aprobó la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 sobre categorías de establecimiento de salud, la cual ubica a los puestos de salud dentro de las categorías I-1 e I-2 del primer nivel de atención, respaldando la correspondencia entre “Puesto de Salud” y establecimientos de salud de primer nivel. Asimismo, invoca el criterio expresado en la Opinión N° D000009-2026-OECE-DTN sobre experiencia de los postores.

• Por su parte, la Entidad manifestó que la Experiencia N° 01 presentada por

Impugnante no acredita documentalmente la tipología específica a la que pertenece. Precisa que la mención de un “Puesto de Salud” solo constituye un indicio de correspondencia con el primer nivel, pero no implica un reconocimiento de una categoría específica.

• Asimismo, el Consorcio Adjudicatario señaló que la Experiencia N° 01 presentada

por el Impugnante no acredita las características técnicas especificas requeridas por las bases integradas como tipología, por lo que no debe computarse la misma. Agrega que la Opinión N° D000009-2026-OECE-DTN citada por el Impugnante exige acreditar la especialidad, subespecialidad y tipología de las obras.

• Expuesto lo anterior, corresponde revisar las bases integradas que rigen el

presente procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el comité al momento de analizar las ofertas y conducir el procedimiento. Al respecto, en el Capítulo IV de la sección específica de las bases integradas, se estableció el factor de evaluación “F. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL POSTOR EN LA Z ESPECIALIDAD”, conforme se advierte a continuación:

Z Conforme se aprecia, de acuerdo a lo establecido en las bases integradas, en el factor de evaluación “Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad” el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2´284,661.00 (dos millones doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 soles), en la ejecución de obras en la especialidad y subespecialidades previstas en el requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”. En la metodología para la asignación de puntaje, se establece lo siguiente:

• Se otorgará 80 puntos por un monto facturado acumulado mayor o igual a

S/ 2´284,661.00.

• Se otorgará 50 puntos por un monto facturado acumulado mayor a S/

1´523,107.65 y menor a S/ 2´284,660.00.

• Se otorgará 20 puntos por un monto facturado acumulado mayor a S/

761,553.83 y menor a S/ 1´523,107.00.

Z

• No se otorgará puntaje en caso no se acredite experiencia adicional.
• Bajo tal contexto, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo dispuesto

en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores.

• Atendiendo a dicha disposición, es importante verificar en las bases estándar para

la licitación pública abreviada de obras, aplicables al presente caso, lo establecido respecto a la experiencia adicional del postor en la especialidad. Para ello, corresponde citar la parte pertinente de dicho documento estándar, el cual se reproduce a continuación:

Z Como se advierte, los evaluadores deben consignar el monto de facturación en la ejecución de obras en la especialidad y subespecialidades indicadas en el requisito de calificación “Experiencia del Postor en la Especialidad”. Es decir, las bases estándar establecen que la experiencia adicional del postor en la especialidad que debe acreditar el postor debe corresponderse con la especialidad y subespecialidades consignadas para la Experiencia del Postor en la Especialidad. Por tanto, resulta pertinente remitirnos a lo establecido en dicho Z apartado, el cual se muestra en la siguiente imagen: Como se advierte, las bases estándar aplicables para el presente caso sobre las Z cuales se debían elaborar las bases integradas del procedimiento de selección establecen expresamente la prohibición de consignar “tipologías específicas” como Experiencia del Postor en la Especialidad.

• Precisado lo anterior, corresponde verificar lo establecido en las bases integradas

respecto al literal A. “Experiencia del Postor en la Especialidad” del numeral 3.4.1 del Capítulo III de la sección especifica, la cual se reproduce a continuación:

• De esa manera, se evidencia que las bases integradas establecieron, en el

apartado de Experiencia del Postor en la Especialidad, que los postores debían acreditar experiencia en la especialidad de Obras de Edificación y subespecialidad de Edificaciones de Salud, la cual “comprende la ejecución de la tipología de establecimientos de salud que incluyan la construcción, reconstrucción, Z remodelación, mejoramiento, renovación y ampliación de infraestructura de salud”, contrariamente a lo establecido en las bases estándar. En ese sentido, corresponde remitirnos Listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obras, aprobado por la Resolución Directoral N° 0016- 2025-EF/54.01, según la cual la especialidad “Edificaciones y Afines” incluye la subespecialidad “Establecimiento de salud”, dentro de la cual encontramos las siguientes tipologías: Establecimiento de salud del primer nivel de atención, Establecimiento de salud del segundo nivel de atención, Establecimiento de salud del tercer nivel de atención, Institutos de salud especializados, Laboratorios de salud pública, Centros dedicados al diagnóstico o recuperación de la salud, como odontológicos, de rehabilitación, de salud ocupacional, entre otros, y Afines. Para mayor detalle, se reproduce la siguiente imagen: Por tanto, al consignar una precisión sobre la tipología de “establecimiento de salud”, las bases integradas excluyen las demás tipologías establecidas para la subespecialidad de “Establecimiento de salud”. Dicha disposición denota, a todas luces, una incorrecta elaboración de las bases integradas, situación que constituye una vulneración a los principios de Transparencia y Facilidad de Uso, así como de competencia, regulados en los literales i) y j) del artículo 5 de la Ley, y que, comúnmente deviene en fuente de conflictos entre los postores que participan en el procedimiento de selección, situación que ocurre en el caso concreto, pues, se cuestiona la acreditación de la Z Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad que remite a la Experiencia del Postor en la Especialidad establecida en las bases integradas.

• En esa línea, queda claro que dicho defecto advertido en las bases integradas, esto

es, no haber aplicado lo expresamente establecido en las bases estándar respecto a la Experiencia del Postor en la Especialidad, incide en la observancia del principio de transparencia y facilidad de uso, regulado en el literal i) del artículo 5 de la Ley, en virtud del cual las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a la información, basados en reglas y criterios claros y accesibles, lo cual no puede alcanzarse con deficiencias en las bases, como aquellas reseñadas. Es importante acotar que, entre otros, dicho principio sirve no solo de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la Ley y su Reglamento, sino también de parámetro para la actuación de quienes intervienen en las diferentes etapas de la contratación pública, entre ellos, de los órganos evaluadores como el comité, el cual, al momento de elaborar las bases del procedimiento de selección y conducir el mismo, debe observar que la información contenida en las bases sea clara y coherente en todos sus extremos, máxime si se tiene en cuenta que, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha enfatizado que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones.

• En ese contexto, en virtud de la facultad dispuesta en el numeral 313.2 del artículo

313 del Reglamento, este Tribunal requirió a las partes, con Decreto del 28 de octubre de 2026, pronunciarse sobre el posible vicio de nulidad advertido en las bases del procedimiento de selección.

• Al respecto, el Impugnante y el Adjudicatario no cumplieron con absolver el

traslado efectuado dentro del plazo otorgado, por lo que los mismos no han expuesto su posición al respecto.

• Por otro lado, la Entidad manifestó que la mención a “establecimientos de salud”

debe leerse a la luz de la especialidad y subespecialidad exigibles, sin excluir experiencias que correspondan a otras tipologías. Asimismo, precisa que dicho aspecto no fue causal de descalificación o exclusión de la experiencia del Z Impugnante, por lo que debe evaluarse la conservación de las actuaciones.

• En relación con lo anterior, cabe recalcar que, lo que se aprecia es que en las bases

estándar aplicables —a las cuales debieron ceñirse las bases integradas— se prohibió expresamente consignar “tipologías específicas” para considerar como Experiencia del Postor en la Especialidad, mientras que, para la Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad, debía acreditarse experiencia en la especialidad y subespecialidad consignadas previamente. De ese modo, como se ha verificado, las bases integradas no cumplieron con lo establecido, respecto a la Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad y al consignar tipologías para la Experiencia del Postor en la Especialidad, apartándose de lo previsto en las bases estándar. Por consiguiente, el cuestionamiento radica en la deficiencia advertida en las bases integradas, al contravenir una disposición que tiene por finalidad dotar de claridad, predictibilidad y transparencia al proceso de evaluación de las ofertas. En ese entender, a criterio de esta Sala resulta evidente que, tal cual han sido elaboradas las bases integradas del procedimiento de selección, se ha contravenido lo dispuesto en las bases estándar aplicables al presente procedimiento de selección, asimismo, tampoco se asegura que la evaluación de la documentación presentada sea el resultado de un criterio objetivo. En tal sentido, contrario a lo señalado por la Entidad, lo cierto y concreto es que la deficiencia advertida resulta trascendente y compromete la transparencia y objetividad de la fase selectiva, principios esenciales que deben regir toda actuación administrativa en materia de contratación pública.

• De acuerdo a lo expuesto, ha quedado acreditada la vulneración a lo dispuesto en

el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, pues, como se ha indicado, en las bases integradas del procedimiento de selección se contravino lo expresamente prohibido en las bases estándar para la Experiencia el Postor en la Especialidad.

• En este punto, cabe traer a colación el numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, el

cual dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos dentro del procedimiento de selección, si advierte que los mismos han Z sido dictados por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. Siendo así, en el presente caso, se ha verificado que la actuación de la Entidad contratante al elaborar las bases del procedimiento de selección ha vulnerado la

el principio de transparencia y competencia, regulados en los literales i) y j) del

artículo 5 de la Ley.

• Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

• En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los

que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional”. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto.

• En esa línea, el vicio advertido por este Tribunal resulta trascendente y, por tanto,

no es posible conservarlo, toda vez que se ha contravenido el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, así como el principio de transparencia; situación que tiene incidencia en la controversia (incoada por el Impugnante a través del recurso de apelación).

• En ese sentido, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de

Z conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo, razón por la cual resulta plenamente justificable que se disponga la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga hasta el momento en que se cometió el acto viciado, a efectos que el mismo sea corregido.

• En adición a ello, debe señalarse que la administración se encuentra sujeta al

principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación; por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.

• Por lo expuesto, en atención a la potestad otorgada a este Tribunal el numeral

70.1 del artículo 70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, para posteriormente continuar con las demás etapas, para lo cual la Entidad contratante deberá tener en consideración lo siguiente:

• Determinar la especialidad y subespecialidades de las obras consideradas

para la Experiencia del Postor en la Especialidad, sin establecer subespecialidades “afines” ni tipologías específicas, o mayores exigencias a aquellas expresamente contempladas en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección.

• Determinar que la Experiencia Adicional del Postor en la Especialidad deberá

acreditarse mediante experiencia en la especialidad y subespecialidades consignadas, de acuerdo a lo establecido en las bases estándar.

• Con ocasión de la reformulación de las bases del procedimiento de

selección, se deberá verificar que las demás disposiciones de dichas bases se encuentren acorde a los lineamientos que prevén las bases estándar aplicables, a efectos de no incurrir en mayores vicios que puedan generar Z nuevamente la nulidad del procedimiento de selección, en observancia de los principios que rigen la contratación pública enumerados en el artículo 5 de la Ley. Así, corresponde que la Entidad contratante efectúe una revisión integral del texto de las bases, considerando las disposiciones de las bases estándar, procurando que no se incluyan exigencias que vulneren la normativa de contratación pública, especialmente los principios que la regulan.

• Ahora bien, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá y que,

de considerarlo pertinente, los postores presentarán nuevamente sus ofertas, carece de objeto analizar los puntos controvertidos fijados.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad contratante la presente resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte a quienes intervienen en la elaboración de las bases, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la

nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por éste, para la interposición de su recurso de apelación. Tutela de interés público

• Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos precedentes, cabe anotar que, en

su recurso de apelación, el Impugnante efectuó observaciones a la “Experiencia del Personal Clave” de la oferta del Consorcio Adjudicatario, indicando que dos (2) certificados de trabajo presentados para el “Residente de Obra” (folios 68 y 70) no debían ser computados, debido a que el primero sería un documento presuntamente falso, entre otros cuestionamientos.

Z

• En este punto, téngase en cuenta que la perentoriedad y brevedad de los plazos

de un procedimiento recursivo limita la actividad probatoria que puede desplegar este Tribunal para llegar a la verdad material; y considerando que resulta relevante contar con suficientes medios de prueba que logren desvirtuar la presunción de veracidad de la cual gozan los documentos conformantes de una oferta; la Sala considera pertinente disponer que la Entidad contratante realice la fiscalización a la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, y comunique sus resultados a este Tribunal en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, bajo responsabilidad. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Steven Aníbal Flores Olivera, y la intervención de los vocales César Alejandro Llanos Torres y Héctor Ricardo Morales González, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 02-

2026-MDP/CS-2, convocada por la Municipalidad Distrital de Pimpingos, para la “Ejecución de obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Básicos en Casa Blanca de Centro Poblado Casa Blanca, distrito de Pimpingos de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca”, debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases; por los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por el postor TEJADA & HERMANOS S.R.L., para

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

Z

• Disponer que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior, conforme a

lo indicado en el fundamento 46, e informe los resultados a este Colegiado en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución, bajo responsabilidad del Titular de dicha entidad.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad

contratante, a fin de que realice las acciones de su competencia, conforme al fundamento 43.

• Declarar que la presente resolución da por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

ss. Flores Olivera. Llanos Torres. Morales González.